Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01662-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01662-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01662-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado 05001-23-33-000-2015-01662-02 (3739-20231).
Demandante Luz María Zea Trujillo
Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de
1992).
Decisión Sentencia de segunda instancia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y
demandada, en contra de la sentencia del Primero (1°) de febrero de Dos Mil Veintitrés
(2023), proferida por la Sala de Conjueces, del Tribunal Administrativo de Antioquia, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda2.
1.1 Pretensiones.
1. La señora Luz María Zea Trujillo, por conducto de apoderado judicial, promovió medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución
No. DESAJMR 14-4891 del 1º de octubre de 2014 y de la Resolución No. DESAJMR 14-
5157 del 10 de noviembre de 2014, proferidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, así como, del acto ficto configurado por el silencio
administrativo negativo, frente al recurso de apelación interpuesto contra la primera
decisión, mediante las cuales, se negó el reconocimiento de la prima especial de servicios
reclamada.
1
Expediente híbrido.
2
Folio 01 a 19 del cuaderno principal.
2
Interno: 3739-2023
Demandante: Luz María Zea Trujillo
Demandada: Nación – Rama Judicial
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió se ordene a la entidad demandada: (i) el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, durante el tiempo en el cual, se desempeñó como juez y magistrada,
así como su pago hacia futuro, mientras subsistan las condiciones que le dan origen; (ii)
la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos, con base en el 100%
de la asignación salarial, sin descontar el 30% correspondiente a la prima; y (iii) el reajuste
de los aportes al Sistema de Seguridad Social, derivados de la correcta inclusión de dicho
factor salarial.
3. Finalmente, solicitó la actualización de las sumas reconocidas conforme a lo previsto
en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, el cumplimiento de la sentencia en los términos
del artículo 192 ibidem y la condena en costas a la entidad demandada.
1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
4. La demandante señaló que, se vinculó a la Rama Judicial, desde el veintitrés (23) de
julio de mil novecientos ochenta y seis (1986), desempeñando, entre otros, el cargo de
juez municipal, y que, su último empleo correspondió, al de juez primero civil municipal
de Envigado (Antioquia).
5. Manifestó que, presentó solicitud ante la administración, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la prima especial con incidencia salarial, así como la
reliquidación de las prestaciones sociales.
6. Expuso que, dicha solicitud fue resuelta mediante la Resolución No. DESAJMR 14-
4891 del Primero (1º) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, decisión que, fue confirmada
a través de la Resolución No. DESAJMR 14-5157 del Diez (10) de noviembre de Dos Mil
Catorce (2014), expedida por la misma autoridad.
7. Finalmente, señaló que, frente al recurso de apelación interpuesto contra la primera
decisión, la administración no emitió pronunciamiento, lo que dio lugar a la configuración
del acto ficto por silencio administrativo negativo.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
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Interno: 3739-2023
Demandante: Luz María Zea Trujillo
Demandada: Nación – Rama Judicial
8. La parte demandante, invocó como normas vulneradas el Preámbulo y los artículos 1,
2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 93, 125, 150 numeral 19 literal e) y 209 de la Constitución
Política; el Convenio 95 de la OIT aprobado mediante la Ley 54 de 1962; así como
disposiciones legales, entre ellas la Ley 4ª de 1992 —en especial sus artículos 2 y 14—,
la Ley 270 de 1996 (artículo 152 numeral 7°) y los decretos 1042 y 717 de 1978, entre
otros.
9. Como concepto de violación, sostuvo que, los actos administrativos acusados,
desconocen el régimen constitucional y legal aplicable al salario de los servidores
públicos, al negar el carácter salarial de la prima especial, prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, pese a que corresponde a una retribución habitual y periódica del servicio.
10. Señaló que, la actuación de la administración, implicó una disminución indebida de la
remuneración, en tanto, la prima especial de servicios fue tratada como un componente
sustitutivo del salario y no como un factor adicional, lo que, incidió en la reducción de la
base de liquidación de las prestaciones sociales.
11. Indicó que, tal interpretación vulnera los principios constitucionales de igualdad,
favorabilidad, primacía de la realidad sobre las formalidades, progresividad y respeto por
los derechos adquiridos, así como, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
Afirmó que los actos demandados, desconocen el bloque de constitucionalidad, en
particular el Convenio 95 de la OIT, al excluir del concepto de salario sumas que
constituyen retribución directa del servicio.
