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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2017-00898-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00898-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00898-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR y ADICIONAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia del Doce (12) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, la cual quedará así: «SEGUNDO: Declárase PROBADA la excepción de prescripción sobre todos los períodos reclamados por la parte actora, por lo que, en consecuencia, se niega el restablecimiento del derecho. La prescripción no opera frente a los aportes pensionales, dada su naturaleza irrenunciable e imprescriptible, los cuales deberán ser liquidados y pagados por la entidad y, de ser el caso, trasladar al fondo de pensiones la proporción correspondiente. Para la liquidación de los aportes a seguridad social en pensiones, la entidad demandada debe observar los siguientes extremos: (i) del siete (7) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), fecha de entrada en vigor del Decreto 57 de 1993, hasta la vigencia de la Ley 332 de 1996, salvo sus interrupciones, teniendo como base el 100% de la remuneración básica mensual; y (ii) desde la entrada en vigor de la anterior norma, esto es, desde el veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), fecha a partir de la cual la prima especial de servicios constituye factor salarial para efectos pensionales, y hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil cuatro (2004), fecha de su retiro, con fundamento en la anterior asignación más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, es decir, como un incremento o adicional de la asignación. Para tal efecto, solo deberán pagarse al sistema las diferencias causadas entre lo que efectivamente se pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad social en pensiones. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada -Rama Judicial- no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, el doce (12) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2017-00898-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 17001-23-33-000-2017-00898-02 (3946-2022)
Demandante : Arsenia María Trejos Muñoz
Demandada : Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Prima especial de servicios (artículo 14 Ley 4ª de
1992)
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de Doce (12) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, que decretó la nulidad de
los actos acusados, empero, denegó el restablecimiento del derecho por encontrar
probada la excepción de prescripción sobre todos los periodos reclamados por la
parte actora, sin condena en costas.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1.1. Pretensiones

1. La señora Arsenia María Trejos Muñoz acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de obtener la nulidad de la Resolución DESAJMZR16-1610 del
19 de octubre de 2016, mediante la cual, se negó la reliquidación y pago del salario

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índice 0002 de Samai, (EXPEDIENTE DIGITAL)

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Número Interno: (3946-2022)
Demandante: Arsenia María Trejos Muñoz
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

y prestaciones sociales contabilizando como factor salarial la prima especial de
servicios desde «enero de 1993 hasta la fecha de mi retiro definitivo que lo fue el 01 de octubre
de 2004», además la nulidad del acto ficto negativo derivado de la falta de respuesta

al recurso de apelación interpuesto contra la anterior actuación.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: (i) reconocer y pagar, debidamente

indexada, la diferencia salarial y prestacional existente entre los valores liquidados
y pagados por concepto de salario y prestaciones sociales (vacaciones, primas de
servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías, aportes al sistema de
seguridad social en salud y pensión, y bonificación por servicios prestados) y
aquellos que legalmente corresponden, tomando como base de liquidación la prima
especial con carácter salarial equivalente al treinta por ciento (30%) de los ingresos
de la demandante, así como la reliquidación de dichas prestaciones con el cien por
ciento (100%) de su remuneración mensual y, (ii) el cumplimiento de la sentencia
en los términos previstos en los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), y que se le condene al pago de los intereses comerciales y moratorios
que resulten procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195
ibidem, sobre las sumas reconocidas y causadas en favor de la parte demandante.

1.1.2 Hechos

3. La señora Arsenia María Trejos Muñoz estuvo vinculada a la Rama Judicial
desempeñando el cargo de juez en distintos períodos comprendidos entre el 20 de
septiembre de 1990 y el 30 de septiembre de 2004.

4. Mediante escrito radicado el 28 de septiembre de 2016 ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, solicitó la reliquidación y el pago
de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la inclusión de la prima
especial de servicios equivalente al treinta por ciento (30%) del ingreso básico
mensual como factor salarial, por el período comprendido entre enero de 1993 y el
1.º de octubre de 2004.

5. Dicha solicitud fue negada mediante la Resolución DESAJMZR16-1610 del 19 de
octubre de 2016, decisión contra la cual se interpuso oportunamente recurso de
apelación el 6 de diciembre de 2016. Sin embargo, la entidad no emitió

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pronunciamiento alguno, configurándose así el acto ficto derivado del silencio
administrativo negativo respecto del recurso.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

6. Se invocan en la demanda como normas violadas las siguientes disposiciones:
los artículos 1, 2, 4, 13, 23, 25, 53, 209 y 215 de la Constitución Política de Colombia;
las Leyes 74 de 1968, 717 de 1978, 4ª de 1992 (artículos 2, 12 y 14) y 1437 de 2011
(artículos 10º, 102, 189 y 269); y los Decretos 717 y 1042 de 1978.

