Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01970-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01970-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01970-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01970-02 (0842-2026)1
Demandante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
Suc. procesal: Martha Libia Ortiz Quintero.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Tema: Resuelve recurso de apelación contra sentencia que declaró
no probadas las excepciones y ordenó seguir adelante con la
ejecución.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia. La UGPP no
acreditó el pago total de las diferencias pensionales e
intereses objeto de ejecución.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 9 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A2, mediante la cual se declararon no
probadas las excepciones formuladas por la UGPP y se ordenó seguir adelante con la
ejecución.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se promovió demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el propósito
de obtener el pago de las sumas adeudadas con ocasión del cumplimiento de la sentencia
proferida el 7 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, confirmada parcialmente y modificada por el Consejo de Estado
mediante providencia del 21 de noviembre de 2013, ejecutoriada el 14 de marzo de 2014.
2. Como pretensiones, solicitó que se librara mandamiento de pago por las sumas
derivadas de la correcta reliquidación de su pensión mensual vitalicia de vejez, conforme
al régimen pensional especial aplicable a los servidores de la Contraloría General de la
1 Expediente digital.
2 Decisión suscrita por los magistrados: Andrés José Quintero Gnecco, Néstor Javier Calvo Chaves y Carlos Leonel
Buitrago Chávez.
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01970-02 (0842-2026)
Ejecutante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
Suc. procesal: Martha Libia Ortiz Quintero.
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República, por considerar que la UGPP no dio cabal cumplimiento a las referidas
providencias. Asimismo, reclamó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a
la tasa máxima prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
3. Como fundamento de la ejecución, señaló que promovió previamente medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 36364 del 4 de agosto de
2008, mediante la cual se le reconoció una pensión especial de vejez como servidor de
la Contraloría General de la República. En dicho proceso, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 7 de junio de 2012, ordenó reliquidar la prestación
en cuantía equivalente al 75 % del promedio de los factores salariales devengados
durante el último semestre de servicios, decisión modificada por el Consejo de Estado el
21 de noviembre de 2013, que precisó la forma de inclusión de dichos factores y autorizó
efectuar los descuentos por aportes no realizados.
4. Indicó que, en cumplimiento de esas providencias, la UGPP expidió la Resolución RDP
016840 del 28 de mayo de 2014 y fijó la mesada pensional en $2.928.125, con efectos a
partir del 1 de diciembre de 2007. No obstante, sostuvo que esa liquidación no satisfizo
íntegramente el título ejecutivo.
5. Agregó que, mediante providencia del 21 de octubre de 2021, el Consejo de Estado
revocó el auto que había negado el mandamiento de pago y ordenó estudiar nuevamente
su procedencia, al advertir que podía existir una diferencia pendiente derivada de la
reliquidación de la pensión conforme a las sentencias que constituyen el título ejecutivo.
Trámite en primera instancia
6. En un primer momento, el a quo, mediante auto del 12 de abril de 2018, negó el
mandamiento de pago al encontrar que la ejecutada había dado cabal cumplimiento a la
obligación. Contra esa decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación,
resuelto por esta Corporación mediante providencia del 21 de octubre de 2021, en la que
se revocó el auto recurrido y se ordenó estudiar nuevamente la viabilidad de librar
mandamiento ejecutivo. Para ello, se advirtió que, conforme a las sentencias base de
recaudo y al certificado de factores salariales del 21 de marzo de 2014, la mesada
pensional debía ascender a $3.110.955,615, mientras que la UGPP, mediante la
Resolución RDP 016840 del 28 de mayo de 2014, la fijó en $2.928.125. En consecuencia,
se estableció que, en principio, subsistía una diferencia de $182.830,615 a favor del
ejecutante, aspecto que debía ser examinado nuevamente por el juez de la ejecución 3.
