Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01127-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01127-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01127-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
Demandante: María Elena Páez Ortiz
Demandada: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Tema: Marco normativo aplicable a la vinculación de los
supernumerarios. Retiro del servicio automático por
vencimiento del plazo señalado en el acto administrativo de
vinculación. / Falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad con relación a las pretensiones de declaratoria
de existencia de relación laboral encubierta por falta de
reclamación administrativa previa. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la
sentencia proferida el veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora María Elena Páez Ortiz instauró demanda en contra del Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio No. S1405-002468 del 9 de mayo de 2014,
por medio del cual el Director General del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
dio respuesta a la petición radicada bajo el número E1404-004548 del 29 de abril
de 2014, resolviendo la “solicitud de reintegro”.
A título de restablecimiento del derecho solicitó, como pretensiones principales,
que se declare que fue despedida encontrándose en estado de debilidad
manifiesta y en estado laboral reforzado. Que se reintegre a un cargo igual o
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superior al que venía desempeñando en la planta de cargos y de personal de
confección de la entidad demandada.
Que se reconozca y pague la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997.
Que se reconozcan y paguen los salarios dejados de percibir desde el 1° de enero
de 2014 y hasta el 30 de junio de 2014 y desde el 1° de julio de 2014 y hasta que
se efectúe el reintegro.
Que se consignen al fondo de cesantías los dineros causados entre el 16 de
febrero de 2005 y el 31 de diciembre de 2013; que se cancele las primas de
servicios generadas entre el 14 de abril de 2004 y el 31 de diciembre de 2013 y la
prima de servicios devengada entre el 1° de enero de 2014 y el 30 de junio de
2014.
Que se reconozca y pague la indemnización moratoria establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2005 y hasta que se haga
efectivo el pago.
Que se giren al fondo de pensiones los aportes correspondientes a los meses de
enero de 2014 y los que se causen hasta que se haga efectivo el reintegro.
Como pretensiones subsidiarias, solicitó declarar la existencia del contrato
realidad; que se ordene el reintegro a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando en la planta de cargos y de personal de confección de la
accionada; y el reconocimiento de los salarios, las cesantías, las primas de
servicios y la indemnización moratoria.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que se vinculó el 19 de abril de 2004 al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, en
calidad de supernumeraria.
Que, en lo sucesivo, las demás vinculaciones se dieron así: del 19/04/2004 al
18/12/2004; del 19/12/2004 al 31/12/2004; del 01/02/2005 al 30/06/2005; del
01/07/2005 al 30/09/2005; del 01/10/2005 al 30/10/2005; del 31/10/2005 al
15/12/2005; del 16/12/2005 al 30/12/2005; del 23/01/2006 al 30/12/2006; del
01/02/2007 al 31/10/2007; del 04/02/2008 al 15/12/2008; del 16/12/2008 al
23/12/2008; del 24/12/2008 al 31/12/2008; del 01/02/2009 al 30/09/2009; del
01/10/2009 al 31/12/2009; del 01/02/2010 al 31/12/2010; del 01/02/2011 al
31/12/2011; del 01/02/2012 al 31/12/2012; del 21/01/2013 al 20/04/2013; del
21/04/2013 al 20/07/2013; y del 21/07/2013 al 31/12/2013.
Que desde el 2009, comenzó a presentar patologías asociadas a dolores en sus
manos, como consecuencia del trabajo que desempeñaba para la entidad
demandada.
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Que la accionada no le renovó “el contrato” tras argumentar que el mismo finalizó
el 31 de diciembre de 2013, aun cuando conocía la patología que presentaba.
Que el 29 de abril de 2014, presentó petición en la que solicitó el reintegro, la cual
le fue negada mediante el Oficio No. S1405-002468 del 9 de mayo de 2014.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 25 y 53 de la Constitución Política;
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; y el Decreto 1042 de 1978.
En el concepto de violación se indicó que el acto demandado fue expedido con
falsa motivación porque el argumento para dar por terminada la relación laboral
consistió en la finalización del “contrato”, cuando lo cierto es que la entidad
accionada conocía la patología que sufría, la cual disminuía su capacidad laboral
y nivel de vida.
Que la demandada tenía pleno conocimiento de la limitación física que padecía,
por lo que se presume que la desvinculación fue por estas razones y no por la
finalización de la relación laboral.
Que el acto cuya nulidad se solicita también se expidió con desviación de las
atribuciones propias de quien las profirió. Que se dio por la disminución de su
capacidad laboral, fruto de las labores que realizaba al interior de la institución.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se radicó, originalmente, ante los Juzgados Administrativos del
Circuito de Bogotá, quienes por auto del 22 de mayo de 2015 la inadmitieron para
que se adecuara el poder, se estimara razonadamente la cuantía y se ajustara el
concepto de violación 1.
