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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01026-00

Fecha
4 de abril de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01026-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: TENER como coadyuvante de la parte demandante a la señora Angela María García Londoño. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado por el señor Francisco Javier García Londoño ante la configuración de la cosa juzgada constitucional y la temeridad. TERCERO: ORDENAR al accionante Francisco Javier García Londoño que se abstenga de presentar más acciones de tutela con identidad de partes, objeto y causa a la que se estudió en esta providencia; valiéndose de artificios y de formalidades para denotar la existencia de hechos nuevos inexistentes -como se indicó en la parte considerativa-. El mencionado señor debe tener en cuenta que el incumplimiento de esta orden habilitará a cualquier autoridad judicial, que conozca de otro asunto a futuro, no sólo a declarar la temeridad, sino a -si lo estima- compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial. Lo anterior, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que puedan derivar de futuras actuaciones temerarias. CUARTO: REMITIR copia de esta decisión a los despachos que integran la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, para que ante acciones de tutela futuras con identidad de partes, objeto y causa, valoren la posibilidad de rechazar de plano, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. A su vez, ORDENAR a la Secretaría General de esta corporación que, a futuro, en todas las acciones de tutela que presente el señor Francisco Javier García Londoño, en las que advierta identidad de partes, objeto y causa con el caso aquí estudiado, prevenga al despacho que deba conocer de su admisión, sobre lo dispuesto en esta providencia. QUINTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01026-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cuatro (04) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Declara
improcedencia por configurarse la cosa juzgada constitucional y temeridad por
ejercicio abusivo de la acción de tutela

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El23 de febrero de 2025, el señor Francisco Javier García Londoño instauró
demanda de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos. Considera
que estos fueron vulnerados por la Sala Especial de Decisión no. 25 del Consejo de
Estado al proferir la sentencia del 20 de agosto de 2021, mediante la cual se declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión2 interpuesto por el actor junto con
otra3 en contra del fallo dictado por la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.

2. En cuanto a la primera causal de revisión propuesta 4, la autoridad judicial indicó

que aquella se sustentó en el hecho de que la Subsección A de la Sección Segunda

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número: 11001-03-15-000-2020-02925-00.
3 Ángela María García Londoño.
4 “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se

hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de la Corporación resolvió el caso de forma diferente a como había fallado en otros
asuntos similares, para lo cual la parte recurrente enunció diversos pronunciamientos
de dicha Sección, que, afirmó, tratarse de documentos públicos, que no pudieron ser
aportados al proceso ordinario como prueba, dado que la etapa probatoria concluyó
antes de que hubieran sido proferidos. Al respecto, precisó que no se ocuparía del
análisis acerca de si las providencias aludidas por el accionante se trataban de casos
similares al que se resolvió en el fallo cuestionado, en la medida que dichas
decisiones no podían ser consideradas como prueba documental, requisito del que
se desprende la procedencia de la causal invocada.

3. Por otra parte, estimó que los argumentos que sustentaron la segunda causal de

revisión propuesta5 no se adecuaban a ninguno de los eventos previstos por el
legislador, ni aquellos creados jurisprudencialmente para que se concrete su
ocurrencia, en la medida que estos se orientaron a reabrir, en su integridad, el debate
probatorio en torno a la legalidad de los actos acusados en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a tal punto que se endilgó la existencia de un
defecto fáctico, lo cual no fue instituido como causal de procedencia del mecanismo
extraordinario.

4. En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad demandada incurrió

en los siguientes defectos: (i) fáctico, al desconocer las decisiones adoptadas por la
Sección Segunda de esta Corporación, las cuales daban cuenta de la falta de
competencia de la Jefe de División de Asuntos Disciplinarios para expedir los actos
enjuiciados en el medio de control cuya revisión se pretendía; y (ii) procedimental
por exceso ritual manifiesto, toda vez que omitió omitir valorar las providencias
judiciales que fueron aportadas como pruebas documentales determinantes.

5. Aefectos de justificar la presentación de una nueva demanda de tutela con
identidad de partes, causa y objeto, alegó como hechos nuevos los siguientes:

6. En la primera acción constitucional6 el juez de tutela no emitió un pronunciamiento

sobre el fondo de la controversia planteada, ya que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo. En otras demandas7 tampoco se ha analizado el asunto de
fondo, sino que, de forma arbitraria y caprichosa, se ha declarado la configuración
de la temeridad y/o la cosa juzgada constitucional.

