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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04019-00

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04019-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04019-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., primero (01) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04019-00
Demandante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
Subsidiariedad – no se agotaron los recursos idóneos y eficaces previstos por el
legislador.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 26 de junio del año en curso, el señor Joaquín Pablo Franco Chalarca presentó

acción de tutela con el fin que se dejara sin efectos la sentencia del 29 de abril de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra del
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag) y otro2, cuyo propósito era obtener la declaratoria de nulidad del acto
administrativo ficto mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la
pensión por aportes, en los términos de la Ley 71 de 1988.

2. En la referida providencia, la autoridad judicial confirmó la decisión del A quo3, que

negó las pretensiones de la demanda. Señaló que, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, para acceder a la pensión reclamada se
requiere ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, presupuesto que no se acreditó.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Departamento del Valle del Cauca.
3 El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cartago, que dictó el fallo del 6 de noviembre de 2024.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04019-00
Demandante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3. Precisó que, en todo caso, dado que el demandante pretendía la nulidad del acto

ficto derivado del silencio administrativo, debía entenderse que este también
comportaba una negativa frente a los criterios fijados en la Ley 100 de 1993 para el
reconocimiento pensional. Sin embargo, tampoco se cumplían las condiciones para
acceder a la pensión dentro del régimen de prima media.

4. La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos

fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
así como los principios de seguridad jurídica y favorabilidad, al desconocer el
precedente.

5. Señaló que el fallador se apartó de la posición mayoritaria adoptada por el Consejo

de Estado4, según la cual para acceder al reconocimiento pensional conforme la Ley
33 de 1985 o la Ley 71 de 1988, los docentes oficiales únicamente deben acreditar
una vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, sin que sea
exigible cumplir los requisitos propios del régimen de transición contemplado en la
Ley 100 de 1993. Criterio que se ajusta a una interpretación armónica del
ordenamiento jurídico y a lo señalado en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-
S2-2019 del 25 de abril de 2019.

6. Adujo que si bien la autoridad judicial indicó que la jurisprudencia de esta
corporación ha sostenido una tesis contraria, lo cierto es que no citó ninguna
providencia concreta que respaldara su afirmación, ni cumplió con la carga
argumentativa requerida para haber privilegiado una postura restrictiva, que
convalida un trato inequitativo frente a casos análogos.

7. Por último, afirmó que aun si se aceptara que en la providencia acusada se
identificó un precedente con un enfoque restrictivo, al coexistir dos posibles
interpretaciones, el juzgador debió aplicar la más favorable, en virtud del principio
pro persona.

B. Trámite procesal

8. Mediante auto del 3 de julio de 2025, se requirió a la abogada Laura Pulido Salgado

para que allegara el poder que la habilitaba para actuar en representación del señor
Joaquín Pablo Franco Chalarca en el presente trámite.

9. Cumplido el requerimiento, por auto del 28 de julio de 2025, se dispuso: (i) admitir

4 Para tales efectos, trajo a colación las sentencias del 24 de febrero de 2022 (exp. 63001-23-33-000-2018-

00183-01), 7 de abril de 2022 (exp. 63001-23-33-000-2018-00184-01), 2 de junio de 2022 (exp. 25000-23-42-
000-2019-00143-01), 18 de abril de 2024 (exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01), 24 de octubre de 2024 (exp.
63001-23-33-000-2021-00107-01), 30 de enero de 2025 (exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01), 13 de febrero
de 2025 (exp. 76001-23-33-000-2019-00322-01), proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda
de esta Corporación.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04019-00
Demandante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

la acción de tutela; (ii) notificar de su presentación a la autoridad accionada; (iii)
vincular, en calidad de terceros con interés, al Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), al departamento
del Valle del Cauca y a la Fiduprevisora S.A.; (iv) comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y (v) requerir al Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Cartago para que remitiera copia digital del
expediente con radicado número 76147-33-33-001-2022-00031-00/01.

(i) Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5

10. Sostuvo que la providencia acusada se fundamentó en el acervo probatorio, así

como en los lineamientos jurisprudenciales vigentes al momento de adoptar la
decisión y el marco normativo aplicable al asunto. Por tanto la solicitud de amparo
resulta improcedente, comoquiera que se sustenta en la simple discrepancia del
accionante con la decisión enjuiciada.

(ii) Ministerio de Educación Nacional6

11. Solicitósu desvinculación del trámite de tutela, al estimar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la llamada a responder por la
vulneración alegada.

(iii) Departamento del Valle del Cauca7

12. Señaló que la acción constitucional deviene improcedente en lo que respecta al

ente territorial, en la medida en que no le es atribuible el actuar que el accionante
considera lesivo de los derechos fundamentales que invoca.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

13. La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación planteada por el Ministerio

de Educación Nacional, pues es claro que al haber fungido como parte accionada en
el proceso dentro del cual se profirió la sentencia que busca dejarse sin efectos, le
asiste un interés legítimo para intervenir en el presente asunto.

