RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2016-01439-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-01439-02

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-01439-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «CUARTO», de la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las 20 Número Interno: 1414-2021 Demandante: María Inés Blanco Turizo Demandados: Nación – Rama Judicial pretensiones de la demanda, el cual quedará así CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar las prestaciones sociales de la señora MARÍA INÉS BLANCO TURIZO, liquidadas sobre el 100% del salario sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, desde el primero (1°) de febrero del dos mil (2000). Reconocer y pagar los aportes al Sistema General de Pensiones sobre la reliquidación de las prestaciones sociales, en favor de la señora MARÍA INÉS BLANCO TURIZO, desde el primero (1°) de febrero del dos mil (2000) y hasta la fecha en que la demandante ocupe un cargo que dé lugar a dicho emolumento, en atención al carácter especial de los citados aportes, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica. Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar que no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos; sin que, en ningún caso, puedan superarse los topes salariales fijados por el Gobierno Nacional. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2016-01439-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 54001-23-33-000-2016-01439-02 (1414-2021)1
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones.

1
Expediente electrónico.
2
Índice 0002, documento: 4ED_ACTUACIONES_001DEMANDA1(.PDF) NroActua 2.

2

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

1. La señora María Inés Blanco Turizo, por intermedio de apoderada judicial,

acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en
lo sucesivo), y solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resoluciones Nos. 2089 del nueve (9) de octubre, 2303 del tres (3) de
diciembre, ambas del dos mil catorce (2014) y 0238 del veintinueve (29)
de enero de dos mil dieciséis (2016), mediante las cuales, la entidad
demandada negó el pago de la prima especial y la reliquidación de los
emolumentos salariales y prestacionales devengados.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) «reconocer y pagar la prima
especial de servicios mensual sin carácter salarial, (...) tal como se establece en la Ley 4ª de
1992», desde el primero (1°) de febrero del dos mil (2000); ii) que las sumas

debidas y reconocidas, sean reajustadas teniendo en cuenta el índice de
precios al consumidor; y iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos
del artículo 192 y siguientes del CPACA.

1.2 Hechos

3. La señora María Inés Blanco Turizo, señaló que, se desempeña al servicio

de la Rama Judicial, como Magistrada de Tribunal, en el Consejo Seccional de
la Judicatura – Sala Administrativa, desde el primero (1°) de febrero de dos mil
(2000), hasta la fecha de presentación de la demanda3.

4. Expuso que, durante el período comprendido entre en los años 2000 y 2011,

3
12 de diciembre de 2016.

3

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

la entidad demandada liquidó sus prestaciones sociales y demás emolumentos
laborales, sobre el setenta por ciento (70%) de su remuneración básica, al
considerar que, el treinta por ciento (30%) restante correspondía a la prima
especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Sostuvo
que, con ello, la demandada redujo indebidamente en un treinta por ciento
(30%) la remuneración que debía servir de base para la liquidación de sus
prestaciones sociales.

5. Indicó que, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014), presentó

una solicitud ante la entidad demandada, para obtener el pago de la prima
especial, equivalente al treinta por ciento (30%) prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, así como, la reliquidación de sus prestaciones sociales. Señaló
que, la entidad negó la petición mediante la Resolución No. 2089 del nueve (9)
de octubre de dos mil catorce (2014), decisión contra la cual, interpuso recurso
de apelación, el primero (1) de diciembre del mismo año.

6. Expuso que, la apelación fue decidida mediante la Resolución No. 0238 del

veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016), la cual, confirmó la
negativa de la entidad.

1.3 Concepto de violación.

7. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

7.1. Constitucionales: artículos 2º, 25, 53 y 123 de la Constitución

Política.

