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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00322-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00322-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 29 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Segundo. En su lugar, declarar la nulidad del acto administrativo ficto presunto derivado del silencio administrativo negativo configurado por la falta de respuesta de la demandada a la petición de reconocimiento pensional presentada por María Inés Cardona Olarte el 21 de diciembre de 2018. Tercero. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a la demandante, María Inés Cardona Olarte, la pensión de vejez con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha en la que adquirió el estatus, 21 de enero de 2018, con el monto correspondiente según el número 49 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00322-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de febrero de 2025

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00322-01(1709-2023)
Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00322-01(1709-2023)
Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1: docente vinculado después de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Subtema 2: derecho fundamental a la
seguridad social y competencias del juez contencioso–administrativo en asuntos
pensionales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de
julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se
negaron sus pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante, en su calidad de docente oficial, solicitó al Fomag el reconocimiento y
pago de una pensión por aportes conforme con la Ley 71 de 1988, pues cotizó a través
de entidades públicas y privadas. La entidad demandada no contestó la anterior
solicitud, por lo que demandó la nulidad del acto administrativo ficto presunto negativo
producto de la falta de respuesta.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. María Inés Cardona Olarte, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se enuncian.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto
presunto negativo derivado de la falta de respuesta a la petición presentada el 21 de
diciembre de 2018.

1
En adelante Fomag.
2
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso–Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 10 de abril
de 2019 de acuerdo con el «acta individual de reparto» visible en el f. 44 del cuaderno único del expediente físico.
En dicho cuaderno también se puede ver la demanda a f. 1 y ss.
1

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00322-01(1709-2023)
Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

3.A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la Nación,
Ministerio de Educación, Fomag a: (i) reconocer y pagar una pensión de jubilación
equivalente al 75% de los salarios y prestaciones recibidas antes del cumplimiento del
estatus, a partir del 1 de septiembre de 2014, sin exigir el retiro del servicio por
compatibilidad con el salario de la docencia oficial, (ii) dar cumplimiento al fallo de
conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA, con el respectivo ajuste de su valor.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) La demandante nació el 1 de septiembre de 1959.

2) Realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales, ISS, antes del 23 de junio de 2003,
por lo que tiene 660 semanas cotizadas en Colpensiones.

3) Fue vinculada a la docencia oficial el 26 de agosto de 2005 y a la fecha de
presentación de la demanda es docente oficial.

4) De conformidad con la Ley 812 de 2003 tendría derecho a la pensión a los 57 años
y 1.300 semanas de cotización, pero la administración le exigía el retiro del cargo
de docente oficial, circunstancia que considera ilegal al tener derecho a una pensión
por aportes compatible con el salario percibido como docente oficial con 1.000
semanas de cotización y 55 años edad de conformidad con la Ley 71 de 1988.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Ley 71 de 1988, artículo
7; Ley 91 de 1989, artículo 15 numerales 1 y 2; Ley 60 de 1993, artículo 6; Ley 115 de
1993, artículo 115; Ley 100 de 1993, artículo 279; Ley 812 de 2003, artículo 81 y
Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.

6. En el concepto de violación expuso que estaba vinculada al servicio docente antes
del 23 de junio de 2003 y efectuó cotizaciones al ISS, por lo que sus aportes para
pensión deben ser tenidos en cuenta para la aplicación del régimen de transición del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por ser docente del orden nacional.

7. Por lo anterior, consideró que podía beneficiarse de la pensión por aportes de que
trata la Ley 71 de 1998, que les permitió a los docentes percibir la prestación pensional
en compatibilidad con el salario, esto es, sin que se le exigiera el retiro definitivo del
servicio.

2.2. Contestación de la demanda

8. El Fomag, a pesar de que fue notificado del auto admisorio, no contestó la demanda3.

2.3. Sentencia de primera instancia

9.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 29 de julio de
20224 resolvió negar las pretensiones de la demanda5, y condenar en costas a la parte
demandante, porque:

3
Según constancia secretarial del 24 de febrero de 2020 visible a f. 71 del cuaderno único del expediente físico.
4
Índice 30 del expediente digital de Samai del Tribunal, archivo
«7_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES(.pdf) NroActua 30».
5
Con salvamento de voto del magistrado Ronald Otto Cedeño Blume indicando que «discrepo del argumento
expuesto en el proyecto, relacionado con que no es factible analizar las pretensiones de la demanda conforme a las
2

