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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07636-00

Fecha
16 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07636-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional. Segundo. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de Celina Anillo Tovar. Tercero. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 21 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 47001-33-33-004-2023- 00337-01. Cuarto. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo. Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07636-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Reconocimiento pensión de jubilación por aportes
docente / Vinculación previa a la Ley 812 de 2003 /
Desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Acceder el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud formulada por Celina Anillo Tovar, en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Celina Anillo Tovar promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia
proferida el 21 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-33-33-004-2023-00337-
01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y el municipio del Banco,
con la finalidad de cuestionar la legalidad del acto administrativo ficto mediante el
cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELACELINAANILLOTO(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante Fomag.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, en
sentencia del 7 de noviembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que, pese a que su relación legal y reglamentaria surgió con anterioridad
a la vigencia de la Ley 812 de 2003, no cumplió el requisito del tiempo de servicios
por 20 años de Ley 33 de 1985, pues solo acreditó 16 años 3 meses y 6 días de
servicio. En contra de esta interpuso recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de Magdalena, en sentencia del 21 de mayo de 2025
confirmó la decisión del a quo al considerar que le era inaplicable el régimen
pensional de la Ley 33 de 1985 comoquiera que a la fecha de la presentación de la
reclamación administrativa únicamente contaba con 17 años, 2 meses y 27 días de
labores en dicha calidad. Asimismo, descartó la aplicación de la pensión por aportes
de la Ley 71 de 1988 ya que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 no
cumplía con ninguno de los requisitos exigidos para ser beneficiaria del régimen de
transición. Finalmente, tampoco acreditó los requisitos contenidos en el artículo 33
de la Ley 100 de 1993, pues no acumulaba las 1300 semanas exigidas.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado3 según el cual a
los docentes afiliados al Fomag no les resulta aplicable la Ley 100 de 1993, en
atención a la exclusión expresa prevista en su artículo 279. Razón por la cual, para
acceder a la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, no se debía exigir el
cumplimiento de los requisitos del régimen de transición contemplado en la Ley 100,
sino únicamente acreditar la vinculación al servicio público docente con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Primera: Tutele su señoría mi derecho fundamental de debido proceso, favorabilidad
laboral, pro homine, pro operario, igualdad a la aplicabilidad del precedente jurisprudencial
del consejo de estado vertidas en las sentencias del hecho # 12 de esta acción de amparo
y tutela judicial efectiva.

Segunda: Como consecuencia de la pretensión anterior ordene su señoría dejar sin efecto
la sentencia del dia 21 de mayo de 2025 dictada por la autoridad judicial accionada,
comunicada el día 19 de junio de 2025 y proferir una nueva sentencia de acuerdo al
precedente judicial del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa con
base en la ley 71 de 1988 y las sentencias referidas en le # 12 de esta acción de amparo.
[…]». [sic]

3 Al respecto citó las siguientes sentencias: 24 de febrero de 2024 proferida por la Subsección A, rad.

63001-23-33-000-2018-00183-01; 22 de abril de 2022 de la misma Subsección, rad. 63001-23-33-
000-2018-00184-01; 22 de junio de 2022 de igual Subsección, rad. 25000-23-42-000-2019-00143-01;
6 de julio de 2023, rad. 15001-23-33-000-2020-00011-01; 18 de abril de 2024 de la Subsección B, rad.
25000-23-42-000-2020-00549-01; 24 de octubre de 2024 de igual Subsección, rad. 63001-23-33-000-
2021-00107-01; 30 de enero de 2025 de igual Subsección, rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01; y
13 de febrero de 2025 de la misma Subsección, rad. 76001-23-33-000-2019-00322-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo del Magdalena4 luego de hacer un recuento de
las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso,
solicitó que se negara la petición de amparo ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la demandante, comoquiera que no acreditó
el tiempo mínimo de servicios ni el número de semanas exigidas por ninguno de los
regímenes legales aplicables, por las siguientes razones:

4.1. Si bien la demandante sostuvo que era beneficiaria del régimen pensional
aplicable a los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, el cual
exigía el cumplimiento de 55 años de edad y 20 años de servicio, lo cierto es que
pese a que reconoció como válidos los tiempos laborados mediante OPS, el cómputo
total acreditado como docente ascendió únicamente a 17 años, 2 meses y 27 días,
razón por la cual no se configuró el derecho pensional al no alcanzarse el lapso de
servicios exigido por la Ley 33 de 1985.

4.2. También solicitó la aplicación de la pensión por aportes prevista en la Ley 71
de 1988, que permite la acumulación de tiempos cotizados en los sectores público y
privado, a través del régimen de transición. No obstante, se estableció que, a la fecha
de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la demandante no cumplía con ninguno
de los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicho régimen, en tanto contaba
con 34 años y acreditaba apenas 3 años y 10 meses de servicios, lejos de los 15
años mínimos requeridos.

