Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2024-00110-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2024-00110-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2024-00110-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Proceso Ejecutivo.
Radicación: 25000-23-42-000-2024-00110-01 (2156-2025)1.
Demandante: Víctor Gonzalo Garay Ladino.
Demandado: Bogotá D.C. –Secretaría de Gobierno, hoy Secretaría de
Seguridad, Convivencia y Justicia –Cárcel Distrital de Varones
y Anexo de Mujeres de Bogotá.
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución.
Decisión: Revocar numerales ii) y iii) de la decisión apelada. Se ordena
liquidar los intereses moratorios conforme al régimen previsto
en el Decreto 01 de 1984 (CCA). Se confirma en lo demás la
providencia apelada.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 16 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca2, mediante la cual ordenó seguir adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se presentó demanda ejecutiva en contra de Bogotá D. C. – Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de
Bogotá, con el propósito de obtener el cumplimiento de la sentencia proferida el 21 de
mayo de 2020 por esta Corporación, mediante la cual se revocó la sentencia de primera
instancia que había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se ordenó a
la entidad demandada pagar el valor correspondiente a cincuenta (50) horas extras
diurnas mensuales, causadas desde el 18 de junio de 2007 hasta el 31 de diciembre de
2009, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de 1978,
liquidadas con base en el factor hora resultante de dividir la asignación básica mensual
entre el número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral, esto es, 190 horas.
2. Como pretensiones se solicitó librar mandamiento de pago en contra de la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo
1 Expediente electrónico.
2 Sección Segunda, Subsección E. Decisión suscrita por los magistrados: Jaime Alberto Galeano Garzón (con
aclaración de voto), Patricia Victoria Manjarrés Bravo (con salvamento parcial de voto) y Ramiro Ignacio Dueñas
Rugnon.
Radicación: 25000-23-42-000-2024-00110-01 (2156-2025)
Ejecutante: Víctor Gonzalo Garay Ladino.
de Mujeres de Bogotá, por la suma de $21.530.531, correspondiente al capital pendiente
de cancelar, teniendo en cuenta que el valor total adeudado asciende a $23.818.176 por
el período comprendido entre el 1.º de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2009,
conforme con la liquidación presentada de la siguiente manera:
Horas extras diurnas $ 8,990,579
Reliquidación recargos 35 % $ 1,131,687
Reliquidación recargos 200% $ 1,661,641
Reliquidación recargos 235% $ 2,258,223
Reliquidación cesantías $ 1,085,830
Gran total sin indexar $ 15,131,960
Indexación $ 8,686,216
Gran total indexado $ 23,818,176
3. Así mismo, pidió el pago de los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el 2 de octubre de
2020, fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta el 14 de julio de 2021, fecha de
expedición de la Resolución No. 0315 de 2021, mediante la cual se dispuso el pago
parcial.
4. Finalmente, pidió el reconocimiento de los intereses moratorios liquidados a dicha tasa
a partir del 15 de julio de 2021 y hasta que se realice el pago total de la obligación,
respecto del capital omitido al momento de la expedición de la orden de pago parcial,
esto es, sobre la suma de $21.530.531, así como la condena en costas del proceso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.
Trámite en primera instancia
5. Mediante auto del 25 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
libró mandamiento de pago parcial contra el Distrito Capital-Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia- Cárcel Distrital de Varones, por las siguientes sumas de dinero:
• Por la suma de veinte millones novecientos once mil ochocientos seis pesos M/cte.
($20.911.806), valor que corresponde a las diferencias no pagadas por concepto
de horas extras, recargos nocturnos, recargos dominicales y reliquidación del
auxilio de cesantías.
• Por la suma de diecinueve millones novecientos once mil treinta pesos M/Cte.
($19.911.030), que corresponden a los intereses moratorios causados hasta la
ejecutoria de la sentencia.
