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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02892-00

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02892-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02892-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02892-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Francisco Javier García Londoño
contra la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 15 de abril de 20262, la parte interesada interpuso acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al juez natural, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva, al ejercicio de un cargo de carrera administrativa en la DIAN
y a la dignidad humana, los cuales consideró vulnerados por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, en razón de las
decisiones adoptadas dentro de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-
2026-00456-00, consistentes en el auto del 20 de febrero de 2026, mediante el cual
se rechazó por temeridad la solicitud de amparo, así como la providencia del 9 de
abril de 2026, que declaró fundados los impedimentos manifestados por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

2. Hechos

2.1. Francisco Javier García Londoño interpuso acción de tutela3 contra la
providencia del 17 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro de la solicitud de amparo con radicado

1 Obra en el certificado 056F52C40DB08930 D0902937A09044F0 0EF4455FCBC53451 514997DC9749674A,

índice 2.
2 Obra en el certificado BC4D1D294A37FA5E CB91FBC37152C350 28693140923B7ABA
0A00B8A1B6CE5C3A, índice 2.
3 Obra en el certificado 7C087462E7D9CA24 754B3E20B7742615 BEAFC48914653DDA
48CB777063E71FB7, índice 2 del expediente 11001031500020260045600.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02892-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

11001-03-15-000-2025-05675-00, por considerar que mediante dicha decisión se
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al juez natural, a la
imparcialidad judicial, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la
administración de justicia.

2.2. El asunto fue repartido inicialmente el 27 de enero de 2026 4 al despacho de la
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo; sin embargo, ella, junto con los demás
consejeros que integran la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, manifestó su impedimento para conocerlo5.

2.3. Así, luego de efectuado el correspondiente sorteo6, mediante auto del 20 de
febrero de 20267, el despacho de la conjuez María Andrea Calero Tafur rechazó por
temeridad la solicitud de amparo.

2.4. Posteriormente, dicha providencia fue dejada sin efectos el 19 de marzo de
20268, con fundamento en que se encontraba pendiente la decisión definitiva sobre
los impedimentos manifestados por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación.

2.5. Como consecuencia, mediante proveído del 9 de abril de 2026 9 se declararon
fundados los impedimentos manifestados por los magistrados de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

2.6. De esta manera, se profirió la decisión del 22 de abril de 2026 10 que rechazó
por temeridad la solicitud de amparo.

2.7. La anterior providencia fue controvertida mediante impugnación11 presentada
por la parte demandante. Concedido el recurso mediante proveído del 5 de mayo

4 Según el índice 3, ibid.
5 Obra en el certificado F6CB90206151D55C ADA481EB00B83C28 49D80FB99E29E9B4
6645B0BA8DB9672B, índice 4, ibid.
6 Obra en el índice 8, ibid.
7 Obra en el certificado 311A3D61F0A99EA2 19F0349E526B338D C2C1073C2F5A8184 F4A55437324F2AF5,

índice 12, ibid.
8 Obra en el certificado CE4F3417FF2B78F1 0D5614ED7C74D51A 0B681809A4AB7514 5990F905627DD243,

índice 23, ibid.
9 Obra en el certificado A55A647E1184102D 0522D5B362D85189 12A9456382C8648F 81D71839DD6C2C62,

índice 28, ibid.
10 Obra en el certificado 46E878771227FCAE 232F096D010C4BC8 E7D136E80C5594EF
9AC70D55DFD860C9, índice 33, ibid.
11 Obra en el certificado 9E8EE1D059E8912A B58A5242DB2BE500 23F53DFD8ED130E0
80E8750B4AE670A7, índice 38, ibid.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02892-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de 202612, el 14 de mayo siguiente13 el asunto fue repartido para su correspondiente
trámite de segunda instancia a la Sección Primera del Consejo de Estado.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora sostuvo que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las
siguientes razones:

3.1. Informó que en ocasiones anteriores había ejercido otras acciones
constitucionales relacionadas con el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 11001-03-25-000-2012-00372-00 y con el
recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2020-02925-00; no obstante,
sostuvo que en el presente asunto no se configuró cosa juzgada ni temeridad, en la
medida en que la actuación que denunció como vulneradora de sus derechos
fundamentales fue la decisión adoptada el 20 de febrero de 2026, mediante la cual
se rechazó la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00456-00.

3.2. En el mismo sentido, censuró que el auto del 9 de abril de 2026 no hubiera sido
suscrito por la conjuez ponente, así como que en el orden del día de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no se evidenciara convocatoria alguna para el
estudio y aprobación del proyecto de auto.

