Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2010-00052-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2010-00052-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2010-00052-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2010-00052-00 (0430-2010)
Demandante: Carlos Elías Sánchez Cortés y otros
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Temas: Disciplinario – Servidor público de elección popular – sentencia de
reemplazo. NIEGA PRETENSIONES.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2025 que dejó sin
efectos el fallo del 15 de abril de 2024, profiere la providencia de reemplazo en
el proceso de la referencia.
En consecuencia, se decide la demanda que presentaron César Augusto
Jiménez Rubiano, Julián Duarte Castellanos, Mario Efrén Sarmiento Riveros,
Jilson Ortegón Rodríguez, Pablo Enrique Murcia Barón, Jairo Oviedo Riveros,
Carlos Elías Sánchez Cortés, Álvaro Sánchez Morales, Enrique Vásquez Díaz y
Elsa Jara de Ayerbe contra la Nación, Procuraduría General de la Nación1. Desde
ahora se advierte que se negarán las pretensiones.
II. ANTECEDENTES
La demanda
1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se formuló
demanda dirigida a que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias
sancionatorias de 26 de junio de 2007, emitida en primera instancia por la
Procuraduría Provincial de Fusagasugá; y de 14 de septiembre de 2007, dictada
por la Procuraduría Regional de Cundinamarca, a través de las cuales se halló
disciplinariamente responsables a los accionantes de las faltas que más adelante
se detallan.
1
Se advierte que la presente decisión no cobija a Gisella Karina Orjuela Cadena, Efraín Cruz
Fiscal y Jonathan Ricky Benítez Reyes, por cuanto frente a ellos la demanda fue rechazada por
configurarse la caducidad de la acción; a Abel Eduardo Cubides Ramírez, Fabio Hernández
Cubillos y Hugo Darío Rincón Jiménez, ya que respecto de ellos se decretó la perención del
proceso; y, a Arístides Valiente Moreno, pues, si bien mediante Auto de 19 de julio de 2018 se le
reconoció personería a Pablo Enrique Murcia Barón para que actuara como su abogado, la Sala
observa que él no la interpuso la demanda, por lo que no está relacionado en el auto admisorio.
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Demandante: Carlos Elías Sánchez Cortés y otros
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitaron i) ordenar su reintegro a un cargo igual y/o superior al que se
encontraban desempeñando al momento de su retiro; y, ii) condenar a la entidad
demandada a reconocer y pagar las sumas de dinero que dejaron de percibir
desde que se ejecutó la decisión disciplinaria y hasta cuando sean reintegrados,
así como los perjuicios morales y materiales a los que se vieron sometidos.
Hechos
3. Como hechos relevantes, se narraron los siguientes:
4. El señor César Augusto Jiménez Rubiano fue elegido alcalde del municipio
de Fusagasugá para el periodo 2004-2007.
5. Por su parte, Mario Efrén Sarmiento Riveros, Elsa Jara de Ayerbe,
Jonathan Ricky Benítez Reyes, Pablo Enrique Murcia Barón, Jilson Ortegón
Rodríguez, Carlos Elías Sánchez Cortés, Álvaro Sánchez Morales, Jairo Oviedo
Riveros, Enrique Vásquez Díaz y Julián Duarte Castellanos fueron elegidos
concejales municipales de Fusagasugá para el periodo constitucional en el
mismo periodo.
6. El alcalde de dicho ente territorial convocó a sesiones extraordinarias al
Concejo Municipal para el estudio y trámite de varios proyectos, dentro de los
cuales se encontraba la modificación del plan de ordenamiento territorial del
municipio y que fue aprobado con 16 votos favorables.
7. Una vez sancionado el Acuerdo 09 de 2006 (Proyecto de Acuerdo 12 de
2006), este se convirtió en una herramienta que permitió construir una gran zona
comercial para Fusagasugá.
8. Con base en un escrito anónimo, la Procuraduría Provincial de
Fusagasugá dio apertura de investigación disciplinaria contra el alcalde del
municipio de Fusagasugá, el director de Planeación Municipal, el jefe de
Urbanismo, el jefe de Programación Económica y Social de Planeación y los
concejales que aprobaron el citado proyecto de acuerdo.
