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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00111-01

Fecha
6 de agosto de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
30 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00111-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones de «pago» y «compensación», propuestas por la parte ejecutada, se ordenó seguir adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia del dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que ordenó el archivo del expediente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 16 Número Interno: 2853-2024 Demandante: Efraín Olarte Olarte Demandada: Colpensiones

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00111-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 25000-23-42-000-2021-00111-01 (2853-2024)
Demandante : Efraín Olarte Olarte
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones1 (Colpensiones)
Medio de control : Ejecutivo
Tema : Excepción de pago y compensación.
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte ejecutada
en contra de la sentencia del dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones de «pago» y
«compensación» y, se ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda2

1.1.1 Hechos

El demandante solicitó la nulidad del acto administrativo que le negó el reconocimiento
de una pensión bajo el régimen del Decreto 758 de 1990 y, la indexación de su primera
mesada pensional.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 13 de febrero de
2014, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento de la pensión

1
En adelante, Colpensiones.
2
Expediente digital visible en índice 0007 de Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Número Interno: 2853-2024
Demandante: Efraín Olarte Olarte
Demandada: Colpensiones

por aportes en favor del actor. La decisión fue confirmada en su totalidad por el Consejo
de Estado3, en el fallo de segunda instancia proferido el 27 de septiembre de 2018.

Se indica que, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, expidió la
Resolución SUB 32705 del 4 de febrero de 2020, a través de la cual, cumplió los fallos
referidos; sin embargo, en ella se reconoció la pensión del actor omitiendo la inclusión
correcta de la totalidad de los factores salariales que se debieron tener en cuenta, en
atención a la as certificaciones emitidas por las entidades públicas para las que el señor
Olarte Olarte prestó sus servicios, según manifestación de este.

1.1.2 Pretensiones

El señor Efraín Olarte Olarte, a través de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva
con miras a que se diera cabal cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “A”, confirmada por el
Consejo de Estado, y en consecuencia se librara mandamiento de pago en contra de
Colpensiones, por la suma de $171.332.448 a título de capital, por concepto de las
diferencias entre las mesadas pensionales pagadas y las que en derecho le
corresponden y, los intereses moratorios, conforme a lo previsto en el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993.

1.2 Mandamiento ejecutivo de pago4

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
mediante auto del 22 de septiembre de 2020, libró mandamiento de pago en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones; para ello tuvo en cuenta la liquidación
realizada por la contadora de la corporación, mandamiento que se libró en los siguientes
términos:

«PRIMERO. LIBRAR el mandamiento de pago solicitado por el señor EFRAIN OLARTE OLARTE,
contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, por los siguientes
conceptos:

“1. La suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($166.856.759) MCTE, por concepto de

3
Sección Segunda, Subsección B. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
4
Índice 00017 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2

Número Interno: 2853-2024
Demandante: Efraín Olarte Olarte
Demandada: Colpensiones

las diferencias generadas entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2021 entre la mesada
pensional que él fue reconocida y la que le corresponde en cumplimiento de la sentencia.

2. Por las diferencias en las mesadas pensionales que se causen entre el 1º de enero de 2022 y
cuando se dé cumplimiento al fallo judicial.

3. Por los intereses de mora causados sobre las sumas anteriores, advirtiendo que los mismos
estuvieron suspendidos entre el 19 de octubre de 2019 y el 4 de febrero de 2020.

SEGUNDO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES-, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
providencia proceda a cancelar la suma anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431
del Código General del Proceso.

TERCERO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES-, que al momento de contestar a la demanda o acreditar el pago, aporte por medio
digital los soportes documentales de la liquidación con las formulas (sic) utilizadas.»

En la parte considerativa de la providencia se expusieron las razones para librar el
mandamiento de pago en esos términos, precisándose que:

«Así pues, la mesada inicial del actor a 1 de junio de 2011 ha debido ser de $2.109.736 y
COLPENSIONES en la Resolución SUB 32705 de 4 de febrero de 2020, la determinó en $1.140.090,
razón por la cual efectivamente existe una diferencia a reconocer y pagar a favor del actor.

