Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00787-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00787-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00787-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2021 00787 01 (2640-2025)
Demandante: Otilia Ramírez Fajardo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión jubilación por aportes docentes. Si aplica Ley 71 de
1988 porque la vinculación al servicio educativo fue con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Decisión: Adicionar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 27 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
1. Se pretende la nulidad del acto ficto o presunto configurado el 21 de julio de
2021, como consecuencia de la falta de respuesta por parte de la Secretaría de
Educación departamental del Valle del Cauca, frente a la petición radicada el 21 de
abril de 2021, mediante la cual la señora Otilia Ramírez Fajardo solicitó el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.
2. A título de restablecimiento del derecho pretende el reconocimiento y pago
de dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en
el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los respectivos
reajustes de ley; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en
los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte
demandada.
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
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Demandante: Otilia Ramírez Fajardo
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. La señora Otilia Ramírez Fajardo manifestó que cumplió 55 años el 08 de
enero de 2015; y que ha cotizado 234.57 semanas a Colpensiones, correspondientes
a tiempos laborados en el sector privado; así como se desempeñó como docente en
el sector público al servicio del departamento del Valle del Cauca – municipio de
Florida, inicialmente mediante órdenes de prestación de servicios entre los años
1994 y 2003, en distintos periodos.
4. Posteriormente, fue vinculada en propiedad al servicio de la Secretaría de
Educación departamental del Valle del Cauca mediante Acta No. 2008-1487, el 14
de noviembre de 2003, hasta por lo menos la fecha de presentación de la demanda.
5. Cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988 presentó reclamación
administrativa ante la Secretaría de Educación departamental del Valle del Cauca,
la cual no fue atendida en término, configurándose un acto ficto negativo.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
6. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 7° de la Ley 71
de 1988; artículo 15, numerales 1° y 2°, de la Ley 91 de 1989; artículo 6° de la Ley
60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993;
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de 2003.
7. En resumen, adujo que se encontraba vinculada a la docencia oficial con
anterioridad al 26 de junio de 2003, y que realizó aportes al antiguo ISS, por lo que
considera que cumple con los presupuestos exigidos en las Leyes 812 de 2003 y 71
de 1988, a saber, 1000 semanas de cotización y 55 años de edad, sin atender al
retiro definitivo del cargo para gozar de dicha prestación, en compatibilidad con el
salario.
1.4. Contestación de la demanda2
8. El Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio expuso que la demandante no tiene derecho al reconocimiento de la
pensión de jubilación con fundamento en la Ley 71 de 1988, por cuanto su
vinculación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se produjo
con posterioridad al 27 de junio de 2003, esto es, durante la vigencia del artículo 81
de la Ley 812 de 2003.
9. Indicó que, en consecuencia, el régimen aplicable es el previsto en la Ley 100
de 1993 y en la Ley 797 de 2003, el cual exige el cumplimiento de 57 años de edad
y 1.300 semanas de cotización para acceder a la pensión de vejez. Afirmó que la
actora no reúne tales requisitos al momento de la presentación de la demanda, por
lo que no existe obligación alguna a cargo de la entidad demandada. Finalmente
propuso como excepciones: i) la legalidad de los actos administrativos demandados;
2 Visible en los archivos CONTESTACION OTILIA.pdf del expediente digital. Se destaca que la demanda fue presentada 09
de agosto de 2021, y admitida el 1° de octubre de 2021.
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Demandante: Otilia Ramírez Fajardo
ii) la inexistencia de la obligación con fundamento en la ley; iii) la caducidad; iv) la
prescripción; y v) la excepción genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia3
10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 27 de junio de
2025, accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas
a la parte demandada.
11. Consideró demostrado que la actora se vinculó al servicio educativo oficial
desde el 1.º de abril de 1994, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, por lo cual el régimen aplicable era el previsto en la Ley 71 de
1988. Para arribar a esta conclusión, estimó que los periodos laborados mediante
órdenes de prestación de servicios entre el 1.º de abril de 1994 y el 19 de diciembre
de 2003 podían computarse para efectos pensionales, al evidenciar que la actividad
docente se desarrolló sujeta a los reglamentos, directrices y calendario propios del
servicio público educativo, razón por la cual dichos tiempos debían tenerse como
servicio oficial válido para acreditar requisitos.