12. Sostuvo que, la actuación administrativa, incurre en infracción de las normas en que
debía fundarse, falsa motivación y desviación de poder, al aplicar una interpretación
contraria a la Ley 4ª de 1992 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la
naturaleza de la prima especial.
13. Finalmente, indicó que, la administración desconoció el precedente judicial, en
especial la sentencia del Consejo de Estado del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil
Catorce (2014), al persistir en una interpretación contraria al ordenamiento jurídico, razón
por la cual, solicitó la nulidad de los actos acusados y el restablecimiento de sus derechos
salariales y prestacionales.
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Interno: 3739-2023
Demandante: Luz María Zea Trujillo
Demandada: Nación – Rama Judicial
2. Contestación de la demanda3.
14. La entidad demandada, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó su rechazo, al considerar que, los actos
administrativos acusados se expidieron con sujeción al ordenamiento jurídico aplicable;
indicó que, no existe fundamento para declarar su nulidad ni para acceder al
reconocimiento de las sumas reclamadas; sostuvo que, la prima especial prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, carece de carácter salarial, conforme a su consagración
normativa y a la interpretación efectuada por la Corte Constitucional, razón por la cual,
no resulta procedente su inclusión en la base de liquidación de las prestaciones sociales.
15. Expuso que, el régimen salarial de los funcionarios de la Rama Judicial, fue fijado en
desarrollo de las competencias, otorgadas al Gobierno Nacional por la Ley 4ª de 1992, y
que los decretos anuales expedidos en su cumplimiento definieron expresamente la
naturaleza no salarial de la prima especial, sin que ello implique vulneración de derechos
adquiridos.
16. Agregó que, la jurisprudencia constitucional ha avalado la exclusión de la prima
especial como factor salarial, al tratarse de un componente autónomo del régimen de
remuneración, cuya finalidad no corresponde a la de integrar el salario para todos los
efectos legales; señaló que, no resulta procedente el reconocimiento de diferencias
salariales ni la reliquidación de prestaciones, en tanto la administración ha aplicado
correctamente las normas vigentes, y cualquier interpretación en sentido contrario
desconoce la legalidad de los actos expedidos en desarrollo del régimen salarial.
17. Asimismo, propuso como excepciones la inexistencia del derecho reclamado, la
legalidad de los actos administrativos acusados y la prescripción de las acreencias
laborales, en atención al término trienal previsto en la normativa aplicable.
3. Sentencia de primera instancia4.
18. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia
del Primero (1°) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y dispuso:
3
Folio 101 a 107 del cuaderno principal.
4
Samai – Gestión en otros despachos – índice No. 00047.
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Interno: 3739-2023
Demandante: Luz María Zea Trujillo
Demandada: Nación – Rama Judicial
«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad el contenido del artículo 6º del Decreto
57/93, el 6º del Decreto 106/94, el 7º del Decreto 43/95, el 6º del Decreto 36/96, el 6º del
Decreto 76/97, el 6º del Decreto 64/98, el 6º del Decreto 44/99, el 7º del Decreto 2740/00,
el 7º del Decreto 1475/01 y el 6º del Decreto 673/02 y bajo los mismos argumentos
expresados en la ratio decidendi de la sentencia, inaplicar las disposiciones que sobre el
mismo asunto se hayan expedido con posterioridad.
SEGUNDO. ANULAR la Resolución No. DESAJMR 14-4891 del miércoles 01 de Octubre
de 2014 expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de
Medellín, igualmente la Resolución DESAJMR 14-5157 del lunes 10 de noviembre de 2014
expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Medellín, así
mismo anular el acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo en el que
incurrió el Director Ejecutivo de Administración Judicial de la Rama Judicial del Poder
Público ante la falta de respuesta al recurso de apelación.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la NACIÓN-CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, al reconocimiento y pago del saldo restante del salario y prestaciones sociales
a favor de la señora LUZ MARIA ZEA TRUJILLO C.C. 42.967.023, en un 30% el porcentaje
restante de las prestaciones sociales (prima de servicio, prima de vacaciones, prima de
navidad, auxilio de cesantías e intereses a la cesantías); sobre la prima especial que debe
entenderse como factor salarial, desde el [sic] desde el 25 de Noviembre de 2011, siempre
y cuando NO HAYAN SIDO PAGADAS y reajustar los aportes realizados a las entidades
de seguridad social causadas durante este mismo lapso.
