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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06561-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06561-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela que interpuso Janeth Odilia Prieto Sierra contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06561-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

27 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06561-01
Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06561-01
Accionante: Janeth Odilia Prieto Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 25 de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Janeth Odilia Prieto Sierra, por intermedio de apoderada judicial, promovió acción de
tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva, a la seguridad jurídica, al principio de favorabilidad y a la aplicación del
precedente, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda-Subsección B, con ocasión de la sentencia proferida
el 24 de abril de 2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado número 25899-33-33-002-2022-00540-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:

2.1. La accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de obtener la nulidad de

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25899333300220220054001250002
3.

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Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

las Resoluciones No. 518 del 12 de agosto de 2022 y 586 del 14 de septiembre de
2022, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión por aportes,
pese a que, según afirmó, acreditaba 1.000 semanas de cotización y 55 años de edad.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Zipaquirá, bajo el radicado número 25899-33-33-002-2022-00540-00,
autoridad que, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, negó las pretensiones
de la demanda.

Como fundamento señaló que, si bien la demandante cumplía el requisito de edad, no
acreditó el tiempo mínimo de 20 años de servicios en el FOMAG, en los términos de la
Ley 91 de 1989, pues únicamente registró 4.267 días cotizados (equivalentes a 11,69
años). De igual manera, descartó el reconocimiento de la pensión por aportes de la Ley
71 de 1988, al considerar que no reunía los presupuestos del régimen de transición,
dado que para el 1° de abril 1994 contaba con 32 años de edad y 4,5 años de cotización
en el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

2.3. Inconforme con dicha decisión, la demandante interpuso recurso de apelación.

Para sustentar su inconformidad: i) sostuvo que cumplía los requisitos establecidos de
la Ley 71 de 1988, por cuanto acreditaba la edad exigida y más de 20 años de aportes
acumulados entre el ISS y entidades públicas, susceptibles de sumatoria; ii) indicó que,
al haberse vinculado como docente con anterioridad al 26 de junio de 2003, le era
aplicable el régimen de transición, lo que permitía computar conjuntamente las
semanas cotizadas en Colpensiones y en el FOMAG; iii) afirmó que superaba los 55
años de edad y relacionó sus vínculos laborales en el sector docente y en Telecom,
precisando que acumulaba un total de 1.237,57 semanas cotizadas al ISS, hoy
Colpensiones; iv) argumentó que, conforme a las Leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 y
normas concordantes, tenía derecho a una pensión equivalente al 75% del ingreso
base, sin exigencia de retiro definitivo; v) concluyó que el juez de primera instancia
desconoció las normas transitorias aplicables y aplicó de forma indebida la Ley 100 de
1993, cuando el régimen procedente era el previsto en la Ley 71 de 1988.

2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 24 de abril de 2025, confirmó la decisión de primer grado. Para
ello, concluyó que la solicitante no era beneficiaria del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1.º de abril de 1994 contaba
con 31 años y 7 meses de edad y 4,20 años de servicios, sin acreditar los 15 años
exigidos. En consecuencia, consideró que quedaba sujeta al régimen general
consagrado en dicha ley, lo que tornaba inaplicable la Ley 71 de 1988 invocado en la
demanda.

Asimismo, determinó que la actora se vinculó a la docencia oficial el 18 de junio de
2009, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón
por la cual no le resultaba aplicable el régimen anterior previsto en la Ley 91 de 1989.

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Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

Finalmente, precisó que no procedía examinar el eventual reconocimiento pensional
bajo la Ley 100 de 1993, por no haber sido objeto de la demanda.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en
sentencia proferida el 24 de abril de 2025 dictada en el medio de control
identificado bajo el Rad. No. 25899- 33-33-002-2022-00540-01, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO DE FAVORABILDAD y
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE VERTICAL de la señora JANETH
ODILIA PRIETO SIERRA, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por la Jurisdicción contenciosa
administrativa.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y proferir una nueva decisión con fundamento
en la normatividad aplicable al caso de la parte actora -esto es, la Ley 71 de
1988-, así como en una adecuada valoración del acervo probatorio, en
concordancia con el precedente jurisprudencial establecido por el Máximo
Órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte accionante planteó los siguientes
cargos:

3.2.1. Desconocimiento del precedente judicial: sostuvo que la sentencia cuestionada
se apartó injustificadamente de la jurisprudencia2 de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, según la cual, el reconocimiento pensional del personal docente no está
supeditado al cumplimiento de los requisitos del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en virtud de la excepción contemplada en el artículo
279 ibidem.