Una vez subsanada, en providencia del 4 de febrero de 2016 se resolvió no avocar
conocimiento del proceso por falta de competencia y se ordenó remitir el
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2, quien por auto del 5 de
abril de 2016 la admitió 3.
El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional no contestó la demanda. El 11 de abril
de 2018 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y se decretaron las
pruebas4. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se dictó sentencia,
que fue apelada en el plazo oportuno por las partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del veinticinco
(25) de marzo de dos mil veintiuno (2021), accedió parcialmente a las pretensiones
tras indicar que la reclamación en vía administrativa no versó sobre la existencia
1 Folios 305-306.
2 Folios 220-222.
3 Folios 227-228.
4 Folios 248-249.
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de un contrato realidad y el consecuente pago de las prestaciones sociales que le
hubiesen correspondido, pues solo se reclamó el reintegro por considerar que
existió un despido injusto por estar en condición de discapacidad.
Que en sede administrativa planteó una controversia respecto del reintegro,
entretanto, la demanda diseñó un juicio atinente al contrato realidad, frente al cual
ya había operado la caducidad de las acciones contenciosas. Que, en todo caso,
la demandada no debería valerse de la figura del supernumerario para contratar a
sus operarios, porque el caso de la actora demostró que su vinculación no fue ni
temporal ni transitoria, pues hubo mínimas interrupciones durante casi 9 años.
Que el efecto de declarar la ocurrencia de una situación anómala en la vinculación
de la accionante no redunda en una orden de reintegro, dado que no es potestad
del juez reemplazar a la Administración en la facultad de nombramiento y remoción
de sus empleados y tampoco podría otorgarse por sentencia judicial la condición
de empleado público.
Que en cuanto a las pretensiones de reconocimiento y pago de prima de
vacaciones y de cesantías durante la vigencia de la relación laboral, se encontró
probada, de oficio, la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa; pero
que de fondo se advertía que cada año se le liquidaban las prestaciones sociales,
sobre lo cual la demandante aportó las pruebas.
Que, frente a la pretensión de despido injusto, se ponía de presente que la
vinculación como supernumeraria fue anómala, porque el Decreto 1042 de 1978
preceptúa que dicha figura está destinada a “suplir las vacancias temporales de
los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones”.
Que era claro que la demandante no se vinculó de forma transitoria al Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, ni desarrolló actividades temporales, ya que el
objeto social de la entidad se relaciona con la prestación de los servicios que
realizaba la actora.
Que también estaba claro que las enfermedades que padece la demandante se
ocasionaron por la labor desarrollada, lo cual se probó con la indemnización que
reconoció la ARL AXA Colpatria.
Que la accionada conocía del proceso de calificación que estaba surtiendo la
actora con su EPS y la ARL, así como las patologías que presentaba, pues dichas
entidades se las pusieron de presente. Que aun cuando la señora Páez Ortiz no
hubiera estado incapacitada o con calificación de invalidez al momento en que su
nombramiento no se prorrogó, pudo demostrarse que el empleador conocía su
estado de salud.
Que se probó que la limitación física de la demandante constituyó un obstáculo
para que se diera su vinculación laboral, lo cual, sumado al hecho de que no se
solicitó autorización previa del Ministerio de Trabajo para tal fin, permitía concluir
que tiene derecho a recibir la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997.
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Que se declaraba, de oficio, la excepción de falta de agotamiento de la vía
gubernativa frente a las pretensiones de declaración de existencia del contrato
realidad, pago de prima de vacaciones y cesantías por el periodo 2004-2013.
Que se declaraba la nulidad parcial del Oficio No. S1405-002468 del 9 de mayo
de 2014, en cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción prevista en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y se condenó al Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional a pagar dicha sanción 5.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que indicó que la ley
no determina el término máximo de vinculación de un supernumerario, pues solo
prescribe que debe establecerse el lapso en el que se prestarán los servicios, lo
cual ha de plasmarse en la resolución que materializa la vinculación.
Que la temporalidad a la que alude la norma sobre los supernumerarios no se
determina por la permanencia en el cargo, sino que depende del servicio, por lo
que puede extenderse en el tiempo hasta que subsistan los motivos de la
vinculación.
Que el vínculo con la demandante finalizó el 31 de diciembre de 2013, ante el
vencimiento del término dispuesto para el desarrollo temporal de sus funciones
mediante Resolución No. 00607 del 12 de julio de 2013, acto por medio del cual
se prorrogó su vinculación inicial, siendo liquidadas la totalidad de las prestaciones
laborales a que tenía derecho.
Que la finalización del vínculo no se dio en razón a las restricciones médicas que
alega la demandante, sino porque desde un comienzo se acordó que la vinculación
era por un término fijo para el cumplimiento de funciones transitorias en la Fábrica
de Confecciones de la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional.
