Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01692-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01692-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01692-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Proceso ejecutivo.
Radicación : 05-001-23-33-000-2019-01692-01(2387-2024)1
Demandante : Hermilda De Jesús Echavarría Espinosa.
Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Tema : Resuelve apelación contra sentencia que ordenó seguir adelante
con la ejecución.
Decisión : Confirmar la sentencia de primera instancia. La UGPP no
demostró el pago total de la obligación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 27 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia2, mediante la cual se declaró no probada la excepción de prescripción del
derecho, parcialmente probada la excepción de pago y se ordenó seguir adelante con la
ejecución.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte actora promovió demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con
el propósito de obtener el cumplimiento de la sentencia proferida el 8 de agosto de 2007
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se condenó a la extinta Caja
Nacional de Previsión Social – Cajanal (hoy UGPP) a reliquidar la mesada pensional
(pensión gracia), teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados al
momento de adquirir el estatus pensional. Dicha providencia quedó ejecutoriada el 7 de
septiembre de 2007.
2. Como pretensiones solicitó que se librara mandamiento de pago por el valor de
$43.015.519,81, discriminado de la siguiente manera:
1 Expediente digitalizado en Samai y Onedrive.
2 Decisión suscrita por los magistrados: Liliana Patricia Navarro Giraldo, Álvaro Cruz Riaño y Gloria María Gómez
Montoya.
Radicación: 05-001-23-33-000-2019-01692-01(2387-2024)
Ejecutante: Hermilda De Jesús Echavarría Espinosa
• Por la suma de $12.790.838,28, por concepto de capital, correspondiente a
mesadas atrasadas e indexadas.
• Por la suma de $30.224.681,53, por concepto de intereses moratorios, liquidados
conforme a los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, causados desde la ejecutoria de la providencia.
3. También pidió la actualización de su mesada pensional desde el año 1996 al año 2017.
Trámite en primera instancia
4. Mediante auto del 16 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia libró
mandamiento de pago a favor de Hermilda de Jesús Echavarría Espinosa y contra la
UGPP, por las obligaciones derivadas de la sentencia del 8 de agosto de 2007, proferida
por esa misma Corporación, en la cual se condenó a la entidad a reliquidar la pensión de
la ejecutante con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior
a la adquisición del estatus pensional, así como a pagar los reajustes correspondientes
y actualizar las sumas adeudadas conforme a la fórmula allí prevista.
5. Precisó que el mandamiento se libraba en los términos de la parte resolutiva del fallo
que sirve de título ejecutivo, cuya cuantificación debía efectuarse en etapa posterior
mediante la liquidación del crédito, para lo cual se tendría en cuenta el abono realizado
por la entidad en el año 2011 por valor de $22.191.432, así como la prescripción trienal
de las mesadas, conforme a lo definido en la providencia base de ejecución.
Contestación de la demanda
6. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló, entre otras, las
excepciones de prescripción del derecho y la de pago de la obligación. Sostuvo que la
ejecución no podía prosperar porque, de una parte, la demanda fue promovida por fuera
del término legal y, de otra, la obligación contenida en el título ya había sido satisfecha
por la entidad.
7. En relación con la caducidad y la prescripción, indicó que la sentencia que sirve de
título ejecutivo quedó ejecutoriada el 7 de septiembre de 2007, mientras que la demanda
ejecutiva fue presentada en el año 2018, esto es, después de transcurridos más de cinco
años desde la exigibilidad de la obligación. Con fundamento en ello, afirmó que el derecho
se encontraba prescrito, sin que las actuaciones surtidas dentro del proceso liquidatorio
de Cajanal tuvieran la virtualidad de suspender o alterar ese término.
8. Frente a la excepción de pago, señaló que la entidad ya había dado cumplimiento al
fallo judicial mediante la Resolución PAP 040551 del 25 de febrero de 2011, expedida
por Cajanal, por medio de la cual se reliquidó la pensión de la demandante y se ordenó
el pago correspondiente. Agregó que, en todo caso, cualquier suma eventualmente
adeudada debía ser imputada a los valores ya cancelados a la ejecutante.
