Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2023-00051-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2023-00051-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2023-00051-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00051-01 (1334-2026)
Ejecutante: Julio César González Díaz
Ejecutado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FNPSM
Tema: Abonos realizados no permiten declarar probada la excepción de
pago. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 2 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
por medio de la cual declaró no probadas las excepciones, declaró de oficio la de
pago parcial y ordenó seguir adelante la ejecución.
ANTECEDENTES
1. El señor Julio César González Díaz interpuso demanda ejecutiva con el fin de
que se cumpla la sentencia proferida el 21 de enero de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual se ordenó el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación.
PRETENSIONES
2. Solicitó que se librara mandamiento ejecutivo por el retroactivo de la mesada
pensional desde el 28 de enero de 2014 hasta la fecha de presentación de la
demanda y las mesadas que se sigan causando en el curso del proceso de
ejecución, así como, la indexación respectiva, por la suma de $65.056.493.
3. Por los intereses moratorios que se hubieran causado desde que se hizo exigible
la obligación de que trata el literal anterior, es decir, desde el 21 de enero de 2021,
por la suma de $53.089.724.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00051-01 (1334-2026)
5. Que el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 21 de enero de
2021 ordenó el reconocimiento de la pensión de jubilación.
6. Que mediante Resolución 1394 del 23 de marzo de 2022 se dio cumplimiento
parcial a la sentencia.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
7. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia del 28 de marzo de
2023 libró mandamiento ejecutivo por las siguientes sumas: i) $56.975.802 por
concepto de capital correspondiente a las diferencias de las mesadas indexadas,
entre el 28 de junio de 2014 hasta el 8 de febrero de 2021, ii) $4.603.775 por capital
correspondiente a las diferencias de las mesadas desde el 9 de febrero de 2021
hasta el 12 de octubre de 2022, iii) por las diferencias de las mesadas que en lo
sucesivo se causen, iv) por los intereses moratorios, v) $2.738.778 por las costas
procesales liquidadas y aprobadas por auto del 23 de agosto de 2021 y que
quedaron en firme el 27 de agosto de 2021 y vi) por los intereses moratorios sobre
esta última suma.
8. La entidad ejecutada propuso la excepción de pago por cuanto mediante
Resolución 1394 de 2022 dio cumplimiento y se canceló $33.909.907 por
retroactivo. También propuso la excepción de prescripción y citó el artículo 2536 del
Código Civil.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
9. El Tribunal declaró no probadas las excepciones propuestas, probada de oficio la
de pago parcial y ordenó seguir adelante la ejecución. Argumentó, frente a la
excepción de prescripción, que la sentencia objeto del reclamo ejecutivo quedó
ejecutoriada el 8 de febrero de 2021 y la demanda se presentó el 19 de octubre de
2022, por lo que se radicó en oportunidad, pues los 10 meses se consolidaron solo
el 9 de diciembre de 2021.
10. Que el IBL de obligación fue determinado en el auto de libró mandamiento de
pago por el valor de $2.125.243 para el año 2014, conforme lo pedido por el
ejecutante y con base en la certificación de salarios allegada, lo cual no fue objeto
de controversia ni discusión por ningún sujeto procesal, por lo que la liquidación
tendría como base dicho valor para determinar los siguientes conceptos adeudados.
11. Que con fundamento en el IBL mesada inicial, debía procederse con el cálculo
de los incrementos anuales con base en el IPC y así determinarse las mesadas
hasta la ejecutoria de la sentencia, es decir, al 8 de febrero de 2021, dejando claro
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que la primera mesada es a partir del 28 de enero de 2014, pero ejecutable por
prescripción desde el 28 de junio de 2014, así como, que, previamente a la
ejecutante se le había reconocido el derecho con corte al 31 de mayo de 2016 (fecha
en que empezó a pagársele la pensión).
12. Que dicho cálculo se efectuó en forma detallada en el mandamiento de pago, el
cual no tuvo controversia alguna, por lo que se continuará la liquidación con base
en este capital indexado así:
13. Que al ejecutante le fue reconocido el derecho pensional por lo que se le hizo
un pago por concepto de mesadas por el valor de $25.910.048 el 30 de abril de
2019 que debe imputarse directo a capital, atendiendo a que, no había decisión
judicial, y que, el capital por el cual deberá continuarse dicha ejecución es de
$56.975.802, al cual deberá restársele el aporte a la seguridad social, lo cual
corresponde al 12% de este valor, lo que significa que el capital corresponderá al 8
de febrero de 2021 a $50.138.705,76, como también las mesadas constituidas luego
de la ejecutoria de la sentencia hasta cuando se reliquide el valor que corresponde
a la pensión debidamente reconocida por la sentencia aquí reclamada.
