Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00171-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00171-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2022-00171-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00171-01 (5384-2024)
Demandante: María Rocío Arias Quiceno
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Temas: Pensión de jubilación docente
Decisión: Revoca, modifica y adiciona la decisión que accede las
pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia de 17 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, que declaró infundadas por las excepciones propuestas por la entidad
demandada y accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por
la señora María Rocío Arias Quiceno en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
II. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad parcial de la Resolución
nro. 3331-6 del 14 de julio de 2021, a través de la cual, la Secretaría de Educación
Departamental de Caldas, en nombre y representación de la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, negó el reconocimiento de una pensión de jubilación.
3. A título de restablecimiento del derecho se exigió condenar a la entidad
demandada reconocer y pagar la respectiva pensión de jubilación con base en el
75% del promedio de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición
del estatuto pensional, esto es, desde el 23 de marzo de 2020.
4. Así mismo requirió el ajuste a que haya lugar con motivo de la disminución del
poder adquisitivo; que se cancelen los intereses moratorios a partir del día
1 Expediente digitalizado visible en la opción de «gestionar documentos» del sistema SAMAI.
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siguiente de la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta que se paguen los
valores adeudados; que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA y finalmente que se condene en costas a la
entidad accionada.
5. Hechos. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:
6. La señora Nubia Virgilia Angulo Bolaños nació el 22 de abril de 1960, por lo que
cuenta con más de 55 años de edad.
7. Prestó sus servicios como docente del municipio de La Merced (Caldas) durante
los siguientes periodos y modalidades.
Extremo inicial Extremo final Modalidad
1.° de marzo de 1998 15 de junio de 1998
15 de julio de 1998 30 de noviembre de
1998
1.° de febrero de 25 de junio de 1999
1999
26 de julio de 1999 30 de noviembre de Contratos de prestación
1999 de servicios, por medio
21 de febrero de 21 de junio de 2000 de la Cooperativa
2000 Multiactiva del
17 de julio de 2000 30 de noviembre de Magisterio Colombiano
2000 (COODEMAS).
1.° de febrero de 30 de noviembre de
2001 2001
8. Luego, se vinculó como docente al departamento de Caldas mediante las
órdenes de trabajo nro. 1227 del 16 de abril de 2002 y 412 del 17 de enero de
2003, periodos que fueron reconocidas en la sentencia del 24 de octubre de 2012
por el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión de Manizales.
9. Finalmente, fue nombrada como docente desde el 25 de agosto de 2004, por lo
menos hasta la fecha de presentación de la demanda.
10. Al considerar que cumplía con los requisitos previstos en las Leyes 33 y 62 de
1985, el 15 de junio de 2021 solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio el reconocimiento de su pensión de jubilación; sin
embargo, esta petición fue negada mediante el acto administrativo enjuiciado.
11. Normas violadas y concepto de la violación. Como normas vulneradas citó las
siguientes disposiciones normativas: inciso 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de
1985; numerales 1.° y 2° del 15 de la Ley 91 de 1989; 6.° de la Ley 60 de 1993;
115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003
y 1.° y 2.° del Decreto 3752 de 2003.
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12. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los docentes
vinculados con anterioridad al año 2003, se les debe aplicar la Ley 33 de 1985 o
si tenían aportes en el sector privado, la Ley 71 de 1988.
13. En ese orden de ideas, todos los docentes vinculados hasta el 27 de junio de
2003 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003), tienen derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación bajo los preceptos del régimen
anterior.
14. Luego de citar jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó que no existe razón
alguna para negar el reconocimiento pensional, pues dentro del expediente está
demostrado que la accionante se encontraba vinculada al servicio docente antes
del año 2003.
15. En ese escenario, el acto administrativo acusado vulnera las disposiciones
legales en que debería fundarse.
16. Contestación de la demanda. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio luego de relacionar el
acápite de «la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del magisterio y de la finalidad del contrato de fiducia mercantil», se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar que el acto administrativo enjuiciado
fue expedido con apego al ordenamiento jurídico.
