Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02606-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02606-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02606-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02606-00
Demandante: Rodrigo Sepúlveda Díaz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02606-00
Demandante: RODRIGO SEPÚLVEDA DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo por incumplimiento de los requisitos generales / SUBSIDIARIEDAD – El
accionante no acreditó el agotamiento del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra la sentencia censurada / PERJUICIO IRREMEDIABLE – No se
demostró estar en presencia de alguna situación que amerite la intervención urgente del
juez de tutela.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Rodrigo Sepúlveda Díaz
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 5 de mayo de 20251, el señor Rodrigo Sepúlveda Díaz mediante apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia2, con motivo de la sentencia proferida el
29 de noviembre de 2024, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 110013335019-2021-00221-01. Formuló las siguientes
pretensiones (transcripción textual):
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en
la sentencia proferida el día 29 de noviembre de 2024, en el expediente
radicado bajo número 110013335019-2021-00221-01, transgredió los
derechos fundamentales DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
SEGURIDAD JURÍDICA, DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
1
Se advierte que el 4 de junio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
También consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica y de favorabilidad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02606-00
Demandante: Rodrigo Sepúlveda Díaz
VERTICAL y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del señor RODRIGO
SEPÚLVEDA DÍAZ, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan
a la jurisprudencia emitida por la jurisdicción contenciosa administrativa.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con fundamento en la
normatividad aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 71 de 1988 y,
atendiendo al precedente jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Contencioso
Administrativo.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El señor Rodrigo Sepúlveda Díaz prestó sus servicios como docente oficial
entre el 9 de abril de 1987 y el 20 de agosto de 1991, y se reincorporó nuevamente
al servicio de la educación pública a partir del año 2011. Actualmente se encuentra
activo y cuenta con más de 60 años de edad.
4. El 8 de julio de 2021, el accionante radicó reclamación ante el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante Fomag, para el reconocimiento
de la pensión de jubilación por aportes, bajo el amparo de la Ley 71 de 1988. La
solicitud fue denegada.
5. Inconforme con la decisión, el accionante ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, que correspondió en primera instancia al
Juzgado 19 Administrativo de Bogotá con el radicado 2021-00221-00. La autoridad
judicial accedió a las pretensiones con sentencia del 27 de junio de 2024.
6. Las entidades demandadas apelaron la providencia y, en segunda instancia,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, con
sentencia del 29 de noviembre de 2024, la revocó. En su lugar, negó las
pretensiones.
7. La parte actora considera que la sentencia proferida por el Tribunal accionado
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, dado que es nutrida la
jurisprudencia del Consejo de Estado que señala: (i) que el reconocimiento de la
pensión de los docentes no se encuentra condicionado a la verificación de los
requisitos de transición previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que
aquellos se encuentran exceptuados de la aplicación de dicho estatuto; y (ii) que
para efectos de determinar el régimen pensional aplicable a los educadores, debe
considerarse la totalidad de los períodos laborados en el servicio docente, tanto
antes como después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
8. Citó los siguientes pronunciamientos judiciales que estima desconocidos:
➢ Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, el 18 de septiembre de 20203;
3
Radicado 66001-23-33-000-2017-00470-01 (3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Rodrigo Sepúlveda Díaz
➢ Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, el 2 de junio de 20224;
➢ Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, el 8 de noviembre de 20245.
9. En criterio del actor, las providencias citadas coinciden en señalar que no se
pueden desconocer los tiempos de servicio prestados antes de entrar en vigor la Ley
812 de 2003, y que la pérdida de continuidad no es óbice para tenerlos en cuenta.
Además, indican que, para ser beneficiario de la transición, no es exigible que el
docente se encontrara activo en el mismo momento en que entró en vigor la Ley 812
de 2003.
10. Así mismo, adujo que la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta
Corporación es pacífica al señalar que para la aplicación de la Ley 71 de 1988, basta
que el docente acredite su vinculación al servicio oficial antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, es decir, que no se exige el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para ser beneficiario de la
transición allí regulada.
11. Sobre el particular, citó las siguientes providencias:
➢ Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, el 24 de febrero de 20226;
➢ Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, el 22 de abril de 20227;
➢ Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, el 22 de junio de 20228;
➢ Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B9, el 6 de julio de 202310;
➢ Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, el 18 de abril de 202411;
➢ Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, el 24 de octubre de 202412;
12. A la luz de lo expuesto, insistió en que cumple los requisitos necesarios para
acceder a la pensión de jubilación por aportes, conforme al régimen establecido en
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Radicado 25000-23-42-000-2019-00143-01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
5
Radicado 25000-23-42-000-2019-00655-01(2532-2021), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
6
Radicado 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019), M.P. William Hernández Gómez.
7
Radicado 63001-23-33-000-2018-00184-01 (4983-2019), M.P. William Hernández Gómez.