Que ni el término de duración de la designación de la demandante por varios
meses con interrupciones, ni la patología manifestada, fueron los que
determinaron su permanencia, pues la misma obedeció a la finalidad de la
actividad que desarrollaba.
Que hay ineptitud sustancial de la demanda ya que no se demandaron todos los
actos administrativos que dieron origen a la terminación del vínculo, como son las
Resoluciones No. 00094 del 21 de enero de 2013 y 00607 del 12 de julio de 2013,
cuya legalidad no se cuestionó.
Que teniendo en cuenta que las anteriores resoluciones fueron las que pusieron
fin al vínculo contractual, se configuró la caducidad del medio de control.
Que no se identificó ni individualizó plenamente a la accionante, ya que el texto de
la providencia recurrida y las demás actuaciones se refieren a ella como “María
Elena Páez Ortiz”, cuando su nombre, en realidad, se corresponde a María Elena
Páez de Bolívar” 6.
5 Folios 364-373.
6 Folios 393-402.
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La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el
Tribunal desconoció que sus decisiones están sometidas al principio de
inescindibilidad, que implica que las normas bajo las cuales ha de regirse un
asunto concreto deben aplicarse en su integridad, es decir, no pueden dividirse
para resolver con una parte de ellas.
Que, en ese sentido, el juzgador de primera instancia no podía aplicar únicamente
la sanción contenida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 e
inadvertir la nulidad del acto lesivo por medio de la cual se niega la continuidad de
la relación subordinante que ataba a las partes.
Que contraría el principio de legalidad el condenar a la demandada a la sanción
en comento y dejar con plenos efectos jurídicos el acto sobre el cual se sustentó
la acción.
Que por estar plenamente acreditadas las afectaciones a su salud, lo cual dio
origen a la terminación del vínculo, debe resarcirse el daño regresando las cosas
al estado anterior previo a la vulneración, lo que da lugar a su reintegro.
Que fue errado el razonamiento del juez de primera instancia que lo llevó a concluir
que operó la caducidad, porque su desvinculación ocurrió el 31 de diciembre de
2013 y, a partir de esa fecha, contaba con 3 años para reclamar la protección de
sus derechos.
Que, dentro del término, primero elevó reclamación ante la demandada para,
después, instaurar demanda dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del
acto demandado. Que frente a su caso no operó la prescripción extintiva, ni mucho
menos la caducidad de la acción.
Que, otra de las aristas que se debe abordar es la declaratoria de la prescripción
de los derechos laborales, cuando lo que se debate en el juicio es la existencia de
lo que la jurisprudencia y doctrina ha denominado como “contrato realidad” 7.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 26 de octubre de 2021 se admitió el recurso de apelación y se
dispuso que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar
sentencia, salvo que las partes presentaran solicitudes probatorias, y se advirtió
que el Ministerio Público podría conceptuar hasta antes que el proceso ingresara
para fallo8.
Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público rindió concepto en
el que manifestó que debía confirmarse el fallo recurrido porque, al acreditarse la
patología y el incumplimiento de la formalidad de la autorización ministerial, se
configuró el supuesto de hecho de la disposición concebida en el inciso tercero del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por lo que el acto administrativo que denegó la
indemnización derivó nulo por desviación de poder.
7 Folios 379-383.
8 Índice 3 de SAMAI.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
Que la improrrogabilidad de la vinculación sí ocurrió por la patología médica de la
demandante, lo cual estriba en el displicente trato dispensado a la labor ejecutada
por la EPS y ARL a las que esta se hallaba afiliada, cuyo deteriorado estado de
salud, producido a consecuencia de las tareas de operaria de confección, se le
puso oportunamente en conocimiento, sin que de esa situación se hubiere
apersonado debidamente, como quedó establecido.
Que para el 2013, la entidad accionada conocía de fuente oficial fidedigna de la
patología de síndrome de túnel carpiano que soportaba su operaria, por lo que la
actitud asumida de no prestarle atención suficiente y coherente a las
recomendaciones y requerimientos de la EPS y ARL, configuran la realidad de la
improrrogabilidad de la vinculación de la que venía siendo objeto desde más de 8
años.
Que el procedimiento administrativo solo tuvo idóneo desarrollo tratándose del
pedimento de la sanción indemnizatoria consecuencial a la incapacidad de la
demandante, pero no hubo agotamiento en referencia con la pretensión del
contrato realidad 9.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
De conformidad con los recursos de apelación interpuestos, los problemas
jurídicos que deberá resolver la Sala consisten en determinar: i) cuál es el acto
administrativo enjuiciable ii) si se encuentra plenamente identificada la accionante
iii) si el retiro del servicio no se debió al estado de incapacidad de la actora, sino a
la finalización del periodo pactado para el cumplimiento de funciones transitorias
en la Fábrica de Confecciones de la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional,
iv) si debe revocarse el fallo de primera instancia para, en su lugar, acceder a la
solicitud de reintegro de la demandante; v) si se debió emitir pronunciamiento de
fondo frente a las pretensiones de declaración de existencia del “contrato realidad”.
