Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07058-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07058-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07058-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
19 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07058-00
Accionante: Walter Estacio Rivas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07058-00
Demandantes: Walter Estacio Rivas
Demandados: Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali y
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Walter Estacio Rivas en contra del
Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali y del Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Walter Estacio Rivas, a través de apoderado, presentó acción de tutela en la que solicitó
la protección de sus derechos fundamentales “a la igualdad, al debido proceso, al
principio procesal iura novit curia (arts. 1, 8 y 25 CADH), a la seguridad social y las
garantías judiciales, los principios de favorabilidad y protección especial reforzada de un
docente pensionado bajo el régimen de la Ley 91 de 1989 y la tutela judicial efectiva (arts.
8 y 25.1 CADH en concordancia con el art. 93 Const)”.
Afirmó que sus garantías fueron vulneradas por el Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Cali y por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de las
sentencias proferidas el 14 de mayo de 2024 y el 9 de mayo de 2025, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
de radicado 76001-33-33-021-2022-00049-00/01, promovido en contra de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07058-00
Accionante: Walter Estacio Rivas
2. Hecho
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:
2.1. El accionante promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, mediante la cual solicitó la nulidad parcial de la Resolución
4143.010.21.0.06167 del 25 de noviembre de 2020, mediante el cual el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio le otorgó una pensión, con fundamento en la Ley
100 de 1993 y, de manera concurrente, negó la posibilidad de acceder a la jubilación por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
A título de restablecimiento del derecho, reclamó que se contabilizara el tiempo ejecutado
mediante contratos de prestación de servicios. Adicionalmente, pidió que su situación
pensional fuera recalculada con base en el 75% de los salarios y primas percibidos
durante el año previo a la consolidación del estatus de jubilado.
2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
de Cali, el cual, a través de sentencia de primera instancia ordenó la reliquidación de la
prestación del tutelante conforme los lineamientos previstos en la Ley 33 de 1985.
Asimismo, estableció que los factores salariales a tener cuenta serían aquellos sobre los
cuales se hubiesen efectuado las respectivas cotizaciones, conforme al artículo 1 de la
Ley 62 de 1985 y el fallo de unificación del 25 de abril de 2019 dictado por esta
Corporación.
2.3. Inconforme con dicha decisión, el actor interpuso recurso de apelación. Para ello,
indicó que el a quo ordinario omitió incluir los tiempos de servicios cotizados ante
Colpensiones. Además, que no se estableció la fecha en que se consolidó el estatus de
pensionado, circunstancia que incide en la determinación de los factores salariales que
deben ser aplicados.
2.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia el 9 de mayo de 2025,
en la que resolvió:
“PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero, segundo y tercero de la
sentencia nro. 086 del 14 de mayo de 2024 proferida por el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Cali, los cuales quedarán así:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la resolución nro. 4143.010.21.0.06167 del 25
de noviembre de 2020 mediante la cual se negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988 en favor del señor
Walter Estacio Rivas.
SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FOMAG reconocer y
pagar al señor WALTER ESTACIO RIVAS, identificado con cedula de ciudadanía
nro. 16.479.363, pensión de jubilación por aportes a partir del 29 de octubre de 2021
(estatus pensional) con base en el 75% de lo devengado en el año inmediatamente
1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7600133330212022000490
17600123
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Accionante: Walter Estacio Rivas
anterior, teniendo en cuenta los factores sobre los cuales se efectuó aportes en ese
periodo, siempre que sean los enlistados en la Ley 62 de 1985. La pensión es
incompatible con el salario del docente conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia. El valor de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser
inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a quince (15) veces dicho
salario, salvo lo previsto en la Ley (Decreto 2709 de 1994): en el acto de
reconocimiento se establecerá los aportes, bonos o cuotas partes a cargo de la
actora, el ISS, o entidad de previsión que deba concurrir al pago de la pensión.
TERCERO: AUTORIZAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FOMAG para
descontar de la liquidación de la presente condena, los valores pagados en atención
al reconocimiento pensional realizado mediante el acto administrativo demandado.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo de primera instancia.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia”.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó al juez constitucional i) amparar los derechos fundamentales
invocados. Como consecuencia de ello, pidió ii) ordenar al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca modificar el numeral primero de la sentencia del 9 de mayo de 2025 “para
no privar de la compatibilidad entre el salario y la pensión al accionante”.
Como sustento de la acción de tutela, la parte actora señaló que:
3.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la posibilidad al tutelante de
percibir el salario como docente de manera concurrente con la prestación reconocida bajo
la Ley 71 de 1988 y la Ley 91 de 1989, pese a que cumple los requisitos legales y se
encuentra amparado por las excepciones previstas en el artículo 19 literal g) de la Ley 4
de 1992 y el artículo 5 del Decreto 224 de 1972. Estas normas autorizan a los docentes
a percibir simultáneamente salario y pensión sin incurrir en incompatibilidad.
