Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020)
Demandante: Bertha Italia Marina Reyes de Samudio
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia de Veintiocho (28) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por
la Sala de Conjueces de Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
1. La señora Reyes de Samudio, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de los siguientes
actos administrativos:
a) Oficio DESJ14-2314 de 16 de septiembre de 2014, expedido por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá, que negó el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios.
1
Expediente físico, folios 4-18.
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Número Interno: 2873-2020
Demandante: Bertha Italia Marina Reyes de Samudio
Demandado: Nación – Rama Judicial
b) Resolución 2647 de 6 de octubre de 2014, que negó el recurso de reposición
interpuesto contra el Oficio DESJ14-2314 de 16 de septiembre de 2014.
c) Del acto administrativo ficto negativo, derivado de la falta de resolución del recurso
de apelación interpuesto, frente al acto administrativo inicial.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) Ordenar a la entidad demandada,
el reajuste de los salarios y prestaciones sociales y cesantías, incluyendo el treinta por
ciento (30 %), correspondiente a la prima especial de servicios, desde el 1° de enero de
1993 y el «31 de agosto de 2003»; (ii) Disponer el pago de las diferencias salariales y
prestacionales dejadas de pagar durante dicho período, debidamente indexadas.
1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
3. La señora Reyes de Samudio prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 16 de
octubre de 1989 hasta el 31 de agosto de 2003, en el cargo de magistrada del Tribunal
Superior de Santa Rosa de Viterbo.
4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Tunja – Boyacá no sufragó la
prima especial de servicios del 30% o la sustrajo de la asignación básica.
5. El Nueve (09) de Septiembre de Dos Mil Catorce (2014), radicó petición, solicitando el
pago de la prima especial de servicios y la reliquidación de su salario y prestaciones
sociales, en aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
6. A través de Oficio DESJ14-2314 de 16 de septiembre de 2014, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial de Tunja – Boyacá negó su petición.
7. La demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio apelación, siendo
negado el primero de ellos mediante Resolución 2647 de 6 de octubre de 2014, y no
resuelto el segundo de ellos por la Administración.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
8. La demandante sostiene que, los actos administrativos acusados vulneran:
8.1. Los artículos 25 y 53 de la Constitución Política;
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Número Interno: 2873-2020
Demandante: Bertha Italia Marina Reyes de Samudio
Demandado: Nación – Rama Judicial
8.2. Ley 4ª de 1992, artículo 14.
9. Adujo que, el Gobierno interpretó de manera errónea la Ley 4ª de 1992, al restar del
salario, el 30 % por concepto de prima especial de servicios, lo que menoscabó los
derechos de los trabajadores.
10. Adujo que el Consejo de Estado sentó una línea jurisprudencial sobre la consideración
de incluir el valor de la Prima Especial de Servicios (30%) como «factor salarial», de
quienes devengan esa prestación específica, para calcular los demás emolumentos
laborales, tomando el salario real y completo como base para su correspondiente
liquidación.
2. Contestación de la demanda2.
11. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al estimar que
el tema de la prima especial de servicios (30%) como factor salarial fue analizado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, en la que declaró exequible la
expresión «sin carácter salarial» del artículo 14 de la Ley 4° de 1992, para todos los
emolumentos salariales.
12. Planteó que la sentencia del Consejo de Estado, con la que se anularon los Decretos
del Gobierno que regularon de 1993 a 2007 el asunto sobre la prima especial de servicios
de los funcionarios judiciales, correspondió a una acción de simple nulidad, contra un
acto administrativo de carácter general, por ende la decisión tomada es de aplicación
«erga omnes», y las consecuencias que producen no son retroactivas en la medida en que
no se ordena la reparación concreta de algún daño causado a un particular.
13. Finalmente, formuló como excepciones, las que denominó «cobro de lo no debido» y
«[p]rescripción de derechos».
3. La sentencia de primera instancia3.
14. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de
2
Folios 183-197.
3
Samai, actuaciones del tribunal de origen, archivo: 06102020 SENTENCIA.
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Número Interno: 2873-2020
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Veintiocho (28) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos
acusados, declarar la prescripción de los derechos «[…] causados con anterioridad al 9 de
septiembre de 2011, con excepción de los aportes a pensión en el lapso entre 1° de enero de 1993 y 31
de diciembre de 1998», disponer el pago de estos últimos, y abstenerse de condenar en
costas.
15. Sobre el particular, encontró que a la demandante le fue sustraído, a partir del 1° de
enero de 1993, el 30% de la asignación básica, que se ha reconocido a título de prima
especial de servicios, sin embargo, determinó que se configuró el fenómeno de la
prescripción sobre los derechos laborales de la actora, con excepción de los aportes a
pensión, toda vez que la accionante laboró hasta el 31 de agosto de 2003, y presentó la
solicitud de reconocimiento el 9 de septiembre de 2014.
