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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03608-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03608-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2026, proferida por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03608-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03608 01
Accionante: Efrain Olarte Olarte
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y
otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de inmediatez

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante en contra del fallo de
tutela proferido el 11 de junio de 2026 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Efrain Olarte Olarte, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en
contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

Respetuosamente pido instar al Consejo de Estado que el fallo primero
contenido en la sentencia de segunda instancia emitida dentro del proceso 25000-
23-42-000-2021-00111-01 (2853-2024), transcrito a continuación, sea adicionado
con un párrafo que permita remediar la indebida aplicación de norma consistente
en ordenar liquidación de los intereses de mora, originados en la reliquidación de
mi pensión por aportes, con base en el artículo 192 de la Ley 1437, norma incluida
en sentencias, mandamiento de pago y auto de liquidación de crédito a mi nombre;
en su reemplazo solicito que se aplique el artículo 141 de la Ley 100, tal como lo
dispone jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, Corte Suprema de
Justicia —en adelante CSJ—, fallos y sentencias, incluso el mismo CE.

“PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del dieciocho (18) de enero de
dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, por medio de la
cual se declararon no probadas las excepciones de «pago» y
«compensación», propuestas por la parte ejecutada, se ordenó seguir
adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.”

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03608 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 03608 01
Accionante: Efrain Olarte Olarte
Accionados: Subsección B – Sección Segunda - Consejo de Estado y otro

Lo relacionado con los intereses de mora ordenados en la sentencia
anticipada que falló el TAC y que ratificó el CE, se transcriben en los numerales
8 y 9 de LOS HECHOS.

Auto del TAC fechado el 03/03/2026. No atiende solicitud de aplicar el Control
Difuso y validar el cálculo de los intereses de mora aplicando el art. 141 Ley 100.
(Prueba 15). (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante relató que, mediante sentencia del 14 de mayo de 2012, el Juzgado
Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá le concedió el amparo solicitado en una
acción de tutela y ordenó el reconocimiento de su pensión de vejez, con fundamento en
la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990.

Indicó que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), expidió la Resolución 25612 del 8 de julio de 2012, por medio
de la cual le reconoció transitoriamente la pensión de vejez a partir del 1 de agosto de
ese año, con fundamento en el Decreto 758 de 1990.

Expuso que, el 26 de noviembre de 2012, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el propósito de obtener el
reconocimiento definitivo de la pensión de jubilación por aportes y el pago de las
diferencias pensionales e intereses moratorios correspondientes.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, mediante sentencia del 13 de febrero de 2014, accedió a sus pretensiones y ordenó
reconocerle la pensión de jubilación por aportes, de conformidad con el artículo 7 de la
Ley 71 de 1988. Añadió que, respecto de los intereses, esa autoridad dispuso que la
entidad debía cumplir la decisión en los términos de los artículos 187, 192 y 195 de la
Ley 1437 de 2011, sin acceder a su solicitud de aplicar el artículo 141 de la Ley 100 de
1993.

Adujo que Colpensiones interpuso recurso de apelación contra esa decisión y que, el
Consejo de Estado, la confirmó.

Manifestó que Colpensiones expidió la Resolución SUB 32705 del 4 de febrero de 2020,
mediante la cual dio cumplimiento parcial a las sentencias y reconoció su pensión a partir
del 1 de junio de 2011. En ese acto administrativo, la entidad calculó intereses moratorios
con fundamento en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, desde la ejecutoria de la
providencia judicial hasta el 30 de enero de 2020.

Afirmó que, en septiembre de 2020, presentó demanda ejecutiva contra Colpensiones
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener el pago correcto
de las diferencias pensionales y de los intereses moratorios previstos en el artículo 141
de la Ley 100 de 1993.