7. Mediante auto del 25 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
libró mandamiento de pago parcial contra la UGPP y a favor de la sucesión de León
Guillermo Caicedo Sepúlveda, por: (i) $16.428.878, correspondientes a las diferencias de
las mesadas pensionales debidamente indexadas, causadas entre el 3 de diciembre de
2007 y el 14 de marzo de 2014; (ii) $2.659.503,37, por las diferencias causadas entre el
15 de marzo de 2014 y el 28 de febrero de 2015; (iii) las diferencias de las mesadas
3 Según se indicó en el folio 6 del auto del 25 de junio de 2024 que libró mandamiento de pago que reposa en la
actuación 0046 de Samai.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01970-02 (0842-2026)
Ejecutante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
Suc. procesal: Martha Libia Ortiz Quintero.
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generadas desde el 1.º de marzo de 2015 hasta el 18 de noviembre de 2016, fecha del
fallecimiento del causante; y (iv) los intereses moratorios sobre la suma de $16.428.878,
desde el 15 de marzo de 2014 hasta el pago efectivo de dicho capital.
8. Asimismo, libró mandamiento de pago a favor de Martha Libia Ortiz Quintero por las
diferencias de las mesadas pensionales causadas desde el 19 de noviembre de 2016,
día siguiente al fallecimiento del causante, hasta cuando la UGPP reliquide la prestación
en los términos ordenados en las sentencias que constituyen el título ejecutivo.
Finalmente, negó el mandamiento respecto de las demás sumas reclamadas.
Contestación de la demanda
9. La UGPP, formuló la excepción de pago efectivo, por considerar que dio cumplimiento
integral a las sentencias que constituyen el título ejecutivo. Señaló que, mediante la
Resolución RDP 016840 del 28 de mayo de 2014, reliquidó la pensión de vejez de León
Guillermo Caicedo Sepúlveda en cuantía de $2.928.125, efectiva a partir del 1 de
diciembre de 2007, reconoció la indexación y los intereses moratorios previstos en los
artículos 178 y 177 del C.C.A., respectivamente, y dispuso el descuento de $4.649.367
por aportes pensionales no efectuados sobre algunos factores salariales.
10. Explicó que la mesada de $2.928.125 se obtuvo a partir de los factores salariales
certificados por la Contraloría General de la República, correspondientes a asignación
básica, bonificación por servicios prestados, quinquenio y primas de navidad, vacaciones
y servicios. Indicó que el promedio mensual de esos conceptos determinó un IBL de
$3.904.166, al cual se aplicó el 75 % ordenado en la sentencia. Añadió que la
reliquidación fue incluida en nómina en julio de 2014 y comprendió el período entre el 1
de diciembre de 2007 y el 30 de junio de 2014.
11. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la suma de $16.428.878 ordenada en el
mandamiento de pago por concepto de diferencias de mesadas indexadas entre el 3 de
diciembre de 2007 y el 14 de marzo de 2014 ya había sido satisfecha, pues la
reliquidación efectuada comprendió un período más amplio y, según afirmó, implicó el
pago de un capital superior. Respecto de las diferencias causadas entre el 15 de marzo
de 2014 y el 18 de noviembre de 2016, manifestó que tampoco eran procedentes, debido
a que en julio de 2014 se pagó el retroactivo y se modificó el valor de la mesada pensional,
que pasó de $2.058.024,75 a $3.798.309,96.
12. En cuanto a Martha Libia Ortiz Quintero, indicó que, mediante las Resoluciones RDP
012150 del 24 de marzo de 2017 y RDP 018174 del 3 de mayo de 2017, se le reconoció
la pensión de sobrevivientes a partir del 19 de noviembre de 2016, en cuantía equivalente
al 100 % de la mesada que devengaba el causante. Por ello, afirmó que tampoco existían
diferencias pendientes a favor de la beneficiaria, pues la sustitución pensional se
reconoció con fundamento en la mesada ya reliquidada.
