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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01763-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01763-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo del de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el cual quedará de la siguiente manera: SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a la Fiduciaria La Previsora S. A., como administradora del FNPSM, en coordinación con Bogotá - Secretaría de Educación, como delegada de la Nación, siguiendo el procedimiento establecido en las Leyes 91 de 1989, 962 de 2005 y en el Decreto 2831 de 2005, con recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar una pensión de jubilación a la señora DILIA MORALES DE GALVIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.814.329 de Bucaramanga, a partir del Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), teniendo en cuenta el factor salarial devengado en el año inmediatamente anterior al del estatus pensional, este es: sueldo, pero con efectos fiscales desde Diez (10) de agosto de Dos Mil Quince (2015), por prescripción. SEGUNDO: Declarar probada la excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al Diez (10) de agosto de Dos Mil Quince (2015), por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 24 Número interno: 1059-2025 Demandante: Dilia Morales de Galvis Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Bogotá D.C. – Secretaría de Educación Distrital – Fiduciaria la Previsora S.A

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01763-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., Veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-42-000-2018-01763-01 (1059-2025)1
Demandante : Dilia Morales de Galvis
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y Bogotá D.C. – Secretaría de Educación
Distrital – Fiduciaria la Previsora S.A
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Pensión de jubilación – Docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la litis, contra
la sentencia del Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)2, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda3

1.1. Pretensiones4

1. La señora Dilia Morales de Galvis, a través de apoderado judicial, promovió demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Bogotá D.C.
– Secretaría de Educación Distrital – Fiduciaria la Previsora S.A, por medio de la cual, solicitó
la nulidad de la Resolución No. 9444 del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017),
que negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pretende
que se ordene a la parte demandada, reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación, a
la luz de lo establecido en las leyes 33 de 1985, 91 de 1989, 812 de 2003, Acto Legislativo

1 Expediente híbrido
2 Sistema Samai, expediente híbrido índice 46 demanda digital, folios 103-128, notificada el 30 de
septiembre de 2024.
3 Sistema Samai, expediente híbrido índice 46 demanda digital, folios 31-53
4 Sistema Samai, expediente híbrido índice 46 demanda digital, folios 31-33

2

Número interno: 1059-2025
Demandante: Dilia Morales de Galvis
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Bogotá D.C. – Secretaría de Educación Distrital –
Fiduciaria la Previsora S.A

01 de 2005 y sentencia de unificación jurisprudencial del H. Consejo de Estado, proferida el
Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), con número interno 112.

3. Asimismo, solicita se le condene a: i) indexar las sumas dejadas de percibir por
concepto de pensión de jubilación, con inclusión de todos los factores salariales, ii)
reconocer la compatibilidad entre la pensión y sueldo que cobija a los docentes con
vinculación antes de la Ley 812 de 2003, iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos
que disponen los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, iv) al reconocimiento y pago de intereses moratorios, v) los
ajustes de las mesadas pensionales conforme con el índice de precios al consumidor y vi)
en costas.

4. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, son los
siguientes5.

5. La señora Dilia Morales de Galvis, se vinculó al sector docente el Trece de agosto
de Mi Novecientos Setenta y Tres (1973), y ha prestado sus servicios por medio de las
siguientes secretarías de educación: Santander, Bogotá D.C., y Cundinamarca.

6. Señala que, el ingreso al servicio público de educación, fue con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

7. Afirma que, adquirió el estatus de pensionada el Diez (10) de mayo de Dos Mil
Catorce (2014), por lo tanto, solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación; sin
embargo, por medio de la Resolución No. 9444 del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), le fue negada.

8. Contra la anterior resolución solo procedía el recurso de reposición, cuya interposición
es facultativo, por lo tanto, demandó directamente la resolución que negó el derecho
pensional.

1.2. Normas violadas y concepto de violación6

9. La parte demandante expresa que, el acto administrativo objeto de censura, vulnera la
Constitución Política de Colombia: artículos 1, 2,3, 4, 5, 6, 13, 25, 29, 53 y 58, leyes 33 de
1985, 91 de 1989, 812 de 2003, Acto legislativo 01 de 2005 y sentencia de unificación

5 Sistema Samai, expediente hibrido índice 46 demanda digital, folios 35
6 Sistema Samai, expediente hibrido índice 46 demanda digital, folios 35-53.

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Número interno: 1059-2025
Demandante: Dilia Morales de Galvis
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Bogotá D.C. – Secretaría de Educación Distrital –
Fiduciaria la Previsora S.A

jurisprudencial del H. Consejo de Estado, proferida el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil
Diez (2010), con número interno 112.

10. Expone que, el acto demandado, fue expedido con violación de las normas en que
debería fundarse, toda vez que, la actora cumple con los requisitos legales para acceder
al reconocimiento de la pensión de jubilación; sin embargo, le fue negado.

