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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00007-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00007-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD Y LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL en la acción de tutela de la referencia, en consecuencia, NEGAR la solicitud de amparo y, en todo caso, ADVERTIR a la parte actora que no puede presentar otra petición por los mismos hechos, sin que justifique la existencia de una razón válida que lo habilite. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00007-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de febrero de 2025

Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Número 25
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00007-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00007-00
Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN
NÚMERO 25

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la actuación
temeraria en la acción de tutela y la cosa juzgada
constitucional. En consecuencia, niega la solicitud de
amparo constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Francisco Javier
García Londoño contra el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Número 25, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Francisco Javier García Londoño, el 13 de enero de 2025, en nombre
propio, instauró acción de tutela contra el Consejo de estado, Sala Especial de
Decisión Número 25, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a
desempeñar cargos públicos y el principio de prevalencia del derecho
sustancial.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la providencia de 20 de agosto de 2021 a través de la cual la autoridad
censurada declaró infundado el recurso extraordinario de revisión promovido
por el señor García Londoño y otro, contra la Dirección de Impuestos y

1

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Número 25
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00007-00

Aduanas Nacionales – DIAN –. El referido expediente se identificó con el
radicado 11001-03-15-000-2020-02925-00.
1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

1.) QUE CON FUNDAMENTO EN EL HECHO NUEVO DE QUE LAS
PROVIDENCIAS JUDICIALES SI TIENEN CARÁCTER PROBATORIO, PERO
ÚNICAMENTE, CUANDO SE PRETENDE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA
MISMA DE LA SENTENCIA Y/O EL HECHO RECONOCIDO O DECLARADO
EN ESTA.DICHO HECHO RECONOCIDO O DECLARADO EN LAS 14
PROVIDENCIAS JUDICIALES, ES QUE SOLAMENTE EL JEFE DE LA
OFICINA DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DE LA DIAN, ES EL
COMPETENTE PARA PROFERIR LA RESOLUCIÓN EN PRIMERA
INSTANCIA EN UN PROCESO DISCIPLINARIO.

2.) QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE ORDENE A LA SALA
ESPECIAL DE DECISIÓN NRO 25 DEL CONSEJO DE ESTADO QUE
PROFIERIO LA SENTENCIA CON RADICADO 1100103150002020-02925-00
QUE ADOPTE UNA DECISIÓN AJUSTADA Y PRIVILEGIANDO LO
SUSTANCIAL SEGÚN EL ARTÍCULO 228° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA,
FRENTE A UN ANÁLISIS RESTRICTIVO A PARTIR DE ELEMENTOS
PURAMENTE FORMALES, CIRCUNSTANCIA A PARTIR DE LA CUAL DEBIÓ
FLEXIBILIZAR LA INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE PRUEBA
ENCONTRADA O RECOBRADA INVOCADA EN EL RECURSO
EXTRAORDINARIO ALUDIDO.

3.) QUE SE DECLARE FUNDADO EN RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN CON RADICADO 1100103150002020-02925-00 CON
FUANDAMENTO EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 250 DEL CPACA, YA
QUE LAS SENTENCIAS JUDICIALES SI SON UN PRUEBA DOCUMENTAL
CUANDO CUMPLEN CIERTOS REQUISITOS Y SE PRETENDE
DEMOSTRAR CON ELLAS LA EXISTENCIA MISMA DE LA SENTENCIA Y
LOS HECHOS PROBADOS EN ELLAS1.

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Francisco Javier García Londoño, mediante el sistema de carrera
administrativa, se incorporó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
[en adelante DIAN] desde el 1. ° de junio de 1993 en el cargo de profesional
nivel 30 grado 18 de la División de Cobranzas, hasta el 29 de diciembre de
1993 cuando fue desvinculado por facultad discrecional mediante resolución
2952 de la misma fecha.

Inconforme con esa decisión, el señor García Londoño promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, causa dentro de la cual el

1
Cita del texto original con posibles errores.
2

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Tribunal Administrativo de Antioquia profirió la sentencia de 15 de agosto de
2001 en el sentido de declarar la nulidad de la resolución 2952 de 29 de
diciembre de 1993 y ordenar el reintegro del demandante2. En cumplimiento
de la orden judicial, la DIAN expidió la resolución 7203 de 15 de agosto de
2001 a partir de la cual reincorporó al señor García Londoño al cargo de
carrera que desempeñaba, sin solución de continuidad.

Durante el periodo que el señor García Londoño estuvo desvinculado de la
DIAN, esto es, entre el 8 de enero de 1998 y el 15 de agosto de 2001, se
desempeñó como tesorero del municipio de Yondó, Antioquia, y con ocasión
de las funciones ejercidas en el referido cargo, la Contraloría General de la
República adelantó y resolvió desfavorablemente unas investigaciones
fiscales en su contra en los fallos de 8 de marzo de 2006.