13. Finalmente, respecto de los intereses moratorios, señaló que reconoció y pagó la
suma de $1.583.238,07. Expuso que estos fueron calculados sobre las mesadas
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indexadas causadas hasta la ejecutoria de las sentencias, esto es, el 14 de marzo de
2014, y por el período comprendido entre dicha fecha y el 30 de junio de 2014, con
aplicación de la metodología descrita en su escrito.
II. SENTENCIA APELADA
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 9 de febrero de 2026,
declaró no probadas las excepciones propuestas y señaló que la UGPP, mediante la
Resolución RDP 016840 del 28 de mayo de 2014, fijó la mesada pensional en
$2.928.125, efectiva a partir del 1 de diciembre de 2007. Sin embargo, precisó que,
conforme a lo determinado por el Consejo de Estado, la mesada debía ascender a
$3.110.955,615, por lo que subsistían diferencias entre el valor reconocido por la entidad
y el ordenado judicialmente.
15. Respecto de las diferencias de las mesadas indexadas causadas entre el 3 de
diciembre de 2007 y el 14 de marzo de 2014, mantuvo la suma de $16.428.878, al
considerar que el retroactivo de $150.295.901,09 reconocido por la UGPP fue calculado
sobre una mesada de $2.928.125 y no sobre la cuantía de $3.110.955,615 establecida
por el Consejo de Estado.
16. En relación con las diferencias causadas entre el 15 de marzo de 2014 y el 28 de
febrero de 2015, mantuvo la suma de $2.659.503,37. Indicó que, aunque la UGPP afirmó
haber reliquidado la prestación y fijado para 2014 una mesada de $3.798.309,96, el valor
que correspondía conforme a los parámetros judiciales era de $4.035.474,47 para 2014
y de $4.183.172,84 para 2015, por lo que persistían las diferencias liquidadas en el
mandamiento de pago.
17. Frente a las diferencias causadas entre el 1.º de marzo de 2015 y el 18 de noviembre
de 2016, fecha del fallecimiento de León Guillermo Caicedo Sepúlveda, efectuó la
correspondiente liquidación con base en los parámetros fijados por el Consejo de Estado
y determinó que la UGPP adeudaba a la sucesión la suma de $5.120.257,83.
18. En cuanto a los intereses moratorios, precisó que las sentencias objeto de ejecución
no ordenaron los previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sino los establecidos
en el artículo 177 del C.C.A. Por ello, mantuvo la orden de pago de intereses sobre los
$16.428.878, desde el 15 de marzo de 2014 y hasta cuando se efectúe el pago de dicho
capital. Agregó que el pago por $1.583.238,07 invocado por la UGPP correspondía,
según la liquidación aportada, a intereses generados con ocasión de la Resolución RDP
016840 del 28 de mayo de 2014.
19. Asimismo, mantuvo la orden de pagar las diferencias de las mesadas pensionales
causadas a favor de Martha Libia Ortiz Quintero desde el 19 de noviembre de 2016 y
hasta cuando la entidad reliquide la pensión en los términos dispuestos en las sentencias,
las cuales deberán determinarse en la etapa procesal correspondiente.
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Ejecutante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
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20. En consecuencia, el Tribunal consideró que no se acreditó que la UGPP hubiera
reliquidado la pensión en los términos ordenados judicialmente ni pagado el capital y los
intereses correspondientes. Por tal razón, declaró no probadas las excepciones
formuladas por la entidad y ordenó seguir adelante con la ejecución por $16.428.878;
$2.659.503,37; $5.120.257,83; los intereses moratorios sobre $16.428.878 desde el 15
de marzo de 2014 hasta su pago, y las diferencias causadas desde el 19 de noviembre
de 2016 hasta la reliquidación de la pensión. Finalmente, dispuso que cualquiera de las
partes podría presentar la liquidación del crédito y se abstuvo de imponer condena en
costas.
III. RECURSO DE APELACIÓN
21. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia que declaró no probadas
sus excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución. Como motivo central de
inconformidad, sostuvo que la diferencia establecida por el Tribunal obedeció a la forma
en que se efectuó la liquidación de la mesada pensional en sede ejecutiva y no al
incumplimiento de las sentencias base de recaudo.