11. Sostiene que, si bien es cierto, al momento de solicitar el reconocimiento pensional se
encontraba escalafona en el Decreto Ley 1278 de 2002, no es menos cierto que, estuvo
vinculada y escalafonada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en el
Decreto 2277 de 1979, razón por la cual, se hace acreedora al régimen prestacional
anterior a la promulgación de dicha ley, pues, se debe respetar la expectativa pensional.

12. Aduce que, por haberse posesionado antes del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil
Tres (2003), fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, la cobija el régimen
anterior a la promulgación de la mencionada ley, por lo que, se equivoca la administración
al negarle la pensión bajo el análisis de lo preceptuado en la Ley 100 de 1993.

13. Alega que, no perdió su clasificación en el escalafón durante el tiempo laborado, toda
vez que, el Decreto Ley 2277 de 1979, no establece las causales de exclusión de la
carrera docente a que aluden los artículos 63 y 64 del decreto 1278 de 2002.
Adicionalmente, pese a que el artículo 64 del Decreto-Ley 1278 de 2002, prevé que el
retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el artículo anterior (artículo
63), conlleva la exclusión del escalafón docente y la pérdida de los derechos de carrera,
esa norma no rige la situación fáctica de la demandante, y el Decreto 2277 de 1977 no
contempló causales de exclusión de escalafón, por lo tanto, se debe aplicar como
favorable el Decreto Ley 2277 de 1979, en aplicación del principio de interpretación pro
homine o “pro persona”.

1.3. Contestación de la demanda

14. La parte demandada no presentó contestación de la demanda.

1.4. Sentencia de primera instancia7

15. Mediante sentencia del Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, resolvió:

7 Sistema Samai, expediente hibrido índice 46 demanda digital, folios 103-128

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Número interno: 1059-2025
Demandante: Dilia Morales de Galvis
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Bogotá D.C. – Secretaría de Educación Distrital –
Fiduciaria la Previsora S.A

«Primero: Anúlase la Resolución No. 9444 del 5 de diciembre de 2017, mediante la cual
la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación a la señora DILIA MORALES DE GALVIS,
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.814.329 de Bucaramanga.

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a la Fiduciaria
La Previsora S. A., como administradora del FNPSM, en coordinación con Bogotá -
Secretaría de Educación, como delegada de la Nación, siguiendo el procedimiento
establecido en las Leyes 91 de 1989, 962 de 2005 y en el Decreto 2831 de 2005, con
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y
pagar una pensión de jubilación a la señora DILIA MORALES DE GALVIS, identificada
con cédula de ciudadanía No. 37.814.329 de Bucaramanga, con efectividad a partir del
15 de julio de 2015, teniendo en cuenta el factor salarial devengado en el último año de
servicio docente (sueldo), según certificación que expida la demandada.

Las sumas correspondientes deben ser actualizadas en la forma indicada en la parte
motiva, aplicando para tal fin la siguiente fórmula:

R = Índice Final / Índice Inicial

Tercero: Niégase la condena en costas.

Cuarto: Dése cumplimiento a esta sentencia en la forma y términos establecidos en los
artículos 192 y siguientes del C.P.A.C.A.

Quinto: Expídanse a las partes copias de esta sentencia, de conformidad con lo
señalado en el artículo 114 del C.G.P.

Sexto: Por Secretaría liquídense los gastos del proceso y devuélvase a la demandante
el remanente de lo consignado.» (sic)

16. Lo anterior, en razón a que, luego de analizar el material probatorio existente en el
expediente, señaló que, la señora Dilia Morales de Galvis, nació el Nueve (9) de septiembre
de Mil Novecientos (1952), y cumplió 55 años de edad, el Nueve (9) de septiembre de Dos
Mil Siete (2007). Además, laboró como docente, en la secretaría de educación de Santander
desde el Trece (13) de agosto de Mil Novecientos Setenta y Tres (1973), hasta el Quince
(15) de octubre de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985), según lo certificó el coordinador
de historial laborales de dicha secretaría.

17. De igual forma, acorde con la certificación expedida por el Profesional Especializado de
la secretaría de educación de Bogotá, la actora estuvo vinculada al sector docente oficial en
los siguientes periodos: Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Seis (2006) al once (11) de julio
de Dos Mil Diez (2010), Trece (13) de mayo de Dos Mil Once (2011) al Dieciséis (16) de
agosto de Dos Mil Once (2011), Nueve (9) de septiembre de Dos Mil Once (2011) al
Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Once (2011), Veinte (20) octubre de Dos Mil Once
(2011) al Diez (10) de diciembre de Dos Mil Once (2011), Veinticinco (25) de enero de Dos
Mil Doce (2012) al Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Doce (2012), Veinticinco (25) de mayo
de Dos Mil Doce (2012) al Veintiuno (21) de julio de Dos Mil Doce (2012), Veintitrés (23) de
julio de Dos Mil Doce (2012) al Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Doce (2012),

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Veintiuno (21) de septiembre de Dos Mil Doce (2012) al Diecinueve (19) de octubre de Dos
Mil Doce (2012), Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Doce (2012) al Diecinueve (19) de
noviembre de Dos Mil Doce (2012), Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Catorce (2014) al
Once (11) de marzo de Dos Mil Catorce (2014), Veinticinco (25) de marzo de Dos Mil Catorce
(2014) al Treinta (30) de agosto de Dos Mil Quince (2015), Once (11) de noviembre de Dos
Mil Quince (2015) al Doce (12) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), Quince (15) de febrero
de Dos Mil Dieciséis (2016) al Cuatro (4) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), Veintitrés
(23) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017) al Quince (15) de noviembre de Dos Mil Diecisiete
(2017).