3.3. Así, sostuvo que se configuraron un defecto orgánico, una violación directa de
la Constitución y un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida
en que no existía identidad de partes con la solicitud de amparo identificada con el
radicado 11001-03-15-000-2025-05675-00 y los conjueces sorteados en el presente
asunto habían sido designados para resolver el impedimento manifestado por los
magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mas no para rechazar la demanda de tutela.

3.4. Sumado a lo anterior, sostuvo que solo a partir de la interposición de la
impugnación contra el auto del 20 de febrero de 2026 la ponente advirtió el error en
que había incurrido y dejó sin efectos dicha providencia mediante decisión del 19
de marzo de 2026.

12 Obra en el certificado CE6A47DA4DE269BD 73BAC86BAB547BE7 79792DA733BF319E
37BAA369244FE96A, índice 40, ibid.
13 Obra en el índice 3 del expediente 11001031500020260045601.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02892-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN SEGUNDA SALA DE CONJUECES
DEL CONSEJO DE ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA
EXTEMPORÁNEAMENTE O LO RINDA DE MANERA FORMAL Y NO DE
FONDO, SE DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 20 DEL
DECRETO 2591 DE 1991.

2. QUE CON FUNDAMENTO EN LA SENTENCIA CON EFECTOS ERGA
OMNES C-328 DE 2014 PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
EN LA CUAL SE SEÑALA LA GARANTÍA FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO Y AL JUEZ NATURAL, SE PROFIERA EL FALLO JUDICIAL.

3.QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE PROFIERA UNA
SENTENCIA JUDICIAL, EN LA CUAL TENIENDO EN CUENTA LOS
ARGUMENTOS JURÍDICOS PLANTEADOS EN EL ESCRITO DE ACCIÓN DE
TUTELA, SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS
COMO VULNERADOS POR LA SECCIÓN SEGUNDA SALA DE CONJUECES
DEL CONSEJO DE ESTADO CON RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2026-
00456-00: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ NATURAL. II)
DERECHO A LA IGUALDAD. III) DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. IV)
DERECHO A EJERCER CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA
DIAN. Y V) DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA.

4. QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE TOMEN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS
CON EL OBJETO DE QUE SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA
TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES.”14.

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 17 de abril de 202615, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandada, a la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado16.

5.2. La conjuez María Andrea Calero Tafur17 consideró que la demanda de tutela
resultaba improcedente, en la medida en que el auto del 9 de abril de 2026, al
pronunciarse sobre una manifestación conjunta de impedimento, constituyó una

14 Folios 21 – 22 del certificado 056F52C40DB08930 D0902937A09044F0 0EF4455FCBC53451
514997DC9749674A, índice 2.
15 Obra en el certificado F4A22A511FE7AB96 AF90A4CE51DBCBD2 1B2F97A302C86117
A58CEA92732A5E08, índice 4.
16 Los soportes de notificación obran en el índice 7.
17 Obra en el certificado 524F27C278319997 7A797A0DA8C0D54B 310DBECF774C1DB5
8E515619B2239CB9, índice 8.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02892-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

decisión de carácter procesal que carece de la vocación de causar un perjuicio
irremediable.

Adicionalmente, sostuvo que no se satisfizo el requisito de subsidiariedad, dado
que, al momento de la presentación de la acción de tutela, el interesado contaba
con la posibilidad de interponer impugnación contra el auto del 22 de abril de 2026,
la cual efectivamente ejerció, lo que dio lugar a un trámite simultáneo al presente
asunto. Asimismo, precisó que en dicha providencia se ordenó remitir el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, mecanismo que constituye la vía
ordinaria para salvaguardar los intereses del actor.

En lo relativo a la supuesta ausencia de firma, explicó que el archivo que contenía
el auto del 9 de abril de 2026 fue cargado directamente por la conjuez desde su
usuario en Samai, razón por la cual el sistema no generó un campo de firma
adicional, puesto que la autenticidad e integridad del documento quedaron
garantizadas mediante el propio acto de carga. En todo caso, señaló que el texto de
la providencia dejó constancia de que la firma se realizaría de manera electrónica.

Por otro lado, enfatizó que la irregularidad advertida en el auto del 20 de febrero de
2026 fue oportunamente corregida mediante la decisión del 19 de marzo de 2026,
luego de haberse examinado los planteamientos expuestos por el actor en la
primera impugnación.