22. Expuso que, mediante la Resolución RDP 016840 del 28 de mayo de 2014, reliquidó
la pensión en $2.928.125, con efectos desde el 1 de diciembre de 2007, a partir de los
factores salariales certificados por la Contraloría General de la República y con aplicación
del 75 % sobre el promedio de los últimos seis meses de servicio. Añadió que la
reliquidación ingresó en nómina en julio de 2014, se pagó el retroactivo correspondiente
y se reconocieron intereses moratorios por $1.583.238,07, cancelados el 29 de octubre
de 2015.
23. Frente a los $16.428.878 reconocidos en la sentencia por diferencias de mesadas
indexadas entre el 3 de diciembre de 2007 y el 14 de marzo de 2014, manifestó que la
pensión había sido reliquidada desde el 1 de diciembre de 2007 hasta el 30 de junio de
2014 y que, según afirmó, se había cancelado un capital superior. Respecto de las
diferencias causadas entre el 15 de marzo de 2014 y el 18 de noviembre de 2016, indicó
que tampoco procedían, porque la reliquidación generó el pago de un retroactivo en julio
de 2014 y el cambio de la mesada desde ese mismo mes. Asimismo, sostuvo que no
procedían diferencias a favor de Martha Libia Ortiz Quintero, pues la pensión de
sobrevivientes fue reconocida con fundamento en la mesada reliquidada.
24. En particular, cuestionó que el Tribunal hubiera tomado como mesada para 2007 la
suma de $3.110.955,61, mientras que la UGPP la había fijado en $2.928.125. Señaló
que, al efectuar una nueva verificación, obtuvo una mesada de $2.809.920 y atribuyó la
diferencia, principalmente, al tratamiento dado a la prima de servicios. Según la entidad,
el Tribunal tomó por este factor $3.463.580, correspondiente al valor total, mientras que
debía tenerse en cuenta el promedio de lo devengado durante los últimos seis meses,
que para la UGPP ascendía a $2.546.752.
25. Asimismo, respecto del quinquenio, indicó que en la Resolución RDP 016840 de 2014
había tomado el valor total de $9.943.056 y lo dividió entre cuatro, por corresponder al
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Ejecutante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
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cuarto quinquenio, para obtener $2.485.764. Añadió que, en la nueva verificación técnica,
la aplicación del promedio sobre los seis meses arrojó una cifra distinta. Por ello, sostuvo
que la liquidación acogida en sede ejecutiva partió de supuestos matemáticos diferentes
a los utilizados por la entidad.
26. Con fundamento en lo anterior, afirmó que la mesada reconocida por la UGPP fue
determinada con base en la certificación oficial de factores salariales y aplicando el
promedio de los últimos seis meses y la tasa de reemplazo del 75 %. Reiteró que la
diferencia señalada en la sentencia apelada obedecía a una operación aritmética distinta
en la forma de promediar la prima de servicios y que, a su juicio, no existía capital insoluto
ni obligación pendiente.
27. Finalmente, sostuvo que había expedido el acto administrativo de cumplimiento,
incorporado la reliquidación en nómina, pagado el retroactivo y los intereses moratorios
y reconocido la pensión de sobrevivientes. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia
apelada y declarar probada la excepción de pago efectivo, al considerar totalmente
satisfecha la obligación.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. Mediante auto proferido el 18 de junio de 20264, se admitió el recurso de apelación.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.
Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala determinar si, de acuerdo con los reparos formulados en la
apelación, la UGPP acreditó el pago total de la obligación derivada de las sentencias que
ordenaron la reliquidación de la pensión de León Guillermo Caicedo Sepúlveda y si, por
tanto, resulta procedente declarar probada la excepción de pago efectivo; o si, por el
contrario, subsisten diferencias pensionales e intereses pendientes de pago que imponen
seguir adelante con la ejecución.