18. Señaló que, según certificación expedida por la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, su vinculación fue desde el Catorce (14) de junio hasta el Siete (7) de
diciembre de Dos Mil Trece (2013).

19. A tono con lo anterior, concluyó que, la demandante laboró un total de 1.188 semanas,
8.316 días, es decir, aproximadamente 23 años de servicio docente, no obstante, el Quince
(15) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), al solicitar el reconocimiento de la pensión
de jubilación, mediante Resolución No. 9444 de diciembre Cinco (5) de Dos Mil Diecisiete
(2017), la directora de talento humano (e) de la Secretaría de Educación de Bogotá, le negó
el reconocimiento pensional, argumentando que, no reunió las 1.300 semanas exigidas en
la Ley 100 de 1993.

20. En ese orden, señaló que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de
1985, a la actora le asiste el derecho a la pensión de jubilación, la cual, se debe liquidar con
el setenta y cinco por ciento (75%) del (os) factor(es) que sirvió(eron) de base para los
aportes durante el último año de servicio; Sin embargo, comoquiera que, la demandante a
la fecha de radicación de la demanda se encontraba en servicio activo, se tendría en cuenta
los conceptos devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

21. Teniendo en cuenta que, los 20 años de servicio los completó el Quince (15) de julio de
Dos Mil Quince (2015), según certificado de la Secretaría de Educación de Bogotá, la señora
Dilia Morales de Galvis, devengó del Quince (15) de julio de Dos Mil Catorce (2014) al
Catorce (14) de julio de Dos Mil Quince (2015), los siguientes conceptos: sueldo, prima de
servicio, bonificación decreto y prima de navidad.

22. Resaltó que, en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, se señalan, de manera taxativa, los
siguientes factores: asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por

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servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.

23. Precisó que ,los factores “prima de servicios y prima de navidad” y “Bonificación Decreto”
no se encuentran en la lista señalada en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, por lo tanto, la
señora Dilia Morales de Galvis no tiene derecho a la inclusión de los mismos, razón por la
cual, ordenó el reconocimiento de la pensión de jubilación con el 75% del factor previsto en
el art. 1º. de la Ley 62 de 1985 (el sueldo), devengado en el último año anterior a la
adquisición del estatus pensional, (año comprendido entre el 15 de julio de 2014 y el 14 de
julio de 2015).

24. Finalmente, en lo que corresponde a las costas, señaló que, no procedía condena alguna
a la parte vencida, en razón a que, su conducta no fue dilatoria, ni temeraria, sino que,
obedeció al uso de sus derechos de defensa y contradicción, no observándose abuso en el
ejercicio de esos derechos.

1.5. Recurso de apelación

1.5.1. Parte demandante8

25. El apoderado judicial de la parte demandante, interpuso recurso de apelación por
medio del cual, pretende que, se modifique el numeral segundo de la sentencia proferida,
y se liquide la pensión de jubilación de la señora Dilia Morales De Galvis, con todos los
factores salariales que legalmente correspondan al año anterior a la adquisición de su
estatus pensional.

26. Aduce que, a la luz de la sentencia de unificación proferida por el H. Consejo de Estado
el Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), los factores salariales para
liquidar la pensión, son solo aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes y se
encuentran enumerados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985; Sin embargo, a través de
diversas normas, se han incluido otros factores salariales como la bonificación
pedagógica, la bonificación mensual y la prima de vacaciones.

27. Resalta que, el Decreto 1272 de 2015, indicó que, la bonificación mensual de los
docentes se considera factor salarial.

8 Expediente hibrido, sistema Samai, índice 055

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28. Aunado a lo anterior, precisó que, por medio de la sentencia proferida el Veinticinco
(25) de agosto de Dos Mil Veintidós (2022), por el H. Consejo de Estado dentro del
expediente No. 660012333000201900007601 (0411-2021), frente a las asignaciones
otorgadas a los directivos docentes, precisó que, «los sucesivos decretos por los cuales
se fija la remuneración de los servidores públicos sometidos al régimen especial del
Estatuto Docente — Decreto Ley 2277 de 1978 — y del Estatuto de Profesionalización
Docente — Decreto Ley 1278 de 2002 — han establecido unas asignaciones adicionales
para los directivos docentes, de acuerdo con las funciones asignadas y las jornadas en
que laboren, las cuales deben ser tenidas en cuenta para el cálculo del ingreso base de
cotización al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.»