3.2. La decisión judicial cuestionada se apartó de la jurisprudencia reiterada del Consejo
de Estado que ha interpretado de manera constante que los educadores oficiales pueden
percibir ambas prestaciones cuando su vinculación como docentes se consolidó antes de
la entrada en vigencia del Decreto 1278 de 2002. Precisó que el accionante inició su
actividad docente en octubre de 2002, circunstancia que lo ubica dentro del supuesto
analizado por la jurisdicción, razón por la cual la sentencia desconoció el precedente
horizontal y vertical.
3.3. La providencia incurrió en defectos sustantivo y fáctico al inaplicar normas vigentes
y al omitir elementos decisivos del caso. Esta situación produjo una vía de hecho que
vulnera el principio pro operario, el bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 93
de la Constitución, el derecho a la seguridad social del artículo 48 Superior y los artículos
7 y 8 de la Ley 71 de 1988.
3.4. El Tribunal accionado acudió únicamente al fallo de unificación del 28 de agosto de
2018, sin incluir un análisis sobre los criterios de la sentencia del 25 de abril de 2025. En
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Accionante: Walter Estacio Rivas
consecuencia, indicó que, pese a que dicho argumento fue propuesto en el recurso de
apelación, el tribunal “no dijo nada al respecto”.
Agregó que si bien la decisión censurada se fundamentó en el fallo del 9 de marzo de
20242 en la cual había establecido que los docentes que pretendieran una pensión de
jubilación por aportes debían cumplir con los requisitos del régimen de transición, lo cierto
es que dicha postura fue modificada en decisión del 30 de enero de 2025 3. Indicó que,
pese a que esta última decisión no fue el fundamento de la demanda ordinaria, lo cierto
es que fue proferida con anterioridad la providencia del 9 de mayo de 2025, por lo que
constituía precedente obligatorio.
3.5. En punto de lo anterior, señaló que el Consejo de Estado ha dictado diferentes
decisiones4 en asuntos basados en situaciones fáctica análogas, en las que ha dejado
claro que “los docentes que cuentan con una vinculación con anterioridad a la Ley 812
de 2003 tienen el derecho a que la liquidación de su pensión se realice teniendo en cuenta
el último año anterior a la fecha de adquisición del estatus pensional y no con base en el
último año de servicio, toda vez que existe una compatibilidad entre la pensión y el
salario”.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 12 de noviembre de 20255 se admitió la acción de tutela y se
ordenó la vinculación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, como tercera con interés.
4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca6 presentó informe en el que indicó
que la sentencia del 9 de mayo de 2025 no vulneró los derecho del tutelante, en tanto se
fundamentó en el análisis de las pruebas allegadas el actor, el cual concluyó que no tenía
derecho a la compatibilidad entre pensión y salario, dado que su vinculación al servicio
docente ocurrió con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1278 de 2008, que
impide devengar doble asignación del tesoro público.
4.3. El Ministerio de Educación Nacional7 realizó un recuento sobre las pretensiones,
los hechos, de los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, así como de
las competencias legales de dicha cartera. Luego, solicitó declarar improcedente la
acción y ser desvinculado del trámite.
2 Dictado por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado al interior del proceso con radicado 18001-23-
40-000-2018-00064-01-
3 Emitida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en el marco del proceso identificado con el
número 66001-23-33-000-2020-00492-01.
4 Sentencia del 19 de enero de 2023, rad: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022). Sentencia del 12 de abril de
2018. M.P.: William Hernández Gómez:
5 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
6 Índice 00008 del aplicativo SAMAI, certificado 79C7FC39BB78DD87 B0541090A3BBF05D ADFA4809F7321508
42D91C7CA52F923A.
7 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado 3455D563CDD0AFAD F6E453E163791BE3 BBEBDE52010B329D
D1FB17DD054673CA. Reiterado en el índice 00011.
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Accionante: Walter Estacio Rivas
4.4. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali8 remitió el enlace web
del proceso primigenio. Sin embargo, guardó silencio frente a los fundamento de la
petición de amparo.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa Walter Estacio
Rivas al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que actuó como
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado número 76001-33-33-021-2022-00049-00/01.