Como consecuencia de lo anterior, la Dirección de Investigaciones
Disciplinarias de la Dirección Regional Noroccidente de la DIAN dio apertura
de indagación preliminar contra el señor García Londoño con la resolución
8300060-1001-031 de 30 de agosto de 2006, por encontrarse incurso en una
inhabilidad sobreviniente según lo establecido en el artículo 37 de la Ley 734
de 2022.

Dentro de la mencionada etapa preliminar, el señor García Londoño indicó que
reintegró la totalidad del detrimento patrimonial al pagar las sumas dinerarias
establecidas en los fallos de responsabilidad fiscal, no obstante, la citada
Dirección Regional profirió la resolución 8300060-2009-001 de 30 de abril de
2007 a partir de la cual se le destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos
por el término de 12 años, lo cual se confirmó con la resolución 06027 de 24
de mayo de 2007 dictada por la Dirección General de la DIAN, sanción que fue
ejecutada a través de la resolución 07319 de 21 de junio de 2007.

Contra los actos administrativos de 30 de abril y 24 de mayo de 2007 el señor
García Londoño promovió un segundo medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se identificó con el radicado 11001-03-25-
000-2012-00372-00, el cual fue desatado en única instancia por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia de 28 de marzo de 2019
en el sentido de negar las pretensiones de la demanda al considerar que el
extremo demandante no desvirtuó la legalidad de las decisiones de la
administración.

Por último, contra el fallo de 28 de marzo de 2019 ejerció el recurso
extraordinario de revisión3 que se tramitó con el número 11001-03-15-000-

2
De conformidad con lo señalado por el accionante, el recurso de apelación interpuesto por
la DIAN fue rechazado por el Consejo de Estado, por ser «improcedente».
3
Ese recurso extraordinario se presentó junto con la señora Ángela María García Londoño,
persona respecto de la cual se declaró la falta de legitimación.
3

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202-02925-00, maco en el cual alegó la transgresión de su derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política y sustentó su inconformidad al señalar las causales estipuladas en los
numerales 1. ° y 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Este mecanismo
se declaró infundado en la providencia de 20 de agosto de 2021 dictada por la
Sala Especial de Decisión Número 25 del Consejo de Estado.

1.4. Fundamentos de la solicitud4

1.4.1. Como primera medida, el señor García Londoño informó que ha
promovido alrededor de 9 acciones de tutelas, de las cuales 3 se incoaron
contra la providencia de 20 de agosto de 2021 dictada en el recurso
extraordinario de revisión y fueron declaradas improcedentes5; 4 se ejercieron
contra fallos de tutela6; y 2 contra el fallo de 28 de marzo de 2019 dictado en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho7.

Al respecto, precisó que se encuentra amparado por el principio que establece
la primacía de la realidad sobre las formas y el derecho de acceso a la
administración de justicia o tutela judicial efectiva, ello, con el fin de justificar
que la interposición de esta nueva tutela no desconoce el fenómeno jurídico
de la cosa juzgada constitucional ni constituye un actuar temerario por cuanto
en las anteriores acciones constitucionales no se ha proferido un algún
pronunciamiento de fondo «sobre la pretensión puesta en conocimiento de un
juez» comoquiera que en todas se declaró la improcedencia.

Agregó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional permite que en los
casos en los que no se haya emitido un pronunciamiento de fondo se presente
una nueva acción de tutela, por lo que adujo cumplir con el supuesto debido a
que en las anteriores acciones los jueces se limitaron a declarar la
improcedencia del mecanismo de amparo.

1.4.2. En síntesis de los extensos argumentos relacionados con los requisitos
de procedibilidad, precisó que el caso objeto de atención es relevante debido
a que implica la afectación de garantías superiores como el derecho al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, entre otros,
habida cuenta de que la autoridad demandada declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión luego de precisar que las sentencias aportadas por
el demandante no constituían pruebas documentales, pese a que con ello se

4
Las citas que se encuentran en este acápite son del texto original con posibles errores.
5
Identificadas con los radicados: 11001-03-15-000-2021-08662-00/01; 11001-03-15-000-
2022-06171-00/01; y 11001-03-15-000-2023-01080-00/01.
6
Identificadas con los radicados: 11001-03-15-000-2022-02768-00/01; 11001-03-15-000-
2023-04221-00/01; 11001-03-15-000-2023-03293-00; y 11001-03-15-000-2024-02493-00.
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Expediente identificado con el radicado 11001-03-25-000-2012-00372-00.
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probaba que en casos similares la misma autoridad contenciosa había
accedido a las pretensiones.
Agregó que contra la decisión adoptada en vía del mecanismo extraordinario
no proceden recursos; no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza; y que se supera el estudio de la inmediatez debido a que la
agresión a sus derechos fundamentales continúa en el tiempo.

