Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01326-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2015-01326-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01326-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01326-03
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)1
Demandante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Tema: Resuelve recurso de apelación contra sentencia que declaró
no probada la excepción de pago total y ordenó seguir
adelante con la ejecución.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia. La UGPP no
acreditó el pago total de los intereses moratorios objeto de
ejecución.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 12 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C2, mediante la cual se declaró no
probada la excepción de pago y se ordenó seguir adelante con la ejecución por el valor
de $97.048.883,35.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se promovió demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el propósito
de obtener el pago de las sumas adeudadas con ocasión del cumplimiento de la sentencia
proferida el 4 de marzo de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, confirmada por el Consejo de Estado mediante providencia del
21 de septiembre de 2006.
2. Como pretensiones, solicitó que se librara mandamiento de pago por la suma de
$100.869.020, correspondiente a los intereses moratorios causados sobre las condenas
reconocidas en las referidas providencias, desde el 31 de marzo de 2007 y hasta la fecha
en que se efectuara el pago total de la obligación, de conformidad con lo previsto en el
1 Expediente híbrido.
2 Decisión suscrita por los magistrados: Carlos Alberto Orlando Jaiquel, Martha Abadía Serna (con salvamento parcial
de vito) y Samuel José Ramírez Poveda.
Radicación: 000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)
Ejecutante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
inciso quinto del artículo 177 del C.C.A. Asimismo, pidió que se condenara en costas a la
entidad ejecutada.
3. Como fundamento de la ejecución, señaló que la sentencia cuya satisfacción se
pretende ordenó reliquidar su pensión de jubilación con inclusión de la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de servicios y disponer su
cumplimiento en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. En desarrollo de
esa orden, Cajanal (hoy UGPP) expidió la Resolución RDP 040972 del 28 de febrero de
2011 y reportó al FOPEP la correspondiente novedad para su inclusión en nómina,
actuación en virtud de la cual se le pagó la suma de $33.565.176 por concepto de
diferencias de mesadas atrasadas e indexación. Sin embargo, sostuvo que la entidad
omitió reconocer y pagar los intereses moratorios derivados del cumplimiento tardío de
las sentencias.
Trámite en primera instancia
4. Mediante auto del 24 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca libró mandamiento de pago a favor de Dora Luz Ramírez de Ramírez y en
contra de la UGPP, por concepto de los intereses moratorios causados sobre el capital
insoluto de $32.410.246,02, liquidados entre el 16 de diciembre de 2006, día siguiente a
la ejecutoria de las providencias que constituyen el título ejecutivo, y el 31 de enero de
2013, día anterior a la inclusión en nómina y al pago del retroactivo3.
5. Contra la referida providencia, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por esta Corporación mediante auto del 15 de febrero de 20244. En esa
decisión, se confirmó el auto apelado en cuanto negó la indexación de los intereses
moratorios y se revocó parcialmente para ordenar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que determinara la procedencia de
librar mandamiento de pago, previa liquidación de la obligación con observancia de la
regla de imputación de pagos prevista en el artículo 1653 del Código Civil5.
6. En cumplimiento de lo anterior, mediante auto del 12 de febrero de 2025 6, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el Consejo
de Estado y modificó el numeral primero del auto del 24 de septiembre de 2020, en el
sentido de librar mandamiento de pago en contra de la UGPP por la suma de
$97.048.883,357.
3 Ver folios 115 a 128 del expediente físico.
4 Ver folios 146 a 154 del expediente físico
5 […] Primero: Revocar parcialmente el auto del 24 de septiembre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. En su lugar, se ordena al a quo analizar si resulta viable librar
mandamiento ejecutivo o no, previa liquidación que observe la regla de imputación de pagos prevista en el artículo
1653 del Código Civil, teniendo en cuenta los motivos esbozados previamente. Segundo. Confirmar parcialmente el
auto del 24 de septiembre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, en tanto denegó la indexación de los intereses moratorios.[…]
6
Ver folios 165 a 166 del expediente físico
7 […] PRIMERO. Modificar el numeral primero del auto proferido el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte
(2020), por medio del cual se libró mandamiento en favor del ejecutante t en contra de la entidad ejecutada, el cual
quedará así: “Primero. Librar mandamiento de pago, por la vía ejecutiva, a favor de la señora DORA LUZ RAMÍREZ
DE RAMÍREZ identificada con C.C No. 38.219.129 y en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, por la suma de noventa y siete millones,
2
Radicación: 000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)
Ejecutante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
7. Contra la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de reposición y, como sustento,
formuló la excepción denominada “PAGO DE NO DEBIDO” (sic). No obstante, mediante
auto del 18 de julio de 20258, el Tribunal advirtió que, de acuerdo con los argumentos
expuestos, aquella correspondía materialmente a la excepción de pago total de la
obligación, razón por la cual le impartió ese tratamiento y ordenó correr traslado por el
término de tres días9. Dicho traslado fue oportunamente descorrido por la parte
ejecutante10.