14. Que sumado a lo anterior, tal como ordena el mandamiento de pago deberán
calcularse los intereses en los términos del artículo 192 del CPACA, es decir, los
equivalentes a la tasa del DTF desde el 8 de febrero de 2021 hasta el 7 de mayo de
2021, por cuanto el ejecutante no cumplió con la carga de presentar la solicitud
dentro de los 3 meses, ya que fue radicada el 21 de octubre de 2021, y luego, los
intereses moratorios a la tasa comercial desde el 21 de octubre de 2021 al 30 de
junio de 2022, momento en que se registra el pago alegado por la demanda
consecuencia de la Resolución 1394 que fue incluida en nómina el 25 de julio de
2022, por la suma de $36.867.297.
15. Que el pago antes señalado realizado en el mes de julio de 2022 por la suma
$36.867.297, no alcanza a cancelar el capital que fue generado por concepto de las
diferencias de las mesadas pensionales antes de la ejecutoria de la sentencia al 8
de febrero de 2021, ni los intereses que correspondan, lo que permite entrever que
no existe pago total de la obligación.
16. Ordenó continuar la ejecución por los siguientes conceptos:
1) La suma de $56.975.802 por concepto de capital correspondiente a las
diferencias del pago de las mesadas indexadas, constituidas entre el 28 de junio de
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2014 hasta el 08 de febrero de 2021. A dicha cifra deben descontarse los aportes a
seguridad social respectivos, los cuales también serán indexados.
2) Por el concepto de las diferencias del pago de las medas constituidas desde el 9
de febrero de 2021 hasta cuando se reajuste en debida forma la mesada pensional
conforme la sentencia aquí ejecutada, lo cual también serán indexados y deberá
efectuarse el correspondiente descuento por seguridad social ordenado en el título
ejecutivo.
3) Los intereses moratorios en tasa equivalente al DTF desde el 8 de febrero de
2021 hasta el 7 de mayo de 2021.
4) Los intereses moratorios a la máxima tasa de interés comercial, certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, desde el 21 de octubre de 2021 hasta el
30 de junio de 2022, momento en que debe imputarse a capital el pago realizado
por la ejecutada el día 25 de julio de 2022 por valor de $36.867.297.
5) Los intereses moratorios a la máxima tasa de interés comercial certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia sobre el excedente de capital que se
determine una vez imputado el pago del numeral anterior desde el 1 de julio de 2022
hasta cuando se pague en su totalidad la obligación.
6) La suma de $2.738.778, por las costas procesales liquidadas y aprobadas por
auto del 23 de agosto de 2021 y que quedaron en firme el 27 de agosto de 2021. Y
los correspondientes intereses tal como se determinó en el mandamiento de pago.
RECURSO DE APELACIÓN
17. La entidad ejecutada interpuso recurso de apelación y expuso que al verificar el
sistema de información, en el cual se registra el pago de las diferentes prestaciones
denominado Fomag1, se evidencia que, mediante orden Resolución 1394 del 23
marzo de 2022 y fecha de pago efectiva el 25 de julio de 2022, se dio cumplimiento
al fallo.
18. Que tal y como se avizora en el comprobante de nómina del mes de julio de
2022, se observa unas deducciones por concepto de mesadas recibidas y aportes
de ley.
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19. Que dentro de la liquidación del crédito generada por la Dirección de
Prestaciones Económicas, se establece que, contrario a la liquidación presentada
por el despacho, se pagó un valor mayor al que se debía reconocer y se generó un
saldo pendiente por pagar a favor de la entidad $5.045.526, por lo que la excepción
de pago si está llamada a prosperar.
20. Que debe declararse la prosperidad de la excepción por satisfacción de la
obligación a favor de la ejecutante, habida cuenta que la entidad ya cumplió la
obligación a su cargo, mediante el acto administrativo, pues de lo contrario sería
incrementar de manera grave e injustificada la acusación de emolumentos que
afectarían negativamente la sostenibilidad de los recursos de la entidad y de la
Nación.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
21. Se admitió el recurso el 22 de junio de 2026. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Generalidades del proceso ejecutivo
22. El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial
encaminado a hacer efectiva una obligación clara, expresa y actualmente exigible,
que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:
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«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […].» (Resaltado fuera del texto).