7.2. Legales y reglamentarias: artículo 14 de la Ley 4ª de 1992;

artículo 99 del Decreto 51 de 1993; artículo 99 del Decreto 104 de

4

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

1994; artículo 7º del Decreto 43 de 1995; artículo 99 del Decreto 34
de 1996; artículo 99 del Decreto 47 de 1997; artículo 6º del Decreto
64 de 1998; artículo 99 del Decreto 43 de 1999; artículo 99 del
Decreto 2739 de 2000; artículo 99 del Decreto 1474 de 2001;
artículo 6º del Decreto 673 de 2002; artículo 99 del Decreto 3568 de
2003; artículo 99 del Decreto 4171 de 2004; artículo 99 del Decreto
935 de 2005; artículo 6º del Decreto 389 de 2006; artículo 6º del
Decreto 618 de 2007; artículo 6º del Decreto 658 de 2008; artículo
8º del Decreto 723 de 2009; artículo 4º del Decreto 1405 de 2010;
y artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.

8. Señaló que, el Gobierno Nacional interpretó y reglamentó indebidamente el

artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al disponer que, la prima especial de servicios
equivalente al treinta por ciento (30 %) de la remuneración básica, podía ser
tomada de esta y no reconocida como un incremento adicional. Sostuvo que,
con ello, se redujo la remuneración básica de los servidores judiciales al
setenta por ciento (70 %), desconociendo la naturaleza de la prima especial
como un beneficio o sobresueldo adicional.

9. Afirmó que, dicha interpretación vulneró los principios constitucionales de

protección al trabajo, favorabilidad y la remuneración mínima, pues, el treinta
por ciento (30%) de la remuneración básica, fue excluido de la base para
liquidar las prestaciones sociales. En consecuencia, señaló que, estas
debieron calcularse sobre el cien por ciento (100 %) de la remuneración básica
y que, la prima especial de servicios debía reconocerse como un valor
adicional, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado que la
entendió como un incremento de la remuneración.

5

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

2. Contestación de la demanda4.

10. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, al

sostener que, la prima especial de servicios equivalente al treinta por ciento
(30%) del salario básico, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y
reglamentada mediante los decretos salariales expedidos anualmente por el
Gobierno nacional, carecía de carácter salarial y, por tanto, no constituía factor
para la liquidación de las primas de servicios, navidad, vacaciones, cesantías
y bonificación por servicios prestados. Agregó que, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-279 de 1996, declaró exequible la expresión «sin
carácter salarial» contenida en dicha disposición, por lo que, la Dirección
Ejecutiva Seccional había aplicado correctamente el régimen salarial vigente.

11. Afirmó que, en su condición de órgano administrativo, carecía de
competencia para interpretar o inaplicar las normas que regulaban el régimen
salarial de los servidores de la Rama Judicial, por lo que, estaba obligada a
dar estricto cumplimiento a la Ley 4ª de 1992, y a los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional. Precisó que, las sentencias que
declararon la nulidad de algunos de dichos decretos, producían efectos hacia
el futuro, a partir de su ejecutoria, en ese sentido, no procedía reliquidar las
prestaciones causadas con anterioridad, incluyendo el treinta por ciento (30%)
de la prima especial de servicios como factor salarial; en consecuencia,
sostuvo que, los actos administrativos demandados fueron expedidos
conforme al ordenamiento jurídico y gozaban de presunción de legalidad.

12. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: «inexistencia de causa
para demandar»; «inexistencia de nexo causal»; «inepta demanda e inexistencia de las
causales de nulidad»; «inexistencia de error judicial arbitrario o flagrante»; «inexistencia de

4
Índice 0002, documento: 11ED_ACTUACIONES_008CONTESTACIONDEMANDA1(.PDF) NroActua 2.

6

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

dolo o culpa grave»; e «innominada».

3. La sentencia de primera instancia5.

13. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

mediante sentencia proferida el trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020),
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de la siguiente
manera:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de INEXISTENCIA DE NEXO
CAUSAL y adicionalmente manifestar que no se encontraron hechos que
permitieran declarar EXCEPCIONES INNOMINADAS, conforme a lo dicho en la
parte motiva.