Contestación de la demanda
8. La UGPP, al sustentar el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 12 de
febrero de 2025, sostuvo que la obligación objeto de cobro había sido satisfecha con
anterioridad a la expedición de dicha providencia y que, por tanto, no existía fundamento
jurídico para exigir nuevamente su pago. En ese sentido, afirmó que reclamar una suma
ya cancelada desconocía el ordenamiento jurídico y generaba un perjuicio injustificado
para la entidad ejecutada.
II. SENTENCIA APELADA
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 12 de noviembre de
2025, indicó que, de acuerdo con los argumentos formulados por la ejecutada para
soportar la excepción de “cobro de lo no debido”, esta correspondía materialmente a la
excepción de pago total de la obligación. En consecuencia, al tratarse de una de las
excepciones susceptibles de ser propuestas frente al cobro de obligaciones contenidas
en una providencia judicial, conforme al numeral 2.º del artículo 442 del Código General
del Proceso, procedió a resolverla.
10. Sobre el particular, sostuvo que, mediante sentencia del 4 de marzo de 2005, se
condenó a la Caja Nacional de Previsión Social a reliquidar la mesada pensional de la
ejecutante con el 75 % del promedio de los factores devengados durante el último año
de servicios y se ordenó dar cumplimiento a la decisión en los términos de los artículos
176 y 177 del C.C.A. Esa providencia fue confirmada por el Consejo de Estado el 21 de
septiembre de 2006 y quedó ejecutoriada el 15 de diciembre de ese mismo año.
11. Señaló que la Resolución PAP 040972 del 28 de febrero de 2011, mediante la cual
se dio cumplimiento a las sentencias, fue modificada por la Resolución UGM 053335 del
1 de agosto de 2012, y que el pago correspondiente únicamente se efectuó en febrero
de 2013; por lo que, concluyó que existió mora en el pago de las obligaciones reconocidas
cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres pesos con treinta y cinco centavos ($97.048,883,35) correspondiente
a los intereses moratorios causados entre el dieciséis (16) de diciembre de 2016 (día siguiente a la ejecutoria de las
providencias) al treinta y uno (31) de enero del año 2013 (día anterior al mes de inclusión en nómina y pago del
retroactivo) […]” (sic)
8 Visible del folio 204 al 210 del expediente físico.
9 […] PRIMERO.- NO REPONER el auto adidado doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025) que modificó
parcialmente el mandamiento de pago librado mediante auto de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte
(2020). […] [sic]
10 Ver folio 219 del expediente físico.
3
Radicación: 000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)
Ejecutante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
en el título ejecutivo y, por tanto, se causaron los intereses moratorios previstos en el
artículo 177 del C.C.A.
12. Agregó que la ejecutante solicitó el cumplimiento de las sentencias el 19 de enero de
2007 y reiteró esa petición el 14 de mayo del mismo año, esto es, dentro de los seis
meses siguientes a la ejecutoria de las providencias, razón por la cual consideró que no
cesó la causación de los intereses moratorios reclamados.
13. Asimismo, encontró que el título ejecutivo contenía una obligación clara de pagar los
intereses moratorios previstos en el artículo 177 del C.C.A. y que no obraba prueba de
su cancelación, pues en la liquidación realizada por la entidad para dar cumplimiento a
los fallos dichos intereses fueron calculados en $0,00. Añadió que correspondía a la
UGPP demostrar el pago total de la obligación y que durante el trámite del proceso no
aportó prueba de haber cancelado ese concepto.
14. En consecuencia, declaró no probada la excepción de pago propuesta por la UGPP
y ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma de $97.048.883,35,
correspondiente a los intereses moratorios causados entre el 16 de diciembre de 2006,
día siguiente a la ejecutoria de las providencias, y el 31 de enero de 2013, día anterior a
la inclusión en nómina y pago del retroactivo.
15. Precisó que dicha suma tenía carácter provisional y debía ser revisada en la etapa
de liquidación del crédito, en la cual debían descontarse las sumas cuya cancelación se
acreditara. Igualmente, señaló que los intereses moratorios debían liquidarse sobre el
capital neto debidamente indexado (una vez efectuados los descuentos en salud) y fijo,
correspondiente al causado a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
16. Finalmente, ordenó practicar la liquidación del crédito de conformidad con la
sentencia que constituye el título ejecutivo y con los parámetros establecidos en la
providencia, y se abstuvo de imponer condena en costas al considerar que la conducta
de la parte vencida no fue temeraria ni estuvo revestida de mala fe.