Precisó que, mediante auto del 22 de septiembre de 2022, el tribunal libró mandamiento
de pago. No obstante, rechazó su solicitud de calcular los intereses conforme al artículo
141 de la Ley 100 de 1993, al estimar que el título ejecutivo contenía una orden expresa
de aplicar los intereses regulados por el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03608 01
Accionante: Efrain Olarte Olarte
Accionados: Subsección B – Sección Segunda - Consejo de Estado y otro

Explicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia anticipada
del 18 de enero de 2024, declaró no probadas las excepciones de pago y compensación
propuestas por Colpensiones y ordenó seguir adelante con la ejecución. En relación con
los intereses moratorios, reiteró que debían liquidarse mes a mes sobre las diferencias
pensionales, desde la ejecutoria de la sentencia y hasta el pago del capital, de acuerdo
con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Relató que Colpensiones apeló esa providencia y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 6 de agosto de 2025, la confirmó.

Anotó que, mediante auto del 30 de septiembre de 2025, el Tribunal obedeció y cumplió
lo resuelto por el Consejo de Estado y concedió a las partes el término correspondiente
para presentar la liquidación del crédito. En consecuencia, el 3 de octubre de 2025
presentó la respectiva liquidación y el 13 de enero de 2026, allegó su actualización con
corte al 31 de diciembre de 2025.

Sostuvo que, mediante auto del 10 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca aprobó la liquidación del crédito por la suma de $350.347.038. En esa
providencia reiteró que los intereses debían liquidarse con fundamento en el artículo 192
de la Ley 1437 de 2011 y estableció como fecha inicial para su cálculo la ejecutoria de la
sentencia dictada en el proceso ordinario.

Aseveró que, el 19 de febrero de 2026, su apoderado solicitó al magistrado ponente
declarar la ejecutoria de la providencia y ordenar a Colpensiones su cumplimiento;
asimismo, pidió que se ejerciera control difuso de constitucionalidad y que los intereses
fueran calculados con fundamento en los artículos 33 y 141 de la Ley 100 de 1993, en
lugar del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Indicó que el Tribunal, mediante auto del 3 de marzo de 2026, negó esa solicitud. La
autoridad judicial explicó que la sentencia que sirvió de título ejecutivo no ordenó aplicar
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sino los intereses contemplados en el artículo 192
de la Ley 1437 de 2011, dado que la reliquidación pensional fue reconocida en una
providencia judicial.

El accionante cuestionó las decisiones adoptadas en el proceso ordinario y en el trámite
ejecutivo, al estimar que las autoridades judiciales aplicaron una norma general del
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, en lugar de la norma especial que regula los
intereses moratorios en materia pensional, esto es, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Argumentó que esta última disposición resulta aplicable tanto al reconocimiento inicial de
la pensión como a los reajustes, reliquidaciones, saldos y diferencias de mesadas
pensionales.

Resaltó que las decisiones cuestionadas desconocieron, entre otras, las sentencias C-
601 de 2000, T-647 de 2011 y SU-063 de 2023 de la Corte Constitucional; así como las
providencias SL1681-2020 y SL3130-2020 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Según afirmó, esos precedentes reconocen el carácter especial del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y su aplicación a las pensiones reconocidas bajo
regímenes anteriores a dicha normativa.

En cuanto a los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial, sostuvo que el asunto tiene relevancia constitucional, al involucrar su derecho al

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03608 01
Accionante: Efrain Olarte Olarte
Accionados: Subsección B – Sección Segunda - Consejo de Estado y otro

mínimo vital y el pago oportuno e integral de su pensión. Expuso que la aplicación del
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 le habría ocasionado una disminución patrimonial
aproximada de $287.743.063, calculada hasta el 31 de diciembre de 2025.

