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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02218-00

Fecha
21 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02218-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Francisco Javier García Londoño en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02218-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

21 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02218-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2025-02218-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

TEMAS: Tutela contra providencia judicial / providencia de la misma naturaleza.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Francisco Javier García Londoño
en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Francisco Javier García Londoño, actuando en nombre propio, presentó acción de
tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a desempeñar cargos públicos y a la tutela judicial efectiva,
que consideró vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado con ocasión
del fallo del 6 de febrero de 2025 dictado en el marco de la acción de tutela
identificada con el radicado número 11001-03-15-000-2025-00007-00.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:

2.1. El accionante promovió una solicitud de amparo constitucional en contra del
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, con el fin de dejar sin efectos la
sentencia del 20 de agosto de 2021, mediante la cual se declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado número 11001-03-15-
000-2020-02925-00.

A través de dicho recurso atacó la legalidad del fallo del 28 de marzo de 2019 que
negó las pretensiones planteadas al interior del proceso de nulidad y

1 Ibidem / Actuaciones visibles en el expediente digital de la acción de tutela incorporado a SAMAI, en el

siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500020250000700110
0103

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02218-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

restablecimiento del derecho que se tramitó bajo el registro 11001-03-15-000-202-
02925-00.

2.2. La citada acción de tutela fue asignada por reparto a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, bajo el radicado número 11001-03-15-000-2025-00007-00.

Esta autoridad profirió sentencia de primera instancia del 6 de febrero de 2025,
mediante la cual, declaró la temeridad y la cosa juzgada constitucional. En
consecuencia, negó el amparo deprecado y advirtió al accionante que no puede
presentar otra petición por los mismos hechos, sin que justifique la existencia de
una razón válida que lo habilite.

2.3. Inconforme con la decisión, el señor García Londoño presentó impugnación. El
3 de abril de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado dictó sentencia de
segunda instancia, mediante la cual aceptó la manifestación de impedimento de la
consejera de estado Nubia Margoth Pecha Garzón y modificó la decisión de primera
instancia, en el sentido de rechazar la acción de tutela por temeridad.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional dejar sin efectos la sentencia del
6 de febrero de 2025 y, en consecuencia, que se ordene a la Sección Quinta del
Consejo de Estado dictar una nueva decisión. Igualmente, pidió que se declare
fundado el Recurso Extraordinario de Revisión identificado con el radicado número
11001-03-15-000-2020- 02925-00 de fecha 20 de agosto de 2021.

3.2. Como fundamento de sus peticiones, el tutelante indicó que “para demostrar la
cosa juzgada fraudulenta en la sentencia judicial tutelada con radicado número
1100103150002025-00007-00, tomará algunos argumentos jurídicos de la siguiente
Sentencia Judicial, proferida por la misma Sección Quinta Accionada en la presente
acción de tutela; por lo importante para resolver de fondo la acción constitucional”.

A partir de esto, adujo que el fraude en una sentencia de tutela se puede presentar
cuando el juez adopta una decisión derivada de una interpretación normativa
abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial, e
indicó que, para el caso particular, dicho fraude existe dado que los magistrados de
la Sección Quinta debieron declararse impedidos por estar incursos en la causal
prevista en el artículo 56.4 del Código de Procedimiento Penal. Explicó que la
referida Sección emitió su opinión sobre la procedencia de la acción de tutela en
contra de la sentencia del 20 de agosto de 2021 al interior de los procesos
constitucionales identificados con los radicados 11001-03-15-000-2023-01080-01 y
11001-03-15-000-2024- 05158-01.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02218-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. El asunto fue asignado por reparto, en primera instancia, al magistrado William
Barrera Muñoz, quien informó estar impedido para conocer del caso, al considerar
que se encontraba incurso en la causal prevista en el artículo 56.4 del Código de
Procedimiento Penal. Mediante auto del 7 de julio de 20252 se declaró fundado el
impedimento.

4.2. En consecuencia, mediante auto el 21 de agosto del año en curso3 se admitió
la acción de tutela y se ordenó la vinculación, como terceros con interés del Consejo
de Estado, Sala Especial de Decisión Número 25, de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN – y de la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación.

4.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A4 presentó informe
en el que indicó que, si bien no dictó la providencia cuestionada, esta sí tiene
relación con la sentencia del 28 de marzo de 2019 mediante la cual se negaron las
pretensiones elevadas en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-03-25-000-2012- 00372-00, en contra de la cual han
cursado otros procesos de tutela.