17. La magistrada Mirtha Abadía Serna salvó parcialmente voto, aunque compartió que
debía seguirse adelante con la ejecución y ordenarse la liquidación del crédito. Su
discrepancia se centró en que la sentencia hubiera fijado provisionalmente la suma de
$97.048.883,35 y establecidos parámetros específicos para efectuar su liquidación.
18. Sostuvo que, en los procesos ejecutivos derivados de sentencias judiciales, la
providencia que ordena seguir adelante con la ejecución debe limitarse a verificar la
existencia de una obligación clara, expresa y exigible, mientras que la determinación
concreta del monto adeudado corresponde a la etapa posterior de liquidación del crédito.
19. Por lo que, estimó que la providencia debió limitarse a ordenar seguir adelante con
la ejecución y disponer la práctica de la liquidación del crédito, para que fuera en esa
etapa donde se determinara el monto real de la obligación.
4
Radicación: 000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)
Ejecutante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
III. RECURSO DE APELACIÓN
20. La UGPP interpuso recurso de apelación y cuestionó, como punto central, la
valoración probatoria efectuada por el Tribunal para concluir que subsistía una obligación
por concepto de intereses moratorios. Sostuvo que la decisión se apoyó de manera
aislada en el registro de $0,00 correspondiente a intereses dentro de la liquidación
elaborada por Cajanal, sin valorar integralmente las Resoluciones PAP 040972 de 2011
y UGM 053335 de 2012, el comprobante de pago por $34.764.997,78 y los documentos
relacionados con la inclusión en nómina. Afirmó que esos elementos acreditaban, en su
criterio, el cumplimiento total de la obligación y que el valor “cero” no significaba ausencia
de pago, sino el resultado de las imputaciones y ajustes efectuados dentro de la
liquidación pensional.
21. Indicó que el Tribunal omitió aplicar la regla de imputación de pagos prevista en el
artículo 1653 del Código Civil, conforme a la cual los pagos deben imputarse primero a
intereses y luego a capital, por lo que sostuvo que los intereses se entendían absorbidos
dentro de los valores cancelados. Agregó que las actualizaciones, indexaciones y ajustes
efectuados por Cajanal compensaron los efectos económicos derivados del transcurso
del tiempo y que reconocer nuevamente intereses moratorios implicaría, a su juicio, una
doble compensación.
22. Asimismo, controvirtió la existencia de mora y señaló que esta no podía derivarse
automáticamente del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de las sentencias y el pago.
Alegó que Cajanal y posteriormente la UGPP adelantaron actuaciones encaminadas al
cumplimiento, mediante la expedición de los actos administrativos de 2011 y 2012, la
corrección de la liquidación y la posterior inclusión en nómina, circunstancias que, en su
criterio, demostraban una actuación progresiva y diligente y descartaban una inactividad
injustificada. En esa misma línea, sostuvo que el Tribunal aplicó erradamente el artículo
192 del CPACA y que tampoco valoró las circunstancias institucionales y operativas de
Cajanal ni la complejidad propia de la reliquidación pensional.
23. Finalmente, adujo que no subsistía un título ejecutivo actualmente exigible, porque
las obligaciones derivadas de las sentencias de 2005 y 2006 habían sido satisfechas
mediante los actos administrativos de cumplimiento, el pago efectuado y la inclusión
definitiva en nómina. Añadió que la sentencia base de recaudo no impuso una condena
autónoma por intereses moratorios y que, por tanto, el juez de ejecución no podía ampliar
el contenido del título para reconocer una obligación adicional. Con fundamento en lo
anterior, solicitó revocar la sentencia apelada.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5
Radicación: 000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)
Ejecutante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
24. Mediante auto proferido el 18 de junio de 202611, se admitió el recurso de apelación.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si, de acuerdo con los reparos formulados en la
apelación, la UGPP acreditó el pago total de la obligación derivada de los intereses
moratorios causados por el cumplimiento tardío de las sentencias que ordenaron la
reliquidación pensional de Dora Luz Ramírez de Ramírez y si, por tanto, resulta
procedente declarar probada la excepción de pago total; o si, por el contrario, subsiste
una obligación exigible que impone seguir adelante con la ejecución.