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00322-01(1709-2023)
Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

a) La demandante se vinculó al servicio docente el 26 de agosto de 2005, esto es,
después del 27 de junio de 2003, por lo que su situación no se enmarca en los términos
establecidos en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, y le resulta aplicable el régimen
de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

b) Del estudio del derecho pensional de la demandante con las normas generales y el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tampoco tendría derecho
a la aplicación de la Ley 71 de 1988, pues a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, tenía 34 años y 7 meses de edad y había cotizado aproximadamente 389
semanas.

c) A pesar de que a la fecha de la sentencia, se encontró acreditados los requisitos
exigidos por el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo
9 de la Ley 797 de 2003, no es posible ordenar el reconocimiento, en acatamiento del
principio de congruencia «porque lo otorgado a título de restablecimiento, no es
directamente proporcional con lo solicitado en la demanda, iniciando por la reclamación
administrativa que no hace mención alguna a la Ley 100 de 1993, así mismo, los
acápites de disposiciones violadas y concepto de violación, enunciando que limita el
campo de análisis del juez y finalmente, el acápite de pretensiones, es decir, no existe
identidad de pretensiones y fundamentos fácticos de la sentencia, con lo cual se puede
afirmar que se vulnera el derecho al debido proceso y contradicción». (Sic).

2.4. Recurso de apelación

10. Laaccionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en el que insistió en los argumentos de su demanda, y adicionó lo siguiente6:

a) La sentencia apelada descarta que la demandante prestó sus servicios como
educadora en el sector privado desde el año 1978 y realizó aportes al ISS, por lo que
tiene 660 semanas cotizadas en Colpensiones antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003. Pero ese tiempo de servicio debe ser respetado para que recupere el
régimen pensional anterior, pues acredita los requisitos para el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes conforme a la Ley 71 de 1988.

c) María Inés Cardona Olarte laboró por 25 años en entidades públicas y privadas, luego
su derecho pensional debía regirse por la Ley 71 de 1988 que posibilita, para cumplir
con el tiempo de servicios, computar tiempo laborado en el sector público, privado y de
docencia oficial. Por lo anterior, considera que cumplió con los requisitos para la
pensión solicitada.

d) Por tener vinculación en el sector público como docente y cotizaciones en el sector
privado, no cumple con lo exigido en la Ley 33 de 1985, esto es, 20 años de servicios
continuos o discontinuos en el sector público. Así pues, se debe aplicar la Ley 71 de
1988, que permitió la sumatoria de tiempos cotizados a diferentes cajas de previsión
por la prestación de servicios de orden público y privado.

reglas de la Ley 100 de 1993, supuestamente porque se «vulnera íntegramente el principio de congruencia de la
sentencia en su variable externa. / Olvida la Sala que sobre este asunto existe sentencia de unificación del Consejo
de Estado, en virtud de lo cual cuando estén en discusión asuntos pensionales, la aplicación del principio iura novit
curia debe hacerse bajo la egida de la naturaleza del derecho fundamental de la seguridad social, en donde es
factible que el juez de lo contencioso–administrativo pueda interpretar los hechos de la demanda y aplicar el régimen
pensional que corresponda a los presupuestos fácticos, aun cuando no haya sido expresamente invocado en la
demanda. […] / Por manera que la Sala también debió abordar el estudio del caso sub examine conforme a las
reglas de la Ley 100 de 1993, para verificar si la demandante tenía o no derecho a su pensión, para lo cual, incluso,
por tratarse de un derecho fundamental como es la seguridad social, se pudo acudir a la facultad oficiosa prevista
en el artículo 213 del CPACA, a efectos de tener elementos probatorios suficientes tendientes a dirimir el derecho
pensional».
6
Índice 32 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo «8_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 32».
3

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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

e) Finalmente, solicitó que se revoque la condena en costas, pues se trata del
reconocimiento de un derecho y no tuvo la voluntad de causar «un desgaste del aparato
judicial innecesario, por el contrario, siempre tuvo la expectativa de que sus
pretensiones fueran favorables y no se buscaron mecanismos dilatorios como para que
el a quo le asigne una condena en costas tan elevadas».