Análisis
4 Índice 0004 de Samai.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01970-02 (0842-2026)
Ejecutante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
Suc. procesal: Martha Libia Ortiz Quintero.
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31. La Sala confirmará la sentencia apelada, por cuanto los argumentos expuestos por
la UGPP no desvirtúan la existencia de las diferencias derivadas de la reliquidación
pensional ni acreditan la satisfacción integral de las obligaciones contenidas en las
sentencias que integran el título ejecutivo.
32. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.5
33. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el ejecutado no demuestra
que los pagos acreditados extinguieron integralmente la obligación objeto de recaudo,
esta permanece exigible y el proceso ejecutivo debe continuar. Por tanto, no basta
acreditar la realización de desembolsos, sino que debe establecerse su alcance extintivo
frente a los conceptos comprendidos en el título ejecutivo.
34. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.
35. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino también
los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas del
retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado que el pago
efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce efecto liberatorio
si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no se tiene por
totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.6
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-000-
2021-00111-01 (2853-2024)
6 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp. 25000-
23-36-000-2019-00141-02.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01970-02 (0842-2026)
Ejecutante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
Suc. procesal: Martha Libia Ortiz Quintero.
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36. En el presente asunto, el título ejecutivo está constituido por las sentencias del 7 de
junio de 20127 y del 21 de noviembre de 20138. Esta última modificó parcialmente la
decisión de primera instancia y dispuso que la pensión de León Guillermo Caicedo
Sepúlveda debía reliquidarse en cuantía equivalente al 75 % de los factores devengados
durante los últimos seis meses de servicio y que, para tal efecto, debía incluirse la sexta
parte del valor total del sueldo, las bonificaciones por servicios y especial (quinquenio) y
las primas de vacaciones, servicios y navidad. Asimismo, autorizó efectuar los
descuentos por aportes correspondientes a los factores respecto de los cuales no se
hubiera realizado la deducción legal.
37. Para cumplir esas decisiones, la UGPP expidió la Resolución RDP 016840 del 28 de
mayo de 20149, mediante la cual reliquidó la pensión en cuantía de $2.928.125, efectiva
a partir del 1 de diciembre de 2007, reconoció la indexación y los intereses moratorios
previstos en los artículos 178 y 177 del C.C.A., respectivamente, y ordenó descontar
$4.649.367 por concepto de aportes pensionales no efectuados sobre algunos factores
salariales.
38. No obstante, el alcance de esa actuación administrativa frente al cumplimiento del
título ya fue examinado dentro de este proceso. En efecto, mediante providencia del 21
de octubre de 202110, esta Corporación revocó el auto que inicialmente había negado el
mandamiento de pago y ordenó estudiar nuevamente su procedencia, luego de advertir
que, conforme con las sentencias objeto de ejecución y el certificado de sueldos y
factores salariales 0714 del 21 de marzo de 2014, la mesada pensional debía ascender
a $3.110.955,615, mientras que la UGPP la había fijado en $2.928.125.