D. Caso concreto

14. Esta Subsección declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, por no

5 Intervención digital contenida en 2 folios.
6 Intervención digital contenida en 15 folios.
7 Intervención digital contenida en 6 folios.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04019-00
Demandante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

encontrar acreditado el requisito general de subsidiariedad.

15. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, previo acudir al juez

constitucional, el interesado debe haber agotado todos los instrumentos idóneos y
eficaces que tenía a su alcance para remediar la situación que amenaza o lesiona
sus derechos, salvo que la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

16. En esa línea, la Corte Constitucional8 ha precisado que cuando se pretende
cuestionar una providencia judicial, además de demostrarse la vulneración de
derechos invocados, también se debe acreditar que ello fue puesto a consideración
del juez natural de la causa o, en su defecto, que no fue posible por razones ajenas
a su voluntad.

17. En el caso bajo estudio, el actor atribuyó la transgresión de sus derechos al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por haber incurrido en un
desconocimiento del precedente, que denomina “mayoritario”. Sin embargo, los
fallos que se alegaron como desconocidos no fueron puestos en conocimiento de la
autoridad enjuiciada en el recurso de apelación, lo que impidió que el Tribunal se
pronunciara al respecto.

18. En el fallo de primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito

de Cartago negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que el actor no
cumplía los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, exigencia que consideró indispensable para
acceder al reconocimiento pensional reclamado, conforme la jurisprudencia del
Consejo de Estado.

19. Portanto, si el demandante tenía alguna inconformidad frente al precedente
aplicado por el A quo para la resolución del caso, debió alegarlo en el recurso de
apelación, que era el escenario procesal idóneo para exponer a la autoridad
accionada las razones por las cuales estimaba que las providencias invocadas en
sede de tutela le eran aplicables y, de esta manera, brindar al fallador la oportunidad
no solo de pronunciarse sobre dichas decisiones, sino también, de ser necesario,
desplegar un ejercicio argumentativo orientado a justificar las razones para apartarse
de aquellas.

20. Lo anterior, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el actor indicó que

coexistían posturas distintas sobre el mismo asunto al interior de esta corporación.

21. No obstante, en el escrito contentivo de la alzada, el actor se limitó a insistir en

que le asistía el derecho pensional reclamado, con fundamento en el marco
normativo sobre la materia, sin hacer referencia a alguna providencia que sustentara

8 En sentencia T-186 de 2015.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04019-00
Demandante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

la tesis que pretendía fuera acogida en su caso.

22. En tales condiciones, se hace evidente la falta de subsidiariedad del presente

asunto, comoquiera que los reparos formulados para sustentar el vicio endilgado a
la providencia acusada no fueron expuestos en el proceso ordinario, lo que impide
que sean objeto de estudio por el juez constitucional. A ello, se suma que el
accionante tampoco hizo uso del recurso extraordinario que tenía a su disposición
para ventilar la controversia propuesta.

23. Esta Subsección, en un pronunciamiento reciente9 en el que se abordó el estudio

de un caso de similares características, señaló que el debate planteado podía ser
encausado en el marco del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
previsto en el artículo 256 del CPACA, cuyo propósito es “asegurar la unidad de la
interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las
partes y de los terceros”, y procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales
Administrativos, cuando tales decisiones contraríen o se opongan a una sentencia
de unificación del Consejo de Estado.

24. Al igual que en ese caso, si bien en esta oportunidad no se alegó expresamente

el desconocimiento de una sentencia de unificación, lo cierto es que los fallos que se
alegaron como desconocidos hacen referencia a la aplicación de las reglas de
unificación establecidas por esta Corporación en la sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del
25 de abril de 2019. Tanto así que el propio actor aseguró que tales decisiones se
acompasaban con lo dispuesto en la referida providencia unificadora.

25. Por consiguiente, resulta claro que el actor contaba con la posibilidad de acudir al

recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia para obtener la protección de
los derechos que estima vulnerados con ocasión del desconocimiento del
precedente alegado.

26. En el marco de dicho escenario y, en particular frente a la inaplicación de las reglas

unificadoras contenidas en la SUJ-014-CE-S2-2019, correspondía al juez de
conocimiento pronunciarse sobre la tesis acogida por las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en las sentencias invocadas para
fundamentar el vicio endilgado, en relación con la posibilidad de aplicar el régimen
pensional previsto en la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y los requisitos para su
reconocimiento.

27. Sin embargo, el demandante no acreditó haber ejercido dicho recurso, ni ofreció

alguna razón que justificara su abstención, lo que reafirma la improcedencia del
mecanismo de amparo, pues este no fue concebido como reemplazo de las vías
ordinarias y extraordinarias previstas por el ordenamiento jurídico para la defensa de

9 Sentencia 1° de julio de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02606-00, CP. María Adriana Marín.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04019-00
Demandante: Joaquín Pablo Franco Chalarca
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

los derechos.

28. En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado en la
demanda.

29. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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