1.4.3. En cuanto al debate propuesto en sede del recurso extraordinario, adujo
que la Sala Especial de Decisión Número 25 incurrió en un defecto fáctico
por desconocer las 14 providencias que aportó como antecedentes en casos
similares dictadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado con las
cuales se demostraba que de conformidad con el artículo 76 de la Ley 734 de
2002 el funcionario competente para proferir en primera instancia el fallo
disciplinario era el jefe de la División de Asuntos Disciplinarios, no la
supernumeraria Catalina Ramírez Suárez que, a su juicio, fue quien suscribió
la mencionada decisión.

Adicionó que la autoridad cuestionada también cometió el yerro fáctico al
analizar la causal 1ª del «artículo 250» de la Ley 1437 de 2011 en tanto no
analizó el argumento relativo a que el derecho al debido proceso comprende
que el encausado sea juzgado por el juez natural o funcionario competente.

1.4.4. Arguyó que también se acreditó la existencia de un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al darle primacía al derecho
formal sobre el sustancial por omitir la valoración de unas pruebas
documentales que serían determinantes en demostrar que la FUNCIONARIA
Catalina Ramírez Suárez carecía de competencia para expedir el fallo
disciplinario de primera instancia, máxime, por cuanto ni siquiera pertenece al
nivel directivo o asesor de la entidad, ello, en virtud de lo establecido en el
artículo 76 de la Ley 734 de 2002 y 9. ° de la Ley 489 de 1998.

Así, manifestó lo siguiente:

En el caso del Señor Francisco Javier García Londoño, se pretende aportar con
carácter probatorio varias sentencias judiciales todas proferidas en los años
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por el Consejo De Estado-Sección
Segunda. Atendiendo al “principio de la necesidad de la prueba”, las
providencias judiciales que se citaran a continuación, son necesariamente
vitales para la demostración de la violación a las garantías y principios
constitucionales al debido proceso en materia disciplinaria en la sentencia
recurrida; ya que, sin ellas, no habría una justicia material efectiva; y, por el
contrario, la injusticia y la arbitrariedad serían las que reinarían en el presente
proceso.

1.4.5. De otro lado, aseguró que en la providencia demandada de 20 de agosto
de 2021 no se realizó el estudio de los 4 requisitos que debe cumplir la
sentencia para considerarse prueba encontrada, como sí lo hizo la Sala
5

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Especial de Decisión N. ° 2 del Consejo de Estado en el fallo de 4 de mayo de
2024 dictado en el expediente 11001-03-15-000-2018-04503-00, evento en el
cual se revisó que: (i) la prueba fuera documental; (ii) se recobrara después
de la sentencia objeto de revisión; (iii) la razón para no aportarla durante el
proceso obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria;
y (iv) debe ser de tal entidad que pueda incidir en una decisión distinta a la
impugnada.

En ese sentido, manifestó que su caso encuadra en uno de los requisitos que
establece la ley para efectos de entender configurada la causal 1. ° del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, el concerniente a que «los documentos
sean encontrados o recobrados después de proferida la sentencia objeto de
revisión, pero que llegaron a conocimiento del impugnante con posterioridad».

Con sujeción a lo anterior, resaltó que conoció de las 14 providencias o
antecedentes8 después de que se falló el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, es decir, por fuerza mayor, en ese sentido, solo
las pudo aportar en vía del recurso extraordinario de revisión como pruebas
documentales a partir de las cuales demostraba que en esos casos se analizó
lo relativo a la competencia de los funcionarios para expedir en primera
instancia fallos disciplinarios, lo cual daba crédito a su inconformidad respecto
a la persona que le resolvió en primer grado la causa de la referida naturaleza.

1.4.6. Agregó que esos antecedentes son relevantes dado que resolvieron
asuntos de origen disciplinario que son contemporáneos y similares al caso
del señor García Londoño, en los que se evidencia que las decisiones de
destitución, inhabilidad o suspensión son firmadas por los jefes de la División
u Oficina de Asuntos Disciplinarios, contrario a lo sucedido en el asunto objeto
de atención.

