Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01858-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01858-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-01858-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 05001-23-33-000-2018-01858-01 (0465-2025)
Demandante: Marta Eugenia Yepes Valencia
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, municipio de Medellín
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
33 de 1985.
Decisión: Modificar la sentencia de primera instancia, en el sentido de
precisar que la actora consolidó su estatus pensional el 24
de julio de 2017 y que el ingreso base de liquidación se
determina exclusivamente con los factores del artículo 1 de
la Ley 62 de 1985 y los decretos posteriores y confirmarla
en lo relativo a que es beneficiaria del régimen pensional
previsto en la Ley 33 de 1985.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las entidades
demandadas contra la sentencia de primera instancia del 28 de noviembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Marta Eugenia Yepes Valencia instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad parcial de la Resolución 201850028803 del 11 de abril de
2018, por medio de la cual se le reconoció la pensión de jubilación conforme al
régimen de la Ley 100 de 1993 y se condicionó su pago al retiro efectivo del
servicio.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la citada
prestación con base en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, equivalente al 75 %
del promedio de lo devengado durante el año anterior a la consolidación del
estatus jurídico, compatible con el salario; (ii) pagar las mesadas causadas desde
que adquirió el derecho, de manera indexada, más los intereses moratorios que
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se generen; (iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
189 y 192 del CPACA; y (iv) condenar en costas a la parte demandada.
3. Como hechos relevantes, expuso que se vinculó al servicio educativo del
municipio de Medellín, en calidad de docente en provisionalidad, entre el 23 de
abril de 1997 y el 30 de noviembre de 1998, y entre el 11 de mayo de 1999 y el
9 de diciembre de 2005.
4. Relató que el 12 de enero de 2006 se posesionó como docente en
propiedad en el mismo ente territorial, cargo que continuaba ejerciendo a la fecha
de la presentación de la demanda.
5. En el concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse1, teniendo en cuenta que la señora Yepes
Valencia se vinculó al servicio oficial docente con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez es el consagrado en la Ley 33 de
1985.
Contestación de la demanda
6. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
al considerar que el régimen aplicable a la actora es el previsto en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, dado que su vinculación al FOMAG se produjo el 16 de
enero de 2006, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
7. Asimismo, afirmó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto la entidad competente para verificar el reconocimiento de la prestación
solicitada y expedir el acto administrativo era el municipio de Medellín.
8. Sostuvo que no había lugar a la condena en costas, debido a que esta no
obedece a un criterio objetivo sino que exige desvirtuar la buena fe de la entidad.
9. En ese contexto, propuso como excepciones: «ineptitud sustancial de la
demanda»; indebida integración del litisconsorcio necesario por pasiva; legalidad
del acto acusado; ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico;
inaplicabilidad de los intereses moratorios; cobro de lo no debido; caducidad;
prescripción; compensación; buena fe; e improcedencia de la condena en costas.
10. Por su parte, el municipio de Medellín alegó la falta de legitimación en la
causa por pasiva, argumentando que la entidad competente para el
reconocimiento y pago de la pensión es el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a través de la Fiduprevisora.
1
Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; parágrafo transitorio 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005; 1 de la Ley 33 de 1985; Ley 62 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 81 de la Ley 812
de 2003; 279 de la Ley 100 de 1993; Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de
1979.
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11. Adicionalmente, propuso las excepciones de inexistencia «de causa para
pedir» y de la obligación; buena fe; caducidad y/o prescripción.
12. Por último, solicitó vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES) como litisconsorte necesario, dado que la actora «fue
pensionada por cuotas partes».
Decisión de las excepciones previas
13. Mediante auto del 1 de febrero de 2021, el Tribunal resolvió: (i) declarar
no probadas las excepciones previas de ineptitud sustantiva de la demanda,
indebida integración del litisconsorcio necesario, caducidad y falta de legitimación
en la causa del FOMAG; y (ii) declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de Medellín.
Decisión que no fue objeto de recursos.
Sentencia apelada
14. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 28 de
noviembre de 2024, mediante la cual declaró la nulidad parcial de la Resolución
201850028803 del 11 de abril de 2018, confirmada por la Resolución
201850067057 del 19 de septiembre del mismo año, y ordenó a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconocer y pagar a la señora Marta Eugenia Yepes Valencia la
pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.
15. Como fundamento principal, consideró que la demandante estaba
amparada por lo previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y en el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, dado que su primera vinculación al
servicio docente oficial ocurrió el 23 de abril de 1997, es decir, con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, el régimen aplicable
era el consagrado en la Ley 33 de 1985, que exige como requisitos haber
cumplido 55 años de edad y acreditar 20 años de servicios.