9. Al respecto, la Procuraduría consideró que el Concejo Municipal de
Fusagasugá cambió el Plan de Ordenamiento Territorial contenido en el Acuerdo
29 de 2001 (a través del Acuerdo 09 de 2006) sin cumplir con los requisitos
exigidos en las Leyes 388 de 1998 y 902 de 2004 y que, además, lo realizado no
correspondía propiamente a una modificación, sino a una permuta de unos
predios de mejores condiciones.
10. La Procuraduría Provincial de Fusagasugá, a través del acto del 26 de
junio de 2007, declaró responsable disciplinariamente a César Augusto Jiménez
Rubiano en su condición de alcalde del municipio de Fusagasugá, y lo sancionó
con destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el
término de 15 años; a Mario Efrén Sarmiento y Julián Duarte Castellanos, en su
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calidad de concejales ponentes del proyecto de acuerdo, y les impuso la sanción
de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años; a Jilson Ortegón
Rodríguez, Pablo Enrique Barón Murcia, Jairo Oviedo Riveros, Carlos Elías
Sánchez Cortés, Álvaro Sánchez Morales, Enrique Vásquez Díaz y Elsa Jara de
Ayerbe, concejales del municipio de Fusagasugá, los sancionó con suspensión
en el ejercicio del cargo por el término de 6 meses.
11. La Procuraduría Regional de Cundinamarca modificó parcialmente la
decisión inicial en el sentido de reducir la sanción de Mario Efrén Sarmiento y
Julián Duarte Castellanos a suspensión en el ejercicio del cargo por el término
de 12 meses, a través del acto de 14 de septiembre de 2007, en el que confirmó
en lo demás lo resuelto por la Procuraduría Provincial de Fusagasugá.
Normas violadas y concepto de violación
12. La demanda se fundamentó en el desconocimiento de los artículos 6, 13,
29, 83, 123, 209 y 313 de la Constitución Política; 6 y 37 de la Ley 9 de 1989; 4
del Decreto 1504 de 1989; y 129 de la Ley 734 de 2002.
13. Al desarrollar el concepto de violación, se presentaron los siguientes
argumentos:
14. Se desconoció el artículo 6 de la Constitución Política, porque de no
haberse aprobado el acuerdo de la referencia, el municipio habría tenido que
afrontar una demanda de reparación directa presentada por los ciudadanos a los
que les afectaron unos predios, pero respecto de los cuales no se dispuso su
compra.
15. Además, se afirmó que existió una vulneración del artículo 13 de la
Constitución, porque a los concejales ponentes se les impuso la sanción de
suspensión por el término de 12 meses, mientras que los demás fueron
inhabilitados por 6 meses.
16. Por otra parte, se argumentó que se vulneró el derecho al debido proceso
por cuanto la entidad demandada valoró sesgadamente el material probatorio
obrante en el expediente, sin analizar los argumentos expuestos por los
demandantes y las pruebas allegadas por ellos, con las cuales se acreditaba que
no habían incurrido en ninguna prohibición legal.
17. Además, se alegó que la Procuraduría General de la Nación presumió la
mala fe en la actuación de los disciplinados, sin tener en cuenta que el Acuerdo
que dio origen a la investigación disciplinaria se aprobó con fundamento en la
prevalencia del interés general sobre el particular.
18. Por otra parte, se expuso que a pesar de que en el Acuerdo 029 de 2001
se señaló que se habrían de afectar unos inmuebles para que hicieran parte de
las zonas verdes del municipio, de forma posterior no se le hizo la notificación a
sus propietarios ni se realizó la inscripción de esta medida en el registro de
instrumentos públicos, por lo que el canje de estos por otros en el Acuerdo 09 de
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2006 no implicó un perjuicio para el municipio.
Contestación de la demanda
19. La Nación, Procuraduría General de la Nación, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones por las razones que se expresan a continuación2:
20. La falta disciplinaria le fue endilgada a los actores de acuerdo con los
principios de legalidad y proporcionalidad; además, se ajustó a los supuestos
fácticos, y a la normativa y jurisprudencia aplicables.
21. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada y se determinó con base en
las pruebas allegadas y debidamente valoradas, lo que permitió concluir que los
disciplinados incurrieron en las faltas por las que fueron sancionados.
22. No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que a los
demandantes se les brindaron las garantías procesales pertinentes, y se les
permitió ejercer su derecho a la defensa.
23. La Procuraduría General de la Nación cuestionó el hecho de haber
adelantado el trámite del Acuerdo 09 de 2006, sin cumplir los requisitos fijados
en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997 y 4.º del Decreto 4002 de 2004.
Adicionalmente, se les reprochó haber favorecido a un tercero propietario de los
predios, conductas que fueron debidamente acreditadas.
24. Finalmente, propuso la excepción de inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones, en la medida en que en el escrito de la demanda
no se hizo el análisis de los elementos de tipicidad y culpabilidad de cada uno de
los disciplinados, como lo realizó la Procuraduría General de la Nación.
Alegatos de conclusión
Los demandantes3
25. Reiteraron lo expuesto en el escrito de demanda.
La parte demandada
26. Pese a que el Despacho corrió traslado para alegar de conclusión, la
entidad demandada no expuso argumento alguno.
27. Así las cosas, la Sala decide, previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
De la excepción propuesta por la entidad demandada
2
Folios 644 a 660.
3
Folios 823 a 831.
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28. Previo a estudiar el fondo del asunto la Sala resuelve la excepción
planteada por el apoderado de la Procuraduría General de la Nación,
denominada indebida acumulación de pretensiones, en la que señaló que en el
escrito de la demanda no se hizo un análisis separado de los elementos de
tipicidad y culpabilidad de cada uno de los demandantes, como lo realizaron la
Procuraduría Provincial de Fusagasugá y la Procuraduría Regional de
Cundinamarca en las decisiones disciplinarias ahora cuestionadas.
De la acumulación de pretensiones
29. El artículo 82 del C.P.C., vigente al momento de presentación de la
demanda, aplicable por remisión del artículo 145 del C.C.A. en cuanto a la
acumulación de pretensiones, establecía:
«El demandante podrá acumular en una misma demanda varias
pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que
concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán
acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan
como principales y subsidiarias.
3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.
En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se
condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación
de aquélla y la sentencia de cada una de las instancias.
También podrán formularse en una demanda pretensiones de varios
demandantes o contra varios demandados, siempre que aquéllas provengan
de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en
relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas
pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.
En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias
personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del
demandado, con la limitación del numeral 1. del artículo 157.
Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los
requisitos previstos en los dos incisos anteriores, pero sí con los tres
numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando
no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa».
30. En el asunto sometido a consideración, los actores solicitaron anular los
actos administrativos a través de los cuales fueron declarados responsables
disciplinariamente, y a título de restablecimiento del derecho exigieron que se
condene a la entidad demandada a reintegrarlos y a reconocer y pagar los
salarios, prestaciones sociales y honorarios que dejaron de devengar con
ocasión de la sanción que les fue impuesta, así como los perjuicios morales a los
que se vieron sometidos.
31. Al respecto, es oportuno resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 85 del C.C.A., dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho la persona que se crea lesionada podrá pedir: i) la nulidad del acto
administrativo; ii) que se le restablezca su derecho, lo que implica el resarcimiento
de un derecho subjetivo lesionado con un acto de la administración; y iii) la
reparación del daño.
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32. Así las cosas, el argumento expuesto por la entidad demandada no tiene
vocación de prosperidad en la medida en que las pretensiones de la parte actora
se encuentran conformes con lo establecido en la normativa aplicable. Ahora, la
inconformidad de la Procuraduría General de la Nación consiste en una situación
de forma respecto a la explicación del concepto de violación en cuanto a los
elementos de tipicidad y culpabilidad que fueron analizados en la investigación
disciplinaria adelantada contra los demandantes, que nada tiene que ver con una
indebida acumulación de pretensiones, razón por la cual no hay lugar a acoger
la excepción propuesta.