SEGUNDO: INAPLICAR parcialmente los artículos 9 del Decreto 657 de 2008, 6
del Decreto 658 de 2008, 4 del Decreto 722 de 2009, 8 del Decreto 723 de 2009,
8 del Decreto 1388 de 2010, 8 del Decreto 1039 de 2011, 8 del Decreto 874 de
2012, 8 del Decreto 1024 de 2013, articulo 8 del Decreto 194 del 2014, articulo 4
del Decreto 1105 del 2015, articulo 4 del Decreto 234 del 2016, articulo 4 del
Decreto 1003 del 2017, articulo 4 del Decreto 338 del 2018, articulo 4 del Decreto
997 del 2019.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones No 2089 de octubre de
2014; No 2303 de diciembre 03 de 2014 y No 0238 de 29 enero de 2016
expedidas por la Directora Seccional de Administración Judicial de Cúcuta,
mediante las cuales se niega el reconocimiento de la prima especial de servicios
como factor salarial para la reliquidación de las prestaciones sociales o
económicas teniendo esta partida como ingreso base de liquidación.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a reliquidar las prestaciones
sociales de MARIA INÉS BLANCO TURIZO identificada con la C.C. No.
37.817.323 expedida en Cúcuta, incluyendo en el ingreso base de liquidacion
IBL, el 30% de la totalidad del ingreso o remuneración mensual, correspondiente
al valor de la prima especial de servicios como factor salarial o parte del salario,
desde el día Primero (1°) de febrero de 2000.

QUINTO: Los valores a pagar serán ajustados de conformidad con el articulo 187
del CPACA, tomando como base la variación porcentual de los índices de precios
al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia y estos
devengaran los intereses previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA.

SEXTO: NO CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada.

5
Índice 0002, documento: 18ED_ACTUACIONES_016SENTENCIA(.PDF) NroActua 2.

7

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

(…) (sic)

14. Como sustento de su decisión, luego de valorar las pruebas allegadas al

proceso, encontró acreditado que, la señora María Inés Blanco Turizo, presta
sus servicios a la Rama Judicial, desde el primero (1°) de febrero de dos mil
(2000), y que, en la actualidad, desempeña el cargo de Magistrada del Tribunal
en el Consejo Seccional de la Judicatura – Sala Administrativa. Asimismo,
estableció que, a la demandante le fue aplicado el régimen salarial y
prestacional previsto en la Ley 4ª de 1992.

15. En ese sentido, consideró que, «el porcentaje del 30% que corresponde a la prima
especial de servicios adquirió un carácter salarial, a partir de la sentencia del Consejo de
Estado del 29 de abril de 2014, dentro del expediente radicado 11001-03-25-000-2007-00087-
00, y en esa medida a los que no les fue tenida en cuenta a efectos de liquidar sus prestaciones
sociales les asiste el derecho a que se les reliquide con inclusión del porcentaje de la
mencionada prima».

16. En consecuencia, dispuso la inaplicación parcial de los decretos expedidos

por el Gobierno Nacional hasta ese momento, y declaró la nulidad de los actos
administrativos acusados. Como restablecimiento del derecho, ordenó incluir
en la base de liquidación de las prestaciones sociales de la accionante, desde
el primero (1º) de febrero del dos mil (2000) y hasta la fecha, el treinta por
ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios, al considerar
que, dicho porcentaje hacía parte del salario y, por tanto, debía ser tenido en
cuenta para efectos de su liquidación.

4. El recurso de apelación6

6
Índice 0002, documento: 19ED_ACTUACIONES_017RECURSOAPELACION(.PDF) NroActua 2.

8

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

17. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que,

el Tribunal reconoció indebidamente carácter salarial a la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y, en consecuencia,
ordenó su inclusión en la liquidación de las prestaciones sociales.

18. Para sustentar su inconformidad, señaló que, dicha prima fue establecida

sin carácter salarial, por lo que no podía constituir factor para la liquidación de
las prestaciones sociales. En ese sentido, precisó que, su actuación se limitó
a aplicar la normativa vigente, que establecía el carácter no salarial de la
referida prima.

5. Trámite de segunda instancia

19. Con auto del cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)7, el

respectivo conjuez ponente, admitió el recurso de apelación contra la
sentencia del trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), proferida por la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Posteriormente, a través de auto del seis (6) de junio de dos mil veinticuatro
(2024)8, prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió a
traslado a las partes para alegar de conclusión, de conformidad con el artículo
247 del CPACA.