Explicó que la Ley 812 de 2003 incorporó a los docentes al Sistema General de
Pensiones, pero estableció un régimen de transición aplicable a quienes se
encontraban vinculados con anterioridad al 26 de junio de 2003, sin condicionar su
procedencia al cumplimiento de los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En ese orden, afirmó que el único criterio determinante era la fecha de ingreso al
servicio educativo oficial, conforme al precedente del Consejo de Estado y, en
particular, a la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019.

2 Sentencias del 24 de febrero de 2022, dictada en el expediente núm. 63001-23-33-000-2018-00183-01; del 22 de

abril de 2022, emitida al interior del proceso 63001-23-33-000-2018-00184-01; del 22 de junio de 2022 proferida en
el expediente 25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021); del 6 de julio de 2023, radicado 15001-23-33-000-
2020-00011-01; del 18 de abril de 2024 adoptada en el marco del proceso número 25000-23-42-000-2020-00549-
01; del 24 de octubre de 2024 emitida en el proceso 63001-23-33-000-2021-00107-01; del 30 de enero de 2025
proferida en el asunto con registro 66001-23-33-000-2020-00492-01; del 13 de febrero de 2025, expediente 76001-
23-33-000-2019-00322-01.

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Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

Indicó que el Tribunal fundamentó su decisión en una providencia aislada, sin ofrecer
una carga argumentativa suficiente que justificara el apartamiento del precedente
aplicable, con lo cual, a su juicio, vulneró los principios de igualdad, seguridad jurídica
y confianza legítima. Agregó que, aun en presencia de divergencias interpretativas,
debía aplicarse la interpretación más favorable a la actora, en virtud del principio pro
persona, lo que imponía acoger el precedente vertical vigente.

3.2.2. Defecto fáctico: sostuvo que la decisión judicial censurada omitió valorar la
Resolución de 1987, aportada al expediente, mediante la cual se acreditaba que la
accionante laboró como docente en el Colegio Departamental de Zipaquirá entre el 17
de marzo y el 30 de noviembre de 1986.

En tal sentido, sostuvo que el Tribunal dejó de considerar un elemento probatorio
relevante para establecer que su vinculación al servicio docente oficial se produjo con
anterioridad al 26 de junio de 2003, circunstancia que, según afirma, hacía procedente
la aplicación del régimen previsto en la Ley 71 de 1988.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 23 de octubre de 20253 el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con
interés, a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y a la Fiduprevisora S.A. Finalmente, solicitó la remisión del expediente
correspondiente al proceso ordinario.

4.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá 4 allegó el enlace
web de acceso al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B5 al oponerse al amparo, sostuvo que no se configuró desconocimiento del precedente
aplicable, toda vez que, si bien la parte actora citó providencias favorables a su postura,
la Sección Segunda del Consejo de Estado ha proferido decisiones recientes que
respaldan el criterio adoptado en la sentencia cuestionada. En tal sentido, indicó que
no existe una postura unificada sobre la materia y que la interpretación acogida en
segunda instancia se enmarca dentro del ámbito de la autonomía judicial y resulta
compatible con pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción.

De igual manera, afirmó que la providencia reprochada no obedeció a una valoración
probatoria defectuosa ni a una aplicación indebida de la normativa, sino a un examen
riguroso del acervo documental y del régimen especial docente. Puntualizó que la
actora pretende reabrir el debate probatorio en sede constitucional, pese a que los
argumentos ya fueron objeto de análisis en el proceso ordinario, y reiteró que la
aplicación del régimen invocado exigía acreditar el cumplimiento de los presupuestos

3
Índice 00005 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
4 Índice 00009 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
5 Índice 00010 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instanci a.

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Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 para acudir a la Ley 71 de
1988.

4.4. La Nación, Ministerio de Educación Nacional6 propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la controversia planteada se
circunscribe a la sentencia proferida por el juez ordinario de segunda instancia,
actuación en la cual dicha cartera no tuvo injerencia alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, solicitó que se declare improcedente el amparo, por estimar
que la acción no satisface el requisito de relevancia constitucional exigido para la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales.

5. La sentencia de primera instancia

El 25 de noviembre de 20257 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
profirió sentencia mediante la cual declaró improcedente el amparo por no superar el
requisito de subsidiariedad.