29. Afirma que, la alzada también tiene por objeto que, se ordene el reconocimiento de la
compatibilidad entre salario y pensión, toda vez que, si bien en la parte considerativa de
la sentencia se reconoce la compatibilidad entre salario y pensión, en el ordinal segundo,
de la parte resolutiva se reconoce la pensión con la asignación salarial del último año de
servicio, lo que da a entender que finalmente no reconoció la compatibilidad entre salario
y pensión.

1.5.2. Parte demandada

30. La apoderada judicial de la parte demandada, interpuso recurso de apelación, por
medio del cual, pretende que, se revoque la sentencia de primera instancia, en razón a
que, considera que, es errada la tesis planteada por el A-quo, en atención a la fecha de
vinculación de la demandante, pues, no se evidencia que, en los tiempos de prestación
de servicios se hayan efectuados aportes al sistema de seguridad social en pensión, y a
su vez, la Ley 812 de 2003, es clara al mencionar que, quienes tendrán derecho, son
aquellos que estén vinculados laboralmente al sector oficial, es decir trabajador, y en
ningún caso menciona al contratista.

31. Señala que, a la luz de lo establecido en la norma en mención, el régimen prestacional
de los docentes que, se encontraran vinculados al servicio público educativo oficial,
correspondería al establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes, con
anterioridad a la entrada en vigor de la precitada ley, y que, quienes se vincularan a partir
de su entrada en vigencia, serian afiliados al FOMAG, con los derechos pensionales del
régimen de prima media, señalado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en ellas, con excepción de la edad de pensión de vejez que, sería de
57 años para hombres y mujeres, es decir, la incorporación de este sector de servidores
al sistema general de pensiones, surgió a partir de la expedición de la Ley 812 de 2003.

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Fiduciaria la Previsora S.A

32. Sostiene que, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, las personas
vinculadas al servicio educativo a partir de la entrada en vigor de esta norma, se
encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.

33. Precisó que, la Ley 100 de 1993, instauró un Sistema de Seguridad Social que derogó
muchos de los regímenes que, se encontraban vigentes para su expedición, lo cual,
generó el cambio de requisitos de edad y semanas de cotización que, debían cumplir las
personas para adquirir su derecho pensional.

34. En todo caso, aclaró que, con la finalidad de lograr la mínima afectación de las
expectativas legítimas, dicha ley previo en su artículo 36, el régimen de transición, el cual,
es aplicable respecto de la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios
o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión previsto en el régimen
anterior, siempre que, al Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994),
(fecha en la cual entra en vigencia el sistema), el cotizante cuente con 35 años o más en
el caso de las mujeres, o 40 años o más en el caso de los hombres, o 15 años o más de
servicio cotizado.

35. De igual forma, expone que la Ley 71 de 1988, creó la pensión por aportes, la cual,
básicamente consiste en la acumulación de los aportes efectuados a las entidades de
Previsión Social del Sector Público y al Instituto de Seguros Sociales, a fin de proteger al
cotizante respecto del tiempo de servicios, cuando le hiciere falta tiempo para acceder a
la pensión de jubilación, ya sea en el sector público o en el privado.

36. Afirma que, «tal calidad no la ostenta el demandante, la norma es clara al establecer
que tienen derecho aquellos que fueron vinculados laboralmente al sector oficial y para el
caso se encuentran acreditados tiempos de servicios bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios, por lo que se concluye que no se cumplen con los requisitos para
acceder a dicha pensión, ya que esta modalidad de contratación se rige bajo las normas
civiles.»

37. Indica que, no comparte la tesis señalada por el A-quo, en razón a que, el tiempo
acreditado por la parte demandante no puede ser tenido en cuenta, toda vez que, es bajo
la orden de prestación de servicios, siendo un vínculo civil y no laboral. Así, alega que, si
bien es cierto, se fundamenta en la primacía de la realidad, considera que, no se puede
aplicar dado que, no existe proceso en donde se debatan los elementos esenciales para

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la configuración de un contrato de trabajo, tales como: subordinación, remuneración,
prestación directa del servicio.

38. Sostiene que, a la luz del material probatorio existente en el expediente, se encuentra
plenamente acreditado que, la parte demandante se vinculó el Doce (12) de julio de Dos
Mil Veintidós (2022), como docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
razón por la cual, el régimen pensional que, corresponde a la actora es el de prima media
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él,
con excepción de la edad de pensión de vejez que, será de 57 años para hombres y
mujeres.

39. Criterio que, fue efectivamente reiterado en la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-
S2-2019 del Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

1.6. Trámite de segunda instancia

40. Por auto de Treinta (30) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026)9, el despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación interpuesto por los extremos de la litis, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

41. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.

