Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01834-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01834-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01834-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01834-01 (4005-2023)1
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la
sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), proferida
por la Sala de Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones.
1
Expediente híbrido.
2
Folios 46 a 110.
2
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
1. El señor Salim Karam Caicedo, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo sucesivo), y
solicitó lo siguiente:
1.1 Que se inapliquen por inconstitucionales los siguientes decretos:
• Decretos 57 de 1993 y 106 de 1994, artículos 6 y 7; 43 de 1995 (artículos 7 y 8);
36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998 y 44 de 1999 (artículos 6 y 7); 2740 de 2000
(artículos 7 y 8); 1475, 2720 y 2777 de 2001 (artículos 7 y 8); 673 de 2002, 3569
de 2003, 4172 de 2004 y 936 de 2005 (artículos 6 y 7); 389 de 2006 (artículos 6 y
7); 618 de 2007 (artículo 6); 658 de 2008 (artículo 6); 723 de 2009, 1388 de 2010,
1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 (artículo 8); 1105 de
2015 (artículo 4); 234 de 2016; 1003 de 2017; y 338 de 2018.
1.2 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resoluciones Nos. 161 del veintidós (22) de enero y 1060 del veinticinco
(25) de febrero de dos mil quince (2015) y 4176 del ocho (8) de junio de
dos mil dieciséis (2016), mediante las cuales, la entidad demandada negó
el pago del 30% como remuneración mensual con carácter salarial, con las
consecuencias prestacionales, incluidas las cesantías y la prima especial
de servicios prevista en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) reconocer y pagar el 30%
de la remuneración mensual faltante para un total del 100% del salario, y la
prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
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Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
con las consecuencias prestacionales incluidas las cesantías, intereses a las
cesantías, más la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 de
la Ley 4ª de 1992, desde la posesión como juez de la República y hasta que
ocupe el cargo; ii) reconocer y pagar el valor de las prestaciones sociales,
incluidas las cesantías, intereses a las cesantías, correspondiente al 30% del
salario, que a través de los años le han pagado como la prima especial sin
carácter salarial; iii) que se siga pagando el 100% de los ingresos mensuales,
con sus respectivas consecuencias prestacionales que generen dicho
porcentaje, que se señala en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 con las
consecuencias prestacionales, y la prima especial de servicios contemplada
en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992; iv) pagar en forma indexada las sumas
adeudadas de acuerdo con los índices de precios al consumidor, con
fundamento en el artículo 187 del CPACA; v) el pago de los intereses
corrientes y moratorios; vi) el cumplimiento de la sentencia en los términos de
los artículos 187, 188, 189 y 192 del CPACA; y vii) la condena en costas a la
demandada.
1.2 Hechos
3. El señor Salim Karam Caicedo, señaló que, se desempeña como juez de la
República al servicio de la Rama Judicial, en los cargos de juez 52 Civil
Municipal de Bogotá, del veintitrés (23) de abril al dieciocho (18) de diciembre
de dos mil nueve (2009); juez 10 Civil Municipal de Bogotá, del doce (12) de
enero al treinta y uno (31) de agosto de dos mil diez (2010); juez 63 Civil
Municipal de Bogotá, del primero (1º) de febrero de dos mil doce (2012) al seis
(6) de octubre de dos mil dieciséis (2016) y, posteriormente, juez 22 Civil del
Circuito de Bogotá, del siete (7) de octubre de dos mil dieciséis (2016) al diez
(10) de enero de dos mil dieciocho (2018), finalmente, desde el once (11) de
enero siguiente nuevamente como juez 63 Civil Municipal de Bogotá, y hasta
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Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
la fecha de presentación de la demanda3.
4. Expuso que, en lugar de reconocérsele el treinta por ciento (30%) de la
remuneración mensual como parte del salario, la Rama Judicial lo ha
reconocido como prima especial de servicios sin carácter salarial, situación
que, a su juicio, ha incidido en la liquidación de sus prestaciones sociales,
incluidas las cesantías y los intereses a las cesantías.
5. Indicó que, el quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014), presentó
ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, una solicitud para que
le fueran reconocidas y pagadas las diferencias correspondientes al treinta por
ciento (30%) de su salario, junto con las respectivas consecuencias
prestacionales. Señaló que, la entidad negó lo solicitado mediante las
Resoluciones Nos.161 del veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015), y
4176 del ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016).