12. En consecuencia, una vez verificados las demás exigencias, ordenó el
reconocimiento de la pensión equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año anterior a la adquisición del estatus,
incluyendo únicamente los factores sobre los cuales se hubieren efectuado
cotizaciones, y precisó que el reconocimiento no estaba condicionado al retiro
definitivo del cargo docente, y tenía derecho a la compatibilidad entre salario y
pensión en el régimen del Magisterio.
1.6. Recurso de apelación
13. La entidad demandada Ministerio de Educación – Fomag solicitó revocar la
sentencia ya que estima que la actora no tiene derecho a que se le reconozca
pensión bajo la Ley 71 de 1988, ello por cuanto su vínculo al servicio docente data
del 14 de noviembre de 2003, es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003; por lo que, el régimen aplicable es el de prima media con prestación
definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos allí
previstos, incluida la edad de 57 años y el número mínimo de semanas cotizadas,
para el cual la actora a la presentación de la demanda no cumplía los requisitos.
14. Señaló que los periodos desarrollados bajo órdenes de prestación de servicios
no pueden ser computados automáticamente como tiempo válido para efectos
pensionales, ya que para ello se requiere una decisión judicial previa que declare la
existencia de relación laboral, sin que sea posible aplicar la primacía de la realidad
de manera indirecta en este proceso.
15. Añadió que, en todo caso, dichos periodos solo podrían ser considerados para
3
Archivo 038Sentencia_Accede_20210078700NRDPensio.pdf del expediente digital
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efectos pensionales si se demostrara que durante los mismos se realizaron aportes
al sistema de seguridad social, circunstancia que no se encuentra acreditada en el
expediente.
16. Propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), al sostener que la competencia para el reconocimiento de la
prestación y la determinación de su monto corresponde a la entidad territorial
certificada en educación que expidió el acto administrativo, y no al Fondo.
17. En relación con la prescripción, sostuvo que, si bien el derecho pensional es
imprescriptible, no ocurre lo mismo con las mesadas causadas y no reclamadas
oportunamente; por lo que, en virtud de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969, solo podrían reconocerse aquellas causadas dentro
de los tres años anteriores a la reclamación administrativa, con la advertencia de que
la interrupción de la prescripción opera por una sola vez y por un término igual.
18. Para concluir, se opuso a la condena en costas con fundamento en el artículo
365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del
CPACA, al señalar que su procedencia no es automática y exige prueba objetiva de
su causación.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
19. Mediante auto de 03 de octubre de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada. En esta oportunidad solo intervino la parte
actora solicitando confirmar la sentencia de primera instancia, por cuanto considera
que le asiste el derecho a la pensión por aportes.
20. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4. Así, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso5, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el
caso de la referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada,
4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
5 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.»
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el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
22. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Otilia Ramírez
Fajardo, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido en la
Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como privado, o, por el
contrario, no reúne los requisitos legales exigidos para acceder a dicho beneficio
pensional.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Del derecho pensional de los docentes
23. La Ley 812 de 20036 en torno al sector de educación nacional, definió el
régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon
antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad
a esta. Se destaca:
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El
régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de
la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. (…)”
24. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación; la cual
fue modificada por la Ley 62 de 1985, en la que enlistan los factores a tener en cuenta
para efectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
25. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos,
y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no
alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley
71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una
pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector
público como en el privado:
6 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario
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“ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas.”
26. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación
por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben
cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho
análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019
(SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 7,
dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a
los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez
se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la
fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
27. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen
valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
28. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para
efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de
su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les
será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de
2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de
19898 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a
partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será
de 57 años para hombres y mujeres.
29. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las
normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su
fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente
al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los
7 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)
8 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación
de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de
continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.
30. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a
ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no
alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene
acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado,
aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy,
Colpensiones.
31. Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que
imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que
los antecedentes legislativos9 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite
al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó
que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio 10. A lo que
se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero
de 2023,11 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente,
teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019,
tantas veces mencionada12, precisando a su vez que los factores de liquidación
corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran
efectuado cotizaciones.
32. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala
estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985,
los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial,
como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes
(Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no
siendo posible extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere
cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como
consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente,
que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se
abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que
avalaba dicha liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si
estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.
33. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente:
33.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el
régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el
9
Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989.
10 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación;
recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales
a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite.
11
C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)
12
Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por ende tampoco
están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los educadores vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003.
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contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2°
establece que los educadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de
enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público
nacional.
33.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el
contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.
33.3 Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse
con base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el
último año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere
cotizado, y que figuren enlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las
previsiones de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también
los establecidos en disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter
salarial, como por ejemplo los Decretos 63313 y 634 de 200714, la bonificación
mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la
bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018).