4.4. El Consejo de Estado, Sección Quinta5 solicitó que se declare improcedente
el amparo, en la medida que se cuestiona una decisión constitucional sin que el
tutelante acredite los supuestos establecidos en la decisión SU-627 de 215. Señaló
que aunque la demandad de tutela aludió a un fraude derivado de una omisión en
manifestar impedimento, lo cierto es que las decisiones adoptadas por la Sección
en los asuntos 11001-03- 15-000-2023-01080-01 y 11001-03-15-000-2024-05185-
01 no fueron objeto de evaluación en el trámite 11001-03-15-000-2025-00007-00,
“razón suficiente para colegir que esta colegiatura no decidió una acción de tutela
contra una decisión de proferida por la misma Sala, que es lo que pretende sustentar
el señor García Londoño”.

4.5. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales6 solicitó que se declare la
improcedencia de las pretensiones, debido a que el actor pretende endilgar una
irregularidad sin fundamento, con el fin de anular la decisión adoptada por los
magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

2 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado núm. 65D6AF63E4484377 B4A79086B2EAA61D
4EA265A7759C790D 6CA43BEFED920AEA
3 Índice 00021 del aplicativo SAMAI, certificado núm. 2158CABA7C151C60 15884675F0DD4217

2C8DB730C1E072B9 730F1B178F071B58
4 Índice 00026 del aplicativo SAMAI, certificado núm. B36112A5C292A318 9C051F48F3C6BDF4

CE4299A4C142069C 57DD902F86C12A9D
5 Índice 00028 del aplicativo SAMAI, certificado núm. 1429E04022765F1C 3A0E61A8B3EC8270

52272D74F41D448C 120719FF6BDDBB48
6 Índice 00029 del aplicativo SAMAI, certificado núm. B535562B4A01C4B0 FB705C73FCD40C9C

BB949B3583C1AEA9 8896F7960D390992
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Accionante: Francisco Javier García Londoño

4.6. Agotado el trámite respectivo, se registró proyecto de fallo de primera instancia
el 3 de septiembre de 20257.

4.7. El 14 de octubre de 2025, el magistrado Nicolás Yepes Corrales presentó
escrito8, en el que manifestó estar impedido para el estudio de la referida decisión,
con fundamento en la causal establecida en el artículo 56.4 del Código
Procedimiento Penal.

4.8. Mediante auto del 22 de octubre de 20259 se declaró fundada la referida
manifestación, y se ordenó a la Secretaría General de la Corporación realizar el
sorteo de conjueces externos.

4.9. En cumplimiento a lo anterior y conforme al acta del 29 de octubre de 2025 10,
se designó como conjueces para conocer del trámite de tutela a los doctores Luis
Hernando Parra Nieto y Fabricio Mantilla Espinosa. La comunicación respectiva se
remitió el mismo día.

4.10. Finalmente, el 30 de octubre del año en curso el expediente ingresó al
despacho de la magistrada ponente para impartir el trámite respectivo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
Francisco Javier García Londoño, al ser el titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados, dado que actuó como accionante en el trámite de tutela identificado con
radicado número 11001-03-15- 000-2025-00007-00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, puesto que actuó como juez de primera instancia
dentro de la referida acción de tutela y son sus decisiones a las que la parte
accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

7 Índice 00032 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 00033 del aplicativo SAMAI, certificado núm. 7D6683ADB6CDE995 4630BDC81F19578F
4E85345C863A99E7 C3B32BC5CC959972
9 Índice 00036 del aplicativo SAMAI, certificado núm. 512329B6B596E18F EBAC16940D89D6B7

DA75FE5B76DA64AD 7C230ECB71772657
10 Índice 00040 del aplicativo SAMAI, certificado núm. 9FD044CCEFD3D794 68DFEB9C231F38D9

9DD04B58DD05F20D E3A86564C88B1736
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Accionante: Francisco Javier García Londoño

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra una
providencia de la misma naturaleza.

En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela12 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
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Accionante: Francisco Javier García Londoño

cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones de la
misma naturaleza

La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015 unificó la jurisprudencia al
respecto y, estableció que, por regla general el mecanismo constitucional es
improcedente para tal fin15, no obstante, admitió una forma excepcional de
procedencia cuando “(i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la
cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v)
no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”.

En relación con la cosa juzgada fraudulenta (condición sine qua non para estudiar
una tutela impetrada en contra de otra), la decisión de unificación realizó las
siguientes consideraciones:

“(…) 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la
regla de que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser
absoluta. El principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos
absolutos, pues en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio
el principio de fraus omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio
de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la presunción de
legalidad y acierto que tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga
decir, en su parte resolutiva, es posible distinguir dos partes constitutivas: “(i)
la decisión de amparo y (ii) la orden específica y necesaria para garantizar el
goce del derecho protegido”. Respecto de la decisión, “el principio de cosa
juzgada se aplica en términos absolutos conforme a la inimpugnabilidad que
la caracteriza”, mientras que, respecto de la orden, “se ha dicho que puede
ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”. En este
contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con
todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude
es cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este
fundamento, al constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela
que no fue objeto de revisión, para evitar que esta se materialice, este
tribunal advirtió que si bien “no puede revocar esa providencia, lo que
implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y transgredir las
consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de revisión en esta
Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104 de 2007,
“hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico,

14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15 También indicó que, “esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la

Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo
procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional”.