7. Para el 21 de febrero del año en curso, no se había admitido ninguna de las

acciones de tutela 11001-03-15-000-2024-04622-00 y 11001-03-15-000-2025-

5 “Existir nulidad originada en la sentencia quepuso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
6 Con radicado número: 11001-03-15-000-2021-08662-00/01.
7 El accionante enlistó los siguientes procesos: 11001-03-15-000-2022-02768-00/01,11001-03-15-000-2022-

06171-00/01, 11001-03-15-000-2023-01080-00/01, 11001-03-15-000-2023-04221-00/01, 11001-03-15-000-
2023-03293-00/01, 11001-03-15-000-2024-02493-00/01, 11001-03-15-000-2024-05185-00/01, 11001-03-15-
000-2024-07030-00, 11001-03-15-000-2025-00007-00.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

00727-00, que si bien presentan identidad en las partes procesales, se refieren a
diferentes justificaciones.

8. La sentencia C-426 de 2024, que fue publicada por la Corte Constitucional el 10

de noviembre de 2024, en la que se indicó que los fallos de constitucionalidad
revisten el carácter de cosa juzgada y tienen efectos erga omnes, por lo que no se
pueden ser desconocidos por ninguna autoridad.

9. El auto de unificación del 3 de diciembre de 2024, dictado por la Sala Plena del

Consejo de Estado, dentro del expediente 11001–03–15–000–2023–00871–00, en
el que se abordó el alcance del derecho al debido proceso, defensa y juez natural.

10. Las sentencias del 26 de marzo de 20158, 18 de julio de 20189, 11 de febrero de

201910, 20 de agosto de 202111 y 19 de septiembre de 202312, proferidas por el
Consejo de Estado Corporación, en las que se señaló que las providencias judiciales
son pruebas documentales admisibles y valorables de hechos, cuando se pretende
demostrar la existencia misma de la sentencia y/o el hecho reconocido o declarado
en esta.

11. Que la vulneración de los derechos fundamentales invocados es permanente,

continua y actual.

12. Con fundamento en lo expuesto, afirmó que su interés “no es abusar ni desgastar

la Administración de Justicia”, sino que “se tenga en cuenta lo expresado en el ‘AUTO
DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL (…) y se le dé prevalencia al derecho
sustancial y la verdad material”.

13. Adujo que los interesados tienen la facultad de promover dos o más acciones de

tutela con fundamento en los mismos hechos cuando no se ha emitido un
pronunciamiento de fondo sobre la discusión y en el evento en que exista un hecho
nuevo, lo que desvirtúa la configuración de la cosa juzgada constitucional y la
temeridad en el presente asunto.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

14. Mediante auto del 4 de marzo de 2025, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela

(ii) notificar de su presentación a la Sala Especial de Decisión no. 25 del Consejo de
Estado; (iii) vincular a la señora Ángela María García Londoño y a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, en calidad de terceros con interés; (iv)
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y; (v)

8 Exp. 11001-03-27-000-2014-00022-00
9 Exp. 11001-03-27-000-2014-00020-00.
10 Exp. 1001-03-15-000-2018-00317-00.
11 Exp. 11001-03-15-000-2018-04503-00.
12 Exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

requerir a la Secretaría General de la Corporación para que remitiera copia digital
del expediente con radicado número 11001-03-15-000-2020-02925-00.

(i) Sala Especial de Decisión no. 25 del Consejo de Estado 13

15. El Consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, en su condición de integrante de la

Sala Especial de Decisión no. 25 del Consejo de Estado informó que no intervino en
la aprobación de la providencia cuestionada. Por lo tanto, respetará y acatará lo que
se resuelva en la presente acción constitucional.

(ii) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-14

16. Señaló que el actor ha presentado múltiples acciones de tutela15 orientadas a

debatir el mismo asunto, esto es, la discusión en torno a los fallos disciplinarios por
medio de los cuales se le destituyó e inhabilitó para ejercer funciones públicas por el
término de 12 años.

17. Resaltó que desde la primera demanda de tutela se le ha indicado que sus
reproches han sido estudiados y que los mismos no pueden variar en razón a su
consideración particular de no existir un pronunciamiento de fondo y así justificar la
oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido, pues aunque presenta
justificaciones diferentes, lo cierto es que ese asunto ya fue zanjado en diferentes
pronunciamientos, que han hecho tránsito a cosa juzgada, lo cual le ha sido
informado por varios jueces y pone en evidencia su actuar temerario.