2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali y del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por cuanto fungieron como juez de primera y segunda instancia dentro del
proceso mencionado. Además, la actuación de dicha Corporación es a la que la parte
accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se
8 Índice 00009 del aplicativo SAMAI,
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela10 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”13.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Walter Estacio Rivas
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto14.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar los cargos, la parte actora planteó que la providencia cuestionada incurrió
en: i) defecto sustantivo, al negar la compatibilidad entre el salario docente y la prestación
reconocida bajo la Ley 71 de 1988 y la Ley 91 de 1989, pese a la existencia de
14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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excepciones legales que autorizan dicha acumulación; ii) defecto fáctico, por omitir
decisiones recientes del Consejo de Estado que modificaron criterios previos y que
constituían precedente obligatorio al momento de dictarse la sentencia censurada; iii)
desconocimiento del precedente, al ignorar la línea jurisprudencia del Consejo de Estado,
que permite la compatibilidad entre salario y pensión para los docentes vinculados antes
del Decreto 1278 de 2002, como es el caso del actor. Igualmente, por apartarse
decisiones que han reconocido el derecho de los docentes vinculados antes de la Ley
812 de 2003 a obtener la liquidación de su prestación con base en el año anterior al
estatus pensional, dada la compatibilidad entre salario y prestación.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia del 9 de mayo de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y que puso fin a la
actuación, se dicha autoridad arribó a las siguientes conclusiones:
Respecto al marco jurídico aplicable al caso particular del actor, con referencia a la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y la compatibilidad entre la pensión de
jubilación y el sueldo docente:
[…] 41. El personal docente oficial que se vinculó antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, es decir, el 27 de junio de 2003, tiene derecho a la aplicación del
régimen pensional anterior; mientras los que se vincularon después, deben
someterse a las normas del régimen general de la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003 cuyo ingreso base de liquidación se calcula con los factores
salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
42. La Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia SUJ014-CE-
S2- 2019 de 25 de abril de 2019 sentó jurisprudencia sobre el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes del servicio
público oficial con las siguientes reglas:
1. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores a considerar son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes según el artículo 1o de la Ley
62 de 1985, y no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
citado artículo.
2. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre
los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
43. Conforme la citada sentencia de unificación, los factores base de liquidación
son los previstos en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985: a) asignación básica, b)
gastos de representación; c) primas de antigüedad, d) técnica, ascensional y de
capacitación; e) dominicales y feriados; f) horas extras; g) bonificación por
servicios prestados; y h) trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o
en día de descanso obligatorio”
8
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Accionante: Walter Estacio Rivas
[…]
53. La Constitución de 1991, artículo 128, incorporó la prohibición de percibir más
de una asignación proveniente del tesoro público y prohibió el desempeño dos
cargos públicos simultáneamente. El artículo 19 de la Ley 4 de 1992 desarrolló
esta prohibición, pero exceptuó a:
“Exceptúense las siguientes asignaciones: (…) g) Las que a la fecha de entrar
en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados”.
54. El Consejo de Estado precisó que dicha excepción “es aplicable tanto a los
docentes pensionados como a los que posteriormente adquieran la calidad de
pensionados”:
“Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19 de
la Ley 4 de 1992 8 no sólo cobija a los docentes pensionados con anterioridad
a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión ordinaria
y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente su condición de
pensionados la que les permite acceder a los beneficios consagrados en
normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del Decreto 224 según
el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la
pensión de jubilación’. (Se destaca en negrilla).
55. El artículo 5 del Decreto 224 de 1972 señaló:
“El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad”.
56. El beneficio de percibir pensión de jubilación y salario estuvo vigente hasta la
expedición del Decreto 1278 de 2002:
“A este punto se arriba en la medida en que precisamente, la condición especial
de los educadores estatales, implicaba que éstos podían percibir dos
asignaciones del tesoro público como eran específicamente el salario y la
pensión ordinaria de jubilación, tal como lo contemplaba el artículo 19, literal g)
de la Ley 4.ª de 1992. Lo expuesto al menos para los docentes vinculados antes
del 19 de junio de 2002 cuando entró en vigencia el Decreto 1278 de 2002,
debido a que con posterioridad a esa fecha se consolidó para aquellos
servidores la prohibición del artículo 128 Superior”.
Frente a la fecha de vinculación, el tiempo de servicios, y la compatibilidad entre el
salario y la pensión:
“[…] 62. Ahora, en la demanda se indicó que el demandante empezó a laborar
como docente mediante contratos de prestación de servicios, entre el 03 de
febrero de 2002 y el 03 de febrero de 2003, sin embargo, en los anexos de la
demanda se allegó certificación laboral expedida por la Secretaría de Educación
de Santiago de Cali en la que se evidencia que si bien el acto administrativo de
nombramiento data del 03 de febrero de 2002, la prestación se realizó entre el 02
de octubre de 2002 y el 03 de febrero de 2003, para un total de 3 meses y 10 días.