2.5. Intervenciones en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 20217, no hubo traslado a las partes para alegar porque no fue
necesario el decreto de pruebas. El Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Derecho fundamental a la seguridad social y competencias del juez
contencioso–administrativo en asuntos pensionales

13. El derecho a la seguridad social se encuentra dispuesto en el artículo 48 de la
Constitución Política como un derecho fundamental orientado a garantizar el bienestar
y la protección de las personas frente a las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte, entre otras. En ese sentido, esta norma lo prevé como un derecho
irrenunciable, de aplicación prioritaria e inmediata, lo cual implica que el Estado tiene la
obligación de adoptar las medidas necesarias que aseguren su acceso efectivo.

14. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho8:

«30. El artículo 48 de la Constitución Política establece el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación. Se trata de un derecho fundamental y de un servicio público
de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado.

31. Su carácter fundamental se sustenta en el principio de la dignidad humana. En virtud
de este principio, resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos9.

32. Según lo ha interpretado esta Corporación, los objetivos de la seguridad social
guardan necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de
derecho10».

15. En ese orden de ideas, tratándose de las competencias del juez contencioso–
administrativo al conocer de un proceso en el que se debate un asunto pensional, para
esta sala es relevante recordar lo señalado en las sentencias de unificación del 12 de

7
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso–administrativo, Ley
1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la
jurisdicción.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-026 de 2023.
9
Cit. de cit. sentencias T-628 de 2007, T-032 de 2012; T-072 de 2013 y T-146 de 2013
10
Cit. de cit. Sentencias C-575 de 1992 y T-628 de 2007.
4

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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

abril de 201811 y del 4 de octubre de 201812, en las que esta Sección estableció que la
ausencia de una referencia expresa a determinada norma no limita el análisis del caso,
siempre que exista una normativa aplicable al mismo. Así, la regla jurisprudencial quedó
establecida de la siguiente manera:

«En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de
aplicación inmediata, el juez contencioso–administrativo no está limitado para conocer
del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el
reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de
resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normativa pensional
que corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de conformidad con el artículo 103
de la Ley 1437 de 2011».

16. Lo anterior implica que, en asuntos pensionales, el juez contencioso–administrativo
tiene la facultad de aplicar la normatividad que estime pertinente, sin que ello constituya
una infracción al principio de justicia rogada o una vulneración al debido proceso. Su
función, en este contexto, es garantizar el acceso efectivo a un derecho fundamental
como lo es la seguridad social.

17. En consecuencia, aunque en el presente caso se discute la aplicación de la Ley 71
de 1968, a efecto de estudiar la situación pensional de la demandante, ello no impide
que resuelto dicho debate, la Sala pueda analizar si tiene derecho al reconocimiento de
la pensión conforme a las reglas previstas en las demás normas de la Ley 100 de 1993,
pues hacer lo contrario, esto es, dejar de estudiar si tiene o no derecho a la pensión
bajo esta normatividad, sería desconocer el carácter fundamental del derecho a la
seguridad social y como consecuencia vulnerar esta garantía constitucional cuya
finalidad, como se dijo, es la protección de las personas contra las contingencias, en
este caso, derivadas de la vejez.

3.3. Problema jurídico y metodología de su resolución

18. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:

1. ¿los tiempos de servicio prestados por María Inés Cardona Olarte que fueron
cotizados al ISS, hoy Colpensiones, la hacen beneficiaria del régimen de transición
establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?

2. En caso de ser positiva la respuesta al interrogante anterior, se establecerá si ¿la
pensión regulada en la Ley 71 de 1988, o la norma que le resulte aplicable a la docente,
es compatible con el salario percibido en ejercicio de la docencia o está supeditada al
retiro del servicio?

19. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Subsección estudiará, en primer
lugar, el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Después, aludirá al régimen pensional aplicable
a los docentes oficiales - sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril
de 2019, luego, se referirá a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes
oficiales, y la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente. Por
último, estudiará el caso en concreto.

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación: 810012333000201400012-01 (1321-2015) CE-SUJ-SII-010-
2018.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación número: 05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-
013-18.
5

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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

3.4. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

20. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del Sistema
General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
que establece lo siguiente: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

21. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema especial de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido
por la Ley 91 de 198913, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender
las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

22. La Ley 91 de 1989 establece un esquema especial de financiamiento que difiere del
régimen general. En su artículo 8 dispone un sistema de aportes donde los docentes
contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación aporta el
8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios
personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una de las
principales razones que justifican la excepción del régimen general.

23. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones
económicas y sociales de los docentes, y diferencia entre el personal nacionalizado
vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del
1 de enero de 1990.