Finalmente, expuso que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en fallo del 17 de octubre de 2025, proferido dentro del radicado 11001-03-
15-000-2025-05675-00, instruyó expresamente a todos los despachos de la
corporación para que, frente a futuras solicitudes de amparo presentadas por el
actor, se valorara la posibilidad de rechazar de plano aquellas en las que se
advirtiera la existencia de una triple identidad procesal. En ese sentido, sostuvo que
el auto del 22 de abril de 2026 constituyó la materialización de dicha instrucción,
toda vez que, pese al cambio del sujeto accionado, se concluyó que existía identidad
material entre la solicitud de amparo a su cargo y otras previamente promovidas por
el mismo ciudadano.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02892-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Francisco
Javier García Londoño en contra de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. Cuestión Previa

De conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005, por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para confutar
sentencias dictadas en el marco del proceso constitucional definido en el artículo 86
de la norma superior.

El aludido tribunal determinó, también, la procedencia excepcional del amparo en
contra de actuaciones realizadas en el marco de un trámite constitucional igual; para
lo cual manifestó que ello quedará sujeto a la emisión de la sentencia. Sobre el
particular, explicó que si la actuación atacada es previa al fallo, consiste en la
omisión de notificación o vinculación de un tercero y se cumplen los requisitos
generales, la tutela será procedente18; por su parte, si se trata de una circunstancia
posterior y esta tiene relación con el fallo constitucional, no procede, salvo que se
discuta la vulneración de un derecho fundamental derivado del incidente de
desacato, caso en el que será viable siempre que se cumplan los presupuestos
genéricos19.

18 Corte Constitucional, SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
19 Ibídem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02892-00
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Así, dado que la presunta vulneración de derechos fundamentales fue imputada a
los autos del 20 de febrero de 2026 y del 9 de abril de 2026, y no a un fallo de tutela,
la Sala procederá a verificar si se cumplieron o no los requisitos generales de
procedibilidad.

4. La verificación de los requisitos generales de procedibilidad

4.1. La Sala, como parte de su análisis, comienza por enfatizar que, para la fecha
de interposición de la presente solicitud de amparo —15 de abril de 202620—, ya se
encontraba notificado21 el auto del 19 de marzo de 2026, mediante el cual se dejó
sin efectos la providencia del 20 de febrero de 2026 que rechazó la demanda de
tutela, así como el proveído del 9 de abril de 2026, por medio del cual se resolvió el
impedimento conjunto22.

4.2. En ese sentido, frente a los reproches formulados contra la decisión de rechazo
del 20 de febrero de 2026, dado que dicha providencia ya había sido excluida del
ordenamiento jurídico, así como sus efectos, en principio habría de concluirse que
no se cumplió el requisito lógico-jurídico23, en la medida en que no existiría una
acción u omisión a la cual pudiera imputarse la vulneración de derechos
fundamentales

4.3. Sin embargo, dadas las actuaciones posteriores en el trámite de tutela
analizado, resulta necesario destacar que la Corte Constitucional, en repetidas
ocasiones24, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando,

20 Obra en el certificado BC4D1D294A37FA5E CB91FBC37152C350 28693140923B7ABA
0A00B8A1B6CE5C3A, índice 2.
21 Los soportes de notificación obran en el índice 26 del expediente 11001031500020260045600.
22 Los soportes de notificación obran en el índice 31, ibid.
23 La Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela fue estatuida por el constituyente de 1991 con el

objeto de ser un mecanismo de protección inmediato, efectivo, concreto y subsidiario de los derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 1º
del Decreto 2591 de 1991. Esta protección “consistirá en una orden para que aqu[e]l respecto de quien se
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”.
En esa medida, ha señalado la Alta Corte que, en atención a una interpretación sistemática de la Carta Política
y de los artículos 5º y 6º del referido decreto, el “amparo constitucional se torna improcedente, entre otras
causas, cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la
supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión”23. Lo anterior, en tanto “(…) para
que la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las
acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”, ya que “sin la
existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u
omisiva de la cual proteger al interesado (…)”.
Así las cosas, ante la ausencia del requisito lógico-jurídico esencial, como lo es la existencia de una acción u
omisión respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos fundamentales, el
mecanismo tuitivo resulta improcedente.
24 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02892-00
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frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida
por el juez se torna inane. Específicamente, esta figura ocurre cuando se presenta
un daño consumado25, un hecho superado26 o una situación sobreviniente27.

