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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00141-03

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00141-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones de pago y prescripción y se ordenó seguir la ejecución, de conformidad con lo considerado en la parte motiva. Segundo. CONDENAR en costas al extremo ejecutado por las razones expuestas en la presente providencia. 11 Radicación: 25000-23-42-000-2016-00141-03 (1497-2026) Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-00141-03

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-00141-03 (1497-2026)
Ejecutante: Andrés Alberto Gutiérrez Sáenz, Camilo Mauricio Gutiérrez
Sáenz y Paola Gutiérrez Sáenz
Ejecutado: UGPP

Tema: Ejecutivo laboral. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 4 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se declararon
no probadas las excepciones de pago y prescripción y se ordenó seguir la ejecución
por la suma de $309.745.807,07.

ANTECEDENTES

1. Los señores Andrés Alberto Gutiérrez Sáenz, Camilo Mauricio Gutiérrez Sáenz y
Paola Gutiérrez Sáenz, en calidad de herederos de la señora Julieta Sáenz de
Gutiérrez interpusieron demanda ejecutiva con el fin de que se cumpla la sentencia
proferida el 20 de abril de 2006 corregida por providencia del 24 de agosto del
mismo año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó la
reliquidación de la pensión.

PRETENSIONES

2. Solicitaron se librara mandamiento ejecutivo así:

«PRIMERA: Por la suma de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DOS
CENTAVOS ($525.649.681,02) MCTE por concepto de diferencias de mesadas
causadas y no pagadas liquidadas desde el 1 de febrero de 2002 al 7 de junio de
2012.

SEGUNDA: Por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DIEZ MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2016-00141-03 (1497-2026)

($43.010.471,63) MCTE por concepto de indexación sobre las diferencias de las
mesadas causadas y no pagadas, liquidadas desde el 1 de febrero de 2002 al 19 de
febrero de 2007 (fecha de ejecutoria de la sentencia).

TERCERA: Por la suma TRESCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($305.689.446,51) MCTE por concepto de intereses
moratorios de que trata el inciso 5º del artículo 177 del C.C.A., calculados sobre el
pago parcial de la condena liquidados desde el 20 de febrero de 2007 al 31 de mayo
de 2015.

CUARTA: Por los intereses moratorios de que trata el inciso 5º del artículo 177 del
C.C.A., los cuales se causaron desde el 20 de febrero de 2007, hasta que se pague
integralmente la sentencia judicial calculados sobre las diferencias de las mesadas,
conforme al valor real de a pensión ordenada en el mandato judicial, sin límite de tope
alguno.»

HECHOS

3. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

4. Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 20 de
abril de 2006 corregida el 24 de agosto de 2006 ordenó reliquidar la pensión de
jubilación de la señora Julieta Sáenz de Gutiérrez, en cuantía del 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de
servicios, a partir del 1 de febrero de 2002, incluyendo los siguientes factores: las
primas de servicios de navidad y de vacaciones y la bonificación por servicio en una
proporción del 100% al momento de obtener la asignación más alta.

5. Que la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE, mediante la Resolución
29180 del 2 de julio de 2008, reliquidó la pensión en los términos ordenados,
elevando la cuantía de la pensión a la suma de $7.534.415.99, efectiva a partir del
1 de febrero de 2002. Sin embargo, mediante Resolución 60530 del 15 de diciembre
de 2008 se modificó el anterior acto administrativo y de forma arbitraria se aplicó un
tope máximo a la pensión disminuyéndola a $6.180.000.

6. Que mediante las Resoluciones RDP 037610 del 12 de diciembre de 2014 y RDP
04588 del 4 de febrero de 2015, la UGPP, reconoció a favor de los señores Andrés
Alberto Gutiérrez, Camilo Mauricio Gutiérrez Sáenz y Paola Carolina Gutiérrez
Sáenz en calidad de herederos de la señora Julieta Sáenz de Gutiérrez, las
mesadas causadas y no cobradas en atención al cumplimiento de la sentencia
judicial.

