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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02346-01

Fecha
13 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02346-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 11 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Segundo: En su lugar, declarar la nulidad de la Resolución 1569 del 15 de abril de 2020, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes a Gladis Rodríguez Sarmiento. Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a la demandante, Gladis Rodríguez Sarmiento, desde el 11 de noviembre de 2018, la pensión de jubilación por aportes con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados por la accionante y que hayan servido de base para cotizaciones a seguridad social en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada −10 de noviembre de 2017 a 11 de noviembre de 2018−, en aplicación de la Ley 71 de 1988 y de los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, sin que deba acreditar el retiro del servicio docente. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor [ IPC] certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial Cuarto: La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que la demandante realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994. Asimismo, podrá recaudar las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que estuvo contratada a […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2020-02346-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2020-02346-01 (3872-2024)
Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Tema: pensión de jubilación docente, Ley 71 de 1988. Subtema 1: docente vinculada
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, a través de contratos de prestación
de servicios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la sentencia proferida el
11 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La accionante, en su calidad de docente oficial, solicitó al FOMAG el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación de que trata la Ley 71 de 1988 por haber cumplido 55
años de edad y 1000 semanas cotizadas, con el tiempo laborado en tal calidad a través
de órdenes de prestación de servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003. La entidad demandada negó la referida petición por considerar que su
vinculación al servicio público educativo se produjo con posterioridad a la fecha de
entrada en vigor de la mencionada ley, por lo tanto, señaló que le es aplicable el
régimen de prima media establecido en la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Gladis Rodríguez Sarmiento, por conducto de apoderada judicial, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se indican.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó la nulidad de la Resolución 01569 del 15 de abril de 2020
mediante el cual FOMAG le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la entidad
1
De acuerdo con el medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada ante los Juzgados Administrativos de Tunja el 22 de julio de
2020, de acuerdo con el «ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO» y mediante auto del 3 de septiembre de 2020 se declara la falta de
competencia y se remite al Tribunal Administrativo de Boyacá, visible a índice 00003 de Samai del Tribunal Administrativo de
Boyacá, carpeta 1ED_EXPEDIENTEDIGITAL_DEMANDAGLADYS(.ZIP) NroActua 3, cuaderno principal, archivos 01 y 06.

Radicación: 15001-23-33-000-2020-02346-01 (3872-2024)
Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento
Demandado: FOMAG

demandada a: (i) reconocer y pagar la pensión de jubilación con el 75% de los salarios
y las primas recibidas durante el año anterior al cumplimiento del estatus jurídico de
pensionada, a partir del 05 de agosto de 2014; (ii) reconocer y pagar los ajustes de
valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de las sumas
adeudadas; (iii) reconocer y pagar intereses moratorios a partir del día siguiente de la
fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe el pago de los valores
adeudados; (iv) incluirla en la nómina de pensionados una vez sea reconocido el
derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas desde el momento de la
consolidación del derecho; (v) dar cumplimiento al fallo en el término de 30 días
conforme al artículo 192 y 195 del CPACA; y (vi) pagar costas.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso en los siguientes términos2:

1) La demandante manifestó que nació el 8 de febrero de 1959, por lo que en la
actualidad tiene más de 55 años de edad.

2) Mencionó que realizó aportes al antiguo ISS, hoy liquidado, y que para la fecha de
radicación de la demanda contaba con 313.14 semanas de cotización que se
encuentran en Colpensiones.

3) Señaló que ha prestado sus servicios en calidad de docente mediante órdenes de
prestación de servicios suscritas con el municipio de Pauna y la Gobernación de
Boyacá de la siguiente manera:

ENTIDAD DESDE HASTA
Secretaría de Educación de 8/11/1999 26/11/1999
Boyacá
Municipio de Pauna 9/02/2000 9/02/2004
Municipio de Pauna 10/04/2000 9/06/2000

Municipio de Pauna 10/07/2000 30/11/2000

Secretaría de Educación de 21/02/2001 15/06/2001
Boyacá
Secretaría de Educación de 9/07/2001 5/12/2001
Boyacá (Pauna)
Secretaría de Educación de 6/08/2001 5/12/2001
Boyacá (Coper)
Municipio de Pauna 1/02/2002 30/11/2002

Municipio de Pauna 17/02/2003 30/11/2003

4) Precisó que fue vinculada a la Secretaría de Educación de Boyacá como docente
en provisionalidad el 11 de marzo de 2004 hasta el 5 de julio de 2010 y desde el
19 de agosto de 2010 hasta la fecha de presentación de la demanda.

