RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2021-00857-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00857-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00857-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de julio de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00857-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Proceso Ejecutivo.
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)1.
Demandante: Heynar Muñoz Agudelo.
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil.
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia. Cremil no acreditó
el pago total de la obligación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 26 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca2, mediante la cual declaró no probada la excepción de pago propuesta por
la ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Se presentó demanda ejecutiva contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –
Cremil, con el propósito de obtener el cumplimiento de la sentencia proferida el 12 de
junio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
ordenó reajustar la asignación de retiro reconocida a Heynar Muñoz Agudelo, teniendo
en cuenta el sueldo básico devengado en su condición de secretario de las fiscalías ante
el Tribunal Superior Militar, con incidencia en la prima de actividad (49.5%), la prima de
antigüedad (23%), el subsidio familiar (39%) y la duodécima parte de la prima de navidad,
a partir del 4 de diciembre de 2010.

2. Como pretensiones solicitó que se librara mandamiento de pago en contra de Cremil
para obtener el reajuste de la asignación de retiro en los términos fijados en la sentencia
base de recaudo, el pago de las diferencias causadas desde el 1 de julio de 2013 con su
correspondiente indexación conforme al artículo 187 del CPACA, la realización de los
aportes correspondientes sobre la asignación básica percibida entre el 1 de febrero de
2002 y el 3 de diciembre de 2010, en la proporción debida y el pago de las costas
procesales y agencias en derecho causadas por un valor de $500.000.

1 Expediente electrónico.
2 Sección Segunda, Subsección E. Decisión suscrita por los magistrados: Patricia Victoria Manjarrés Bravo, Ramiro

Ignacio Dueñas Rugnon y Jaime Alberto Galeano Garzón.

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)
Ejecutante: Heynar Muñoz Agudelo.

3. Previo a que se decidiera sobe el mandamiento de pago, la apoderada de la parte
ejecutante informó que Cremil había dado cumplimiento parcial a la sentencia mediante
la Resolución No. 14339 del 22 de diciembre de 2021, por la cual dispuso reliquidar la
asignación de retiro y pagar las diferencias a favor de Heynar Muñoz Agudelo, con
fundamento en el sueldo básico devengado como secretario de las fiscalías ante el
Tribunal Superior Militar y con incidencia en las partidas computables reconocidas.

4. Señaló que dicho cumplimiento era parcial, en atención a que la entidad liquidó la
prestación con base en un sueldo básico de $1.875.700,22 y no de $3.425.276, suma
que, a su juicio, correspondía a la asignación básica del cargo para el año 2010; además,
indicó que, aunque en la resolución se ordenó reajustar la mesada a partir de enero de
2021 en $5.730.993, el comprobante de pago de enero de 2022 evidenciaba que
continuaba recibiendo una suma inferior. Con fundamento en ello, sostuvo que persistían
diferencias en las mesadas, así como en su indexación e intereses, por lo que ratificó la
solicitud de librar mandamiento de pago específicamente por la suma de $520.912.423.

Trámite en primera instancia

Mediante auto del 22 de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
libró mandamiento de pago parcial contra Cremil por $21.272.048, por concepto de
diferencias no canceladas del reajuste de la asignación de retiro, y por $27.694.000,56,
por intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el 31 de
agosto de 2023; además, ordenó el pago de los intereses que se causaran desde el 1 de
septiembre de 2023 hasta la satisfacción total de la obligación, liquidados sobre el capital
insoluto adeudado ($21.272.048).

Contestación de la demanda

5. Cremil se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como excepción de mérito
la de pago total de la obligación. Como sustento, expuso que, en cumplimiento de la
sentencia del 12 de junio de 2020 expidió la Resolución No. 14339 del 22 de diciembre
de 2021, mediante la cual reajustó la asignación de retiro del ejecutante con base en el
sueldo básico de $1.875.700,22 fijado en dicho fallo para el cargo de secretario de las
fiscalías ante el Tribunal Superior Militar, con incidencia en la prima de actividad, la prima
de antigüedad, el subsidio familiar y la duodécima parte de la prima de navidad, y con
aplicación del principio de oscilación.

6. Añadió que, antes de expedir dicho acto, adelantó las gestiones necesarias para
recaudar la información relativa al cargo desempeñado por el actor y a los aportes no
descontados, mediante solicitudes dirigidas a la Justicia Penal Militar y al Comando
General de las Fuerzas Militares.