El a quo constitucional precisó que las decisiones judiciales invocadas como
precedente desconocido por el Tribunal accionado no fueron planteadas en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia ordinaria de primera instancia, lo que
impidió que el juez de segunda instancia se pronunciara al respecto. Destacó que el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá negó las pretensiones al
concluir que la actora no cumplía los requisitos del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
En ese orden, si la demandante estimaba desacertado el precedente aplicado, debía
exponer los reparos correspondientes como sustento de la alzada.

Con fundamento en lo anterior, consideró incumplido el requisito de subsidiariedad, en
la medida en que “los reparos formulados para sustentar el vicio endilgado a la
providencia acusada no fueron expuestos en el proceso ordinario, lo que impide que
sean objeto de estudio por el juez constitucional”. Añadió que la actora tampoco hizo
uso del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, mecanismo procedente
contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando estas se
apartan de providencias de unificación del Consejo de Estado. Señaló que, aunque la
accionante no alegó expresamente el desconocimiento de una decisión unificadora, los
fallos que citó remiten a la aplicación de los criterios fijados en la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. En consecuencia, estimó que correspondía al juez
natural pronunciarse, en primer término, sobre el vicio alegado en sede constitucional.

Finalmente, en relación con el defecto fáctico, concluyó que no se configuró omisión
probatoria alguna. Indicó que la autoridad judicial accionada examinó, en primer lugar,
la procedencia de la Ley 71 de 1988 a la luz de los requisitos del régimen de transición

6 Índice 00012 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia .
7 Índice 00019 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los cuales la actora no acreditó. Además, analizó
su vinculación a la docencia oficial para evaluar la eventual aplicación de la Ley 91 de
1989 y determinó que, para la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, la
demandante no se encontraba vinculada al servicio público educativo oficial. En
consecuencia, concluyó que resultaba indispensable acreditar de manera concurrente
los requisitos del régimen de transición y la vinculación previa a la Ley 812 de 2003,
condiciones que no se satisfacían en el caso concreto.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación en el que solicitó revocar el fallo de
primer grado y, en su lugar, conceder la protección deprecada. Para ello, expuso los
siguientes argumentos:

6.1. Cuestionó el análisis efectuado del requisito de subsidiariedad, al considerar que
los argumentos formulados en la acción de tutela no se dirigieron a controvertir el
desconocimiento de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2029 “sino a
controvertir el desarrollo jurisprudencial que ha venido consolidando el Honorable
Consejo de Estado en relación con la improcedencia de aplicar el régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993 para efectos de establecer el régimen pensional
aplicable al personal docente”.

Sostuvo que la vulneración de los derechos fundamentales se configuró porque el
Tribunal accionado profirió la sentencia de segunda instancia con desconocimiento del
precedente jurisprudencial mayoritario y vigente, sin ofrecer una motivación suficiente
que justificara la adopción de una tesis más restrictiva para el reconocimiento del
derecho pensional.

Precisó que los argumentos dirigidos a cuestionar la sentencia del 24 de abril de 2025
no podían canalizarse a través del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia y, por tanto, no era procedente declarar incumplido el requisito de
subsidiariedad por no haber acudido a dicho mecanismo. Añadió que la decisión del a
quo constitucional obedeció a una interpretación restrictiva de los cargos formulados
en el escrito de tutela.

6.2. Indicó que la controversia reviste relevancia constitucional, por cuanto la autoridad
judicial accionada condicionó el reconocimiento pensional al cumplimiento del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pese a que, según afirmó, la
jurisprudencia había precisado que bastaba acreditar la vinculación al servicio
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A su
juicio, tal actuación desconoció los principios de primacía de la realidad, seguridad
jurídica y confianza legítima.

Asimismo, sostuvo que el Tribunal incumplió las cargas de transparencia y suficiencia
exigidas para apartarse del precedente, al citar decisiones desactualizadas, omitir la
jurisprudencia posterior y no justificar de manera clara la adopción de una postura más
6

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restrictiva. Agregó que tampoco identificó con precisión los antecedentes invocados ni
explicó las razones para otorgar un trato menos favorable frente a casos análogos, en
contravía del principio pro homine y de los estándares fijados por la Corte
Constitucional.

Con fundamento en lo anterior, afirmó que la acción de tutela cumple el requisito de
relevancia constitucional, pues el caso de la señora Janeth Odilia Prieto Sierra fue
resuelto sin atender el precedente pacífico del Consejo de Estado en materia pensional,
sin motivación suficiente para adoptar un tratamiento más gravoso que en asuntos
similares y mediante la exigencia de requisitos no previstos en la ley.

