Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03278-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03278-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-03278-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Proceso Ejecutivo.
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03278-01 (1115-2026)1.
Demandante: Álvaro Ernesto Gaitan Quinche.
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil.
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia. Cremil no acreditó
el pago total de la obligación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 5 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B2, mediante la cual declaró no probadas
las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma de
$5.477.825 por concepto de indexación y $8.606.200 por concepto de intereses.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se presentó demanda ejecutiva contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –
Cremil, con el propósito de obtener el cumplimiento integral de la sentencia proferida el
28 de mayo de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual
se ordenó reajustar y reliquidar la asignación de retiro reconocida al señor Álvaro Ernesto
Gaitán Quinche con base en el IPC.
2. Como pretensiones solicitó que se librara mandamiento de pago por $5.477.825,
correspondientes a la indexación del segundo pago efectuado por Cremil por concepto
de diferencias en las mesadas reajustadas causadas entre el 1.º de enero de 2005 y el
11 de junio de 2009; por $8.606.200 por concepto de intereses moratorios, más los que
se causaran hasta el pago efectivo, de conformidad con los artículos 177 y 178 del CCA;
para un total de $14.084.025, además de las costas procesales.
1 Expediente híbrido.
2 Decisión suscrita por los magistrados: José Rodrigo Romero Romero, Alberto Espinosa Bolaños y Luis Gilberto
Ortegón Ortegón.
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03278-01 (1115-2026)
Ejecutante: Álvaro Ernesto Gaitan Quinche.
3. Como fundamento de la solicitud de ejecución, señaló que, mediante sentencia del 28
de mayo de 2009, se ordenó reajustar la asignación de retiro del ejecutante a partir del
13 de diciembre de 2003, con la consecuente modificación de la base de liquidación y el
reconocimiento y pago de las diferencias resultantes, previa aplicación de la prescripción
cuatrienal. En cumplimiento de esa decisión, Cremil expidió la Resolución No. 1342 del
28 de abril de 2010 y efectuó un primer pago por $3.442.102, correspondiente a las
diferencias causadas entre diciembre de 2003 y junio de 2009, suma que fue
debidamente indexada.
4. Indicó que la entidad realizó un segundo pago por $15.531.142, correspondiente a
diferencias en las mesadas reajustadas causadas entre el 1 de enero de 2005 y el 11 de
junio de 2009, pero omitió actualizar dicho valor conforme al artículo 178 del CCA. Con
fundamento en ello, sostuvo que la sentencia fue cumplida parcialmente, pues el pago se
efectuó sobre valores depreciados, razón por la cual reclamó la indexación omitida y los
respectivos intereses moratorios.
Trámite en primera instancia
5. Mediante auto del 18 de septiembre de 20173, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca libró mandamiento de pago parcial contra Cremil por $5.477.825, por
concepto de indexación del valor del segundo pago derivado de la condena, y por
$8.606.200, por intereses moratorios causados sobre el valor de la indexación.
Contestación de la demanda
6. Cremil se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que la sentencia objeto
de ejecución no ordenó el reconocimiento de sumas por concepto de indexación ni de
intereses moratorios en los términos reclamados por el ejecutante, pues el fallo se limitó
a disponer el reajuste de la asignación de retiro con efectos a partir del 13 de diciembre
de 2003, por aplicación de la prescripción cuatrienal.
7. Indicó que, en cumplimiento de la decisión judicial, efectuó la liquidación
correspondiente y expidió los actos administrativos respectivos, mediante los cuales
reconoció y pagó las diferencias derivadas del reajuste de la asignación de retiro, los
cuales fueron debidamente notificados y quedaron ejecutoriados sin que el interesado
interpusiera recursos.
8. Agregó que, dentro del proceso ejecutivo, no resulta procedente obtener declaraciones
o reconocimientos que no se encuentren contenidos en el título judicial, por lo que las
pretensiones relacionadas con la indexación y los intereses moratorios no podían ser
incorporadas mediante una interpretación distinta del alcance de la sentencia, sino que
debieron ser controvertidas oportunamente a través de los mecanismos procesales
correspondientes.
3 Visible de folio 49 a 51 del expediente.
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Ejecutante: Álvaro Ernesto Gaitan Quinche.