[…]

Por tanto, le asiste razón al accionante al pretender ejecutar a COLPENSIONES para que satisfaga
a plenitud la orden judicial, y si bien es incorrecto el cálculo efectuado, según el cual se le adeudaban
a 30 de octubre de 2020, $171.332.448 de capital más los respectivos intereses, lo cierto es que
según la liquidación efectuada en precedencia, existen saldos insolutos de capital por $166.856.759
a 31 de diciembre de 2021, y los que se siguen generando hasta que se cumple la ordenado y se
reajuste la pensión.

Por lo tanto, se encuentra acreditada la existencia de la obligación y determinadas diferencias en el
capital liquidado, se advierten causados los intereses de mora, liquidados mes a mes sobre las
diferencias en cada mesada pensional y hasta que se dé cabal cumplimiento a la sentencia.

En Este punto se advierte que no le asiste razón al actor al peticionar que los intereses debidos se
liquiden con base en lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como quiera que el título
ejecutivo contiene la orden expresa de que los mismos correspondan a aquellos regulados por el
artículo 192 del C.P.A.C.A.

[…]

Como quiera que el accionante no acreditó haber requerido a COLPENSIONES para el pago, dentro
del término de que trata la norma en comento, la generación de intereses se suspendió entre el 9 de
enero de 2019 y el 4 de febrero de 2020 cuando COLPENSIONES dio cumplimiento parcial a la
sentencia. […]».

1.3 Contestación de la demanda5

5
Índice 00026, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3

Número Interno: 2853-2024
Demandante: Efraín Olarte Olarte
Demandada: Colpensiones

Dentro del término de traslado de la demanda, Colpensiones presentó escrito en el que
formuló las excepciones de pago, compensación, prescripción, plazo, falta de
reclamación administrativa, buena fe, inembargabilidad, no procedencia al pago de
costas en instituciones administradoras de seguridad social del orden público y la
excepción genérica.

Señaló que, mediante la Resolución SUB 32705 del 4 de febrero de 2020, se dio
cumplimiento al fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que,
revisada la liquidación efectuada en el citado acto administrativo, no se advierten valores
en favor del demandante.

1.4 Sentencia de primera instancia6

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del dieciocho (18) de enero de
dos mil veinticuatro (2024), resolvió declarar no probadas las excepciones de «Pago» y
«compensación», propuestas por la parte ejecutada – COLPENSIONES y se abstuvo de
imponer condena en costas.

Como sustento de la decisión, el A-quo verificó la ordena a ejecutar, contenida en la
sentencia del 13 de febrero de 2014, dictada por esa misma Sala y confirmada el 27 de
septiembre de 2018, por el Consejo de Estado.

En la decisión de primera instancia, se indica que, la entidad ejecutada mediante
Resolución SUB 32705 del 4 de febrero de 2020, ordenó el reconocimiento de una
pensión por aportes, en cuantía de $1.140.090 a partir del 1 de junio de 2011, exponiendo
los tiempos y factores tenidos en cuenta por la entidad, para el cálculo de la mesada
pensional y, refiere los errores advertidos por el ejecutante en los siguientes puntos:

• Valor tenido en cuenta respecto de las cotizaciones a la Contraloría entre los años
1986 y 1993.
• No haber tomado en cuenta 138 días cotizados en la Universidad Pedagógica
Nacional en 1999.
• Valor de las cotizaciones incompletas durante los años 1996 y 1998, efectuadas por
el Ministerio de Gobierno.