7. Sostiene que, el Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de abril de 2014,
concluyó que el Gobierno Nacional interpretó de manera errónea la Ley 4.ª de 1992
al excluir de la base salarial de los funcionarios de la Rama Judicial la prima especial
de servicios, circunstancia que implicó una desmejora injustificada de sus
condiciones remuneratorias. En consecuencia, declaró la nulidad de las
disposiciones que, entre los años 1993 y 2007, desconocieron el carácter salarial
de dicho emolumento, con lo cual quedó restablecido el derecho de los servidores
judiciales a que el ciento por ciento (100%) de su remuneración fuera tenido en
cuenta para la liquidación de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de
seguridad social. Por ello, la negativa de la entidad demandada a reliquidar las
acreencias laborales de la demandante conforme a tales parámetros desconoce el
precedente vinculante fijado por la máxima autoridad de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, vulnera sus derechos laborales y mantiene una
situación jurídica contraria al ordenamiento constitucional y legal, razón por la cual
resulta procedente acudir ante esta jurisdicción para obtener la nulidad de los actos
administrativos cuestionados y el consecuente reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales reclamadas.

1.1.4 Contestación de la demanda2

8. La Rama Judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que,
si bien el Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de abril de 2014 proferida
por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, declaró la nulidad de las
disposiciones contenidas en los decretos salariales de la Rama Judicial expedidos

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entre 1993 y 2007 que atribuían carácter no salarial a la prima especial de servicios
equivalente al 30% de la asignación básica, no resulta procedente acceder a las
pretensiones de la demanda.

9. Argumentó que, la Ley 4.ª de 1992 y su desarrollo normativo establecieron
expresamente que dicha prima carecía de carácter salarial, excluyéndola de la base
de liquidación de prestaciones sociales y demás emolumentos laborales,
disposición que fue declarada ajustada a la Constitución mediante la Sentencia C-
279 de 1996. En tal sentido, afirmó que el Gobierno Nacional estaba facultado para
fijar el régimen salarial y determinar la naturaleza no salarial de la citada prima, por
lo que los decretos expedidos no contravenían el ordenamiento jurídico.

10. Finalmente, señaló que la actuación de la Dirección Seccional se ajustó al
principio de legalidad, dado que carecía de competencia para reconocer y liquidar
emolumentos en condiciones distintas de las expresamente autorizadas por el
Gobierno Nacional

11. Propuso como excepciones, «Prescripción y la innominada».

1.1.5. Sentencia de primera instancia3

12. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia
de Doce (12) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), declaró la nulidad de los
actos acusados, empero denegó el restablecimiento del derecho por encontrar
probada la excepción de prescripción sobre todos los periodos reclamados por la
parte actora; sin condenar en costas.

13. Como sustento de su decisión, el Tribunal indicó:

«Obra prueba dentro del expediente que la demandante, ARSENIA MARIA TREJOS MUÑOZ,
laboró al servicio de la Rama Judicial, en calidad de Juez de la República desde el 30 de
septiembre de 1990 hasta el día 30 de septiembre de 2004, cuyo último cargo desempeñado
fue el de Juez Penal del Circuito (folio 36 C1).

Conforme los antecedentes jurisprudenciales sobre la prima de servicios contemplada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es claro que:

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1. La aplicación del régimen previsto para los servidores públicos en calidad de Juez de la
República de acuerdo a su categoría, y que excluyeron el pago de la prima regulada por el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en un porcentaje del 30%, pues la misma se descontó del
salario, por lo que existe un saldo impago, de ahí que se accederá a la declaración de nulidad
de los actos administrativos acusados. En este orden de ideas, se declararán imprósperas las
excepciones de ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo
no debido, formuladas por la entidad demandada.