17. Además, propuso las excepciones de «legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad», «demandante no es beneficiaria de las disposiciones
normativas que se alegan», «factores salariales que integran el ingreso base de
liquidación», «improcedencia de la condena en costas» y «genérica».
18. La sentencia apelada2. Mediante sentencia de 17 de mayo de 2024, el Tribunal
Administrativo de Caldas accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal
efecto, se pronunció en los siguientes términos.
19. De acuerdo con los pronunciamientos del Consejo de Estado3, es procedente
contabilizar para fines pensionales el tiempo durante el cual la accionante ejecutó
la actividad educadora bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.
20. Así las cosas, encontró acreditado que la reclamante prestó sus servicios como
docente oficial por más de 21 años, bajo diferentes modalidades de vinculación,
así:
Tipo de vinculación Desde Hasta
Contrato de Prestación 1.° de marzo de 1998 15 de junio de 1998
2 PDF 30Sentencia ibidem.
3 Citó entre otros, del Consejo de Estado-Sección Segunda – Subsección A, consejero ponente: William
Hernández Gómez, diecisiete (19) de enero de dos mil veintitrés (2023) Radicado: 15001-23-33-000-2019-
00103-01 (3083-2022).
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de servicios
Contrato de Prestación 15 de julio de 1998 30 de noviembre de 1998
de servicios
Contrato de Prestación 1.° de febrero de 1999 25 de junio de 1999
de servicios
Contrato de Prestación 26 de julio de 1999 30 de noviembre de 1999
de servicios
Contrato de Prestación 21 de febrero de 2000 21 de junio de 2000
de servicios
Contrato de Prestación 17 de julio de 2000 30 de noviembre de 2000
de servicios
Contrato de Prestación 1.° de febrero de 2001 30 de noviembre de 2001
de servicios
Contrato de Prestación 6 de mayo de 2002 15 de diciembre de 2002
de servicios
Contrato de Prestación 27 de enero de 2003 15 de diciembre de 2003
de servicios
Nombramiento en 25 de agosto de 2004 20 de agosto de 2021
provisionalidad
21. Como la docente se vinculó al servicio educativo desde el 1.° de marzo de 1998,
es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le es
aplicable lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, la cual remite a la Ley 33 de 1985
en lo relativo a los aspectos pensionales.
22. En ese orden de ideas, tras encontrar acreditado que la demandante cumplió con
los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985 (20 años de servicio y 55 de edad),
tiene derecho a la pensión de jubilación a partir de la fecha de adquisición del
estatus con la la inclusión de factores salariales señalados en la Ley 62 de 1985,
respecto de los cuales se haya acreditado la correspondiente cotización.
23. Si bien el estatus pensional se consolidó el 18 de mayo de 2018, el a quo encontró
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 16 de junio de 2018, porque
la actora acudió a reclamar el derecho el 16 de junio de 2021, esto es, por fuera
del término de 3 años siguientes a la concreción del estatus.
24. Debido a que no se acreditaron los aportes a pensión durante los periodos en
que la actora laboró bajo órdenes de prestación de servicios, el a quo ordenó al
FNPSM para que realizara todas las actuaciones administrativas necesarias con
la finalidad de adelantar el cobro al municipio de La Merced y al departamento de
Caldas, únicamente de las diferencias en los aportes a pensión dejados de
efectuar en beneficio de la señora Rocío Arias Quiceno (si existieren luego de
comparar los valores efectivamente aportados por este a Colpensiones como
contratista), y en todo caso solo en el porcentaje que le habría correspondido a
las referidas autoridades como empleadores de aquella, esto por los períodos
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durante los cuales prestó sus servicios mediante órdenes de prestación de
servicios.
25. Finalmente, condenó en costas a la parte vencida.
26. Recurso de apelación4. La apoderada de la parte demandada recurrió esa
decisión y solicitó revocar la sentencia de primera instancia, con base en los
siguientes argumentos.