Marco normativo aplicable a la vinculación de los supernumerarios
La Constitución Política determinó, en el artículo 125, la posibilidad con la que
cuenta la Administración para vincular el personal supernumerario, señalando lo
siguiente:
“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son
de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento
y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
[…]” (subrayas fuera de texto).
El Congreso de la República profirió la Ley 5ª de 1978, por medio de la cual confirió
al presidente facultades extraordinarias para modificar escalas de remuneración,
revisar los sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y dictar otras
disposiciones en materia de administración de personal; y con fundamento en esas
se expidió el Decreto 1042 de 1978 que, en su artículo 83, dispuso:
9 Índice 8 de SAMAI.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
“ARTICULO 83. DE LOS SUPERNUMERARIOS. Para suplir las vacancias
temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones,
podrá vincularse personal supernumerario.
También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades
de carácter netamente transitorio.
En ningún caso la vinculación de un supernumerario excederá el término
de tres meses, salvo autorización especial del Gobierno cuando se trate de
actividades que por su naturaleza requieran personal transitorio por
períodos superiores.
La remuneración de los supernumerarios se fijará de acuerdo con las
escalas de remuneración establecidas en el presente Decreto, según las
funciones que deban desarrollarse.
Cuando la vinculación de personal supernumerario no exceda el término de
tres meses, no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. Sin
embargo, las entidades deberán suministrar al personal supernumerario
atención médica en caso de enfermedad o accidente de trabajo.
La vinculación de supernumerarios se hará mediante resolución
administrativa en la cual deberá constar expresamente el término durante
el cual se prestarán los servicios y la asignación mensual que vaya a
pagarse” (tachas originales).
Por su parte, el Decreto Ley 2701 de 1988 10, en su artículo 72 estableció con
respecto del personal supernumerario, lo siguiente:
“ARTÍCULO 72. SUPERNUMERARIOS. Para suplir las vacancias
temporales de los empleados públicos y trabajadores oficiales en caso de
licencias o vacaciones, podrá vincularse personal supernumerario.
También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades
de carácter netamente transitorio.
Entiéndese, para los efectos de este artículo, por actividades de carácter
netamente transitorio, las ocasionales relacionadas con las funciones
propias del organismo y que no puedan ser atendidas con personal de
planta.
PARÁGRAFO. En lo concerniente a la vinculación, prestaciones sociales,
requisitos, trámite de autorizaciones y demás aspectos relacionados con
los supernumerarios, se aplicarán las disposiciones vigentes para el resto
de la administración pública nacional”.
Con relación a la imposibilidad de reconocimiento de prestaciones al personal
supernumerario vinculado por un término de tres meses o menos, la Corte
Constitucional declaró inexequible el inciso 5° del artículo 83 del Decreto 1042 de
1978, mediante la Sentencia C-401 de 1998. Ahora bien, al pronunciarse sobre la
vinculación de los empleados supernumerarios, se precisó que:
“[…] 8. Resulta claro que la vinculación de empleados supernumerarios
para llevar a cabo actividades meramente temporales, constituye un modo
excepcional de vinculación laboral con la Administración Pública. Difiere del
contrato de prestación de servicios profesionales por varios conceptos,
especialmente porque en este último, aunque puede haber cierto grado de
sujeción, no se involucra el elemento de subordinación de tipo laboral que
10 Por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las
entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del estado,
adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
se halla presente en el primero, y porque la vinculación de personal
supernumerario se lleva a cabo mediante resolución, en la cual deberá
expresarse el término durante el cual se prestarán los servicios y el salario
que se devengará, que se fijará teniendo en cuenta las escalas de
remuneración establecidas en la ley. Se trata pues de una verdadera
relación laboral regida por normas de derecho administrativo, que en
esencia es temporal.
9. Como estatuto excepcional que es, se desnaturaliza cuando es
empleado para cubrir necesidades distintas de aquellas para las que fue
concebido. De esta manera, cuando la Administración, recurre a esta forma
de vinculación de personal para cubrir necesidades permanentes de
servicio, desconoce de facto los principios de rango constitucional que
gobiernan la carrera administrativa, afectando en primer lugar a los
servidores así vinculados, quienes no verán respetada la garantía de
estabilidad en el cargo, y desconociendo también el derecho de acceso de
los ciudadanos a la Administración Pública, de acuerdo con los méritos y
capacidades de los aspirantes, todo lo cual va en detrimento de los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad y honestidad que, por
mandato superior, deben regir la función pública. […]”11.