9. Finalmente, señaló que la acción ejecutiva fue promovida una vez transcurrido el
término de cinco años contado desde la ejecutoria de la sentencia, razón por la cual alegó
la caducidad de la acción y solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.
II. SENTENCIA APELADA
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 5 de junio de
2025, declaró no probadas las excepciones propuestas por Cremil y ordenó seguir
adelante con la ejecución. Como fundamento de su decisión, sostuvo que la sentencia
del 28 de mayo de 2009, ejecutoriada el 11 de junio siguiente, había ordenado reajustar
la asignación de retiro del ejecutante con base en el IPC, a partir del año 2003, y
reconocer las diferencias causadas desde el 13 de diciembre de ese año, por aplicación
de la prescripción cuatrienal.
11. Señaló que, en cumplimiento de esa decisión, Cremil expidió la Resolución No. 1342
del 28 de abril de 2010 y pagó inicialmente $3.442.102 por las diferencias causadas entre
el 13 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, suma que incluyó su
actualización e intereses. Asimismo, efectuó un segundo pago por $15.531.142
correspondiente a las diferencias causadas entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo
de 2010; sin embargo, encontró que este último valor no fue indexado y que tampoco se
acreditó el pago de intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia.
12. Con fundamento en la liquidación aportada por el ejecutante, determinó que la
actualización del segundo pago ascendía a $5.477.825 y que, sobre dicha suma, se
calcularon intereses moratorios desde el 12 de junio de 2009, día siguiente a la ejecutoria
de la sentencia, hasta la presentación de la demanda, por valor de $8.606.200.
13. En consecuencia, concluyó que Cremil no había satisfecho íntegramente la
obligación, por cuanto omitió indexar el segundo pago y reconocer los respectivos
intereses moratorios. Por esa razón, declaró no probadas las excepciones de pago total
de la obligación y cobro de lo no debido y ordenó seguir adelante la ejecución por
$5.477.825 por concepto de indexación y $8.606.200 por intereses, además de disponer
la liquidación del crédito conforme al artículo 446 del CGP.
14. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a Cremil, al considerar que su
actuación procesal correspondió al ejercicio de los derechos de defensa y contradicción
y no evidenció temeridad, dilación, abuso del derecho o mala fe.
III. RECURSO DE APELACIÓN
15. Cremil apeló la sentencia y solicitó su revocatoria, al considerar que debía declararse
probada la excepción de pago total de la obligación. Sostuvo que la sentencia objeto de
ejecución ordenó reajustar la asignación de retiro con base en el IPC hasta el año 2004
y reconocer las diferencias causadas desde el 13 de diciembre de 2003, pero no dispuso
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Ejecutante: Álvaro Ernesto Gaitan Quinche.
expresamente el pago de la indexación ni de intereses respecto de las diferencias
generadas a partir del 1 de enero de 2005.
16. Señaló que dio cumplimiento al fallo mediante la Resolución No. 1342 del 28 de abril
de 2010, para lo cual liquidó las diferencias causadas entre el 13 de diciembre de 2003 y
el 31 de diciembre de 2004, debidamente indexadas hasta la ejecutoria de la sentencia y
con intereses moratorios, y además reconoció $15.531.142 por las diferencias causadas
entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2010, como consecuencia de la nueva
base prestacional resultante del reajuste y de la aplicación posterior del principio de
oscilación4.
17. Afirmó que este segundo pago fue realizado como consecuencia del incremento de
la base de liquidación, pero que su indexación no constituía una obligación clara, expresa
y exigible contenida en el título ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que el juez de ejecución
no podía extender los efectos de la sentencia para reconocer obligaciones que no
hubieran sido expresamente impuestas en el proceso declarativo.
18. Como sustento de esa interpretación, invocó decisiones del Tribunal Administrativo
del Meta y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en las que se consideró que,
aunque el reajuste por IPC hasta 2004 incide en la base de las mesadas causadas desde
2005, la indexación de las diferencias posteriores y los intereses derivados de ella solo
pueden exigirse ejecutivamente cuando esa obligación se desprenda de manera clara y
expresa del título judicial. Con fundamento en esos precedentes, sostuvo que la
consecuencia económica que produjo el reajuste sobre la base prestacional no habilitaba
al juez de ejecución para adicionar conceptos no reconocidos en la sentencia.