7. Indicó que liquidó las diferencias causadas desde el 1 de julio de 2013 hasta el 27 de
octubre de 2020, así como las generadas desde el 28 de octubre de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2021, para un total de $233.489.401, suma compuesta por $198.164.458

2

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)
Ejecutante: Heynar Muñoz Agudelo.

correspondientes al capital liquidado e indexado hasta la ejecutoria de la sentencia y
$35.324.943 por las diferencias causadas con posterioridad.

8. Señaló que a ese valor le descontó $25.195.312 por concepto de aportes debidamente
indexados no efectuados entre el 1.º de febrero de 2002 y el 3 de diciembre de 2010, de
modo que el pago final ascendió a $208.294.089 por el periodo comprendido entre el 1
de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2021. Con fundamento en ello, solicitó se
declarara probada la excepción de pago total de la obligación cobrada, se negaran las
pretensiones de la demanda, se decretara un experticio técnico en liquidación para
corroborar matemáticamente el cumplimiento del fallo y se abstuviera de imponer
condena en costas.

II. SENTENCIA APELADA

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 26 de julio de
2024, declaró no probada la excepción de pago propuesta por Cremil y ordenó seguir
adelante con la ejecución, por considerar que subsistían sumas pendientes de pago a
cargo de la entidad demandada, producto de la ejecución de la sentencia del 12 de junio
de 2020.

10. Indicó que la asignación de retiro debía liquidarse con base en el sueldo básico de
$1.875.700, con incidencia en la prima de actividad, la prima de antigüedad, el subsidio
familiar y la duodécima parte de la prima de navidad; precisó que, aunque el valor de la
mesada para julio de 2013 coincidía con el reconocido por la entidad 3, al liquidar las
diferencias actualizadas causadas entre el 1.º de julio de 2013 y el 27 de octubre de 2020
estableció un valor de $194.440.340, y al liquidar las diferencias causadas entre el 28 de
octubre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021 fijó un valor de $30.855.167, para un total
de $225.295.507. Luego, como la entidad efectuó un pago a capital de $204.023.459,
concluyó que por ese concepto subsistía un saldo insoluto de $21.272.048.

11. Asimismo, liquidó los intereses moratorios en tres rubros: $18.226.616,36 por
intereses sobre el capital consolidado a la fecha de ejecutoria; $2.533.838,70 por
intereses sobre el capital causado con posterioridad a la ejecutoria; y $16.601.078,98 por
intereses sobre el capital adeudado con posterioridad al pago efectuado por la entidad,
para un total de $37.361.533,7. De esa suma descontó $4.270.630 ya pagados por la
entidad por concepto de intereses, por lo que fijó como saldo insoluto por ese concepto
la suma de $33.090.903,7. Con fundamento en ello, ordenó seguir adelante con la
ejecución por $21.272.048 en razón a las diferencias no canceladas del reajuste de la
asignación de retiro, y por $33.090.903,7 por intereses moratorios causados desde la
ejecutoria de la sentencia hasta el 30 de junio de 2024.

12. Por último, precisó que los intereses seguirían causándose a partir del 1 de julio de
2024 y hasta la fecha en que se dé cumplimiento integral a la sentencia, los cuales
deberán calcularse sobre las sumas que se adeudan por concepto de capital y ordenó la

3 $3.903.431.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)
Ejecutante: Heynar Muñoz Agudelo.

realización de la liquidación del crédito conforme al artículo 446 del CGP, sin condena en
costas.

III. RECURSO DE APELACIÓN

13. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares interpuso recurso de apelación contra la
sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución y solicitó su revocatoria para que
se declarara probada la excepción de pago total de la obligación. Como fundamento del
recurso, indicó que el yerro del a quo radicó en haber fundado la decisión en una
liquidación elaborada por el contador de apoyo del Tribunal que, a su juicio, no se
ajustaba a las órdenes impartidas en la sentencia base de recaudo. Agregó que, según
la propia providencia apelada, el sueldo básico de $1.875.700,22, la asignación de retiro
reajustada para 2013 y las diferencias liquidadas coincidían con los valores reconocidos
por dicha entidad, de modo que la inconformidad recaía en la forma como el Tribunal
depuró el capital y los intereses.