20. La parte demandante allegó los alegatos de conclusión en segunda
instancia9, donde solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

21. A través de auto del siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)10, el

7
Índice 00028 Samai.
8
Índice 00033 Samai.
9
Índice 00037 Samai.
10
Índice 00042 Samai

9

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

respectivo conjuez ponente, remitió el proceso al presente despacho, habida
cuenta del cambio en la integración de la Sala, conforme al artículo 116 del
CPACA.

22. Con auto del veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025)11, el

expediente fue remitido al Magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, quien,
mediante providencia del treinta y uno (31) de octubre del mismo año12, lo
devolvió al considerar que, el reparto original correspondía al entonces
magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.

23. Por lo anterior, a través de auto del veintidós (22) de julio de dos mil

veintiséis (2026)13, el Magistrado Ponente avocó conocimiento de la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

24. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda

instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP)14, el juez de segunda instancia debe pronunciarse

11
Índice 00048 Samai.
12
Índice 00055 Samai.
13
Índice 00061 Samai.
14
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”

10

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

25. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

25.1 ¿La sentencia de primera instancia le otorgó carácter salarial a la prima

especial de servicios, para efectos de la liquidación de las prestaciones
sociales de la demandante?

2.3 Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios.

26. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios

como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial. Más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.

27. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de

fondo en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de
servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fijó la Sala de
Conjueces, de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019).

28. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la

naturaleza y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, esta
Corporación explicó que, la mencionada prima, corresponde a un valor
adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún

11

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos
del trabajador. En dicha sentencia, se determinaron los siguientes parámetros
de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría,
entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de
su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

29. Así mismo, la mencionada sentencia, precisó que, dicha prima solo tiene

carácter salarial, para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional,
pero no constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones
sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996; de igual
manera, la Sala de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción

12

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes
términos15:

«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3)
años atrás, nunca más atrás».

30. En igual sentido, precisó que16:

«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de
origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en
el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por
uno igual a partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada
disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.»

31. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009)17, el

Consejo de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicio,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe
computarse de manera retroactiva desde la fecha de interposición de la
reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968,
es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.

32. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los

aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el
derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior18
como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario,

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de
marzo de 2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19
de febrero del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya
De Castellanos (Conjuez).
18
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos
que establezca la Ley.

13

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del
sistema de seguridad social en pensiones.

33. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del

tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de
la seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.

34. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3)

años desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968
y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual
lapso, con la reclamación administrativa. En relación con la prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado precisó
que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación,
tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del
Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los
decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes
pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al
derecho fundamental a la seguridad social y a los principios de
irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no convalida su
incumplimiento19.

35. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se

procede a decidir el presente caso.

2.4 Hechos probados

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
marzo de 2026, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

14

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

36. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las

siguientes:

36.1. Solicitud radicada el veintisiete (27) de agosto de dos mil

catorce (2014), en la que, la señora María Inés Blanco Turizo pidió
a la entidad demandada, el pago de la prima especial de servicios
y la reliquidación de los emolumentos salariales y prestacionales
devengados20.

36.2. Resolución No. 2089 del nueve (09) de octubre de dos mil

catorce (2014)21, en virtud de la cual, se negó la petición
relacionada anteriormente.

36.3. Recurso de apelación, del primero (1°) de diciembre de dos mil

catorce (2014)22, contra la anterior decisión.

36.4. Resolución No. 2303 del tres (3) de diciembre de dos mil

catorce (2014)23, por medio de la cual, se concedió el recurso de
apelación.

36.5. Resolución No. 0238 del veintinueve (29) de enero de dos mil

dieciséis (2016)24, la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó
la negativa de la entidad.

