Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2004-01443-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2004-01443-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-31-000-2004-01443-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Proceso ejecutivo.
Radiación : 08001-23-31-000-2004-01443-02 (2801-2025).
Demandante : Hugo Pacheco Barragán.
Demandado : Área Metropolitana de Barranquilla.
Tema : Resuelve apelación contra sentencia que declaró probada la
excepción de pago respecto de la obligación de hacer y que
ordenó seguir adelante con la ejecución frente a la obligación de
pago.
Decisión : Confirmar la sentencia de primera instancia. La UGPP no
demostró el pago total de la obligación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 31 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante la cual se declaró no probada la excepción de la excepción de pago total de la
obligación y se ordenó seguir adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El demandante promovió demanda ejecutiva con el propósito de obtener el
cumplimiento de la providencia del 2 de febrero de 2023, proferida por el Consejo de
Estado dentro del proceso 08001233100020040144301 (2138-2016), que revocó la
sentencia del 16 de noviembre de 2006 del Tribunal Administrativo del Atlántico y accedió
a las pretensiones de la demanda.
2. En cuanto a las pretensiones, se solicitó que se librara mandamiento de pago por
obligaciones de hacer y de dar consistentes en el reintegro de Hugo Pacheco Barragán
al cargo de jefe de Departamento de Proyectos Metropolitanos, código 280, grado 02, o
a otro de igual o superior jerarquía; y en reconocer y pagar al mismo el equivalente a los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el retiro hasta el reintegro
efectivo. Como estimación del componente dinerario, se pidió librar mandamiento por la
suma de $3.055.162.664, con el reajuste correspondiente.
Radicación: 08001-23-31-000-2004-01443-02 (2801-2025).
Ejecutante: Hugo Pacheco Barragán
Trámite en primera instancia
3. Mediante auto del 25 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico libró
mandamiento ejecutivo a favor de Hugo Pacheco Barragán y en contra del Área
Metropolitana de Barranquilla, por las obligaciones derivadas de la sentencia del 2 de
febrero de 2023 proferida por el Consejo de Estado.
4. En particular, el mandamiento comprendió, la obligación de hacer, consistente en
ordenar el reintegro del ejecutante al cargo de jefe de Departamento de Proyectos
Metropolitanos, código 280, grado 02, o a otro de igual o superior jerarquía, con
conservación de los derechos de carrera administrativa, para lo cual se fijó un plazo
prudencial de diez (10) días contado desde la comunicación de la providencia; y la
obligación de dar, consistente en librar orden de pago por la vía ejecutiva por el
equivalente a los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el retiro hasta
el reintegro efectivo, en los estrictos términos del título judicial.
5. El auto precisó que, para cumplir en su literalidad el título ejecutivo, se requería al
ejecutante para que aportara las certificaciones sobre su vinculación en el sector público
durante el período cobijado por la condena, o, en su defecto, que lo afirmara bajo
gravedad de juramento, en tanto esos elementos inciden en la determinación del monto
a pagar (descuentos ordenados en el fallo).
Contestación de la demanda
6. El Área Metropolitana de Barranquilla se opuso a las pretensiones de la demanda
ejecutiva y formuló las excepciones de pago por cumplimiento de la orden de reintegro,
la de imposibilidad de cumplir con el pago de las sumas de dinero y la innominada o
genérica. En el acápite de hechos, aceptó como ciertos los relacionados con las
providencias judiciales y, en lo sustancial, resaltó que la condena dineraria correspondía
a una suma indeterminada pero determinable, en la medida en que exigía acreditar los
valores percibidos por el ejecutante en el sector público durante el período objeto de la
condena.
7. En cuanto a la excepción de pago, sostuvo que la obligación de hacer ya se encontraba
satisfecha, porque el reintegro se materializó mediante la Resolución 198 del 29 de mayo
de 2025, a través de la cual vinculó a Hugo Pacheco Barragán al empleo de asesor,
código 105, grado 05, en carrera administrativa, cargo que expuso como equivalente
dentro de la planta actual, dado que no existía una vacante idéntica a la denominación
previamente desempeñada.