6.3. Señaló que la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en
sentencia del 11 de septiembre de 2025 8, concedió el amparo por desconocimiento del
precedente, en un caso en el que se negó la pensión a un docente bajo la exigencia
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Indicó que en dicha providencia se
estableció que el elemento determinante para definir el régimen aplicable era la fecha
de ingreso al servicio público docente, diferenciando entre vinculaciones anteriores y
posteriores a la Ley 812 de 2003.

6.4. Reiteró que la sentencia censurada desconoció el precedente9 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, conforme al cual lo determinante para definir el
régimen pensional aplicable al personal docente es la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial con anterioridad al 26 de junio de 2003, sin que resulte procedente
exigir condiciones adicionales de transición no previstas para estos supuestos.

6.5. Finalmente, insistió en la configuración de un defecto fáctico por omisión en la
valoración de la Resolución 1529 de 1987, aportada al expediente, mediante la cual se
acreditaba que la accionante laboró como docente en el Colegio Departamental de
Zipaquirá entre el 17 de marzo y el 30 de noviembre de 1986. Sostuvo que dicho
elemento probatorio era relevante para demostrar que su ingreso al servicio docente
oficial se produjo con anterioridad al 26 de junio de 2003.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.

8 Radicado 11001-03-15-000-2025-04011-01
9 Sentencias del 24 de febrero de 2022, dictada en el expediente núm. 63001-23-33-000-2018-00183-01; del 22 de

abril de 2022, emitida al interior del proceso 63001-23-33-000-2018-00184-01; del 22 de junio de 2022 proferida en
el expediente 25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021); del 6 de julio de 2023, radicado 15001-23-33-000-
2020-00011-01; del 18 de abril de 2024 adoptada en el marco del proceso número 25000-23-42-000-2020-00549-
01; del 24 de octubre de 2024 emitida en el proceso 63001-23-33-000-2021-00107-01; del 30 de enero de 2025
proferida en el asunto con registro 66001-23-33-000-2020-00492-01; del 13 de febrero de 2025, expediente 76001-
23-33-000-2019-00322-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06561-01
Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Janeth
Odilia Prieto Sierra, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados. Esto,
en la medida que, actuó como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
de derecho identificado con el número 25899-33-33-002-2022-00540-00/01.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por cuanto fungió
como juez de segunda instancia dentro del trámite mencionado y es su decisión a la
que la parte accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente el amparo solicitado.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela 11 y otros de carácter específico, que tocan con
la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 12.

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06561-01
Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 14.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido

que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya
que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por consiguiente, confirmará el fallo de primera instancia en
tanto declaró improcedente la solicitud, pero por las razones que se exponen a
continuación:

5.1. Al analizar los cargos, la parte actora sostuvo que la providencia cuestionada
incurrió en: i) desconocimiento del precedente judicial, por apartarse de la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado en materia de régimen
pensional docente, al supeditar el reconocimiento de la prestación al cumplimiento de
los requisitos del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
pese a la excepción consagrada en el artículo 279 ibidem y a lo definido en la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019, según la cual el único criterio determinante es la
fecha de ingreso al servicio educativo oficial; y ii) defecto fáctico, por omitir la valoración
de la Resolución 1529 de 1987, con la cual, afirma, se acreditó que la accionante laboró
como docente entre el 17 de marzo y el 30 de noviembre de 1986, circunstancia que
demostraba su vinculación con anterioridad al 26 de junio de 2003 y tornaba aplicable
el régimen previsto en la Ley 71 de 1988.

15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia proferida el 24
de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que puso fin a la actuación, así como de las pruebas allegadas al
proceso, se advierte que dicha autoridad arribó a las siguientes conclusiones:

“[…] En el presente caso, solicita la parte demandante se reconozca en favor
de la señora JANETH ODILIA PRIETO SIERRA la pensión de jubilación por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988, al considerar que la docente se
encontraba vinculado al servicio con anterioridad a la entrada en vigor de la ley
812 de 2003.