36.6. Certificación de tiempo de servicios y de valores devengados

20
Índice 0002, documento: 4ED_ACTUACIONES_001DEMANDA1(.PDF) NroActua 2, páginas 14 a 22.
21
Índice 0002, documento: 4ED_ACTUACIONES_001DEMANDA1(.PDF) NroActua 2, páginas 23 a 27.
22
Índice 0002, documento: 4ED_ACTUACIONES_001DEMANDA1(.PDF) NroActua 2, páginas 29 a 32.
23
Índice 0002, documento: 4ED_ACTUACIONES_001DEMANDA1(.PDF) NroActua 2, páginas 33 a 34.
24
Índice 0002, documento: 4ED_ACTUACIONES_001DEMANDA1(.PDF) NroActua 2, páginas 33 a 34.

15

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

por la demandante, del seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016),25 emitida por el coordinador del área de Talento Humano de
la Dirección Seccional de Administración Judicial, con los siguientes
tiempos:

36.7. Certificación de factores salariales devengados mensualmente

por la demandante, del seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016),26 por parte del coordinador del área de Talento Humano de
la Dirección Seccional de Administración Judicial.

36.8. El veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis (2016), la
demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual,
fue declarada fallida el veinte (20) de octubre del mismo año, por
parte de la Procuraduría 24 Judicial II para asuntos administrativos,
quien expidió la constancia de agotamiento del requisito de
procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo27.

2.5 Caso concreto

25
Índice 0002, documento: 4ED_ACTUACIONES_001DEMANDA1(.PDF) NroActua 2, páginas 65 a 68.
26
Índice 0002, documento: 4ED_ACTUACIONES_001DEMANDA1(.PDF) NroActua 2, páginas 64.
27
Índice 0002, documento: 4ED_ACTUACIONES_001DEMANDA1(.PDF) NroActua 2, páginas 106 a 107.

16

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

37. En primer término, la Sala analizará el cargo de apelación relacionado con

el carácter salarial de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 y su incidencia en la liquidación de las prestaciones
sociales. Al respecto, la entidad demandada sostiene que, dicha prima fue
establecida sin carácter salarial y, por tanto, no puede constituir factor para la
liquidación de las prestaciones sociales. Asimismo, sostuvo que, se limitó a
reconocer y pagar lo legalmente establecido en las normas.

38. En este punto, la Sala precisa que, la prima especial de servicios prevista

en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es un emolumento «[…] no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial» . Posteriormente, el artículo 1°

de la Ley 332 de 1996 estableció, expresamente, que la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se aplicará, entre
otros, a «[…] Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura», y dejó claro
que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, y, que, además,
tiene carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de
liquidación de la pensión de jubilación.

39. En ese sentido, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el dos (2) de

septiembre de dos mil diecinueve (2019), por la Sala de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, precisó que, «la prima especial sólo constituye
factor salarial para efectos de la pensión de jubilación». Asimismo, esta Sala señaló
que, «[…] sobre el asunto existe cosa juzgada constitucional, es decir, «inmutable, vinculante
y definitiva», a partir de la sentencia en la que se declaró la exequibilidad de la expresión «sin
carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992».28

40. De este modo, el planteamiento expuesto por la parte demandada tiene

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 3 de septiembre de 2025; expediente 25000-
23-42-000-2014-02979-02 (1264-2022), consejera ponente, Elizabeth Becerra Cornejo.

17

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

vocación de prosperidad, toda vez que, tanto la norma que la creó, esto es, el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como la Ley 332 de 1996, como los decretos
que anualmente ha expedido el Gobierno nacional y que han fijado el régimen
salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial; así como, la
jurisprudencia de esta Corporación, han sido enfáticas en precisar el carácter
no salarial de la prima especial de servicios, aunado que, la expresión «sin
carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fue declarada
exequible por la Corte Constitucional29, lo cual, conlleva a que no pueda servir
de base en la liquidación de prestaciones sociales y solo tenga este carácter
para efectos pensionales30. No obstante, tales prestaciones sociales deben ser
liquidadas teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni
restarle el 30% de la prima especial de servicios31.