16. Aclaró que, aunque el nombramiento inicial fue en provisionalidad y hubo
solución de continuidad en las vinculaciones previas al 27 de junio de 2003, con
su ingreso al servicio educativo oficial adquirió el derecho a beneficiarse del
régimen propio de los educadores oficiales.
17. Al analizar el caso concreto, evidenció que la señora Yepes Valencia
cumplió los 55 años el 8 de noviembre de 2011 y acumuló los 20 años de servicios
docentes el 19 de junio de 2017, de suerte que este último día adquirió el estatus
pensional.
18. En ese orden de ideas, determinó que la actora tenía derecho (i) al
reconocimiento de la mesada pensional desde el 19 de junio de 2017, equivalente
al 75 % del promedio de los factores salariales sobre los cuales «efectuó o debió
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efectuar» aportes durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional,
a saber: «asignación básica, asignación adicional coordinador 20%, bonificación
mensual docente, la doceava parte de la prima de vacaciones, y horas extras»; y
(ii) a percibir de forma simultánea la pensión de jubilación y el salario que
devenga como docente.
19. Adicionalmente, declaró no probadas las siguientes excepciones: falta de
legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de causa para pedir; inexistencia
de la obligación; buena fe; y caducidad y/o prescripción; legalidad del acto
acusado; ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico;
inaplicabilidad de los intereses moratorios; cobro de lo no debido; y
compensación.
20. En cuanto a la prescripción, determinó que no se había configurado, dado
que la demandante adquirió el status el 19 de junio de 2017, la solicitud de
reconocimiento pensional se radicó el 7 de septiembre de 2017 y la demanda fue
presentada el 3 de octubre de 2018.
21. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.
Recurso de apelación
22. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia argumentando que el régimen pensional aplicable
a la señora Yepes Valencia no era el previsto en la Ley 33 de 1985, sino el de
prima media con prestación definida consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, dado que su afiliación al FOMAG ocurrió el «14 de julio de 2010», en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
23. Igualmente, cuestionó los factores salariales incluidos en el ingreso base
de liquidación, en particular los previstos en el Decreto 1566, las primas de
servicio, de vacaciones y de navidad al no estar previstos en el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985 ni existir prueba alguna de aportes sobre dichos conceptos.
Además, objetó la condena en costas al considerar que esta no es de carácter
objetivo y exige desvirtuar la buena fe de la entidad.
24. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada y negar en su
integridad las pretensiones de la demanda, o en subsidio, modificarla en el
sentido de limitar el ingreso base de liquidación únicamente a los factores
respecto de los cuales se hubieren efectuado aportes.
25. El municipio de Medellín fundó su inconformidad en que, mediante auto
del 1 de febrero de 2021, el Tribunal declaró probada la falta de legitimación en
la causa por pasiva y dio por terminado el trámite respecto del ente territorial. Por
ello, consideró que la sentencia vulneró sus garantías procesales y generó
inseguridad jurídica, pues dicha decisión quedó ejecutoriada y no fue modificada
por providencia posterior.
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26. Por consiguiente, solicitó revocar la decisión en lo pertinente y reiterar que
el municipio carece de legitimación en la causa por pasiva.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
27. En auto del 10 de julio de 2025, se admitieron los recursos de apelación2.
28. En sus alegatos3, la parte actora solicitó considerar que: (i) el acceso al
régimen de la Ley 33 de 1985 no está condicionado al cumplimiento de los
requisitos de transición previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (ii) los
factores salariales que integran el ingreso base de liquidación son los previstos
en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en decretos posteriores; y (iii) la mesada
pensional es compatible con el salario que devenga como docente oficial.
29. El agente del ministerio público en concepto 456-20254 solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia, al estimar que la actora es beneficiaria de la
pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, por cuanto su vinculación al
servicio docente oficial ocurrió con anterioridad al 27 de junio de 2003.
30. Asimismo, sostuvo que el municipio de Medellín debía acatar la decisión,
en tanto era la autoridad competente de expedir el acto administrativo de
reconocimiento del derecho, mientras que el pago corresponde al FOMAG.
31. Las entidades demandadas guardaron silencio en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
32. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
33. De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de
apelación, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, establecer si en la
sentencia de primera instancia se desconoció el auto del 1 de febrero de 2021,
mediante el cual se declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
del municipio de Medellín y, de ser así, si correspondía mantener su
desvinculación procesal y abstenerse de emitir pronunciamientos de fondo
respecto de la entidad.