Respecto de la subsidiariedad, aseguró que agotó los mecanismos de defensa judicial
disponibles dentro del proceso ordinario y del ejecutivo, y que contra la decisión de
segunda instancia y el auto del 3 de marzo de 2026 no procede otro recurso judicial
idóneo. En relación con la inmediatez, manifestó que acudió al mecanismo constitucional
dentro de un término razonable contado desde la expedición de esta última providencia.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 11 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Segunda Subsección A del Consejo de Estado que, por auto del 13 de mayo de 20263 la
admitió y dispuso notificar4 a la Subsección B – Sección Segunda – Consejo de Estado y
la Sección Segunda – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como partes
accionadas; así como vincular a Colpensiones, como tercero con interés en las resultas
del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que allegara
copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm.
25000 23 42 000 2021 0011 00/01, el cual fue remitido5.

3.2. Colpensiones rindió informe6 y solicitó que se declarara improcedente la acción de
tutela. Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas adoptaron decisiones
razonables, fundadas en las normas y la jurisprudencia aplicables, sin incurrir en alguna
causal específica de procedibilidad.

Adujo que el accionante pretende reabrir el debate sobre la norma aplicable para liquidar
los intereses moratorios y anteponer su criterio al de los jueces naturales, por lo que el
amparo no puede convertirse en una tercera instancia.

Asimismo, alegó que no existe una conducta vulneradora atribuible a Colpensiones, pues
cumplió las órdenes judiciales y no tiene solicitudes pendientes por resolver.

3.3. El Consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera7 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.

2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03608 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03608 00.
4 Esta orden se cumplió el 15 de mayo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03608 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03608 00.
6 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03608 00.
7 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03608 00.
4

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03608 01
Accionante: Efrain Olarte Olarte
Accionados: Subsección B – Sección Segunda - Consejo de Estado y otro

Señaló que la sentencia cuestionada fue notificada el 11 de septiembre de 2025 y que la
solicitud de amparo se radicó el 11 de mayo de 2026, esto es, 8 meses después, sin que
el accionante justificara la tardanza. Precisó que dicho término supera el plazo razonable
de seis meses establecido por el Consejo de Estado en la sentencia del 5 de agosto de
2014.

Agregó que tampoco se acreditó alguna de las excepciones al requisito de inmediatez,
relacionada con la permanencia de la vulneración o con una situación especial que
hubiera impedido acudir oportunamente al juez constitucional. Subsidiariamente, pidió
negar el amparo, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados.

3.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardó silencio.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11
de junio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de inmediatez.

Señaló que la sentencia cuestionada fue notificada el 11 de septiembre de 2025 y quedó
ejecutoriada el 18 de septiembre siguiente. Por tanto, el término razonable de seis meses
para presentar el amparo transcurrió del 19 de septiembre de 2025 al 20 de marzo de
2026. Sin embargo, la tutela se radicó el 11 de mayo de 2026.

Indicó que el accionante justificó la tardanza en su edad de 79 años, en la afectación
permanente de sus derechos al mínimo vital y al debido proceso, y en que solo hasta el
3 de marzo de 2026 culminaron las actuaciones mediante las cuales pretendía obtener
la aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, consideró que tales circunstancias no justificaban la presentación tardía del
amparo, pues no se demostró que su edad le hubiera impedido acudir oportunamente al
juez constitucional, la alegada vulneración continua se sustentaba en la misma
inconformidad frente a la sentencia cuestionada y la controversia quedó definida desde
la ejecutoria de la providencia del 6 de agosto de 2025.

En consecuencia, concluyó que no se acreditó alguna razón válida para la inactividad ni
una situación que permitiera flexibilizar el requisito de inmediatez.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante impugnó y señaló lo
siguiente:

Sostuvo que sí cumplió el requisito de inmediatez, pues la vulneración no se consolidó
con la sentencia del 6 de agosto de 2025, dado que el proceso ejecutivo continuó con
actuaciones posteriores relacionadas con la liquidación del crédito.

Explicó que constituyen hechos sobrevinientes el auto del 30 de septiembre de 2025,
mediante el cual se concedió el término para presentar la liquidación; el auto del 10 de
febrero de 2026, que aprobó el crédito, y la providencia del 3 de marzo de 2026, que negó

5

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Accionante: Efrain Olarte Olarte
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calcular los intereses conforme con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Por ello, afirmó
que la tutela presentada el 11 de mayo de 2026 fue oportuna.