• Por la suma que arrojen los intereses que se continúen causando sobre el capital
señalado con antelación, esto es, ($20.911.806), desde el 1.º de octubre de 2024
y hasta que se realice el pago total de la obligación.
6. Para la liquidación de los intereses, la decisión mayoritaria aplicó el régimen del
CPACA (Ley 1437 de 2011), acogió el criterio según el cual la tasa de mora es la vigente
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Ejecutante: Víctor Gonzalo Garay Ladino.
al momento en que se incurre en mora, incluso si el proceso declarativo se inició bajo el
CCA. Asimismo, reconoció la interrupción de intereses por no haberse solicitado
oportunamente el cumplimiento del fallo y tuvo en cuenta el pago parcial efectuado por la
entidad en julio de 2021, por lo que, ajustó desde entonces la base sobre la cual se
causan los intereses.
7. El magistrado ponente3 formuló aclaración de voto al considerar que el mandamiento
debía ser proferido por él y no por la Sala, dado que no hubo negación total ni parcial del
mandamiento, sino ajuste de sumas. Por su parte, una magistrada que conforma la Sala4
presentó salvamento parcial de voto, compartió la procedencia del mandamiento, pero
discrepó del régimen de intereses, por considerar que debía aplicarse el Decreto 01 de
1984 (CCA) por la fecha de inicio del proceso y la remisión expresa del fallo base a dicho
régimen.
Contestación de la demanda
8. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – Cárcel Distrital de
Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá se opuso a las pretensiones de la demanda
ejecutiva y propuso la excepción de pago. Sostuvo que, mediante la Resolución 315 del
14 de julio de 2021, ordenó el pago de las sumas adeudadas conforme a los parámetros
fijados en el fallo base de ejecución, por lo que, aseguró haber cumplido íntegramente la
obligación. Además, formuló las excepciones de improcedencia del mandamiento de
pago por doble ejecución de la sentencia e inexistencia de una obligación clara, expresa
y exigible.
II. SENTENCIA APELADA
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 16 de junio de 2024,
ordenó seguir adelante con la ejecución por considerar que la ejecutada no acreditó el
pago total de la obligación. El a quo concluyó que subsistían diferencias por trabajo
suplementario, recargos y cesantías, pese al pago efectuado mediante la Resolución 315
de 2021.
10. Indicó que, conforme al título ejecutivo, la entidad debía pagar horas extras diurnas,
recargos ordinarios nocturnos, dominicales y festivos y reliquidar cesantías desde el 18
de junio de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009, con base en una jornada ordinaria de
190 horas mensuales. En la liquidación, estableció que la entidad adeudaba $21.043.366
por diferencias de trabajo suplementario y cesantías, y $23.213.053 por intereses
causados sobre el capital hasta la ejecutoria de las sentencias, para un total de
$44.256.420.
11. Con fundamento en la liquidación efectuada, ordenó seguir adelante con la ejecución
por $21.043.366, por concepto de diferencias adeudadas del trabajo suplementario y
cesantías; por $23.213.053, por concepto de intereses causados sobre el capital; y por
los intereses que se sigan causando sobre el capital adeudado desde el 1 de junio de
3 Jaime Alberto Galeano Garzón.
4 Patricia Victoria Manjarrés Bravo.
3
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Ejecutante: Víctor Gonzalo Garay Ladino.
2025 hasta el pago total de la obligación. Además, dispuso la liquidación del crédito
conforme al artículo 446 del CGP y no condenó en costas.
12. En salvamento parcial de voto de fecha 16 de junio de 2025, la magistrada Patricia
Victoria Manjarrés Bravo manifestó que compartía la decisión de seguir adelante con la
ejecución, pero se apartó del régimen aplicado para liquidar los intereses moratorios.
Sostuvo que la Sala no debía aplicar la Ley 1437 de 2011, sino el Decreto 01 de 1984,
porque la sentencia que sirve de título ejecutivo remitió expresamente a los artículos 176,
177 y 178 del CCA.