5) Indicó que el 30 de enero de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación por aportes conforme a lo previsto en la Ley 71 de 1988. La entidad
demandada a través de la Resolución 01569 del 15 de abril de 2020 negó la
prestación, por considerar que la primera vinculación al FOMAG había sido con

2
Índice 00003 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, archivo 1ED_EXPEDIENTEDIGITAL_DEMANDAGLADYS(.ZIP)
NroActua 3, cuaderno principal, archivo 02.
2

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Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento
Demandado: FOMAG

posterioridad al 27 de junio de 2003, por lo tanto se le debe aplicar el régimen de
prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
6) Sostuvo que para la fecha de presentación de la demanda, tenía más de 1000
semanas cotizadas y 55 años de edad, por lo que obtuvo el derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes en virtud de las normas
anteriores a la Ley 812 de 2003, esto es, la Ley 71 de 1988.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. Como tales, se señalaron las siguiente: artículo 7 de la Ley 71 de 1988; artículo 15,
numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989, artículo 6 de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de
la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de
2003; y artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

6. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos:

6.1. Precisó que al haberse vinculado antes del 27 de junio de 2003, fecha en que entró
en vigencia la Ley 812 de ese mismo año, no puede el FOMAG desconocer que sus
aportes hacen parte del régimen de transición.

6.2. Mencionó respecto de la pensión ordinaria de jubilación, que el régimen de
prestaciones para los servidores públicos docentes vinculados después de 1990 se
unificó frente al resto de empleados públicos del orden nacional.

6.3. Sostuvo que reconocer la pensión de jubilación, en aplicación de la Ley 100 de
1993 a la accionante (como se realizó en el acto administrativo demandado), es
vulnerar de manera directa las disposiciones establecidas en la normativa docente y
en especial, el contenido de la Ley 812 de 2003, que permite haber laborado antes del
año 2003, para acogerse a las prerrogativas establecidas en la Ley 71 de 1988, norma
anterior aplicable a los docentes que demuestran actividad laboral, y que realizaron
aportes al antiguo ISS, antes del 27 de junio de 2003.

6.4. Finalmente, señaló que si un docente tiene acreditadas semanas de cotización al
ISS, es porque tuvo una experiencia laboral antes del 27 de junio de 2003, siendo la
Ley 812 de 2003, protectora de los docentes del sector oficial del orden nacional como
lo exige la norma, que seguramente por su avanzada edad no podían completar los
requisitos para su pensión de jubilación ordinaria, pudieran acreditar tiempos de
servicio oficial, junto con los realizados al ISS, para que su pensión se hiciera efectiva
con la normatividad anterior, esto es, la Ley 71 de 1988, que incluso le mantuvo la
edad pensional, y que le permite tener una pensión de jubilación en compatibilidad con
el salario, en aplicación del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

2.2. Contestación de la demanda

7. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG3 no contestó la demanda.

2.3. La sentencia apelada

8. ElTribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, mediante sentencia
proferida el 11 de abril de 20244 negó las pretensiones de la demanda, sin condena
en costas.

3
Auto de fecha 22 de octubre de 2021, visible en el índice 00011 del expediente digital de Samai del Tribunal Administrativo de
Boyacá.
4
Índice 00029 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá.
3

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Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento
Demandado: FOMAG

9. Argumentó que no es procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación de
acuerdo con la Ley 71 de 1988, comoquiera que Gladis Rodríguez Sarmiento, realizó
cotizaciones al sistema de pensiones por virtud de los contratos de prestación de
servicios celebrados con la Secretaria de Educación de Boyacá, para ejercer como
docente en diferentes municipios del departamento, con anterioridad al 27 de junio de
2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 del mismo año, conforme a la
jurisprudencia citada5, la demandante debió acreditar además, de los extremos
temporales respecto de la declaratoria judicial de existencia del contrato realidad, el
que se hubiese hecho los aportes a la seguridad social en pensiones por los periodos
declarados, lo cual no se acreditó al interior de este expediente.

10. Sostuvo que del material probatorio se logra advertir que existió sentencia que
declaró la existencia de relación laboral entre la demandante y la entidad demandada,
lo cierto es que como no fue allegada al plenario copia del fallo de primera y segunda
instancia, la Sala no tiene conocimiento inequívoco respecto de los extremos
temporales exactos de dicha declaración. Adicionalmente, no se encuentra acreditado
que se hayan realizado los aportes a la seguridad social en pensiones respecto del
tiempo en que se declaró judicialmente la existencia de relación laboral.

2.4. El recurso de apelación

11. La accionante argumentó6 que los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, están cobijados por el régimen pensional previsto en
las normas que hacían parte del ordenamiento jurídico para ese momento; y para
aquéllos educadores que se vinculen con posterioridad a la emisión de la disposición
en comento, se les aplicaría el régimen prestacional de prima media establecido en la
Ley 100 de 1993, con excepción del requisito de edad de pensión de vejez, teniendo
en cuenta su calidad de servidores públicos.