24. Es importante señalar que la normativa especial para los docentes se mantiene
incluso después de la expedición de la Ley 812 de 200314. Aunque esta norma [en su
artículo 81] estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia [27 de junio
de 2003] se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años
para ambos géneros. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema, los docentes
mantienen características especiales que justifican su tratamiento diferenciado.

25. El Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del régimen, al
establecer en su parágrafo transitorio 1 que «[e]l régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta».

26. La excepción del régimen general se justifica, entonces, no solo por la existencia de
un sistema especial de administración y financiamiento sino también por la necesidad
de mantener la unidad en el manejo de las prestaciones sociales del Magisterio, y
garantizar así la sostenibilidad financiera del sistema y la adecuada prestación del
servicio público de educación.

13
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
14
Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
6

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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

3.5. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201915

27. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25
de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el ingreso
base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial
afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

28. En efecto, en la referida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión
de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya
aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales regímenes
son:

29. En primer lugar, los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen pensional
de los servidores públicos del orden nacional, establecido en la Ley 33 de 1985, «por
la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores que se
deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se
hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de
la Ley 62 de 1985.

30. Al respecto se indicó que: «En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo».

31. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003, cuando
entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme con las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

ü Edad: 55 años para hombres y mujeres.
ü Tiempo de servicio: 20 años.
ü Tasa de remplazo: 75%.
ü Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

32. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en cuanto
a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de liquidación, que
además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza salarial según

15
Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica [Decreto 2354 de
2018]16.

33. En segundo lugar, a los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores del Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas
cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de unificación se fijó la
siguiente regla:

«Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación
son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones».

34. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

ü Edad: 57 años para hombres y mujeres.

ü Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

ü Tasa de remplazo: 65%-85%17, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de
2003.

ü Ingreso base de liquidación que comprende: (i) el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica [cuando sea factor de salario]; primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

35. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado líneas atrás, sobre la existencia de normas
especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del ingreso
base de cotización.

36. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en que el factor
determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación inicial
al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas reglas

16
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023).
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Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
jurisprudencia de esta Sección18, tales como:

1) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la Ley
812 de 2003, siempre que la vinculación inicial al servicio público educativo oficial
haya sido anterior a su vigencia.

2) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra especial
relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios.

3) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación,
independientemente de la modalidad (carrera docente, provisional o por contrato de
prestación de servicios), siempre que haya sido en el servicio público educativo
oficial.

37. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
público docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente
el nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, y garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.6. El reconocimiento pensional según la Ley 71 de 1988 para los docentes
oficiales

38. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral, y han
acumulado aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión sobre si podían pueden acceder
a los beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.

39. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de la
Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente,
especialmente cuando no alcanzan el tiempo de servicio requerido exclusivamente en
el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar sus aportes en
diferentes sectores.

40. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión por
aportes, con los siguientes requisitos según su artículo 7:

• Para mujeres: 55 años.
• Para hombres: 60 años.
• 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de previsión
social del sector público y el ISS [hoy Colpensiones].
• Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.
18
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de noviembre de 2024, rad. 25000-
23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2020. rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-
2019). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
6 de febrero de 2020. rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015).
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41. Respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que reglamentó
esta ley, establece en sus artículos 6° y 8° que la pensión se liquida con el 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.

42. Ahora bien, sobre la referida discusión esta Subsección recientemente, mediante
sentencia del 30 de enero de 202519 expuso a saber, cinco razones fundamentales por
las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes:

1) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía la
aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional».

2) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de todos
los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la remisión que hace
la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos pensionales de los docentes, al
régimen del sector público nacional.

3) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normativa que contiene los «derechos mínimos»
en materia pensional aplicables al sector público en general, que no pueden ser
desconocidos a ningún servidor público. Dicho de otro modo, excluir a los docentes
del artículo 7 de la Ley 71 de 1988 supondría suprimir uno de estos derechos
esenciales, al impedirles completar el requisito de tiempo de servicios mediante la
acumulación de aportes en los sectores público y privado.

4) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su vida laboral
la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios pensionales.

5) Si bien la «[l]ey 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por
sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales que trabajan
en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado normativo que establece una
excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda gobernar otra
norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se
expidieron con posterioridad».

43. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003
de pensionarse exclusivamente con tiempo público bajo la Ley 33 de 1985. Por el
contrario, constituye una opción adicional y favorable para aquellos docentes que han
acumulado tiempos tanto en el sector público como en el privado. Esta interpretación
se alinea con el principio de favorabilidad en materia laboral, pues amplía las
posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya existentes.

44. En conclusión, la sentencia precisó que la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del «régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional» al que remite la Ley 91 de 1989. La Ley 71
de 1988 establece una modalidad pensional que requiere 55 años para mujeres y 60
para hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser acumulados entre el sector
público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará con el 75% del promedio
del salario que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de
enero de 2025, rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
10

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45. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de 2025 se
pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con anterioridad a la
Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en ella no pueden
entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de 1988 a quienes
iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de 2003. Esto se debe
a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial, cuando la normativa anterior resulta más
favorable.

46. Lo anterior supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado artículo
36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo
Contencioso–Administrativo de esta corporación20, la aplicación de las normas
señaladas (v.gr. la Ley 71) en cuanto a tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de los
artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

3.7. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

47. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades21, sobre la presunta
incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las prestaciones
«serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

48. Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

1) El Decreto 224 de 197222 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia no
sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
2) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197923 que señaló que el goce de la pensión no
sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se advierte, fue
declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 20
febrero de 1981.
3) La Ley 60 de 199324 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia25, esta compatibilidad
al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía este beneficio.

20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, proceso con
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
21 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001
23 31 000 2004 02695 01 (0133-10). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto
de 2019, rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
providencia del 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-
2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
20 de noviembre de 2024, rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, rad. 66001-23-
33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de
2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, rad. 66001-23-33-000-2020-
00492-01 (0391-2022).
22
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
23
Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
24
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
25
Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
11

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4) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de 1994
que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

5) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley 4
de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, establece «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que no
hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en vigor la
norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a los
docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de 201926
se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez Maldonado,
sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión y
sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en
vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65) años
de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo sueldo,
por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero».

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-
2013-01456-01 (1499-2015).
12

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Demandado: Fomag

6) También debe considerarse el artículo 1927 de la Ley 344 de 199628, al dejar a salvo
lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de
las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con
ocasión del ejercicio docente29.

7) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4530 del Decreto
1278 de 200231, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 2003), al advertir que el ejecutivo legisló sobre una materia para la que no
fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en providencia del
20 de noviembre de 202432 indicó:

«Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública33.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos con
contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales pueden
devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad».

49. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los que
se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea vinculados
con anterioridad34 o posterioridad35 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de acuerdo con
el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios
como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de
un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a

27
Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público
que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar
vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse producido la
terminación de sus servicios en dichas instituciones.
28
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
abril de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
30
Artículo 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos, el
ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares.
31
Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de
noviembre de 2024, rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).
33
A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio
de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de
enero de 2025, rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En esta providencia se analizó con detalle la
aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de
2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
35
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de abril de 2024, rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). En esta providencia se indicó:
«Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión de la que son beneficiarios los
docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional de prima media establecido
en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció
a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con
ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones
reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador».
13

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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un
requisito o límite establecido por el legislador.

50. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración está
limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función docente
oficial.

51. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen exceptuado del magisterio.

3.8. Caso en concreto

52. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala establece que la demandante
nació el 1 de septiembre de 1959, por lo que a la fecha en que solicitó la pensión de
jubilación, 21 de diciembre de 2018, tenía 59 años de edad36.

53. Según reporte de semanas cotizadas de Colpensiones expedido el 8 de noviembre
de 2018, la demandante cotizó, interrumpidamente, entre el 17 de noviembre de 1978
y el 30 de septiembre de 2005, un total de 660 semanas, es decir 12,65 años
aproximadamente37.

54. De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 47499, emitido el 13 de noviembre de 2018 por la Secretaría
de Educación de Santiago de Cali, la demandante se encuentra activa a la fecha del
certificado, vinculada en vigencia de la Ley 812 de 2003, así38:

Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing. Institución Educativa
Decreto 0479
Nuevo Latir – sede principal Cali 27/06/2013 -
30/05/2013
(Val)
Traslados Institución Educativa
Resolución 4052
Juan Caicedo y Téllez- sede 01/07/2015 -
10/06/2015
principal Cali (Val)
Traslados
Resolución 4375
Institución Educativa Villacolombia 10/08/2015 -
30/06/2015
Cali (Val)
Ing. y Reing. Institución Educativa Resolución1057
26/08/2005 11/03/2013
Alfonso Zawadzky Yotoco (Val) 19/08/2005
Ing. y Reing. Institución Educativa
Decreto 139
Policarpa Salavarrieta Yumbo 12/03/2013 26/06/2013
01/03/2013
(Val)
44 días, 13 meses y 12 años39
Tiempo total equivalente a 688,47 semanas
aproximadamente