8
Radicado 25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
9
La Subsección rectifica la postura, en el sentido de señalar que, si bien venía exigiendo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para efectos de
aplicar el régimen anterior consagrado en la Ley 71 de 1988, en virtud del principio pro homine, y
conforme a lo previsto en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, en el régimen de los docentes,
basta distinguir si su vinculación al servicio de la educación oficial tuvo lugar antes o después de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
10
Radicado 15001-23-33-000-2020-00011-01(4469-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
11
Radicado 25000-23-42-000-2020-00549-01(3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
12
Radicado 63001-23-33-000-2021-00107-01, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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la Ley 71 de 1988, porque acredita la edad y el tiempo de cotizaciones exigido;
además, su vinculación inicial con el servicio docente tuvo lugar el 9 de abril de 1987.
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto de 12 de mayo de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, al ministro de
Educación Nacional y al representante legal —o quien haga sus veces— de la
Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora del Fomag, toda vez que las
entidades que representan intervinieron en el proceso. También se tuvieron como
prueba los documentos aportados con la demanda.
14. La Nación - Ministerio de Educación Nacional afirmó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es responsable de la acción y
omisión a la que se atribuye la violación de los derechos fundamentales invocados
por la parte actora.
15. Alegó que el asunto planteado no tiene relevancia constitucional, sino que se
trata de un debate de naturaleza puramente económico y, por ende, no es factible la
intervención del juez de tutela.
16. Se refirió a la independencia y autonomía del juez natural de la causa, y a los
requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, a fin de señalar que la solicitud de amparo interpuesta por el
señor Rodrigo Sepúlveda Díaz es abiertamente improcedente.
17. La autoridad judicial accionada y las demás vinculadas como terceros con
interés no presentaron informe alguno, pese a haber sido debidamente notificadas.
18. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema Jurídico
20. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
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endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales en cabeza del señor
Rodrigo Sepúlveda Díaz.
E. Análisis de la Sala
Requisitos generales de procedibilidad: La subsidiariedad y el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia
21. Según lo consignado en la sentencia C-590 de 2005, quien censure una
providencia judicial por vía de tutela, debe demostrar el cumplimiento de los
requisitos generales o causales genéricas de procedibilidad, que deben ser
observados en su totalidad para que el asunto pueda ser conocido de fondo por el
juez constitucional. Así mismo, acreditar que está dentro de alguna de las
situaciones o causales específicas de procedibilidad, como formas de violación de
un derecho fundamental por la expedición de una providencia judicial13.
22. Como es sabido, uno de los requisitos generales señalados por la
jurisprudencia constitucional es la subsidiariedad. Sobre el particular, en la
sentencia en cita, la Corte Constitucional puntualmente refirió:
Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (negrilla
de la Sala).
23. Así las cosas, la tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
24. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
25. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos ordinarios y extraordinarios que tenía
a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
13
Defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo,
error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
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26. El mecanismo judicial denominado recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia se rige por el título VI, capítulo II, de la Ley 1437 de 2011, modificado
en algunos apartes por la Ley 2080 de 2021. Este procedimiento de carácter
extraordinario, como se advierte de la mencionada normativa, se rige por unas
específicas reglas de procedencia14 y de oportunidad15, que ordenan que este
recurso se interponga en sede judicial ante la autoridad que profirió la decisión
cuestionada.
27. El propósito y fin de este recurso, es asegurar la unidad de la interpretación
del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los
terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida16.
28. Cuando en la tutela contra providencia judicial se alega el desconocimiento
de una sentencia de unificación, se impone como requisito de procedencia de la
solicitud de amparo, el agotamiento del citado recurso extraordinario, siempre que
se cumplan las exigencias señaladas en la ley17.
14 ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede
contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos,
tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan
por la Ley 1437 de 2011.
Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que
la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda
de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:
1. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier
autoridad.
2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se
promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas
nacionales, departamentales, municipales o distritales.
3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos
sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes.
4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de
reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores
públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.
PARÁGRAFO. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral
y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.(negrilla de la
Sala).
Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución
Política.
15
ARTÍCULO 261. INTERPOSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro
de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria.
Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días
siguientes y ordenará remitir el expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo
rechazará o declarará desierto; según el caso.
La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida
totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el
recurso no comprenda todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de
lo regulado en el artículo 264 de este código.
16
ARTÍCULO 258. CAUSAL. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo
de Estado.
17
Así lo analizó la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-661 de 2017, SU-332 de
2019 y SU-353 de 2020.
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29. En el sub lite, si bien se alega como requisito específico el desconocimiento
del precedente, las sentencias invocadas como supuestamente inaplicadas no son
de unificación, por lo que, en principio, la interposición del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia no sería exigible para efectos de satisfacer el requisito
de subsidiariedad.