1.3 Concepto de violación.
6. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:
6.1. Constitucionales: artículos 1º, 4º, 13, 25, 53 121 y 215 de la
Constitución Política.
6.2. Legales y reglamentarias: artículos 2º, literal a), 14 y 15 de la
Ley 4ª de 1992; numeral 7º del artículo 152 de la Ley 270 de 1996;
artículos 1º, 2º y 4º del Decreto 10 de 1993; artículo 14 del Código
Sustantivo del Trabajo; y artículo 84 del Código Contencioso
3
22 de agosto de 2018.
5
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Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
Administrativo.
7. Señaló que, los actos administrativos demandados desconocieron las
normas constitucionales y legales invocadas, al considerar la prima especial
de servicios como un porcentaje que se descuenta de la remuneración, en
lugar de reconocerla como un incremento adicional. Sostuvo que, con esta
actuación, se redujo en un treinta por ciento (30 %) la remuneración que debía
percibir como funcionario de la Rama Judicial y se afectaron las
correspondientes prestaciones sociales. Afirmó que, dicha interpretación
desconoció los principios de igualdad, favorabilidad, irrenunciabilidad de los
derechos laborales, legalidad y seguridad jurídica, así como, el derecho a una
remuneración acorde con la función, dignidad y jerarquía del servidor judicial.
8. Manifestó que, de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992
y el Decreto 10 de 1993, la prima especial de servicios debía entenderse como
un concepto adicional a la remuneración y producir las correspondientes
consecuencias prestacionales. En ese sentido, expuso que, la Administración,
al aplicar las disposiciones salariales en la forma cuestionada, incurrió en falsa
motivación y desviación de poder, pues, bajo la apariencia de reconocer la
prima especial terminó disminuyendo su remuneración y restringiendo sus
derechos prestacionales. Por ello, solicitó la nulidad de los actos acusados y
el correspondiente restablecimiento del derecho.
2. Contestación de la demanda4.
9. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que, se le absolviera de las declaraciones y condenas solicitadas. En relación
4
Folios 155 a 158.
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con la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, señaló que, de acuerdo con la Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos
(2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), los funcionarios de la Rama
Judicial tienen derecho al reconocimiento y pago del treinta por ciento (30 %)
como incremento de la asignación básica, así como, a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el cien por ciento (100%) de esta. No obstante,
indicó que, las diferencias causadas con anterioridad al quince (15) de
diciembre de dos mil doce (2012) se encontraban prescritas, teniendo en
cuenta que, la reclamación administrativa fue presentada el «quince (15) de
diciembre de dos mil quince (2015)».
10. Respecto de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la
Ley 4ª de 1992, sostuvo que, esta únicamente corresponde a los magistrados
de las Altas Cortes y no a los jueces de la República, por lo que, no había lugar
a reconocerla ni a que incidiera en la asignación básica del demandante. De
otra parte, manifestó que la Rama Judicial carecía de competencia para fijar o
modificar el régimen salarial, pues, dicha facultad corresponde al Gobierno
Nacional, limitándose aquella a ejecutar y aplicar las disposiciones salariales
expedidas anualmente. Agregó que, no era posible conciliar las obligaciones
reclamadas por existir imposibilidad presupuestal, debido a la falta de
apropiación de recursos para atender los mayores valores derivados del
reconocimiento de la prima especial.
11. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: «imposibilidad
presupuestal para reconocer los derechos reclamados»; «integrar el litis consorcio necesario»;
«prescripción»; e «innominada».
3. La sentencia de primera instancia5.
5
Folios 177 a 187.
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12. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, mediante sentencia proferida el veintinueve (29) de julio de dos mil
veintidós (2022), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin
condena de costas, de la siguiente manera:
PRIMERO.- Estese a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril del año 2014, proferida
por el Consejo de Estado dentro del expediente N° 2007-0087-00. CP. Dra. MARIA
CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ, en cuanto declare la nulidad por inconstitucionalidad de
algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 e
Inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron un entendimiento diferente en
el sentido de disminuir el derecho a la prima, en cuanto no se considere un aumento sino
una disminución y a la sentencia de Unificación -SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la
Sala de Io Contencioso Administrative del Consejo de Estado - Sección Segunda - Sala
Plena de Conjueces - el dos (2) de septiembre de 2019. Conjuez ponente: Carmen Anaya
de Castellanos, por las razones expuestas en la parte motive de esta sentencia.