6
A través de auto del 10 de noviembre de 2023, dispuso adoptar para el asunto, el trámite previsto en el artículo 182 a de la Ley 1437
de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, para dictar sentencia anticipada por escrito. Índice 0034 de Samai del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

4

Número Interno: 2853-2024
Demandante: Efraín Olarte Olarte
Demandada: Colpensiones

Refirió que, Colpensiones adujo el pago y la compensación como excepciones,
enunciándolas de forma general y sin controvertir los argumentos de la demanda
ejecutiva, ni las efectuadas al librar mandamiento ejecutivo, donde se dejó en evidencia
el error en que incurrió en la liquidación, limitándose a señalar que, las resoluciones SUB
32705 y SUB 108239 del 4 de febrero y 15 de mayo de 2020, dieron cumplimiento a la
sentencia, sin precisar en la forma en que liquidó la primera mesada pensional.

Posteriormente, analizó las cotizaciones interrumpidas del señor Olarte Olarte,
estableciendo que, en efecto, Colpensiones no tuvo en cuenta la totalidad de los tiempos
servidos en la Universidad Nacional y que fueron cotizados a CAJANAL, pese a que se
encuentran certificados en el proceso ordinario y fueron considerados en la sentencia
base de recaudo ejecutivo.

En ese mismo sentido, estableció que, los actos administrativos expedidos por la
ejecutada, no consideraron el verdadero IBC (ingreso base de cotización)
correspondiente a los tiempos cotizados por el Ministerio de Gobierno en 1996 y 1998,
generando así una diferencia entre la mesada pagada y la que legalmente le asiste
derecho.

En ese orden de ideas, concluyó que Colpensiones adeuda al ejecutante, la suma de
CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN
PESOS M/CTE ($162.008.531), por concepto de saldo insoluto de capital a 31 de
diciembre de 2021 y, los que se siguieran generando hasta que se dé el cumplimiento de
lo ordenado y se reajuste la pensión, discriminado así:

Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley

5

Número Interno: 2853-2024
Demandante: Efraín Olarte Olarte
Demandada: Colpensiones

100 de 1993, manifestó que estos no son procedentes, como quiera que, la orden
impartida en el título ejecutivo, señala que, estos deben ser liquidados conforme al
artículo 192 del CPACA.

No obstante lo anterior, el tribunal consideró que, el demandante no acreditó haber
requerido a Colpensiones para el pago dentro de los términos legales previstos para el
efecto, por lo tanto, la generación de intereses se suspendió entre el 9 de enero de 2019
y el 4 de febrero de 2020, cuando la ejecutada dio cumplimiento parcial a la sentencia.

Como consecuencia de lo anterior, el a quo ordenó seguir adelante con la ejecución en
los siguientes términos:

«PRIMERO. DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE PAGO Y COMPENSACIÓN
planteadas por la ejecutada.

SEGUNDO. SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN por un capital de $162.008.531 causado
hasta el 31 de diciembre de 2021, y las diferencias pensionales generadas desde el 1º de enero de
2022 y hasta que se satisfaga el crédito; igualmente por los intereses de mora generados mes a mes
entre la ejecutoria de la sentencia y la fecha en que se pague el capital, descontando el periodo en
que estos se suspendieron por inactividad del ejecutante, entre el 9 de enero de 2019 y el 4 de
febrero de 2020.

TERCERO. SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.
[…]»

La anterior decisión fue notificada por medios electrónicos el 20 de febrero de 2024,
habiéndose interpuesto el recurso de apelación contra aquella por parte de Colpensiones,
el día 26 de ese mismo mes y año.

1.5 Recurso de apelación7

La apoderada de Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la decisión que
ordenó seguir adelante con la ejecución, reiterando que, los actos administrativos
expedidos por la entidad, dieron cumplimiento integral a la orden emitida por el tribunal,
sin que se advierta diferencia alguna en favor del demandante.

En el recurso de alzada, expuso las cotizaciones realizadas por el accionante en otras
entidades y el periodo respecto del cual, se realizó la contabilización de los últimos 10
años para efectos de calcular el ingreso base de liquidación de la mesada pensional.

7
Minuto 1:28:07 grabación a 1:30:20 30VideoAudiencia.mp4. La grabación de la audiencia reposa en el expediente digital de
OneDrive que fue compartido por el Tribunal Administrativo de Córdoba a través del oficio de fecha 15 de enero de 2024, que
reposa en Samai índice 00065.