7. Que la UGPP reportó al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional-
Consorcio FOPEP en el mes de abril de 2015, la novedad de inclusión en nómina

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de los actos administrativos de cumplimiento, cancelando a los herederos por
concepto de pago de las diferencias de mesados causadas y no pagadas menos
descuentos de salud un valor de $146.585.898.01.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 3 de
diciembre de 2024 corregida el 14 de enero de 2025 libró mandamiento ejecutivo
por $309.745.807.

9. La UGPP propuso la excepción de pago, fundamentada en que mediante
Resolución 29180 del 2 de julio de 2008, se ordenó reliquidar la mesada pensional
de conformidad con la orden contenida en la sentencia título.

10. Que por Resolución RDP 37610 del 12 de diciembre del 2014, modificada por
la RDP 22327 del 2 de junio de 2015 ordenó reconocer por una sola vez las
mesadas causadas y no cobradas, con ocasión del fallecimiento de la causante en
cuantía $12.323.732, 33% para cada heredero.

11. También propuso las excepciones de caducidad y prescripción, con base en el
artículo 488 del CST, esto es, respecto de todo lo causado con tres años de
anterioridad a la presentación de la demanda.

12. Por auto de 3 de marzo de 2026, se dio el trámite de sentencia anticipada y se
corrió traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

13. El Tribunal declaró no probadas las excepciones y ordenó seguir la ejecución
por la suma de $309.745.807,07.

14. Que puntualmente son tres los reparos de los actores: 1) que aun cuando
formalmente en los actos administrativos se aceptó que la pensión no está sometida
a topes, al momento de efectuar el pago de lo adeudado se aplicó el tope de los 25
SMLMV. 2) que se aplicó una prescripción no ordenada en el título ejecutivo, por lo
cual sólo se liquidaron y pagaron diferencias a partir del 7 de septiembre de 2008 y
3) que no se reconocieron intereses de mora, aun cuando el pago se dio ocho años
después de la ejecutoria de la sentencia.

15. Que el tope pensional de en su momento de 20 o actualmente 25 SMLMV opera
de pleno derecho, pues se constituye en una prohibición a las entidades pagadoras
de permitir la existencia de mesadas que superen tal límite, y para el caso de los 25

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SMLMV es una disposición dictada por la Corte Constitucional la que lo impone, que
no puede ser desconocida por la entidad de previsión ni juez alguno. Por tanto, la
pensión reliquidada desde febrero de 2002, hasta el 31 de julio de 2010 no estaba
sometida a topes, pero entre 1º de agosto de 2010 y 7 de junio de 2012 fecha del
fallecimiento de la causante, no podía exceder los 25 SMLMV.

16. Que la reliquidación que varió la mesada pensional inicial de $7.534.415 a
$10.423.115, fue producto de una nueva certificación de factores salariales como
consecuencia de un proceso judicial diferente al presente, donde se ordenó a la
Fiscalía como nominador, variar el quantum de la bonificación por compensación de
$2.814.340 a $6.665.939. Fue por ello, además, que la ejecutada le aplicó
prescripción, esto es, accedió a la reliquidación, pero con efectos a partir del 7 de
septiembre de 2008.

17. Que no incumbe a este juicio ejecutivo, el tema de la prescripción aplicada al
reajuste pensional debido a la inclusión de la bonificación por compensación,
reajustada por orden judicial proveniente de otro título ajeno a esta causa. Sin
embargo, la mora de CAJANAL y de la UGPP en ingresar en nómina la Resolución
29180 de 2008, conllevó a que se hiciera en un solo momento con la Resolución
UGM 046310 de 2012, en abril de 2015, y por tanto se aplicó la prescripción a los
dos reajustes. Fue igualmente la incorporación de la bonificación por compensación
en cuantía más elevada, lo que conllevó a superar el tope de los 25 SMLMV.

18. Que para realizar una correcta liquidación de los intereses se debía distinguir
entre las diferencias existentes a la ejecutoria de la sentencia y las generadas con
posterioridad, porque solo las primeras causan intereses.