CUARTO: ORDENAR a la NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar la señora LUZ
MARIA ZEA TRUJILLO C.C. 42.967.023, las sumas de dinero indicadas en el numeral
anterior debidamente indexadas.
QUINTO: DECLARAR la excepción de prescripción trienal presentada por la demandada
por los años 1993 hasta el 24 de septiembre de noviembre [sic] de 2011 inclusive.
SEXTO: DENEGAR las demás súplicas de la demanda.
SÉPTIMO: Conforme lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las cantidades líquidas reconocidas en
esta sentencia devengarán los intereses que trata la citada norma.
OCTAVO: No se condena en costas en esta instancia.
[…]».
19. El Tribunal consideró que, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, constituye un incremento de la remuneración, y no un factor de disminución salarial,
por lo cual, la interpretación conforme al ordenamiento jurídico, implica su adición al
salario básico y no su detracción; en ese sentido, concluyó que, los actos administrativos
demandados, desconocieron la correcta interpretación de la prima especial, fijada por la
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Interno: 3739-2023
Demandante: Luz María Zea Trujillo
Demandada: Nación – Rama Judicial
jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular la sentencia del Veintinueve (29) de
abril de Dos Mil Catorce (2014), razón por la cual, procedía su anulación y el
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales correspondientes.
20. De otra parte, el Tribunal precisó que, la prima especial tiene incidencia salarial para
efectos de la liquidación de prestaciones sociales, sin perjuicio de los límites fijados por
el Gobierno Nacional, y que las disposiciones reglamentarias que la consagraron sin
carácter salarial resultaban contrarias a la Ley 4ª de 1992, lo que justificaba su
inaplicación por inconstitucionalidad.
21. Finalmente, el A quo declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
trienal, al considerar que, el término debía contabilizarse desde la reclamación
administrativa presentada el Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014),
por lo que, reconoció las sumas causadas a partir del Veinticinco (25) de septiembre de
Dos Mil Once (2011), y negó las demás pretensiones, sin condena en costas.
4. Los recursos de apelación.
4.1. De la parte demandante5.
22. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación, contra la sentencia del Primero (1°) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), en
cuanto limitó los efectos del restablecimiento del derecho y omitió algunos conceptos en
la condena, al considerar que, dicha decisión no se ajusta plenamente a las reglas
aplicables en materia de derechos salariales y prestacionales.
23. Sostuvo que, el Tribunal erró al restringir el reconocimiento y reajuste de los aportes
al Sistema de Seguridad Social, al período comprendido desde el Veinticinco (25) de
noviembre de Dos Mil Once (2011), pese a que, a su juicio, tales aportes tienen carácter
imprescriptible, por lo que, debían reconocerse por todo el tiempo de prestación del
servicio, esto es, desde el Primero (1°) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993) y hasta el retiro definitivo o cumplimiento de la sentencia.
24. Indicó que, si bien la prescripción puede afectar el pago de diferencias salariales y
prestacionales, no ocurre lo mismo, respecto de los aportes pensionales, dada su
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Samai – Gestión en otros despachos – índice No. 00049.
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Interno: 3739-2023
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Demandada: Nación – Rama Judicial
naturaleza y la jurisprudencia de las altas cortes, que ha reconocido su carácter
imprescriptible.
25. De otra parte, afirmó que la sentencia de primera instancia incurrió en omisión al no
incluir de manera expresa la reliquidación de las vacaciones, pese a que, estas se ven
afectadas por la incorrecta determinación de la base salarial derivada de la prima
especial; en ese sentido, señaló que dicha omisión debe ser corregida, con el fin de evitar
inconsistencias en la ejecución de la sentencia y garantizar la integridad del
restablecimiento del derecho.
4.2. De la parte demandada6.
26. La entidad demandada, por conducto de apoderada judicial, interpuso recurso de
apelación, con el fin de obtener la revocatoria integral de la decisión, al considerar que la
decisión del Tribunal desconoció el marco normativo y jurisprudencial aplicable a la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
27. Sostuvo que, el A quo aplicó de manera indebida, la sentencia de unificación SUJ-
016-CE-S2-2019 del Consejo de Estado, al concluir la existencia de incidencia salarial de
la prima especial para efectos prestacionales, pese a su carácter no salarial, previsto en
la ley y reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996.