14. Alegó que la sentencia apelada omitió descontar los aportes no efectuados entre el
1.º de febrero de 2002 y el 3 de diciembre de 2010, indexados hasta la ejecutoria del fallo,
por valor de $25.195.312, pese a que tal descuento había sido ordenado en el literal c)
del numeral tercero de la sentencia de 12 de junio de 2020 y sí fue aplicado por la
ejecutada en la Resolución 14339 de 2021. Añadió que, por esa omisión, el Tribunal tomó
como capital pagado la suma de $204.023.459, cuando, a su juicio, la entidad había
reconocido por capital indexado y diferencias posteriores a la ejecutoria $229.218.771,
valor al que se aplicó el descuento por aportes, por lo cual resultaba erróneo afirmar la
existencia de un saldo insoluto de $21.272.048.

15. Igualmente, sostuvo que la liquidación judicial incurrió en otros errores, consistentes
en omitir el cobro del aporte por aumento previsto en el artículo 38 del Decreto 4433 de
2004, liquidar para 2013 la mesada de navidad completa y aplicar indebidamente
descuentos del 1% y 4% a la prima de mitad de año y a la mesada de navidad.

16. Finalmente, cuestionó la liquidación de intereses moratorios. Señaló que no había
fundamento legal para liquidar intereses sobre las diferencias causadas con posterioridad
a la ejecutoria de la sentencia, esto es, entre el 28 de octubre de 2020 y el 30 de diciembre
de 2021, y que tampoco procedía calcular intereses sobre el capital que el Tribunal tuvo
como adeudado con posterioridad al pago efectuado por la entidad, por cuanto esa
diferencia se habría establecido de forma errónea. Añadió que, en relación con los
intereses sobre el capital consolidado a la fecha de ejecutoria, Cremil los reliquidó en los
términos acogidos por el Despacho y obtuvo una suma de $14.014.911, por lo que,
solicitó declarar probada la excepción de pago y abstenerse de condenar en costas.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)
Ejecutante: Heynar Muñoz Agudelo.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto proferido el 5 de diciembre de 20244, se admitió el recurso de
apelación.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en error al declarar no probada la excepción de pago y ordenar seguir adelante
la ejecución, pese a que la entidad ejecutada sostiene que la liquidación desconoció las
órdenes contenidas en la sentencia base de recaudo, en particular en lo relativo al
tratamiento de los aportes y a la determinación del capital y de los intereses moratorios;
o si, por el contrario, los pagos y documentos aportados por Cremil solo acreditan un
cumplimiento parcial insuficiente para demostrar la extinción total de la obligación en los
términos del título ejecutivo y del mandamiento de pago.

Análisis

20. La Sala confirmará la decisión apelada, por cuanto el recurso interpuesto por la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares no logra desvirtuar los fundamentos que condujeron al
a quo a declarar no probada la excepción de pago y a ordenar seguir adelante con la
ejecución.

21. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye
un mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la
obligación se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con
una rigurosa carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los
requisitos legales. Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido:
cuando el título y el mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no
basta acreditar indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin
liquidar ni pagar (arts. 1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP,
la parte ejecutada soporta la carga de la prueba de ese pago extintivo.5

4
Índice 0006 de Samai-segunda instancia.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-000-2021-00111-01
(2853-2024).

5

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)
Ejecutante: Heynar Muñoz Agudelo.

22. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.

23. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.

24. La Sala precisa, además, que la segunda instancia no constituye un escenario para
rehacer integralmente la liquidación del crédito ni para sustituir el ejercicio técnico
realizado por el juez de la ejecución, sino para verificar su conformidad con el título
ejecutivo. En ese sentido, el control del superior recae sobre la correspondencia entre lo
indicado en la sentencia base de recaudo, lo ordenado en el mandamiento de pago y lo
efectivamente pagado por la entidad, sin que resulte admisible introducir criterios de
depuración o liquidación no previstos en aquella. El título ejecutivo ordenó reajustar la
asignación de retiro con base en el sueldo devengado como secretario de las fiscalías
ante el Tribunal Superior Militar, pagar las diferencias generadas desde el 1.º de julio de
2013 con indexación y realizar los aportes correspondientes sobre la asignación básica
percibida entre el 1.º de febrero de 2002 y el 3 de diciembre de 2010 6.