Alegó que la afectación de su mínimo vital es actual y continua, pues la aplicación del
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 le ocasionó una disminución patrimonial aproximada
de $287.743.063. Agregó que debía agotarse primero el trámite de liquidación del crédito,
por lo que solo podía acudir al juez constitucional una vez finalizadas esas actuaciones.

Asimismo, resaltó que tiene 79 años y es sujeto de especial protección constitucional,
circunstancia que, a su juicio, imponía flexibilizar el análisis de la inmediatez. En
consecuencia, solicitó revocar el fallo impugnado y adicionar la sentencia del 6 de agosto
de 2025, para ordenar que los intereses moratorios fueran liquidados con fundamento en
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y no conforme con el artículo 192 de la Ley 1437
de 2011.

5.2. Por auto proferido el 2 de julio de 2026 se concedió la impugnación8 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto el 15 de julio de 20269.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:

8 Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03608 00.
9 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03608 01.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 25000 23 42 000 2021 0011 00/01.

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6.2.1. Dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 25000 23 42 000 2021 00111 01,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante
sentencia del 18 de enero de 2024, declaró no probadas las excepciones de pago y
compensación formuladas por Colpensiones y ordenó seguir adelante con la ejecución.
6.2.2. Inconforme con la anterior decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 6 de
agosto de 2025, confirmó la providencia apelada.

6.2.3. La sentencia del 6 de agosto de 2025 fue notificada por mensaje de datos el 11 de
septiembre de 2025 y quedó ejecutoriada el 18 de septiembre siguiente, según las
constancias obrantes en el expediente ordinario.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, esta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.

En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.

La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros15.

La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el

15 Sentencia T-584 de 2011.

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03608 01
Accionante: Efrain Olarte Olarte
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fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición16.

De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:

[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia 17 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que «(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)». [Negrillas del texto].

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.

En el asunto bajo examen, el señor Efraín Olarte Olarte cuestiona la sentencia del 6 de
agosto de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
que confirmó la dictada el 18 de enero de 2024 por la Sección Segunda, Subsección A
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso ejecutivo identificado
con el radicado núm. 25000 23 42 000 2021 00111 01.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en las pretensiones solicita que se inste al Consejo
de Estado para que “(…) el fallo primero contenido en la sentencia de segunda instancia
emitida dentro del proceso 25000-23-42-000-2021-00111-01 (2853-2024) (…) sea
adicionado con un párrafo que permita remediar la indebida aplicación de norma
consistente en ordenar liquidación de los intereses de mora (…)”.

En ese sentido, y comoquiera que la providencia del 6 de agosto de 2025 fue notificada
el 11 de septiembre de 202518 y la presente acción de tutela fue radicada el 11 de mayo
de 202619, se desprende que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de

16 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.

M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
18 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 25000

23 42 000 2021 0011 01.
19 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03608 00.
8

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Accionante: Efrain Olarte Olarte
Accionados: Subsección B – Sección Segunda - Consejo de Estado y otro

inmediatez, dado que fue promovida luego de transcurridos más de seis meses desde la
notificación de la providencia cuestionada.

No obstante, el accionante sostuvo que el requisito de inmediatez debía flexibilizarse
debido a la naturaleza pensional de la controversia, a la afectación continua de su mínimo
vital y a su condición de adulto mayor de 79 años. Por ello, corresponde determinar si
tales circunstancias justifican la presentación tardía del amparo.

Cabe precisar que, aunque el asunto tiene origen en una prestación pensional, no se
discute la suspensión, pérdida o falta de pago de la mesada que actualmente percibe el
accionante. Su reproche se limita a la norma aplicada para liquidar los intereses
moratorios derivados de la reliquidación pensional.