13. Agregó que, conforme al artículo 308 del CPACA y a la jurisprudencia reciente de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el régimen de intereses moratorios debe
definirse según la normativa bajo la cual se tramitó el proceso ordinario que dio origen al
título ejecutivo. Por ello, consideró que los intereses debieron calcularse con aplicación
del CCA, esto es, con la tasa de 1.5 veces el interés bancario corriente desde el día
siguiente a la ejecutoria de la sentencia y con cesación de su causación después del
vencimiento de los seis meses contados desde la ejecutoria.
III. RECURSO DE APELACIÓN
14. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia interpuso recurso de
apelación contra la sentencia del 16 de junio de 2024 y solicitó su revocatoria.
15. Alegó que la sentencia apelada desconoció el principio de contradicción y realizó una
valoración probatoria deficiente, porque omitió analizar de manera razonada la prueba
técnica contable aportada por la entidad. En particular, señaló que el concepto emitido
por la Dirección de Gestión Humana – Grupo de Nómina, junto con la Resolución 0315
de 2021 y los soportes de nómina, demostraban que la obligación fue cumplida conforme
a lo ordenado por el Consejo de Estado.
16. También cuestionó el régimen de intereses moratorios aplicado por el Tribunal. Indicó
que no era procedente liquidarlos con fundamento en la Ley 1437 de 2011, pues la
sentencia base de recaudo remitió expresamente a los artículos 176, 177 y 178 del
Decreto 01 de 1984. Añadió que esa tesis fue respaldada por jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y por el salvamento parcial de voto emitido en el mismo
expediente.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. Mediante auto proferido el 4 de diciembre de 20255, se admitió el recurso de
apelación.
5 Índice 0004 de Samai-segunda instancia.
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Radicación: 25000-23-42-000-2024-00110-01 (2156-2025)
Ejecutante: Víctor Gonzalo Garay Ladino.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar si debe declararse probada la excepción de pago
total propuesta por la entidad ejecutada, con fundamento en la Resolución 0315 de 2021
y en las pruebas obrantes en el expediente, o si, por el contrario, subsiste una obligación
pendiente de pago que impide tenerla por configurada. Asimismo, deberá establecer cuál
es el régimen aplicable a la liquidación de los intereses moratorios.
Análisis del problema jurídico
20. La Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto ordenó seguir adelante con la
ejecución, ya que la entidad demandada no acreditó el pago total de la obligación
contenida en la sentencia del Consejo de Estado del 21 de mayo de 2020. No obstante,
se revocará la decisión adoptada respecto de intereses moratorios y se ordenará su
liquidación conforme lo dispuesto en los artículos 176,177 y 178 del CCA.
21. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.6
22. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-000-
2021-00111-01 (2853-2024)
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Ejecutante: Víctor Gonzalo Garay Ladino.
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.
23. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.
24. En el presente asunto, la sentencia base de ejecución7 ordenó pagar cincuenta horas
extras diurnas mensuales desde el 18 de junio de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009,
reajustar los recargos nocturnos, dominicales y festivos con base en la jornada ordinaria
de 190 horas mensuales, y reliquidar las cesantías con fundamento en los mayores
valores reconocidos por esos conceptos. Además, dispuso la actualización de las sumas
adeudadas y el cumplimiento de la condena dentro del plazo previsto en los artículos 176,
177 y 178 del CCA8.
25. Bajo esos parámetros, no bastaba con acreditar la expedición de un acto
administrativo de cumplimiento ni la existencia de órdenes de pago asociadas a la
Resolución 315 de 20219, sino que era necesario demostrar el cumplimiento total de la
obligación. Aunque el certificado presupuestal10 y las órdenes de pago evidencian que la
7
Sentencia del 21 de mayo de 2020.