25. La entidad recurrente sostiene que la liquidación del capital es errónea, en tanto no
se descontaron adecuadamente los aportes no efectuados y se realizó una comparación
incorrecta entre el valor debido y el valor pagado, lo que habría conducido a establecer
un saldo insoluto inexistente. En particular, alegó que la sentencia apelada omitió
descontar $25.195.312 por aportes, que tomó como capital pagado $204.023.459
cuando, a su juicio, debió tener como capital el valor de $229.218.771, al que se le aplicó
el descuento por aportes de $25.195.312 y que por ello era erróneo afirmar la existencia
de un saldo insoluto de $21.272.048.

6
“TERCERO: CONDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a lo siguiente: a) Reajustar la asignación de retiro reconocida
al señor Heynar Muñoz Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.250.407 de Melgar, teniendo en cuenta el sueldo
básico devengado en su condición de Secretario de las Fiscalías ante el Tribunal Superior Militar, con la respectiva incidencia en las
partidas computables incluidas en la Resolución No. 4433 de 9 de noviembre de 2010, estas son, la prima de actividad en un 49,5%,
prima de antigüedad en un 23%, subsidio familiar en un 39% y la duodécima parte de la prima de navidad, a partir del 4 de diciembre
de 2010. b) Pagar las diferencias generadas a partir del 1º de julio de 2013 en virtud de la prescripción contenida en el artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004, las cuales serán objeto de indexación, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 187 del C.P.A.C.A., es
decir, que se efectuará con la aplicación de los índices de inflación certificados por el DANE, teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
[…] c) Que realice, sobre la asignación básica percibida por el señor Heynar Muñoz Agudelo entre el 1º de febrero 2002 y el 3 de
diciembre de 2010, los aportes debidamente actualizados en proporción que corresponda CUARTO: DECLARAR probada la
excepción de prescripción, respecto de las sumas causadas con anterioridad al 1º de julio de 2013.” […]

6

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)
Ejecutante: Heynar Muñoz Agudelo.

26. Sobre el particular, la Sala advierte que la sentencia base de recaudo ordenó el
reajuste de la asignación de retiro del demandante, el pago de las diferencias causadas
debidamente indexadas y la realización de los aportes correspondientes sobre las sumas
efectivamente percibidas por el demandante entre el 1 de febrero de 2002 y el 3 de
diciembre de 2010. En esa medida, el título ejecutivo no autorizó la disminución del
crédito mediante el descuento de aportes en la forma planteada en la Resolución No.
14339 del 20217, sino que dispuso la realización de los correspondientes aportes. Sin
embargo, más allá del alcance específico que la ejecutada atribuye a ese componente,
lo cierto es que no acreditó la extinción total de la obligación en los términos del título
ejecutivo y del mandamiento de pago.

27. Los documentos allegados por la ejecutada8 evidencian que el pago efectuado se
estructuró con base en una liquidación administrativa propia. La referida Resolución
14339 de 20219 reconoció el cumplimiento del fallo y ordenó el pago de $208.294.089,
previa deducción de aportes no efectuados10. Ese mismo razonamiento aparece en el
Memorando No. 217-764, en el que se instruyó que, una vez establecidas las diferencias,
se descontaran los aportes no efectuados entre 2002 y 2010, debidamente indexados
hasta la ejecutoria de la sentencia11.

28. Así, la metodología de la ejecutada no coincide con la acogida por el a quo. En efecto,
mientras la entidad estructuró el pago con base en una liquidación administrativa propia
(integrada por capital indexado, intereses, descuentos por aportes y un reajuste posterior)
hasta llegar a un total de $208.294.089, el mandamiento de pago determinó que el capital
adeudado ascendía a $225.295.50712, tuvo como pagado a capital $204.023.459 y fijó un
saldo insoluto de $21.272.048. Por tanto, la ejecutada no demuestra que el valor que
invoca corresponda al pago reconocido, sino a una operación administrativa propia,
insuficiente para acreditar la extinción total de la obligación.