33.4 Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación
definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la
edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a tener en cuenta para liquidar
serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.
2.4. Caso concreto
34. Da cuenta el material probatorio que la actora, el 21 de abril de 2021 a través
de apoderada solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, no obstante, en el
presente caso se configuró el acto ficto negativo, en la medida en que la
administración guardó silencio frente a la solicitud.
35. Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación
de la demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues
bien, para la Sala, contrario a lo sostenido en el recurso por la entidad recurrente,
en el plenario está demostrado que la señora Ramírez Fajardo prestó servicios como
docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que permite
la aplicación de la Ley 91 de 1989, que remite al régimen anterior en materia
pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.
13 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio
del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para
el sector educativo oficial.
14 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio
del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto-ley 1278 de 2002 y se dictan
otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial.
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36. Véase que el material probatorio evidencia que aquella nació el 8 de enero
de 1960, y laboró en el sector público como docente desde el 1 de abril de 1994, en
los siguientes periodos:
Desde - hasta Tipo de Entidad Aportes Tiempo
vinculación contratante o pensionales
empleadora
01/04/1994 – Contrato de Departamento No figura 89 días (2
30/06/1994 prestación de del Valle del meses y 29
servicios Cauca días)
16/03/1995 – Contrato de Departamento No figura 105 días (3
30/06/1995 prestación de del Valle del meses y 14
servicios Cauca días
03/09/1996 – Contrato de Departamento No figura 118 días (3
31/12/1996 prestación de del Valle del meses y 28
servicios Cauca días)
01/09/1997 – Contrato de Departamento No figura 104 días (3
15/12/1997 prestación de del Valle del meses y 14
servicios Cauca días)
19/01/1998 – Contrato de Departamento No figura 90 días (3
18/04/1998 prestación de del Valle del meses)
servicios Cauca
19/04/1998 – Contrato de Departamento No figura 71 días (2
30/06/1998 prestación de del Valle del meses y 11
servicios Cauca días)
18/01/1999 – Contrato de Departamento No figura 72 días (2
30/03/1999 prestación de del Valle del meses y 12
servicios Cauca días)
01/04/1999 – Contrato de Departamento No figura 89 días (2
30/06/1999 prestación de del Valle del meses y 29
servicios Cauca días)
01/09/1999 – Contrato de Departamento No figura 29 días
30/09/1999 prestación de del Valle del
servicios Cauca
11/10/1999 – Contrato de Departamento No figura 66 días (2
17/12/1999 prestación de del Valle del meses y 6 días)
servicios Cauca
17/01/2000 – Contrato de Departamento No figura 90 días (3
17/04/2000 prestación de del Valle del meses)
servicios Cauca
11/03/2000 – Contrato de Departamento No figura 82 días (2
02/06/2000 prestación de del Valle del meses y 22
servicios Cauca días)
04/09/2000 – Contrato de Departamento No figura 101 días (3
15/12/2000 prestación de del Valle del meses y 11
servicios Cauca días)
15/01/2001 – Contrato de Departamento No figura 165 días (5
30/06/2001 prestación de del Valle del meses y 15
servicios Cauca días)
03/09/2001 – Contrato de Departamento No figura 102 días (3
15/12/2001 prestación de del Valle del meses y 12
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Demandante: Otilia Ramírez Fajardo
08/01/2002 – Contrato de Departamento No figura 177 días (5
05/07/2002 prestación de del Valle del meses y 27
servicios Cauca días)
26/08/2002 – Contrato de Departamento No figura 87 días (2
22/11/2002 prestación de del Valle del meses y 27
servicios Cauca días)
07/01/2003 – Contrato de Departamento No figura 88 días (2
04/04/2003 prestación de del Valle del meses y 28
servicios Cauca días)
07/04/2003 – Contrato de Departamento No figura 87 días (2
04/07/2003 prestación de del Valle del meses y 27
servicios Cauca días)
25/08/2003 – Contrato de Departamento No figura 65 días (2
30/10/2003 prestación de del Valle del meses y 5
servicios Cauca días)
31/10/2003 – Contrato de Departamento No figura 49 días (1 mes
19/12/2003 prestación de del Valle del y 19 días)
servicios Cauca
14/11/2003 – Propiedad Departamento Fomag 6.225 (17
01/03/2021 del Valle del años, 3 meses
Cauca y 15 días)
Total tiempo de servicio 8.151 días
equivalentes
a 22 años, 7
meses y 21
días
37. Importante destacar que, contrario a lo señalado por la entidad demandada
en el recurso de alzada, para efectos del reconocimiento pensional que se reclama
no tiene incidencia alguna el hecho de que la labor docente se haya ejecutado en
virtud de contratos de prestación de servicios, pues, tal como lo ha dispuesto esta
Corporación en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de 2016, la
actividad educativa desarrollada mediante dichos contratos no difiere a la adelantada
en virtud de una designación legal y reglamentaria, e incluso en materia de docentes
en esa oportunidad se señaló que es viable presumir la existencia de un vínculo
laboral, y tener en cuenta dicho tiempo servido, entre otros, para efectos
pensionales.