19. En consecuencia, sostuvo que la obligación impuesta en la sentencia fue satisfecha
integralmente con los pagos efectuados mediante el acto administrativo de cumplimiento
y solicitó revocar la providencia apelada, declarar probada la excepción de pago total y
terminar la ejecución. Finalmente, reiteró que solo procede condena en costas cuando
estas aparezcan efectivamente causadas y comprobadas en el expediente.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Mediante auto proferido el 18 de junio de 20265, se admitió el recurso de apelación.
V. CONSIDERACIONES
4 Al respecto es necesario recordar que el despacho judicial no ordenó el pago del reajuste de periodos posteriores a
diciembre 31 de 2004, sino que determinó que se aplicará el principio de oscilación y por efecto de la prescripción no
debían cancelarse valores causados con antelación al mismo diciembre 13 de 2003 solamente tenerlos en cuenta al
momento de liquidar y ajustar la asignación de retiro para establecer la base a partir de esa fecha, como en efecto
realizó la entidad demandada así: (ver anexos de la contestación de demanda, se adjuntan nuevamente para mayor
facilidad en la lectura) […] Igualmente, con la tarjeta de liquidación de ingreso a nómina se evidencia que se
liquidaron los valores teniendo en cuenta la nueva base prestacional generada por el reajuste realizado aplicando el
principio de oscilación, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2010 (día
anterior al ingreso de la novedad de la reliquidación de la asignación de retiro en nómina), toda vez que la novedad
de reajuste de la prestación con base en el IPC operó en la nómina de pago de la Entidad a partir del 01 de junio de
2010, lo cual arrojó la suma de $15’531.141,oo m/l., como se evidencia a continuación:
5 Índice 0004 de Samai-segunda instancia.
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Ejecutante: Álvaro Ernesto Gaitan Quinche.
Competencia
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar si Cremil cumplió integralmente la sentencia objeto
de ejecución mediante la Resolución No. 1342 del 28 de abril de 2010 y, por tanto, se
configura la excepción de pago total, o si la indexación del segundo pago correspondiente
a las diferencias causadas desde el 1 de enero de 2005 y los intereses moratorios
derivados de aquella constituyen obligaciones comprendidas en el título ejecutivo que no
fueron satisfechas por la entidad.
Análisis
23. La Sala confirmará la sentencia apelada, por cuanto los argumentos formulados por
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no desvirtúan la conclusión del a quo acerca
de la inexistencia de prueba del pago total de la obligación objeto de ejecución. En
particular, los documentos allegados permiten establecer que, si bien Cremil efectuó dos
pagos en cumplimiento de la sentencia, únicamente respecto del primero reconoció
expresamente indexación e intereses, mientras que el segundo correspondió a las
diferencias prestacionales causadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2004, sin
que se acreditara el pago de los conceptos adicionales reclamados en el mandamiento
ejecutivo.
24. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.6
25. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-000-
2021-00111-01 (2853-2024).
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Ejecutante: Álvaro Ernesto Gaitan Quinche.
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.
26. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.
27. Ahora bien, mediante la Resolución 5611 del 28 de diciembre de 20017, CREMIL
reconoció al ejecutante Álvaro Ernesto Gaitán Quinche una asignación de retiro a partir
del 8 de febrero de 2002, equivalente al 95 % del sueldo de actividad correspondiente a
su grado, con inclusión de las partidas computables allí determinadas.
28. Posteriormente, el ejecutante promovió proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con el propósito de obtener el reajuste de esa prestación. La sentencia que
constituye el título ejecutivo8 ordenó a Cremil reajustar la asignación de retiro con base
en el IPC, conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir de 2003, modificando
con ello la base de liquidación y aplicando dicho reajuste durante los años en que
resultara más favorable. Asimismo, dispuso reconocer y pagar las diferencias originadas
entre el incremento aplicado a la asignación de retiro y el que correspondía conforme a
ese sistema, a partir del 13 de diciembre de 2003, por efecto de la prescripción cuatrienal.
A su vez, en el numeral cuarto ordenó pagar actualizados los valores correspondientes
al ajuste9.