SEGUNDO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en la
Resolución No. 161 del 22 de enero de 2015 y 4176 del 8 de junio de 2016 expedidos
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio de los cuales se negó al
demandante los derechos laborales reclamados, en razón a que tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la
base del salario básico más el 30% de este, que corresponde a la prima especial de
servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4R de 1992, en el entendido de que dichos
salaries fueron liquidados sobre el 70% de su salarlo básico, para Io cual el 30% de la
prima especial de servicios se debe sumar al salario y en cuanto a las prestaciones
sociales, deben ser liquidadas sobre la base de todo salario básico, "sin lugar a detraer
de la misma el 30% de la prima especial, por Io cual si ello ocurrió así, se debe proceder
a su reajuste", durante el periodo supra relacionado
TERCERO. - Condenase a la Nación - Rama Judicial a pagarle al demandante Salim
Karam Caicedo, el derecho que tiene a la reliquidación y pago de sus ingresos
mensuales, liquidados a partir del 15 de diciembre de 2011 v hasta la fecha en que
funja o fungió en el cargo de Juez de la Republica sobre la base del salario básico
más el 30% de este, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el
artículo 14 de la Ley 4’ de 1992 y el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de
sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo salario básico, "sin lugar a
detraer de la misma el 30% de la prima especial, por Io cual si ello ocurrió así, se debe
proceder a su reajuste”, durante el periodo supra relacionado. Siguiéndose para su
liquidación y pago los parámetros fijados en esta sentencia, sin que en ningún caso se
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo que
ocupó el demandante en el periodo supra relacionado. Precisándose, además, que
aquellos funcionarios beneficiaries de la prima especial de servicios de que trata el
artículo 14 de la ley 4ª de 1992, sometidos al régimen del decreto610 de 1998, no podrá
superar en ningún caso el límite del 80% de Io que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Gorte, que es igual a Io que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Con la precisión de que la prima
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Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
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especial de servicios de que trata la citada normatividad solo tiene carácter salarial para
la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para
aportes a seguridad social en salud, conforme a Io expuesto en la parte motiva de este
proveído
CUARTO.- Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal
respecto a las sumas causadas antes del 15 de diciembre de 2011 y solo reconocerá el
pago por concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho la demandante,
como un emolumento adicional que asciende al 30% del 100% del salario básico y/o
asignación básica, de aquellas sumas causadas a partir del 15 de diciembre de 2011 por
cuanto desde esa fecha se vinculó al cargo de Juez y hasta la fecha en que funja o fungió
en dicho cargo.
QUINTO. -Desestímense las demás excepciones planteadas por la entidad demandada.
(…). (sic)
13. Como sustento de su decisión, luego de valorar las pruebas allegadas al
proceso, encontró acreditado que, el señor Salim Karam Caicedo se
encontraba vinculado a la Rama Judicial y que se desempeñaba como Juez
de la República. Asimismo, estableció que, sus ingresos mensuales habían
sido liquidados sobre el setenta por ciento (70%) del salario básico, al haberse
entendido la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 como parte de este y no como un emolumento adicional.
14. En ese sentido, consideró que, la prima especial de servicios constituye un
emolumento adicional equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico,
que debe sumarse a este para determinar el ingreso mensual del servidor.
Precisó que, para efectos de las prestaciones sociales, estas deben liquidarse
sobre la totalidad del salario básico, sin detraer el treinta por ciento (30%)
correspondiente a la prima especial. Asimismo, encontró configurada la
excepción de prescripción trienal, con anterioridad al quince (15) de diciembre
de dos mil once (2011), teniendo en cuenta que, la reclamación administrativa
fue presentada el quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014).