7 Visible del folio 5 al 20 del archivo pdf 058ED_20151970pdf que reposa en el índice 0061 de Samai (primera instancia).
[…] “PRIMERO: DECLARESE no probadas las excepciones propuestas por el ente accionado, de conformidad con lo
manifestado en la parte motiva. SEGUNDO: DECLARESE la nulidad parcial de la Resolución No. 36364 del 4 de agosto
de 2008, por medio de la cual se hizo el reconocimiento de una pensión especial de vejez al demandante como
funcionario de la Contraloria General de la República. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, SE ORDENA a
la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL a reconocer y pagar a al señor LEÓN GUILLERMO
CAICEDO SEPÚLVEDA, identifico con la cédula de ciudadanía No. 19.126.718 de Bogotá, a partir del 1º de diciembre
de 2007, la diferencia entre las mesadas pensiónales liquidadas sobre el 75% del promedio de los factores salariales
devengados durante el último semestre de servicio, como son: Sueldo, 1/12 de bonificación por servicios, 1/12 de
bonificación especial (quinquenio), 1/12 de prima de servicios, 1/12 de prima de vacaciones y 1/12 de prima de navidad,
atendiendo para el efecto las consideraciones expuestas a lo largo de este proveído. CUARTO: CONDÉNESE a la
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL a reconocer y pagar a al señor LEÓN GUILLERMO CAICEDO
SEPÚLVEDA la diferencia de las mesadas pensiónales que resulte, debidamente actualizadas cada año según
corresponda, valores que se indexaran conforme con lo contemplado en la parte motiva de esta sentencia. Igualmente,
en lo sucesivo, la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL reconocerá a la actora el monto pensional que
corresponda a la liquidación que se señaló arriba, QUINTO: La CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL dará
cumplimiento a este fallo en los términos establecidos en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.” […]
8 Visible del folio 24 al 44 del archivo pdf 058ED_20151970pdf que reposa en el índice 0061 de Samai (primera
instancia). […] “CONFIRMASE parcialmente la Sentencia de 7 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que declaró no probadas las excepciones propuestas por la
entidad demandada y accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por León Guillermo Caicedo
Sepúlveda contra la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal E.I.C.E. en Liquidación. MODIFÍCASE el numeral
tercero de la parte resolutiva de la Sentencia, en el sentido de indicar que la pensión de jubilación del demandante se
deberá reliquidar en cuantia del 75% de los factores devengados durante los últimos seis meses de servicio, para el
efecto se debe incluir la sexta parte del valor tal del sueldo, bonificaciones por servicios y especial (quinquenio), primas
de vacaciones, servicios y navidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.” […]
9 Archivo 50 del índice 53 de Samai (primera instancia).
10 Visible de folio 146 a 161 del archivo pdf 058ED_20151970pdf que reposa en el índice 0061 de Samai (primera
instancia).
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01970-02 (0842-2026)
Ejecutante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
Suc. procesal: Martha Libia Ortiz Quintero.
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39. Para arribar a esa conclusión se tuvieron en cuenta $2.140.640 por sueldo,
$124.870,66 por bonificación por servicios prestados, $414.294 por bonificación especial
(quinquenio), $357.225,50 por prima de vacaciones, $577.263,33 por prima de servicios
y $533.647,33 por prima de navidad, para un total de $4.147.940,82, al cual se aplicó el
75 %. Así, esta Corporación estableció que existía, en principio, una diferencia de
$182.830,615 entre la mesada determinada conforme con esos parámetros y la
reconocida administrativamente.
40. Precisamente, el principal reparo de la UGPP se dirige contra esa diferencia. La
entidad sostiene que el Tribunal tomó incorrectamente $3.463.580 como valor de la prima
de servicios y obtuvo su sexta parte, pues, a su juicio, debía determinarse previamente
el promedio de lo devengado por ese concepto durante los últimos seis meses. A partir
de esa metodología, afirmó que el valor correspondiente era $2.546.752 y que, efectuada
nuevamente la liquidación, la mesada pensional ascendería a $2.809.920.
41. Para la Sala, el anterior argumento no tiene vocación de prosperidad. La mesada de
$3.110.955,615 que sustenta la ejecución no corresponde a un cálculo efectuado por
primera vez en la sentencia apelada, sino al realizado por esta Corporación en la
providencia del 21 de octubre de 2021, al examinar el certificado 0714 del 21 de marzo
de 201411 y confrontarlo con los parámetros establecidos en las sentencias que integran
el título ejecutivo.