(iii) Ángela María García Londoño16

18. Esgrimió que “el propósito de la coayudancia como tercero con interés, se refiere

de manera exclusiva, a que los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante, han sido vulnerados de manera permanente, continua y actual, desde el
20 de agosto de 2021 cuando se profirió la sentencia judicial tutelada; ya que las
providencias judiciales si son prueba documental para citar en otros procesos
judiciales”.

19. Como sustento de lo anterior, replicó los argumentos del escrito de tutela que

fundamentaron la configuración de los defectos endilgados a la sentencia
cuestionada.

20. Con posterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda, el accionante

13 Intervención digital contenida en 1 folio.
14 Intervención digital contenida en 13 folios.
15 1001-03-15-000-2021-08662-01, 11001-03-15-000-2023-01080-00, 11001-03-15-000-2023-03293-00, 05001-

31-10-007-2023-00738-00, 05001-31-03-021-2024-00051-00, 11001-02-03-000-2024-00909-00, 11001-03-15-
000-2024-02493-00, 11001-03-15-000-2024-05185-00 y 11001-03-15-000-2024-06125-00, entre otras.
16 Intervención digital contenida en 35 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

allegó un memorial17 a través del cual solicitó dar aplicación al artículo 2018 del
Decreto 2591 de 1991, en atención a la contestación allegada por el Consejero
Fernando Alexei Pardo Flórez, “en tanto no dio respuesta a la solicitud”.

21.Por auto del 25 de marzo de 2025, se aceptó el impedimento presentado por el
consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, como integrante de esta Subsección.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

Solicitud de coadyuvancia

22. La Sala accederá a la solicitud de coadyuvancia planteada por Angela María
García Londoño, habida cuenta de que fue vinculada al trámite de tutela como
tercero con interés, dada su calidad de parte en el proceso objeto de reproche,
manifestó compartir los reparos formulados en el escrito de tutela y no presentó
reclamaciones propias que disten de aquellas expuestas por la parte actora19.

Solicitud de aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991

23. Debe precisarse que la afirmación según la cual la Sala Especial de Decisión no.

25 del Consejo de Estado no dio respuesta a la acción de tutela carece de asidero.
Sin perjuicio del contenido del informe que rindió, lo cierto es que emitió un
pronunciamiento al respecto, por lo que de ninguna manera podría entenderse que
la autoridad accionada guardó silencio y, en esa medida, debieran tenerse por ciertos
los hechos objeto de relato en la solicitud de amparo, en aplicación del artículo 20
del Decreto 2591 de 1991.

24. Con todo, cabe señalar que la presunción de veracidad de la que trata la norma

en comento parte de la base de dar por ciertos los hechos cuando las demandadas
guardan silencio, pero ello no implica dar por cierto los fundamentos de derecho y de
contera que deban acogerse las pretensiones de la demanda, máxime cuando se
allegan al expediente pruebas que permiten adoptar una decisión con fundamento
en hechos acreditados y no en presunciones.

D. Cosa juzgada constitucional y temeridad en la acción de tutela

17 Visible a índice 19 del expediente digital.
18 “Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará

a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.”
19 La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia como la participación de un tercero con interés en

el resultado del proceso, que manifiesta compartir los argumentos y las pretensiones expuestas por el
demandante, sin que ello suponga que éste puede realizar nuevos planteamientos o reclamaciones propias que
difieran de las hechas por el demandante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

25. Según la jurisprudencia constitucional, en materia de tutela el fenómeno de la cosa

juzgada se presenta cuando concurren los siguientes elementos: (i) la triple
identidad, es decir, que el accionante acuda nuevamente al juez constitucional
alegando una vulneración de derechos fundamentales por parte de una misma
autoridad con fundamento en los mismos hechos y persiguiendo un objeto idéntico;
(ii) que la nueva tutela se haya instaurado con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia que resolvió el fondo del asunto; y (iii) que en el proceso de tutela anterior
se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte Constitucional20.