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Índice 9 del aplicativo Samai.
3
Índice 14 del aplicativo Samai.
4
Índice 15 del aplicativo Samai.
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34. Superado lo anterior, deberá determinarse si: (i) la demandante es
beneficiaria del régimen previsto en la Ley 33 de 1983; (ii) el a quo incurrió en
error al incluir dentro del ingreso base de liquidación factores distintos de los
contenidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y respecto de los cuales no se
acreditó la realización de aportes; y (iii) la condena en costas se ajusta a derecho.
Análisis del problema jurídico
35. La Sala modificará la sentencia de primera instancia en tres aspectos: (i)
reconocerá que, para el municipio de Medellín, estaba ejecutoriado el auto del 1
de febrero de 2021 que declaró probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva y dio por terminado el trámite frente a esa entidad, de modo que no
correspondía pronunciarse de fondo sobre sus excepciones; (ii) fijará que la
actora consolidó su estatus pensional el 24 de julio de 2017; y (iii) precisará que
el ingreso base de liquidación se determina con los factores del artículo 1 de la
Ley 62 de 1985 y los decretos posteriores, únicamente respecto de aquellos
sobre los que se hubieren efectuado aportes con destino a la pensión, a saber:
asignación básica, horas extras y bonificación mensual docente.
36. Asimismo, confirmará la sentencia en lo demás, al establecer que el
régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que la
vinculación de la actora al servicio educativo oficial se produjo con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
37. La decisión se sustenta en el examen de legalidad de la prestación
reconocida en primera instancia, en el deber del juez de salvaguardar el orden
jurídico conforme a lo previsto en el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, así
como lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso que
establece que el superior debe pronunciarse sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, como lo
es la correcta estructuración de la prestación social.
38. Al respecto, la Sala estima necesario relacionar los siguientes hechos, los
cuales fueron probados con los documentos aportados al proceso:
i) La señora Marta Eugenia Yepes Valencia nació el 8 de noviembre de
1956 y prestó sus servicios como docente en la Secretaría de
Educación Municipal de Medellín en los siguientes periodos:
Tipo de vinculación Desde - Hasta Tiempo de servicios
Decreto 1995 23/04/97 al 30/11/98 587 días
(nombramiento en
provisionalidad)
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Decreto 00966 11/05/99 al 09/12/05 2.405 días
(nombramiento en
provisionalidad)
Decreto 26407 16/01/06 al 15/12/23 6.543 días
(nombramiento en
propiedad)
9.535 días, equivalentes
a 26 años, 1 mes y 15
días.
39. El primer motivo de inconformidad se refiere al supuesto desconocimiento,
por parte del a quo, de la decisión en firme que declaró la falta de legitimación en
la causa por pasiva del municipio de Medellín, pues en la sentencia se habría
vuelto a pronunciar sobre un asunto que ya había sido definido de manera
definitiva en la etapa de excepciones previas.
40. Al respecto, se advierte que, mediante auto del 1 de febrero de 2021, el
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el municipio de Medellín y, en
consecuencia, dispuso su desvinculación del proceso. Dicha providencia quedó
ejecutoriada y no fue modificada por decisión posterior.
41. No obstante, en la sentencia de primera instancia efectuó un nuevo
examen sobre la excepción propuesta y la declaró infundada. Al respecto
consideró que, aunque el FOMAG era el responsable del reconocimiento y pago
de la prestación, la Secretaría de Educación de Medellín debía expedir el acto
administrativo respectivo. En el mismo sentido, desestimó las excepciones de
inexistencia de causa para pedir, inexistencia de la obligación, buena fe y
prescripción o caducidad.
42. En ese contexto, la sentencia apelada desconoció los efectos de cosa
juzgada del auto mencionado y, con ello, vulneró las garantías procesales del
ente territorial al mantenerlo como parte y emitir pronunciamiento de fondo sobre
sus excepciones, pese a que ya no hacía parte del litigio.
43. En consecuencia, al encontrarse desvinculado procesalmente desde la
decisión de excepciones previas, no procedía un nuevo examen sobre los
argumentos de defensa expuestos por el municipio. Por tal razón, la Sala excluirá
del ordinal primero de la sentencia de primera instancia toda referencia al ente
territorial.
44. Precisado lo anterior, se pone de presente que el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política
(adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de
Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional de
los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes de la entrada en
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Cuaderno anexo.