16. Asimismo, afirmó que el reajuste de los aportes solo procedía hasta el 31 de diciembre
de 1998, toda vez que, «[…] la Bonificación por Compensación creada en el Decreto 610 de 1998,
tuvo vigencia a partir del 1° de enero de 1999, y que para [esa] clase de funcionarios reemplazó la
mencionada prima especial de servicios».
4. El recurso de apelación4
17. La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, al considerar que, «[…] se debe aplicar la prescripción trienal, teniendo como fecha de
exigibilidad del derecho la de vinculación […], prescripción que se interrumpe con la solicitud presentada
ante la administración», por lo que, solicita, «[…] se declare probada la excepción de prescripción de
la totalidad de derechos laborales reclamados».
5. Trámite de segunda instancia
5 6
18. Mediante autos de Treinta y uno (31) de Agosto y Diecinueve (19) de Noviembre de
Dos Mil Veintiuno (2021), el respectivo conjuez ponente de la Sección Segunda, admitió
el recurso de apelación y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión,
respectivamente.
4
Folios 201-203.
5
Samai, índice 14.
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Samai, índice 20.
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Demandante: Bertha Italia Marina Reyes de Samudio
Demandado: Nación – Rama Judicial
19. Posteriormente, el despacho sustanciador avocó el conocimiento del proceso,
mediante auto de Dos (2) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)7.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
20. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2.2. Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala establecer si la demandante tiene derecho a la reliquidación de
sus aportes al sistema de pensiones con ocasión de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, o si, por el contrario, sobre dicho derecho
operó el fenómeno de la prescripción.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios
22. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios, como un
incremento salarial del 30 %, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial, solo para el pago de aportes pensionales.
23. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el 2 de septiembre de 2019.
24. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
7
Samai, índice 35.
6
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Demandante: Bertha Italia Marina Reyes de Samudio
Demandado: Nación – Rama Judicial
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
25. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
26. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre
otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
27. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario
básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido
a título de prima especial.
28. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional.
29. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
2.3.1. La imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social
30. Respecto de la imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social, esta Subsección
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Demandante: Bertha Italia Marina Reyes de Samudio
Demandado: Nación – Rama Judicial
ha precisado que8:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral
se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho
reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de
la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a
través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.»
9
31. En la sentencia del 2 de septiembre de 2009 , el Consejo de Estado determinó que en
materia de la prima especial de servicio, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de
interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto 3135
de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.
32. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social previsto en el artículo 48 superior10 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con la
sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.
33. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo o
la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.
34. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente
desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigencia de la Ley
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del 2026,
Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez).
10
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
8
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Demandante: Bertha Italia Marina Reyes de Samudio
Demandado: Nación – Rama Judicial
4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló
los decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales,
por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la
seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del
tiempo no convalida su incumplimiento.
35. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a decidir
el presente caso.
2.4. Pruebas recaudadas
36. En el expediente fueron decretadas y practicadas, las siguientes pruebas:
36.1. Petición de 9 de septiembre de 201411, a través del cual, la accionante solicitó el pago
de la prima especial de servicios, y la reliquidación de sus demás factores salariales,
prestacionales y aportes al sistema pensional.
36.2. Oficio DESJ14-2314 de 16 de septiembre de 2014, expedido por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá, que negó el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios12.
36.3 Recursos de reposición y, en subsidio apelación, contra el oficio mencionado 13.
36.4 Resolución 2647 de 6 de octubre de 201414, expedido por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá, que negó el recurso de
reposición.
36.5. Certificación de valores sufragados a la demandante entre 1989 y 2003, expedida el
13 de noviembre de 201415.
11
Folios 32-38.
12
Folio 39.
13
Folios 40-43.
14
Folios 44-45.
15
Folios 2031.
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Demandado: Nación – Rama Judicial
36.6. Certificación de tiempo de servicios de la demandante16.
2.5. Caso concreto
37. En el presente asunto, de acuerdo con las certificaciones de tiempos de servicio
recaudadas, resulta probado que la señora María Aydee Madrid Ríos, prestó sus servicios
a la Rama Judicial, y que, a partir del 1° de enero de 1993 sus emolumentos fueron
pagados bajo el régimen de acogidos, en los cargos y lapsos siguientes:
Empleo Despacho Desde Hasta
Magistrada Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo 16/01/1989 31/08/2003
• Origen: elaboración propia
38. Asimismo, de las constancias de pagos efectuados durante los períodos de vinculación
mencionados, se tiene que, a partir del 1° de enero de 1993 dejó de percibir las primas
ascensional y de antigüedad previstas con antelación al Decreto 57 de 1993 y le fueron
sufragadas, la asignación básica y prima especial de servicios, conforme a esta última
norma.