2. Atendiendo a la reclamación administrativa se realizó el día 28 de septiembre de 2016, tal
como consta a folio 29 del cartulario, y la señora ARSENIA MARIA TREJOS MUÑOZ, dejó de
trabajar al servicio de la Rama Judicial desde el día 30 de septiembre de 2004, transcurrieron
más de 3 años, desde el momento en que dejó de trabajar como Juez de la República y la
fecha de la reclamación administrativa, por ende, se declarará la prescripción del derecho
sobre todos los periodos reclamados por la parte actora y en este sentido se negará el
reconocimiento y pago del 30% de su salario básico por concepto de la prima reclamada que
fue deducida por la demandada del mismo, así como reliquidar las prestaciones sociales con
inclusión del porcentaje que fue descontado del salario.» (sic)

1.1.6 Recurso de apelación4

14. La parte demandante controvierte exclusivamente la aplicación del fenómeno
prescriptivo efectuada en la sentencia de primera instancia; aduciendo que, aunque
el A quo accedió al reconocimiento del derecho reclamado, aplicó la prescripción
con fundamento en la sentencia de unificación proferida el 2 de septiembre de 2019
por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
interpretación que según su juicio desconoce el criterio jurisprudencial consolidado
«durante más de veinte años», según el cual la exigibilidad del derecho surgió
únicamente con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014, que declaró la
nulidad de los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007 y que excluían el
carácter salarial de la prima especial de servicios, providencia que quedó
ejecutoriada el 22 de julio de 2014.

15. En ese orden considera que, como la reclamación administrativa fue presentada
el 28 de septiembre de 2016, esto es, dentro de los tres (3) años siguientes a la
exigibilidad del derecho, no se configuró la prescripción.

16. Asimismo, alega que el nuevo criterio adoptado en la sentencia de unificación
de 2019 «quebranta el principio de confianza legítima, al modificar de forma intempestiva una
posición jurisprudencial previamente consolidada». Por ello, solicita la revocatoria parcial de

la decisión apelada para que se aplique el criterio histórico según el cual el término
prescriptivo debe contabilizarse desde la ejecutoria de la sentencia de nulidad del

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22 de julio de 2014, con lo cual las pretensiones reclamadas resultarían oportunas
y no estarían afectadas por la prescripción.

2. Trámite de segunda instancia

17. Por medio del auto del cinco (5) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)5, el
entonces conjuez ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en
el artículo 247 del CPACA. Posteriormente, mediante auto del primero (1º) de
diciembre de dos mil veinticinco (2025)6, se remitió el proceso de la referencia al
despacho ponente para lo de su cargo. Así las cosas, mediante auto del seis (6) de
febrero de dos mil veintiséis (2026)7, el consejero sustanciador, de conformidad con lo
preceptuado por el artículo 116 del CPACA, y en virtud de la nueva integración de la
Sala de Subsección, avocó conocimiento del asunto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

18. La Sala es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247
del CPACA. De igual forma, según el artículo 3288 del Código General del
Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

5
Samai - índice 00023.
6
Samai – Índice 00043.
7
Samai – Índice 00048.
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»

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a) ¿Los derechos salariales y prestacionales reclamados por la demandante,
derivados de la inclusión de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, en la base de liquidación de su salario y
prestaciones sociales, se encuentran afectados por el fenómeno de la
prescripción?

19.1. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios;
2.2. Pruebas recaudadas; y el 2.3 Análisis sustancial del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios

2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

20. El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia señala que, le
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas,
ejercer distintas funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral
19, literal e), ibidem, del siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y la Fuerza Pública.” Este esquema se materializa a través de las denominadas leyes

marco, en virtud de las cuales se le reserva al Congreso de la República la
determinación de la política general, y al Ejecutivo, por su parte, la regulación
particular de la materia, así como su aplicación concreta -vía decreto-9.

21. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en
el artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el
legislador en la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial10, con arreglo
a la cual regula una materia, al amparo de un amplio margen de decisión, restringido
por los principios, parámetros y directrices generales que impone el legislador 11.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que, entre la potestad

9
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
10
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009,
radicación: 2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor:
Luis Fernando Jaramillo Duque.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00
(2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra
Mercedes Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.

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reglamentaria del ejecutivo, y la extensión de la ley habilitante, existe una relación
inversamente proporcional, puesto que “ante menos cantidad de materia regulada en la ley,
existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria”12.

22. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta. Sin
embargo, con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa
regulada por el ejecutivo13. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta
potestad regulatoria habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir
legislación anterior con fuerza de ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991,
siempre que se someta a los criterios definidos en la ley marco correspondiente.
Así, los decretos expedidos por el Gobierno en desarrollo de una ley marco, no se
entienden como los decretos reglamentarios ordinarios del artículo 189, numeral 11,
sino actos administrativos de carácter general que cumplen un mandato
constitucional directo de completar la ordenación de la materia14.

23. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta
dinámica normativa (es decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está
radicada en la necesidad de regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema
prestacional y salarial de los servidores públicos, de una manera flexible que permita
responder eficiente y rápidamente a situaciones cambiantes, que se podrían ver
amenazadas por la falta de dinamismo que supone el trámite legislativo15.

24. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199216, en virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de

12
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-
000-2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
16
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

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los sujetos contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o
denominación; los empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República; los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

25. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se a alude, corresponde al
género que comprende todos los derechos laborales, mientras que el “ salario” es
sólo una especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios
o primas que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

26. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el
cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional17.

27. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y
criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:

“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: Arsenia María Trejos Muñoz
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”

28. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que
lo integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se
deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.

29. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de
1992 dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte
el Gobierno, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos ”. Este precepto
reafirma la competencia concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, en el
entendido que, mientras el Congreso de la República define los objetivos y criterios
generales, el Gobierno regula los aspectos específicos, sin que, a través de dicha
facultad reglamentaria especial, le esté permitido desconocer derechos adquiridos,
desmejorar los salarios y prestaciones sociales, soslayar la carrera administrativa,
o inobservar la política macroeconómica y fiscal del país.

2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.

30. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador
expidió la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de
servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores

de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

31. Valga recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales

11
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de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en
distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992. Sin
embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 del siete (7) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993), que instauró un nuevo régimen para quienes se
vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a éste.

32. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial
de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley
476 de 1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
«[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala
salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho
decreto», por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima

especial, la cual, fuerza iterar, tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

33. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de
estudio por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia
del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)18, la Sala Plena de Conjueces
de la Sección Segunda declaró la nulidad de distintos artículos contenidos en
decretos que fijaron el régimen salarial y prestacional de servidores públicos, en
punto a la naturaleza de la prima especial de servicios, al considerar que: “de acuerdo
con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley
estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin
embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª
de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad ”.

34. A su turno, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de esta
Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial
de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un
aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse,

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 29
de abril de 2014, Rad. Nº. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).

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en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los
derechos del trabajador. En el citado pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima
especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de ésta; (ii) sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación; y (iii) todos los beneficiarios tienen derecho a
percibirla como un incremento del salario básico, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo correspondiente.

35. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo
en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces,
de la Sección Segunda de la Corporación, en la precitada sentencia de unificación:

1) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
4) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
al límite del 80%, en ningún caso, su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6) La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar, en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente

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los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas de la República, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso
y un techo.

36. Asimismo, la mencionada sentencia reiteró que dicha prima solo tiene carácter
salarial para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no
constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996. De igual manera, la Sala Plena
de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción de las acreencias
derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes términos19: “Para la
contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios se tendrá en
cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se
reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás”. En igual sentido, precisó que20:

“La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en
un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace
exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada
por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto
1848 de 1969”.

37. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)21, el
Consejo de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse
de manera retroactiva desde la fecha de presentación de la reclamación
administrativa, y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo
en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho. Valga anotar que, en materia de
prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes pensionales, puesto que,
tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que se
relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad social
previsto en el artículo 48 constitucional,22 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad, y
con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo de
2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero
del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De
Castellanos (Conjuez).
22
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.

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38. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo, o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción,
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, comoquiera que ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.

39. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años
desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la
reclamación administrativa. En relación con la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado ha puntualizado que la
prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto
de partida la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y
no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos salariales. En
contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse de una
obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social y
a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, como se expuso ut supra23.

40. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia de
unificación, y en la norma aplicable al caso de autos, se procede a decidir el
presente asunto.

2.4. Hechos probados.

41. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso.

a) Mediante petición del veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)24,
la señora Arsenia María Tejos Muñoz, actuando a nombre propio, elevó una petición
ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales (Caldas), en
virtud de la cual solicitó “la reliquidación y pago de las diferencias salariales existentes entre las
que me han sido canceladas y las que legalmente me corresponden contabilizando como factor
salarial la prima especial equivalente al 30% de mis ingresos laborales, desde enero de 1993 hasta

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo de
2026, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
24
Índice 00002 del Samai.