19. Que lo adeudado a la fecha de pago parcial era:

20. Que el abono efectuado en abril de 2015 por $146.615.215,17 se imputa primero
al capital, que ascendía para ese entonces a $231.597.945,32, lo que implica que
el capital indexado existente a la ejecutoria de la sentencia ($109.227.918,40) que
es el único que causó intereses de mora quedó satisfecho.

21. Que correspondía despachar la excepción de pago y continuar la ejecución por
la suma única de $309.745.807,07 luego de imputar a capital el abono efectuado

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por la ejecutada.

22. Que en cuanto al argumento de la UGPP según el cual la liquidación de
CAJANAL constituye fuerza mayor que impide el pago de intereses de mora; debía
señalarse que el título ejecutivo sea cual sea su naturaleza, es inmodificable por el
juez o las partes, sin importar las condiciones existentes al momento de la ejecución
de la condena, pues una vez el título nace a la vida jurídica ingresa al patrimonio
del acreedor y ni siquiera el tránsito legislativo puede menguar ese patrimonio.

23. Que la excepción de caducidad fue oficiosamente declarada con auto del 18 de
febrero de 2016, que fue revocado por el Consejo de Estado el 9 de marzo de 2020,
por lo que dentro del expediente obra pronunciamiento del superior para el caso
concreto, que declara no caduca la acción y por ello no se puede variar lo decidido.

24. Que la prescripción como excepción al mandamiento la concibe el CGP en su
artículo 2536 en términos similares a la caducidad de la acción de la Ley 1437 de
2011, esto es 5 años para la acción ejecutiva, sin embargo, existiendo norma
especial fue la que se aplicó en los términos ya resueltos.

RECURSO DE APELACIÓN

25. La entidad ejecutada interpuso recurso de apelación y sostuvo que de
conformidad con una decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado que dirimió un conflicto de competencias administrativas, la solicitud de
pago de intereses corresponde atenderla al Patrimonio Autónomo de Procesos y
Contingencias No Misionales de Cajanal E.I.C.E. en liquidación, toda vez que
mediante Resolución 29180 del 02 de julio de 2008, se dio cumplimiento a un fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 20 de abril de
2006 y la Resolución UGM 46310 del 16 de mayo de 2012 resolvió un recurso de
reposición y, en consecuencia, reliquidó la pensión de jubilación en cumplimiento al
mencionado fallo judicial.

26. Que en este caso, como la solicitud la tenía que cumplir Cajanal porque la
petición es anterior al 8 de noviembre de 2011, no se pagan intereses por el periodo
comprendido entre 12 de junio de 2009 y 12 de junio de 2013 como quiera que se
causan dentro del periodo de liquidación de Cajanal, significa que no resulta justo
el pago por dicho concepto.

27. Que la entidad procedió con el respectivo cumplimiento de la obligación en los
términos no solo judicialmente exigibles, sino bajo los presupuestos legales y
fácticos a que había lugar y que se encuentran contenidos en la Resolución RDP
37610 del 12 de diciembre de 2014, modificada por la RDP 22327 del 2 de junio de

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2015, en donde se encuentra debidamente discriminado y justificado el
cumplimiento de la obligación en debida forma.

28. Que realizó los siguientes pagos:

BENEFICIARIO CUPÓN DE PAGO Resolución VALOR
Paola Carolina Gutiérrez 3350 de abril de 2015 4588 del 04/02/2015 $48.869.165
Andrés Alberto Gutiérrez 3364 de abril de 2015 4588 del 04/02/2015 $48.857.487
Camilo Mauricio Gutiérrez 3366 de abril de 2015 4588 del 04/02/2015 $48.857.487
Andrés Alberto Gutiérrez 43348 noviembre 2024 $15.044.049.62
Camilo Mauricio Gutiérrez 95250 noviembre 2024 $15.044.049.62
Paola Carolina Gutiérrez 321 noviembre 2024 $15.044.049.62

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

29. Se admitió el recurso el 10 de julio de 2026. La parte ejecutante presentó escrito
en el que solicitó confirmar la decisión. La ejecutada y el Ministerio Público
guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Generalidades del proceso ejecutivo

31. El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial
encaminado a hacer efectiva una obligación clara, expresa y actualmente exigible,
que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […].» (Resaltado fuera del texto).