8. Respecto de la imposibilidad de pago, afirmó que no podía liquidar ni cancelar la
obligación dineraria porque el ejecutante no había cumplido la carga de certificar los
ingresos percibidos en el sector público durante el lapso cobijado por la condena (o, en
su defecto, de afirmarlo bajo juramento), lo que impedía efectuar los descuentos
ordenados en el título judicial y concretar el monto a pagar. De forma adicional, solicitó
declarar la pérdida de intereses, al considerar que la solicitud de cumplimiento no reunió
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los requisitos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 2.8.6.5.1 del Decreto
2469 de 2015, por no allegarse, entre otros, certificación bancaria y poder especial para
el cobro.
II. SENTENCIA APELADA
9. El Tribunal Administrativo del Atlántico, declaró probada la excepción de pago respecto
de la obligación de hacer (reintegro) y ordenó seguir adelante con la ejecución en lo
atinente a la obligación de pagar el equivalente de salarios y prestaciones sociales,
“conforme a las sumas que correspondan a la liquidación del crédito”, para lo cual dispuso
la práctica de la liquidación del crédito en los términos del artículo 446 del CGP.
10. Precisó que la entidad acreditó el cumplimiento de la obligación de hacer y, por esa
razón, tuvo por satisfecha la orden de reintegro. En cambio, rechazó la excepción
denominada “imposibilidad de hacer el pago” por no estar dentro de las excepciones que
contempla el artículo 442 del CGP, y concluyó que, al no estar acreditado el pago de la
obligación dineraria, debía continuar la ejecución para que el monto definitivo se
concretara en la liquidación del crédito; además, advirtió que las medidas cautelares solo
podrían evaluarse una vez se definiera el monto en dicha etapa procesal.
11. Finalmente, condenó en costas a la parte ejecutada, con fundamento en el numeral
8 del artículo 365 del CGP (por remisión del artículo 188 del CPACA), y fijó agencias en
derecho equivalentes al 3% del valor total del crédito que resultara de la liquidación.
III. RECURSO DE APELACIÓN
12. El Área Metropolitana de Barranquilla interpuso recurso de apelación en el que
sostuvo que el a quo desestimó sus planteamientos por un criterio meramente formal, al
concluir que los medios de defensa no estaban enlistados en el numeral 2 del artículo
442 del CGP, sin examinar su contenido material. Para sustentar esa tesis, invocó
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Sala Civil) en la que se admite el estudio
de defensas distintas a las típicamente previstas, cuando buscan desvirtuar la
procedencia de continuar la ejecución.
13. Alegó error en la valoración y rechazo de la excepción de “imposibilidad de pago”.
Expuso que la obligación dineraria no podía considerarse clara, expresa y exigible,
porque el título ordenó descontar lo percibido por el ejecutante en el sector público
durante el período objeto de la condena, y (según afirmó) el demandante no acreditó de
manera completa las vinculaciones ni ingresos, así como tampoco manifestó bajo
juramento que no existieron. En ese sentido, señaló que la falta de esa información
impedía liquidar el crédito y determinarlo, lo que hacía improcedente ordenar seguir
adelante con la ejecución.
14. Reprochó que la sentencia no se pronunciara sobre la petición de pérdida (o
suspensión) de intereses. Indicó que, aunque esa solicitud no se hubiese formulado como
“excepción” en sentido estricto, debía tramitarse y decidirse conjuntamente con las
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excepciones, conforme al artículo 425 del CGP. Insistió, en que en este caso era
procedente declarar la pérdida/suspensión de intereses por “mora del acreedor”, porque
la solicitud de pago no habría cumplido los requisitos del artículo 192 del CPACA y del
artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015, por lo cual solicitó revocar la providencia y
negar seguir adelante la ejecución, al menos en lo relativo a intereses.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
15. Mediante auto proferido el 4 de diciembre de 2025, se admitió el recurso de apelación.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
16. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.
Problema jurídico
17. Corresponde a la Sala determinar si había lugar a rechazar la defensa de
“imposibilidad de pago” y, no obstante la discusión sobre la información necesaria para
efectuar los descuentos ordenados en el título judicial por los ingresos percibidos en el
sector público, ordenar seguir adelante con la ejecución por la obligación dineraria; así
como establecer si la sentencia debía pronunciarse sobre la solicitud de pérdida o
suspensión de intereses formulada por la entidad con fundamento en el artículo 425 del
CGP y en el artículo 192 del CPACA.