15
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la fecha de mi retiro definitivo que lo fue el 1º de octubre de 2004, cuando se me concedió la pensión
de jubilación mediante Resolución Nº 20231 del 30 de septiembre de 2004 (…) ”.

b) A través de la Resolución Nº DESAJMZR16-1610 del diecinueve (19) de octubre
de dos mil dieciséis (2016)25, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Manizales (Caldas) negó las solicitudes de la parte actora, al sostener que: “Por otra
parte, es pertinente señalar que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado
correctamente el contenido de la Ley 4ª de 1992, mediante la cual se reguló la prima especial de
servicios, atendiendo lo (sic) establecido por el Gobierno Nacional en los diferentes decretos
salariales que anualmente expide en desarrollo de la mencionada ley (…) Igualmente, se hace
necesario precisar que esta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial es un órgano
técnico y administrativo, que tiene a su cargo, entre otras funciones, la ejecución del presupuesto,
soportada en la apropiación y recursos situados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo
que nos indica que esta entidad, en lo que concierne al pago de salarios de los servidores judiciales
adscritos a este distrito judicial, cumple una función netamente pagadora, razón por la cual toda
actuación se encuentra sujeta a los lineamientos trazados por el nivel central ”.

c) Mediante escrito del seis (6) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)26, la señora
Trejos Muñoz interpuso el recurso de reposición contra el acto administrativo
primigenio. Por medio de la Resolución Nº DESAJMZR16-1862 del veintiocho (28)
de diciembre de la referida anualidad, se concedió el recurso en comento. En el
plenario no obra prueba de la resolución del aludido medio de impugnación.

d) Con el libelo inicial, se aportó la certificación del veinticinco (25) de mayo de dos
mil diecisiete (2017)27, expedida por el área de talento humano de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Manizales (Caldas), en la cual se hace
constar: (i) por un lado, los períodos de ejercicio como juez, comprendidos entre el
veinte (20) de septiembre de mil novecientos noventa (1990) y el treinta (30) de
septiembre de dos mil cuatro (2004), fecha de retiro; y (ii) por el otro lado, el historial
de conceptos devengados, entre enero de mil novecientos noventa y tres (1993), y
septiembre de dos mil cuatro (2004), en los cuales se observa que la actora devengó
la prima especial de servicios como una porción del total de la asignación básica.

2.5. Caso concreto.

25
Índice 00002 del Samai.
26
Índice 00002 del Samai.
27
Índice 00002 del Samai.

16
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Demandante: Arsenia María Trejos Muñoz
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42. En el sub lite, está probado que la señora Arsenia María Trejos Muñoz prestó
sus servicios como juez (a) para la Rama Judicial desde el veinte (20) de septiembre
de mil novecientos noventa (1990) hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil
cuatro (2004), siendo el último cargo desempeñado el de Juez Penal del Circuito,
según la certificación del veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017)28, en
la cual se relacionan los tiempos de servicios y los devengados.

43. Igualmente, obran certificados expedidos por la entidad accionada, donde se
reflejan los conceptos pagados a la actora por la vigencia fiscal que cobija el período
comprendido entre enero de mil novecientos noventa y tres (1993), y septiembre de
dos mil cuatro (2004), en los cuales se observa que la actora devengó la prima
especial de servicios como una porción del total de la asignación básica. Para
ilustrarlo, se tomará como referencia un período del extremo temporal inicial, y otro
del límite temporal final del tiempo en el que fue destinataria del emolumento en
cita:

28
índice 0002 de Samai, (ED_CDNPPL1_1PAGINAS1A40PD(.pdf) NroActua 2)

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(…)

44. También está acreditado que la actora, a través de apoderada, presentó ante la
demandada reclamación administrativa el veintiocho (28) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016)29, mediante la cual solicitó:

«[…] La equivocada interpretación de los artículos 2 y 14 de Ley 4ª de 1992, que dieron lugar
a una liquidación de mis prestaciones sociales en franca vulneración de mis derechos
laborales, impone a la autoridad nominadora, también Ente pagador adecuarse de inmediato
a los lineamientos legales, en relación con los criterios para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos en igualdad de condiciones, es la razón por la cual
solicito, respetuosamente, se reliquiden mis prestaciones sociales teniendo como factor
salarial la prima especial equivalente al 30% de mis ingresos laborales, desde enero de 1993
hasta la fecha de mi retiro definitivo que lo fue el 01 de octubre de 2004, cuando se me
concedió la pensión de jubilación mediante Resolución No. 20231 del 30 de septiembre de
2004 […]» (Subrayado fuera del texto original).