1.6.1. Concepto Ministerio Público.

42. El señor agente del Ministerio Público, no emitió concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

43. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código

9 Expediente digital – Samai – índice - 004
10 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

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General del Proceso11, cuando ambas partes hayan apelado la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

2.2. Problema jurídico

44. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿Alguno de los lapsos acreditados al servicio docente fue ejecutado a través
de órdenes o contratos de prestación de servicios?

ii) De resultar negativa la respuesta a los anteriores interrogantes, se
establecerá ¿La señora Dilia Morales de Galvis, en calidad de docente
oficial, le asiste derecho a la pensión de jubilación con base en la Ley 33 de
1985, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores devengados
durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional?

iii) ¿A partir de que fecha se debe hacer efectivo el reconocimiento como el
pago de la mesada pensional y, si esta, es compatible con el salario de
docente?

45. Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el sistema general de pensiones docentes,
2.4. Hechos probados y 2.5. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto12.

46. En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma

11 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos,
el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El
juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero

ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Cinco (5) de marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026). radicado76001-23-33-000-2021-00976-01 (0285-2025).

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que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

47. Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad
realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo
tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro
por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

48. Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989, según el
cual, “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”.

49. En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo
es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite
al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese
régimen atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 13,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100
de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

50. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la
edad de 55 años, tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio, que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de

13 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de

Estado. Radicado 68001233100020110027601.

12

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esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que, la
base de liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos
de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

51. Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo
se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en la ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

52. Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba
el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 8114 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.

53. En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló que los
docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben
ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él,
con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y
mujeres».

54. El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual, se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo

14 Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el

Decreto Nacional 3752 de 2003.

13

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81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de
la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

55. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de Veinticinco (25) de abril
de Dos Mil Diecinueve (2019)15, en la cual, estableció que, para definir el régimen
pensional que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la
fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado
en la citada sentencia:

«[…] I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres».

56. De acuerdo con esta interpretación, esta sección concluyó que, para quienes se hayan
vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año16, la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación sería la que, corresponde «al mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985,
los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo»17.

57. Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley
812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años12. Esto quiere decir, que para el ingreso base
de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. 69. A este grupo de docentes les aplican

15 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
16 Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
17 0937-2017. MP César Palomino Cortés.

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las normas generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley
91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son
los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]».

58. En resumen, a los docentes vinculados antes del Veintisiete (27) de junio de Dos Mil
Tres (2003) se les aplicaran las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, requisito de edad: 55
años, requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio, monto: 75% con un IBL o
componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión,
en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la
pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de
prestación de servicios, según corresponda.

59. En contraste, a los docentes vinculados a partir del Veintisiete (27) de junio de Dos
Mil Tres (2003), se les aplicará las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, requisito de edad:
57 años, requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo
34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente
temporal de los últimos 10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993.

60. De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

61. Es importante destacar que, el régimen de los pensionados del sector público nacional,
consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite sumar los tiempos públicos servidos al
sector oficial.

2.4. Hechos probados

62. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de acuerdo con los hechos constatados por
esta Subsección, se destaca18:

18 Los hechos probados tienen sustento en las pruebas documentales que reposan en el expediente hibrido,

sistema Samai, índice 15 anexos, folios 3-.

15

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• La señora Dilia Morales de Galvis, nació el Nueve (9) de septiembre de Mil
Novecientos Cincuenta y Dos (1952).

• Por medio de la resolución No. 9444 del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Diecisiete
(2017), se negó a la señora Dilia Morales de Galvis, el reconocimiento de la pensión
de jubilación, por no acreditar el mínimo de 1.300 semanas cotizadas. Decisión que
le fue notificada el Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017).

• El formato único para la expedición de certificado de historia laboral, expedido por la
Secretaría de Educación Departamental de Santander, hace constar que, la señora
Dilia Morales de Galvis, correspondía al escalafón 02, adscrita al establecimiento
educativo Suaita, régimen de cesantías -retroactivo, régimen de pensiones -
nacionalizado- cargo docente primaria, con tipo de nombramiento en propiedad
desde el Trece (13) de agosto de Mil Novecientos Setenta y Tres (1973), en virtud
del Decreto 1657 de 1973 y los aportes los efectuó en el Instituto Previsión Social
de Santander, entre el Trece (13) de agosto de Mil Novecientos Setenta y Tres
(1973) y el Quince (15) de octubre de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985).

• El formato único para la expedición de certificado de historia laboral, expedido por
la Secretaría de Educación de Bogotá, hace constar que, la señora Dilia Morales
de Galvis, correspondía al escalafón 02A, adscrita al Instituto Educativo Tomas
Cipriano de Mosquera, nivel territorial, cargo docente de secundaria, con
nombramiento en provisionalidad, por medio de actos administrativos
correspondientes a los siguientes periodos: Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Seis
(2006) hasta el once (11) de julio de Dos Mil Diez (2010), Trece (13) de mayo de Dos
Mil Once (2011) hasta el Dieciséis (16) de agosto de Dos Mil Once (2011), Nueve (9)
de septiembre de Dos Mil Once (2011) hasta el Veintitrés (23) de septiembre de Dos
Mil Once (2011), Veinte (20) octubre de Dos Mil Once (2011) hasta el Diez (10) de
diciembre de Dos Mil Once (2011), Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Doce (2012)
hasta el Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Doce (2012), Veinticinco (25) de mayo de
Dos Mil Doce (2012) hasta el Veintiuno (21) de julio de Dos Mil Doce (2012), Veintitrés
(23) de julio de Dos Mil Doce (2012) hasta el Diecinueve (19) de septiembre de Dos
Mil Doce (2012), Veintiuno (21) de septiembre de Dos Mil Doce (2012) hasta el
Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Doce (2012), Veintitrés (23) de octubre de Dos
Mil Doce (2012) hasta el Diecinueve (19) de noviembre de Dos Mil Doce (2012),
Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Catorce (2014) hasta el Once (11) de marzo de
Dos Mil Catorce (2014), Veinticinco (25) de marzo de Dos Mil Catorce (2014) hasta
el Treinta (30) de agosto de Dos Mil Quince (2015), Once (11) de noviembre de Dos