29. De ese contenido no se desprende que la condena al reconocimiento de las
diferencias ni su actualización hubiera quedado limitada al 31 de diciembre de 2004. Esa
7 Visible a folio 30 y ss del expediente físico.
8 De fecha 28 de mayo de 2009, visible del folio 12 al 33 ibidem.
9 FALLA: Primero.- Decláranse no probadas las excepciones propuestas por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
conforme a lo manifestado en la parte motiva. Segundo.- Anúlase el Oficio CREMIL No. 83448 del 11 de febrero de
2008, expedido por el Subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante el
cual se negó al señor ÁLVARO ERNESTO GAITAN QUINCHE, identificado con la C.C. No. 19.135.971 de Bogotá, el
reajuste de la asignación de retiro, con base en el IPC.Tercero.- Como consecuencia de la anterior declaración,
ORDÉNASE a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reajustar la asignación de retiro del señor ÁLVARO ERNESTO
GAITÁN QUINCHE, de condiciones civiles ya conocidas, con base en el IPC; conforme lo consagra el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993, a partir del año 2003, cambiando con ello la base de liquidación y aplicando tal ajuste durante los
años en que le fuere más. favorable, conforme a las consideraciones; y que reconozca y pague las diferencias que se
originen entre el incremento efectuado en la asignación de retiro y el que correspondía con base en la norma señalada,
a partir del 13 de diciembre de 2003, por prescripción cuatrienal conforme a lo expuesto en la parte motiva. Cuarto.-
CONDÉNASE a la Caja de Retiro de las fuerzas Militares a pagarle al actor los valores correspondientes al ajuste de
que trata el artículo 14 de la ley 100 de 1993, señalados en el numeral anterior, actualizados de acuerdo con lo
expresado en la parte motiva de esta providencia conforme con los índices de inflación certificados por el DANE y
mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el H. Consejo de Estado, a saber: (…) Quinto.- Dése
cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por los artículos 176 y 177 del
C.C.A.
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Ejecutante: Álvaro Ernesto Gaitan Quinche.
fecha corresponde al momento a partir del cual volvió a operar el principio de oscilación 10
como mecanismo de reajuste de la asignación de retiro; sin embargo, el propio título
dispuso que el reajuste por IPC modificaba la base de liquidación y ordenó reconocer las
diferencias que se originaran a partir del 13 de diciembre de 2003, sin establecer como
límite final el 31 de diciembre de 200411. Por ello, las diferencias posteriores derivadas
de esa nueva base no resultan extrañas a la condena.
30. En desarrollo de las actuaciones dirigidas al cumplimiento de la sentencia, mediante
Memorando No. 320-1958 del 23 de noviembre de 200912, el Área de Reconocimientos
de Cremil impartió al Grupo de Nómina, Embargos y Acreedores las instrucciones para
efectuar la liquidación. En dicho documento señaló como período para reajustar la
asignación de retiro y liquidar el capital el comprendido entre el 13 de diciembre de 2003
y el 31 de diciembre de 2004; dispuso efectuar la indexación hasta el 11 de junio de 2009
y calcular intereses moratorios desde el 12 de junio hasta el 27 de noviembre de 2009.
31. La anterior actuación evidencia que, desde la etapa inicial de cumplimiento, la entidad
interpretó que la liquidación directa por concepto de capital, indexación e intereses se
circunscribía a las diferencias causadas hasta el 31 de diciembre de 2004; sin embargo,
tal entendimiento administrativo no determina por sí mismo el alcance del título ejecutivo,
el cual debe establecerse a partir del contenido de la sentencia objeto de ejecución.
32. Posteriormente, se expidió el Memorando 341-963 del 15 de marzo de 201013 el cual
evidencia que los $377.690 correspondieron a intereses moratorios calculados sobre el
capital de $3.064.412 entre el 12 de junio y el 12 de diciembre de 2009. A su vez, la
certificación expedida por la Subdirección Financiera de Cremil acredita que el valor total
de $3.442.102 fue pagado el 2 de junio de 2010 mediante transferencia electrónica.
33. Mediante la Resolución 1342 del 28 de abril de 2010, la entidad dispuso el
cumplimiento de la decisión judicial y diferenció dos componentes. Respecto de las
mesadas comprendidas entre el 13 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2004,
reconoció un capital indexado de $3.064.412 y $377.690 por concepto de intereses, para
un total de $3.442.10214.
10 Decreto 4433 de 2004: ARTÍCULO 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones de
retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en que se
aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán
inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.