Así, precisó que se incurrió en un desconocimiento del precedente que
transgrede el derecho a la igualdad, debido a que, «MANERA CAPRICHOSA
Y ARBITRARIA Y CONTRARIANDO EL ESPÍRITU DE JUSTICIA […] los
consejeros ponentes has desconocido sin explicación alguna, los propios
precedentes judiciales, con el propósito de negarme la protección de mis

8
11001032500020120010100, sentencia de 5 de diciembre 2013;
11001032500020110003700, sentencia de 8 de mayo de 2014; 11001032500020120035200,
sentencia de 16 de abril de 2015; 11001032500020130002100, sentencia de 13 de mayo de
2015; 11001032500020110000400, sentencia de 7 de abril de 2016;
11001032500020100027500, sentencia de 11 de mayo de 2017; 11001032500020100031000
de 12 de julio de 2017; 11001032500020100030900 de 3 de agosto de 2017;
11001032500020110057300 de 8 de agosto de 2017; 11001032500020110010000 de 12 de
octubre de 2017; 11001032500020130003000 de 9 de noviembre de 2017;
11001032500020100012300 de 30 de noviembre 2017; 11001032500020140108600 de 12
de abril de 2018; y 11001032500020160076800 de 21 de junio de 2018.

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derechos invocados». Para el efecto, comparó la sentencia de 28 de marzo de
2012 correspondiente al expediente 11001-03-25-000-2012-00372-00 de
nulidad y restablecimiento del derecho de su interés, y la de 12 de octubre de
2017 dictada dentro del expediente 11001-03-25-000-2011-00100-00, las dos
proferidas por el exmagistrado de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, Rafael Francisco Suárez Vargas.

En ese orden, dentro de una tabla citó apartes con el fin de dejar a la vista la
similitud en los hechos, el problema jurídico, el cargo por falta de competencia
del funcionario que profirió el fallo disciplinario y la forma en cómo se resolvió,
particularmente en la sentencia de 12 de octubre de 2017, respecto de la cual
resaltó que allí se concluyó que la jefe de la Oficina de Investigaciones
Disciplinarias de la DIAN estaba facultada para proferir el acto sancionatorio
en su calidad de superior jerárquico del demandante. Esto, con el fin de
resaltar que en el caso del señor García Londoño la decisión sancionatoria la
expidió una supernumeraria, por lo tanto, la Sala Especial de Decisión Número
25 debió declarar fundado el recurso extraordinario de revisión y acceder a las
pretensiones del demandante.

Reprochó que la Sala Especial accionada no considerara los 14 antecedentes
como pruebas documentales pese a que el Consejo de Estado ha sido
consistente en señalar que las providencias judiciales «tienen el carácter
probatorio cuando se pretende demostrar la existencia misma de la sentencia
y/o el hecho reconocido o declarado en esta»9.

1.4.7. Finalmente manifestó lo siguiente:

Como asunto adicional, la Parte Accionante considera necesario establecer
que, si bien ya se cumplió con la Inhabilidad impuesta de 12 años en la
Resolución 8300060-2009-01 de 30 de abril de 2007, es preciso señalar que en
la actual Acción de Tutela interpuesta, no se presentó un daño consumado y
por tanto una carencia actual de objeto, dado que dicha Resolución Disciplinaria
de “DESTITUCIÓN” tiene un efecto en el tiempo que va más allá de la condena
específica de “INHABILIDAD GENERAL POR 12 AÑOS”, en el sentido de que
se me interrumpe abruptamente mi derecho constitucional a ejercer el cargo de
carrera administrativa en la Dian y se configura en un antecedente disciplinario
para la accionante […]10.

9
Citó apartes de la sentencia de 26 de marzo de 2015 dictada por el Consejo de Estado dentro
del expediente 11001-03-27-000-2014-00022-00, con ponencia del magistrado Jorge Octavio
Ramírez, evento en el cual se indicó que las providencias judiciales únicamente tienen el
carácter probatorio cuando se pretende demostrar la existencia de la sentencia o el hecho
reconocido en esta (fallo que se citó en la sentencia de 20 de agosto de 2021, expediente
11001031500020200292500). También trajo a colación la sentencia de 18 de julio de 2018
dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente 11001-03-27-000-
2014-00020-00, y la sentencia de 4 de mayo de 2021 proferida por la Sala Especial de
Decisión Número 2 del Consejo de Estado, expedida dentro del expediente 11001-03-15-000-
2018-04503-00.
10
Cita del texto original con posibles errores.

7

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 15 de enero de 2025 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como autoridad judicial accionada al Consejo de Estado, Sala Especial
de Decisión Número 25. En calidad de terceros con eventual interés en las
resultas del trámite constitucional, se dispuso la vinculación de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –, y de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

Finalmente, se requirió una copia digital del expediente del recurso
extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001-03-15-000-2020-
02925-00 y se ordenó a la Oficina de Sistemas de la corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página web
del Consejo de Estado.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los
siguientes informes:

1.6.1. Sala Especial de Decisión Número 25 del Consejo de Estado

A través del memorial de 17 de enero de 2025 suscrito por el magistrado
Fernando Alexei Pardo Flórez, integrante de la Sala Especial, indicó que no
intervino en la aprobación de la providencia reprochada de 20 de agosto de
2021, razón por la cual manifestó que respetará y acatará lo que se revuelva
en el asunto de la referencia.