32. El artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre otros,
las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo

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contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.

33. Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales
y sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

34. Igualmente, conforme lo permite el artículo 442, el ejecutado puede presentar
las excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.

35. Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».1
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».2

36. En cuanto a la excepción de pago, esta Subsección a considerado lo siguiente:3

«[…] 21. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye
un mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la
obligación se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con
una rigurosa carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los
requisitos legales. Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido:
cuando el título y el mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no
basta acreditar indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin
liquidar ni pagar (arts.1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP,
la parte ejecutada soporta la carga de la prueba de ese pago extintivo.4

22. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso
ejecutivo prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos
administrativos que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la
entrega efectiva de los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre

2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor,
Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981,
expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la
depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho
cuestionado.”».
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre

2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor,
Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981,
expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la
depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho
cuestionado.”».
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2025 radicado:

05001-23-33-000-2018-01326-02 (1962-2024).
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-

000-2021-00111-01 (2853-2024).

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consignación o transferencia, certificaciones bancarias u órdenes de pago
ejecutadas.

23. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo
dispuesto en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto
liberatorio debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga
íntegramente lo debido conforme al título, como los siguientes.

24. Pago total entendido como la prestación de lo que se debe según lo dispuesto en
el artículo 1626 del código civil. Esto implica que la obligación se extingue únicamente
cuando se cumple en su totalidad. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir
pagos parciales, salvo que exista una convención en contrario o que la ley lo disponga
en casos especiales.

25. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino
también los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones
derivadas del retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado
que el pago efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce
efecto liberatorio si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no
se tiene por totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.5»

Resolución del caso concreto

37. La ejecutada sostiene que a la entidad a la que le corresponde el pago de los
intereses es el Patrimonio Autónomo de Procesos y Contingencias No Misionales
de Cajanal E.I.C.E. en liquidación.

38. El Consejo de Estado puntualizó que, según el Decreto 4269 de 2011, las
reclamaciones presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011 corresponderían a
la UGPP y las radicadas con anterioridad a esa fecha recaerían sobre Cajanal en
Liquidación; sin embargo, «al cierre de la liquidación de la antigua caja de previsión
(Cajanal), correspondió a su sucesora procesal (UGPP) asumir sin restricciones ni
dilaciones las competencias que aquella ejercía en materia pensional». 6

39. El fallo objeto de ejecución estableció una obligación a cargo de Cajanal, que
fue liquidada por mandato del Decreto 2196 de 2009. Por su parte, el artículo 64 del
Decreto 4107 de 20117 dispuso que Cajanal en liquidación, continuaría realizando
las funciones señaladas en el artículo 3.º del Decreto 2196 de 2009 8 hasta tanto
fueran asumidas por la UGPP. El proceso de liquidación culminó el 11 de junio de

5 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp.

25000-23-36-000-2019-00141-02.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).
7 «Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social

y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
8 «por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación,

se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».

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2013,9 por ende, los procesos judiciales y demás reclamaciones que estuvieran en
trámite al momento del cierre de la liquidación fueron asumidos por la UGPP.10

40. Así las cosas, le corresponde a la UGPP, quien sucedió a la extinta Cajanal en
sus funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de
sentencias judiciales proferidas en contra de ésta como administradora del sistema
pensional, razones que llevan a despachar de manera desfavorable este
planteamiento.

41. Otro aspecto que se censura es que para la causación de los intereses debe
tenerse en cuenta la suspensión como consecuencia de la liquidación de Cajanal.