26. El Alto Tribunal ha admitido de forma excepcional que la cosa juzgada
constitucional pueda ser desvirtuada, aunque se compruebe la triple identidad,
cuando se presentan hechos nuevos que justifiquen la procedencia de la nueva
acción. En todo caso, ha sido enfática en precisar que “(…) no es cualquier
acontecimiento futuro el que permite estudiar de fondo el problema planteado, pues
tal raciocinio conllevaría a que con el solo transcurso del tiempo se habilite a acudir
indefinidamente a la tutela y atentaría contra los principios de la cosa juzgada y la
seguridad jurídica. Así pues, los hechos nuevos deben tener incidencia en la razón
de la decisión adoptada anteriormente”21.

27. Por su parte, la actuación temeraria se configura cuando una misma persona o su

representante interpone la misma demanda de tutela ante varias autoridades
judiciales, sin que exista un motivo expresamente justificado, caso en el cual el juez
constitucional deberá rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

28. A efectos de evaluar el ejercicio temerario en la acción de tutela, la jurisprudencia

constitucional22 ha señalado que se debe analizar la concurrencia de los siguientes
elementos: (i) la existencia de la triple identidad antes descrita y; (ii) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso
y de mala fe por parte del demandante.

29. En esa línea, la Corte ha precisado que pueden existir eventos en los que aun

cuando se presenta la triple identidad no se configura un actuar temerario por parte
del demandante, debido a que la acción de tutela interpuesta por segunda vez se
presenta de buena fe23.

20 Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
21 Sentencia T-427 de 2017, reiterada en la sentencia T-337 de 2020.
22 Ver Sentencia SU-027 de 2021.
23 Estas son las hipótesis en que la Corte ha considerado que puede configurarse la cosa juzgada pero no la

temeridad: (i) la condición de ignorancia o indefensión del accionante, porque aquel actúa por miedo insuperable
o por la necesidad extrema de defender un derecho; (ii) el asesoramiento erróneo de un profesional del derecho;
(iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción de
tutela o que se omitieron el trámite de la misma; (iv) cuando la Corte Constitucional emita una decisión de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de sujetos que se consideran en igualdad de condiciones
y; (v) la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada
de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

30. En suma, la cosa juzgada constitucional y la temeridad constituyen dos fenómenos

jurídicos distintos que se configuran a partir de la presentación de varias acciones de
tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos hechos y las mismas
pretensiones. Sin embargo, para que se acredite un ejercicio temerario se requiere
la constatación del ejercicio abusivo del amparo constitucional, es decir, de la mala
fe del actor en la búsqueda de una decisión favorable a sus intereses a toda costa.

E. Caso concreto

31. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo tras evidenciar que

ha operado la cosa juzgada constitucional y que la parte accionante ha actuado
deliberadamente con temeridad.

32. De acuerdo con la información suministrada en el proceso, se pudo constatar que,

previo a la interposición de la presente acción constitucional, el señor Francisco
Javier García Londoño ya había acudido más de siete veces al juez de tutela,
solicitando el amparo de sus derechos fundamentales, con ocasión de la sentencia
del 20 de agosto de 2021, proferida por la Sala Especial de Decisión no. 25 del
Consejo de Estado, al interior del recurso extraordinario de revisión con radicado
número 11001-03-15-000-2020-02925-00.

33. Las acciones de tutela antes referidas fueron tramitadas bajo los números de

radicado 11001-03-15-000-2021-08662-00/01, 11001-03-15-000-2022-06171-00/01,
11001-03-15-000-2023-01080-00/01, 11001-03-15-000-2023-03293-00/01, 11001-
03-15-000-2024-04622-00, 11001-03-15-000-2025-00007-00/01 y 11001-03-15-
000-2025-00727-00.

34. La primera fue promovida por el señor García Londoño en busca de obtener la

protección de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración atribuyó
a la Sala Especial de Decisión no. 25 del Consejo de Estado al proferir el fallo del 20
de agosto de 2021, dentro del recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-
2020-02925-00. Las pretensiones se orientaron a que se dejara sin efectos la
decisión cuestionada y, en su lugar, se ordenara adoptar una de reemplazo.

35. El conocimiento de esa demanda le correspondió, en primera instancia, a esta

Subsección, la cual, mediante sentencia del 18 de febrero de 2022, declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por no satisfacer el requisito general de
relevancia constitucional. Esa decisión fue confirmada por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación, a través del fallo del 26 de abril siguiente.