39. Igualmente, tal como lo concluyó el Tribunal de primera instancia, es claro que la Rama
Judicial pagó la prima especial de servicios como parte integrante de la asignación
básica, razón por la cual, prima facie, a la actora le asiste derecho a devengar el 100%
de la asignación básica, y el adicional, del 30% de la prima especial de servicios sin
carácter salarial, con fundamento en la Ley 4 de 1992.
40. No obstante, conforme al análisis normativo realizado en precedencia, es claro que el
fenómeno de la prescripción cobró sus efectos en el presente caso, aunque de manera
parcial.
41. En efecto, como fue explicado antes, en relación con la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se
cuenta retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada
en vigencia de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la
sentencia que anuló los decretos salariales. Sin embargo, la prescripción no aplica a los
16
Folio 19.
10
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Demandado: Nación – Rama Judicial
aportes pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho
fundamental a la seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo
que el paso del tiempo no convalida su incumplimiento.
42. Descendiendo al sub examine, se tiene que la accionante prestó sus servicios a la Rama
Judicial hasta el 31 de agosto de 2003, y radicó la correspondiente reclamación
administrativa, solo hasta el 9 de septiembre de 2014, razón por la cual, es evidente que
pasaron más de 3 años, configurándose así, la prescripción extintiva de los derechos a
recibir la prima especial de servicios y la reliquidación de sus factores salariales y
prestacionales teniendo en cuenta el 30% deducido de la asignación básica.
43. No sucede lo mismo con los aportes a pensiones, que, contrario a lo aducido por la
entidad apelante, no se ven afectados por el fenómeno de la prescripción, razón por la
cual, a la accionante le asiste derecho a la práctica de dichos aportes, durante todos los
períodos laborados.
44. Sobre el particular, la Sala advierte que la posición del A quo, en cuanto ordenó los
aportes solo hasta el 31 de diciembre de 1998, no resulta de recibo para esta
Corporación, habida cuenta de la naturaleza imprescriptible e irrenunciable de los
derechos pensionales, y que, la prima especial de servicios es un emolumento
concurrente y diferente a la bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de
1998, razón por la cual, es necesario disponer que dichos aportes se realicen hasta la
finalización de la relación laboral, sin perjuicio de los límites señalados por el Gobierno
Nacional para los ingresos de los magistrados de tribunales.
45. En ese sentido, en sentencia de 24 de julio de 202517, esta Subsección sostuvo que
“[...] la pensión constituye un derecho fundamental de carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo
establece el artículo 48 de la Constitución Política”, tesis desarrollada de manera pacífica y
reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. Luego
entonces, de acuerdo con el contenido y alcance de los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política, no resulta adecuado computar término alguno de prescripción sobre
los aportes al Sistema General de Pensiones, habida cuenta del «[...] carácter irrenunciable e
imprescriptible»18 del derecho allí concernido.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 24 de julio de 2025; Consejero Ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera; Radicado interno: 5561-2024.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 29 de enero de 2026; expediente 05001-23-33-000-2016-01025-
02 (5320-2024); consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.
11
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Demandante: Bertha Italia Marina Reyes de Samudio
Demandado: Nación – Rama Judicial
46. En tal virtud, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, y
modificará la orden de pago de aportes, que deberá extenderse hasta el 31 de agosto de
2003.
2.5 .3. Condena en costas.
47. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, la
Sala se abstendrá de condenar en costas, en esta instancia.
48. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia de Veintinueve (29) de Noviembre
de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces de Tribunal
Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO» de la parte resolutiva de la sentencia de
Veintinueve (29) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de
Conjueces de Tribunal Administrativo de Boyacá, que quedará así:
CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DESAJ, a reconocer y pagar los aportes al
Sistema General de Pensiones correspondientes a la señora Bertha Italia Marina Reyes de
Samudio, identificada con cédula de ciudadanía 20.238.571, así: (a) del 1° de enero de 1993
hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, teniendo como base el 100% de
remuneración básica mensual; (b) y desde la entrada en vigor de la referida norma hasta el
31 de agosto de 2003, con base en el 30% correspondiente a la prima especial de servicios.
La base de reajuste de los aportes, en todo caso, sumada a los demás emolumentos recibidos
por la demandante por todo concepto, no podrá exceder los topes fijados por el Gobierno
Nacional para la remuneración de los empleos de magistrados de tribunales.
TERCERO. Sin condena en costas, en esta instancia.
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Demandante: Bertha Italia Marina Reyes de Samudio
Demandado: Nación – Rama Judicial
CUARTO. Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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