27. Las pruebas allegadas al paginario5 evidencian que el régimen pensional de la
demandante es el establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pues su
vinculación al magisterio oficial se concretó el 25 de agosto de 2004, es decir,
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
28. Los tiempos en que la actora se desempeñó como docente bajo la modalidad de
OPS no fueron objeto de aportes al sistema pensional, por lo que no pueden ser
tenidos en cuenta para la contabilización de los 20 años de servicio.
29. Si bien es cierto el despacho se fundamenta en la primacía de la realidad, se
considera que no se puede aplicar dado que no existe proceso en donde se
debatan los elementos esenciales para la configuración de un contrato de trabajo,
tales como subordinación, remuneración, prestación directa del servicio entre
otros.
30. Finalmente, manifestó que «Ante una eventual declaratoria de la existencia de
una relación laboral encubierta por contratos de prestación de servicios
celebrados, entre la señora MARIA ROCIO ARIAS QUICENO , MUNICIPIO LA
MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS, (Entidades territoriales que no fueron
vinculadas al presente proceso, y no se garantizó el derecho de contradicción y
el debido proceso) se condene a las entidades territoriales al giro de las
cotizaciones que debió efectuar en el porcentaje que como empleador le habría
correspondido, teniendo en cuenta el tiempo en el que se configuró el presunto
vínculo de trabajo alegado por el extremo actor, al FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, de conformidad con la
obligación patronal derivada del artículo 8.° de la Ley 91 de 1989, artículo 81,
inciso 4.° de la Ley 812 de 2003, así como los artículos 9 y 10 del Decreto 3752
de 2003».
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
31. La admisión del recurso. Mediante auto de 3 de diciembre de 20246 se admitió
el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad ley no se registraron
4 PDF 32RecursoApelaciónParteDemandada.pdf ibidem.
5 En la alzada no se indicaron las pruebas que respaldan esa afirmación.
6 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
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intervenciones de las partes ni del agente del ministerio público delegado ante esta
corporación.
32. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
33. Competencia. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la
referencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 8 de la Ley 1437 de
2011.
34. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
35. En este caso, la demandada es la única apelante, por lo que la sala se referirá a
los argumentos de disenso.
36. Problemas jurídicos. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar:
37. ¿La accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación en los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985 o sí, como lo advirtió la
entidad demandada, su vinculación fue posterior a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 y, por tanto, su régimen pensional lo gobierna las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003?
38. ¿Las cotizaciones son determinantes para reconocer la pensión de jubilación,
cuando en esta prestación se incluyen tiempos laborados a través de contratos
de prestación de servicios?
39. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala: i) se referirá al régimen pensional
aplicable a los educadores oficiales y; ii) estudiará el acervo probatorio para
determinar si a la actora le asiste el derecho que reclama.
40. Primer problema jurídico. ¿La accionante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación en los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985 o
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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sí, como lo advirtió la entidad demandada, su vinculación fue posterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y, por tanto, su régimen pensional lo
gobierna las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?
41. Régimen pensional aplicable a los educadores oficiales. La sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. Mediante la aludida providencia9, esta
sección unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad en la que
determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para la
liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones.»
42. A las anteriores conclusiones se arribó con sustento en los siguientes
razonamientos:
«[…]
51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre
los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33
de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985
son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio.
53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o aportes
de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto al de los
empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que contiene los
recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los numerales 1 y 3, el 5%
del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8% equivalente al aporte
de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del rubro de pago por
servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…]
9 SUJ-014-CE-S2 -2019, expediente 680012333000201500569-01 (0935-17).
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62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente
regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º
de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el
ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los
factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley
62 de 1985.
65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema
General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años
para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor
según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la
regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993 que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la
mesada pensional.
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,
se rige por las siguientes reglas:
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✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Destacado fuera del texto original.
43. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio del
Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes que regulan el derecho a la
pensión de jubilación de los docentes oficiales, que dependerán de la fecha de
vinculación al servicio educativo estatal, para tal efecto distinguió los siguientes:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1
de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige
por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios y 75% de los factores
previstos en la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicha normativa, con excepción de
la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para este personal, el
ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados por el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
44. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas
en ella tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial;
salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio
de seguridad jurídica, resultan inmodificables. De tal manera, bajo dicha posición
jurisprudencial se analizará el asunto de la referencia.
45. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional.
46. En múltiples pronunciamientos esta Subsección ha tenido en cuenta el tiempo
laborado por el educador mediante contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento de prestaciones periódicas como la pensión gracia10.
10 Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos
mil diecisiete (2017). Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
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47. Igualmente, esta Sección, en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de
agosto de 201611 estableció que la vinculación de docentes bajo la modalidad
de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni
mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio
público de educación, en razón a que al igual que los educadores que son
empleados públicos: i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que
carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones; ii) cumplen órdenes por
parte de sus superiores jerárquicos y; iii) desarrollan sus funciones durante una
jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos
educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los
principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los
docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado.
48. Específicamente frente a la pensión de jubilación, esta Subsección, en sentencia
de 6 de febrero de 202012, explicó que el pronunciamiento que se efectúe en el
proceso ordinario de reconocimiento pensional con inclusión de tiempos
laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos
escenarios con connotaciones diferentes, el primero, donde se persiga la
declaración de existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones
laborales y prestacionales, y el segundo, en los casos en que únicamente se
persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, evento
en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la
comparecencia de la entidad de previsión.
49. Al resolver el caso concreto, en la citada decisión de 6 de febrero de 2020 13 se
reconocieron los tiempos laborados a través de contratos de prestación de
servicios para efectos pensionales.
50. Finalmente es de resaltar que esta Subsección, en sentencia de 23 de mayo de
202414 estimó que los tiempos de servicios ejecutados a través de contratos de
prestación de servicios previos al año 2003, habilitan el reconocimiento pensional
docente según las previsiones del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que permite
aplicar la regulación anterior contenida en el parágrafo del artículo 2.º y en el
numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y que remite para efectos
pensionales al régimen de los empleados públicos del orden nacional consagrado
en la Ley 33 de 1985.
11 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
12 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
13 Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
14 Expediente 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023).
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51. De acuerdo con todo lo anterior, esta Subsección considera procedente
contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus
servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas y en atención a la clara
línea jurisprudencial sobre la materia y de la sentencia de unificación de 5 de
agosto de 201615 según la cual la vinculación bajo esta modalidad no desvirtúa
el carácter personal de la labor docente ni mucho menos es ajena al elemento
subordinación existente con el servicio público educativo.
Caso concreto.
52. Como se expuso previamente, el Tribunal Administrativo de Caldas acogió las
pretensiones de la demanda, al considerar que los periodos en los que la actora
laboró a través de contratos de prestación de servicios, con anterioridad a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, permitían la aplicación de las previsiones de la
Ley 33 de 1985.
53. Por su parte, la entidad apelante argumentó que la demandante se incorporó al
magisterio oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
razón suficiente para concluir que su pensión de jubilación es la contenida en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
54. Pues bien, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, la
Sala advierte que la señora Angulo Bolaños nació el 18 de mayo de 196316, es
decir que cumplió los 55 años de edad el mismo día y mes del año 2018.
55. Además, se vinculó como docente oficial durante los periodos y las modalidades
que se detallan a continuación:
Desde Hasta Tiempo Modalidad
1.° de marzo de 1998 15 de junio de 1998 104 días
15 de julio de 1998 30 de noviembre de 135 días
1998 Órdenes de
1.° de febrero de 1999 25 de junio de 1999 144 días prestación de
26 de julio de 1999 30 de noviembre de 124 días servicios y
1999 autorizaciones17
15 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
16 Copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes a folios 26 a 28 del PDF
002ED_C01Principal_002DEMANDAANEXOSPDF.pdf, contentivo del expediente digital el cual puede ser
descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
17 Así se evidencia de la constancia de prestación de servicios expedida por el director del núcleo de desarrollo
educativo del municipio de La Mercer (Caldas) el 20 de mayo de 2001 obrante a folio 29 del PDF
002ED_C01Principal_002DEMANDAANEXOSPDF.pdf, contentivo del expediente digital el cual puede ser
descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
La anterior información también coincide con las órdenes de prestación de servicios suscrita entre la
Cooperativa Multiactiva del Magisterio CODEMÁS y la señora María Rocío Arias Quiceno visibles a folios 36 a
41 del PDF antes relacionado.