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II. SENTENCIA APELADA
9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 27 de febrero de 2024,
declaró no probada la excepción de prescripción, declaró probada parcialmente la
excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos de la
sentencia del 8 de agosto de 2007, esto es, para la reliquidación de la pensión gracia con
inclusión de todos los factores salariales devengados entre el 20 de noviembre de 1993
y el 20 de noviembre de 1994, el pago de los reajustes correspondientes y la actualización
de las sumas adeudadas. Además, dispuso que al momento de liquidar el crédito se
tuviera en cuenta el abono efectuado por la entidad por valor de $22.191.506,18,
imputándolo primero a intereses y luego a capital, así como la prescripción trienal de las
sumas causadas con anterioridad al 15 de septiembre de 2001.
10. Sostuvo que la excepción denominada por la UGPP como prescripción por la forma
en que se argumentó estaba realmente encaminada a proponer la caducidad del medio
de control ejecutivo. Al respecto, precisó que la obligación se hizo exigible el 8 de marzo
de 2009 y que, aunque en principio la demanda debía promoverse dentro de los cinco
años siguientes, en este caso la ejecutante presentó cuenta de cobro en debida forma el
10 de diciembre de 2007, circunstancia que permitió aplicar la suspensión de términos
derivada del proceso de liquidación de Cajanal entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de
junio de 2013. Por ello, concluyó que la demanda, presentada el 8 de agosto de 2017,
fue oportuna y, en consecuencia, declaró no probada dicha excepción.
11. En cuanto a la excepción de pago, señaló que, si bien Cajanal expidió la Resolución
PAP-040551 del 25 de febrero de 2011 y efectuó pagos por retroactivo e indexación, ese
cumplimiento no fue integral dado que no se liquidaron ni reconocieron los intereses
moratorios derivados del incumplimiento de la sentencia. Explicó que, conforme al
artículo 177 del CCA, tales intereses se causaban desde la ejecutoria del fallo y cesaba
su causación pasados 6 meses de la ejecutoria de la decisión sin que la parte interesada
presentara la cuenta de cobro, y que, al no haberse cancelado totalmente, resultaba
aplicable la regla de imputación prevista en el artículo 1653 del Código Civil, según la
cual el pago debía abonarse primero a intereses y luego a capital. Con fundamento en
ello, concluyó que subsistía un saldo insoluto, declaró probada solo parcialmente la
excepción de pago, negó la pretensión de actualizar la totalidad de la mesada pensional
entre 1996 y 2017 y ordenó practicar la liquidación del crédito conforme al artículo 446
del CGP.
III. RECURSO DE APELACIÓN
12. La UGPP interpuso recurso de apelación en el que señaló que dio cumplimiento
integral a la sentencia base de ejecución mediante la Resolución PAP 040551 del 25 de
febrero de 2011, por medio de la cual reliquidó la pensión gracia de la demandante y fijó
sus efectos fiscales a partir del 27 de febrero de 2001 por prescripción trienal. Añadió
que, posteriormente, mediante la Resolución RDP 026159 del 30 de septiembre de 2021,
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ordenó el pago de los intereses moratorios causados con ocasión del cumplimiento del
fallo, por valor de $6.670.766,62.
13. Indicó que la inconformidad de la ejecutante no recaía en los factores salariales
tenidos en cuenta para la reliquidación, sino en la fecha desde la cual debía reconocerse
el retroactivo pensional. En ese sentido, afirmó que, aunque la sentencia del 8 de agosto
de 2007 no fijó expresamente una fecha concreta para la aplicación de la prescripción
trienal, de su parte motiva se desprendía que la reclamación administrativa fue
presentada el 15 de septiembre de 2004, de modo que la prescripción operaba respecto
de las mesadas causadas con anterioridad al 15 de septiembre de 2001.