[…]
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Accionante: Walter Estacio Rivas
63. Obra en el expediente formatos de certificación de historia laboral expedidos
por la Secretaría de Educación del Distrito de Cali expedidos el 24 de mayo de
2021 donde se acredita la vinculación en provisionalidad del docente entre el 21
de abril de 2003 y el 22 de abril de 2009, para un total de 5 años, 11 meses y 20
días.
[…]
64. Obra en los anexos de la demanda certificación de tiempos laborados por el
docente en propiedad a partir del 24 de abril de 2009 hasta la fecha de expedición
de la certificación, 24 de mayo de 2021, para un total de 12 años, 1 mes y 1 día.
[…]
65. Teniendo en cuenta lo anterior, el demandante tiene a la fecha de certificación
laboral, 24 de mayo de 2021, un total de 18 años, 4 meses y 1 día de tiempo
laborado como docente oficial entre contratos por prestación de servicios,
nombramiento en provisionalidad y nombramiento en propiedad.
[…]
75. El demandante no tiene derecho a la compatibilidad entre pensión y salario,
porque su vinculación a la docencia oficial (02 de octubre de 2002) se dio en
vigencia del Decreto 1278 de 2002 (19 de junio de 2002), por lo que para el disfrute
de la prestación si era obligatorio exigir el retiro del servicio”.
5.3. En conclusión, para la autoridad judicial convocada: i) el régimen pensional aplicable
al actor depende de su fecha de vinculación, pues solo los docentes vinculados antes de
la Ley 812 de 2003 conservan el régimen anterior y los factores previstos en el artículo 1
de la Ley 62 de 1985; ii) la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 fijó que los
docentes vinculados con posterioridad a dicha ley deben sujetarse al régimen general de
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con ingreso base de liquidación determinado por
el Decreto 1158 de 1994; iii) la excepción del artículo 19 literal g) de la Ley 4 de 1992 y
el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 permite la compatibilidad entre salario docente y
prestación, pero solo para quienes consolidaron su vinculación antes del Decreto 1278
de 2002; iv) las certificaciones laborales evidencian que el actor inició prestación del
servicio docente el 2 de octubre de 2002, fecha posterior a la entrada en vigencia del
Decreto 1278 de 2002; v) en consecuencia, el tutelante no acreditó el derecho a percibir
simultáneamente el salario docente y la prestación, dado que su vinculación se consolidó
bajo el régimen que exige el retiro del servicio para acceder al disfrute de la pensión.
5.4. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y
fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la
parte actora durante el desarrollo del proceso de nulidad restablecimiento del derecho.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
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Accionante: Walter Estacio Rivas
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración15.
5.5. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio sin que haya demostrado la violación del derecho
fundamental para el que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto, toda vez
que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar las razones
concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la
providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la
decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.6. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, consistente en la omisión
aplicar pronunciamientos de esta Corporación, que a su juicio presentan identidad con la
situación particular del actor, la Sala precisa que el precedente16 se constituye en un pilar
del Estado de Derecho, pues busca asegurar la coherencia en la aplicación del
ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales que sean razonablemente
previsibles. Por su alcance, se constituye en una herramienta de protección de los
principios de la confianza legítima y la buena fe al momento de resolver un caso sometido
a su jurisdicción.
Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen dos
clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende “aquellas
sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial”;
mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a
nivel constitucional. Así, para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben
seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por
el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los
casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”17.
Según lo expuesto, y de la revisión de la jurisprudencia mencionada, en casos con
identidad fáctica a la del presente caso, esta atañe a un pronunciamiento judicial, sin que
por el hecho de que verse en los mismos hechos, ello permita concluir que constituye
15 Sentencia SU215 de 2022.
16 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Ibidem.
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precedente con fuerza vinculante y obligatoria de una sentencia de unificación. Por tanto,
no se puede atribuir que estas providencias componen un precedente en el cual, el juez
natural de la causa debió basar su estudio, dado que, no existe una posición unificada
frente al tema, por lo tanto, prevalece el principio de autonomía judicial.
Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre esos fallos, así como la
inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.
El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también la
exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos analizados,
con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó injustificadamente de la
jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio detallado de los elementos
de similitud impidió verificar si existía o no una contradicción con el precedente alegado.
Por lo anterior, no se advirtió una carga argumentativa suficiente que sustentara el cargo
formulado, lo que imposibilita su análisis de fondo en la presente decisión.
5.7. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada18, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario19.
5.8. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional y por consiguiente se declarará improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Walter
Estacio Rivas en contra del Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali y del
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por no superar el requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
18 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
19 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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