11 En la sentencia que constituye el título ejecutivo se indica: “de conformidad con lo anterior, se debe ordenar a la
demandada que reajuste la asignación de retiro del actor desde el año 2003, año por año, pues la base de liquidación
cambia, aplicando el porcentaje que le fuere más favorable, entre el principio de oscilación y el reajuste con base en el
IPC conforme a lo manifestado, pero el pago debe operar a partir del 13 de diciembre de 2003, por prescripción
cuatrienal, ya que la petición se radicó el 13 de diciembre de 2007”
12 Visible a folio 103 del expediente físico.
13 Visible a folio 41 ibidem.
14 ARTICULO 1°. Manifestar que en los términos de la presente Resolución se da cumplimiento a la Sentencia de fecha
20 de agosto de 2009 (sic) proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
SUB-SECCION "B", que ordena el reajuste a la Asignación de Retiro al señor CORONEL (r) EJERCITO NACIONAL
GAITAN QUINCHE ALVARO ERNESTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.135.971 de BOGOTA, por
concepto de establecer la diferencia entre la aplicación del incremento anual por IPC y el reajuste por oscilación que
se venia aplicando sobre su Asignación de Retiro, para las mesadas comprendidas entre el 13 DE DICIEMBRE DE
2003 hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (fecha señalada por el despacho en la providencia), con indexación e
intereses, según lo considerado y conforme liquidación que obra en el presente acto administrativo en la parte motiva.
ARTICULO 2º. Manifestar que en cumplimiento de la Sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUB-SECCION "B", de fecha 20 de agosto de 2009 (sic), el Grupo de
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34. Sin embargo, la Resolución 1342 no agotó el cumplimiento con ese desembolso. En
su parte motiva y resolutiva dispuso expresamente que los valores causados por
asignación de retiro con posterioridad al 31 de diciembre de 2004 serían asumidos con
cargo al rubro de asignación de retiro y liquidados sobre la base prestacional resultante
de la aplicación de la sentencia, reajustando la prestación conforme al principio más
favorable entre el sistema de oscilación y el IPC15.
35. En desarrollo de esa determinación, CREMIL elaboró una segunda liquidación 16,
correspondiente a la nómina de junio de 2010 identificada como: novedad “reajuste
asignación de retiro (más favorable en adelante 2005)” y determinó diferencias sucesivas
sobre la prestación, con un neto adicional a pagar de $15.531.142.
36. La naturaleza y realización de ese segundo pago también se encuentran acreditadas
mediante certificación de la Subdirección Financiera, en la que CREMIL indicó
expresamente que, además del pago de $3.442.102, efectuó un segundo desembolso
reconocido en la Resolución 1342 por valor de $15.531.142, “por concepto de reajuste
sentencia de IPC”, incluido dentro de la nómina de junio de 201017.
37. Estos documentos desvirtúan el reparo de la recurrente según el cual las diferencias
causadas después del 31 de diciembre de 2004 serían ajenas al título ejecutivo. Por el
contrario, fue la propia entidad la que las identificó como consecuencia del reajuste
ordenado en la sentencia y las liquidó sobre la nueva base prestacional resultante de su
cumplimiento. Así, el segundo pago no surgió de una actuación autónoma o
independiente de CREMIL, sino de los efectos económicos de la decisión judicial sobre
la asignación de retiro.
38. Tampoco conducen a una conclusión distinta las providencias invocadas por la
recurrente. Aunque en ellas se examinaron controversias relacionadas con la indexación
de diferencias causadas a partir de 2005 como consecuencia del reajuste por IPC, su
solución dependió del contenido específico de los respectivos títulos ejecutivos, en los
cuales la condena al pago y actualización de las diferencias había quedado delimitada
temporalmente hasta el 31 de diciembre de 2004 o no existía un pronunciamiento que
comprendiera las mesadas posteriores. Esa circunstancia no se reproduce en este
asunto, pues la sentencia aquí ejecutada ordenó reconocer y pagar las diferencias
Nómina, Embargos y Acreedores, elaboró la liquidación de los valores que se cancelarán a favor del señor CORONEL
(r) EJERCITO NACIONAL GAITAN QUINCHE ALVARO ERNESTO, con base en el indice de precios al consumidor,
en los términos del Artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, y la liquidación de intereses conforme a lo
establecido en el artículo 177 del C.C.A., sobre las sumas liquidas reconocidas, liquidación integrada en la Certificación
expedido por el Grupo de Nómina, Embargos y Acreedores (Memorando No. 341 - 963 del 15 de marzo de 2010,
recibido en el Área de Reconocimiento de Prestaciones Sociales el día 05 de abril de 2010), hasta el 31 DE DICIEMBRE
DE 2004 (fecha señalada por el despacho en la providencia) y están discriminados así: Valor Capital
Indexado….$3.064.412. Valor de los Intereses sobre el Capital Indexado…$377.690. Total a Pagar…. $3.442.102.