15. En consecuencia, declaró la nulidad de las Resoluciones Nos. 161 del
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veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) y 4176 del ocho (8) de junio
de dos mil dieciséis (2016) y ordenó a la entidad demandada, reconocer,
reliquidar y pagar al demandante sus ingresos mensuales, a partir del quince
(15) de diciembre de dos mil once (2011) y hasta la fecha en que fungiera
como Juez de la República, sobre la base del salario básico, más el treinta por
ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios. Igualmente,
ordenó el reconocimiento, reliquidación y pago de las prestaciones sociales
durante dicho periodo, liquidadas sobre la totalidad del salario básico, sin
detraer el treinta por ciento (30%) de la prima especial.
4. Los recursos de apelación
4.1 La parte demandante6
16. La parte demandante interpuso recurso de apelación al considerar que, su
derecho a reclamar las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la
prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, solo se hizo exigible desde
la ejecutoria de la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce
(2014) del Consejo de Estado, expediente 11001-03-25-000-2007-00087-00
(1686-07), que anuló los decretos salariales. En ese sentido, indicó que, la
prescripción solo se debe aplicar a aquellos procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho, adelantados en virtud de peticiones radicadas
con posterioridad al término de ejecutoria de dicho fallo.
17. En virtud de lo anterior, solicitó que, se revoque la sentencia de primera
instancia con relación a la prescripción, y se acceda a las pretensiones de la
demanda.
6
Folios 192 a 194.
10
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
4.2 La parte demandada7
18. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y sostuvo que, no
cuenta con disponibilidad presupuestal para el pago de la condena; además,
manifestó que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial había
adelantado las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en aras de obtener los recursos para cumplir con lo ordenado en la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), proferida por el Consejo de Estado, encontrándose a la
espera que dicha cartera efectuara la correspondiente asignación de recursos.
5. Trámite de segunda instancia
19. A través de auto del diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025) 8, el
respectivo conjuez ponente, remitió el proceso al presente despacho, habida
cuenta del cambio en la integración de la Sala, conforme al artículo 116 del
CPACA.
20. Por lo anterior, a través de auto del quince (15) de diciembre de dos mil
veinticinco (2025)9, el Magistrado Ponente avocó conocimiento de la presente
controversia.
21. Con auto del primero (1°) de julio de dos mil veintiséis (2026)10, el respectivo
Magistrado Ponente, admitió los recursos de apelación contra la sentencia del
veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala de
7
Folios 196 a 199.
8
Índice 00028 Samai.
9
Índice 00038 Samai.
10
Índice 00047 Samai.
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Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda.
La parte demandante presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró que,
no operó la prescripción, pues el derecho surgió con la ejecutoria de la
sentencia que anuló los decretos salariales. Solicitó, en consecuencia, revocar
la sentencia en este aspecto11.
22. Posteriormente, a través de auto del veintiocho (28) de julio de dos mil
veintiséis (2026)12, decretó prueba para mejor proveer, a efectos que la entidad
demandada, expidiera certificación en la que se informara de manera clara,
completa y detallada, los salarios devengados durante todo el tiempo en que
el demandante ha prestado sus servicios; así como, el monto total y los
factores salariales que han servido de base, con sus respectivos porcentajes.
La parte demandada mediante escrito del seis (6) de agosto del dos mil
veintiséis (2026), allegó los certificados solicitados13.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
23. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP)14, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
11
Índice 0003 Samai.
12
Índice 00055 Samai.
13
Índice 00061 Samai.
14
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
12
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
24. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
24.1 ¿Resulta jurídicamente admisible, el argumento de la falta de
disponibilidad presupuestal por parte de la entidad accionada, como
fundamento para controvertir el reajuste salarial y prestacional reconocido
en primera instancia?
24.2 ¿La prescripción de las diferencias salariales y prestacionales
derivadas de la prima especial de servicios, resulta aplicable únicamente
a los procesos iniciados con fundamento en solicitudes presentadas con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia del veintinueve (29) de abril de
dos mil catorce (2014), como lo sostiene la parte demandante?
2.3 Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios.
25. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios
como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial. Más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.
26. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de
fondo en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de
servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fijó la Sala de
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
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Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
Conjueces, de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019).
27. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la
naturaleza y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, esta
Corporación explicó que, la mencionada prima, corresponde a un valor
adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún
caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos
del trabajador. En dicha sentencia, se determinaron los siguientes parámetros
de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría,
entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de
su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
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Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
28. Así mismo, la mencionada sentencia, precisó que, dicha prima solo tiene
carácter salarial, para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional,
pero no constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones
sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996; de igual
manera, la Sala de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción
de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes
términos15:
«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3)
años atrás, nunca más atrás».
29. En igual sentido, precisó que16:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de
origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en
el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por
uno igual a partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada
disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.»
30. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)17,
el Consejo de Estado determinó que, en materia de la prima especial de
servicio, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción
debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de interposición de la
reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968,
es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de
marzo de 2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19
de febrero del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya
De Castellanos (Conjuez).
15
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
31. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el
derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior18
como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario,
igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del
sistema de seguridad social en pensiones.
32. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de
la seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.
33. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3)
años desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968
y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual
lapso, con la reclamación administrativa. En relación con la prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado precisó
que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación,
tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del
Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los
decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes
pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al
derecho fundamental a la seguridad social y a los principios de
18
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos
que establezca la Ley.
16
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no convalida su
incumplimiento19.
34. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se
procede a decidir el presente caso.
2.4 Hechos probados
35. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las
siguientes:
35.1. Solicitud radicada el quince (15) de diciembre de dos mil
catorce (2014), en la que, el señor Salim Karam Caicedo pidió a la
entidad demandada, el pago del 30% como remuneración mensual
con carácter salarial, con las consecuencias prestacionales,
incluidas las cesantías y la prima especial de servicios prevista en
los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 199220.
35.2. Resolución No. 161 del veintidós (22) de enero de dos mil
quince (2015)21, en virtud de la cual, se negó la petición relacionada
anteriormente.
35.3. Recurso de apelación, del diecisiete (17) de febrero de dos mil
quince (2015)22, contra la anterior decisión.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
marzo de 2026, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
20
Folios 78 a 84.
21
Folios 199 a 200.
22
Folio 204, según los antecedentes de la Resolución No. 4176 del ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016), la
cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la negativa de la entidad.
17
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
35.4. Resolución No. 1060 del veinticinco (25) de febrero de dos mil
quince (2015)23, la cual concedió el recurso de apelación interpuesto
por el actor.
35.5. Resolución No. 4176 del ocho (8) de junio de dos mil dieciséis
(2016)24, la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la
negativa de la entidad.
35.6. Certificación de tiempo de servicios, del treinta (30) de julio de
dos mil veintiséis (2026),25 emitida por la Dirección Seccional de
Administración Judicial, con los siguientes tiempos:
35.7. Certificación de factores salariales devengados mensualmente
por el demandante, del seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016),26 expedida por parte del jefe de la sección de prestaciones
23
Folios 202.
24
Folios 204 a 212.
25
Samai, índice 00061.
26
Ibid.
18
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
sociales de la unidad de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.
35.8. El diez (10) de octubre de dos mil dieciséis (2016), el
demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual,
fue declarada fallida el catorce (14) de diciembre del mismo año,
por parte de la Procuraduría 125 Judicial II para asuntos
administrativos, quien expidió la constancia de agotamiento del
requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo27.
2.5 Caso concreto
36. En primer término, la Sala analizará el cargo de apelación de la entidad
demandada, relacionado con la alegada imposibilidad presupuestal para dar
cumplimiento al reajuste salarial y prestacional reconocido por el Tribunal. Al
respecto, la Sala precisa que, tal reparo no tiene vocación de prosperidad. Lo
anterior, toda vez que, la falta de recursos no justifica el desconocimiento de
derechos salariales y prestacionales que integran el derecho fundamental al
trabajo y al mínimo vital, los cuales deben ser garantizados por el Estado.
37. De tiempo atrás, la Corte Constitucional ha sostenido28 que, la situación
económica del empleador, no constituye justificación válida para incumplir el
deber legal y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo
prestado por sus trabajadores. En igual sentido, ha reiterado que, el desorden
administrativo, las falencias presupuestales o las dificultades económicas, no
27
Folios 61 a 76.
28
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión; sentencia T- 140 de 28 de febrero de 2002; magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
19
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
exoneran al empleador público del cumplimiento de sus obligaciones
laborales29.
38. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido
oportunidad de pronunciarse, indicando que, la imposibilidad presupuestal no
puede conllevar a la negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad
demandada tiene el deber de gestionar los recursos necesarios para cumplir la
obligación impuesta en la ley30.
39. De otra parte, la Sala abordará el argumento de la parte demandante,
según el cual, el derecho a reclamar las diferencias salariales y prestacionales
derivadas de la prima especial solo fue exigible desde la ejecutoria de la
sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014). En
consecuencia, indicó que, la prescripción solo se debe aplicar a aquellos
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho adelantados en virtud de
peticiones radicadas con posterioridad al término de ejecutoria de dicho fallo.
40. A juicio de la Sala, contrario a lo expuesto por el demandante, en casos
como el que nos ocupa, el momento a partir del cual debe ser contabilizado el
término de la prescripción, fue definido expresamente por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, en la que se
precisó:
«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencias del 20 de
noviembre de 2025, radicados 25000-23-42-000-2017-01433-02 (6316-2022); 23001233300020200043902 (2616-
2025) C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
30
C.P.: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025), radicación:76001-23-
33-004-2016-01696-02 (3631-2024) C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (24) de julio
de dos mil veinticinco (2025), radicado 05001233300020140153802 (4365-2024).
20
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es,
el Decreto 57 de 1993.
Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 –acogidos al Decreto 57 de 1993-, se actualiza
anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo decreto
que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su vigencia.
Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus
beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su
reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido,
contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad
administrativa encargada de su aplicación.
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se
hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley
4 de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del
Decreto 57 de 1993[43]. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados
podrían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue
con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a
interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.»
41. En ese orden de ideas, fue clara la sentencia en cita en establecer que,
desde la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 y a su vez del Decreto 57 de
1993, los interesados podrían reclamar los derechos que por prima especial de
servicios consideraban les resultaba aplicable a cada caso.
42. Ahora, en cuanto al argumento según el cual, la sentencia del veintinueve
(29) de abril de dos mil catorce (2014), fue la generadora del derecho y, por
tanto, a partir de su expedición es que operaba el fenómeno de la prescripción,
debe indicarse que, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de
dos mil diecinueve (2019), reafirmó la aplicación del fenómeno prescriptivo en
materia laboral, precisando que, contrario a lo afirmado por la parte
demandante, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial de servicios,
se hizo exigible desde la entrada en vigor del decreto reglamentario de la Ley
21
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
4ª de 1992 (Decreto 57 de 1993),31 esto es, a partir del siete (7) de enero de
mil novecientos noventa y tres (1993)32.
43. La Sala resalta que, en estos eventos, el término prescriptivo debe contarse
retroactivamente desde la fecha en que se presentó la reclamación
administrativa, conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969, y según lo establecido en la quinta regla de la sentencia de la
Sala de Conjueces de esta Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo en
cuenta que, en ella se aclaró la manera en que debe aplicarse la figura de la
prescripción, siendo un precedente vinculante y vigente para el momento en
que se resuelve la litis, en los siguientes términos:
«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más
atrás».
44. Conforme a lo probado, el señor Salim Karam Caicedo, se desempeñó en
la Rama Judicial como juez de la República, desde el veintitrés (23) de abril
de dos mil nueve (2009), y elevó la correspondiente reclamación administrativa
el quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014), razón por la cual, es
dable concluir que, se configuró la prescripción sobre el reajuste deprecado
que se causó entre el veintitrés (23) de abril y el dieciocho (18) de diciembre
de dos mil nueve (2009), período durante el cual fungió como juez de la
República.
45. En ese sentido, cuando se revisan las órdenes impartidas por el Tribunal, se
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de
agosto de 2026, radicado 17001-23-33-000-2017-00898-02 (3946-2022), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
32
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año
CXXVIII. N. 40711 el 7 de enero de 1993.
22
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
observa que, la redacción de aquellas puede llevar a confusiones, motivo por
el cual, la Sala modificará el ordinal cuarto de la sentencia de primer grado, con
el fin de precisar que, el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los aportes
a pensión, los cuales se erigen como un derecho irrenunciable e imprescriptible.