45. Como se advirtió en el capítulo precedente, reposa en el expediente copia de la
Resolución DESAJMZR16-1610 del diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis
(2016), siendo este el acto acusado, mediante el cual se negó la petición de la
actora, bajo el siguiente tenor:

«Por otra parte, es pertinente señalar que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha
aplicado correctamente el contenido de la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, mediante la cual se
reguló la prima especial de servicios, atendiendo lo establecido por el Gobierno Nacional en
los diferentes Decretos salariales que anualmente expide en desarrollo de la mencionada Ley,
cuando dispone:

29
índice 0002 de Samai, (ED_CDNPPL1_1PAGINAS1A40PD(.pdf) NroActua 2)

18
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“Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido
por la norma del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos”.

Igualmente, se hace necesario precisar que esta Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial es un órgano técnico y administrativo, que tiene a su cargo, entre otras
funciones, la ejecución del presupuesto, soportada en la apropiación y recursos situados por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que nos indica que esta entidad, en lo que
concierne al pago de salarios de los servidores judiciales adscritos a este distrito judicial,
cumple una función netamente pagadora, razón por la cual toda actuación se encuentra sujeta
a los lineamientos trazados por el nivel central».30

46. Contra la anterior decisión se interpuso el siete (7) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016)31 recurso de apelación. No obstante, no reposa en el plenario
actuación alguna que advierta que dicho medio de impugnación fuera resuelto por
la administración. Luego, se configuró un acto ficto derivado del silencio
administrativo negativo por la no respuesta frente al recurso interpuesto.

47. Asentado lo anterior, la Sala pasa a analizar los argumentos de inconformidad
de la parte actora formulados en el recurso de apelación. En síntesis, la demandante
solicita revocar parcialmente la sentencia en lo concerniente a la aplicación del
fenómeno prescriptivo declarado por la primera instancia, para lo cual adujo que, la
exigibilidad del derecho surgió únicamente con la ejecutoria de la sentencia del
veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)32, que declaró la nulidad de los
decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007, y que excluían el carácter salarial
de la prima especial de servicios, providencia que quedó ejecutoriada el veintidós
(22) de julio de esa misma anualidad.

48. Pues bien, para efecto de resolver la alzada, considera pertinente la Sala
recordar que, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en señalar que,
en materia de acciones laborales ejercidas por empleados públicos y trabajadores
oficiales, rige la prescripción trienal, prevista en el artículo 41 del Decreto Ley 3135
de 1968, en concordancia con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, los cuales
señalan lo siguiente:

(i) El término de prescripción es de tres (3) años, contados desde que la respectiva
obligación se hace exigible.

30
Ibidem.
31
Ib.
32
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA Consejera ponente:
MARIA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ, Sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014). Radicación número:
11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07)

19
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(ii) El simple reclamo escrito del trabajador ante la autoridad competente, interrumpe
la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

(iii) Dentro del anterior plazo, contado desde la presentación de la reclamación
administrativa, el trabajador debe acudir ante la jurisdicción en procura del
reconocimiento del derecho, so pena que opere nuevamente el fenómeno
prescriptivo.

49. En armonía con las citadas disposiciones, la Sala Plena de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del
dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), reafirmó la aplicación del
fenómeno prescriptivo en materia laboral, precisando que, el hecho constitutivo del
derecho a la prima especial de servicios, se hizo exigible desde la entrada en vigor
del decreto reglamentario de la Ley 4ª de 1992 (Decreto 57 de 1993), esto es, a
partir del siete (7) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993)33.

50. La Sala resalta lo decidido en otros pronunciamientos sobre la exigibilidad del
derecho, el cual, surgió con su consagración normativa, siendo así, la regla de
prescripción no se modifica y opera respecto de todas las acreencias causadas
dentro de los tres (3) años anteriores a la reclamación administrativa34.