De conformidad con la normativa y la jurisprudencia citadas, la vinculación de
personal a través de la figura de supernumerario tiene un carácter netamente
eventual, limitada al término de duración de la vacancia temporal o a la ejecución
de la labor ocasional y transitoria para la cual es requerida. Por consiguiente, los
supernumerarios son auxiliares de la administración que se vinculan por medio de
una resolución para suplir o atender necesidades del servicio o para desarrollar
actividades de carácter netamente transitorio.
También se ha establecido que la terminación de los nombramientos de los
supernumerarios puede ocurrir en dos eventos: i) por terminación del término del
nombramiento y por ii) necesidad del servicio antes de ese término.
Además, debe indicarse que como el principio de la primacía de la realidad sobre
las formas está orientado a determinar si el vínculo de los supernumerarios con la
Administración fue transitorio o permanente, en el caso de que el mismo hubiere
sido permanente y el trabajador padezca ciertas patologías que afecten su
desempeño, el cumplimiento del término para el cual fue vinculado no sería el
verdadero motivo por el cual se terminaría la relación laboral, sino que respondería
a su estado de debilidad manifiesta, lo que significaría la vulneración a la
protección que se le reconoce a los sujetos de especial protección constitucional.
De otro lado se tiene que la protección laboral de las personas con limitaciones
físicas o psíquicas ha sido desarrollada por el legislador a través de la Ley 361 de
199712 y en su artículo 26 se prohibió despedir a sus trabajadores debido a las
discapacidades que puedan sufrir, a menos que obtengan autorización de la
oficina de Trabajo. Esto señala la norma:
“En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para
obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que
se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-401 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón
de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso
anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo
del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen
o aclaren.”
De la reclamación previa ante la administración
El artículo 161 numeral 2 del CPACA 13 establece la decisión previa de la
administración en procura de la protección del debido proceso; y esta
Corporación 14 ha indicado que como presupuesto procesal de la acción
contenciosa administrativa se consagra el agotamiento preliminar de la actuación
administrativa.
También ha expresado el Consejo de Estado:
“El agotamiento de la actuación administrativa constituye un presupuesto
procesal sine qua non para quien pretende acceder a la jurisdicción
contenciosa administrativa con el fin de hacer valer sus derechos, por tanto,
es obligatorio para quien pretenda demandar un acto administrativo en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
agotar la actuación administrativa antes de acceder a la jurisdicción
contenciosa15; dicha reclamación debe tramitarse ante la entidad pública
llamada a reconocer o extinguir el derecho que sea invocado por el
administrado, es decir, aquella entidad que tenga la competencia o atribución
legal para crear o modificar situaciones jurídicas a través de la expedición de
actos administrativos de contenido particular y concreto.
…
En ese orden, hay un indebido agotamiento de la actuación administrativa
cuando se plantean asuntos nuevos que no fueron formulados cuando se
pretendió agotar la actuación administrativa, puesto que, los hechos, cargos
y pretensiones reclamadas para que la administración revise sus decisiones
y subsane las irregularidades en que pudo haber incurrido, imponen el marco
de la demanda, es decir que un punto que no fue discutido ante la
administración, no podrá ser estudiado en sede jurisdiccional, lo que sí se
puede plantear son mejores argumentos jurídicos”16.
Así pues, en los casos en que lo pretendido por el administrado sea que se declare
la existencia de la relación laboral encubierta o subyacente, es necesario que,
dentro de los tres años contados desde la fecha en que finalizó su última
vinculación, presente una petición en ese sentido ante la entidad, para de esta
manera interrumpir el término de prescripción y, a su vez, obtener un acto
administrativo susceptible de control judicial.
13 Artículo 161 numeral 2 del CPACA: 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular
deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio
negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.
14 Ver sentencia 25000-23-27-000-2007-00191-01 (17251).
15 De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de mayo de 2019. Radicado: 15001-23-
33-000-2013-00891-01 (4438-2016).