28. Indicó que, conforme al artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima especial no
constituye factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, salvo para efectos
pensionales, razón por la cual, no resulta procedente la reliquidación ordenada en
primera instancia.
29. Así mismo, señaló error en la aplicación de las reglas sobre prescripción, por falta de
observancia integral, del criterio fijado en la sentencia de unificación, según el cual, el
término prescriptivo debe contabilizarse desde la exigibilidad del derecho, esto es, a partir
de la entrada, en vigencia del Decreto 57 de 1993 y, en cada caso, desde la reclamación
administrativa.
30. Agregó que, los aportes al Sistema de Seguridad Social, se encuentran sometidos a
término de prescripción, el cual —según afirmó— corresponde al previsto en el Estatuto
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Samai – Gestión en otros despachos – índice No. 00050.
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Tributario, descartando su carácter imprescriptible. De otra parte, sostuvo que, la
sentencia desconoce las reglas presupuestales aplicables a la administración pública, en
tanto no resulta viable asumir obligaciones sin respaldo en apropiación presupuestal,
conforme al Estatuto Orgánico del Presupuesto.
31. Finalmente, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda, al considerar improcedente el reconocimiento de diferencias
salariales y prestacionales derivadas de la prima especial.
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.
32. Con auto del Siete (07) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024)7, el conjuez
sustanciador admitió el recurso de apelación y en virtud del numeral 5 del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió
de la etapa de alegaciones.
33. Mediante auto del Primero (01) de abril de Dos Mil Veinticinco (2025)8, el conjuez
ponente dispuso remitir el expediente al despacho del consejero Jorge Edison
Portocarrero Banguera, para que asumiera el conocimiento del proceso, en atención a la
modificación en la integración de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
34. Posteriormente, mediante auto del Nueve (09) de diciembre de Dos Mil Veinticinco
(2025)9, el consejero de ponente, avocó conocimiento del proceso en el estado en que
se encontraba, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y ordenó que, una vez
ejecutoriada la providencia, el expediente regresara al despacho para proferir la decisión
correspondiente.
6. Concepto del Ministerio Público.
35. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
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Índice 00024 expediente digital – Samai.
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Índice 00032 expediente digital – Samai.
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Índice 00037 expediente digital – Samai.
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Demandante: Luz María Zea Trujillo
Demandada: Nación – Rama Judicial
2.1. Competencia.
36. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, el Juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
37. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación interpuestos
por las partes, corresponde a la Sala determinar: (i) si la prima especial tiene incidencia
salarial para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, como lo concluyó el
Tribunal, o si, por el contrario, conserva carácter no salarial, salvo para efectos
pensionales, conforme lo sostiene la entidad demandada; y (ii) si la decisión recurrida
aplicó correctamente las reglas fijadas en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-
2019 del Consejo de Estado.
38. Así mismo, corresponde definir: (iv) si los aportes al Sistema de Seguridad Social
deben reconocerse sin limitación temporal, en atención a su naturaleza, o si se
encuentran sujetos a término de prescripción; (v) si el Tribunal incurrió en omisión al no
incluir de manera expresa la reliquidación de las vacaciones; y (vi) si las órdenes
impartidas en la sentencia de primera instancia desconocen las reglas presupuestales
aplicables a la administración pública, en particular la imposibilidad de asumir
obligaciones sin respaldo en apropiación presupuestal.
39. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial – Prima especial de servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; 2.4. Hechos probados; 2.5. Caso concreto; y 2.6.
Condena en costas.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.
40. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter
salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo
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Demandante: Luz María Zea Trujillo
Demandada: Nación – Rama Judicial
para el pago de aportes pensionales.
41. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (02) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).
42. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
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anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.
43. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se procede a
decidir el presente caso.
2.4. Hechos probados.
44. Procede la Sala, a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento, frente
al marco normativo que regula la materia. En ese sentido, de acuerdo con el material
probatorio allegado al expediente y con los hechos constatados en el proceso, se
destacan los siguientes documentos:
45. En el expediente obra solicitud presentada, el Veinticinco (25) de septiembre de Dos
Mil Catorce (2014)10, por la señora Luz María Zea Trujillo, dirigida a la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Antioquia, mediante la cual, solicitó el reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así
como la reliquidación de sus prestaciones sociales y el reajuste de los aportes al sistema
de seguridad social.