Así las cosas y conforme quedó evidenciado en el marco normativo y
jurisprudencial, se tiene que para la aplicación del régimen previsto en la Ley 71
de 1988, debe acreditarse que el docente sea beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993, que es del siguiente tenor literal:

[…]

Criterio este que ha sido reiterado por la Alta Corporación de lo Contencioso
Administrativo que, en sentencia del 28 de enero de 2021, proferida por la
Sección Segunda-Subsección “B” en la que se acudió a la Ley 71 de 1988, pero
se viabilizó su procedencia, únicamente en virtud del beneficio del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, veamos:

[…]

Posición reiterada por el Consejo de Estado en sentencia del 9 de marzo de
2023 al indicar:
[…]

Dicho lo anterior, y al verificar los hechos que se encuentran probados, se
evidencia que la señora PRIETO SIERRA nació el 12 de agosto de 1962, por lo
cual para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el 1°
de abril de 1994, acreditaba una edad de 31 años y 7 meses, por lo cual no
cumple con el requisito de la edad previsto en el artículo transcrito.

[…]

De lo anterior, se tiene que la demandante, tampoco acredita el tiempo de
servicios establecido en la Ley 100 de 1993 para hacerse beneficiaria del
régimen de transición previsto en dicha norma, pues debería demostrar que
para el 1° de abril de 1994, tenía 15 o más años de servicios. De esta manera,
como la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, está sujeta a las condiciones para pensionarse
determinadas por esta última norma, resultando inaplicable el régimen previsto
en la Ley 71 de 1988.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte actora hace mención de que el
reconocimiento pensional se encuentra determinado por cuanto ingresó al
servicio de docencia oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, procede la Sala a emitir el siguiente análisis:

Con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el Plan
Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”, publicada en
el Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003, se introdujo una

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Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

modificación importante en cuanto al régimen prestacional de los docentes
oficiales, en la medida que su artículo 81 dispuso:

[…]

Partiendo entonces del texto del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 se logran
diferenciar claramente dos situaciones: i) La de los docentes vinculados a partir
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) a quienes
les será aplicable para efectos pensionales, el régimen de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos allí
estatuidos, salvo el de la edad de pensión de vejez, que será de 57 años para
hombres y mujeres; y ii) La de los educadores que para el momento en que
entró en vigencia de la Ley 812 de 2003, ya se encontraban vinculados al
servicio público oficial, a quienes los gobierna el régimen pensional previsto en
las disposiciones anteriores a dicha ley, esto es, el régimen prestacional que
consagra la Ley 91 de 1989. En uno y otro caso, el reconocimiento pensional
se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

Es pertinente resaltar que en el artículo 81 precitado, el legislador adoptó un
criterio diferenciador referido a la vinculación al servicio público educativo oficial,
sin restringir o condicionar el vínculo existente entre el docente y la
administración, a una modalidad particular de ingreso del servidor.

Por lo anterior, se tiene que lo determinante para identificar la disposición
llamada a regular la situación pensional de los docentes oficiales es el momento
en que tuvo lugar su vinculación con el servicio público educativo oficial, pues
sólo así se podrá establecer conforme lo normado en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003, el marco normativo aplicable a cada situación particular.

Así las cosas, se tiene que la señora JANETH ODILIA PRIETO SIERRA se
vinculó a la docencia oficial el 18 de junio de 2009, al servicio de la Secretaría
de Educación del Departamento de Cundinamarca. Por lo anterior, se evidencia
que, a la entrada en vigor de la ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), la
demandante se encontraba desvinculada del servicio público educativo oficial,
por lo cual la situación pensional de la actora tampoco se encuentra gobernada
por el régimen pensional anterior a la Ley 812 de 2003, como lo afirma la parte
actora en el presente asunto.

Aunado a lo anterior, advierte la Corporación que no se efectuará el estudio del
reconocimiento de la pensión conforme a las disposiciones consagradas en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, toda vez que este no fue solicitado en el
escrito de demanda; aunado al hecho de que, la entidad accionada mediante
Resoluciones Nos. 518 y 586 de 2020, y 782 del 20 de mayo de 2024, reconoció
pensión de vejez en favor de la señora JANETH ODILIA PRIETO SIERRA,
teniendo en cuenta los aportes efectuados por la actora a la NACIÓN y
COLPENSIONES. Por lo cual habrá de confirmarse la sentencia apelada”.