36. Dicho expediente fue excluido de revisión por la Corte Constitucional24 a través de

auto del 19 de agosto de 202225 y respecto al mismo no se presentó insistencia.

24 En esa Corporación se asignó el radicado T8826116.
25 Notificado el 2 de septiembre de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

37. Así, resulta claro que desde ese entonces la jurisdicción constitucional ya había

emitido un pronunciamiento de fondo acerca de la alegada vulneración de los
derechos fundamentales del actor con ocasión de la providencia del 20 de agosto de
2021.

38. A pesar de ello, el 19 de noviembre de 2022 el actor optó por volver a presentar

una nueva demanda de tutela en contra de la Sala Especial de Decisión no. 25 del
Consejo de Estado por la expedición de la sentencia del 20 de agosto de 2021. Ese
asunto fue tramitado bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-06171-00 y resuelto,
en segunda instancia, por la Subsección B de la Sección Segunda de la Corporación,
mediante fallo del 24 de abril de 2023.

39. Durante el curso del trámite de impugnación de la tutela anterior, el accionante

acudió por tercera vez al juez constitucional en busca de generar un nuevo
pronunciamiento sobre ese mismo asunto. Esa acción de tutela se tramitó con el
radicado número 11001-03-15-000-2023-01080-00/01. Al desatar la impugnación, la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de junio de 202326,
modificó la decisión del A quo27. En su lugar, declaró la cosa juzgada constitucional
y rechazó los demás cargos de la solicitud de amparo por encontrar acreditada la
temeridad. Además, advirtió al demandante para que se abstuviera de presentar más
acciones de tutela por los mismos hechos.

40. Aun con esa advertencia, el 20 de junio de ese mismo año el demandante instauró

nuevamente una solicitud de amparo en contra de la providencia adoptada el 20 de
agosto de 2021 por la Sala Especial de Decisión no. 25 de esta Corporación.

41. Esa cuarta demanda fue radicada bajo el número 11001-03-15-000-2023-03293-

00/01 y su conocimiento le correspondió, en segunda instancia, a la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Dicha autoridad judicial, a través del
fallo del 9 de diciembre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia28, que
declaró la cosa juzgada constitucional y la temeridad, así como advirtió al actor de
abstenerse de continuar formulando acciones constitucionales bajo circunstancias
fácticas y jurídicas idénticas.

42. Estando en trámite el proceso de tutela anterior, el 2 de septiembre de 2024 el

accionante instauró una nueva demanda en contra de la Sala Especial de Decisión
no. 25 de esta Corporación por la adopción de la sentencia del 20 de agosto de 2021.
A ese asunto se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2024-04622-00 y
actualmente se encuentra en curso.

26 Notificado el 14 de junio de ese mismo año.
27 La Sección Primera de esta Corporación que dictó la providencia del 14 de abril de 2023.
28 El fallo del 7 de noviembre de 2023, dictado por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de

Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

43. Estando en trámite la acción constitucional mencionada en precedencia, durante

el presente año el señor García Londoño radicó, de forma simultánea, otras tres
demandas de tutela contra la Sala Especial de Decisión no. 25 del Consejo de Estado
con fundamento en la expedición del fallo del 20 de agosto de 2021. Estas fueron
tramitadas, en su orden, bajo los radicados número 11001-03-15-000-2025-00007-
00/01, 11001-03-15-000-2025-00727-00 y 11001-03-15-000-2025-01026-00.

44. En la primera de ellas está pendiente de resolverse la impugnación interpuesta

contra la decisión de primera instancia adoptada por la Sección Quinta de esta
Corporación el 6 de febrero de 2025, por medio de la cual se declaró la cosa juzgada
constitucional y la temeridad, así como se advirtió al actor sobre la imposibilidad de
promover más acciones de tutela por los mismos hechos.

45. La segunda se encuentra en trámite de admisión y la tercera corresponde a la que

está conociendo la Sala en esta oportunidad.

46. Cabe precisar que si bien en algunas de las acciones de tutela antes referidas

también se cuestionó la adopción de otras decisiones judiciales proferidas por otras
autoridades, lo cierto es que frente a la vulneración de derechos endilgada a la
providencia del 20 de agosto de 2021, expedida por la Sala Especial de Decisión no.
25 del Consejo de Estado, coinciden tanto las partes que integran el extremo activo
y pasivo, como el objeto y la causa.