4.3.1. En el caso concreto, el tutelante imputó la vulneración de su derecho
fundamental a las providencias del 20 de febrero de 2026 y del 9 de abril de 2026.
Así, en lo que respecta específicamente a la decisión que rechazó su demanda de
tutela, se advierte que, durante el trámite de la presente solicitud de amparo y en el
curso del litigio examinado, se profirió el auto del 22 de abril de 2026, mediante el
cual, una vez subsanado el yerro procesal advertido, se rechazó nuevamente la
demanda28. Esta circunstancia pone de manifiesto que la decisión judicial del 20 de
febrero de 2026 ya había sido dejada sin efectos y, por ende, carecía de la
virtualidad de generar algún tipo de afectación a las prerrogativas del actor.

4.3.2. En ese sentido, resulta claro que se configuró una situación sobreviniente que
impide a este juez constitucional impartir una orden encaminada a salvaguardar los
derechos fundamentales del tutelante, en tanto dicha medida resultaría inocua. Ello
obedece a que, si bien la actuación señalada como origen de la presunta
vulneración de las garantías superiores dejó de existir en el ordenamiento jurídico,
con posterioridad el juez natural del asunto profirió otra decisión de naturaleza
similar que no fue controvertida a través del escrito introductorio objeto de examen.

25 Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que

el juez no puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se
consume el peligro. Sobre el asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
M.P. Alexei Julio Estrada.
26 Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como

consecuencia del obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el
accionante. Se configura si se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la
afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho
fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los casos en que cesó la vulneración de
derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio),
T021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre
otras. En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece
“[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes”.
27 Se evidencia en aquellos casos en que, sin que haya una actuación previa de la accionada, la protección

solicitada no se hace relevante, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o porque
la nueva situación no da lugar a conceder el derecho. La Corte empezó a diferenciar, a través de su
jurisprudencia, una tercera modalidad de carencia actual de objeto, cuando acaece un hecho posterior a la
demanda. Por ejemplo, las sentencias T-988 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010
(M.P Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (M.P. Alberto
Rojas Ríos), entre otras.
28 Obra en el certificado 46E878771227FCAE 232F096D010C4BC8 E7D136E80C5594EF
9AC70D55DFD860C9, índice 33 del expediente 11001031500020260045600.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02892-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.3.3. A modo de conclusión, respecto de los reproches formulados contra el auto
del 20 de febrero de 2026, a esta Sala le corresponde declarar la carencia actual de
objeto por situación sobreviniente.

4.4. Por otro lado, se advierte que el tutelante también formuló argumentos
relacionados con la presunta vulneración de sus derechos fundamentales derivada
de la providencia del 9 de abril de 2026, mediante la cual se declaró fundado el
impedimento conjunto manifestado por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

4.4.1. Frente a este punto, la Sala observa que el trámite de tutela identificado con
el radicado 11001-03-15-000-2026-00456-00 no ha finalizado, dado que, con
posterioridad al proveído del 9 de abril de 2026, se profirió la decisión del 22 de abril
de 202629, la cual fue impugnada por el actor30. Dicho recurso fue concedido el 5 de
mayo de 202631 y, a la fecha, se encuentra pendiente de surtir el trámite
correspondiente en segunda instancia32.

4.4.2. Así, resulta claro que la demanda tuitiva tampoco cumplió el requisito de
subsidiariedad33, toda vez que, si la parte actora consideraba que existió alguna
irregularidad en el trámite del impedimento conjunto, contaba con el recurso de
impugnación o, incluso, con la posibilidad de proponer una nulidad en sede de tutela
para salvaguardar sus intereses, pues estos constituyen los medios ordinarios
idóneos para tal efecto. En ese sentido, dado que el mecanismo constitucional
examinado aún se encuentra pendiente de surtir el trámite de segunda instancia,
debe concluirse que la presente solicitud de amparo se utilizó como un mecanismo
paralelo a la acción de tutela ya examinada.

4.4.3. Finalmente, pese a los argumentos expuestos en la demanda tuitiva, no se
logró demostrar la configuración de un perjuicio irremediable ni la falta de idoneidad

29 Obra en el certificado 46E878771227FCAE 232F096D010C4BC8 E7D136E80C5594EF
9AC70D55DFD860C9, índice 33, ibid.
30 Obra en el certificado 9E8EE1D059E8912A B58A5242DB2BE500 23F53DFD8ED130E0
80E8750B4AE670A7, índice 28, ibid.
31 Obra en el certificado CE6A47DA4DE269BD 73BAC86BAB547BE7 79792DA733BF319E
37BAA369244FE96A, índice 40, ibid.
32 Obra en el índice 3 del expediente 11001031500020260045601.
33 El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la acción de tutela resulta

procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo procede de forma excepcional (i) cuando a pesar de
existir otros mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales o
(ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable. En el primero de los casos, la orden
de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02892-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto en favor del ciudadano
dentro del trámite de la tutela primigenia.

4.5. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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