Análisis
27. La Sala confirmará la sentencia apelada, por cuanto los argumentos expuestos por
la UGPP no desvirtúan que las sumas reconocidas y pagadas por Cajanal
correspondieron a las diferencias derivadas de la reliquidación pensional y su
actualización, sin que se encuentre acreditada la satisfacción integral de los intereses
moratorios causados por el cumplimiento tardío de las sentencias que integran el título
ejecutivo.
28. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.12
11 Índice 0005 de Samai.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-000-
2021-00111-01 (2853-2024)
6
Radicación: 000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)
Ejecutante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
29. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el ejecutado no demuestra
que los pagos acreditados extinguieron integralmente la obligación objeto de recaudo,
esta permanece exigible y el proceso ejecutivo debe continuar. Por tanto, no basta
acreditar la realización de desembolsos, sino que debe establecerse su alcance extintivo
frente a los conceptos comprendidos en el título ejecutivo.
30. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.
31. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino también
los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas del
retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado que el pago
efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce efecto liberatorio
si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no se tiene por
totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.13
32. En el presente asunto, el título ejecutivo está constituido por las sentencias mediante
las cuales se ordenó reliquidar la pensión de jubilación de Dora Luz Ramírez de Ramírez
con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año
de servicios y se dispuso expresamente dar cumplimiento a la condena en los términos
de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. Por consiguiente, el
reconocimiento de los intereses moratorios no comporta adicionar o ampliar el título
ejecutivo, pues su causación deriva del régimen de cumplimiento expresamente
incorporado en las sentencias objeto de ejecución..
33. Para cumplir esas decisiones, Cajanal expidió inicialmente la Resolución PAP
040972 del 28 de febrero de 201114 y posteriormente la Resolución UGM 053335 del 1
de agosto de 201215, mediante las cuales efectuó la reliquidación ordenada judicialmente.
Finalmente, la prestación fue incluida en nómina y en febrero de 2013 se efectuó el pago
correspondiente16, circunstancia que demuestra el cumplimiento de la obligación principal
13 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp. 25000-
23-36-000-2019-00141-02.
14 Visible del folio 12 al 18 del expediente físico.
15 Visible del folio 20 al 22 del expediente físico.
16 Conforme a la certificación visible en el folio 24 del expediente físico, que señala: “Que en cumplimiento expreso del
anterior acto administrativo, el área de nómina de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, realizó la inclusión de la precitada resolución a favor de
la señora RAMIREZ DE RAMIREZ DORA Luz identificada con cedula de ciudadanía No 38219129, con el nuevo valor
pensión y el retroactivo en el mes de Febrero 2013, reportándose por concepto de mesadas atrasadas por el período
comprendido entre el 17 de Mayo de 1999 (fecha de efectos fiscales) al 31 de Marzo de 2011 (Dia anterior a la inclusión
en nómina de la resolución PAP 40972 de fecha 28 de Febrero de 2011) la suma de TREINTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 29/100 M/CTE
($32.858.542,29).
7
Radicación: 000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)
Ejecutante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
reconocida en las sentencias, pero no permite establecer que también hubieran sido
satisfechos los intereses derivados de la mora en su cumplimiento.
34. En efecto, los documentos aportados al proceso, específicamente el cupón de pago
de Bancolombia17 y la hoja de cálculo aportada la UGPP18 dan cuenta de la liquidación
de las diferencias pensionales, los reajustes y la actualización de las sumas reconocidas,
pero no permiten establecer que los pagos efectuados hubieran extinguido integralmente
los intereses moratorios causados en los términos del artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo. Esta circunstancia resulta determinante, pues es
precisamente ese componente de la obligación el que constituye el objeto de la presente
ejecución.
35. En ese contexto, resulta insuficiente el argumento de la UGPP según el cual la
obligación quedó íntegramente satisfecha porque las resoluciones de cumplimiento
reconocieron un retroactivo pensional y las sumas respectivas fueron efectivamente
pagadas. La existencia de ese desembolso acredita la satisfacción de los conceptos allí
liquidados, pero no demuestra que comprendiera también los intereses moratorios cuya
ejecución se persigue, respecto de los cuales correspondía a la entidad aportar prueba
suficiente de su liquidación y pago.
36. Tampoco resulta acertado equiparar la indexación reconocida en los actos
administrativos con los intereses moratorios derivados del artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo. Aunque ambos conceptos tienen contenido económico y
encuentran fundamento en el transcurso del tiempo, responden a finalidades distintas:
mientras la actualización monetaria busca preservar el valor real de las sumas adeudadas
frente a la pérdida del poder adquisitivo, los intereses moratorios se generan como
consecuencia del retardo en el cumplimiento de la obligación. Por ello, el reconocimiento
de la primera no permite tener por satisfechos automáticamente los segundos.