El problema jurídico
33. Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos acusados,
la entidad demandada incurrió en el desconocimiento de normas superiores o en
la vulneración del derecho fundamental al debido proceso que fueron
desarrollados en la demanda.
Aclaración previa
34. La presente providencia se profiere en cumplimiento de la sentencia de
tutela del 24 de febrero de 2025 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la cual se determinó que la Procuraduría General de la Nación era
competente para imponer la sanción de destitución e inhabilidad general para el
momento en que se expidieron los actos objeto de control, con fundamento en
los pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en las sentencias C
– 028 de 2006, SU 712 de 2013, C – 086 de 2019, C – 111 de 2019, C – 030 de
2023, SU 381 de 2024 y SU 382 de 2024.
35. En ese orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad de los actos
objeto de control con base en la falta de competencia de la Procuraduría General
de la Nación.
Acerca de las decisiones disciplinarias censuradas
36. Para efectos de claridad, a continuación se hace una relación concreta de
las faltas que les fueron endilgadas a los demandantes, así como las sanciones
impuestas, de acuerdo con los fundamentos expuestos por la Procuraduría
General de la Nación.
37. El ente de control consideró que el alcalde del municipio de Fusagasugá
(César Augusto Jiménez Rubiano) presentó el proyecto de Acuerdo 12 de 2006
sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 388 de 1997, esto es, la
concertación ciudadana e interinstitucional y el concepto de la autoridad
ambiental, aunado al hecho de que existió interés por parte de este de favorecer
al propietario de un predio (Juan Vargas) y a la cadena de almacenes Éxito para
que invirtiera en el municipio.
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38. Como fundamentos fácticos del cargo se señaló que el 22 de marzo de
2006 el señor Juan Vargas suscribió una promesa de compraventa con la firma
Arquitectura y Concreto, documento en el que se comprometió a obtener la
certificación por parte de la Secretaría de Planeación Municipal de Fusagasugá
en la que constara que a los terrenos les correspondía el uso del suelo múltiple
que permite el desarrollo de centros comerciales de gran tamaño o almacenes
de gran superficie.
39. Es pertinente poner de presente que los terrenos habían sido declarados
como de afectación de zonas verdes en el POT aprobado en el año 2001, y según
la Procuraduría no se sometió el estudio del cambio de suelo a los trámites de
los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997 y al Decreto 4002 de 2004.
40. Como pruebas en las que se sustentaron los cargos, se hizo referencia al
Acta 225 de 2006 que corresponde a la sesión extraordinaria del concejo del 20
de abril de 2006 en la que el señor César Augusto Jiménez (alcalde municipal)
expuso que el plan de ordenamiento del 2001 perjudicó a muchos ciudadanos
dentro de los cuales se encontraba el señor Juan Vargas quien había perdido
mucho dinero por haberse incluido en el POT del 2001 como una zona verde del
municipio, y que al permitir el cambio del lote habría la posibilidad de generar 240
empleos directos.
41. Por otra parte, se citó un oficio del 11 de mayo de 2006 en el que la ministra
de ambiente, vivienda y desarrollo territorial expuso que para la modificación
excepcional de las normas urbanísticas de carácter estructural se requiere de la
demostración y del soporte técnico de los motivos que justifiquen la iniciativa, y
que esta se debe sujetar a los trámites de concertación, consulta y aprobación
del POT y acompañarse de los documentos técnicos a los que se hace referencia
en el artículo 9 del Decreto 4002 de 2004. A partir de lo anterior concluyó que el
proyecto de Acuerdo se presentó sin cumplir con los requisitos establecidos en
la Ley 388 de 2997, tales como la concertación ciudadana e interinstitucional y el
concepto de la autoridad ambiental que para los efectos era la CAR, y,
adicionalmente, que el alcalde presentó el proyecto quince días después de que
el señor Juan Vargas suscribiera el contrato de promesa de compraventa en el
que se comprometió a entregar un certificado de uso de suelo que permitiera
desarrollar grandes superficies antes del 31 de mayo de 2006.