8 “El Distrito Capital-secretaría de seguridad, convivencia y justicia dirección cárcel distrital de varones y anexo de
mujeres de Bogotá, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazco indicado en los artículos
176, 177 y 178 del CCA.” […]
9 Por la cual se da cumplimiento a una sentencia judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia
laboral y se ordena un pago. “ARTÍCULO 1°.- Dar cumplimiento a la sentencia proferida el 21 de mayo de 2020 por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B en el proceso de radicado con el No. 250002325000-2011-00266-
01, de Víctor Garay Ladino contra Distrito Capital-Secretaría de Gobierno-Dirección Cárcel Distrital de VARONES Y
Anexo Mujeres, y en consecuencia reconocer y ordenar pagar la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($2.287.645) M/CTE, de conformidad con lo allí decidido y lo
expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO 2°.- Ordénese a la Dirección Financiera de la Secretaría expedir el/los respectivos Certificado/s de Registro
Presupuestal y pagar la suma DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y CINCO ($2.287.645) M/CTE de la siguiente forma:
a. UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVICIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($1.459.992) M/CTE., a favor del señor VICTOR GARAY LADINO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
19.367.342, mediante consignación o giro a su cuenta de ahorros 008480042855 del Banco DAVIVIENDA, que
corresponden al setenta por ciento (70%) del valor neto a pagar.
b. OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($827.653) M/CTE., a su
apoderado señor JAIRO SARMIENTO PATARROYO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.191.989 de
Bogotá y Tarjeta Profesional No. 62.110 del Consejo Superior de la Judicatura a la cuenta de ahorros No.
24501263944 del Banco Caja Social, valor equivalente al 30% de la liquidación total a pagar al demandante”
10
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 715. EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL
PRESUPUESTO CERTIFICO Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2021 existe apropiación
disponible para atender la presente solicitud así: RUBRO 131050701, DESCRIPCIÓN DEL RUBROI, CONCEPTO DEL
GASTO N/A, FONDO 1-100-F001-VA-Recursos distrito, VALOR 2.287.645. Objeto: Pago de la liquidación realizada
en cumplimiento del fallo judicial ordenado a favor de Víctor Gonzalo Garay Ladino y en contra de la Secretaría Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia. Lo anterior para expedición de CDP y CRP.”
6
Radicación: 25000-23-42-000-2024-00110-01 (2156-2025)
Ejecutante: Víctor Gonzalo Garay Ladino.
entidad apropió y giró $2.287.645, distribuidos en $1.459.99211 y $827.65312, tales
documentos solo demuestran un pago parcial, no la extinción íntegra de la obligación.
26. El mandamiento de pago partió de la existencia de ese pago parcial y, luego de
descontarlo, libró ejecución por $20.911.806 por diferencias no pagadas de horas extras,
recargos nocturnos, recargos dominicales y reliquidación de cesantías; $19.911.030 por
intereses moratorios causados hasta la ejecutoria de la sentencia; y los intereses que se
siguieran causando sobre el capital desde el 1 de octubre de 2024 hasta el pago total, lo
que evidencia que, contrario a lo asegurado por el apelante, la primera instancia sí tuvo
en cuenta las pruebas aportadas al proceso en aras de acreditar que hubo un pago
parcial.
27. La excepción de pago no está llamada a prosperar, pues la entidad ejecutada tenía
la carga de demostrar que el pago ordenado en la Resolución 315 de 2021 cubría todos
los conceptos reconocidos judicialmente. Sin embargo, las pruebas que reposan en el
plenario evidencian que la entidad pagó un monto inferior al capital total adeudado
conforme a lo ordenado en la sentencia base de recaudo y en el mandamiento de pago.
En consecuencia, subsiste un saldo insoluto que impide declarar extinguida la obligación.