Análisis del problema jurídico
18. La Sala confirmará la sentencia apelada. La inconformidad de la entidad no desvirtúa
la procedencia de continuar la ejecución por la obligación dineraria, ni justifica suspender
el trámite hasta que el ejecutante allegue documentos adicionales, toda vez que, lo
discutido concierne a la cuantificación del crédito y no a la existencia del deber de pagar
la obligación, además porque existe una etapa posterior (liquidación del crédito) donde
se establecerá el valor concreto a pagar.
19. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
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Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.1
20. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.
21. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.
22. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino también
los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas del
retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado que el pago
efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce efecto liberatorio
si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no se tiene por
totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.2
23. La entidad apelante insiste en que debe prosperar la excepción de “imposibilidad de
pago”, pues (según expone) no ha podido dar cumplimiento a la obligación por causas
imputables al ejecutante. No obstante, para la Sala, dicho argumento no está llamado a
prosperar. Se recuerda que en los procesos ejecutivos las únicas excepciones que
pueden proponerse son las previstas en el numeral 2 del artículo 442 del Código General
del Proceso.
24. Además, aunque el Tribunal señaló que el título ejecutivo ordenó reconocer y pagar
el equivalente a salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, y dispuso efectuar
los descuentos correspondientes a lo devengado por el ejecutante en el sector público
durante el interregno, tal previsión no eliminó la exigibilidad del crédito. Únicamente
condicionó su liquidación a la depuración de los rubros involucrados, asunto propio de la
etapa de liquidación del crédito, mas no una causa de inexigibilidad o imposibilidad de
pago.
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-
23-42-000-2021-00111-01 (2853-2024)
2 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp. 25000-
23-36-000-2019-00141-02.
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25. La orden de “seguir adelante la ejecución” no significó que el monto ya estuviera
definido o que se ordenara continuar con la ejecución sobre un monto indeterminado. Por
el contrario, la sentencia mantuvo la ejecución para que valor se precisara en la
liquidación, escenario en el que se debatirían, con contradicción, los factores que integran
la condena y los descuentos ordenados por el fallo base. En consecuencia, la alegada
falta de certificaciones completas no impone detener la ejecución, sino conducirla a la
fase procesal destinada a fijar el quantum.
26. De otro lado, la apelación sostuvo que en el expediente solo obraba una certificación
puntual y que el ejecutante no había manifestado que esa fuese su única vinculación,
además de que la solicitud de cumplimiento se encontraba incompleta. Esos
planteamientos no desvirtúan la decisión apelada, pues, para el momento en que se
profirió la sentencia de primera instancia, ese era el material probatorio disponible y
bastaba para descartar la excepción de pago total, en la medida en que no acreditaba la
extinción íntegra de la obligación dineraria. La eventual necesidad de recaudar
información adicional para efectuar con mayor precisión los descuentos ordenados en el
título corresponde a la etapa de liquidación del crédito, en la que podrán decretarse y
aportarse los elementos necesarios para fijar el monto definitivo.
27. En lo relativo a la pérdida o suspensión de intereses, la Sala advierte que la entidad
estructuró su argumento en la “culpa de los demandantes”, por no haber presentado
solicitud de pago con los requisitos del artículo 192 del CPACA y del Decreto 2469 de
2015, y pidió que se decidiera con apoyo en el artículo 425 del CGP.
28. Sin embargo, en este asunto la condena dineraria se tramita como una obligación
determinable que debe concretarse en la liquidación del crédito. Por ello, cualquier
discusión sobre intereses queda unida, de manera necesaria, a la definición judicial del
monto base y a los hitos procesales que marcaran, con precisión, el momento y el alcance
de su causación. Así, la omisión alegada no tiene la entidad de enervar la orden de seguir
adelante con la ejecución, pues lo relativo a intereses debía quedar condicionado a lo
que resultara de la liquidación y a las decisiones que correspondan en esa etapa.
Costas en segunda instancia
29. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
30. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
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Ejecutante: Hugo Pacheco Barragán
31. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
32. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
33. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad ejecutada, por cuanto se negaron
totalmente las peticiones de los respectivos recursos de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la
presente providencia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Radicación: 08001-23-31-000-2004-01443-02 (2801-2025).
Ejecutante: Hugo Pacheco Barragán
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
que integran la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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