15 […]Disponer que los valores que se causen por asignación de retiro con posterioridad al 31 DE DICIEMBRE DE
2004 y en adelante serán con cargo al rubro de asignación de retiro, liquidados sobre la base prestacional resultante
de la aplicación de la sentencia del 20 de agosto de 2009 (sic) proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB-SECCIÓN “B”, reajustándose su asignación según el principio más
favorable entre la oscilación conforme a los Decretos del orden Nacional y el Índice de Precios del Consumidor IPC “
[…]
16 Visible a folio 43 ibidem.
17 Ver folio 81 ibidem.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-03278-01 (1115-2026)
Ejecutante: Álvaro Ernesto Gaitan Quinche.
originadas por el reajuste a partir del 13 de diciembre de 2003, sin fijar como límite el 31
de diciembre de 2004, y dispuso expresamente la actualización de los valores
correspondientes al ajuste señalado en ese numeral.
39. Por ello, la conclusión no deriva de extender el título a obligaciones no reconocidas
en el proceso declarativo, sino de interpretar integralmente sus mandatos. Si bien desde
el 1 de enero de 2005 el reajuste anual de la asignación de retiro volvió a sujetarse al
principio de oscilación, ese mecanismo debía operar sobre la base resultante del reajuste
previamente ordenado por la sentencia. De ahí que las diferencias pagadas
posteriormente tuvieran como presupuesto la nueva base de liquidación establecida
como consecuencia directa del fallo y se encontraran comprendidas en la orden de
reconocimiento, pago y actualización allí impartida.
40. Ahora bien, aunque se encuentra demostrado el pago de los $15.531.142, los
documentos aportados no acreditan que respecto de esa suma se hubieran reconocido
y pagado los mismos componentes que CREMIL liquidó frente al primer período. Mientras
respecto del capital de $3.064.412 aparecen discriminados expresamente la indexación
y los intereses, la tarjeta de liquidación y la certificación financiera relativas al segundo
pago únicamente dan cuenta de las diferencias prestacionales causadas con
posterioridad al 31 de diciembre de 2004.
41. En ese sentido, el Memorando 217-1931 del 14 de diciembre de 201718 no demuestra
la extinción de la obligación. En dicho documento CREMIL sostuvo que únicamente
debían ser objeto de indexación e intereses los valores causados hasta el 31 de diciembre
de 2004 y que, por ello, la sentencia había sido cumplida integralmente. Sin embargo,
esa afirmación corresponde a la interpretación posterior de la propia entidad sobre el
alcance del fallo y no constituye prueba de que los conceptos reclamados respecto del
segundo pago hubieran sido efectivamente satisfechos19.