16

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Mil Quince (2015) hasta el Doce (12) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), Quince
(15) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016) hasta el Cuatro (4) de diciembre de Dos
Mil Dieciséis (2016), Veintitrés (23) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017) hasta el
Quince (15) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017).

• El formato único para la expedición de certificado de salarios, expedido por la
secretaría de educación de Cundinamarca, hace constar que la señora Dilia
Morales de Galvis, fue vinculada en provisionalidad, bajo el régimen de cesantías
-anual- vinculación -nacional- entre el Catorce (14) de junio de Dos Mil Trece (2013)
al Siete de Diciembre de Dos Mil Trece (2013), devengó los siguientes factores:
asignación básica, prima de navidad, subsidio de alimentación.

• El formato único para la expedición de certificado de salarios, expedido por la
secretaría de educación de Bogotá, hace constar que, la señora Dilia Morales de
Galvis, con vinculación territorial, del Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Catorce
(2014) al Once (11) Marzo de Dos Mil Catorce (2014), del Veinticinco (25) de marzo
de Dos Mil Catorce (2014) al Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014),
y del Primero (01) de enero de Dos Mil Quince (2015) al Treinta (30) de agosto de
Dos Mil Quince (2015) devengó: asignación básica y/o sueldo, prima de navidad,
subsidio de alimentación y bonificación decreto, de los cuales, realizó aporte a
pensión únicamente sobre el factor de asignación básica y/o sueldo.

2.5. Caso concreto.

63. La señora Dilia Morales de Galvis, en su calidad de docente oficial durante los periodos
certificados por las secretarías de educación de Santander, Bogotá D.C, y Cundinamarca,
pretende el reconocimiento de la pensión de jubilación, a la luz de lo establecido en las
leyes 33 de 1985, 91 de 1989, 812 de 2003, Acto Legislativo 01 de 2005 y sentencia de
unificación jurisprudencial del H. Consejo de Estado, proferida el Cuatro (4) de agosto de
Dos Mil Diez (2010).

64. Por medio de la Resolución No. 9444 del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Diecisiete
(2017), le fue negado el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, al considerar
que, la actora no acreditar el mínimo de 1.300 semanas cotizadas, pues, su vinculación
se efectuó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, motivo por
el cual, debía cumplir los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993.

17

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65. En ese orden de ideas, es indispensable determinar cuál es la normativa que gobierna
el caso de la accionante, en virtud de la fecha de su primer ingreso al servicio educativo
oficial19.

66. La Sala, al efectuar el recuento de los hechos acreditados a la luz de la valoración
probatoria, encuentra que, la señora Dilia Morales de Galvis, laboró por primera vez, como
docente oficial de primaria, adscrita al establecimiento educativo Suaita, con tipo de
nombramiento en propiedad desde el Trece (13) de agosto de Mil Novecientos Setenta y
Tres (1973), en virtud del Decreto 1657 de 1973, y los aportes los efectuó en el Instituto
Previsión Social de Santander, entre el Trece (13) de agosto de Mil Novecientos Setenta
y Tres (1973) y el Quince (15) de octubre de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985).

67. Precisado lo anterior, se pone de presente que, en cumplimiento del artículo 81 de la
Ley 812 de 2003, el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política
(adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación
SUJ-014-CE-S2-19 del Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), el régimen
pensional de los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 -Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003)-, es el
previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión a la Ley 33 de 1985.

68. En punto a resolver los argumentos expuestos en los recursos de apelación, se
advierte que, el extremo pasivo de la litis alega que, la actora estuvo vinculada al sector
docente por medio de contratos de prestación de servicios, por lo tanto, dicho tiempo no
era dable tenerlo en cuenta, toda vez que, se trata de un vínculo civil y no laboral. Que, si
bien es cierto se fundamenta en la primacía de la realidad, considera que, no se puede
aplicar dado que, no existe proceso en donde se debatan los elementos esenciales para
la configuración de un contrato de trabajo, tales como: subordinación, remuneración,
prestación directa del servicio.