55. Mediante escrito del 21 de diciembre de 2018 la demandante solicitó al Fomag el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988, a partir
del 1 de septiembre de 2014 por acreditar 25,75 años de servicio privados y públicos y

36
Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía visibles a fs. 29 y 30 del cuaderno único del expediente físico.
37
F. 31 y ss. del cuaderno único del expediente físico.
38
F. 34 y ss. del cuaderno único del expediente físico.
39
Al tiempo de la certificación, 13 de noviembre de 2018, misma que establece que la demandante se encuentra
activa a la fecha.
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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

llegar a la edad de 55 años de edad40. No se advierte en el expediente respuesta a esa
petición por parte de la entidad demandada.

3.9. Análisis sustancial de la Sala

56. El Tribunal negó lo pretendido por la demandante al considerar que se vinculó al
servicio docente el 26 de agosto de 2005, esto es, después del 27 de junio de 2003,
por lo que no aplicó al régimen de transición de que trata el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, sino las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, además, indicó que no es
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1
de abril de 1994 tenía 34 años y 7 meses de edad y cotizado 389 semanas,
aproximadamente. Expuso el Tribunal que a pesar de que a la fecha de la sentencia
encontró acreditados los requisitos exigidos por el régimen de prima media de la Ley
100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, no fue posible ordenar
el reconocimiento, en acatamiento del principio de congruencia, y finalmente, condenó
en costas a la demandante.

57. María Inés Cardona Olarte en el recurso de apelación manifestó que la sentencia
apelada desconoció la prestación del servicio en el sector privado desde el año 1978 y
que realizó aportes al ISS con 660 semanas cotizadas, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, que también laboró 25 años en entidades públicas y privadas,
así como en la docencia oficial, lo que le permitiría acceder a la pensión por aportes de
que trata la Ley 71 de 1988. Finalmente, solicitó que se revoque la condena en costas,
pues se trata del reconocimiento de un derecho y no tuvo la voluntad de generar un
desgaste a la administración de justicia.

58. De las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra que María Inés
Cardona Olarte se vinculó por primera vez al servicio docente oficial el 26 de agosto de
2005, a su vez, demostró que laboró y cotizó en el sector privado entre el 17 de
noviembre de 1978 y el 30 de septiembre de 2005, con un total de 660 semanas. No
obstante, no está probado que estos últimos hayan sido prestados al servicio público
educativo oficial, por lo que no se evidencia vínculo de la demandante como docente
oficial antes del 26 de junio de 2003, requisito necesario para la aplicación del régimen
de transición de que trata el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Por consiguiente, a
través de esta norma no le es aplicable el régimen de los servidores públicos del orden
nacional anterior a la Ley 100 de 1993, esto es, leyes 33 de 1985 o 71 de 1988.

59. Ahora bien, no le asiste razón a la parte apelante cuando alega que al acreditar el
vínculo o los aportes a pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
es suficiente para ser beneficiario del régimen de transición establecido en su artículo
81, pues la norma establece de manera explícita que la vinculación debe ser en el sector
público educativo oficial, circunstancia que, como se dijo, no acredita.

60. Por otro lado, la Sala estima que la aplicación de las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
también es procedente a través del régimen de transición de que trata el artículo 36 de
la Ley 100 de 199341, norma que se ajusta a la demandante debido a que su vinculación
al sector educativo oficial fue posterior al 27 de junio de 2003, en vigencia de la Ley 812

40
F. 24 y ss. del cuaderno único del expediente físico.
41
Artículo 36. Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco
(55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. / La edad para acceder
a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de
las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables
a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».
15

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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

de 2003. Para lo anterior, está probado que María Inés Cardona Olarte nació el 1 de
septiembre de 1959, por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 1 de
abril de 1994, tenía 34 años, y 399,43 semanas cotizadas, es decir, 7,66 años de
servicio, luego no cumplió con los requisitos del régimen de transición y no es posible,
por este medio, dar aplicación a la Ley 71 de 1988, tal como lo estableció el Tribunal
en el fallo objeto de apelación.