30. No obstante, las providencias proferidas por el Consejo de Estado cuya
inobservancia reprocha el accionante en la solicitud de amparo, sí se refieren a la
aplicación de las reglas de unificación establecidas por el máximo órgano de lo
Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-19 del
25 de abril de 201918.
31. Obsérvese que el debate planteado en el sub lite, sin duda recae respecto
de la aplicación de la primera regla de unificación establecida en dicha providencia,
que reza:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62
de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo (negrilla de la Sala).
32. Es así como, indefectiblemente, el análisis que el juez competente realice en
el marco del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, respecto de la
inaplicación de las reglas unificadoras señaladas en la SUJ-014-CE-S2-2019,
implicará que la autoridad judicial competente se pronuncie sobre la tesis acogida
por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las
sentencias invocadas para fundamentar el vicio de desconocimiento del
precedente, concerniente a: (i) la viabilidad de computar los tiempos de servicios
prestados por los educadores en la docencia oficial con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003; (ii) la necesidad de encontrarse activo en el servicio
al momento en que entró a regir dicha norma, para ser beneficiario de la transición
allí prevista; y (iii) la posibilidad de aplicar el régimen pensional consagrado en la
Ley 71 de 1988 a aquellos docentes que cumplan la exigencia para beneficiarse
del régimen anterior.
Así mismo, esta Corporación ha estimado que en los casos en que se invoca el incumplimiento de
una sentencia de unificación para cimentar el defecto de desconocimiento del precedente judicial, la
parte actora debe agotar el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, so pena de
incumplir el requisito de subsidiariedad. Al respecto ver: Sección Quinta, sentencia del 16 de agosto
de 2016, expediente No. 11001-03-28-000-2016-00052-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Sección Quinta, sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No. 11001-03-15-000-
2022-02220-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10
de julio de 2024, expediente No. 11001-03-15-000-2024-01502-01, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves;
y Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, expediente No. 11001-03-
15-000-2025-02104-00, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
18 680012333000201500569-01.
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33. Además, si el juez competente estima que se desconocieron las reglas de
unificación conforme a las alegaciones del accionante, puede anular la sentencia y
dictar una providencia de reemplazo, según lo estipulado en el artículo 267 del
CPACA19.
34. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que la parte actora contaba con
posibilidad de interponer el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
para efectos de obtener las declaraciones que pretende ahora por vía de la acción
de tutela, dado que: (i) se encuentra legitimada, teniendo en cuenta que aunque no
apeló el fallo de primera instancia, el de segunda lo revocó en todas sus partes (Art.
260 CPACA)20; (ii) la providencia censurada es una sentencia proferida en segunda
instancia por un Tribunal Administrativo; y (iii) el debate planteado se ciñe a una
controversia de carácter laboral, por lo que no es exigible una cuantía determinada
para su procedencia (Art. 257 CPACA).
35. Sin embargo, revisado el aplicativo SAMAI, no se evidencia registro de que
el actor haya ejercido este mecanismo extraordinario en aras de salvaguardar sus
garantías, motivo por el cual la Subsección encuentra que la tutela no satisface el
requisito de subsidiariedad, habida consideración de que el interesado no acreditó
que agotó el recurso extraordinario que tenía a su disposición. Recuérdese que, de
conformidad con el artículo 261 del CPACA, el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia debe interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la
providencia, a más tardar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria.
36. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite
la intervención urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción como
mecanismo transitorio, no obstante, para ello es necesario que el interesado
todavía disponga del otro medio de defensa judicial, circunstancia que, se insiste,
no ocurre en este caso, en la medida en que ya venció el plazo para ejercer el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
37. Conforme a todo lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por el señor Rodrigo Sepúlveda Díaz, por incumplimiento del
requisito general de subsidiariedad.
19 Artículo 267. Efectos de la sentencia. Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala
anulará, en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las
decisiones que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente.
Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial,
declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal fin, y dispondrá que el juez de primera o
única instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, el
Consejo de Estado ordenará que en el auto de obedecimiento a lo resuelto en el recurso
extraordinario se cancele la caución de que trata el artículo 264. (…)
20 Artículo 260. Legitimación. Se encuentran legitimados para interponer el recurso cualquiera
de las partes o de los terceros procesales que hayan resultado agraviados por la providencia,
quienes deberán actuar por medio de apoderado a quien se haya otorgado poder suficiente; sin
embargo, no se requiere otorgamiento de nuevo poder.
PARÁGRAFO. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni
adhirió a la apelación de la otra parte, cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente
confirmatorio de aquella.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02606-00
Demandante: Rodrigo Sepúlveda Díaz
38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Rodrigo Sepúlveda Díaz, por las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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