6

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Demandante: Efraín Olarte Olarte
Demandada: Colpensiones

Indicó que, conforme a la liquidación realizada por la entidad, la mesada del señor Olarte
Olarte debía ser de $1.140.090 para el año 2011, por lo que la suma, para el año 2020
ascendía a $1.611.389. Igualmente, explicó los conceptos que componían el retroactivo
pensional.

En ese sentido, solicitó que, en esta instancia, se estudie el caso concreto y se determine
si en el presente caso existen sumas adeudadas en favor del demandante, por cuanto
insiste, las resoluciones expedidas por la entidad, dieron cumplimiento a lo ordenado en
la sentencia.

1.6 Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 1 de abril de 20258, de acuerdo
con lo establecido en el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el
artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)9.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA10, en concordancia con lo previsto en el
artículo 15 del reglamento de esta Corporación11.

2.2 Problema jurídico

Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por
Colpensiones, corresponde a esta Sala determinar si la sentencia apelada —mediante la cual
se declararon no probadas las excepciones formuladas por la entidad ejecutada y se ordenó seguir
adelante con la ejecución— se ajusta a derecho o, en su defecto, a Colpensiones le asiste

8
Samai, índice 00012.
9
Cabe anotar que, mediante auto de unificación del 12 de septiembre de 2023, M.P. Oswaldo Giraldo López, Exp. 11001 0315 000
2023 00857 00, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estableció la siguiente regla de unificación: “El régimen aplicable para
la procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 2080 de 2021 contra una sentencia proferida en
un proceso ejecutivo es el previsto en el artículo 247 del CPACA.”.
10
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
11
Contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

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Demandante: Efraín Olarte Olarte
Demandada: Colpensiones

razón y lo ordenado en las sentencias base de esta ejecución ya fue cumplido por la
entidad.

Para tal efecto, será necesario establecer si Colpensiones acreditó el cumplimiento total
o parcial de la obligación que dio origen al proceso ejecutivo, toda vez que ese constituye
el punto central de la controversia.

2.3 Marco jurídico

2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo

El proceso ejecutivo busca “asegurar que el titular de una relación jurídica que crea
obligaciones pueda obtener, por medio de la intervención estatal, el cumplimiento de
ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, si ello es posible, o si
no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios patrimoniales que su inobservancia
ocasionó”12.

El instrumento que sirve como base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina
título ejecutivo, que se define como el “documento que representa una declaración de la
voluntad del juez o de las partes, es aquél que trae aparejada la ejecución, o sea, en
virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor
moroso, a fin de satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y costos”13.

Pues bien, el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que constituyen título ejecutivo: 1) las sentencias debidamente
ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante
las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias; 2) las
decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución
de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de
dinero en forma clara, expresa y exigible; 3) sin perjuicio de la prerrogativa del cobro
coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito
ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto
administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del
contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que

12
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores. Citado en el auto del 26 de
febrero de 2014, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00178-01(19250)
13
Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch. Citado en el auto del
26 de febrero de 2014, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00178-
01(19250)

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consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en
tales actuaciones; y 4) las copias auténticas de los actos administrativos con constancia
de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de
una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa,
debiendo la autoridad que expida el acto administrativo hacer constar que la copia
auténtica corresponde al primer ejemplar.

A su vez, el artículo 422 del Código General del Proceso14 establece que “pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de
auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]”

De esta norma se desprenden, por un lado, las características de la obligación, esto es
que sea clara, expresa y exigible, por otro, que debe estar consignada en un documento
y, finalmente, que además de los documentos que provengan del deudor o causante, las
sentencias de condena o cualquier otra providencia judicial con fuerza ejecutiva son
títulos ejecutivos.

En cuanto a los atributos del título ejecutivo tenemos que, la obligación es expresa si se
encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una
interpretación normativa. Es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente
señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación. Y, es
exigible cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando
dependiendo de ellos ya se han cumplido15.