42. Además, el certificado 0714 registra para el período comprendido entre el 3 de junio
y el 2 de diciembre de 2007 los factores salariales devengados por León Guillermo
Caicedo Sepúlveda, entre ellos la prima de servicios, y fue precisamente esa información
la utilizada por esta Corporación para efectuar la operación que determinó la mesada de
$3.110.955,615. En consecuencia, la nueva metodología propuesta por la UGPP en la
apelación no demuestra el pago de la diferencia objeto de ejecución, sino que controvierte
la forma en que fue determinado el valor de la prestación con fundamento en el título y
en la referida certificación.
43. La misma conclusión se impone respecto de la bonificación especial (quinquenio). En
la providencia del 21 de octubre de 2021 se tomó el valor certificado de $9.943.056, se
determinó en $2.485.764 el correspondiente al quinquenio y, sobre este, se estableció la
sexta parte en $414.294. Por tanto, el reparo presentado por la UGPP respecto de ese
factor tampoco acredita la extinción de las diferencias reconocidas en el proceso.
44. De otra parte, está demostrado que la reliquidación dispuesta mediante la Resolución
RDP 016840 fue incluida en nómina en julio de 2014. El cupón de pago No. 58861 del
Banco Popular registra una mesada de $3.798.309,96 y valores por reliquidación que,
junto con aquella, ascendieron a $150.295.901,09, antes de descuentos12. Sin embargo,
esas sumas fueron determinadas a partir de la mesada inicial de $2.928.125 reconocida
en dicho acto administrativo, de manera que su pago no acredita la satisfacción de las
11 Archivo 39 del índice 53 de Samai (primera instancia).
12 Archivo 42 del índice 53 de Samai (primera instancia).
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01970-02 (0842-2026)
Ejecutante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
Suc. procesal: Martha Libia Ortiz Quintero.
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diferencias derivadas de la mesada de $3.110.955,615 establecida al examinar el
cumplimiento del título.
45. Tampoco se acredita el pago total respecto de las mesadas posteriores. La
certificación del FOPEP13 demuestra los valores efectivamente pagados al causante con
fundamento en la Resolución RDP 016840 de 2014, pero no que aquellos comprendieran
las diferencias resultantes de aplicar la mesada determinada conforme con las sentencias
objeto de ejecución. Por ello, la prueba de esos desembolsos14 no desvirtúa las
diferencias causadas con posterioridad a la ejecutoria de las providencias y hasta el
fallecimiento del pensionado.
46. Igual conclusión corresponde frente a la sustitución pensional reconocida a Martha
Libia Ortiz Quintero. La documentación aportada demuestra que la prestación fue
reconocida a partir del 19 de noviembre de 2016 y que, en el cálculo de sustitución, se
registró como antecedente la Resolución 16840 de 2014 y una mesada de $4.203.885,21
para 201615. A su vez, el cupón No. 3825 de junio de 201716 del Banco Popular acredita
el pago del correspondiente retroactivo17.
47. En esas condiciones, aunque la UGPP acreditó el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional, ello no demuestra la satisfacción de las diferencias cuya ejecución
se ordenó, pues el cálculo de esa prestación registra como antecedente la Resolución
RDP 016840 de 2014, acto mediante el cual la entidad había fijado la mesada inicial del
causante en $2.928.125.
48. En cuanto a los intereses moratorios, la UGPP acreditó que reconoció la suma de
$1.583.238,07 por concepto de los intereses previstos en el artículo 177 del C.C.A. La
certificación expedida por la entidad indica que estos fueron calculados sobre las
mesadas indexadas a la fecha de ejecutoria y desde el día siguiente a esta hasta la
inclusión del retroactivo en nómina18.
49. Sin embargo, dicho reconocimiento se efectuó con ocasión del cumplimiento
dispuesto mediante la Resolución RDP 016840 de 2014 y, por tanto, sobre las diferencias
resultantes de la mesada fijada administrativamente en $2.928.125. En consecuencia, el
pago de esos intereses no demuestra que se hubieran satisfecho los causados sobre el
13 Con fecha de impresión: 5 de julio de 2024. Allí consta la información de nómina de León Guillermo Caicedo
Sepúlveda, incluida la Resolución 16840 de 2014, su fecha de efectividad y los valores pagados en los distintos
períodos.