12. Citó la sentencia del 17 de junio de 20227 en la cual esta corporación analizó el caso
de una docente vinculada por medio de órdenes de prestación de servicios suscritas
con el municipio de Sogamoso, así:

«En suma, se colige que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada a la
primera fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada docente.
Para el asunto de marras, tal como se expuso en el acápite referente a la condición de
educadora estatal de la demandante, esta debe ser considerada como tal desde el 1.°
de febrero de 1994 cuando ejerció funciones inherentes a la mentada profesión para el
municipio de Sogamoso, ello a través de órdenes de prestación se servicio que
comenzaron su ejecución desde dicha data conforme a la certificación laboral emitida
por tal autoridad, la cual en todo caso es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 (27 de junio de 2003)».

13. Señalóque el pronunciamiento que antecede, profundizó acerca del tiempo
laborado como docente por medio de órdenes de prestación de servicio, el cual se
debe tener en cuenta como tiempo de servicios, sin que haya necesidad de que se
declare una relación laboral, toda vez que en el vínculo de la labor docente
independientemente del tipo de contratación, se encuentran configurados los tres
elementos que constituyen una relación laboral.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Exp. 54001- 23-33-000-2012-
00182-02 (4134-2016) Sent. 22-ABRIL-2021.
6
Índice 00034 del Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá.
7
Consejo de Estado, sentencia del 17 de junio de 20022, radicado 4678-2021.
4

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Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento
Demandado: FOMAG

14. Manifestó que el ejercicio de la docencia oficial está excluido de la prohibición de
devengar salario y percibir la pensión de jubilación, pues así quedó establecido en el
artículo 5 del Decreto Ley 224 de 1972.

15. Por último, sostuvo que en razón a que la demandante ingresó como docente oficial
desde el 8 de noviembre de 1999, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, el régimen que le resulta aplicable para el reconocimiento
pensional, es el previsto en la Ley 71 de 1988, por lo tanto, solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.

2.5. Trámite en segunda instancia

16. Por medio de auto del 7 de marzo de 20258, se admitió el recurso de apelación y se
prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo establecido en el numeral 5
del artículo 247 del CPACA.

2.6. El Ministerio Público

17. El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el cual
concluyó que hay lugar a confirmar el fallo de primera instancia, pues durante la fecha
de ingreso de la actora al servicio docente, como servidora pública, anterior a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no probó aportes ni cotizaciones al sistema
de seguridad social, aspecto esencial para efectos del debido reconocimiento
pensional en el régimen del artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

19. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico:

1) ¿Los tiempos de servicio docente acreditados por Gladis Rodríguez Sarmiento, a
través de contratos de prestación de servicios, pueden computarse para el
reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 71 de 1988?

20. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, el
régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Luego, aludirá a la entrada en vigor del Acto
Legislativo 01 de 2005 y sus efectos sobre el régimen pensional de los docentes
oficiales. Posteriormente, señalará el régimen pensional de la Ley 71 de 1988. Acto
seguido, explicará la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente.
Por último, estudiará el caso en concreto.

8
Índice 6 de Samai.
5

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3.3. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

21. Elrégimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que establece: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

22. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 19899, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

23. La Ley 91 de 1989 establece un esquema particular de financiamiento que difiere
del régimen general. En su artículo 8° dispone un sistema de aportes en el que los
docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación
aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por
servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una de
las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

24. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91
de 1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones
económicas y sociales de los docentes, al hacer la diferencia entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990.

25. Es importante señalar que la excepción del régimen general se mantiene incluso
después de la expedición de la Ley 812 de 200310. Aunque esta norma (en su artículo
81) estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003)
se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para
ambos géneros. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema, los docentes
mantienen características especiales que justifican su tratamiento diferenciado.

26. Sin embargo, la Ley 812 de 2003 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta».

27. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al
servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de

9
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
10
Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No. 45.231, de 27
de junio de 2003.
6

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prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

3.4. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201911

28. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

29. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión
de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales,
cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales
regímenes son:

(i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen pensional de los
servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 1985, «por la
cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores que se
deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se
hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°
de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

30. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1° de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el período del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-
014-CE-S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
7

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Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento
Demandado: FOMAG

31. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en cuanto
a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de liquidación, que
además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza salarial según
las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de
2018)12.

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se les aplica
el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El ingreso
base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los factores
señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas
cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la providencia se fijó la siguiente
regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

32. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%13, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

33. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado líneas atrás, sobre la existencia de normas
especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del ingreso
base de cotización.

34. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que el
factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación
inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas

12
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-
000-2021-00637-01 (3167-2023).
13
Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
8

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reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
jurisprudencia de esta Sección14, tales como:

1. No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
2. Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
3. La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

35. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, lo cual garantiza la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.5. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

36. Como se señaló en la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de enero de
2024, proferida en el expediente 2020-00492-01 (0391-2022), a partir de la vigencia
de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social de Derecho y de acuerdo
con la evolución normativa de este grupo de servidores públicos, el alcance de los
derechos laborales se define a partir de principios y valores superiores 15. Bajo esos
parámetros, la aplicación e interpretación de las normas debe propender por la
garantía de los derechos laborales mínimos que la docencia en el sector educativo
oficial otorga a quien la ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia
del derecho sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine,
entre otros, que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.

37. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con este.

38. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter de
excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su personal
de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 16, y que, por lo tanto,
14
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de noviembre de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-
01(2960-2015).
15
Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de mayo de
2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
16
Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
9

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a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades» establecido
en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios de esta
vinculación17 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
18
39. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por el
contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de sus
derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.

40. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199419 disponían la incorporación gradual de los docentes
contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban un plazo
para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios. La
constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto de
hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de personal,
disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de docentes
vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación de servicios.

41. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación constitucional
porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo laboral de los
contratos por prestación de servicios no permitía desconocer derechos laborales
irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la ley y no el contrato; iv)
la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de irrenunciables de los
derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo se aplican para corregir
desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el causante es el legislador, como
lo hacía al diferenciar los docentes.

42. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y
reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación
que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la
sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 199320 y
luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199421; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados públicos
en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos laborales
propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que históricamente se
han pretendido eliminar22. Por el contrario, estos debían ser protegidos y garantizados.

17
Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
15) CE-SUJ2-005-16.
19
«Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo 6o de la Ley 60
de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a
la planta de personal docente territorial».
20
El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los
requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada
entidad territorial adopte». La norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
21 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse
mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
22
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de mayo de 2024, radicado: 41001-
23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
10

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43. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a las
entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con personal
docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales de las
personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:

«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar
injustificadamente una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función
administrativa a la que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a
expensas de la dignidad humana.

Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y
posibilidades para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un
servicio público. Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente
ventaja, la modalidad contractual como opción complementaria de la estatutaria.
Definitivamente, no es ésta la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo
sacrifica, al cifrar la obtención de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta
violación de los derechos fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»

44. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad e
inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.

45. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado23, sino lo que se evidencia de esa relación, en armonía
con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución Política en los
artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia del
derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no
pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores» y 93 «[l]os tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los
estados de excepción, prevalecen en el orden interno».

46. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado: 16829. En dicha providencia,
se sostuvo: «[h]a sostenido la Sala reiteradamente que no es la modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición
en la cual se prestan los servicios. Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la administración no puede ser
establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las
normas legales. Por ende, puede haberse vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si
las normas que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser cumplida mediante
esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial... "
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los trabajadores oficiales. Por
consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público departamental, ineludible resulta su asimilación al orden
legal y reglamentario» (sic)
11

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asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de
que los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor
medida posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la
mejor calidad de vida de las personas»24. En ese orden «impone aquella interpretación
de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la
prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad
humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos
humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»25.

47. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía de
la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que no
puede afectar sus derechos laborales.

48. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los servicios
del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad material
que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.

49. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció las
disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal a
aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.

50. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con los
recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea reconocida;
pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación26, en caso de que la
administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan a la ley, bien sea
porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es inferior, el ordenamiento
jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar su cumplimiento.

51. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el artículo
2 del Decreto 3752 de 200327 las prestaciones sociales de los docentes causadas con
anterioridad a la afiliación al FOMAG, así como sus reajustes, reliquidaciones y
sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de la entidad de
previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera que la omisión
en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes estuvieron vinculados
mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la entidad que se benefició
de los servicios del docente o de la administradora a la cual se efectuaron las
cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la obligación de hacer uso de los

24
Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
25
Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado: 05001-23-33-000-2013-
00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de 2013.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-
2014).
27
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de
1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se
dictan otras disposiciones.»
12

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mecanismos establecidos en la norma para adelantar los procesos de cobro coactivo
o requerir el bono pensional.
28
52. En efecto, el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la citada norma establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de ordenador
del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación oportuna de
estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el cumplimiento de la ley,
los artículos 2429 y 5730 ibidem permitieron que la entidad administradora de pensiones
acudiera a las acciones de cobro de los aportes adeudados, para hacer efectivos sus
créditos.

53. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de previsión
obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos no afiliados
a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el
pensionado hubiere servido o aportado a ellos».

3.6. Del reconocimiento pensional según la Ley 71 de 1988 para los docentes

54. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral, y han
acumulado aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión si pueden acceder a los
beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.

55. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de la
Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente,
especialmente cuando no alcanzan el tiempo de servicio requerido exclusivamente en
el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar sus aportes en
diferentes sectores.

56. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión por
aportes, con los siguientes requisitos según su artículo 7:

• Para mujeres: 55 años.
• Para hombres: 60 años.
• 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de
previsión social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones)

28
«Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un
interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se
abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados,
según sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación oportuna de los
aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago del aporte
patronal a la Seguridad Social, como requisito para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
29
«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las
acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado,
prestará mérito ejecutivo.
30
«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la
Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro
coactivo, para hacer efectivos sus créditos».
13

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• Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.

57. Respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que reglamentó
esta ley, establece en sus artículos 6 y 8 que la pensión se liquida con el 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.

58. Ahora bien, sobre la referida discusión esta Subsección recientemente, mediante
sentencia del 30 de enero de 202531 expuso a saber, cinco razones fundamentales por
las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes:

1. La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía la
aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional».

2. La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de todos
los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la remisión que hace
la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos pensionales de los docentes, al
régimen del sector público nacional.

3. La Ley 71 de 1988 hace parte de la normatividad que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que no
pueden ser desconocidos a ningún servidor público. Dicho de otro modo, excluir a
los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988 supondría suprimir uno de estos
derechos esenciales, al impedirles completar el requisito de tiempo de servicios
mediante la acumulación de aportes en los sectores público y privado.

4. No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su vida
laboral la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios pensionales.
Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por
sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley
haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado normativo que establece una
excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda gobernar otra
norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se
expidieron con posterioridad».

5. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados antes de la Ley 812 de
2003 de pensionarse exclusivamente con tiempo público bajo la Ley 33 de 1985.
Por el contrario, constituye una opción adicional y favorable para aquellos docentes
que han acumulado tiempos tanto en el sector público como en el privado. Esta
interpretación se alinea con el principio de favorabilidad en materia laboral, pues
amplía las posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya existentes.

59. En conclusión, la sentencia precisó que la Ley 71 de 1988 es aplicable a los
docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del «régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» al que remite la Ley 91 de 1989. La
Ley 71 de 1988 establece una modalidad pensional que requiere 55 años para mujeres
y 60 para hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser acumulados entre el
sector público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará con el 75% del

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de
2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).

14

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Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento
Demandado: FOMAG

promedio del salario que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.

60. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de 2025
se pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con anterioridad
a la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en ella no pueden
entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de 1988 a quienes
iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de 2003. Esto se debe
a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del régimen de transición de
que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial, cuando la normatividad
anterior resulta más favorable.

61. Lo anterior supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado artículo
36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo
Contencioso–Administrativo de esta Corporación32, la aplicación de la normatividad
anterior (v.gr. la Ley 71) en cuanto a tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de
los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

3.7. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente
33
62. Como lo ha precisado esta Sala en anteriores oportunidades , sobre la presunta
incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

63. Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

1. El Decreto 224 de 197234 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
2. El artículo 70 del Decreto 2277 de 197935 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
3. La Ley 60 de 199336 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia37, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.

32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, proceso con radicado 52001-
23-33-000-2012-00143-01.
33
Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001 23 31 000 2004
02695 01 (0133-10). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-
33-000-2013-01456-01 (1499-2015). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre de
2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024,,
Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024). Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, Rad.
66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
34
«Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
35
«Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
36
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de
la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.».
37
Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
15

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4. Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», añade: «salvo las excepciones previstas en la ley».

5. A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, consagra «[l]as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que
no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en
vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban
a los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto
de 201938 se reiteró:

«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de
la Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003,
expediente 05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los
docentes pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la
prohibición, no de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes
pensionados:

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.

El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales
docentes pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se
siguieran beneficiando de la normatividad que les permitía percibir
simultáneamente pensión y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión
gracia, siempre y cuando cumplieran todas las exigencias legales.

La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4 de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es
el artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:

'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-
01 (1499-2015).
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El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio
civil de esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en
fallo de 22 de noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01
(0133-10), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero».

6. El artículo 1939 de la Ley 344 de 199640, al dejar a salvo lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se
desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente»41.

7. La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4542 del Decreto
1278 de 200243, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 2003), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que
no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
providencia del 20 de noviembre de 202444 indicó:

«Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el
precepto bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades,
había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la
Constitución Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la
Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de
percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor
dentro de la función pública45».
64. Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales pueden devengar
salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna incompatibilidad.

65. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los que
se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad46 o posterioridad47 a la Ley 812 de 2003.

39
«Artículo 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera
el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional
se empezará a pagar solamente después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
40
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y
se expiden otras disposiciones.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024,
Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
42
«ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio
de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
43
Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre
de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).
45
A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio de 2023, rad.
17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de
2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen
de pensión por aportes, para los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley
812.
47
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de abril de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es
importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente,
incluso con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio al régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales, esto
es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta
excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por
el legislador.».
17

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66. Es importante establecer que la compatibilidad entre salario y pensión de la que son
beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional de prima media previsto en
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el desarrollo
normativo, aquella se creó a favor de quienes prestan sus servicios como maestros
oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen
prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a aquellas
pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o
límite señalado por el legislador.

