Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04019-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04019-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04019-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., once (11) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04019-01
Accionante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia proferida
el 1 de septiembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la demanda de tutela por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad.
SÍNTESIS 1
El actor cuestiona la sentencia que confirmó la decisión que negó las pretensiones de
la demanda que presentó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Valle del Cauca. Se
confirma la decisión de primera instancia que declaró improcedente la demanda por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante presenta
argumentos que no expuso en el proceso ordinario.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 26 de junio de 2025, el señor Joaquín Pablo Franco Chalarca presentó, mediante
apoderada judicial, una demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. A
su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas con la sentencia del 29 de
abril de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la decisión de primera instancia que negó sus pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionadas con el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación por aportes.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la
sentencia proferida el día 29 de abril de 2025, en el expediente radicado bajo número
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Pensión por aportes /
Desconocimiento del precedente judicial / Improcedencia / Subsidiariedad
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04019-01
Accionante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Se confirma la decisión de primera instancia
76147-33-33-001-2022-00031-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA, SEGURIDAD JURÍDICA, DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE VERTICAL y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del señor JOAQUÍN
PABLO FRANCO CHALARCA, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por la jurisdicción contenciosa administrativa.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con fundamento en la normatividad aplicable
al caso de la parte actora, esto es, Ley 71 de 1988 y, atendiendo al precedente
jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo.
B. Hechos
3. El señor Joaquín Pablo Franco Chalarca se desempeñó como docente vinculado al
sector educativo oficial del departamento del Valle del Cauca y el 24 de septiembre de
2021 solicitó ante la Secretaría de Educación del Valle del Cauca el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación por aportes, con fundamento en el régimen previsto en
la Ley 71 de 1988 y en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, al considerar que efectuó
cotizaciones al antiguo Instituto de Seguros Sociales con anterioridad al 26 de junio de
2003 y que cumplía con los requisitos de 60 años de edad y mil semanas de cotización.
4. Ante la falta de respuesta a su solicitud, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
adelante, “FOMAG”, y el Departamento del Valle del Cauca, con el propósito de que se
declarara la nulidad del acto administrativo ficto negativo derivado del silencio de la
administración y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento de la pensión
reclamada.
5. Mediante sentencia del 6 de noviembre de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Cartago negó las pretensiones de la demanda. Consideró que el actor
no cumplía los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
pues al 1° de abril de 1994 tenía 32 años de edad y 1 año, 9 meses y 8 días de
cotización, razón por la cual no podía beneficiarse de la pensión por aportes establecida
en la Ley 71 de 1988.
6. El señor Franco Chalarca interpuso recurso de apelación, alegando que el juez de
primera instancia desconoció las normas aplicables al régimen docente, toda vez que el
actor efectuó aportes al Instituto de Seguros Sociales antes del 26 de junio de 2003,
circunstancia que, a su juicio, lo hacía beneficiario del régimen anterior a la Ley 812 de
2003. Invocó los principios de favorabilidad, pro homine y seguridad social reconocidos
en la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los instrumentos
internacionales sobre la materia.
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 29 de abril
de 2025, confirmó la decisión apelada. Concluyó que el demandante no cumplía los
requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 30 de junio de
1995 tenía 33 años, 9 meses y 10 días de edad y solo 1 año, 9 meses y 7 días de
servicios cotizados, motivo por el cual no podía acceder a la pensión por aportes bajo
la Ley 71 de 1988. Indicó además que, conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04019-01
Accionante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Se confirma la decisión de primera instancia
su vinculación formal al FOMAG en septiembre de 2005 lo ubic aba bajo el régimen de
prima media con prestación definida.
C. Fundamentos de la vulneración
8. El accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, al confirmar la sentencia que negó el reconocimiento de su
pensión por aportes.
8.1. Aduce que la providencia incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente
judicial, pues se apartó injustificadamente del criterio fijado por la Sección Segunda del
Consejo de Estado 2, según el cual los docentes vinculados antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 pueden acceder a la pensión por aportes prevista en la
Ley 71 de 1988, sin necesidad de acreditar los requisitos del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993.
8.2. Sostiene que el Tribunal no citó ninguna sentencia que respaldara su posición ni
explicó las razones que justificaban apartarse del precedente mayoritario, con lo cual
desconoció los principios de motivación, transparencia e igualdad, y adoptó una
interpretación restrictiva contraria a la favorabilidad y a la seguridad jurídica.