4.3. Finalmente, se evaluó la situación de la demandante conforme al régimen
general, el cual exigía 57 años y 1.300 semanas cotizadas. Si bien se acreditó el
primer requisito, al contar con 63 años, el tiempo total de servicios sumando los
periodos docentes, administrativos y del sector privado fue de 20 años, 5 meses y 13
días, equivalentes a 1.046 semanas, número insuficiente para acceder a la pensión
bajo ese sistema.

5. El Ministerio de Educación Nacional5 requirió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva en atención a la naturaleza de la función judicial
e independencia y autonomía de quienes la cumplen y por cuanto su competencia se
circunscribió a la verificación del cumplimiento efectivo de las normas de educación
superior por parte de las instituciones del nivel formativo y de sus directivos.

6. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y los
demás terceros con interés guardaron silencio.

4 Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado
«14RECIBEMEMORIAL_INFORMETUTELA2025076(.pdf) NroActua 15».
5 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado
«16RECIBEMEMORIAL_Memorial_2026EE034454Comunica(.pdf) NroActua 16».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación
en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv)
determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1°. del Decreto 333
del 6 de abril de 20216 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva

9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

10. La Corte Constitucional7 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por

6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”10
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

11. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación del asunto al
considerar que no tiene competencia para acceder a lo pretendido.

12. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto
fue en calidad de tercero con interés, al ser la entidad demandada dentro del
expediente contencioso en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de
defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

10 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

15. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

16. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.

18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

19. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Magdalena vulneró los derechos fundamentales de Celina Anillo
Tovar con ocasión de la sentencia del 21 de mayo de 2025, mediante la cual confirmó
la negativa frente al reconocimiento de la pensión de jubilación docente por aportes,
con la que incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente judicial?

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado

2.5.2. Desconocimiento del precedente judicial

21. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

22. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

23. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

24. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

2.5.3. Sobre el caso concreto

25. Celina Anillo Tovar acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 21 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante la cual confirmó la negativa frente al reconocimiento de la pensión de
jubilación docente por aportes.

26. Lo anterior, al considerar que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial del Consejo de Estado17 según el cual, a los docentes, para acceder a la
pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, no se les debía exigir el cumplimiento de
los requisitos del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993, sino
únicamente acreditar la vinculación al servicio público docente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

27. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, respecto de la negativa del reconocimiento
pensional pretendido, en los siguientes términos:

«[…] Se encuentra probado que la señora Celina Anillo Tovar, nació el 8 de noviembre de
1959, es decir, que a la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, esto es, el 01 de
abril de 1994, no contaba con más de 35 años de edad, pues tenía 34 años a esa fecha.
Ahora, el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la norma en mención
dispone el cumplimiento de uno de dos requisitos, la edad o el tiempo de servicio, con el
fin de beneficiarse de las disposiciones del régimen anterior al cual se encuentre vinculado
el solicitante. Sin embargo, luego de realizar los cálculos necesarios se encontró que la
demandante no contaba con 15 años o más de servicio al 01 de abril de 1994, por lo cual,
se concluye que la señora Anillo Tovar no es beneficiaria de las directrices dadas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, que durante su vida laboral se ha desempeñado en el sector privado y público
por 20 años, 5 meses y 3 días, de los cuales 17 fueron como docente, iniciando el 25 de
abril de 1980, periodo durante el cual realizó aportes a la Caja de previsión municipal de
El Banco - Magdalena, y posteriormente al Fomag.

Así las cosas, atendiendo a su fecha de vinculación, es posible establecer que a la
demandante le es inaplicable el régimen pensional del artículo 1º de la Ley 33 de 1985;
sin embargo, como se analizó, el reconocimiento bajo dicho régimen sería procedente
sólo si demostrará el cumplimiento de 20 años de servicios, situación que no se predica
de la actora, dado que a la fecha de la presentación de la reclamación a las demandadas
únicamente contaba con 17 años, 02 meses y 27 días de labores en dicha calidad.

Ahora bien, si en gracia de discusión, estuviera tomar la fecha de presentación de la
demanda, a fin de realizar el cómputo de los años de servicios prestados por la
demandante, el periodo que se adicionaría no sería suficiente para alcanzar el total de 20
años.