De otra parte, se modificará el ordinal tercero a efectos de precisar el pago del
30% de asignación básica indebidamente descontada a título de prima especial
de servicios, y la reliquidación de sus prestaciones, teniendo en cuenta el 100%
de la asignación básica, a partir del primero (1º) de febrero de dos mil doce
(2012), asimismo que, los aportes a pensión y al sistema de seguridad social
en salud, deberán realizarse desde el veintitrés (23) de abril al dieciocho (18)
de diciembre de dos mil nueve (2009); desde el primero (1º) de febrero de dos
mil doce (2012); y hasta la fecha en que ocupe un cargo que dé lugar a dicho
emolumento, sin prescripción trienal, en atención al carácter especial de los
citados aportes.
46. Sumado a lo anterior, se precisará que, para el cumplimiento de esta
sentencia, la entidad deberá verificar que no haya realizado otro pago a la
parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos, así como, los
pagos que posiblemente haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del
Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de servicios.
47. Finalmente, la Sala precisa que, contrario a lo indicado por el A -quo, los
jueces no se encuentran sometidos al régimen del Decreto 610 de 1998, motivo
por el cual, se suprimirá lo atinente al referido decreto del ordinal tercero de la
sentencia de primera instancia.
2.6 Condena en costas
48. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
23
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, razón por la cual, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia.
2.7 Conclusiones
49. La Sala modificará los ordinales tercero y cuarto, para: (i) precisar que, la
excepción de prescripción, no opera respecto a los aportes al sistema de
pensiones; (ii) precisar la orden del pago del 30% de asignación básica
indebidamente descontada a título de prima especial de servicios, la
reliquidación de las prestaciones sociales y el periodo del reajuste de los
aportes al sistema general de pensiones y seguridad social en salud; (iii)
suprimir lo atinente al Decreto 610 de 1998; y (iv) puntualizar que, el
cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante, por los
mismos conceptos aquí reconocidos. En lo demás, la providencia apelada será
confirmada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO», de la sentencia del veintinueve
(29) de julio de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así:
24
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
TERCERO. - Condénase a la Nación - Rama Judicial a pagarle al demandante
Salim Karam Caicedo, el 30% de la asignación básica que fuera indebidamente
detraída a título de prima especial de servicios, liquidados a partir del 1° de
febrero de 2012 durante los períodos en que haya desempeñado un cargo que
dé lugar al reconocimiento de dicha prima, y hasta la fecha en que funja o
fungió en el cargo de Juez de la República y el derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre el 100% del
salario, correspondientes al mismo período objeto del reconocimiento de las
diferencias salariales siguiéndose para su liquidación y pago los parámetros
fijados en esta sentencia, sin que en ningún caso se supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo que ocupó el demandante
en el periodo relacionado. Precisándose, además, que la prima especial de
servicios que trata la citada normatividad solo tiene carácter salarial para la
reliquidación de la pensión de jubilación, así para aportes a seguridad social en
salud, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica más el 30% de la
prima especial de servicios, correspondiente al lapso transcurrido desde el
veintitrés (23) de abril al dieciocho (18) de diciembre de dos mil nueve (2009);
desde el primero (1º) de febrero de dos mil doce (2012) y hasta la fecha en que
el demandante ocupe un cargo que dé lugar a dicho emolumento, sin prescripción
trienal, conforme a Io expuesto en la parte motiva de este proveído.
Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar que no haya
realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos, así como, los pagos que posiblemente haya realizado con ocasión
de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de
servicios.
SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «CUARTO», de la sentencia del veintinueve
(29) de julio de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así:
CUARTO.- Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción
trienal respecto a las sumas causadas desde el veintitrés (23) de abril al
dieciocho (18) de diciembre de dos mil nueve (2009); cuando fungió como juez y
solo reconocerá el pago por concepto de prima especial de servicios a que tiene
derecho el demandante, como un emolumento adicional que asciende al 30% del
100% del salario básico y/o asignación básica, de aquellas sumas causadas a
partir del 1º de febrero de 2012 y hasta la fecha en que funja en un cargo que dé
lugar al reconocimiento de dicha prima, salvo los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, respecto de los cuales no opera la prescripción,
por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el veintinueve
(29) de julio de dos mil veintidós (2022), por la Sala Transitoria del Tribunal
25
Número Interno: 4005-2023
Demandante: Salim Karam Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
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