D. Trámite procesal
9. Por auto del 28 de julio de 20253, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, y vincular, en calidad de terceros con interés, al Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG, al Departamento del Valle del Cauca y a la Fiduprevisora S.A., para
que rindieran informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela. Además, ordenó
requerir al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartago para que remitiera copia
digital del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
E. Oposiciones e intervenciones
10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 (accionado) expuso que la sentencia
cuestionada se fundamentó en el acervo probatorio, en la jurisprudencia vigente y en la
normatividad aplicable. Indicó que la demanda de tutela obedece únicamente a la
inconformidad del actor con la decisión adoptada y a su pretensión de obtener un nuevo
pronunciamiento favorable a sus intereses, circunstancia que, a su juicio, no configura
vulneración de derechos fundamentales ni justifica la concesión del amparo.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001 -23-33-
000-2018-00183-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 7 de abril de 2022, expediente
63001-23-33-000-2018-00184-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de
2022, expediente 25000-23-42-000-2019-00143-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia
del 18 de abril de 2024, expediente 25000-23-42-000-2020-00549-01; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 24 de octubre de 2024, expediente 63001-23-33-000-2021-00107-01; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 30 de enero de 2025, expediente 66001-23-33-000-2020-00492-01;
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 13 de febrero de 2025, expediente 76001 -23-33-
000-2019-00322-01.
3 Índice 12 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
4
Índice 18 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04019-01
Accionante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Se confirma la decisión de primera instancia
11. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartago5 (tercero con interés) remitió
los enlaces del expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
12. El Departamento del Valle del Cauca 6 (tercero con interés) se opuso a las
pretensiones y afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, al no haber
participado en los hechos materia de la tutela ni ser la autoridad responsable de la
decisión judicial cuestionada. Afirmó que la acción se dirige exclusivamente contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y que no existe conducta u omisión atribuible
al ente territorial que vulnere los derechos fundamentales del actor.
13. El Ministerio de Educación Nacional 7 (tercero con interés) también se opuso a las
pretensiones y pidió declarar la improcedencia del amparo por falta de relevancia
constitucional y por existir otros mecanismos de defensa judicial. Argumentó que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional para controvertir decisiones
judiciales y que la controversia planteada tiene naturaleza económica. Además, solicitó
que se reconociera su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no
participó en los actos o decisiones objeto del proceso y carece de competencia para
pronunciarse sobre la pensión reclamada.
F. Decisión impugnada
14. Mediante sentencia del 1 de septiembre de 2025 8, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela. La
Subsección consideró que la demanda no cumplía con el requisito de subsidiariedad,
por cuanto el actor no presentó en el proceso ordinario el precedente cuyo
desconocimiento ahora alega ni acreditó haber utilizado los medios judiciales
disponibles para que se aplicara el precedente, como el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia. Señaló que los argumentos planteados en sede de tutela
pudieron exponerse oportunamente en el recurso de apelación, y que el amparo no
puede ser empleado como sustituto de las vías ordinarias o extraordinarias previstas
por el ordenamiento jurídico.
15. En ese sentido, resolvió:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5
Índice 17 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
6
Índice 19 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
7
Índices 21 y 22 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
8
Índice 25 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04019-01
Accionante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Se confirma la decisión de primera instancia
G. Impugnación
16. En escrito radicado el 16 de septiembre de 2025 9, el accionante impugnó la
sentencia del 1 de septiembre de 2025 e insistió en las pretensiones de la demanda de
tutela.
16.1. Sostuvo que el fallo de primera instancia interpretó erróneamente el requisito de
subsidiariedad, al considerar que el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia era un medio idóneo para controvertir el desconocimiento del precedente
judicial. Afirmó que dicho recurso tiene un alcance restringido y no constituye un
mecanismo eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, razón
por la cual su existencia no impide la procedencia de la tutela.
16.2. Particularmente, alegó que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
múltiples ocasiones, ha desestimado o rechazado el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia en casos similares por considerar que la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019 (SUJ-014-CE-S2-19) no estableció una regla
aplicable en el caso del reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes bajo el
régimen de la Ley 71 de 1988.
16.3. Reiteró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto
por desconocimiento del precedente judicial, al apartarse de manera injustificada de las
reglas fijadas por el Consejo de Estado respecto de la aplicación del régimen pensional
de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003,
sin cumplir con la carga argumentativa que exige la jurisprudencia. En consecuencia,
solicitó revocar la decisión impugnada y conceder el amparo de sus derechos
fundamentales.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.
I. Sentido de la decisión
18. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
demanda de tutela por no encontrar acreditado el requisito de subsidiariedad, pues el
actor pretende, por vía de la demanda de tutela, introducir argumentos que no expuso en
el trámite del proceso ordinario. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta
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Índice 29 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04019-01
Accionante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Se confirma la decisión de primera instancia
providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia
de la demanda de tutela 10.
J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
19. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
19.1. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia proferida el 29 de abril
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues considera que
desconoció el precedente judicial fijado por el Consejo de Estado en casos con similitud
fáctica al suyo. A continuación, la Sala describirá las características y elementos del
defecto alegado, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar la
presunta vulneración de derechos fundamentales.
20. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa
relevante para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver
nuevos casos, ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir
un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de
la decisión posterior” 11.
20.1. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un
valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.
K. El caso concreto
21. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 6.1 del Decreto 2591 de
1991, el requisito de subsidiariedad implica que la acción de tutela es un mecanismo
excepcional y residual, al que solo puede acudirse en ausencia de medios judiciales
ordinarios idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales . En
consecuencia, la demanda de acción de tutela solo procede en dos supuestos
excepcionales: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial
adecuado, caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo;
y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar un perjuicio
10 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
11
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04019-01
Accionante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Se confirma la decisión de primera instancia
irremediable, evento en el que opera como mecanismo transitorio.
21.1. En este sentido, tanto la Constitución como la jurisprudencia de la Corte
Constitucional 12 han precisado que, si el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de
defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe recurrir a ellos, y
no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso indebido de este mecanismo
constitucional.
22. A partir de lo anterior, la Sala observa que la presente demanda de tutela no
satisface el requisito de subsidiariedad, pues los reproches que el accionante plantea
en sede de tutela —en particular, la supuesta inobservancia del precedente judicial—
no fueron oportunamente propuestos dentro del proceso ordinario. El actor no los
formuló en el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia proferida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartago el 6 de noviembre de 2024, a
pesar de que cinco13 de las siete sentencias proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, cuyo desconocimiento alega en sede de tutela, ya habían sido
proferidas y podían invocarse en esa oportunidad.
22.1. En su escrito de tutela, el accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca desconoció el precedente judicial relacionado con la aplicación del
régimen pensional de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con anterioridad a la
Ley 812 de 2003. Aduce que, conforme a la línea jurisprudencial desarrollada por el
Consejo de Estado, dichos docentes pueden acceder a la pensión por aportes sin
necesidad de acreditar los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, siempre que demuestren que su vinculación al servicio educativo oficial
tuvo lugar antes del 26 de junio de 2003. Sin embargo, esta discusión no fue planteada
dentro del proceso judicial ordinario, pese a que era el escenario procesal adecuado
para controvertir la decisión.
22.2. En el proceso contencioso, los jueces concluyeron que el actor no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión por aportes, toda vez que no acreditó los requisitos para
acceder al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 ni el requisito de las 1300
semanas cotizadas, razón por la cual negaron las pretensiones de su demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho. El actor considera que debía aplicarse el
precedente judicial del Consejo de Estado para ordenar el reconocimiento y pago de su
pensión de jubilación por aportes porque se vinculó al servicio educativo oficial antes de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y, en ese sentido, no le eran exigibles los
requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, presentó este
reproche únicamente en sede de tutela cuando debía alegarlo expresamente en el
recurso de apelación, que era el escenario procesal idóneo para que el juez natural y la
contraparte se pronunciaran sobre este aspecto.
23. En efecto, en su escrito de apelación, el actor no planteó el desconocimiento del
precedente jurisprudencial que ahora alega en sede de tutela. Se limitó a reiterar los
12 Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2024. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
13
A saber: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente
63001-23-33-000-2018-00183-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 7 de abril de
2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00184-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia
del 2 de junio de 2022, expediente 25000-23-42-000-2019-00143-01; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, Sentencia del 18 de abril de 2024, expediente 25000-23-42-000-2020-00549-01; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 24 de octubre de 2024, expediente 63001-23-33-000-2021-00107-01.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04019-01
Accionante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Se confirma la decisión de primera instancia
argumentos expuestos en la demanda inicial y a manifestar su desacuerdo con la
interpretación realizada por el juez de primera instancia respecto del régimen aplicable.
En particular, insistió en que cumplía los requisitos para acceder a la pensión por aportes
conforme a la Ley 71 de 1988, invocando principios de favorabilidad, dignidad humana
y seguridad social, así como normas constitucionales e internacionales que reconocen
el derecho a una pensión digna, sin mencionar la línea jurisprudencial del Consejo de
Estado cuyo desconocimiento ahora alega.
24.Por tanto, el tema nunca hizo parte del debate del proceso ordinario, lo cual explica
que la autoridad judicial accionada no se pronunciara al respecto. La omisión del actor
en ejercer los mecanismos ordinarios disponibles demuestra que no agotó las
oportunidades procesales que tenía a su alcance.
25. En consecuencia, la Sala concluye que la demanda de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad, pues pretende introducir en esta sede argumentos que
debieron formularse durante el proceso ordinario y que no fueron objeto de discusión ni
decisión en ese escenario. Permitir que la tutela prospere en estas condiciones
implicaría desconocer su carácter excepcional, alterar el principio de seguridad jurídica
y desnaturalizar su función constitucional como mecanismo residual de protección de
los derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 1 de septiembre
de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
la improcedencia de la demanda de tutela.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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