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
Resolución del caso concreto
Se encuentra debidamente acreditado que la accionante tuvo los siguientes
vínculos laborales con la demandada:
DESDE HASTA RESOLUCIÓN
19 de abril de 2004 18 de diciembre de 2004 Resolución No. 0299 del 19
de abril de 200417
19 de diciembre de 2004 31 de diciembre de 2004 Certificación18
1° de febrero de 2005 30 de junio de 2005 Certificación19
1° de julio de 2005 30 de septiembre de 2005 Certificación20
1° de octubre de 2005 30 de octubre de 2005 Certificación21
31 de octubre de 2005 15 de diciembre de 2005 Certificación22
16 de diciembre de 2005 30 de diciembre de 2005 Certificación23
23 de enero de 2006 30 de diciembre de 2006 Resolución No. 00036 del
20 de enero de 200624
25 de enero de 2007 31 de octubre de 2007 Resolución No. 00041 del
25 de enero de 200725
4 de febrero de 2008 15 de diciembre de 2008 Resolución No. 0047 del 1°
de febrero de 200826
1° de febrero de 2009 31 de diciembre de 2009 Resolución No. 00033 del
30 de enero de 200927
1° de febrero de 2010 31 de diciembre de 2010 Resolución No. 00028 del
22 de enero de 201028
1° de febrero de 2011 31 de diciembre de 2011 Resolución No. 00060 del
31 de enero de 201129
1° de febrero de 2012 31 de diciembre de 2012 Resolución No. 00050 del
30 de enero de 201230
21 de enero de 2013 20 de abril de 2013 Resolución No. 00094 del
21 de enero de 201331
21 de abril de 2013 20 de julio de 2013 Resolución No. 00352 del
17 de abril de 201332
21 de julio de 2013 31 de diciembre de 2013 Resolución No. 00607 del
12 de julio de 201333
También aparece acreditado que el 25 de marzo de 2004, se le practicó a la
demandante examen médico de admisión, el cual certificó que era apta para el
servicio y que no presentaba enfermedad de origen laboral 34.
De la historia clínica allegada pudo verificarse que la señora María Elena Páez
Ortiz presentó síntomas asociados a la patología “Síndrome del Túnel Carpiano”
desde noviembre de 2009 35.
17 Folios 101-107.
18 Folio 34.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Folios 108-125.
25 Folios 126-145.
26 Folios 146-168.
27 Folios 170-171.
28 Folios 172-181.
29 Folios 182-194.
30 Folios 195-202.
31 Folios 203-209.
32 Folios 210-225.
33 Folios 226-236.
34 Folios 5 y 6.
35 Folios 34 s 69.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
Obra prueba de que la EPS Famisanar radicó ante la entidad demandada, el 28
de febrero de 2013, oficio con radicado E1302-002365, solicitando el envío de
cierta documentación para iniciar la calificación de las patologías presentadas por
la demandante 36. Y el 5 de abril de 2013, la ARL AXA Colpatria realizó análisis de
puesto de trabajo 37.
Que, mediante Resolución No. 01908 del 18 de diciembre de 2013, el Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional liquidó, de manera definitiva, las prestaciones
sociales de la accionante 38.
Que, el 27 de enero de 2014, la EPS Famisanar profirió concepto de salud
ocupacional, en el que certificó que las patologías presentadas por la señora Páez
Ortiz tenían origen profesional 39, lo cual fue puesto en conocimiento del Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional 40.
La ARL AXA Colpatria notificó a la entidad accionada, mediante oficio con radicado
E1402-001979 del 24 de febrero de 2014, que las patologías presentadas por la
demandante tenían origen laboral 41.
El 29 de abril de 2014, la accionante radicó petición, en la que solicitó: la ineficacia
del despido, el reintegro, el pago de la sanción prevista en la Ley 361 de 1997, el
pago de los salarios dejados de percibir, el pago de los aportes correspondientes
a seguridad social, el pago de las prestaciones sociales y de las vacaciones que
se causen hasta el reintegro 42.
Por Oficio S1405-002468 del 9 de mayo de 2014, se dio respuesta a la petición
radicada bajo el número E1404-004548 del 29 de abril de 2014, negando lo
solicitado43.
Lo primero que habrá que determinarse es cuál fue el acto administrativo que
definió la situación jurídica de la señora Páez Ortiz, por cuanto para la accionada
debió demandarse todos los actos administrativos que dieron origen a la
terminación del vínculo, esto es, las Resoluciones No. 00094 del 21 de enero de
2013 y 00607 del 12 de julio de 2013.
Es importante recordar que, para el caso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, es relevante identificar la actuación que generó la
lesión alegada sobre el derecho subjetivo que se pretende amparar, para que
pueda válidamente traducirse en un restablecimiento en favor de la parte
demandante, por ello, como se reclama de la entidad demandada la ineficacia del
despido, el reintegro, el pago de la sanción prevista en la Ley 361 de 1997, así
como la cancelación de los emolumentos dejados de percibir, debe demandarse
judicialmente la nulidad del acto administrativo que creó, modificó o extinguió esa
situación jurídica particular.
36 Folios 70-72.
37 Folios 73-75.
38 Folio 100
39 Folios 49-55.
40 Folios 56-57.
41 Folio 85.
42 Folios 210-214.
43 Folios 217-218.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
En efecto, al pretenderse tal restablecimiento del derecho, no puede reclamarse la
nulidad de otro acto administrativo diferente a la declaración de voluntad de la
administración dirigida a producir efectos jurídicos frente a esas solicitudes, en
otras palabas, el Oficio S1405-002468 del 9 de mayo de 2014 -acto demandado-,
fue el que extinguió la situación subjetiva de la cual la demandante ahora pretende
un restablecimiento y es frente a ese acto que se emitirá un pronunciamiento de
fondo.