37. De otra parte, tampoco prospera el reparo sustentado en el artículo 192 del CPACA,
pues la obligación objeto de ejecución tiene origen en las sentencias que expresamente
dispusieron su cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo. Por tanto, la expedición de actos administrativos
encaminados a dar cumplimiento a esas providencias no desvirtúa, por sí sola, la
causación de los intereses moratorios previstos en dicho régimen. Lo relevante no es que
la administración hubiera iniciado actuaciones dirigidas al reconocimiento de la
prestación, sino el momento en que la obligación fue efectivamente satisfecha. En este
caso, pese a que las decisiones judiciales se encontraban ejecutoriadas con anterioridad,
Así mismo por concepto de indexación (Artículo 178 del anterior C.C.A.) por el período comprendido entre el 17 de
Mayo de 1999 (fecha de efectos fiscales) al 30 de Marzo de 2007 (fecha de ejecutoria del fallo objeto de cumplimiento)
la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN
PESOS CON 91/100 M/CTE ($4.570.191,91).
Se aclara que la anterior suma de dinero corresponde al valor bruto reportado al cual debe restársele el valor de los
descuentos por aportes en salud por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 47/100 M/CTE ($3.863.557,47) dando como resultado un valor neto
de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON
73/100 M/CTE ($33.565.176,73) con abono en cuenta bancaria, realizado en Bancolombia.”
17 Visible a folio 25 del expediente físico.
18 Visible del folio 26 al 28 ibidem.
8
Radicación: 000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)
Ejecutante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
el cumplimiento material solo se concretó posteriormente mediante la inclusión en nómina
y el correspondiente pago.
38. En cuanto al artículo 1653 del Código Civil, invocado por la apelante, su aplicación
tampoco permite concluir que la obligación quedó extinguida. Dicha disposición establece
que, cuando se deben capital e intereses, el pago debe imputarse primero a estos últimos,
salvo consentimiento expreso del acreedor para que se impute al capital. Por
consiguiente, la norma no establece una presunción conforme con la cual cualquier pago
efectuado por el deudor extinga simultáneamente todos los componentes de la
obligación, sino una regla para determinar la forma en que debe aplicarse el pago cuando
concurren capital e intereses.
39. Así, la circunstancia de que Cajanal hubiera efectuado un pago por concepto de
retroactivo pensional no releva a la UGPP de demostrar, para efectos de la excepción
propuesta, que con aquel desembolso quedaron satisfechos también los intereses
moratorios. La discusión no radica, entonces, en desconocer los pagos acreditados en el
expediente, sino en establecer su alcance extintivo frente a la obligación específicamente
ejecutada, aspecto respecto del cual la entidad no cumplió la carga probatoria que le
correspondía.
40. La misma conclusión se impone frente al argumento relacionado con la aceptación
del pago por parte de la ejecutante. El hecho de que hubiera recibido las sumas
reconocidas administrativamente sin formular reparos inmediatos no demuestra que
renunciara al cobro de los intereses moratorios ni que estos hubieran sido efectivamente
satisfechos, pues la extinción de la obligación por pago debe establecerse a partir de los
conceptos y valores realmente cancelados y no de la conducta que asumió la acreedora
frente al desembolso efectuado.
41. En consecuencia, los reparos formulados por la UGPP no desvirtúan la conclusión
del Tribunal según la cual no se acreditó el pago total de la obligación objeto de ejecución.
En efecto, valoradas integralmente las pruebas allegadas al proceso, se advierte que
Cajanal reconoció y pagó las diferencias derivadas de la reliquidación pensional y su
correspondiente actualización, pero no acreditó haber satisfecho íntegramente los
intereses moratorios causados por el cumplimiento tardío de las sentencias que integran
el título ejecutivo.
42. Así las cosas, se confirmará la sentencia apelada, que declaró no probada la
excepción de pago total y ordenó seguir adelante con la ejecución por los intereses
moratorios causados entre el 16 de diciembre de 2006 y el 31 de enero de 2013, sin
perjuicio de la revisión de la suma fijada provisionalmente en la etapa de liquidación del
crédito, conforme lo dispuso el Tribunal.
Costas en segunda instancia
43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
9
Radicación: 000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)
Ejecutante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
44. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
45. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
46. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
47. En consecuencia, se impondrá costas a la entidad ejecutada (UGPP), por cuanto se
negaron totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de noviembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte ejecutada. Las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
10
Radicación: 000-23-42-000-2015-01326-03 (0374-2026)
Ejecutante: Dora Luz Ramírez De Ramírez.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.