46. Obra certificación expedida por la Dirección Seccional de Administración Judicial –
Unidad de Recursos Humanos, el Quince (15) de julio de Dos Mil Catorce (2014)11, en la
cual, se consignan los cargos desempeñados por la demandante, los periodos laborados,
los salarios devengados, así como las primas y aportes efectuados al sistema de
seguridad social durante los años de vinculación; igualmente, se allegaron certificaciones
adicionales expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín,
en las que se detallan los factores salariales percibidos, incluyendo sueldo básico, primas
y demás emolumentos, así como los aportes efectuados al sistema de seguridad social,
correspondientes al periodo comprendido entre el año Mil Novecientos Ochenta y Seis
(1986) y el año Dos Mil Diez (2010).
47. Se encuentra en el expediente, constancia expedida el Catorce (14) de julio de Dos
Mil Catorce (2014)12, por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia,
10
Folio 15 a 19 del cuaderno principal.
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Folio 20 a 28 del cuaderno principal.
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Folio 29 del cuaderno principal.
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mediante la cual, se certifican los factores salariales devengados por la demandante
durante dicho año, así como los descuentos y aportes correspondientes.
48. Obra la Resolución No. DESAJMR 14-4891 del Primero (1°) de octubre de Dos Mil
Catorce (2014)13, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín, mediante la cual, se resolvió la petición presentada por la
demandante, en el sentido de negar el reconocimiento de la prima especial con incidencia
salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales solicitadas.
49. Igualmente, se allega escrito mediante el cual, la parte demandante interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. DESAJMR 14-4891 de
201414, insistiendo en el reconocimiento de la prima especial como factor salarial y en la
reliquidación de las prestaciones sociales.
50. Se encuentra la Resolución No. DESAJMR 14-5157 del Diez (10) de noviembre de
Dos Mil Catorce (2014)15, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, mediante la cual, se resolvió el recurso de reposición,
confirmando la decisión inicial y concediendo el recurso de apelación.
51. Finalmente, se allegaron múltiples resoluciones expedidas por la Dirección Seccional
de Administración Judicial, mediante las cuales, se reconocen y liquidan cesantías
anuales a favor de la demandante, correspondientes a distintos periodos comprendidos
entre los años Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) y Dos Mil Trece (2013), en las que
se detallan los factores salariales tenidos en cuenta para su liquidación; en dichas
decisiones se señala expresamente que la demandante se acogió al régimen previsto en
el Decreto 057 de 199316.
2.5. Caso concreto
52. Para resolver el caso sub examine, la Sala recuerda que, la sentencia SUJ-016-CE-
S2-2019, proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sala
Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fijó reglas claras en
relación con la naturaleza de la prima especial de servicios, su incidencia en la liquidación
13
Folio 30 a 32 del cuaderno principal.
14
Folio 33 y 34 del cuaderno principal.
15
Folio 36 a 39 del cuaderno principal.
16
Folio 41 a 66 del cuaderno principal.
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Demandante: Luz María Zea Trujillo
Demandada: Nación – Rama Judicial
de prestaciones sociales y la forma de contabilizar la prescripción de las acreencias
derivadas de dicha prestación.
53. En dicha providencia, esta Corporación precisó que, la prima especial de servicios
constituye un incremento de la asignación básica y no una deducción del salario; sin
embargo, también estableció que, dicha prima solo tiene incidencia salarial para efectos
pensionales, sin extender automáticamente tal carácter a la liquidación de prestaciones
sociales.
54. En el presente asunto, la entidad demandada, sostiene que, la prima especial de
servicios, carece de carácter salarial para efectos prestacionales; mientras que, el Tribunal
concluyó que, su indebida aplicación generó una disminución en la remuneración de la
demandante, lo que, imponía el restablecimiento del derecho, para resolver esta
controversia, la Sala reitera que, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido uniforme
en señalar que, la prima especial de servicios constituye un valor adicional al salario básico
y/o asignación básica, y no una fracción de este.