42. Además, señaló que el señor Juan Vargas afirmó que después de que
suscribió la promesa de compraventa habló con el alcalde para que le ayudara a
conseguir que se levantara la afectación para poderle pagar al municipio lo que
debía antes de que le remataran el bien.
43. A partir de ahí, señaló que el alcalde conocía la negociación hecha por el
señor Juan Vargas y de ahí derivaba su interés de favorecerlo para lograr que la
cadena Éxito invirtiera en Fusagasugá.
44. Asimismo, indicó que en un lapso de 20 días no era posible que se
tramitara un proyecto de modificación del POT y que otros 5 predios que habían
sido considerados para ser desafectados no fueron cobijados por la decisión.
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45. En atención a lo anterior, se consideró que quedó demostrado que incurrió
en la falta gravísima consagrada en el numeral 42 del artículo 48 del Código
Disciplinario Único, cometida a título de culpa gravísima, pues a juicio del ente
de control fue cometida por ignorancia supina en tanto el señor Jiménez tenía la
obligación de actualizar los conocimientos en la materia dado que iba a presentar
ante el concejo un proyecto de acuerdo sobre el cambio de uso de suelo y no lo
hizo.
46. En relación con los demandantes Julián Duarte Castellanos y Mario Efrén
Sarmiento, la sanción se fundamentó en el hecho de que, en su condición de
concejales ponentes del proyecto de Acuerdo, lo defendieron sin que este
cumpliera con los requisitos contenidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de
1997 y el artículo 7 del Decreto 4002 de 2004.
47. Como pruebas en las que se basó la sanción, se hizo referencia al Acta
225, en la que el señor Castellanos expuso que se le planteó el proyecto de
modificación del POT a la CAR, pero esta realizó algunos reparos.
48. Adicionalmente, se hizo referencia a la intervención del concejal Fabio
Hernández Cubillos quien afirmó que no se anexó el concepto del Consejo
Territorial de Planeación, el concepto de la CAR, y las actas de concertación con
la comunidad.
49. Respecto del favorecimiento al señor Juan Vargas, se hizo referencia a las
mismas pruebas que sustentaron el cargo de favorecimiento en el caso del
alcalde, y, adicionalmente, se mencionaron las versiones libres de los demás
concejales, quienes afirmaron que aprobaron el proyecto porque los ponentes
eran abogados de profesión y aseguraron que se cumplían los requisitos
establecidos en la ley.
50. Con base en lo anterior se consideró que quedó demostrado que
incurrieron en la falta gravísima consagrada en el numeral 42 del artículo 48 del
Código Disciplinario Único, cometida a título de culpa gravísima, por ignorancia
supina, en tanto los ponentes tenían la obligación de servir a la comunidad en la
forma establecida en la Constitución, la Ley y el reglamento, y, para el caso
concreto no esperaron las respuestas de la CAR y del Ministerio de Ambiente en
las que se señaló que la modificación propuesta debía ajustarse a lo dispuesto
en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997.
51. En relación con los demás demandantes, se les sancionó por haber
integrado la plenaria que aprobó la modificación del Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Fusagasugá sin el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997 según lo dispuesto en el artículo 7 del
Decreto 4002 de 2004.
52. En este caso se les endilgó la falta grave de desconocer los deberes y las
prohibiciones a los que hacen referencia los numerales 1, de los artículos 34 y
35 de la Ley 734 de 2002, imputada a título de culpa grave, por no ilustrarse en
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debida forma respecto de los requisitos establecidos en las disposiciones
previamente referidas para la modificación del POT.
53. La Procuraduría Regional de Cundinamarca resolvió el recurso de
apelación interpuesto por los demandantes a través del acto del 14 de septiembre
de 2007, en el que confirmó parcialmente la decisión inicial salvo en lo
relacionado con la sanción impuesta a Julián Duarte Castellanos y Mario Efrén
Sarmiento Riveros de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 12
meses, por considerar que si bien fueron los ponentes del acuerdo antes
mencionado, no obligaron a los demás concejales a votar por aquel, sino que
esta fue una decisión de libre y voluntaria 4 , por lo que se determinó que
incumplieron los numerales 1 y 2 del artículo 34 y el numeral 1 del artículo 35, en
la modalidad de culpa grave.