18 Ver folio 76 ibidem.
19 De manera atenta y en respuesta al requerimiento formulado por ese grupo, respecto del trámite dado a la sentencia
de fecha 20 de agosto de 2009 (sic) proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCION B, que ordenó el reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC a favor del señor
CORONEL (RA) EJC ÁLVARO ERNESTO GAITAN QUINCHE, identificado con cédula de ciudadanía No.19.135.971,
me permito indicar que revisado el fallo en mención, se estableció que la entidad dio estricto cumplimiento al mismo al
disponer el reajuste de la prestación desde el 01 de enero 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004 y un pago de capital
limitado desde el 13 de diciembre de 2004 hasta 31 de diciembre de 2004, de conformidad con lo ordenado por el
Juzgado referido. Por lo anterior, me permito informar que la caja dio cumplimiento a lo dispuesto por el operador
judicial en el fallo mencionado ordenando mediante resolución No. 1342 del 28 de abril de 2010 un pago de capital de
la siguiente manera: Valor capital indexado: $3.064.412.00 M/CTE-Valor de los interese sobre capital indexado:
$377.690.00 M/CTE- Total a pagar: $3.442.102.00 M/CTE Es preciso aclarar, que la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares dio cumplimiento al fallo anterior ordenando el pago de los valores generados de la liquidación del mismo, por
dos rubros, esto es, el de SENTENCIAS y el de ASIGNACION DE RETIRO, lo que generó que el pago de capital se
realizara con la respectiva indexación e intereses, por el primero de los mencionados rubros y el pago por los valores
causados con posterioridad al 31 de diciembre de 2004 y en adelante serán con cargo al rubro de asignación de retiro,
liquidados sobre la base prestacional resultante de la aplicación de la sentencia del 20 de agosto de 2009 (sic) proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION B reajustándose su
asignación según el principio de oscilación conforme a los decretos del orden nacional. Igualmente, el pago de las
diferencias hasta el 31 de diciembre de 2004 se efectuó teniendo en cuenta que solo hasta esa fecha estuvo vigente
la ley 238 de 1995, norma que generó la posibilidad de reajustar las asignaciones de retiro con base en el IPC. Ahora
bien, es preciso señalar que los fallos condenatorios ordenaron el reajuste de las asignaciones de retiro con base en
el IPC, en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del decreto 01 de 1984, esto es, el Código Contencioso
Administrativo anterior, mandato que fue cumplido en su totalidad, habida cuenta que esta norma dispone que
únicamente serán objeto de indexación y pago de intereses los valores liquidados con ocasión a la condena, es decir,
el lapso correspondiente al capital, fecha de prescripción y el 31 de diciembre de 2004 (fecha de entrada en vigencia
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42. En efecto, el proceso ejecutivo no tiene por objeto establecer si CREMIL expidió actos
administrativos orientados al cumplimiento de la sentencia, sino verificar si mediante ellos
extinguió las obligaciones exigidas conforme al título. Por ello, la Resolución 1342 y los
documentos administrativos posteriores constituyen elementos probatorios del pago,
pero no pueden modificar, restringir o sustituir el contenido de la decisión judicial cuya
ejecución se persigue.
43. Así, el argumento central de la excepción parte de equiparar el pago del capital
correspondiente a las diferencias prestacionales con la satisfacción integral de la
obligación. Sin embargo, la prueba documental no permite efectuar esa equivalencia,
pues acredita que el segundo desembolso por $15.531.142 fue realizado, pero no que
junto con él se hubieran satisfecho la actualización y los intereses por los cuales
posteriormente se libró mandamiento ejecutivo.
44. En ese contexto, la afirmación de CREMIL según la cual cumplió totalmente la
sentencia mediante los pagos de $3.442.102 y $15.531.142 no satisface la carga
probatoria que le correspondía. El primero de esos desembolsos acredita el pago del
capital indexado y de los intereses allí discriminados, mientras que el segundo demuestra
únicamente la satisfacción de las diferencias prestacionales reconocidas desde 2005, sin
prueba de que se hubieran pagado adicionalmente los conceptos objeto del mandamiento
ejecutivo.
45. Por tanto, los argumentos de la apelación relacionados con el alcance del reajuste
ordenado en la sentencia, la aplicación del principio de oscilación a partir de 2005 y la
suficiencia de los pagos efectuados mediante la Resolución 1342 no desvirtúan la
conclusión del a quo, pues ninguno demuestra que la obligación ejecutada hubiera sido
extinguida íntegramente.
46. Por consiguiente, se confirmará la decisión de declarar no probadas las excepciones
propuestas y de seguir adelante con la ejecución por las sumas reconocidas por concepto
de indexación e intereses moratorios.
Costas en segunda instancia
47. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
de la ley 923 de 2004 que volvió a establecer como sistema de reajuste de las asignaciones de retiro, el principio de
oscilación). Igualmente, me permito informar que los valores por concepto de reajuste deberán coordinarse con el
Grupo de Nómina Embargos y Acreedores.
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48. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así una excepción
a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
49. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
50. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En consecuencia, se impondrán costas a la parte ejecutada, en tanto el recurso de
apelación fue desestimado en su integridad. Para estos efectos, en aplicación del artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la
presente providencia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que
integran la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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