61. Por ende, no aplica a la demandante ninguno de los regímenes de transición
analizados, ni el del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 ni el del artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Dicho esto, su reconocimiento pensional se rige por los requisitos dispuestos
en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, régimen de prima medida, excepto la edad,
que para el caso de los docentes es de 57 años para hombres y mujeres42.

62. Aun así, la Sala considera que, a pesar de no ser factible el reconocimiento
pensional de conformidad con la Ley 71 de 1988, es deber del juez analizar si este es
posible a través del cumplimiento de los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003.

63. Lo anterior, porque están en discusión situaciones relacionadas con el derecho
fundamental a la seguridad social que es irrenunciable, de aplicación inmediata y de
tutela efectiva por parte de la administración de justicia, sin que esto rompa con los
principios de justicia rogada o de congruencia, ya que, en todo caso, el trámite tanto
administrativo como judicial se circunscribió a los derechos pensionales de la
demandante.

64. Al respecto, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, los requisitos para acceder a la pensión de vejez son
los siguientes:

(i) 55 años de edad si es mujer o 60 años de edad si es hombre, sin embargo,
de acuerdo al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la edad será en ambos casos
de 57 años y

(ii) cotización de un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo, las cuales, se
incrementan hasta llegar a 1300 en el año 2015.

65. En el caso concreto, se tiene que la demandante nació el 1 de septiembre de 1959,
por lo que cumplió 57 años de edad el 1 de septiembre de 2016.

66. Respecto a las semanas cotizadas al momento de la solicitud de la pensión al
Fomag, 21 de diciembre de 201843 acreditó lo siguiente:

(i) Cotizó a Colpensiones 660 semanas de las cuales se deben descontar 4,29
correspondientes a doble cotización efectuada tanto a Colpensiones como al
Fomag en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 201044,
por lo que se tendrán en cuenta 655,71 semanas; y

42
Ley 812 de 2003, artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial,
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley. / Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional
de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción
de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. […].
43
Se toma esta fecha debido a que al cumplimiento de la edad no contaba con el número de semanas cotizadas
exigidos por la ley.
44
Debido a que no es procedente la sumatoria de las semanas de cotización efectuadas de manera concomitante,
de conformidad con el parágrafo del artículo 19 de la Ley 100 de 1993, pues se suman los salarios para incrementar
el IBL, pero no para la acumulación de semanas.
16

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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

(ii) al Fomag, entre la fecha de vinculación y la fecha de la reclamación de la
pensión 12 años, 14 meses y 51 días, lo que equivale a 693,82 semanas45.

67. Por lo que antecede, al momento en que María Inés Cardona Olarte radicó ante la
demandada la solicitud de su pensión de vejez, tenía 59 años de edad, [superaba los
57 años exigidos por el artículo 81 de la Ley 812 de 2003] y un total de 1349,5346
semanas cotizadas, por lo que sí acreditó los requisitos del régimen de prima media
para el reconocimiento pensional.

68. Es del caso resaltar, que los docentes oficiales están exceptuados de la prohibición
de devengar doble asignación del erario, como se explicó en renglones precedentes,
de ahí que el reconocimiento y pago de la pensión de vejez no está supeditada al retiro
del servicio y la docente puede devengar la mesada pensional y ejercer el cargo de
docente hasta el cumplimiento de la edad del retiro forzoso.

69. En conclusión, como respuesta a los problemas jurídicos planteados, a María Inés
Cardona Olarte le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez,
de conformidad con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a partir de la fecha en la que
adquirió el estatus pensional, esto es, a partir del 21 de enero de 2018 [fecha en la que
cumplió el requisito de las 1300 semanas cotizadas], sin que deba acreditar el retiro del
servicio.

70. Debido a lo anterior, se revocará la sentencia apelada en cuanto negó las
pretensiones de la demanda, y en su lugar, se declarará la nulidad del acto ficto
presunto negativo, por medio del cual el Fomag negó el reconocimiento de la pensión
a la demandante. En consecuencia, como restablecimiento del derecho, se ordenará a
la entidad demandada reconocer y pagar a la demandante la pensión de vejez con el
promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha en la que adquirió
el estatus, con el monto correspondiente según el número de semanas cotizadas, el
cual no podrá superar el 80% de la asignación básica mensual y demás factores
expresamente fijados en el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo establecido,
sin que le sea exigible el retiro del servicio educativo docente.