47. Lo expuesto, no solo pone en evidencia la existencia de la triple identidad en todas

las demandas a que se hizo referencia, sino que, además, operó la cosa juzgada
constitucional sobre el asunto que pretende discutir nuevamente el actor en la
presente tutela y que aquel ha actuado con temeridad.

48. Aunque la parte actora expuso algunas razones para justificar la interposición de

una nueva demanda, estas no resultan suficientes para desvirtuar la cosa juzgada
constitucional ni la temeridad y, por tanto, no hay lugar a emitir un nuevo
pronunciamiento en sede de tutela.

49. El hecho de que se haya declarado improcedente la primera acción de tutela que

promovió el actor en contra de la sentencia del 20 de agosto de 2021 proferida por
la Sala Especial de Decisión no. 25 del Consejo de Estado, no implica que no se
haya efectuado un pronunciamiento de fondo.

50. Al abordar el estudio de la controversia sometida a su consideración, el juez de

tutela estimó que la misma adolecía de relevancia constitucional, lo que condujo a
que se declarara la improcedencia del mecanismo de amparo. Dicha decisión
constituye un pronunciamiento de fondo, aun cuando no se hubiera entrado a
examinar los cargos endilgados a la providencia acusada, precisamente porque no
se cumplió uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial para habilitar ese análisis.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

51. No puede confundirse la declaratoria de improcedencia del mecanismo de amparo

por la falta de acreditación de uno de los presupuestos generales de procedencia
con la inexistencia de una decisión de fondo, ni puede equipararse a un fallo
inhibitorio, pues esa declaración de improcedencia implicó necesariamente el
examen del asunto a la luz de los requisitos generales de procedibilidad, que se
concretó en la adopción de una decisión que ya se encuentra debidamente
ejecutoriada y reviste el carácter de cosa juzgada.

52. Esa supuesta ausencia de un pronunciamiento de fondo sobre la discusión
planteada tampoco desvirtúa la mala fe con la que ha actuado el promotor del
mecanismo de amparo, pues no se explica que las demás demandas de tutela,
dirigidas a cuestionar la misma providencia, se hayan radicado de forma simultánea
ante distintas autoridades judiciales. Ello no solo denota un ejercicio abusivo y
desproporcionado del derecho, sino también demuestra su intención de lograr la
acogida de sus pretensiones a como dé lugar, sin importar cuantas veces deba
activar el aparato judicial.

53. Lo anterior, cobra más relevancia si se tiene en cuenta que, a pesar de que varias

autoridades judiciales le han advertido que su conducta es temeraria y lo han
prevenido para que se abstenga de presentar más acciones de tutela con
fundamento en los mismos hechos, el demandante ha optado por hacer caso omiso
y ha continuado acudiendo de forma indiscriminada al juez constitucional, en busca
de generar un nuevo pronunciamiento que resulte favorable a sus intereses.

54. Tampoco puede ampararse en el argumento de que, en las demás acciones de

tutela ha presentado justificaciones distintas, pues ello solo muestra un actuar
desleal y su intención dolosa de insistir reiteradamente bajo situaciones
aparentemente diferenciadoras que, sin duda, se presentan como inadmisibles y
merecen censura por parte del juez constitucional.

55. La sola afirmación de haber actuado de buena fe y de no tener intención de
desgastar la administración de justicia no es óbice para considerar que el actor no
ha hecho uso indiscriminado y abusivo de la acción de tutela, máxime cuando no
existe una razón válida que justifique su proceder.

56. A todo lo anterior, se suma que las circunstancias alegadas por el actor como

hechos nuevos no pueden considerarse como tal. Según la jurisprudencia
constitucional29, una de las excepciones a la cosa juzgada constitucional, se
presenta cuando, a pesar de comprobarse la concurrencia de una triple identidad, la
parte actora alega la ocurrencia de un hecho nuevo 30. Sin embargo, esa excepción

29 Al respecto, ver sentencia SU-027 de 2021 y T-407 de 2022, entre otras.
30 Particularmente, cuando este se sustenta en la expedición de una sentencia judicial, la Corte ha precisado

esta pueda ser tomada como un hecho nuevo siempre que: (i) tenga vocación de universalidad, como los fallos
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
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Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

parte de considerar que con posterioridad a la resolución de la primera demanda de
tutela, surgieron nuevos supuestos fácticos que justifican la presentación de una
nueva acción, en tanto no pudieron ser objeto de estudio por el juez constitucional.