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21 de febrero de 2000 21 de junio de 2000 120 días
17 de julio de 2000 30 de noviembre de 133 días
2000
1.° de febrero de 2001 30 de noviembre de 299 días
2001
6 de mayo de 2002 15 de diciembre de 219 días
200218
27 de enero de 2003 15 de diciembre de 318 días
200319
SUBTOTAL TIEMPO LABORADO MEDIANTE OPS 1.596 días,
equivalentes a 4 años, 5 meses y 6 días
25 de agosto de 2004 14 de julio de 2021 6.109 días
(fecha de expedición
del acto
administrativo
demandado)
SUBTOTAL TIEMPO LABORADO MEDIANTE VÍNCULO LEGAL Y
REGLAMENTARIO 6.109 días, equivalentes a 16 años, 11 meses y 19 días
TOTAL TIEMPO DE SERVICIOS DOCENTES 7.705 días,
equivalentes a
21 años, 4
meses y 25
días
56. En los términos antes señalados, considera la Sala que no le asiste razón a la
entidad demandada, en tanto que la señora María Arias se vinculó por primera
vez al magisterio oficial desde el año 1998, a través de órdenes de prestación de
servicios, las cuales, se reitera, son computables para los fines de la pensión
solicitada.
57. En ese escenario, tal como lo dispuso el Tribunal Administrativo de Caldas el
régimen aplicable a la demandante es el contenido en las Leyes 33 y 62 de 1985,
toda vez que la prestación del servicio fue con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
58. Aclarada la norma pensional aplicable, advierte la Sala que la señora María Arias
Quiceno cumplió los 55 años de edad el 18 de mayo de 2018; no obstante, como
a esa fecha no había completado el tiempo de servicio necesario para acceder a
la pensión, es claro que el estatus lo consolidó el 19 de marzo de 2020, momento
cuando cumplió los 20 años de labor docente, lo que impone modificar la fecha
de concreción de esa condición, pese a que el tribunal haya determinado una
diferente.
59. Por otro lado, se recuerda que los factores pensionales que nutren la pensión de
jubilación son aquellos sobre los que se efectuaron los respectivos aportes, de
18 Mediante sentencia del 9 de agosto de 2013 (folios 43 a 68) se reconoció la existencia de la relación laboral
encubierta.
19 Mediante sentencia del 9 de agosto de 2013 (folios 43 a 68) se reconoció la existencia de la relación laboral
encubierta.
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acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985. Sin embargo,
tal previsión no obsta para que en la base pensional se incluyan aquellos
emolumentos que han sido catalogados como factor salarial en los respectivos
actos de creación, como es el caso de la bonificación mensual y la bonificación
pedagógica.
60. En el caso en análisis, los emolumentos que la docente devengó en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, entre el 19 de marzo de
2019 y el 18 de marzo de 2020, son los siguientes 20:
61. El Tribunal Administrativo de Caldas ordenó el reconocimiento pensional
teniendo como emolumentos la asignación básica y la bonificación mensual. Es
de anotar que para el año anterior a la fecha de adquisición establecida por el
tribunal (2017-2018), la actora no devengaba la bonificación pedagógica.