Adicionalmente, debe hacerse referencia al motivo de apelación de la demandada
en tanto consideró que existe falta de individualización de la demandante, por
cuanto su último apellido no corresponde al de la providencia de primera instancia
ya que el nombre con apellidos correctos es María Elena Páez de Bolívar.
Sobre este punto basta manifestar que en este caso la demanda fue presentada
por la señora María Elena Páez Ortiz identificada con cédula de ciudadanía
51.582.271; que el acto demandado hace referencia a la vinculación laboral que
tuvo el Fondo con la señora María Elena Páez Ortiz y que, si bien es cierto en
algunos de los actos de vinculación se cita el nombre de “María Elena Páez de
Bolívar”, no hay duda de que se trata de la misma persona, por cuanto en ellos se
le identifica con la cédula de ciudadanía 51.582.271, por lo tanto, no existe tal
contradicción.
Ahora, descendiendo al caso concreto, se tiene que la demandante estuvo
vinculada como personal al servicio de los procesos productivos del Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, para desarrollar actividades transitorias en la
Fábrica de Confecciones adscrita a la Subdirección Operativa de la entidad desde
el año 2004 hasta el 2013, para efecto de lo cual se firmaron alrededor de 17
resoluciones por períodos de 3 a 11 meses y con interrupciones no mayores a 3
meses entre dichos vínculos.
Debido a que las vinculaciones con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
fueron por espacio de 9 años, en la sentencia de primera instancia se manifestó
que la demandada no debería valerse de la figura del supernumerario para
contratar a sus operarios, porque en el caso de la actora se demostró que su
vinculación no fue ni temporal ni transitoria, motivo por el cual se configuró una
utilización indebida de la figura de vinculación de personal “temporal”, en calidad
de supernumerario.
La parte demandada insistió en que la ley no determina el término máximo de
vinculación de un supernumerario, pues solo prescribe que debe establecerse el
lapso en el que se prestarán los servicios, lo cual ha de plasmarse en la resolución
que materializa la vinculación.
Para la Sala resulta claro que la vinculación de personal, en calidad de
supernumerario, es una forma excepcional con la que cuenta la Administración
Pública y siempre supone el cumplimiento de labores transitorias, las cuales ha
entendido la norma como las ocasionales relacionadas con las funciones propias
del organismo y que no puedan ser atendidas con personal de planta.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
Se infiere de las resoluciones de vinculación, que a pesar de que las labores
adelantadas por la demandante ocurrieron desde el año 2004 y hasta el 2013, ello
no implicaba que desarrollara funciones permanentes de la entidad. En todos los
actos de vinculación se dejó por sentado que la relación entre las partes obedeció
a estudios de conveniencia y oportunidad en los cuales se justificaba la necesidad
de vincular personal para el servicio de los procesos productivos del Fondo
Rotatorio de la Policía, situación que no fue desvirtuada por la parte demandante.
En esa medida, no le asiste razón al fallador de primera instancia cuando concluyó
que en el caso de la accionante operó la desnaturalización de la relación laboral
en calidad de supernumeraria, pues a pesar de que existió una vinculación
sucesiva por periodos aparentemente transitorios, en los que la actora estuvo
laborando con la entidad como operaria en la elaboración de uniformes para la
Fábrica de Confecciones, sus vinculaciones estuvieron justificadas en las
necesidades del servicio para apoyar los proyectos productivos de la entidad y los
cuales no se podían suplir con su personal de planta.
Visto lo anterior, la demandante laboró como supernumeraria en la entidad,
desempeñando funciones transitorias, lo que trae como consecuencia que no crea
relación definitiva con el Estado y no genera derechos de carrera administrativa.
Luego, vencido el plazo de duración temporal, se extingue la relación con la
administración, sin que pueda exigirse estabilidad laboral alguna o la expedición
de un acto administrativo que ratifique esa situación.
En el último de los vínculos, esto es, el que se dio a través de la Resolución 00607
del 12 de julio de 2013, se dispuso prorrogar la vinculación de la demandante,
hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo que, vencido el término enunciado en
dicho acto, automáticamente quedaría desvinculada.
La parte demandada insistió en que la terminación del vínculo con la entidad, no
se dio debido a las restricciones médicas alegadas por la demandante y que se
encontraron acreditadas en la sentencia de primera instancia, sino porque desde
el principio se acordó que su vinculación era por un periodo fijo, para el
cumplimiento de unas funciones transitorias establecidas en el acto de vinculación.