Estos requisitos sustanciales, han sido abordados por la jurisprudencia de esta
corporación16 y reiterados recientemente17 de la siguiente manera:

«La doctrina ha precisado que el requisito de ser expresa la obligación puede entenderse mejor si
se analiza etimológicamente el concepto, es así como de conformidad con el diccionario de la Real
Academia Española, la palabra expresar significa “manifestar con palabras lo que uno quiere dar a
entender” y expreso “lo que es claro, patente, especificado”, conceptos que si se aplican al título
ejecutivo, debe entenderse como expreso que “se manifieste con palabras, quedando constancia,

14
Aplicable en estos asuntos conforme lo dispuesto en el artículo 306 del CPACA
15
Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
16
Sección Tercera, Subsección A, auto del 31 de agosto de 2021, radicación 17001-23-33-000-2019- 00516-01(66262).
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 30 de mayo de
2024. Cp. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación” y explica que “de ahí que
las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son
demandables por vía ejecutiva” 18.»

La obligación es clara cuando, además de expresa, aparece determinada en el título, de modo que
sea fácilmente inteligible y se entienda en un solo sentido y será exigible cuando puede
demandarse su cumplimiento, por no estar pendiente el agotamiento de un plazo o de condición.
Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se manifiesta en que debía cumplirse dentro de
cierto término ya vencido o cuando ocurriera una condición ya acontecida o para la cual no se
señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya
transcurrió.» [se subraya]

También se ha dicho, que los títulos ejecutivos pueden ser simples o complejos, serán
simples cuando la obligación se encuentra vertida en un único documento y complejos si
se requieren varios documentos para que surja la obligación clara expresa y exigible19.

Es importante destacar que existen diversos debates en torno a la naturaleza del título
ejecutivo cuando se trata de condenas impuestas al Estado mediante sentencia judicial
o conciliación. La discusión gira en torno a si dicho título debe considerarse simple o
complejo. De una parte, se ha sostenido que el título no se agota en la sentencia, sino
que también lo integran el acto administrativo de cumplimiento e, incluso, la liquidación
efectuada por la entidad deudora en caso de incumplimiento parcial de la obligación. De
otra parte, se plantea que la obligación ejecutable se encuentra contenida únicamente en
la sentencia, sin necesidad de documentos adicionales.

En la sentencia del 30 de mayo de 2024, está Subsección indicó20:

Como se expresó en precedencia, cuando se pretende el cumplimiento de una obligación a
cargo del Estado, el título ejecutivo se constituye exclusivamente en la sentencia, no solo
porque el artículo 297 del CPACA no condicionó su integración con el acto administrativo de
cumplimiento, sino además porque no se cumplen con los requisitos para que pueda ser
catalogado como título complejo, pues no existe una relación inescindible entre estos para
determinar su claridad y exigibilidad.

En ese contexto, una vez se allegan los documentos correspondientes y antes de dar
inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez verificar en cada caso si el título ejecutivo
es simple o complejo, y si aquel cumple con los requisitos legales, esto es, contiene una
obligación clara, expresa y exigible a cargo del demandado.

18
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, “Código General del Proceso – Parte Especial”, Dupré Editores, Tomo II, Bogotá, 2017, págs.
507 y 508.
19
Ibidem.
20
Ibidem.

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2.3.2 La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago

Sobre la carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago, esta
subsección sostuvo21:

«81. Aunque este acápite no hace parte de las etapas del proceso ejecutivo, sí guarda estrecha
relación con las excepciones y la orden de seguir adelante con la ejecución, pues del ejercicio
probatorio que realice la entidad para sustentar las excepciones y, por consiguiente, desvirtuar las
pretensiones, dependerá si se declaran probadas o no aquellas previstas en el artículo 442 del
CGP. Es recurrente que el Estado, cuando actúa como deudor en procesos de esta naturaleza,
acuda a la excepción de pago, en razón a la obligación contenida en el título [entregar sumas de
dinero].