5.3. En conclusión, para la autoridad judicial accionada: i) el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 exige que el docente
sea beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, criterio reiterado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
providencias de 28 de enero de 2021 y 9 de marzo de 2023; ii) la señora Janeth Odilia
Prieto Sierra no acreditó los requisitos de edad ni de tiempo de servicios exigidos al 1
de abril de 1994 para acceder a dicho régimen de transición, por lo que su situación
pensional se rige por la Ley 100 de 1993 y resulta inaplicable la Ley 71 de 1988; iii)

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Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el criterio determinante para definir el
régimen aplicable a los docentes oficiales es la fecha de vinculación al servicio público
educativo, de modo que quienes ingresaron con posterioridad al 27 de junio de 2003
se someten al régimen de prima media previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003; iv) como la demandante se vinculó a la docencia oficial el 18 de junio de 2009,
conforme a los certificados expedidos por la autoridad competente, no se encontraba
amparada por el régimen anterior a la Ley 812 de 2003; y v) en consecuencia, no
procedía el reconocimiento pensional solicitado con fundamento en la Ley 71 de 1988,
máxime cuando la entidad accionada ya reconoció pensión de vejez conforme a la
normativa vigente, razón por la cual se impone confirmar la sentencia apelada.

5.4. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y
fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de
la parte actora durante el desarrollo del proceso de reparación directa.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar:
i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración 16.

5.5. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio sin que haya demostrado la violación del
derecho fundamental para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar las
razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.6. Respecto del defecto fáctico alegado, relacionado con la omisión de la vinculación
a la docencia oficial en 1986, esta judicatura pone de presente que la autoridad
accionada examinó, en primer lugar, la aplicación de la Ley 71 de 1988 a partir del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuyos requisitos no

16 Sentencia SU215 de 2022.

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encontró acreditados. Luego, analizó la vinculación docente para determinar la
procedencia de la Ley 91 de 1989 y concluyó que, a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 (27 de junio de 2003), la demandante no se encontraba vinculada al servicio
público educativo oficial.

Bajo este contexto, se observa que el tribunal consideró necesario el cumplimiento
concurrente de ambos presupuestos. Por lo tanto, la falta de cualquiera de ellos
impedía el reconocimiento pensional.

Por ende, tal y como lo consideró el juez constitucional de la primera instancia, aun si
se tuviera en cuenta la vinculación desde 1986, esta no resultaba suficiente, pues no
se acreditaron los requisitos del régimen de transición (35 años y 15 años de servicios
al 1º de abril de 1994), dado que la accionante contaba con 31 años y 4 años y 2 meses
de servicio.

En ese orden, la Sala concluye que dicha circunstancia no configura una omisión
probatoria con incidencia en la decisión de fondo, lo que torna el cargo irrelevante frente
al análisis de la presunta vulneración de derechos fundamentales.

5.7. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente17 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la
coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones
judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una
herramienta de protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al
momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.

Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen
dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende
“aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador
judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de los asuntos, el precedente
vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su
respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados
por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”18.

Según lo expuesto, y de la revisión de la jurisprudencia mencionada en el escrito de
tutela, se advierte que se trata si bien se trata de pronunciamientos judiciales que
abordaron situaciones similares a la de la tutela, este hecho por sí solo n o permita
concluir que constituye precedente con fuerza vinculante y obligatoria de una sentencia
de unificación. Por tanto, no se puede atribuir que estas providencias componen un

17 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
18 Ibidem.

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precedente en el cual, el juez natural de la causa debió basar su estudio, dado que, no
existe una posición unificada frente al tema, por lo tanto, prevalece el principio de
autonomía judicial.

Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre esos fallos, así como
la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también
la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos
analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio
detallado de los elementos de similitud impidió verificar si existía o no una contradicción
con el precedente alegado. Por lo anterior, no se advirtió una carga argumentativa
suficiente que sustentara el cargo formulado, lo que imposibilita su análisis de fondo en
la presente decisión.

5.8. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 19, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 20.

5.9. En este punto, la Sala precisa que al margen del posible incumplimiento del
requisito de subsidiariedad advertido por el a quo constitucional, los argumentos
expuestos en el escrito introductorio estuvieron orientados a cuestionar la sustentación
de la sentencia censurada, en concreto, el precedente y la valoración probatoria,
aspectos que se subsumen dentro del estudio del requisito de relevancia constitucional,
que, como se indicó en precedencia, no se demostró superado.

En tal sentido, se confirmará la decisión impugnada, en tanto declaró improcedente el
amparo, pero por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

19 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
20 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06561-01
Accionante: Janeth Oilia Prieto Sierra

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la
acción de tutela que interpuso Janeth Odilia Prieto Sierra contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
SFGS

16

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