Al respecto, se advierte que la desvinculación de la demandante obedeció a que
se venció el plazo para el cual había sido vinculada y el hecho de que dentro del
término de vinculación presentara algunos quebrantos de salud, así ello hubiere
quedado acreditado en el proceso, no le otorgaba fuero de estabilidad alguno, ni
obligación a la entidad de contar con la autorización de la oficina del Trabajo
descrita en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en tanto, el retiro del servicio no
obedeció a su estado de salud, sino a que el cargo por ella desempeñado estaba
atado a un plazo fijo desde su creación, por tanto, al vencimiento del término para
el cual fue vinculada, tuvo como consecuencia el retiro automático del servicio.
Ello implica que la estabilidad dependía de la ocurrencia del plazo, tal y como se
señaló en el acto de vinculación, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2013.
Y si bien en el fallo apelado se consideró que la accionada conocía del proceso de
calificación que estaba surtiendo la actora con su EPS y la ARL, así como las
patologías que presentaba, por lo que se debió solicitar autorización previa del
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
Ministerio de Trabajo para su desvinculación, la Subsección considera que dicho
trámite no se debió adelantar, toda vez, que se repite, su relación laboral estaba
sometida a un término de duración definido, vencido el cual automáticamente la
actora quedaba retirada, pues el motivo de su desvinculación, como a bien lo
señaló el acto acusado, no fue otro que el vencimiento del plazo de su vinculación
con la entidad.
En conclusión, no se halla razón para que la demandada hubiera tenido que
requerir del permiso de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 para retirar
del servicio de la demandante y mucho menos aun mantenerla en un empleo
transitorio luego de que se terminara el vínculo prorrogado en la Resolución 00607
del 12 de julio de 2013, esto es, más allá del 31 de diciembre de 2013, aunque en
la entidad se siguiera contratando personal para desarrollar actividades transitorias
propias del Fondo.
Es por lo anterior, que se revocarán los numerales segundo, tercero y cuarto de la
sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones.
Finalmente, debe abordarse el argumento de la parte demandante con relación a
que en este asunto se debate la existencia de lo que la jurisprudencia y doctrina
ha denominado como “contrato realidad”.
Se recuerda que en la demanda se solicitó como pretensión subsidiaria la
declaratoria de existencia del “contrato realidad” entre la demandante y la entidad
demandada y en el fallo de primera instancia, se declaró configurada de oficio la
excepción de “falta de agotamiento de la vía gubernativa” frente a las pretensiones
de existencia de contrato realidad y pago de prima de vacaciones y cesantías por
el período 2004-2013.
Una vez verificados los documentos que se aportaron, se encuentra que
efectivamente no se elevó ante la administración solicitud de reconocimiento de la
existencia de la relación laboral encubierta o subyacente, porque en la solicitud
presentada el 29 de abril de 2014, solamente se pidió el reconocimiento de los
siguientes derechos laborales:
• La ineficacia del despido realizado el 31 de diciembre de 2013.
• Reintegro a un cargo igual o superior al que venía desempeñando.
• Pago de la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 por la
no autorización del Ministerio del Trabajo y de la Protección Social.
• Pago de los salarios dejados de percibir desde el 1º de enero de 2014 hasta
que se realice el reintegro.
• Pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social
integral desde el 1º de enero de 2014 y hasta que se efectúe su reintegro.
• Pago de las prestaciones sociales causados hasta el reintegro.
• Pago de vacaciones causados hasta el reintegro.
• Pago de la indemnización por despido injusto prevista en el artículo 64 del
C.S. del Trabajo inciso 3º por el tiempo que faltara para cumplirse el plazo
estipulado.
Visto lo anterior, es claro que la parte demandante omitió solicitar la declaratoria
de existencia del “contrato realidad” entre la demandante y la entidad demandada,
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
razón por la cual no se puede entender por agotado el requisito de procedibilidad
consagrado en el numeral 2º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 lo que hace
imposible el estudio de las manifestaciones realizadas en la demanda respecto de
ese asunto.
Sin perjuicio de ello, la Sala modificará la sentencia del 25 de marzo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la
excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, para, señalar que la
denominación adecuada de la excepción es la de indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa.
Condena en costas en segunda instancia.
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 44 en el que
se indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la
parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte demandante en sus distintas
intervenciones, no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada
manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera
que no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia del 25 de marzo de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual
se declaró configurada de oficio la excepción de falta de agotamiento de la vía
gubernativa frente a la pretensión de declaración de existencia de contrato
realidad. En su lugar, se declara probada de oficio la excepción de indebido
agotamiento del requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa en lo
que tiene que ver con las pretensiones de declaración de existencia del “contrato
realidad”.
Segundo. REVOCAR los numerales SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de la
sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
44 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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