62. Ahora bien, en atención a la modificación del estatus, se observa que para los
años 2018 y 2019, la demandante devengó la bonificación pedagógica. Pese a
20 Folios 79 y 80 del PDF 002ED_C01Principal_002DEMANDAANEXOSPDF.pdf, contentivo del expediente
digital el cual puede ser descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
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ello, este factor no será incluido en el ingreso base de liquidación, porque se haría
más desfavorable la situación del apelante único. En tal sentido, no se modificará
la orden en este aspecto.
63. Segundo problema jurídico. ¿Las cotizaciones son determinantes para
reconocer la pensión de jubilación, cuando en esta prestación se incluyen
tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios?
64. Establecido lo anterior, debe reiterarse que los periodos laborados a través de
contratos de prestación de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, son válidos para el reconocimiento pensional en los términos de la
Ley 33 de 1985, aun sin que haya sentencia judicial que declarado la relación
laboral encubierta.
65. En el caso de marras, se tiene que la actora laboró como docente contratista
antes de la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003, norma que introdujo el deber
de los contratistas de efectuar aportes a pensión. Por lo tanto, la posibilidad de
contabilizar los periodos en que la servidora se desempeñó como docente
contratista entre 1998 y 2003, no puede estar supeditada a demostrar la
realización de aportes con destino al sistema de pensiones durante dichos
periodos, ya que no existía disposición normativa que estableciera esa
obligación.
66. Cabe resaltar que mediante la sentencia del 9 de agosto de 2013, se reconoció
la existencia de la relación laboral encubierta entre la demandante y el
departamento de Caldas. Esta providencia dispuso lo siguiente:
«SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, RECONOCER a título de
indemnización el valor equivalente a las prestaciones sociales ordinarias
devengadas por quienes desempeñan empleos de características similares
a la actividad cumplida por la demandante, conforme a las órdenes de
prestación de servicios 1227 del 16 de abril de 2002 y la 412 del 27 de enero
de 2003, para lo cual se tomará como base de liquidación el valor pagado en
las mismas órdenes y sólo por los periodos efectivamente laborados en razón
de dichas órdenes de servicio.
TERCERO: CONDENAR a la entidad demandada a efectuar a favor de la
actora, a título de indemnización, el pago de las cotizaciones de Caja de
Compensación Familiar, en caso de ser ello procedente en atención al monto
del salario. En cuanto a los aportes a la seguridad social, toda vez que
conforme a las autorizaciones de servicios la demandante debía afiliarse a
una EPS para prestar la labor docente, el Departamento deberá reintegrarle
el porcentaje del valor de la cotización en salud que correspondía realizar a
la entidad territorial, suma que deberá ser indexada; y en cuanto a los aportes
para pensión, deberá consignarse por el Departamento el porcentaje de la
cotización a su cargo durante el periodo laborado, y al fondo de pensiones
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que señale la parte actora; pero en caso que ésta acredite ante el
Departamento haberlos realizado en su totalidad, se le reintegrará el
porcentaje de la misma que estaba a cargo del Departamento, debidamente
indexada. Lo anterior no exonera en todo caso a la demandante de realizar
los aportes para pensiones que de conformidad con la ley le correspondan».
67. En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General, la Secretaría de Hacienda
y la Secretaría de Educación de Caldas expidieron la Resolución nro. 8733-6 del
10 de diciembre de 201421 «por medio de la cual se da cumplimiento a una
sentencia y se ordena un pago». Dicho acto administrativo dispuso en su artículo
tercero, lo siguiente:
«ARTICULO TERCERO: En cumplimiento del numeral tercero del fallo, y para que
sean computados para efectos pensionales, ordenar a la Unidad de Tesorería
realizar el pago al Fondo de Prestaciones del Magisterio FOMAG por un valor de
($2.492.399) dos millones cuatrocientos noventa y dos mil trescientos noventa y
nueves pesos MCTE, correspondientes, tanto a los aportes patronales como a los
del demandante en el porcentaje legal para la época de causación del derecho»22.