1.6.2. Francisco Javier García Londoño

En memorial de 20 de enero de 2025, el señor García Londoño solicitó de
manera extensa que se dé aplicación al principio de presunción de veracidad
previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, con ocasión a lo
manifestado por el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez consistente en
que acataría la decisión que se adopte en este trámite constitucional, lo cual,
a su vez, constituye el silencio de la parte accionada frente a los hechos,
fundamentos y pretensiones del escrito de tutela. También insistió en los
argumentos de la demanda.

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Luego, con escrito de 31 de enero de 202511 insistió en que en este caso no
se configuran la temeridad y la cosa juzgada constitucional según lo que a su
juicio se señala en las sentencias «SU-168 de 2017, SU-012 de 2020, SU-027
de 2021, la SU-397 de 2022, la SU-029 de 2023, SU-213 de 2023, SU-444 de
2023 y la SU-128 de 2024».

En ese orden, citó la sentencia C-279 de 2013 para indicar que está facultado
a promover este mecanismo debido a que en las anteriores solicitudes de
amparo se ha declarado la improcedencia y no se ha emitido una decisión
respecto al fondo.

Incluyó aspectos generales relativos al derecho de acceso a la administración
de justicia y, finalmente, solicitó que se de aplicación a la presunción de
veracidad del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 con ocasión a lo
manifestado por el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez en su
intervención.

1.6.3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

La apoderada de la unidad administrativa especial refirió que esta petición de
amparo debe ser declarada improcedente o negada por cuanto: (i) el señor
García Londoño no probó el quebrantamiento de marco normativo alguno; (ii)
se configuró del fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional de
algunas tutelas que promovió con igual objeto; (iii) no se acreditó la existencia
de la vulneración de los derechos fundamentales; (iv) no se supera el requisito
de inmediatez; y (v) también se concretó el actuar temerario del extremo
accionante con ocasión del ejercicio desmedido de este mecanismo
constitucional por los mismos hechos.

Así, enlistó 13 acciones de tutela12 que el señor García Londoño ha presentado
con similares supuestos fácticos y jurídicos, casos que fueron estudiados y
declarados improcedentes, o se declaró la cosa juzgada y la temeridad.
Además, censuró que el actor también hizo uso de este mecanismo subsidiario
en otras jurisdicciones como la civil, por lo que, a su juicio, queda en evidencia
el actuar sistemático y desproporcionado de este mecanismo con el único fin
de que se deje sin efectos la providencia de 20 de agosto de 2021.

11
El documento se entiende debidamente allegado el lunes 3 de febrero de 2025 debido a que
fue remitido por vía electrónica el viernes 31 de enero del mismo año a las «17:00:39», esto
es, fuera del horario laboral.
12
(i) 11001-03-15-000-2019-03444-01; (ii) 11001-03-15-000-2021-08662-01; (iii) 11001-03-
15-000-2022-02768-01; (iv) 11001-03-15-000-2022-06171-00; (v) 11001-03-15-000-2023-
01080-00; (vi) 11001-03-15-000-2023-04221-00; (vii) 11001-03-15-000-2023-03293-00; (viii)
050013110-007-2023-00738-00; (ix) 05001 31 03 021 2024 00051 -00; (x) 11001-02-03-000-
2024-00909-00; (xi) 11001-03-15-000-2024-02493-00; (xii) 11001-03-15-000-2024-05185-00;
y (xiii) 11001-03-15-000-2024-06125-00.
9

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Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Número 25
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2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el
señor Francisco Javier García Londoño contra la Sala Especial de Decisión
Número 25 del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

Esta Colegiatura precisa que, de conformidad con la información recibida,
previo a resolver el fondo del asunto de la referencia se analizará sí se
configuran los fenómenos de la cosa juzgada constitucional y de temeridad en
el actuar del señor Francisco Javier García Londoño. En caso de superarse
este estudio, se deberá resolver el siguiente problema jurídico.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión
de la providencia de 20 de agosto de 2021 proferida por la Sala Especial de
Decisión Número 25 del Consejo de Estado.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la
actuación temeraria en la solicitud de amparo; y (iii) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201213 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto

13 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de

Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
10

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00007-00

las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema14.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales15.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. La actuación temeraria en la acción de tutela

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que existe temeridad al
interior de la acción de tutela cuando «[…] sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes […]”»

De lo anterior, esta Sala colige que, al encontrarse configurada la temeridad
en el trámite constitucional, el juez debe, por medio de auto, proceder al
rechazo de la acción; atendiendo a la celeridad que debe revestir el trámite
constitucional, sin embargo, si la solicitud de tutela ya se admitió, lo
correspondiente será que la Sala lo resuelva en el fallo respectivo,
decidiendo desfavorablemente «todas las solicitudes».