14. Conforme a lo anterior, señaló que no existía suma pendiente por concepto de
mesadas e indexación, pues la Resolución PAP 040551 reconoció efectos fiscales desde
el 27 de febrero de 2001, fecha que, a su juicio, resultó incluso más favorable para la
demandante que la derivada estrictamente del fallo y, agregó que los intereses moratorios
ya fueron reconocidos mediante la Resolución RDP 026159 del 30 de septiembre de 2021
y se encontraban reportados para trámite financiero, por lo que no procedía ordenar valor
distinto a los ya reconocidos en sede administrativa.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
15. Mediante auto proferido el 25 de julio de 20243, se admitió el recurso de apelación.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
16. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.
Problema jurídico
17. Corresponde a la Sala determinar si, a partir de los argumentos de inconformidad
expuestos por la UGPP en el recurso de apelación, debe revocarse la sentencia de
primera instancia que declaró parcialmente probada la excepción de pago y ordenó seguir
adelante con la ejecución, o si, por el contrario, debe confirmarse al establecerse si la
entidad ejecutada acreditó el cumplimiento integral de la sentencia base de recaudo
mediante los actos administrativos invocados, en particular frente al reconocimiento y
pago del retroactivo pensional, su indexación y los intereses moratorios.
3 Índice 00005 de Samai-segunda instancia.
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Ejecutante: Hermilda De Jesús Echavarría Espinosa
Análisis del problema jurídico
18. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, porque los argumentos
expuestos en el recurso no desvirtúan la conclusión según la cual el cumplimiento
acreditado por la entidad fue apenas parcial y, por ende, subsiste un saldo insoluto
derivado de la sentencia base de ejecución. Se advierte, además, que la decisión relativa
a la excepción de prescripción (de declararse no probada) no fue objeto de inconformidad
en el recurso de apelación, razón por la cual, el análisis de esta instancia se circunscribirá
a los reparos formulados frente a la excepción de pago y a la orden de seguir adelante
con la ejecución.
19. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.4
20. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.
21. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.
22. Bajo ese marco, no le asiste razón a la UGPP cuando sostiene que cumplió
integralmente la sentencia base de recaudo. En la apelación afirmó que la obligación
quedó satisfecha con la Resolución PAP 040551 del 25 de febrero de 2011, mediante la
cual reliquidó la pensión gracia y fijó efectos fiscales a partir del 27 de febrero de 2001, y
con la Resolución RDP 026159 del 30 de septiembre de 2021, por la cual ordenó el pago
de los intereses moratorios.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-000-
2021-00111-01 (2853-2024)
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Ejecutante: Hermilda De Jesús Echavarría Espinosa
23. Ese planteamiento, sin embargo, no demuestra la extinción total de la obligación. En
efecto, el reconocimiento de la obligación no equivale a su pago, pues esta solo se
extingue cuando la prestación debida es satisfecha materialmente. Una cosa es el
reconocimiento administrativo de determinados conceptos y otra, distinta, su pago
efectivo, por ello, el proceso ejecutivo no se satisface con la sola expedición de actos de
cumplimiento, sino con la acreditación de que las prestaciones incorporadas en el título
fueron íntegramente pagadas.
24. Del material probatorio obrante en el expediente se advierte que, a través de la
Resolución PAP 040551 del 25 de febrero de 2011, la entidad reconoció únicamente los
valores por retroactivo e indexación; es decir, ni en ese acto administrativo ni en la
certificación de pagos5 se reconocieron, liquidaron o pagaron intereses moratorios. Al
respecto, debe precisarse que dichos intereses se causan por disposición legal desde el
vencimiento del término previsto en el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, vigente para la época en que se profirió y quedó ejecutoriada la sentencia
que sirve de título ejecutivo. Por ello, su omisión en la liquidación y pago impide tener por
satisfecha integralmente la obligación.
25. La propia apelación corrobora, además, que los intereses no han sido efectivamente
pagados. En efecto, la UGPP afirmó que estos fueron reconocidos mediante la
Resolución RDP 026159 de 2021 por valor de $6.670.766,62, y agregó que dicha suma
había sido reportada a la Subdirección Financiera, encontrándose pendiente de pago.