En consecuencia, la naturaleza pensional de la controversia no permite concluir, por sí
sola, que exista una vulneración continua y actual de sus derechos fundamentales que
justifique flexibilizar el requisito de inmediatez.

En cuanto a la alegada condición de debilidad manifiesta, conviene traer a colación las
precisiones efectuadas por esta Sección en la sentencia del 28 de mayo de 201520, a
través de la cual unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que deben
tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez en estos casos particulares,
especialmente, el que hace referencia a la “condición de debilidad manifiesta”, en la que
señaló:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se
estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de
prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte una
sentencia relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se ha
acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de manera invariable, para
determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial para interponer la
acción de tutela merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los derechos permanece
en el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios
frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite
enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en
ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para proceder al
estudio de fondo […]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad
la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como
lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de
inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza de Asignación de
Retiro, que tal condición no es per se circunstancia que permita enervar el citado

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo

de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.
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Accionante: Efrain Olarte Olarte
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requisito, habida cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial situación” que
“convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente núm.
2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias
que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una
ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la
defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de
dicha lista al pensionado, por tratarse de un sujeto de protección especial,
conforme lo ha determinado la Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de
los pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y
madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos,
ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados,
entre otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten
eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan
a la tutela para obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección […]”.

La Corte Constitucional en sentencia T-672 de 2017 indicó lo siguiente:

[…] la vulnerabilidad supone la acreditación de las siguientes tres condiciones,
cada una de ellas necesaria, y conjuntamente suficientes, en el
accionante: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional, (ii)
hallarse en una situación de riesgo (condición subjetivo negativa) y (iii) carecer de
resiliencia, esto es, capacidad para asumir sus necesidades hasta tanto agota la
vía judicial ordinaria (condición subjetivo positiva) […].

Por su parte, en la sentencia T-167 de 2011, la Corte Constitucional explicó que la
categoría de sujetos de especial protección constitucional:

[…] se constituye por aquellas personas que debido a su condición física,
psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha considerado que entre los grupos de
especial protección constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, los
ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de
familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran
en extrema pobreza […]. (se destaca).

De acuerdo con esas reglas, aunque el señor Efraín Olarte Olarte pertenece a un grupo
de especial protección constitucional por tener 79 años, esa circunstancia no acredita,
por sí sola, una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta.

En efecto, no se allegaron elementos que permitan concluir que su edad le hubiera
impedido acudir oportunamente al juez constitucional. Tampoco se demostró que
padezca alguna condición médica grave, se encuentre en estado de indefensión o
carezca de recursos para atender sus necesidades básicas.

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Además, si bien afirmó que la aplicación del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 le
ocasionó una pérdida aproximada de $287.743.063, no indicó cuáles necesidades
básicas se encuentran insatisfechas ni aportó elementos probatorios que acreditaran una
afectación grave, actual e impostergable de su mínimo vital.

Finalmente, frente al argumento expuesto en la impugnación, relacionado con la
presencia de presuntos hechos sobrevinientes, tales como, el auto del 30 de septiembre
de 2025, mediante el cual se concedió el término para presentar la liquidación; el auto del
10 de febrero de 2026, que aprobó el crédito, y la providencia del 3 de marzo de 2026,
que negó calcular los intereses conforme con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la
Sala advierte que estos no implican hechos nuevos, sino que son decisiones que hacen
parte del proceso controvertido que se profirieron con anterioridad a la radicación de la
acción de tutela.

Adicionalmente, la solicitud de amparo, conforme las pretensiones expuestas en el escrito
de tutela inicial están orientadas a que se adicionara la providencia del 6 de agosto de
2025 dictada por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, y no, en
contra de las precitadas providencias.

Por consiguiente, las circunstancias invocadas por el accionante no resultan suficientes
para justificar la presentación tardía de la acción ni permiten flexibilizar el requisito de
inmediatez. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, que
declaró improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2026, proferida por la Sección
Segunda Subsección A del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 30 de
julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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