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respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación
en el precepto fraus omnia corrumpit”

(…)
4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró
la procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de
detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de
una orden proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó
que la cosa juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino
un medio para alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las
instituciones del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción
de los valores democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de
un orden justo, no pueden permitir que se consoliden situaciones espurias16,
bajo el argumento de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando
las mismas son producto de la cosa juzgada fraudulenta (…)”.

En la referida decisión, el alto tribunal constitucional también estableció la
posibilidad de promover la solicitud de amparo en contra de las actuaciones de los
jueces de tutela, anteriores o posteriores a la sentencia, bajo los siguientes
lineamientos:

“(…) 4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste
en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la
acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un
derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente
de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional. (…)”

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no supera la regla general
que permite la interposición de una acción de tutela contra otra sentencia de la
misma naturaleza, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que el actor cuestionó, en esencia,
que el fallo del 6 de febrero de 2025 incurrió en fraude debido a que los magistrados
de la Sección Quinta del Consejo de Estado no se manifestaron impedidos, pese a
que habían emitido su opinión en otros dos asuntos constitucionales en los que
evaluó la legalidad de la sentencia del 20 de agosto de 2021 que declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión.

16 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

5.2. En ese contexto, se tiene que, en sentencia T-322 de 2019, la Corte
Constitucional precisó que para tener como probada la existencia de una situación
fraudulenta en la expedición de un fallo de tutela, se requiere la concurrencia de
condiciones como:

Actuación prima fase dolosa o gravemente culposa, que se puede reflejar en i) la
decisión de autoridad competente en la que se declare la conducta dolosa del juez,
ii) la apertura de investigaciones disciplinarias o penales acerca de la configuración
de un delito; y iii) la materialización del dolo en la sentencia judicial.

Desviación judicial evidentemente incorrecta, que puede fundamentarse en
situaciones como i) la existencia de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe o; ii) la afectación al
patrimonio público.

Indicios de la existencia de la situación de fraude, a partir de eventos como i)
evidencia de que el fallo de tutela fue proferido sin que se verificaran las condiciones
de procedibilidad de este mecanismo excepcional; ii) ausencia de certeza del
derecho reconocido; iii) protección de un elevado número de peticionarios, cuya
situación individual no alcanza a ser debidamente examinada dentro del término de
diez (10) días del que dispone el juez para decidir; iv) cuando se presenta acción de
tutela contra una entidad que, por estar sumida en un estado de cosas
inconstitucional, presenta una limitada capacidad para ofrecer respuesta oportuna
a las demandas de sus afiliados y beneficiarios; v) el cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias descritas amenaza el goce efectivo de derechos
fundamentales de terceros; y vi) el cumplimiento del fallo de tutela proferido en las
circunstancias descritas amenaza el goce efectivo de derechos fundamentales de
terceros

5.3. En atención a lo anterior, la Sala concluye que la parte actora no demostró la
condición fraus omnia corrumpit, teniendo en cuenta que en la solicitud de amparo
el tutelante no aportó elementos que evidencien una actuación fraudulenta, dolosa
o contraria a la lealtad y la buena fe que haya incidido en el sentido del fallo.

En efecto, la solicitud de tutela se limita a señalar -de manera reiterativa- que los
magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado debieron manifestarse
impedidos para conocer la acción de tutela identificada con el número de radicado
11001-03-15-000-2025-00007-00, pero no explica la forma en que dicha omisión
constituye un verdadero fraude bajo la égida de los criterios de unificación citados
en precedencia.

Por tanto, los fundamentos de la solicitud de amparo no contienen la carga
argumentativa que demuestre la configuración de la cosa juzgada fraudulenta, o que
la parte accionada haya incurrido en conductas con propósitos ilegales o dolosos
que atenten en contra de la administración de justicia con la consecuente lesión a

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

las garantías fundamentales de la parte actora, sino que versó sobre la
inconformidad del actor sobre la decisión adoptada por la referida autoridad judicial.

5.4. En consecuencia, la Subsección advierte que la acción de tutela resulta
improcedente debido a que no se cumplen los supuestos que lo habilitan para hacer
uso del mecanismo para cuestionar una decisión de la misma naturaleza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
Francisco Javier García Londoño en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS HERNANDO PARRA NIETO
Conjuez

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FABRICIO MANTILLA ESPINOSA
Conjuez

SFGS

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