38. Así mismo, aun cuando en este asunto no hay lugar a establecer la existencia
de una verdadera relación laboral respecto al tiempo prestado como docente en
establecimientos oficiales mediante contrato de prestación de servicios, en tanto no
hace parte de la controversia, nada impide valorar dichos períodos para efectos de
la prestación que se reclama, máxime que el tipo de vinculación15 no le resta valor al
hecho probado de que se ejecutó la actividad docente oficial, aspecto este que no
cuestiona la entidad.
15 Se itera, mediante contrato de prestación de servicios
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39. Seguidamente, observa la Sala que en el reporte de semanas cotizadas
emitido por Colpensiones el 18 de febrero de 2021 que reposa en el expediente, la
actora registra 272,71 semanas de cotización con ocasión de labores realizadas en
el sector privado, entre el 14 de abril de 1981 y el 31 de diciembre de 2003 de manera
discontinua. Sin embargo, la Sala solo computará para efectos de la pensión que se
reclama, las cotizaciones efectuadas desde i) el 14 de abril de 1981 hasta el 11 de
octubre de 1985, ii) el 1° de julio de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1994, y iii)
entre el 1 y el 31 de enero de 1995, todo esto para un total de 264,55 semanas
cotizadas, equivalentes a 5 años y 27 días. Lo anterior, teniendo en cuenta que por
los periodos restantes existe simultaneidad, no siendo posible computar dos veces
la misma labor.16
40. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 1°17 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones
vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después
quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto
para hombres como para mujeres.
41. Sobre este aspecto, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-
014-CE-S2-19 de 25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989, que remite a las disposiciones de la Ley 33 de 1985 y, en
ciertos supuestos, también a la Ley 71 de 1988. Esta última resulta aplicable cuando
el interesado acredita tiempos de servicio en el sector público y en el privado, pues
permite la acumulación de aportes.
42. En ese orden debe destacarse que, contrario a lo señalado por la entidad
demandada en el recurso, a la actora no le son aplicables las disposiciones de las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y su acceso al régimen pensional de la Ley 71 de
1988 no está condicionado al cumplimiento de los requisitos de la transición que
establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
43. De otro lado, se tiene que, conforme a la condición más beneficiosa, lo
relevante para determinar el régimen aplicable no es la permanencia continua en el
cargo al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, ni el tipo de vinculación
16 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU – 446-22 - Referencia: Expediente T-8.664.475 – M.P:
José Fernando Reyes Cuartas, señaló: “El segundo supuesto se da cuando para un mismo período de tiempo el
trabajador realizó dos cotizaciones por dos fuentes diferentes. En este evento se aumenta el monto de la
cotización, pero no el tiempo que representa, por lo que el “cálculo para efectos de establecer el cumplimiento
del requisito de semanas de cotización se debe hacer por el tiempo efectivamente laborado, sin sumar los aportes
simultáneos”
17 "Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los
derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003".
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que da lugar a la labor docente sino la fecha de la primera vinculación como docente
oficial. En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Segunda ha sostenido que la
existencia de interrupciones en la prestación del servicio no desvirtúa la posibilidad
de aplicar el régimen especial vigente antes de 2003, en tanto la finalidad de la norma
es proteger las expectativas legítimas de quienes ya habían ingresado al magisterio.
44. Por otra parte, en torno a los aportes esta Corporación en asuntos de similar
naturaleza ha precisado que el hecho de que no se hubieren realizado los mismos,
no imposibilita el reconocimiento pensional18, pues, en este caso el Fomag debe
adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener los mismos, como
así se ha ordenado de manera reiterada.