82. En efecto, el pago es una forma de extinción de las obligaciones, de conformidad con el numeral
1 del artículo 1625 del Código Civil que dispuso:

«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por
nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: 1° Por la solución o pago
efectivo; [...]»

83. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la prestación de lo
que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin
perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».

84. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por consiguiente,
que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del acreedor a exigirla, pero para ello,
aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar que, efectivamente, se entregó la acreencia.

85. Al respecto, en la sentencia del 18 de noviembre de 1991, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, sostuvo lo siguiente:

«De hecho, el artículo 1626 del C. c. define el pago como la “prestación efectiva de lo que
se debe”. Y el artículo 1627 ib. prescribe que “el pago se hará bajo todos los respectos en
conformidad al tenor de la obligación...”.

En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo del deudor es
dineraria, lo debido será dinero. De modo que solo entregando la cantidad de signos
monetarios que, con referencia a determinada unidad de cuenta, constituyan el objeto de
la prestación, el deudor quedará liberado de la obligación. O para expresarlo con una
fórmula del derecho de obligaciones, el dinero se encontrará no solo “in solutione”, sino
también “in obligatione”». [se resalta]

86. Igualmente, la doctrina se ha pronunciado respecto del pago como forma de extinguir las
obligaciones, así22:

«Indistintamente, tanto en el lenguaje como en el corriente, se dice pagar, solucionar,
cumplir, cancelar, satisfacer una obligación, para significar la ejecución de la prestación por
parte del deudor y, más ampliamente, la satisfacción del acreedor. Pago (de pacare =
satisfacer, pacificar, aplacar) o solución es la ejecución de la prestación debida, cualquiera
que sea la clase de la obligación, aun cuando en el habla usual el pago se refiere más a
las obligaciones de entregar y, dentro de ellas, más concretamente, a las pecuniarias: pago
= cancelar una deuda, usualmente, una obligación de dinero.»

87. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla en su totalidad,
esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los intereses cuando exista retardo,

21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 30 de mayo de
2024. Cp. Juan Enrique Bedoya Escobar.
22
Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. 3ª Ed. I, Universidad Externado de Colombia, 2002, pág. 571.

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Demandada: Colpensiones

tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil23.

88. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor debe aportar el
documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis que ha prohijado esta
corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021, en la cual se
consideró lo siguiente24:

«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue pendiente
del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos administrativos con el fin
de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales, no es menos cierto que la entidad
ejecutada no demostró haber realizado el pago total, pues de los argumentos de su
apelación no se puede extraer que la obligación esté plenamente satisfecha ante la
liquidación efectuada por el a quo.»

89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación recae
exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167 del Código General
del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la
administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y
probatorias previstas en este Código» y, también que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»

90. Asimismo, la doctrina25 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l demandado le
corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a las normas legales en que
fundamenta sus excepciones», consideración que encuentra razón, precisamente, en el artículo
1757 del Código Civil, conforme con el cual «[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al
que alega aquellas o ésta».

91. En el mismo sentido, esta Sección, en sentencia de tutela del 28 de febrero de 2016 26, consideró
lo siguiente:

«Nótese que cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial, la norma es enfática al
limitar las excepciones que se pueden proponer, entre las que se encuentra “el pago”.
De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se libre
mandamiento ejecutivo en contra de una entidad de derecho público, es la proposición de
excepciones de mérito. En este caso, la excepción de pago, para lo cual tendrá la carga
probatoria de acompañar los documentos o actos administrativos que demuestren el pago,
o en su defecto, pedir las pruebas que pretenda hacer valer para demostrarlo.
[...]
Así mismo, la entidad que pretenda librarse de la obligación de pagar una condena
impuesta en una sentencia proferida por un juez de lo contencioso administrativo, deberá,
una vez librado el mandamiento ejecutivo, alegar las excepciones enlistadas en el inciso
2º del artículo 509 del C.P.C., o el artículo 442 del CGP – según la norma aplicable a cada
caso-.
En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo arrimar copia
auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o totalmente la condena
contenida en la sentencia, porque la carga de la prueba de quien alega el pago, es quien
se pretende beneficiar con la declaratoria del mismo.» [se resalta]