7
Por la cual se da cumplimiento a la Sentencia de fecha 12 de junio de 2020 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - dentro del proceso No. 25000234200020170618500 mediante la cual se ordenó re liquidar y pagar la asignación
de retiro del señor Sargento Primero (RA) del Ejercito HEYNAR MUÑOZ AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía N°
14.250.407, teniendo en cuenta el sueldo básico efectivamente devengado como Secretario de las Fiscalías ante el Tribunal Superior
Militar.
8
Memorando No. 217-784, Certificación expedida por la coordinadora del grupo de tesorería de Cremil
9
Por la cual se da cumplimiento a la Sentencia de fecha 12 de junio de 2020 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - dentro del proceso No. 25000234200020170618500 mediante la cual se ordenó re liquidar y pagar la asignación
de retiro del señor Sargento Primero (RA) del Ejercito HEYNAR MUÑOZ AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía N°
14.250.407, teniendo en cuenta el sueldo básico efectivamente devengado como Secretario de las Fiscalías ante el Tribunal Superior
Militar.
10
ARTÍCULO 3º: Descontar de la suma total enunciada en el artículo anterior, el valor de VEINTICINCO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($25.195.312.00) por concepto de aportes debidamente indexados
hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, que en su momento no fueron descontados por el nominador y que corresponden al
sueldo básico devengado por el señor Sargento Primero (RA) del Ejercito HEYNAR MUÑOZ AGUDELO como Secretario de las
Fiscalías ante el Tribunal Superior Militar, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2002 y el 03 de diciembre de 2010,
teniendo en cuenta que desde el 01 de febrero de 2002 hasta el 01 de diciembre de 2004 desempeñó el cargo de Auxiliar Judicial
Grado 1 y del 02 de diciembre de 2004 en adelante ejerció el cargo de Secretario de las Fiscalías ante el Tribunal Superior Militar, de
conformidad con lo certificado por el personal de liquidadores del Grupo de Sentencias y Liquidaciones mediante memorando 217
784 del 09 de diciembre de 2021 y conforme a lo expuesto en el considerando 11 literal e) de la parte motiva del presente acto
administrativo.
11
NOTA 3: Se deben descontar los valores que ya fueron cancelados por la Entidad, por concepto del reconocimiento de asignación
de retiro. NOTA 4: Una vez establecidas las diferencias referidas en la NOTA 2 del presente memorando, se deberá descontar los
valores correspondientes a los aportes no efectuados por el señor HEYNAR MUÑOZ AGUDELO entre el 1 de febrero de 2002 y el 03
de diciembre de 2010, teniendo en cuenta que desde el 01 de febrero de 2002 hasta el 01 de diciembre de 2004 desempeñó el cargo
de Auxiliar Judicial Grado 1 y del 02 de diciembre de 2004 en adelante ejerció el cargo de Secretario de las Fiscalías ante el Tribunal
Superior Militar; valores que se deberán indexar hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, 27 de octubre de 2020.
12
Producto de la sumatoria de $194.440.340 y $30.855.167.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)
Ejecutante: Heynar Muñoz Agudelo.

29. En particular, el reproche relativo a la supuesta omisión o indebida aplicación de los
aportes no desvirtúa la conclusión del a quo, pues, aun aceptando que en la construcción
del crédito se hubieran valorado dichos aportes, la ejecutada no demostró que su propia
liquidación extinguiera totalmente la obligación en los términos definidos en el título y
concretados en el mandamiento de pago. En consecuencia, ese cuestionamiento
constituye una discrepancia frente a la metodología de liquidación acogida por el Tribunal,
pero no una prueba efectiva de pago total.

30. De otra parte, la entidad cuestiona la procedencia de los intereses moratorios, en
especial sobre las diferencias causadas con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia
y sobre el capital insoluto posterior al pago parcial. Sostuvo que no había fundamento
legal para liquidar intereses sobre las diferencias causadas entre el 28 de octubre de
2020 y el 30 de diciembre de 2021, ni sobre el capital que el Tribunal tuvo como adeudado
con posterioridad al pago efectuado por la entidad.

31. La Sala observa que el Tribunal liquidó los intereses en tres componentes: En primer
lugar, reconoció la suma de $18.226.616,36 por concepto de intereses causados sobre
el capital consolidado a la fecha de ejecutoria de la sentencia, esto es, sobre
$194.440.340, los cuales fueron calculados desde el 28 de octubre de 2020 hasta el 30
de diciembre de 2021, en atención a que el pago parcial se efectuó el 31 de diciembre de
ese mismo año. En segundo lugar, liquidó la suma de $2.533.838,70 por intereses sobre
las diferencias pensionales causadas con posterioridad a la ejecutoria, entre el 28 de
octubre de 2020 y el 30 de diciembre de 2021; y, finalmente, reconoció $16.601.078,98
por intereses sobre el capital insoluto subsistente, ($21.272.048), luego del pago parcial
efectuado por la entidad el 31 de diciembre de 2021, estos últimos intereses fueron
liquidados desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, mes anterior a la
sentencia de primera instancia. Para la Sala, esa estructura se ajusta al régimen previsto
en los artículos 192 y 195 del CPACA, en tanto tales diferencias hacen parte del crédito
derivado del título judicial y generan mora hasta su pago efectivo.