71. Finalmente, es importante señalar que al consultar47 el Sistema Integral de
Información de la Protección Social [SISPRO] y el Registro Único de Afiliados [RUAF]48,
se advierte que a María Inés Cardona Olarte le fue reconocida una pensión de jubilación

45
F. 34 y ss. del cuaderno único del expediente físico.
46
Equivalente a 25 años y 11 meses, aproximadamente, por lo que el requisito de las 1300 semanas cotizadas lo
cumplió alrededor del 21 de enero de 2018.
47
El 12 de febrero de 2025 a las 12:02 p.m. https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx.
48
El Registro Único de Afiliados – RUAF dispone la consulta pública Consultas RUAF la cual permite el acceso a la
información de afiliaciones al Sistema de la Protección Social a cada ciudadano o a las Entidades que requieren
realizar la verificación individual. Conforme a lo establecido en el Decreto 780 de 2016 Libro 3 Normas Comunes de
la Seguridad Social Integral - parte 1 Registro Único de Afiliados (RUAF) y en los términos de la Resolución 1056 de
2015, son las administradoras las responsables por el contenido, la veracidad, la calidad de la información reportada
y por el envío de novedades al RUAF. La base de datos que alimenta la consulta pública contiene información
personal que debe ser protegida conforme a lo establecido para el tratamiento de la información: Las entidades que
participen en el flujo y consolidación de la información, serán responsables del cumplimiento del régimen de
protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, que les sea aplicable en el
marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2
del Decreto 1074 de 2015 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen
responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los
datos a los cuales tiene acceso. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 NO es necesaria
la autorización del titular de la información, cuando: a) Información requerida por una entidad pública o administrativa
en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; b) Datos de naturaleza pública; c) Casos de urgencia
médica o sanitaria; d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos;
e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. Quien acceda a los datos personales sin que medie
autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley. / Por lo anterior,
la información de Consultas RUAF se dispone para que cada ciudadano pueda verificar su información de afiliaciones
o la consulte un tercero en el marco legal establecido». Disponible en: https://ruaf.sispro.gov.co/
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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

por la Fiduciaria La Previsora - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
a través de la Resolución 7172 del 2021-10-11, así:

18

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Demandante: María Inés Cardona Olarte
Demandado: Fomag

72. Por lo tanto, al momento de dar cumplimiento a la presente sentencia, la entidad
demandada deberá tomar en consideración que según las mencionadas bases de
datos, a la demandante ya le fue reconocida pensión de jubilación, de manera tal que
le corresponderá a la parte accionada verificar si la pensión reconocida es la misma
que se pide en la demanda, con miras a determinar que no se genere un doble pago
de mesadas por el mismo concepto.

3.10. Costas

73. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario49 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte demandada,
vencida en esta instancia, haya incurrido en las anteriores conductas, de igual forma se
revocará la sentencia apelada en lo referente a las costas impuestas a la entonces parte
vencida, demandante, ya que no se avizoran actuaciones de esta índole en esa
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 29 de julio de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. En su lugar, declarar la nulidad del acto administrativo ficto presunto
derivado del silencio administrativo negativo configurado por la falta de respuesta de la
demandada a la petición de reconocimiento pensional presentada por María Inés
Cardona Olarte el 21 de diciembre de 2018.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a la demandante, María Inés Cardona Olarte, la pensión de vejez
con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha en la que
adquirió el estatus, 21 de enero de 2018, con el monto correspondiente según el número

49
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
19

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de semanas cotizadas, el cual no podrá superar el 80% de la asignación básica mensual
y demás factores expresamente fijados en el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el
periodo establecido, sin que le sea exigible el retiro del servicio educativo docente. Las
sumas que resulten deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida
para el efecto, según la cual el valor presente (R) se determinará de multiplicar el valor
histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de la consolidación del estatus pensional). La fórmula que
debe aplicar es la siguiente:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Cuarto. Al momento de dar cumplimiento a la presente sentencia, la entidad
demandada deberá tomar en consideración que según las plataformas SISPRO y
RUAF, a la demandante ya le fue reconocida pensión de jubilación, de manera tal que
le corresponderá a la parte accionada verificar si la pensión reconocida es la misma
que se pide en la demanda, con miras a determinar que no se genere un doble pago
de mesadas por el mismo concepto.

Quinto. No condenar en costas.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

20

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