55. En efecto, esta Corporación ha precisado que, la prima especial de servicios,
corresponde a un emolumento adicional devengado por el servidor público, de manera
que, no puede ser utilizada como un mecanismo para reducir el salario, bajo la
denominación de prima; sin embargo, también ha sido claro que dicha naturaleza no
implica que adquiera carácter salarial general, pues el legislador dispuso expresamente
que solo constituye factor salarial para efectos pensionales.
56. Bajo este entendimiento, la Sala destaca que, no resulta jurídicamente acertado
afirmar que, la prima especial de servicios, deba integrar la base de liquidación de las
prestaciones sociales, en tanto su carácter salarial es restringido; no obstante, ello no
significa que la administración pueda válidamente disminuir el salario del servidor, al
disminuir el 30 % de la asignación básica, para denominarlo prima especial.
57. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, la sentencia de primera instancia, partió
de considerar que, la prima especial de servicios tenía carácter salarial para efectos de la
liquidación de prestaciones sociales, razón por la cual, ordenó el reconocimiento y pago
de diferencias prestacionales con fundamento en dicha premisa; sin embargo, tal
entendimiento no se ajusta al precedente de unificación de esta Corporación, conforme al
cual, la prima especial de servicios, constituye un valor adicional a la asignación básica,
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Interno: 3739-2023
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pero solo tiene incidencia salarial para efectos pensionales y no para la liquidación de
prestaciones sociales.
58. Así las cosas, la orden impartida por el Tribunal, no se ajusta a las previsiones legales
y jurisprudenciales, en tanto desconoce el carácter no salarial de la prima especial de
servicios, para efectos prestacionales; si bien condujo a restablecer la integridad de la
remuneración de la demandante, lo cierto es que, su fundamentación partió, de atribuir
carácter salarial a la prima especial de servicios, para efectos prestacionales,
entendimiento que no se ajusta al precedente de unificación; en tal sentido, la decisión
debe ser precisada en esta instancia, en el sentido que, el restablecimiento del derecho,
no deriva del reconocimiento de la prima como factor salarial, sino, de la necesidad de
corregir la indebida disminución del salario de la demandante, garantizando que, las
prestaciones sociales se liquiden sobre la asignación básica íntegra y no sobre una base
reducida por una interpretación errónea del régimen previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992.
59. Ahora bien, en relación con la prescripción, la Sala reitera que, la sentencia SUJ-016-
CE-S2-2019, estableció que, la exigibilidad del derecho surge desde la entrada en vigencia
del Decreto 57 de 1993, y no, a partir de la sentencia de nulidad del Veintinueve (29) de
abril de Dos Mil Catorce (2014). Sobre el particular, esta Corporación señaló:
«El hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo exigible con
la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, es decir,
a partir del Siete (07) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), fecha de entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993.»17
60. Bajo esta perspectiva, el fallo de nulidad proferido por el Consejo de Estado el
Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), tiene naturaleza declarativa, en la
medida en que, se limitó a retirar del ordenamiento jurídico disposiciones reglamentarias
que desnaturalizaban el alcance de la prima especial, pero no constituye el hecho
generador del derecho, ni el punto inicial de su exigibilidad.
61. En el caso concreto, se encuentra acreditado que, la señora Luz María Zea Trujillo,
presentó reclamación administrativa, el Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Catorce
(2014), razón por la cual, únicamente podrían reclamarse acreencias causadas desde el
Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Once (2011). En ese orden, la Sala concluye
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de SUJ-016-CE-S2-2019
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que, el Tribunal acertó al declarar parcialmente probada la excepción de prescripción
trienal, conforme a la regla fijada por la sentencia proferida el Dos (2) de septiembre de
Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de
esta Corporación.
62. Ahora bien, la Sala advierte que, en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, se incurrió en una imprecisión de transcripción, al señalar
que, la prescripción operaba respecto de los años «1993 hasta el 24 de septiembre de noviembre
de 2011». No obstante, dicha inconsistencia no genera ambigüedad en la decisión, en tanto,
de la lectura integral de la providencia —en particular del análisis contenido en su parte
motiva— se establece con claridad que el Tribunal fijó como límite de la prescripción el
Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Once (2011), fecha que corresponde a los tres
(3) años anteriores a la reclamación administrativa presentada por la demandante; en ese
sentido, con el fin de garantizar la claridad y coherencia de la decisión, en la parte
resolutiva de esta providencia, se precisará el alcance del ordinal correspondiente,
conforme a lo expuesto en esta motivación.