42. Al respecto, esta Corporación ha indicado que es necesario diferenciar entre las
liquidaciones en el marco de un «proceso de liquidación forzosa administrativa» y
la adelantada para la supresión de Cajanal. En tal sentido, se ha concluido lo
siguiente:11

«He aquí la importancia de la distinción, que rechaza cualquier posibilidad de aplicar
al sub lite la tesis planteada por la entidad recurrente en la alzada, puesto que la
liquidación ordenada contra Cajanal se originó de una decisión del presidente de la
República por razones eminentemente «político-administrativas», que encuentra su
fuente y causales en el derecho público, cuyos riesgos, en atención al principio de
responsabilidad del Estado, no deben ser asumidos por el acreedor particular, porque
«rompe el equilibrio en las cargas públicas ocasionándole un daño antijurídico».
[…]

Por el contrario, cuando la supresión y consecuente liquidación recae sobre
organismos y entidades de naturaleza pública, si es por decisión de una
superintendencia, «debe aplicarse el principio general del cumplimiento riguroso de
las obligaciones, de manera que, en lo posible, se pagarán los intereses de todo tipo
respetando las prelaciones legales», y si la determinación la adopta el presidente de
la República, como lo fue en el caso de Cajanal, «el Estado debe responder por los
daños antijurídicos que eventualmente puedan causarse y específicamente debe
pagar los intereses remuneratorios y moratorios anteriores y posteriores al decreto de
liquidación».

43. Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que la UGPP no puede
soportarse en el periodo de liquidación de Cajanal para sustraerse del pago de los
intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento de una obligación
de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya

9 Decreto 877 de 2013, «por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de

Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación y se dictan otras disposiciones».
10 Véase el auto del 19 de julio de 2018 proferido por la Subsección B, de la Sección Segunda del

Consejo de Estado, radicado. 25000-23-42-000-2017-01281-01(1516-18).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,

radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00141-03 (1497-2026)

que esta era una entidad de naturaleza pública, cuyas condiciones de liquidación
no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en riesgo el equilibrio ante las
cargas públicas.12

44. También advierte la entidad que a través las Resoluciones RDP 37610 del 12
de diciembre de 2014, modificada por la RDP 22327 del 2 de junio de 2015 se dio
cumplimiento a la obligación en debida forma.

45. Revisado el expediente se advierte que a través de los referidos actos
administrativos se ordenó el reconocimiento por una sola vez de las mesadas
causadas y no cobradas, con ocasión del fallecimiento de la causante Julieta Sáenz
de Gutiérrez en un porcentaje del 33.33% para cada uno de los beneficiarios.

46. Para la Subsección resulta claro que con la simple expedición de actos
administrativos no se cumple la carga de satisfacer el crédito laboral reclamado,
sino que se exige la prestación efectiva de lo debido que comprende tanto capital
como intereses, además, aunque estas resoluciones fueron relacionadas por el
Tribunal en la sentencia impugnada, igualmente se llegó a la conclusión de no
declarar probada la excepción de pago y continuar con la ejecución.

47. Entonces, no bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos
administrativos que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de
la entrega efectiva de los recursos a los acreedores para que la obligación se
entienda extinta.

48. Ahora, la entidad insiste en que realizó unos pagos a los ejecutantes, sin
embargo, aquellos acreditados en abril de 2015 fueron precisamente imputados por
el Tribunal y que llevaron a la decisión de continuar con la ejecución porque no se
ha satisfecho el crédito.

49. Por otro lado, si bien se allegaron otros cupones de pago de unos dineros
cancelados en noviembre de 2024, no pueden tenerse en cuenta para estudiar la
excepción de pago propuesta por la entidad porque no se aportaron dentro de las
oportunidades procesales oportunas para ello, además, no se tiene certeza si
corresponden al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia base de ejecución o
a qué conceptos incumben.

50. En todo caso, si existen otros pagos realizados por la entidad y que se acredite
que corresponden a la obligación acá reclamada, deberán ser tenidos en cuenta en
la etapa de liquidación del crédito.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,

radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).

10

Radicación: 25000-23-42-000-2016-00141-03 (1497-2026)

De la condena en costas de segunda instancia

51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

53. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

54. En consecuencia, se impondrán costas a la ejecutada, por cuanto la sentencia
apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron negadas
totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declararon no probadas
las excepciones de pago y prescripción y se ordenó seguir la ejecución, de
conformidad con lo considerado en la parte motiva.

Segundo. CONDENAR en costas al extremo ejecutado por las razones expuestas
en la presente providencia.

11

Radicación: 25000-23-42-000-2016-00141-03 (1497-2026)

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

12

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