92. Súmese a lo expuesto que esta Subsección, respecto de la orden de seguir adelante con la
ejecución, ha señalado lo que se transcribe a continuación 27:

«La orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título ejecutivo se ajusta
por completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe proceder a honrar la obligación
insatisfecha. En esta etapa, queda agotada la defensa del ejecutado y lo que queda por
resolver, es únicamente la satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado
judicialmente. De ahí que las acciones que debe desplegar la justicia a partir de la

23
«Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención
contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses
e indemnizaciones que se deban.»
24
Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).
25
Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482
26
Subsección A, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC).
27
Auto del 18 de mayo de 2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).

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ejecutoria de la orden de seguir adelante con la ejecución, estarán entonces encaminadas
exclusivamente a obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese hecho se produzca,
se deberá disponer la terminación del proceso ejecutivo.»

Conforme a lo expuesto, se tiene que, en los procesos ejecutivos derivados de sentencias
judiciales, la excepción de pago total o parcial debe ser acreditada plenamente por
la parte ejecutada, quien tiene la carga de la prueba conforme a lo dispuesto en los
artículos 167 del CGP, 103 del CPACA y 1757 del Código Civil. El pago efectivo,
entendido como la satisfacción íntegra de lo adeudado, solo extingue la obligación si
incluye tanto el capital como los intereses moratorios, cuando hay retardo en el
cumplimiento.

Así, la sola existencia de actos administrativos que indiquen la intención de pago no es
suficiente; se requiere evidencia documental clara y concluyente de la entrega efectiva
del dinero al acreedor. Si no se demuestra el cumplimiento total de la obligación, el juez
deberá ordenar seguir adelante con la ejecución, en tanto el título ejecutivo conserva su
fuerza ejecutiva y el crédito permanece insatisfecho.

2.4 Análisis del caso concreto

Como ya se ha indicado, el demandante presentó demanda ejecutiva en la que refirió que
si bien Colpensiones profirió las resoluciones SUB 32705 y SUB 108239 del 4 de febrero
y 15 de mayo de 2020, mediante las cuales, aduce da cumplimiento a la orden judicial,
aún se adeuda dineros por concepto de reliquidación pensional e intereses moratorios,
los cuales reclama en este asunto.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, luego de
verificar las consideraciones y los cálculos efectuados en las resoluciones expedidas por
la demandada, libró mandamiento de pago por los dineros que se adeudaban por
Colpensiones, tanto por reliquidación como por intereses moratorios, teniendo en cuenta
el reconocimiento parcial que se hizo por medio de las citadas resoluciones. La orden
quedó así:

• CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN
PESOS M/CTE ($162.008.531), por concepto de capital hasta el 31 de diciembre de
2021.
• Diferencias pensionales generadas desde el 1 de enero de 2022 y gasta que se
satisfaga el crédito.

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• Intereses de mora generados mes a mes entre la ejecutoria de la sentencia y la fecha
en que se pague el capital, deduciendo el periodo de suspensión de estos, por la
inactividad del ejecutante, entre el 9 de enero de 2019 y el 4 de febrero de 2020.

Contra el auto que libró el mandamiento de pago no se interpuso recurso alguno.

No existe discusión en torno a que, por medio de la Resolución SUB 32705 del 4 de
febrero de 2020, Colpensiones reliquidó la pensión de vejez del accionante, ordenando
un pago por valor de NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($92.398.971) a favor de la parte
actora en cumplimiento de las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó el aquí ejecutante.

Este pago no fue desconocido ni por la parte demandante ni por el a quo; por el contrario,
fue expresamente reconocido e incorporado en la liquidación contenida en el auto que
libró el mandamiento de pago. No obstante, en dicha liquidación —practicada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca— se estableció que, el pago ordenado en el
citado acto administrativo no cubrió la totalidad de la deuda, existiendo un saldo pendiente
por valor de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA
Y UN PESOS M/CTE ($162.008.531), para el 31 de diciembre de 2021 a cargo de
Colpensiones.