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Cuaderno anexo.
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vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) es el previsto en la Ley 91
de 1989, que habilita la remisión a la Ley 33 de 1985.
45. En este asunto, se encuentra acreditado que la señora Marta Eugenia
Yepes Valencia se vinculó al servicio docente oficial el 23 de abril de 1997, esto
es, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la cual
el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 33 de 1985.
46. En el recurso de apelación se alegó que la actora no se encontraba afiliada
al FOMAG para el 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812
de 2003. No obstante, dicha circunstancia no impide el reconocimiento de los
periodos previos, pues los docentes que acreditan vinculación al servicio oficial
antes de esa fecha y cumplen los requisitos establecidos en la Ley 91 de 1989
conservan su derecho pensional conforme al principio de la condición más
beneficiosa, el cual se distingue porque: «(i) opera en el tránsito legislativo, y ante
la ausencia de un régimen de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada
con una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta, la
cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora».
47. Ahora bien, la Sala pone de presente que el artículo 103 de la Ley 1437
de 2011 consagra el principio de preservación del orden jurídico como rector del
proceso contencioso administrativo. Este principio implica el deber de sujeción a
la legalidad.
48. La interpretación de dicho principio debe hacerse junto con la regla
establecida en el artículo 187 de la misma normativa, que faculta al juez de
segunda instancia para estudiar y decidir todas las excepciones de fondo, hayan
sido propuestas o no, siempre que ello no implique desmejorar la situación del
apelante único.
49. Dicha previsión refleja una diferencia sustancial respecto del régimen
procesal contenido en el Código General del Proceso, pues flexibiliza las reglas
de congruencia de la sentencia establecidas en el artículo 281 de la Ley 1564 de
2012. Esta particularidad obedece a la naturaleza de los procesos contencioso-
administrativos y pone de manifiesto la intención del legislador de conferir al juez
un rol más activo en el control de legalidad de los actos administrativos y de las
decisiones que de ellos se derivan, puesto que le permite sustentar sus
decisiones en argumentos que no hayan sido planteados por las partes.
50. Esa orientación acerca del papel del juez como garante del orden jurídico
adquiere especial relevancia en materia pensional, al punto de que el numeral 7
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 establece como causal de revisión los
casos en los que se advierta que la persona en cuyo favor se reconoció una
prestación periódica carecía del derecho para obtenerla.
51. Además, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece causales
específicas para la revisión de los actos de reconocimiento pensional, con el fin
de garantizar que las prestaciones se otorguen conforme a los requisitos y
condiciones previstos en las disposiciones legales que las regulan.
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52. En ese contexto, la actuación del juez de segunda instancia debe
orientarse por el principio de preservación del orden jurídico. Dicho principio
impone el deber de asegurar que las decisiones judiciales sean coherentes con
el marco normativo vigente y que el reconocimiento de derechos prestacionales
se funde en situaciones que satisfagan plenamente los requisitos legales.
53. Así, si en el análisis del caso concreto se advierte que la prestación fue
reconocida en primera instancia sin tener en cuenta las previsiones de la ley, el
juez no puede confirmar la decisión con el único argumento de que no fue objeto
de apelación, pues ello implicaría perpetuar un acto contrario a la legalidad y
vulnerar los fines de la función jurisdiccional.
54. En tal sentido, el control judicial debe ejercerse con rigor y orientarse a
garantizar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, de manera que las
decisiones no comprometan injustificadamente el erario ni produzcan efectos
contrarios a la ley. Esta exigencia se armoniza con lo previsto en el artículo 328
del Código General del Proceso, según el cual el superior debe pronunciarse
sobre los argumentos del apelante, sin perjuicio de las determinaciones que deba
adoptar de oficio, como ocurre frente a una indebida fijación de la efectividad de
una pensión. En tales circunstancias, la sentencia podría ser infirmada mediante
los mecanismos extraordinarios de control judicial (recurso extraordinario de
revisión o acción especial de revisión), lo que representaría un desgaste
innecesario para la administración de justicia.
55. Al verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985, se observa que la demandante cumplió 55 años el 8 de
noviembre de 2011 y acumuló 20 años de servicio docente el 24 de julio de 2017
así: 2.992 días mediante su vinculación en provisionalidad y 4.208 días a través
de su nombramiento en propiedad.
56. Lo anterior evidencia que el Tribunal incurrió en error al fijar el 19 de junio
de 2017, como la fecha de consolidación del estatus jurídico, pues para ese
momento el actor contaba únicamente con 7.165 días. En consecuencia, esta
Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, en el
sentido de precisar como fecha de consolidación el 24 de julio de 2017.