28. Ahora bien, en relación con los intereses moratorios, le asiste razón a la entidad
apelante al cuestionar la aplicación de la Ley 1437 de 2011, pues el régimen aplicable es
el previsto en el Decreto 01 de 1984. Ello es así porque la sentencia del 21 de mayo de
2020, que constituye el título ejecutivo, remitió expresamente a los artículos 176, 177 y
178 del Código Contencioso Administrativo, por lo que la liquidación de los intereses
debía efectuarse conforme al artículo 177 ibidem y no bajo las reglas del CPACA.
29. Además, esta conclusión se ajusta a la postura de la Sala, según la cual el régimen
aplicable a los intereses moratorios se determina a partir de la fecha de presentación de
la demanda ordinaria que dio origen al título ejecutivo. Por tanto, si aquella fue instaurada
antes de la entrada en vigencia del CPACA, los intereses deben liquidarse conforme a
los artículos 176, 177 y 178 del CCA; mientras que, si fue presentada bajo la vigencia de
la Ley 1437 de 2011, resultan aplicables los artículos 192 y 195 del CPACA.
30. En ese sentido, como la demanda ordinaria que dio lugar a la sentencia ejecutada
fue presentada antes de la entrada en vigencia del CPACA13, la liquidación de los
intereses moratorios en el sub judice debe efectuarse con fundamento en el Decreto 01
de 1984 y no en la Ley 1437 de 2011, como lo hizo el a quo.
31. No obstante, ese reparo (relativo al régimen aplicable para liquidar intereses
moratorios) no tiene la entidad suficiente para desvirtuar la orden de seguir adelante con
la ejecución, puesto que, el saldo insoluto de capital subsiste con independencia del
11
Orden de pago 3040 CON FECHA D EIMPRESIÓN DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2021, en la que se ordena el pago
de los recursos del distrito por valor de $1.459.992 por concepto de sentencias.
12 Orden de pago 3043 CON FECHA D EIMPRESIÓN DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021, en la que se ordena el pago
de los recursos del distrito por valor de $827.653 por concepto de sentencias.
13 El 28 de marzo de 2011. Índice 0001 de Samai. Proceso ordinario de radicación 25000-23-25—000-2011-00266-01
(4943-2015) en actuaciones de primera instancia.
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Radicación: 25000-23-42-000-2024-00110-01 (2156-2025)
Ejecutante: Víctor Gonzalo Garay Ladino.
régimen de intereses aplicable. Además, si los intereses se causan por disposición legal
desde el vencimiento del término previsto en el artículo 177 del CCA, su falta de
liquidación y pago también impide tener por satisfecha integralmente la obligación. En
otras palabras, la razón que le asiste a la apelante no conduce a declarar probada la
excepción de pago total, sino a precisar que la liquidación definitiva del crédito en cuanto
a los intereses moratorios deberá ajustarse al régimen del CCA.
32. En consecuencia, se revocarán los numerales ii) y iii) del ordinal primero, que
ordenaron el pago de intereses moratorios con fundamento en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo14, para, en su lugar,
ordenar que los intereses moratorios sean liquidados conforme a lo previsto en los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo15, por ser el régimen
aplicable al título ejecutivo. Lo anterior, sin perjuicio de que el crédito definitivo se
determine en la etapa de liquidación correspondiente, con descuento de los pagos
efectivamente acreditados. En lo demás, se confirmará la sentencia apelada.
Costas en segunda instancia
33. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
34. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
35. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
36. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA. En consecuencia, no se impondrán costas a la
parte ejecutada, en tanto el recurso de apelación prosperó parcialmente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
14 Ley 1437 de 2011.
15 Decreto 01 de 1984.
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Radicación: 25000-23-42-000-2024-00110-01 (2156-2025)
Ejecutante: Víctor Gonzalo Garay Ladino.
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR los numerales ii) y iii) del ordinal primero de la sentencia del 16
de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar,
ORDENAR que los intereses moratorios se liquiden conforme a lo dispuesto en el artículo
los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, por ser el régimen
aplicable al título ejecutivo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia.
CUARTO. En firme esta providencia, por Secretaría, realícense las anotaciones
correspondientes y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
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