41. En el caso concreto, el Tribunal ordenó la reliquidación de las prestaciones

sociales con inclusión de la prima especial de servicios como factor salarial,
aspecto que, no está ajustado a los pronunciamientos que sobre la materia ha
proferido esta Corporación. Así las cosas, la Sala procederá a modificar el
ordinal cuarto de aquella aclarando que, la demandante tiene derecho a la
reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de dicha
asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la referida prima especial
de servicios, dado que aquella no es factor salarial.

42. Ahora bien, en virtud del fraccionamiento de la remuneración mensual,

podría considerarse que habría lugar al reconocimiento de la prima especial
de servicios, en tanto esta fue reconocida como parte de la asignación básica

29
C-279/1996, conjuez ponente Hugo Palacios Mejia.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de marzo de 2026; expediente 05001-23-33-
000-2015-01662-02 (3739-2023), consejero ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 31 de julio de 2025; expediente 25000-23-42-000-2014-02189-02
(1565-2020, consejero ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de agosto de 2026; expediente 15001-23-33-
000-2016-00011-02 (1885-2019), consejero ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera.

18

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

mensual. No obstante, acceder a dicho reconocimiento implicaría agravar la
situación del apelante único, toda vez que, el Tribunal de primera instancia no
reconoció esta prestación. En consecuencia, la Sala se abstendrá de efectuar
dicho reconocimiento.

43. En este contexto, considera la Sala que, el A-quo omitió pronunciarse sobre

los aportes pensionales, los cuales se erigen como un derecho irrenunciable e
imprescriptible32. En consecuencia, la entidad deberá realizar los aportes al
sistema de seguridad social en pensión sobre la reliquidación de las
prestaciones sociales.

44. En ese sentido, se modificará el ordinal cuarto, para ordenar el reajuste de

los citados aportes pensionales, sobre la reliquidación de las prestaciones
sociales, teniendo en cuenta el cien por ciento (100%) de la asignación básica,
desde el primero (1°) de febrero del dos mil (2000) y hasta la fecha en que la
demandante ocupe un cargo que dé lugar a dicho reconocimiento, en atención
al carácter especial de los citados aportes.

45. Sumado a lo anterior, se precisará que, para el cumplimiento de esta

sentencia, la entidad deberá verificar que no haya realizado otro pago a la
parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos, sin que, en
ningún caso, puedan superarse los topes salariales fijados por el Gobierno
Nacional.

32
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental
de carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis
ha sido desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.
En consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en
cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025.
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

19

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

2.6 Condena en costas

46. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, razón por la cual, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia.

2.7 Conclusiones

47. La Sala modificará el ordinal cuarto, para: (i) ordenar la reliquidación de
las prestaciones sociales, sin incluir la prima especial de servicios como factor
salarial; (ii) disponer expresamente el reajuste de los aportes al sistema
general de pensiones, sobre la reliquidación de las prestaciones sociales; y (iii)
puntualizar que, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado
a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos, sin que, en ningún
caso, puedan superarse los topes salariales fijados por el Gobierno Nacional.
En lo demás, la providencia apelada será confirmada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «CUARTO», de la sentencia del trece (13) de
febrero de dos mil veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las

20

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

pretensiones de la demanda, el cual quedará así

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar las prestaciones
sociales de la señora MARÍA INÉS BLANCO TURIZO, liquidadas sobre el 100%
del salario sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios,
desde el primero (1°) de febrero del dos mil (2000).

Reconocer y pagar los aportes al Sistema General de Pensiones sobre la
reliquidación de las prestaciones sociales, en favor de la señora MARÍA INÉS
BLANCO TURIZO, desde el primero (1°) de febrero del dos mil (2000) y hasta la
fecha en que la demandante ocupe un cargo que dé lugar a dicho emolumento,
en atención al carácter especial de los citados aportes, teniendo en cuenta el
100% de la asignación básica.

Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar que no haya
realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos; sin que, en ningún caso, puedan superarse los topes salariales
fijados por el Gobierno Nacional.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el trece (13) de
febrero de dos mil veinte (2020), por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

21

Número Interno: 1414-2021
Demandante: María Inés Blanco Turizo
Demandados: Nación – Rama Judicial

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.