Esa afirmación encuentra respaldo en el expediente, al cual fue allegada la citada
resolución6, pero sin constancia de desembolso efectivo. En esas condiciones, la sola
acreditación del reconocimiento administrativo, unida a la ausencia de prueba de su pago,
impide tener por extinguida la obligación, pues mientras un componente del crédito
permanezca pendiente de satisfacción no puede prosperar la excepción de pago total.
26. En ese contexto, la Sala no comparte la premisa del recurso según la cual la sola
expedición de la Resolución RDP 026159 de 2021 bastaba para entender extinguido el
componente correspondiente a intereses. En sede ejecutiva, el juez debe verificar el
cumplimiento material de la obligación, de modo que el reconocimiento administrativo del
pago no reemplaza la prueba del desembolso efectivo al acreedor.
27. Aunado a lo anterior, dicho acto administrativo (Resolución RDP 026159 de 2021) no
puede ser valorado como sustento de la excepción de pago total, pues no fue aportado
5 Expedida el 5 de diciembre de 2014, por el subdirector de nómina de pensionados de la UGPP.
6 Resolución RDP 026159 de 2021Por la cual se ordena el pago de unos intereses moratorios “ARTÍCULO PRIMERO:
En cumplimiento al fallo proferido por el TRIBUNALADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA DECIMA DE DECISIÓN,
de fecha 08 de agosto de 2007, los intereses moratorios en los términos del artículo 177 del CCA estarán a cargo de
la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP - por valor de $6.670.766.62 M/CTE (SEIS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 62/100 M/CTE), según
liquidación respectiva efectuada por la Subdirección de Nómina de Pensionados, relacionada en la parte motiva de la
presente Resolución a favor de la señora HERMILDA DE JESÚS ECHAVARRIA ESPINOSA, identificada con CC No.
32325812, los cuales se reportarán por esta Subdirección a la Subdirección Financiera a fin de que se efectúe la
ordenación del gasto y el pago correspondiente según disponibilidad presupuestal vigente, teniendo especial cuidado
en deducir lo ya cancelado por vía administrativa ejecutiva y/o títulos judiciales que se hayan expedido para tal fin.” […]
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Ejecutante: Hermilda De Jesús Echavarría Espinosa
dentro de la oportunidad procesal pertinente. En efecto, al contestar la demanda, la
ejecutada fundó su defensa en las excepciones de prescripción y de pago, soportada
esta última en la expedición de la Resolución PAP 040551 del 25 de febrero de 2011. Por
ello, los actos o desembolsos posteriores solo podrán ser considerados, en lo que resulte
procedente, en la etapa de liquidación del crédito, mas no como prueba de la extinción
total de la obligación.
28. Tampoco prospera el argumento según el cual la inconformidad de la ejecutante
recaía únicamente sobre la fecha de prescripción aplicada al retroactivo y que la
Resolución PAP 040551 del 25 de febrero de 2011 incluso le resultó más favorable al
reconocer efectos fiscales desde el 27 de febrero de 2001, puesto que, aun si se admitiera
que la entidad aplicó una fecha más beneficiosa en materia de prescripción, ello no basta
para acreditar el pago total de la obligación. Lo determinante no es definir si la fecha
correcta era el 27 de febrero de 2001 o el 15 de septiembre de 2001, sino establecer si,
aun bajo la liquidación acogida por la propia administración, la obligación fue plenamente
satisfecha y la respuesta es negativa, porque los intereses moratorios no han sido
efectivamente pagados o, por lo menos, ello no aparece acreditado en el expediente.
29. Por lo expuesto, como la UGPP no acreditó el pago total de la obligación, se impone
confirmar la sentencia apelada, en cuanto declaró probada solo parcialmente la
excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución. Lo anterior, sin perjuicio
de que el monto definitivo del crédito se determine en la etapa de liquidación, con
observancia de los pagos efectivamente acreditados en el expediente.
Costas en segunda instancia
30. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
31. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
32. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
33. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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34. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad ejecutada, por cuanto se negaron
totalmente las peticiones de la apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia., por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la
presente providencia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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