Se anexa pantallazo para la revisión:
68. En ese contexto, aun cuando el FNPSM hubiese ordenado el pago de los aportes
a pensión, no puede tenerse por cumplida dicha obligación, puesto que el acto
administrativo dispuso que otra dependencia de la misma entidad efectuara la
cancelación de unos dineros, sin que obre en el expediente constancia alguna
21 Folios 69 a 72 del PDF 002ED_C01Principal_002DEMANDAANEXOSPDF.pdf, contentivo del expediente
digital el cual puede ser descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
22 Transcripción con posibles errores incluidos.
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(colilla de pago, desprendible de nómina u otro documento idóneo) que acredite
la realización efectiva del desembolso.
69. Así las cosas, y sin perjuicio de que la entidad haya efectuado el pago ordenado
en el acto administrativo (circunstancia que deberá verificarse para evitar un
doble pago por el mismo concepto), se adicionará el numeral cuarto de la
sentencia apelada, en el sentido de ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio que adelante las actuaciones administrativas pertinentes
para realizar el cobro de los aportes a quienes fungieron como contratante y
contratista, en los porcentajes dispuestos en la ley para empleador y empleado,
respectivamente, respecto del periodo comprendido entre 1998 y 2003.
70. De otro lado, observa la Sala que el Tribunal Administrativo de Caldas declaró de
oficio la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 16 de junio de
2018; en efecto, sostuvo que la señora María Rocío Arias Quiceno reclamó el
derecho el 16 de junio de 2021, es decir, cuando ya habían transcurrido los 3
años siguientes a la fecha de efectividad de la pensión, lo cual ocurrió el 18 de
mayo de 2018.
71. La Sala no comparte tal argumento, porque el estatus fue adquirido por la
demandante el 19 de marzo de 2020 y la reclamación administrativa fue
presentada el 15 de junio de 2021, es decir, dentro de los 3 años siguientes a la
concreción de la contingencia pensional. Esta situación en principio sería
desfavorable para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
como apelante único, puesto que se está revocando la prescripción; sin embargo,
ello no es así, en tanto que el pago de las mesadas se ordenará desde el 19 de
marzo de 2020 y no desde el 16 de junio de 2018 como lo ordenó el tribunal, lo
que es más beneficioso para la entidad demandada.
72. Por último, esta Corporación no se pronunciará respecto de la condena en costas
a la parte demandada, ya que no se presentó reparo alguno en ese sentido.
73. En consecuencia, la Sala: i) revocará el numeral segundo de la sentencia
apelada; ii) modificará y adicionará el numeral cuarto de la providencia en
cuestión y iii) confirmará en sus demás apartados el fallo de primera instancia.
74. De la condena en costas en ambas instancias. La modificación del artículo
188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en
diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de
la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la
norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
75. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
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creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
76. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
77. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad accionada, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.
78. Con esta misma argumentación, resulta procedente confirmar la condena en
costas impuesta en primera instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 17 de mayo
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar, declarar que no ha
ocurrido el fenómeno de la prescripción.
SEGUNDO: MODIFICAR y ADICIONAR el numeral cuarto de la precitada
sentencia, el cual quedará así:
«Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación
– Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio que reconozca y pague en favor de la señora María Rocío Arias
Quiceno una pensión de vejez calculada en un 75% del ingreso base de
liquidación - que corresponde al promedio de la asignación básica y de la
bonificación mensual docente - devengado por la demandante durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, entre el 19 de marzo
de 2019 y el 18 de marzo de 2020, con efectos fiscales a partir del 19 de
marzo de 2019. Lo anterior, de conformidad con la Ley 33 de 1985 y la Ley
62 del mismo año; y sin que se exija el retiro definitivo del servicio para gozar
de dicha prestación vitalicia.
ORDENAR a la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, adelantar las actuaciones
administrativas pertinentes para verificar si durante los períodos en que la
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demandante laboró bajo contratos de prestación de servicios con el municipio
de La Mercer (Caldas), se realizaron cotizaciones a pensión o no; en este
último caso, deberá promover las acciones de cobro necesarias.»
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo de primera instancia.
CUARTO: Se condena en costas de esta instancia a la parte demandada. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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