57. En relativo a que se revoque la condena en costas, advierte la Sala que la
sentencia impugnada exoneró a la demandada en ese punto, de manera que su
reparo no tiene asidero alguno y por consiguiente no hay lugar a que esta
Corporación se ocupe de dicho aspecto.
58. Por otro lado, la entidad demandada cuestionó la liquidación de la mesada
pensional, al considerar que se incluyeron factores salariales distintos de los
previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, como los contemplados en el
Decreto 1566 de 1994 y las primas de servicios, de vacaciones y de navidad.
59. Sobre el particular, resulta pertinente acudir a la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 20196, en la cual el Consejo de Estado
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sentó jurisprudencia respecto al «ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
60. En dicha providencia se estableció que el ingreso base de liquidación de
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, como es el caso de la actora, debe determinarse conforme
a los siguientes parámetros:
(i) El período correspondiente al año anterior a la consolidación del
estatus pensional, esto es, al cumplimiento de los requisitos de edad y
tiempo de servicios; o a la terminación del vínculo legal y reglamentario.
(ii) Los factores computables son exclusivamente los previstos en la Ley
62 de 1985, a saber: asignación básica, gastos de representación,
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación,
dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios
prestados y trabajo suplementario o nocturno.
61. A su vez, los Decretos 633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014 y el
Decreto 2354 de 2018 introdujeron y reglamentaron nuevos factores salariales
aplicables a los docentes oficiales, los cuales también integran el ingreso base
de liquidación, siempre que hayan servido de base para realizar aportes al
sistema pensional. Dichos factores son: (i) asignación adicional para directivos
docentes; (ii) bonificación mensual de docentes; y (iii) bonificación pedagógica.
62. Estos conceptos al haber sido incorporados expresamente en la normativa
y configurarse como factores salariales sujetos a cotización, resultan
computables para efectos del cálculo del IBL.
63. Al comparar los factores salariales percibidos por la señora Marta Eugenia
Yepes Valencia entre el 24 de julio de 2016 y el 23 de julio de 2017, año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, con los
enlistados en las disposiciones aplicables, se advierte que solo devengó la
asignación básica, las horas extras y la bonificación mensual docente.
64. Sin embargo, se observa que en la sentencia de primera instancia el a quo
no limitó expresamente el ingreso base de liquidación a los factores previstos en
el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en sus decretos reglamentarios, sino que en
parte resolutiva incluyó todos los conceptos sobre los cuales se efectuaron
aportes.
65. Por consiguiente, le asiste razón a la entidad demandada al sostener que
el Tribunal erró al incluir dentro de la liquidación de la pensión factores ajenos a
los previstos en la Ley 62 de 1985 y en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de
2014 y 2354 de 2017, motivo por el cual esta Sala modificará el ordinal tercero
de la parte resolutiva para precisar que el ingreso base de liquidación se
determina con los factores salariales percibidos durante el año anterior a la
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01858-01 (0465-2025)
Demandante: Marta Eugenia Yepes Valencia
consolidación del estatus, que estén previstos en las disposiciones citadas, esto
es: asignación básica, bonificación mensual docente y horas extras.
Condena en costas
66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
69. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas,
toda vez que las peticiones de los recursos de apelación están siendo concedidas
de manera parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes
haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR los ordinales primero y tercero de la parte resolutiva de
la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, los cuales quedarán de la siguiente manera:
PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones de legalidad de los actos
administrativos acusados; inaplicabilidad de los intereses moratorios; cobro de lo
no debido; caducidad; prescripción; compensación; buena fe; e improcedencia
de la condena en costas, propuestas por la Nación - Ministerio de Educación
Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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Demandante: Marta Eugenia Yepes Valencia
TERCERO. Condenar al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación
Municipal de Medellín, a reconocer y pagar la pensión de jubilación a la señora
Marta Eugenia Yepes Valencia, con base en la Ley 33 de 1985, equivalente al
75% del ingreso base de liquidación conformado por el promedio mensual de los
factores salariales percibidos entre el 24 de julio de 2016 y el 23 de julio de 2017,
y estén previstos en la Ley 62 de 1985 y los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566
de 2014 y 2354 de 2018, a saber: la asignación básica, horas extras y
bonificación mensual docente, la cual se hará efectiva a partir del 24 de julio de
2017, sin exigir el retiro del servicio.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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