23. El artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre otros,
las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.
24. Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales
y sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.
25. Igualmente, conforme lo permite el artículo 442, el ejecutado puede presentar
las excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.
26. Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».1
27. En cuanto a la excepción de pago, esta Subsección a considerado lo siguiente:2
«[…] 21. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye
un mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la
obligación se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con
una rigurosa carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los
requisitos legales. Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido:
cuando el título y el mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no
basta acreditar indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin
liquidar ni pagar (arts.1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP,
la parte ejecutada soporta la carga de la prueba de ese pago extintivo.3
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre
2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor,
Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981,
expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la
depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho
cuestionado.”».
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2025 radicado:
05001-23-33-000-2018-01326-02 (1962-2024).
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-
000-2021-00111-01 (2853-2024).
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22. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso
ejecutivo prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos
administrativos que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la
entrega efectiva de los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de
consignación o transferencia, certificaciones bancarias u órdenes de pago
ejecutadas.
23. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo
dispuesto en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto
liberatorio debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga
íntegramente lo debido conforme al título, como los siguientes.
24. Pago total entendido como la prestación de lo que se debe según lo dispuesto en
el artículo 1626 del código civil. Esto implica que la obligación se extingue únicamente
cuando se cumple en su totalidad. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir
pagos parciales, salvo que exista una convención en contrario o que la ley lo disponga
en casos especiales.
25. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino
también los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones
derivadas del retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado
que el pago efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce
efecto liberatorio si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no
se tiene por totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.4»
Resolución del caso concreto
28. La entidad ejecutada señala en su recurso que debe declararse probada la
excepción de pago porque mediante Resolución 1394 del 23 marzo de 2022 dio
cumplimiento al fallo y en el mes de julio de 2022 pagó la suma de $36.867.297.
29. La Subsección considera que estos argumentos no tienen vocación de
prosperidad porque precisamente el acto administrativo y la certificación de pago a
los que alude la entidad fueron las que el Tribunal analizó y concluyó que no
demostraban el efectivo cumplimiento del crédito ahora reclamado y generaron la
declaratoria de oficio de pago parcial.
30. Repárese que en la orden de seguir adelante la ejecución, expresamente se
consideró que debía imputarse el pago realizado el día 25 de julio de 2022 por valor
de $36.867.297 y adicionalmente en la sentencia se advirtió que dicho pago no
extinguía por completo la obligación.
31. Bajo el anterior escenario no son de recibo los planteamientos expuestos en el
recurso toda vez que los abonos realizados no extinguen la obligación,
4 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp.
25000-23-36-000-2019-00141-02.
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adicionalmente, tampoco impiden seguir adelante con la ejecución como lo resolvió
el Tribunal y menos aún terminar el proceso por pago, porque claramente lo que se
evidencia es que la entidad no ha cancelado totalmente el crédito laboral que ahora
se pretende.
32. Ahora, si bien la recurrente señaló que en la liquidación del crédito generada por
la Dirección de Prestaciones Económicas, se estableció que se pagó un valor mayor
al que se debía reconocer, dicho planteamiento no tiene la virtud de variar lo resuelto
por el tribunal, porque se trata de un ejercicio matemático que no cuenta con un
sustento probatorio que permita considerar que la obligación se canceló y deba
declararse probada la excepción.
33. Finalmente, bajo la naturaleza propia del asunto ejecutivo, no puede tenerse por
extinta la obligación con el argumento de la afectación a la sostenibilidad de los
recursos de la entidad, pues se trata de un crédito laboral ordenado en una decisión
judicial que reviste las características de ser claro, expreso y exigible.
34. En consecuencia, al no haber prosperado los argumentos de apelación, se
deberá confirmar la sentencia recurrida.
De la condena en costas de segunda instancia
35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
36. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
37. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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38. En consecuencia, se impondrán costas a la ejecutada, por cuanto la sentencia
apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron negadas
totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 2 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por medio de la cual declaró no probadas las
excepciones, probada parcialmente la de pago y ordenó seguir adelante la
ejecución, de conformidad con lo considerado en la parte motiva.
Segundo. CONDENAR en costas al extremo ejecutado por las razones expuestas
en la presente providencia.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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