67. En suma, debe indicarse que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.

68. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio, pues esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen exceptuado del magisterio.

3.8. Caso concreto

3.8.1. Hechos probados

69. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:

1) La demandante nació el 8 de febrero de 1959, según los datos consignados en la
cédula de ciudadanía48, por lo que cumplió los 55 años el 8 de febrero de 2014.

2) De acuerdo con el «REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES»
emitido por Colpensiones el 30 de julio de 2018, la demandante entre el 1 de
octubre de 1997 y el 30 de abril de 2006 cotizó al ISS y acumuló un total de 313,14
semanas49.

3) Según órdenes de prestación de servicios suscritas entre la demandante y la
Secretaría de Educación de Boyacá50, la actora tuvo las siguientes vinculaciones:

INSTITUCIÓN Y CARGO TIPO DE DESDE HASTA
VINCULACIÓN
Secretaría de Educación Orden de prestación de 9/11/1999 26/11/1999
de Boyacá servicios 343 IM del
08/11/1989
Municipio de Pauna Orden de prestación de 9/02/2000 9/04/2000
servicios 69 del
09/02/2000
Municipio de Pauna Orden de prestación de 10/04/2000 9/06/2000
servicios 86 del
10/04/2000
Municipio de Pauna Orden de prestación de 10/07/2000 30/11/2000
servicios 128 del
10/07/2000

48
Índice 00003 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, archivo «1ED_EXPEDIENTEDIGITAL_DEMANDAGLADYS(.ZIP)
NroActua 3», cuaderno principal, archivo 02. DEMANDA, fl. 36.
49
Índice 00003 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, archivo «1ED_EXPEDIENTEDIGITAL_DEMANDAGLADYS(.ZIP)
NroActua 3», cuaderno principal, archivo 02. DEMANDA, fl. 73.
50
Índice 00003 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, archivo «1ED_EXPEDIENTEDIGITAL_DEMANDAGLADYS(.ZIP)
NroActua 3», cuaderno principal, archivo 02. DEMANDA, fls. 40-61.
18

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Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento
Demandado: FOMAG

Secretaría de Educación Orden de prestación de 22/02/2001 15/06/2001
de Boyacá servicios 334 del
21/02/2001
Secretaría de Educación Orden de prestación de 9/07/2001 5/12/2001
de Boyacá servicios 0695 del
09/07/2001
Secretaría de Educación Orden de prestación de 8/08/2001 5/12/2001
de Boyacá servicios 0181 del
06/08/2001
Municipio de Pauna Orden de prestación de 1/02/2002 30/11/2002
servicios 011 SGP del
01/02/2002
Secretaría de Educación Orden de prestación de 17/02/2003 30/11/2003
de Boyacá servicios 2163 del
18/02/2003

4) De los formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral del 14
de agosto de 201951 y 22 de noviembre de 2019, emitidos por la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá, se advierte lo siguiente:

Institución y cargo Tipo de Desde Hasta
vinculación
Centro de Educación Básica
de Hato Viejo San Miguel Provisionalidad 11/03/2004 31/12/2005
Docente
Centro de Educación Básica
de Hato Viejo San Miguel Provisionalidad 1/01/2006 9/01/2006
Docente
Colegio Manuel Briceño
Provisionalidad 17/04/2006 31/12/2006
Docente
Colegio Manuel Briceño
Provisionalidad 1/01/2007 31/12/2007
Docente
Colegio Manuel Briceño
Provisionalidad 1/01/2008 31/12/2008
Docente
Colegio Manuel Briceño
Provisionalidad 1/01/2009 31/10/2009
Docente
I.E. Técnica Manuel Briceño
– Sede Principal Provisionalidad 1/11/2009 31/12/2009
Docente
I.E. Técnica Manuel Briceño
– Sede Principal Provisionalidad 1/01/2010 5/07/2010
Docente
I.E. La Cabaña - Sede
Principal Provisionalidad 19/08/2010 1/11/2010
Docente
I.E Juan Caporal – Sede
Provisionalidad 2/11/2010 31/12/2010
Principal
I.E Juan Caporal – Sede
Provisionalidad 1/01/2011 31/12/2011
Principal
I.E Juan Caporal – Sede
Provisionalidad 1/01/2012 31/12/2012
Principal
I.E Juan Caporal – Sede
Provisionalidad 1/01/2013 31/12/2013
Principal
I.E Juan Caporal – Sede
Provisionalidad 1/01/2014 31/12/2014
Principal
I.E Juan Caporal – Sede
Provisionalidad 1/01/2015 31/12/2015
Principal
I.E Juan Caporal – Sede
Provisionalidad 1/01/2016 31/12/2016
Principal
I.E Juan Caporal – Sede
Provisionalidad 1/01/2017 31/12/2017
Principal

51
Índice 00003 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, archivo «1ED_EXPEDIENTEDIGITAL_DEMANDAGLADYS(.ZIP)
NroActua 3», cuaderno principal, archivo 02. DEMANDA, fls. 82-87.
19

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I.E Juan Caporal – Sede
Provisionalidad 1/01/2018 31/12/2018
Principal
I.E Juan Caporal – Sede
Provisionalidad 1/01/2019 22/11/201952
Principal
15 años, 4 meses y 6 días a la
Tiempo total de servicios en el FOMAG
fecha del último certificado.