Análisis de los cargos de nulidad
54. La Sala resolverá los cargos relativos a la infracción de normas superiores,
y, posteriormente, analizará los reproches relacionados con la violación del
derecho fundamental al debido proceso.
55. En la demanda que dio origen al presente proceso se señaló que en los
actos sancionatorios se pasó por alto el contenido del artículo 6 de la Constitución
Política, según el cual los servidores públicos son responsables por infringir la
Constitución y las leyes, y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones, y el cargo se sustentó en el hecho de que en el evento en el que el
concejo municipal no hubiese estudiado y aprobado el proyecto de acuerdo, la
administración estaría afrontando demandas de reparación directa por parte de
los ciudadanos a los que se les afectaron los predios, pero no se dispuso su
compra.
56. En relación con el argumento se advierte que el reproche disciplinario no
se fundamentó propiamente en la expedición del Acuerdo 09 de 2006, sino en el
hecho de que en su aprobación no se tuvieron en cuenta las disposiciones de los
artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997, así como el artículo 7 del Decreto 4002
de 2004, que exigían una serie de trámites para efectos de la modificación del
POT del año 2001.
57. Además, se basó en que el referido acuerdo buscó favorecer a un
ciudadano en particular, lo que a juicio de la Procuraduría resulta contrario a lo
dispuesto en el numeral 42 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
58. En ese orden de ideas, si se analiza de forma íntegra el contenido de las
decisiones disciplinarias, se advierte que, de haberse tramitado con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas citadas, no habría
existido ninguna falta. Por tal razón no prospera el reproche.
4
Folios 226 a 261.
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59. Respecto del cargo relativo al desconocimiento del artículo 13 de la
Constitución Política (derecho a la igualdad), porque la sanción impuesta a los
concejales Julián Duarte y Mario Efrén Sarmiento fue superior a la de los demás
miembros de la corporación pública, se observa que en las decisiones
disciplinarias sancionatorias se desarrolló de forma adecuada la sustentación
tanto de la falta, como de la pena correspondiente.
60. En efecto, al estudiar la conducta de los referidos concejales, se consideró
que sus casos particulares ameritaban una sanción más drástica, por tratarse de
los ponentes del proyecto de Acuerdo, y porque ilustraron a sus compañeros
respecto del contenido del acto administrativo.
61. Con fundamento en lo anterior, no se puede considerar que se haya
vulnerado el derecho a la igualdad, porque si bien la sanción impuesta fue
superior para los referidos miembros de la corporación pública, esta decisión
estuvo debidamente justificada.
62. En cuanto al reproche según el cual se presumió la mala fe de los
accionantes, es pertinente poner de presente que los actos sancionatorios se
sustentaron en el desconocimiento de normas jurídicas, es decir, en la infracción
de deberes funcionales de su parte, pues a juicio del ente de control no se
demostró que se haya cumplido los trámites previstos en la Ley 388 de 1997,
para la expedición del acuerdo de la referencia.
63. Ahora bien, los reproches relativos al favorecimiento del ciudadano Juan
Vargas, se motivaron en el hecho de que en el acta 225 quedó consignada la
necesidad de modificar el uso del suelo de los predios de su propiedad, pues se
le estaba causando un perjuicio económico, y ello se acompañó de la prueba de
suscripción de una promesa de compraventa en la que quedaba claro que
obtendría la certificación que requería para que se desarrollara un proyecto de
grandes superficies en los terrenos de su propiedad.
64. En ese orden de ideas, no se considera que se haya presumido la mala fe
por parte de los demandantes, por lo que el cargo no prospera.
65. En relación con el presunto desconocimiento del artículo 123 de la
Constitución Política porque los accionantes actuaron con el fin de conjurar un
hecho que traería consecuencias negativas para el municipio, es necesario
reiterar que en los actos sancionatorios se reprochó el desconocimiento de la
normativa que exigía agotar los trámites previstos en los artículos 24 y 25 de la
Ley 388 de 1997 para expedir un acuerdo que modifique el POT, y que
justamente la sanción que les fue impuesta se sustentó en que no cumplieron
con la referida normativa. Así las cosas, de haber acatado las referidas
disposiciones no se habría impuesto ninguna sanción, pues la falta sería
inexistente.