51. De conformidad con el acervo probatorio, se encuentra acreditado que la
demandante ocupó los siguientes cargos:

Cargo Despacho Fecha inicio Fecha fin
Juez Juzgado 1 Promiscuo Municipal 20/09/1990 12/11/1990
Viterbo

Juez Juzgado 1 Promiscuo Municipal 13/11/1990 30/11/1991
Marmato

Juez Juzgado Penal Municipal de 01/12/1991 15/03/1992
Pácora - Caldas

Juez Juzgado 1 Promiscuo Municipal 16/03/1992 03/09/1992
Aranzazu

Juez Juzgado Penal Municipal de 04/09/1992 20/01/1993
Pácora - Caldas

33
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año CXXVIII. N.
40711 el 7 de enero de 1993.
34
«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución del derecho ocurrió en el primero de
los eventos previamente señalados, es decir, su exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley
4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993.
[…]Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento
de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su
contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa encargada
de su aplicación. Consejo de Estado. Sala Plena de Conjuec
es. Sentencia CE-SUJ-016-S2-19 del 2 de septiembre de 2019. Expediente: 41001-23-33 000-2016-00041-02(2204-18).

20
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Juez Juzgado 1 Promiscuo Municipal 21/01/1993 15/05/1994
Aranzazu

Juez Juzgado 1 Promiscuo Municipal 16/05/1994 31/01/2002
Neira

Juez Juzgado 7 Civil Municipal 01/02/2002 31/07/2002
Manizales

Juez Juzgado 1 Promiscuo Municipal 01/08/2002 30/06/2003
Neira

Juez Juzgado 1 Penal del Circuito 01/07/2003 30/09/2004
Aguadas

52. Asimismo, se advierte que la accionante desempeñó como último cargo el de
Jueza Primera (1°) Penal del Circuito Aguadas – Caldas, desde el primero (1º) de
julio de dos mil tres (2003), al treinta (30) de septiembre de dos mil cuatro (2004),
según se advierte de la certificación que acompaña la demanda.

53. No obstante, durante el lapso en que ejerció la función judicial, no presentó
reclamación administrativa alguna, relacionada con las diferencias derivadas del
pago de la prima especial de servicios, cuando en este período tenía la posibilidad
de interrumpir el término de prescripción, teniendo en cuenta que el derecho se hizo
exigible, como ya se indicó, desde el siete (7) de enero de mil novecientos noventa
y tres (1993).

54. Por el contrario, la solicitud de reajuste salarial y prestacional fue radicada el
veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), cuando ya no se
encontraba vinculada al cargo, momento para el cual, el término trienal de
prescripción, respecto de las acreencias causadas durante su vinculación, había
transcurrido en su integridad.

55. Bajo estos parámetros, la normativa aplicable ha sido clara en señalar que, el
intervalo de tres (3) años, debe contabilizarse desde la exigibilidad del derecho, esto
es, desde la consagración legal de la prima especial de servicios, momento en el
cual, surgió el derecho, o bien desde la presentación de la reclamación ante la
administración, según el caso. En consecuencia, no resulta procedente modificar la
regla general de prescripción, en los términos pretendidos por la demandante.

56. En este punto, valga decir que los principios de confianza legítima, progresividad

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y no regresividad laboral, junto con el principio general del derecho que enseña que
«nadie puede alegar en su favor su propia culpa», no determinan una forma
diferente de contabilizar el fenómeno de la prescripción en este caso, ni mucho
menos modifican la fecha en que la obligación discutida se hizo exigible.

57. La Sala recuerda que, la prescripción extintiva del derecho constituye una
sanción a la inactividad prolongada e injustificada del titular para ejercer
oportunamente su reclamación. En este asunto, se observa que la demandante
devengó la prima especial de servicios entre los años 199335, hasta el 2004, como
consta en la certificación expedida el veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete
(2017)36, en la cual, como se advirtió ut supra, aparece relacionada como una
porción del salario y/o asignación básica devengada, y únicamente después de
finalizar su vinculación, esto es, cerca de doce (12) años de marginarse del ejercicio
del cargo que le otorgaba el derecho a la prima especial de servicios, promovió la
reclamación de su indebida liquidación y pago. Así las cosas, no está llamando a
prosperar el reparo presentado contra la sentencia de primera instancia, pues, en
efecto en el sub judice operó la prescripción de las diferencias salariales y
prestacionales reclamadas.