57. De acuerdo con lo expuesto, la sentencia C-426 de 2024 dictada por la Corte

Constitucional, ni el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024 proferido por el
Consejo de Estado constituyen hechos nuevos para el caso concreto, pues aunque
fueron adoptados luego de haberse incoado la primera acción constitucional, para el
momento en que se formularon las dos últimas demandas de tutela, estos ya se
habían proferido, por lo que resulta claro que desde ese entonces pudieron haber
sido debatidas ante la jurisdicción constitucional.

58. Lo mismo ocurre con las demás providencias de esta Corporación que fueron

enunciadas como hechos nuevos, pues aquellas, en su mayoría, incluso se
adoptaron antes de que el juez de tutela hubiera resuelto la primera acción
constitucional.

59. El argumento según el cual la vulneración alegada es continua, permanente y

actual tampoco puede ser considerado como un hecho nuevo, ni justifica la
presentación de una nueva acción de tutela. Admitir lo contrario, habilitaría la
interposición indiscriminada y reiterada de acciones de tutela con fundamento en
circunstancias fácticas y jurídicas idénticas en todos aquellos casos en los que no se
amparen los derechos fundamentales invocados, hasta que el juez constitucional
acceda a las pretensiones. Esto no solo desnaturalizaría el mecanismo de amparo,
sino que socavaría la institución de la cosa juzgada.

60. Cabe recalcar que el ejercicio de la acción de tutela debe realizarse acorde a los

principios de lealtad procesal, buena fe y prohibición de abuso del derecho, en aras
de evitar el desgaste injustificado del aparato judicial ante la reiteración de solicitudes
improcedentes y frente a las cuales ya se ha adoptado una decisión judicial que goza
de fuerza vinculante

61. Lo anotado en precedencia, lleva a la Sala a declarar improcedente la solicitud de

amparo ante la existencia de la cosa juzgada constitucional y el ejercicio abusivo y
temeroso de la acción de tutela.

62. Finalmente, en atención a que existe un claro abuso de la acción de tutela y, el

accionante ha hecho caso omiso a los exhortos de otras autoridades judiciales, en la
parte resolutiva de esta decisión se le impartirá una orden concreta en ese sentido,
previniéndole sobre las consecuencias legales que le puede acarrear el desacato a
ello. Igualmente se remitirá copia de esta decisión a los otros despachos de la
Corporación, para que ante acciones de tutela futuras con identidad de partes, objeto

de constitucionalidad y unificación; (ii) aborde el estudio de situaciones jurídicas novedosas que no se hayan
desarrollada anteriormente y; (iii) tenga incidencia en la decisión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

y causa, valoren la posibilidad de rechazar de plano, en los términos del artículo 38
del Decreto 2591 de 1991.

63. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: TENER como coadyuvante de la parte demandante a la señora Angela
María García Londoño.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado por
el señor Francisco Javier García Londoño ante la configuración de la cosa juzgada
constitucional y la temeridad.

TERCERO: ORDENAR al accionante Francisco Javier García Londoño que se
abstenga de presentar más acciones de tutela con identidad de partes, objeto y
causa a la que se estudió en esta providencia; valiéndose de artificios y de
formalidades para denotar la existencia de hechos nuevos inexistentes -como se
indicó en la parte considerativa-. El mencionado señor debe tener en cuenta que el
incumplimiento de esta orden habilitará a cualquier autoridad judicial, que conozca
de otro asunto a futuro, no sólo a declarar la temeridad, sino a -si lo estima-
compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible
comisión del delito de fraude a resolución judicial. Lo anterior, sin perjuicio de las
demás consecuencias legales que puedan derivar de futuras actuaciones
temerarias.

CUARTO: REMITIR copia de esta decisión a los despachos que integran la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, para que ante acciones
de tutela futuras con identidad de partes, objeto y causa, valoren la posibilidad de
rechazar de plano, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. A su
vez, ORDENAR a la Secretaría General de esta corporación que, a futuro, en todas
las acciones de tutela que presente el señor Francisco Javier García Londoño, en
las que advierta identidad de partes, objeto y causa con el caso aquí estudiado,
prevenga al despacho que deba conocer de su admisión, sobre lo dispuesto en esta
providencia.

QUINTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01026-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión no. 25
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE31
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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