17 Al respecto citó las siguientes sentencias: 24 de febrero de 2024 proferida por la Subsección A, rad.

63001-23-33-000-2018-00183-01; 22 de abril de 2022 de la misma Subsección, rad. 63001-23-33-
000-2018-00184-01; 22 de junio de 2022 de igual Subsección, rad. 25000-23-42-000-2019-00143-01;
6 de julio de 2023, rad. 15001-23-33-000-2020-00011-01; 18 de abril de 2024 de la Subsección B, rad.
25000-23-42-000-2020-00549-01; 24 de octubre de 2024 de igual Subsección, rad. 63001-23-33-000-
2021-00107-01; 30 de enero de 2025 de igual Subsección, rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01; y
13 de febrero de 2025 de la misma Subsección, rad. 76001-23-33-000-2019-00322-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

También se tiene que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que, como se analizó previamente, al momento
de la entrada en vigencia de dicha norma sólo acredita 34 años de edad y un tiempo de
servicio de 3 años y 10 meses. Por esta razón, y en virtud de las consideraciones
expuestas en la jurisprudencia, su reconocimiento pensional no tiene vocación de
prosperar a la luz de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.

Bajo esas condiciones, se reiteran las consideraciones del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, en fecha del 25 de marzo
de 2021, la cual, como ya se mencionó dispuso: “En la hipótesis del docente oficial que
sin el tiempo de 20 años en el sector público, pretende completarlos con tiempos servidos
como trabajador privado, debe verificarse su situación con base en la Ley 71 de 1988,
siempre que sea beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; pues de lo
contrario, deberá acudirse íntegramente a esta última norma.”

En ese orden de ideas, la Sala reafirma que los requisitos exigidos por el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993 para efectos del reconocimiento pensional dentro del caso concreto son
haber cumplido 57 años de edad y acreditar 1.300 semanas cotizadas.

Así las cosas, se encuentra probado que la señora Celina Anillo Tovar, al momento de la
presentación de la demanda contaba con 63 años de edad, ello significa que se acredita
el primer requisito a considerar en pro del reconocimiento de la pensión, ahora bien,
respecto a las semanas de cotización se demuestra que los 20 años, 5 meses y 13 días
de servicio prestados por la accionante equivalen a 1.046 semanas. […]». [sic]

28. En este punto, en razón a la controversia a decidir y el desconocimiento del
precedente judicial alegado, se hace necesario hacer alusión a algunos
pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección Segunda, sobre la materia, así.

28.1. En sentencia del 7 de abril de 202218:

«[…] Pues bien, tal postura jurídica resulta ser inadecuada debido a que, como se
mencionó líneas atrás, era necesario tener en cuenta la primera vinculación como docente
oficial que acreditó el señor Pineda Pineda para determinar el régimen que regula su caso.
En virtud de esta circunstancia, la entidad demandada a pesar de reconocer la calidad de
educador estatal del libelista, solo verificó el segundo nombramiento como tal, ocurrido
después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a pesar de que al margen de la
solución de continuidad presentada en la relación legal y reglamentaria en comento, aquel
sí había ejercido como maestro antes del 27 de junio de 2003, lo cual impedía que
su situación jurídica fuera sometida al régimen de transición de la Ley 100 de 1993
y a las previsiones generales de tal normativa, pues por tal circunstancia, su derecho
pensional debía consolidarse plenamente sobre la base de la Ley 33 de 1985 en cuanto
a la determinación del IBL y la Ley 62 del mismo año sobre los factores a incluir. […]»
[sic]. [subrayado por la Sala]

28.2. En sentencia del 20 de junio de 202419 precisó:

«[…] En tal sentido, contrario a lo establecido por el tribunal de primera instancia, estos
períodos de trabajo del demandante en el sector público, incluidos los interregnos como

18 Sección Segunda, Subsección A, expediente 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018). CP

William Hernández Gómez.
19 Sección Segunda, Subsección A, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho17001-23-

33-000-2019-00174-01 (0506-2022). CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

servidor administrativo y como docente oficial, arrojan un total de 24 años, 6 meses y 28
días, que superan con suficiencia los 20 años de labor oficial requeridos por la norma.

De hecho, la posibilidad de computar tiempos de trabajo acumulado por un docente en
otras actividades con vinculación estatal diferentes a las del magisterio, ha sido reiterada
por esta corporación, ello en razón a que aquellos reclamantes que sí lograron acceder a
la transición de la Ley 812 de 2003, y por tanto, que su pensión tenga que ser reconocida
con fundamento en la Ley 33 de 1985, terminan sometidos íntegramente a esta última
regulación que es la aplicable a los empleados públicos del orden nacional, la cual no
limita ni restringe que el requisito de los 20 años de labor sean exclusivamente en
determinada entidad o ejerciendo cierta función oficial específica.