69. Para la Sala, dicho argumento no se acompasa con la motivación de la sentencia
objeto del recurso de alzada, en razón a que, en parte alguna, el A quo, sustentó dicha
situación fáctica, amén que, en el expediente la afirmación tampoco encuentra piso
probatorio, pues, contrario a lo indicado por el recurrente, las certificaciones expedidas
por las secretarias de educación de Santander, Bogotá D.C y Cundinamarca, demuestran

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

del 25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica
con este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de
la cual aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro
régimen pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.
[…]»

18

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que, la actora estuvo vinculada al sector docente oficial por medio de relación legal y
reglamentaria, en propiedad y provisionalmente.

70. Por otra parte, el mismo recurrente, aduce que, la demandante se vinculó el Doce
(12) de julio de Dos Mil Veintidós (2022), como docente afiliada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, razón por la cual, el régimen pensional que corresponde a la actora
es el de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.

71. No obstante, la Sala tampoco comparte dicha tesis, toda vez que, el material
probatorio existente en el expediente, acredita en grado de certeza que, la primera
vinculación de la actora al sector docente oficial, ocurrió el Trece (13) de agosto de Mil
Novecientos Setenta y Tres (1973), en virtud del Decreto 1657 de 1973, luego, si bien la
siguiente vinculación acaeció el Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Seis (2006), y
sucesivamente tuvo otras en distintos periodos, lo cierto es que, esta sección ha indicado20
que «dicha circunstancia no impide el reconocimiento de los periodos previos, pues, los
docentes que acreditan vinculación al servicio oficial antes del Veintisiete (27) de junio de
Dos Mil Tres (2003), fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y cumplen los
requisitos establecidos en la Ley 91 de 1989 conservan su derecho pensional conforme
al principio de la condición más beneficiosa, el cual, se distingue porque: «(i) opera en el
tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de transición; (ii) se debe cotejar una
norma derogada con una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica
concreta, la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora» 21.

72. Establecido lo anterior, la Sala encuentra de la valoración probatoria que, la actora
acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985,
toda vez que, cumplió 55 años, el Nueve (9) de septiembre de Dos Mil Siete, (2007), pues,
nació el Nueve (9) de septiembre de Mil Novecientos Cincuenta y Dos (1952) y, acumuló
más de Veinte (20) años de servicio docente, así: vinculación en propiedad 13 años, 4
meses, 2 días, y vinculación en provisionalidad 9 años, 5 meses, para un total de: 22 años,
9 meses y 2 días.

73. En ese orden, procede la Sala a resolver los argumentos de la alzada interpuesta por
la parte demandante, toda vez que, cuestiona la liquidación de la mesada pensional, al

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero

Ponente: Juan Camilo Morales Trujillo Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco, expediente
radicado (2025) 05001-23-33-000-2018-01858-01 (0465-2025).
21 Ibidem

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considerar que, no se incluyeron todos los factores salariales devengados durante el
último año anterior al estatus pensional.

74. Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación la sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, en la cual, esta sección sentó jurisprudencia
respecto al «ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio».

75. En dicha providencia se estableció que, el ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, como es el caso de la actora, debe determinarse conforme a los siguientes
parámetros:

• El período correspondiente al año anterior a la consolidación del estatus pensional,
esto es, al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios; o a la
terminación del vínculo legal y reglamentario.

• Los factores computables son exclusivamente los previstos en la Ley 62 de 1985, a
saber: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación
por servicios prestados y trabajo suplementario o nocturno.

76. Asimismo, resulta necesario recordar que, los Decretos 633 y 634 de 2007, como los
Decretos 1566 de 2014 y 2354 de 2018 introdujeron y reglamentaron nuevos factores
salariales aplicables a los docentes oficiales, los cuales, también integran el ingreso base
de liquidación, siempre que hayan servido de base para realizar aportes al sistema
pensional. Dichos factores son: (i) asignación adicional para directivos docentes; (ii)
bonificación mensual de docentes; y (iii) bonificación pedagógica.

77. Estos conceptos al haber sido incorporados expresamente en la normativa y
configurarse como factores salariales sujetos a cotización, resultan computables para
efectos del cálculo del IBL.

78. Establecido lo anterior, es importante precisar que, el A quo, consideró que, la actora
adquirió el estatus pensional el Quince (15) de julio de Dos Mil Quince (2015). Por lo que,
le asistía el derecho al reconocimiento pensional con el 75% del factor -sueldo- devengado
en el último año anterior a la adquisición del estatus, comprendido entre el Quince (15) de
julio de Dos Mil Catorce (2014), y el Catorce (14) de julio de Dos Mil Quince (2015).

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79. No obstante, advierte la Sala que, si bien a la actora le asiste el derecho pensional,
también lo es que, el A-quo incurrió en error al fijar el Quince (15) de julio de Dos Mil
Quince (2015), como la fecha de consolidación del estatus jurídico, pues, nótese que, en
el acto administrativo objeto de control de legalidad y las certificaciones de tiempo
laborado, se tiene que, la actora prestó sus servicios de docente en los siguientes
periodos:

80. En ese orden, la demandante al Once (11) de marzo de Dos Mil Catorce (2014),
acreditaba 7.155 días, que equivalen a 19 años y 7 meses, luego entonces, para alcanzar
los 20 años de tiempo de servicio que señala la Ley 33 de 1985, para acceder al derecho
pensional, faltan cinco (5) meses, los cuales quedaron comprendidos entre el Veinticinco
(25) de marzo de Dos Mil Catorce (2014), al Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Catorce
(2014).