De conformidad con lo anterior, esta Sección ha considerado que la temeridad
se configura cuando concurren los siguientes elementos17: (i) identidad fáctica

14
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
15
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia».
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24
de junio de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
11

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en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la
segunda petición de amparo se presenta por la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación
para interponer la nueva acción18.
En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización
impropia de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado19:

[…] La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es
aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida
para satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del
derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una
acción de tutela.

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia
que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones
injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente
acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o
revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un
examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda
y del acervo probatorio que repose en el proceso […].

Igualmente, el máximo Tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos
de cosa juzgada constitucional y temeridad, ha precisado20:

[…] El precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas,
por una parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el
accionante actúa de mala fe, por otra, la interpretación literal del citado artículo
38 bajo la cual no se requiere tal elemento para su consolidación, en
consecuencia solo se necesita que el accionante presente varias veces una
demanda de tutela por los mismos hechos sin justificación alguna. No obstante,
esta Corte ante tal ambivalencia concluyó, que la improcedencia de una
acción de amparo por temeridad debe presentarse por el actuar doloso y
de mala fe del peticionario, toda vez que supone una restricción legitima
al derecho fundamental que implica el ejercicio de la acción de tutela. La
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de
pretensiones”; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la
nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del
libelista.

Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado
de establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala
precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto
presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo
en las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un
asunto decidido previamente en otro proceso de igual naturaleza, sin que
existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya

18
Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre
Lynett.
19
Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
20
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
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cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de
buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada
que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada,
acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia
previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure
únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación
simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la
triple identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho
tránsito a cosa juzgada […]».21

Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada
constitucional, también se acotó:

A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha
precisado que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a
partir de triángulos procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o
más acciones de tutela se reúnan las mismas identidades de partes, causa
petendi y objeto, puede entenderse que aquella institución se configura.

También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la
jurisdicción constitucional, precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente22:

Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados
anteriormente y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por
temeridad debe estar fundada en el dolo y la mala fe de la parte
actora. Concluyó esta Corporación que la temeridad se configura cuando
concurran los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de
hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala
fe por parte del libelista.

Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de
tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser
considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada
en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En términos de la Corte:

“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que
existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es
temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela
aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de
esa complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si
ocurre su configuración en cada asunto sometido a su competencia”23

2.6. Caso concreto

21
Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Énfasis
propio. Énfasis propio.
22
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto
Rojas Ríos. Énfasis propio.
23
Ob. Cit. «Sentencia T-548 de 2017». Énfasis propio.
13

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2.6.1. En el sub examine, la parte accionante consideró que se vulneraron sus
garantías constitucionales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a desempeñar cargos públicos y el principio de
prevalencia del derecho sustancial, con ocasión de la providencia de 20 de
agosto de 2021 dictada por la Sala Especial de Decisión Número 25 del
Consejo de Estado mediante la cual se declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001-03-15-000-2020-
02925-00, a través del cual el señor Francisco Javier García Londoño
pretendía que se infirmara la sentencia de 28 de marzo de 2019 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda de la misma corporación.

2.6.2. Ahora, sería del caso analizar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela con el fin de constatar si
procede el estudio de fondo de la solicitud de amparo de la referencia, de no
ser porque se advierte que el extremo activo ya elevó otras acciones
constitucionales con el mismo objeto, causa y parte demandada, e invocó la
protección de iguales derechos fundamentales.

Lo anterior obedece a que, de conformidad con el informe presentado por la
DIAN y de la revisión en el sistema de gestión judicial Samai, se identificó el
trámite tutelar 11001-03-15-000-2023-01080-00/01 que fue promovido por el
señor García Londoño, entre otras providencias24, contra la sentencia de 20
de agosto de 2021 dictada por la Sala Especial de Decisión Número 25 objeto
de la solicitud de amparo de la referencia.

En esa oportunidad, la primera instancia la conoció la Sección Primera del
Consejo de Estado que, con sentencia de 14 de abril de 2023 declaró la cosa
juzgada respecto de la decisión de 20 de agosto de 2021 dictada en el recurso
extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2020-02925-0025.