Debe recordarse que los maestros del Estado, incluso con la entrada en vigencia de la
Ley 91 de 1989, nunca tuvieron una norma específica o determinada que haya
desarrollado exclusivamente una pensión especial para estos en función del cumplimiento
de un período únicamente acumulable cuando se hayan desempeñado plazas del sector
educativo. Por el contrario, todo el marco normativo siempre remitió de manera directa a
los regímenes generales, tanto de la Ley 33 de 1985 como de la Ley 100 de 1993
dependiendo de la primera fecha de vinculación. […]». [sic]

28.3. En sentencia del 13 de febrero de 202520 refirió:

«[…] 82. En esa misma línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia
SUJ014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, precisó que para efectos de establecer el
régimen prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i) quienes
se hubiesen vinculado «antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003» [27 de junio de
2003] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los servidores públicos
del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima media establecido
en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del requisito de la edad.

83. Ahora bien, de acuerdo con lo probado en el proceso, se encuentra que la demandante
se vinculó como docente de primaria en la Institución Educativa Isaías Gamboa, Sede
Alejandro Cabal Pombo, ubicada en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Cali, el 16 de octubre de 1984, «institución de carácter
PÚBLICA Y OFICIAL; mixta, que brinda educación en los niveles de preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media académica y técnica (Convenio CASD), metodologías
flexibles para jóvenes en extra edad, jornada única, diurna y nocturna con CALENDARIO
A».

[…]

85. Así las cosas, se tiene que la vinculación inicial de la demandante como docente
ocurrió con anterioridad a la Ley 812 de 2003, esto es el 16 de octubre de 1984, por
tanto, el régimen prestacional aplicable a su caso es el de la Ley 71 de 1988 y el
Decreto 2709 de 1994, debido a la acumulación de tiempos públicos y privados.

86. Valga precisar, que para ser beneficiario de la transición establecida en el artículo 81
de la Ley 812 de 2003 solamente hay que acreditar una vinculación al servicio público
educativo con anterioridad al 27 de junio de 2003, entrada en vigencia de la norma, más
no que el vínculo haya estado vigente para esta fecha, pues no hay un mandato legal que
así lo disponga. […]» [sic]. [subrayado por la Sala]

20 Sección Segunda, Subsección B, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-

33-000-2019-00636-01 (5132-2022). CP Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

28.4. En sentencia del 13 de febrero de 202521 consideró:

«[…] 102. Ahora bien, se tiene que la vinculación inicial de la demandante como docente
ocurrió con anterioridad a la Ley 812 de 2003, por tanto, como lo estableció el a quo, el
régimen prestacional aplicable a su caso es el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de
1994, debido a la acumulación de tiempos públicos y privados.

[…]

110. Así pues, los servicios prestados por la demandante en la modalidad contractual a
las Secretarías de Educación de los departamentos de Caldas y Risaralda y de los
municipios de Dosquebradas y de Pereira, resultan válidos para determinar que estuvo
vinculada al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003 y para el reconocimiento de la pensión de jubilación. Por lo tanto, podía
pensionarse con las normas vigentes aplicables, la cual, para su caso era la Ley 71 de
1988. […]» [sic].

29. Como se evidencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda
ha sido pacífica al reconocer que para determinar el régimen prestacional de los
docentes debe acudirse a la fecha de vinculación al servicio público educativo oficial,
de manera que quienes ingresaron antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, se rigen por las disposiciones aplicables a los
servidores públicos del orden nacional, mientras que quienes lo hicieron con
posterioridad quedan sometidos al régimen de prima media previsto en la Ley 100 de
1993 y la Ley 797 de 2003, con excepción del requisito de edad.

30. A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial al inaplicar la línea jurisprudencial pacífica
del Consejo de Estado existente en torno a la determinación del régimen prestacional
de los docentes, pues, pese a que se acreditó que la demandante prestó sus servicios
al sector educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
determinó que debía, además, acreditar los requisitos exigidos en el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. Razón por la cual, se accederá al amparo solicitado.

3. Conclusión

31. En este orden de ideas, las inconformidades en las que la demandante centró
sus esfuerzos tienen vocación de prosperidad, de forma que se amparará los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia de Celina Anillo Tovar.

32. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la sentencia proferida el 21 de mayo
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Magdalena, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 47001-33-33-004-2023-00337-01, y ii) se le
ordenará a dicha corporación judicial que, en el término de 20 días siguientes,
contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un

21 Sección Segunda, Subsección B, expediente de nulidad y restablecimiento identificado con el
radicado 66001-23-33-000-2021-00241-01 (6283-2023). CP Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07636-00
Demandante: Celina Anillo Tovar

pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional.

Segundo. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia de Celina Anillo Tovar.

Tercero. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 21 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 47001-33-33-004-2023-
00337-01.

Cuarto. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que, en el término de 20
días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita
un pronunciamiento de reemplazo.

Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/ LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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