81. Dicho aspecto, si bien no se encuentra entre los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, no es menos cierto que, a la luz de lo establecido en el artículo
328 del Código General del Proceso, cuando ambas partes hayan apelado la sentencia, el
superior resolverá sin limitaciones.

82. La Sala resalta que, el año inmediatamente anterior al estatus pensional, corresponde
al comprendido entre el Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Trece (2013) y el
Veinticuatro (24) de agosto de Dos Mil Catorce (2014).

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83. Establecido el periodo que comprende el año anterior al que la actora, adquirió el
estatus de pensionada, observa la Sala que la demandante devengó los siguientes
emolumentos: asignación básica, prima de navidad y subsidio de alimentación, tal como
se corrobora con la información consignada en las certificaciones de salarios, cuyas
imágenes se relacionan a continuación.

84. La Sala advierte que, la asignación básica es el único factor salarial computable y
percibido en el caso de la actora sobre el que se acreditó aportes y que se encuentra
enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985-22, toda vez que, la norma en mención si
bien enlista los factores computables para el ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes también refiere: «En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes»

22 Expediente hibrido, sistema Samai, índice 15, archivo, anexos, folio 15

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85. Por otra parte, frente a la compatibilidad, precisa la Sala que, la pensión debe
concederse con efectividad desde el momento en que, la accionante adquirió la condición
habilitante de la pensión, esto es, desde el Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil
Catorce (2014), ello en la medida en que, este derecho es compatible con el salario de
docente sin necesidad de demostrar el retiro del servicio de conformidad con los artículos
19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso
particular por haber sido vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

86. Finalmente, observa la Sala que, el A-quo se abstuvo de efectuar un análisis sobre la
excepción de prescripción, la cual, conforme al artículo 187 del CPACA puede ser
estudiada de oficio, tal como se efectuará, toda vez que, al analizar la fechas de
exigibilidad del derecho, Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), de
radicación de la reclamación administrativa Quince (15) de noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017)23, y de la presentación de la demanda Diez (10) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018)24 transcurrieron más de los tres años establecidos en los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969, por lo tanto, se declararán prescritas las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al Diez (10) de agosto de Dos Mil Quince (2015).

87. Siendo, así las cosas, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia objeto de
recurso de apelación, para en su lugar, precisar la fecha a partir de la cual, la demandante
adquirió el estatus pensional y la compatibilidad de la mesada con el salario de docente,
en los términos que se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Asimismo, se declarará probada la excepción de prescripción.

2.5. Condena en costas

88. Revisada la conducta de la parte vencida, no evidencia la sala temeridad o mala fe,
sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir no se cumplen los presupuestos
exigidos en el artículo 188 de la ley 1437 del 2011, razón por la cual, no se impondrá
condena en costas.

2.7. Conclusiones

89. En el presente asunto, la parte demandante, cumplió los requisitos previstos en el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985, esto es, 20 años de servicios y 55 años de edad, el
Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), por lo tanto, el año

23 Expediente hibrido, sistema Samai, índice 015 folio 4, Información contenida en la resolución No. 9444

de Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017).
24 Expediente hibrido, sistema Samai, índice 046 folio 1

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inmediatamente anterior al estatus pensional, es el comprendido entre el Veinticinco (25)
de agosto de Dos Mil Trece (2013) y el Veinticuatro (24) de agosto de Dos Mil Catorce
(2014), dentro del cual, el único factor computable y percibido sobre el que se acreditó
aportes y que se encuentra enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, es la
asignación básica, razón por la cual, se modificará el ordinal segundo de la sentencia de
primera instancia.

90. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida
el Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal
Administrativo del de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el cual quedará de
la siguiente manera:

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a la
Fiduciaria La Previsora S. A., como administradora del FNPSM, en coordinación
con Bogotá - Secretaría de Educación, como delegada de la Nación, siguiendo
el procedimiento establecido en las Leyes 91 de 1989, 962 de 2005 y en el
Decreto 2831 de 2005, con recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconocer y pagar una pensión de jubilación a la señora
DILIA MORALES DE GALVIS, identificada con cédula de ciudadanía No.
37.814.329 de Bucaramanga, a partir del Veinticinco (25) de agosto de Dos
Mil Catorce (2014), teniendo en cuenta el factor salarial devengado en el año
inmediatamente anterior al del estatus pensional, este es: sueldo, pero con
efectos fiscales desde Diez (10) de agosto de Dos Mil Quince (2015), por
prescripción.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de prescripción sobre las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al Diez (10) de agosto de Dos Mil Quince (2015),
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el Veinticinco (25) de
septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, que concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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