58. No obstante, la Sala no puede dejar de lado que, desde la entrada en vigor de
la Ley 332 de 199637, la prima especial de servicios constituye factor salarial, solo
para efectos de aportes pensionales, respecto de los cuales, no opera la
prescripción. Aunque este aspecto no fue objeto de apelación, se advierte que en la
sentencia de primera instancia no se ordenó el pago de dichos aportes, a pesar de
que debían reconocerse por todo el tiempo que la demandante prestó sus servicios
y fue acreedora de la prima especial de servicios, sin tener en cuenta la prescripción.

59. En tal virtud, se modificará y adicionará el ordinal segundo de la sentencia de
primer grado, para ordenar a la entidad demandada efectuar a favor de la
demandante las cotizaciones y, de ser el caso, trasladar al fondo de pensiones
correspondiente, los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
que resulten procedentes. Para la liquidación de los aportes a seguridad social en

35
Si bien es cierto, la demandante ejerció el cargo de juez desde el 20/03/1990, el derecho se hizo exigible desde el 7 de
enero de 1993, cuando entró en vigencia el decreto reglamentario de Ley 4 de 1992.
36
Índice 00002 del Samai.
37
Publicada en el Diario Oficial No. 42.948 de 28 de diciembre de 1996, momento a partir del cual entró en vigencia, según
su artículo 3.

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Número Interno: (3946-2022)
Demandante: Arsenia María Trejos Muñoz
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

pensiones, la entidad demandada debe observar los siguientes extremos: (i) del
siete (7) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), fecha de entrada en
vigor del Decreto 57 de 1993, hasta la vigencia de la Ley 332 de 1996, salvo sus
interrupciones, teniendo como base el 100% de la remuneración básica mensual; y
(ii) desde la entrada en vigor de la anterior norma, esto es, desde el veintiocho (28)
de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), fecha a partir de la cual la
prima especial de servicios constituye factor salarial para efectos pensionales, y
hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil cuatro (2004), fecha de su retiro, con
fundamento en la anterior asignación más el 30% correspondiente a la prima
especial de servicios, es decir, como un incremento o adicional de la asignación.

60. Lo anterior, por cuanto el pago de aportes pensionales está ligado al derecho
pensional, el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene
decantado la Sala38.

61. Finalmente, se precisa que, el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada -Rama Judicial- no haya realizado otro
pago a la parte demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos y, en ese
sentido, se modificará la decisión de primera instancia.

2.4. Conclusión

62. En el presente, operó el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de las
acreencias causadas durante la vinculación laboral de la accionante con la Rama
Judicial. En ese sentido, se modificará la decisión apelada, con las precisiones
efectuadas en esta providencia respecto de las cotizaciones al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones.

2.5 Condena en costas.

38
« Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de
carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido
desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En
consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo,
como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge
Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

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Número Interno: (3946-2022)
Demandante: Arsenia María Trejos Muñoz
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

63. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por
lo tanto, se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR y ADICIONAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia del
Doce (12) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, la cual quedará así:

«SEGUNDO: Declárase PROBADA la excepción de prescripción sobre todos los períodos
reclamados por la parte actora, por lo que, en consecuencia, se niega el restablecimiento del
derecho. La prescripción no opera frente a los aportes pensionales, dada su naturaleza
irrenunciable e imprescriptible, los cuales deberán ser liquidados y pagados por la entidad y,
de ser el caso, trasladar al fondo de pensiones la proporción correspondiente. Para la
liquidación de los aportes a seguridad social en pensiones, la entidad demandada debe
observar los siguientes extremos: (i) del siete (7) de enero de mil novecientos noventa y tres
(1993), fecha de entrada en vigor del Decreto 57 de 1993, hasta la vigencia de la Ley 332 de
1996, salvo sus interrupciones, teniendo como base el 100% de la remuneración básica
mensual; y (ii) desde la entrada en vigor de la anterior norma, esto es, desde el veintiocho (28)
de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), fecha a partir de la cual la prima
especial de servicios constituye factor salarial para efectos pensionales, y hasta el treinta (30)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), fecha de su retiro, con fundamento en la anterior
asignación más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, es decir, como un
incremento o adicional de la asignación.

Para tal efecto, solo deberán pagarse al sistema las diferencias causadas entre lo que
efectivamente se pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad social
en pensiones. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada -Rama Judicial- no haya realizado otro pago a la parte demandante por los
mismos conceptos aquí reconocidos.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, el doce (12) de septiembre de dos
mil veintiuno (2021), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

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Número Interno: (3946-2022)
Demandante: Arsenia María Trejos Muñoz
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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