32. Los documentos aportados por la ejecutada evidencian que el cumplimiento de la
obligación no fue inmediato ni íntegro. El memorando No. 217-784 liquidó intereses
moratorios a la tasa DTF y señaló un total de $4.270.630 por ese concepto, además de
un capital indexado de $193.893.828, un descuento de aportes por $25.195.312 y un
reajuste adicional de $35.324.943 para llegar al total pagado de $208.294.089. La
certificación de tesorería, por su parte, indicó que ese pago se realizó el 30 de diciembre
de 2021 y se abonó el 31 de diciembre de 2021. Esto confirma que el cumplimiento fue
parcial y tardío, lo que justifica la causación de intereses moratorios en los términos
fijados por el a quo.

33. Aunado a lo anterior, la liquidación presentada por la ejecutada no comprende la
totalidad de los tramos de causación definidos en la sentencia, pues omite los intereses
generados con posterioridad al pago parcial efectuado en diciembre de 2021 sobre el
capital insoluto, esto es, desde el 1 de enero de 2022, por lo que no cubre integralmente
la obligación en los términos del título ejecutivo y no demuestra su extinción.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)
Ejecutante: Heynar Muñoz Agudelo.

34. Finalmente, respecto del reproche formulado por la ejecutada en relación con la
supuesta omisión del cobro del aporte por aumento previsto en el artículo 38 del Decreto
4433 de 2004, la Sala advierte que dicho planteamiento constituye un cuestionamiento a
la metodología de liquidación adoptada por el a quo. La ejecutada no precisó de manera
concreta ni matemática la forma en que la inclusión de dicho concepto incidiría en el
resultado final del cálculo efectuado. Ahora, en sede ejecutiva, dicho reparo no resulta
determinante, en la medida en que la prosperidad de la excepción de pago exige la
acreditación de la extinción íntegra de la obligación, conforme al título ejecutivo y al
mandamiento de pago.

35. En ese contexto, sin que sea necesario definir el alcance específico de ese
componente dentro del asunto, la ejecutada no demostró que, aun incorporándolo en una
liquidación ajustada al título, el saldo insoluto se extinga; además la sentencia base de
la ejecución no contempló expresamente dicho concepto o descuento y en todo caso ello
no acredita el pago total de la obligación.

36. Similar situación se presenta frente al argumento según el cual, para el año 2013, el
despacho liquidó de manera equivocada la mesada de navidad completa y aplicó
indebidamente descuentos del 1 % y del 4 % a la prima de servicios de mitad de año y a
la mesada de navidad. Dicho planteamiento tampoco permite concluir que se haya
pagado totalmente la obligación, pues no obra en el proceso una liquidación elaborada
conforme a la sentencia base de ejecución y a la providencia que ordenó seguir adelante
con la ejecución, que demuestre que los cálculos realizados por el a quo sean errados,
que los correctos correspondan a los propuestos por la ejecutada y que, una vez
efectuados estos últimos, se configure la extinción íntegra de la obligación.

37. De conformidad con lo anterior, para la Sala la entidad ejecutada no acreditó la
extinción íntegra de la obligación en los términos exigidos por el proceso ejecutivo, por
cuanto los documentos aportados únicamente demuestran la realización de pagos con
base en una liquidación administrativa propia, sin acreditar la correspondencia plena
entre lo debido conforme al título ejecutivo y al mandamiento de pago, y lo efectivamente
cancelado.

38. En consecuencia, se confirmará la decisión que ordenó seguir adelante con la
ejecución, sin perjuicio de que la determinación aritmética final del crédito se concrete en
la etapa de liquidación, teniendo en cuenta los pagos que efectivamente se hubieren
realizado, conforme a lo previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso.

Costas en segunda instancia

39. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)
Ejecutante: Heynar Muñoz Agudelo.

40. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así una excepción
a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

41. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.

42. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, se impondrán costas a la parte ejecutada, en tanto el recurso de
apelación fue desestimado en su integridad. Para estos efectos, en aplicación del artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de julio de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la
presente providencia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

10

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00857-01 (6139-2024)
Ejecutante: Heynar Muñoz Agudelo.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.