63. En cuanto al reconocimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social,
la parte demandante sostiene que, estos tienen carácter imprescriptible, mientras que la
entidad demandada afirma que se encuentran sujetos a término de prescripción; sobre
este punto, la Sala ha sostenido de manera reiterada que, las cotizaciones al sistema de
seguridad social tienen naturaleza parafiscal y están destinadas a garantizar la efectividad
del derecho fundamental a la seguridad social.
64. Esta Corporación ha señalado de manera reiterada que, las cotizaciones al sistema
de seguridad social tienen una naturaleza jurídica distinta a las acreencias salariales o
prestacionales, en tanto constituyen recursos de carácter parafiscal, destinados a
garantizar la financiación del sistema y la efectividad del derecho fundamental a la
seguridad social. En ese sentido, se ha indicado que, « Las cotizaciones al sistema de
seguridad social constituyen recursos de naturaleza parafiscal destinados a la protección del
derecho fundamental a la seguridad social, razón por la cual su exigibilidad no puede verse limitada
por la prescripción aplicable a las acreencias laborales»18.
18
Al respecto, ver la Sentencias del Diecinueve (19) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), radicado interno No. 1175-2021 y 1180-
2023 C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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65. En consecuencia, aun cuando las diferencias salariales y prestacionales puedan
encontrarse afectadas por la prescripción parcialmente, dicha circunstancia, no impide
adoptar las medidas necesarias, para asegurar que los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en pensiones, correspondan a la base de cotización que legalmente
debía aplicarse durante la relación laboral.
66. Por lo tanto, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, deberá liquidar y trasladar, al fondo de pensiones correspondiente, los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones, teniendo en cuenta que, estos se
originan en la recomposición de la base salarial, derivada de la indebida liquidación de la
asignación básica en un 70 %; en tal sentido, los aportes deberán calcularse, sobre el cien
por ciento (100 %) de la remuneración legalmente correspondiente, lo que implica incluir
el treinta por ciento (30 %) que fue reconocido de manera errónea como prima especial
de servicios, durante el período comprendido desde el Siete (7) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993), fecha de expedición del Decreto 57 de 1993, siempre
que tales cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente.
67. De otra parte, en relación con el argumento expuesto por la entidad demandada,
relativo a la imposibilidad de asumir las condenas impuestas, por razones de orden
presupuestal, la Sala precisa que, dicha circunstancia no constituye una justificación válida
para desconocer derechos de naturaleza salarial y prestacional.
68. En efecto, el salario constituye un elemento esencial del derecho fundamental al
trabajo en condiciones dignas y justas, íntimamente ligado a la garantía del mínimo vital,
razón por la cual, no resulta admisible trasladar al trabajador las consecuencias derivadas
de deficiencias administrativas o presupuestales de la entidad empleadora.
69. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, la situación
económica del empleador no lo exonera del cumplimiento de sus obligaciones laborales,
ni autoriza el desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles; en particular, ha
precisado que, las dificultades presupuestales o administrativas no justifican la mora o el
incumplimiento en el pago de acreencias laborales, ni pueden oponerse válidamente
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frente a su reconocimiento19, posición ha sido adoptada de manera reiterada por esta Sala,
en casos similares al que nos ocupa20.
70. Ahora bien, en lo que respecta al cargo relativo a la omisión de incluir la reliquidación
de las vacaciones, la Sala observa que, el Tribunal ordenó la reliquidación de las
prestaciones sociales, con fundamento en el carácter salarial, que atribuyó a la prima
especial de servicios; dicha conclusión, debe ser precisada en esta instancia, en el sentido
que, la eventual reliquidación no se fundamenta en la incorporación de la prima como
factor salarial, sino en la necesidad de liquidar las prestaciones sobre la asignación básica
íntegra, sin la indebida disminución derivada de su tratamiento como prima especial.
71. Por lo tanto, en la medida en que, las vacaciones constituyen una prestación
directamente ligada al salario, su liquidación, deberá efectuarse con base en la asignación
básica íntegra, esto es, sin la disminución derivada de la indebida aplicación de la prima
especial de servicios, siempre que haya lugar a ello.
72. En consecuencia, si bien la prima especial de servicios, no constituye factor salarial
para efectos prestacionales, sí resulta procedente la reliquidación de las prestaciones
sociales —incluidas las vacaciones—, no por la incorporación de dicha prima como factor
salarial autónomo, sino por el reconocimiento del 30 % de salario, que fue indebidamente
sustraído de la asignación básica.
73. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, los actos administrativos demandados
se fundamentaron en una interpretación que desconocía el alcance real de la prima
especial de servicios, como incremento de la remuneración; en efecto, la administración
trató la prestación como un componente sustitutivo del salario, lo cual, contraría la
interpretación fijada por esta Corporación, en la sentencia del Veintinueve (29) de abril de
Dos Mil Catorce (2014). En consecuencia, tales actos se encuentran viciados por
infracción de las normas en que debían fundarse y por desconocimiento del precedente
judicial, razón por la cual, se mantiene su declaratoria de nulidad.
19
«La situación económica del empleador, sea este público o privado, los argumentos económicos, presupuestales o financieros no
justifican el incumplimiento del deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los trabajadores. No obstante, si
la deudora es una entidad pública, la orden del juez de tutela deberá ser que, en un término razonable fijado por el juez, se cree una
partida presupuestal, si no existiere, o se realicen los trámites correspondientes para obtener los fondos, bajo el entendido de que los
créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional» Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-995
de 1999. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera Ponente: Elizabeth Becerra
Cornejo, diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025), radicación:76001-23-33-004-2016-01696-02 (3631-2024); donde se dijo: “En
lo atinente a la imposibilidad presupuestal para incluir en la nómina el pago adicional correspondiente a la prima especial, es del caso
señalar que las limitaciones presupuestales no constituyen una causal válida para negar el reconocimiento de un derecho salarial
debidamente causado.
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74. En consecuencia, la Sala (i) confirmará la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos, así como la prescripción parcial declarada por el Tribunal; (ii) modificará
el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, con el fin de precisar que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial para efectos prestacionales y, en
consecuencia, delimitar el alcance de la condena en relación con la liquidación de las
prestaciones sociales, [incluidas las vacaciones], así como para señalar expresamente el
alcance de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones; y (iii)
confirmará en lo demás la decisión apelada.
2.6 Condena en costas.
75. De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de
la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.
76. En el presente asunto, si bien la sentencia de primera instancia, será modificada
parcialmente, no se advierte que, la actuación de las partes, haya estado orientada por
conductas temerarias o de mala fe; sino que, responde al legítimo ejercicio del derecho
de defensa y contradicción; en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Primero (1°) de febrero de Dos
Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. – MODIFICAR el ordinal tercero y quinto de la sentencia de primera
instancia, el cual quedará así:
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«TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, CONDÉNASE a la Nación
– Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a
reconocer y pagar a favor de la señora Luz María Zea Trujillo, las diferencias salariales
derivadas de la indebida disminución de su asignación básica, al haberse considerado
como prima especial de servicios el treinta por ciento (30 %) de dicha remuneración, con
efectos fiscales a partir del Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Once (2011), en razón
de la prescripción declarada.
En consecuencia, la entidad demandada deberá liquidar las prestaciones sociales a que
haya lugar, exclusivamente para el periodo no prescrito, teniendo en cuenta la
recomposición de la asignación básica con el 30 % indebidamente disminuido, sin que ello
implique reconocer la prima especial como factor salarial autónomo
Así mismo, la entidad deberá liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente,
los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones que resulten
procedentes, a partir del Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993)
[fecha de expedición del Decreto 57 de 1993] y hasta la fecha de su retiro del servicio,
teniendo en cuenta que: (i) para el período comprendido entre dicha fecha y la entrada en
vigencia de la Ley 332 de 1996, el ingreso base de cotización deberá corresponder al cien
por ciento (100%) de la asignación básica mensual; y (ii) a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 332 de 1996, el ingreso base de cotización deberá incluir, además, el treinta por
ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios, en los términos previstos en
dicha normativa, siempre que tales cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente.
Las sumas reconocidas deberán actualizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 187 de
la Ley 1437 de 2011 y estarán condicionadas a que no se hubieren pagado previamente
por los mismos conceptos
[…]
QUINTO: DECLARAR la excepción de prescripción trienal presentada por la demandada
por los años 1993 hasta el 24 de septiembre de 2011 inclusive.»
TERCERO. – Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. – Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
20
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Demandante: Luz María Zea Trujillo
Demandada: Nación – Rama Judicial
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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