66. En cuanto a la presunta vulneración del artículo 209 de la Constitución
Política, en tanto con la actuación de los servidores públicos se buscó garantizar
el interés general por encima del particular, y que este proyecto brindó
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Demandante: Carlos Elías Sánchez Cortés y otros
oportunidades de empleado a cerca de 800 personas, es pertinente reiterar que
el ente de control sancionó a los accionantes porque no cumplieron con las
normas que se encuentran en la Ley 388 de 1997, por lo que el hecho de que
posteriormente se hayan obtenido beneficios para el municipio no borra las faltas
cometidas.
67. Respecto del cargo de nulidad consistente en que se pasó por alto el
contenido del numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Política, según el cual
les corresponde a los concejos reglamentar los usos del suelo, se advierte que
en ningún momento se desconoció esa facultad, sino que se exigió que se
cumpliera con las normas que establecen unos requisitos para su ejercicio.
68. En cuanto a la transgresión del artículo 37 de la Ley 9 de 1989, del artículo
6 de la Ley 9 de 1989 y del artículo 4 del Decreto 1504 de 1998, se advierte que
en las decisiones disciplinarias no se sancionó a los servidores públicos por haber
levantado la afectación que pesaba sobre unos inmuebles, sino por expedir un
acuerdo en el que se modificaba el POT sin el cumplimiento de los requisitos
legales contenidos en la Ley 388 de 1997, por lo que estos argumentos no
cuestionan el fundamento de las sanciones impuestas y por tal razón tampoco
tienen vocación de prosperidad.
69. Ahora bien, en la demanda que dio origen al presente proceso se
argumentó que existió una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso porque existió una valoración sesgada de las pruebas, de los recursos y
de los alegatos de conclusión, pues no se tuvo en cuanta aquellas que favorecían
a los investigados.
70. En relación con el cargo es pertinente recordar que, sin perjuicio del control
integral que le corresponde realizar a esta corporación, en las demandas de
nulidad y restablecimiento del derecho opera el principio de justicia rogada, y que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso la
carga de la prueba recae en el demandante.
71. En el caso concreto no se señaló qué prueba fue valorada de forma
contraevidente, o qué norma fue interpretada arbitrariamente, o qué argumentos
no fueron tenidos en cuenta bien sea de los descargos, de los alegatos de
conclusión o de los recursos de apelación.
72. Si bien es cierto que en la demanda se señaló que las decisiones
sancionatorias se basaron en las declaraciones de Carlos Duque, representante
de la Sociedad Arquitectura y Concreto, de Jaime Pardo y de los concejales
Hernández y Benítez que eran perjudiciales para los demandantes, no se explicó
en qué errores se incurrió en la valoración de las pruebas, o cuáles de las que
les favorecían se pasaron por alto, o hayan sido indebidamente estudiadas.
73. Luego, no se puede considerar que la parte demandante haya cumplido
con la carga que le asiste, pues no hizo un reproche concreto a qué pruebas
fueron valoradas de forma sesgada, o qué argumentos no fueron tenidos en
cuenta o malinterpretados, y era un requisito de la demanda explicar el concepto
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Demandante: Carlos Elías Sánchez Cortés y otros
de la violación en los términos del numeral 4 del artículo 137 del Código
Contencioso Administrativo.
La condena en costas
74. El artículo 174 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 55 de
Ley 446 de 1998, en materia de costas establecía que, «en todos los procesos,
con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil». Bajo la
anterior consideración y comoquiera que no se advierte que la parte demandante
haya incurrido en alguna conducta dilatoria del trámite y que sus argumentos
estuvieron dirigidos a defender sus planteamientos, la Sala se abstendrá de
imponer condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. ACATAR la orden impartida en el fallo de tutela del 24 de febrero de
2025, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (y acumulados).
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva.
TERCERO. Sin condena en costas.
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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