5) En síntesis, la demandante acreditó un tiempo total de servicios así:

Sector Empleador y/o tipo de Tiempo de servicio Tiempo cotizado
vinculación
Gladis Rodríguez S 01/10/1997 – 30/09/2004
Interrumpidos 6 años, 5 meses y
Privado 7 días.
Fundación ICPROC 1/04/2006 – 30/04/2006

Secretaría de
Público Educación del 9/11/1999 – 30/11/200353 3 años, 1 mes y
departamento de Interrumpidos 14 días54.
Boyacá y municipio de
Pauna –OPS–
FNPSM en
Público provisionalidad y en 11/03/200455 – 15 años, 4 meses
propiedad 22/11/201956 y 6 días57.

6) La Secretaría de Educación del departamento de Boyacá, en representación del
FOMAG, mediante la Resolución 1569 del 15 de abril de 2020, acto administrativo
demandado, negó el reconocimiento pensional solicitado por la demandante el 30
de enero de 2020. La entidad manifestó que según el artículo 81 de la Ley 812 de
2003 los docentes vinculados a su vigencia, se les aplicaba el régimen de prima
media de que tratan las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y concluyó que la
demandante no cumplió con los requisitos de 57 años de edad y 1300 semanas
cotizadas a la fecha de su solicitud58.

3.9.2. Análisis sustancial

70. De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala que la docente se vinculó al sector
educativo oficial antes del 27 de junio de 2003, pues de las pruebas del proceso se
advierte la suscripción de órdenes de prestación de servicios desde el 8 de noviembre
de 1999 al 30 de noviembre de 2003, de manera interrumpida, así como vinculación
legal y reglamentaria como docente en provisionalidad desde el 11 de marzo de 2004,
servicios que sin duda acreditan su ingreso al sector educativo oficial antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y que la hacen beneficiaria del régimen
prestacional contenido en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido a la
acumulación de tiempos públicos y privados.

71. Así las cosas, se tiene que, según el artículo 7 de la citada ley, por ser mujer debía
acreditar 55 años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el
Instituto de Seguros Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una
o varias de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con

52
Fecha del certificado.
53
Interrumpidamente.
54
Estos tiempos no se pueden contabilizar por separado, toda vez que coinciden con los cotizados en el sector privado.
55
Interrumpidamente.
56
Fecha del certificado.
57
Algunos de estos tiempos no se pueden contabilizar por separado, toda vez que coinciden con los cotizados en el sector
privado.
58
Índice 00003 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, archivo «1ED_EXPEDIENTEDIGITAL_DEMANDAGLADYS(.ZIP)
NroActua 3», cuaderno principal, archivo 02. DEMANDA, fl. 105.
.
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Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento
Demandado: FOMAG

una tasa de reemplazo del 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones
durante el último año de servicio anterior a esa fecha, de conformidad con la Ley 71
de 1988 y los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994.

72. En ese sentido, dado que acumuló un total de 21 años, 2 meses y 27 días al 22 de
noviembre de 2019, fecha de la certificación emitida por la Secretaría de Educación
del departamento de Boyacá, la demandante tiene derecho al reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó
cotizaciones durante el último año de servicios anterior al cumplimiento del estatus
pensional, en aplicación de lo estipulado en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de
1994.

73. En atención a que algunos tiempos de servicios en el sector privado y público se
cruzan, es necesario, hacer el siguiente cuadro para establecer la fecha de estatus
pensional de la actora.