El segundo grado lo desató la Sección Quinta del Consejo de Estado26 con
fallo de 8 de junio de 202327 en el sentido de modificar la decisión del a quo
para, en su lugar, declarar la temeridad y la cosa juzgada constitucional de la

24
(i) Sentencias de 18 de febrero y 26 de abril de 2022, proferidas por la Sección Tercera,
Subsecciones A y B del Consejo de Estado, respectivamente, dentro de la acción de tutela
11001-03-15-000-2021-08662-00/01; y (ii) proveídos de 29 de julio y 6 de octubre de 2022,
dictados respectivamente por la Sección Tercera, Subsección C y la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, en la acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02768-00/01.
25
Comoquiera que, en lo concerniente a los procesos iniciados con ocasión del recurso
extraordinario de revisión, concluyó que ya se había promovido la acción de tutela que se
identificó con el radicado 110103-15-000-2022-06171-00, la cual presentaba la triple identidad.
26
Sala que en su momento estuvo integrada por los magistrados Rocío Araújo Oñate, Pedro
Pablo Vanegas Gil y Luis Alberto Álvarez Parra. El magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio
fue separado del conocimiento por encontrarse fundada su manifestación de impedimento.
27
Ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.
14

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solicitud de amparo 11001-03-15-000-2023-01080-00/01 respecto del trámite
que identificó con el radicado 11001-03-15-000-2021-08662-00/01.

Ello, luego de realizar un cuadro comparativo28 a partir del cual determinó que
se cumplía la identidad de partes, causa y objeto, en tanto: (i) el demandante
era el señor García Londoño y el en extremo accionado se incluía a la Sala
Especial de Decisión Número 25 del Consejo de Estado; (ii) la causa consistió
en que la autoridad demandada vulneró sus derechos al debido proceso, a la
igualdad, entre otros, debido a que adoptó la decisión de 20 de agosto de 2021
al desconocer las competencias de los funcionarios de la DIAN,
particularmente la del funcionario que expide el fallo sancionatorio en primera
instancia; y (iii) el objeto radicó en que se deje sin efectos la providencia de 20
de agosto de 2021 por la cual se desató el recurso extraordinario de revisión.

Así, concluyó que, respecto al proveído de 20 de agosto de 2021 dictado en el
mencionado mecanismo extraordinario por el Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión Número 25, se encontró que «en sentencia proferida al
interior del expediente 110001-03-15-000-2021-08662-00/01, ya se decidió en
sede de tutela, que el asunto es improcedente por falta de relevancia
constitucional» y, en consecuencia, estableció que se configuró la cosa
juzgada constitucional debido a que no fue seleccionado para revisión por
parte de la Corte Constitucional, de conformidad con el auto de 19 de agosto
de 2022 dictado por la Sala de Selección Ocho de la referida colegiatura.

Además, precisó que, ante la inconformidad del accionante con el fallo dictado
en el referido expediente 110001-03-15-000-2021-08662-00/01, dentro del
cual se declaró la improcedencia de la petición de amparo, presentó una nueva
acción de tutela que se identificó con el número 11001-03-15-000-2022-02768-
00/01, mecanismo que también se concluyó improcedente por reprochar una
decisión de la misma naturaleza.

Luego, aseveró que en atención a que el actor ya había presentado varias
acciones de tutela con identidad de partes, causa y objeto sin que mediara una
justificación al respecto, se configuró la temeridad y la cosa juzgada
constitucional de la acción 11001-03-15-000-2023-01080-00/01 que era objeto
de atención de la Sección Quinta frente a la identificada con el radicado 11001-
03-15-000-2021-08662-00/01, en lo que respecta a la sentencia de 20 de
agosto de 2021.

De conformidad con el relato de lo acontecido dentro de la acción de tutela que
conoció esta Sala en el año 2023 y que falló en sesión de 8 de junio del mismo
año, se anuncia que la solicitud de amparo de la referencia correrá con la

28
Visto a folio 15 y 16 de la sentencia de 8 de junio de 2023 dentro del expediente 11001-03-
15-000-2023-01080-01.
15

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misma suerte habida cuenta de que en el presente asunto también se cumple
la triple identidad respecto de la anterior solicitud de amparo identificada con
el radicado 11001-03-15-000-2023-01080-00/0129, y operó la cosa juzgada
constitucional.
Tal afirmación deviene de manera evidente si recordamos que en el trámite de
la referencia: (i) el accionante es el mismo ciudadano Francisco Javier García
Londoño y la autoridad demandada es la pluricitada Sala Especial de Decisión
Número 25 del Consejo de Estado; (ii) la causa fue adjudicada a la sentencia
de 20 de agosto de 2021 por medio de la cual se declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión al desconocer que el asunto presentaba mérito para
ser analizado, debido a que no se tuvo en cuenta que la funcionaria de la DIAN
que profirió el fallo sancionatorio de primer grado carecía de competencia, a
partir de la cual se alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, entre otros; (iii) el objeto coincide en que se deje
sin efectos la providencia de 20 de agosto de 2021.