14 Como consta en el cupón de pago No. 58861, documento que evidencia el pago correspondiente a julio de 2014,
con una mesada de $3.798.309,96 y los valores reconocidos por reliquidación.
15 Según consta en el documento denominado “Cálculo de pensionados” de la UGPP, visible en el archivo 45 del índice
53, y en la Resolución RDP 018174 del 3 de mayo de 2017, obrante en el archivo 35 del mismo índice, a la señora
Martha Libia Ortiz Quintero se le reconoció la sustitución pensional, con efectos a partir del 19 de noviembre de 2016.
Asimismo, el cupón de pago correspondiente a junio de 2017, visible en el archivo 43 del índice 53, da cuenta del pago
de la prestación y del retroactivo reconocido.
16
Archivo 43 del índice 53 de Samai (primera instancia).
17 Discriminado así:
18 Según consta en la certificación expedida por la Subdirección de Nómina de Pensionados de la UGPP, visible en el
archivo 44 del índice 53, la entidad liquidó por concepto de intereses moratorios previstos en el artículo 177 del C.C.A.
la suma de $1.583.238,07, tomando como base las mesadas indexadas a la fecha de ejecutoria y calculándolos desde
el día siguiente a esta hasta la inclusión del retroactivo en nómina.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01970-02 (0842-2026)
Ejecutante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
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capital insoluto derivado de las diferencias que subsisten frente a la mesada determinada
conforme con el título ejecutivo.
50. Así, la discusión no radica en desconocer que la UGPP expidió un acto de
cumplimiento, incorporó la reliquidación en nómina, efectuó pagos retroactivos, reconoció
intereses y posteriormente sustituyó la prestación a favor de Martha Libia Ortiz Quintero.
Lo relevante para resolver la excepción propuesta es establecer si esas actuaciones
extinguieron integralmente las obligaciones cuya ejecución se persigue, circunstancia
que no fue demostrada.
51. En efecto, los pagos acreditados fueron efectuados a partir de una mesada inicial de
$2.928.125, mientras que, al examinar previamente el cumplimiento del título, esta
Corporación determinó una mesada de $3.110.955,615. La diferencia advertida entre
ambos valores permite establecer que los pagos acreditados no demuestran, por sí solos,
la satisfacción integral de las diferencias pensionales, sus reajustes y los intereses
correspondientes, cuya cuantificación definitiva deberá efectuarse en la etapa procesal
pertinente.
52. Por consiguiente, los reparos formulados por la UGPP no desvirtúan la conclusión
del Tribunal según la cual no se acreditó el pago total de la obligación. En particular,
aunque en la apelación la entidad propuso una nueva forma de cálculo respecto de la
prima de servicios y el quinquenio, tales operaciones se dirigen a controvertir la
metodología empleada para determinar la mesada pensional, pero no acreditan que los
pagos efectuados hubieran extinguido íntegramente las obligaciones derivadas del título
ejecutivo.
53. En esas condiciones, los desembolsos acreditados únicamente demuestran el pago
de las sumas liquidadas administrativamente por la UGPP, pero no permiten concluir que
con ellos se hubieran satisfecho todas las diferencias pensionales y los intereses
derivados del cumplimiento del título ejecutivo. Por tanto, se mantendrá la decisión de
declarar no probada la excepción de pago efectivo y de seguir adelante con la ejecución.
54. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada que declaró no probadas las
excepciones formuladas por la UGPP y ordenó seguir adelante con la ejecución.
Costas en segunda instancia
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01970-02 (0842-2026)
Ejecutante: León Guillermo Caicedo Sepúlveda.
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legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
57. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
58. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
59. En consecuencia, se impondrá costas a la entidad ejecutada (UGPP), por cuanto se
negaron totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 9 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la
presente providencia.
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Suc. procesal: Martha Libia Ortiz Quintero.
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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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