FECHA INC FECHA FIN SEMANAS AÑOS MESES DIAS
1/10/1997 31/12/1997 13 0 3 1
1/01/1998 31/12/1998 52 1 0 1
1/01/1999 31/03/1999 13 0 3 1
9/11/1999 26/11/1999 3 0 0 18
1/12/1999 31/12/1999 4 0 1 1
1/01/2000 31/12/2000 52 1 0 1
1/01/2001 31/12/2001 52 1 0 1
1/01/2002 31/01/2003 56 1 1 1
1/02/2003 31/01/2004 52 1 0 1
1/02/2004 31/12/2005 99 1 11 1
1/01/2006 9/01/2006 1 0 0 9
1/04/2006 31/12/2006 39 0 9 1
1/01/2007 31/12/2007 52 1 0 1
1/01/2008 31/12/2008 52 1 0 1
1/01/2009 31/12/2009 52 1 0 1
1/01/2010 5/07/2010 26 0 6 5
19/08/2010 31/12/2010 19 0 4 13
1/01/2011 31/12/2011 52 1 0 1
1/01/2012 31/12/2012 52 1 0 1
1/01/2013 31/12/2013 52 1 0 1
1/01/2014 31/12/2014 52 1 0 1
1/01/2015 31/12/2015 52 1 0 1
1/01/2016 31/12/2016 52 1 0 1
1/01/2017 31/12/2017 52 1 0 1
1/01/2018 31/12/2018 52 1 0 1
1/01/2019 11/11/2018 -7 -1 10 11
Total 1040 20 0 0

74. El estatus pensional lo adquirió el 11 de noviembre de 2018, fecha en la que acreditó
20 años de aportes acumulados en las diferentes entidades de previsión social y ya
tenía con antelación el requisito de edad -55 años - [pues nació el 8 de febrero de
1959), de conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de
1994.

75. Por otro lado, respecto a los aportes al sistema pensional que debió hacer el
empleador y empleado en el porcentaje correspondiente, en el evento de que no se

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hayan efectuado como lo ordena la ley, deben las entidades de previsión adelantar las
gestiones necesarias para su cobro, pues no se pierde de vista que, dada la naturaleza
de la pensión por aportes, estos son necesarios para la financiación de la prestación y
la sostenibilidad del sistema.

76. Así las cosas, corresponde al FOMAG realizar los trámites legales necesarios para
recaudar las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que estuvo
contratada a través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaran, de
igual forma, la demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los
aportes a su cargo durante su vinculación a través de contratos de prestación de
servicios.

77. Finalmente, el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las entidades de previsión
social o fondos pensionales en los que cotizó la demandante de conformidad con el
artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

3.9.3. Sobre la prescripción de los derechos en litigio

78. Como se expuso, Gladis Rodríguez Sarmiento alcanzó el estatus jurídico de
pensionada en virtud de las prerrogativas que el legislador ha previsto para los
docentes, el 11 de noviembre de 2018 y, comoquiera que presentó la reclamación ante
la autoridad administrativa el 30 de enero de 2020, se advierte que no se configuró el
fenómeno prescriptivo del derecho.

3.10. Conclusión

79. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el tiempo laborado por la
demandante, tanto para el sector privado como para el público, en este último a través
de órdenes de prestación de servicios y por nombramiento, pueden computarse para
acreditar la vinculación exigida para ser beneficiaria del régimen de transición previsto
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y para el reconocimiento de la pensión de
jubilación de conformidad con la Ley 71 de 1988.

80. En consonancia con lo anterior, Gladis Rodríguez Sarmiento es beneficiaria del
régimen pensional contenido en la Ley 71 de 1988, toda vez que acreditó los requisitos
en dicha norma y en su Decreto Reglamentario 2709 de 1994. Razón por la cual se
revocará la decisión apelada, en su lugar, se declarará la nulidad del acto
administrativo demandado y en consecuencia, como restablecimiento del derecho se
condenará al FOMAG al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes
con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley
62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan servido de base de cotizaciones a
seguridad social, en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada −10 de
noviembre de 2017 a 11 de noviembre de 2018− en aplicación de la Ley 71 de 1988 y
de los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, sin que deba acreditar el retiro del
servicio docente.

3.11. Costas

81. Lapresente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 59 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
59
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo
valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas
para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo
365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,

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presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad se revocará la sentencia apelada en lo referente a las costas impuestas a
la entonces parte vencida, ya que no se avizoran actuaciones de esta índole en esa
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 11 de abril de 2024
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, por lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: En su lugar, declarar la nulidad de la Resolución 1569 del 15 de abril de
2020, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
por aportes a Gladis Rodríguez Sarmiento.

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a la demandante, Gladis Rodríguez Sarmiento, desde el 11 de
noviembre de 2018, la pensión de jubilación por aportes con el 75% del promedio de
los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas
posteriores, que hayan sido devengados por la accionante y que hayan servido de
base para cotizaciones a seguridad social en el año anterior a la adquisición del estatus
de pensionada −10 de noviembre de 2017 a 11 de noviembre de 2018−, en aplicación
de la Ley 71 de 1988 y de los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, sin que deba
acreditar el retiro del servicio docente.

La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [ IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Cuarto: La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de
previsión social o fondos de pensiones en los que la demandante realizó cotizaciones
de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994. Asimismo, podrá recaudar
las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que estuvo contratada a
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaron, de igual forma,
la demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su
cargo durante su vinculación a través de contratos de prestación de servicios.

Quinto: No condenar en costas.

Sexto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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