Por lo anterior y acorde con el lineamiento jurisprudencial y normativo
expuesto en líneas previas, se considera que en el presente caso se configuró
el fenómeno jurídico de la temeridad puesto que: (i) existe identidad de partes;
(ii) los fundamentos de hecho en ambas solicitudes, en síntesis, son iguales; y
(iii) la finalidad es que se garanticen similares derechos fundamentales, ante
la decisión del recurso extraordinario de revisión que considera contraria a
derecho.

Ahora, el señor García Londoño indicó que, si bien ha presentado otras
acciones de tutela contra la sentencia de 20 de agosto de 2021, y que pese a
ello no se configuran la cosa juzgada y la temeridad en su actuar debido a que
los anteriores fallos han declarado la improcedencia de esos mecanismos
constitucionales, lo cierto es que dicho argumento no tiene vocación de
prosperidad en atención a que la declaratoria de improcedencia es una
decisión judicial en la cual se indica que el asunto puesto en conocimiento no
cumple alguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, por lo
tanto, implica que no es posible el análisis del fondo del caso, lo cual constituye
una decisión definitiva que hace tránsito a cosa juzgada y, contrario al criterio
del actor, en ninguna medida faculta al ciudadano inconforme a continuar
presentando múltiples solicitudes de amparo por los mismos hechos con el
propósito de que en algún momento un juez emita una decisión que conceda
sus intereses.

Además, es claro que en los anteriores trámites tutelares los jueces le han
indicado que la acción es improcedente, que ha operado la cosa juzgada y que

29
Se precisa que al revisar este expediente en el aplicativo Samai, se advierte que fue
devuelto por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2024 luego de que, mediante auto de
Sala de Selección del 31 de agosto de 2023, decidiera no seleccionarlo para revisión.
16

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su actuar es temerario al insistir en la misma causa de una forma
desproporcionada, de manera que el señor García Lodoño ha hecho caso
omiso a tales decisiones judiciales y a las advertencias relativas a que se
abstenga de continuar promoviendo este medio constitucional contra la
sentencia de 20 de agosto de 2021.

Máxime, si se trae a colación lo que ha indicado la Corte Constitucional en la
SU -027 de 2021 respecto a la posibilidad de presentar nuevamente una
acción de tutela sin que se considere como temeridad:

(i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) El
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) La consideración de
eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la
acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación
que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que
implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante;
y (iv) Se puede interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción
de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.

En vista de lo que ha señalado la Corte Constitucional, la petición de amparo
de la referencia no se encuadra en alguno de los anteriores supuestos que
permiten la flexibilización del ejercicio de este medio subsidiario sin que sea
considerado producto del actuar temerario del señor García Londoño.

Así, en el marco del análisis fáctico previo queda demostrado que el
accionante ha presentado varias solicitudes de amparo con identidad de
causa, objeto y partes, sin que medie una razón contundente y suficiente que
justifique haber promovido nuevamente la misma acción de tutela, aspecto que
se considera una conducta temeraria por parte de ese extremo procesal.

Tal falta afecta el buen funcionamiento del servicio de la administración de
justicia y constituye una amenaza a los pilares de este, como lo son el principio
de legalidad y de seguridad jurídica, puesto que, lo que se pretende por el
señor Francisco Javier García Londoño, es obtener una decisión favorable
pese a que ya cuenta con pronunciamientos judiciales en sede de tutela que
declararon la improcedencia de esta acción.

2.6.3. Finalmente, en cuanto a la cosa juzgada constitucional, esta Sala se
limita a señalar que, tratándose de un asunto que ya fue abordado por esta
Sección en el anterior proceso de tutela identificado con el radicado 11001-03-
15-000-2023-01080-00/01, al verificar dicho expediente en el aplicativo Samai,
se observa que el 22 de marzo de 2024 la Corte Constitucional regresó el

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Número 25
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00007-00

expediente luego de que la Sala de Selección de 31 de agosto de 2023
decidiera no revisarlo, por lo tanto, también operó dicho fenómeno jurídico.

2.7. Conclusión

En atención a los argumentos expuestos, esta Sala de Decisión declarará la
temeridad y la cosa juzgada constitucional en la acción de tutela promovida
por el señor Francisco Javier García Londoño contra el Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión Número 25, comoquiera que se demostró que la
parte accionante ha ejercido idénticas solicitudes de amparo sin justificación
válida, y ya fueron objeto de pronunciamiento.

Adicionalmente, se le advertirá la imposibilidad de presentar otra petición de
amparo por los mismos hechos, sin que medie una justificación válida que lo
faculte.
3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD Y LA COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL en la acción de tutela de la referencia, en consecuencia,
NEGAR la solicitud de amparo y, en todo caso, ADVERTIR a la parte actora
que no puede presentar otra petición por los mismos hechos, sin que justifique
la existencia de una razón válida que lo habilite.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la
forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Número 25
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00007-00

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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