Sumado a lo anterior, se indicó también que se tenía como adeudado, las sumas
adicionales que se causaran por concepto de diferencias pensionales a partir del 1 de
enero de 2022 e intereses moratorios derivados de la reliquidación de la pensión del
ejecutante, conforme a lo ordenado en la sentencia que constituye el título ejecutivo.

Aquí debe reiterarse que, contra el auto del 22 de septiembre de 2022, que libró
mandamiento de pago en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, no se
interpuso recurso alguno; omisión que resulta relevante, pues si Colpensiones
consideraba que dicho mandamiento desconocía el pago de lo adeudado, contenía
errores materiales o, incurría en alguna imprecisión, debió hacer uso oportuno del medio
de defensa procesal que le asistía.

Dentro del plenario no hay evidencia alguna que Colpensiones haya realizado pago
adicional al que realizó con fundamento en la Resolución SUB 32705 del 4 de febrero de

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2020, encontrando que, existía una diferencia no pagada, misma de la cual, se insiste,
no se probó durante este trámite que haya sido cubierta.

Cabe aquí indicar que, la entidad ejecutada, al formular la excepción de pago de la
obligación, se limitó a indicar que, el cumplimiento de la sentencia se habría efectuado
con base en los actos administrativos contenidos en las resoluciones SUB 32705 del 4
de febrero de 2020 y SUB 108239 del 15 de mayo de 2020 28. Sin embargo, no alegó ni
acreditó haber satisfecho lo ordenado en el mandamiento de pago.

En ese mismo sentido, formuló el recurso de alzada, reiterando los periodos, cotizaciones
y reconocimientos tenidos en cuenta en la reliquidación pensional ordenada, sin esgrimir
argumentos que desvirtúen lo concluido en la sentencia de primera instancia.

De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales citados párrafos atrás, se advierte
que la carga de la prueba respecto de la excepción de pago recae exclusivamente
en la parte ejecutada, en este caso, Colpensiones, conforme a lo establecido en los
artículos 167 del Código General del Proceso, 103 del CPACA y 1757 del Código Civil.

En ese contexto, se itera, Colpensiones propuso la excepción de pago sin que existieran
pruebas que dieran cuenta de la satisfacción total del crédito, por lo tanto, no fue probada.

En ese orden de ideas, para la Sala resulta acertada la decisión del a quo de declarar no
probadas las excepciones propuestas y de continuar con la ejecución en los términos en
que se libró el mandamiento de pago, debiéndose en consecuencia confirmar la decisión
de primera instancia, en lo referente a declarar no probadas las excepciones y ordenaron
seguir adelante con la ejecución, respectivamente.

La Sala advierte que, en la parte resolutiva de la decisión apelada, se ordenó el archivo
del expediente, lo cual contraviene la orden de continuar con la ejecución señalada en la
misma providencia y no se ajusta a la realidad del trámite del proceso ejecutivo. En
consecuencia, se revocará el ordinal cuarto del proveído de fecha 18 de enero de 2024,
a fin que el Tribunal de Primera Instancia, emita la orden correspondiente conforme a lo
procedente.

28
Que reliquidó la pensión de vejez del actor y, que negó una reliquidación pensional, respectivamente.

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2.5 Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que, si bien el inciso final del artículo
255 del CPACA dispone que «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurre», también lo es que la condena no procede de manera automática,
pues tal y como se indica en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del
Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no
se observa que se hayan causado, ni que haya habido por las partes un actuar temerario,
esta Sala no condenará en costas a la parte recurrente en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “A”, por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones de
«pago» y «compensación», propuestas por la parte ejecutada, se ordenó seguir adelante
con la ejecución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia del dieciocho (18) de enero de
dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “A”, que ordenó el archivo del expediente, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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