45. Así entonces, dado que no está en discusión la actividad como docente oficial
prestada por la aquí demandante, se tiene que hay lugar a valorar el tiempo servido
como docente a través de ordenes de prestación de servicio relacionados en el
cuadro del numeral 40, por lo que acertó el tribunal al dar aplicación a la Ley 71 de
1988, encontrándose probados además los requisitos de edad (55 años acreditados
el 08 de enero de 2015) y tiempo de servicios tanto en el sector privado (entre los
años 1981 a 1995 de manera discontinua) como en el público (entre los años 1994
a 2021 discontinuos)19, por lo que tiene derecho la señora Ramírez Fajardo al
reconocimiento de la pensión por aportes, habiendo alcanzado el estatus el 08 de
enero de 2015 -cuando acreditó 55 años de edad- momento para el cual ya había
acreditado 20 años de aportes como bien lo dispuso el a quo.
46. Respecto a la forma de liquidación de la prestación, se recuerda que esta
debe sujetarse exclusivamente a los factores enlistados en el artículo 1º de la Ley
62 de 1985 y los que mediante normas posteriores se les ha dado el carácter de
factor salarial para el sector docente, como se explicó en el punto del marco
normativo y jurisprudencia.
47. En el presente asunto se observa que, conforme al certificado salarial allegado
al expediente, durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional la
demandante percibió asignación básica, bonificación mensual docente, prima
de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones docentes.
18 Ver sentencia de 21 de agosto de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00635-01 (6197-2024), C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez, en la que se señaló:
“Ahora, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe recordarse es que,
contrario a las afirmaciones del juez de primera instancia, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad
contractual de OPS no impide considerar tales interregnos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del
tiempo de servicio, ello incluso al margen de la efectiva contribución al sistema de seguridad social mientras
laboró como contratista, pues este no fue el criterio fijado para tal fin en la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019, sino el de la demostración de algún tiempo de labor oficial educativa antes de que entrara a regir la ley
de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.
No obstante, como ya lo ha advertido la Subsección en casos similares 18, si bien los artículos 4 y 9 de la Ley 797
de 2003 que modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley 100 de 1993, establecieron como exigencia para el
reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el régimen de prima media que se demostraran los aportes al
sistema pensional, en el caso particular, la referida disposición normativa no resulta aplicable al actor al ser este
beneficiario de la Ley 33 de 1985.”
19 Anualidad esta última para la cual aún seguía activa en el servicio docente
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48. En ese orden, la liquidación deberá efectuarse con base en la asignación
básica y la bonificación mensual docente, excluyendo las primas antes mencionadas
por no encontrarse enlistadas en las disposiciones que regulan los factores de
liquidación pensional del sector docente. Por consiguiente, no se advierte desacierto
alguno en el criterio adoptado por el tribunal en este aspecto.
49. En el evento que no se hubieren realizado descuentos para pensión sobre la
bonificación mensual, la demandada en virtud de sus competencias y por tratarse de
aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas
necesarias para obtener el pago de los aportes de ley.
50. En cuanto al cargo de apelación relacionado con la falta de legitimación en la
causa por pasiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el
mismo no tiene vocación de prosperidad, dado que, como lo sostuvo el tribunal,
tratándose de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, la
entidad competente para su reconocimiento corresponde a la última a la cual se
efectuaron aportes o, en su defecto, aquella donde se realizó el mayor tiempo de
cotización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2709 de
1994.
51. En ese contexto, al encontrarse acreditado que la demandante efectuó
aportes al sistema pensional en desarrollo de su actividad docente oficial durante los
últimos 17 años, no resulta procedente excluir al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio del presente litigio.
52. En cuanto al argumento relativo a la prescripción de las mesadas pensionales,
se advierte que dicho aspecto no constituye un verdadero motivo de inconformidad
frente a la sentencia apelada, en la medida en que el tribunal ya reconoció la
aplicación de la regla según la cual las mesadas causadas con anterioridad a los tres
(3) años previos a la reclamación administrativa se encuentran prescritas.
53. En efecto, en el expediente se encuentra acreditado que la demandante
adquirió el estatus pensional el 8 de enero de 2015, fecha en la cual cumplió el
requisito de edad exigido por la Ley 71 de 1988, momento para el cual ya contaba
con los veinte (20) años de aportes requeridos. Posteriormente, presentó
reclamación administrativa el 21 de abril de 2021, frente a la cual la administración
guardó silencio, surgiendo el acto ficto negativo que dio lugar a la demanda
presentada el 09 de agosto de 2021. En consecuencia, conforme a los artículos 41
del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, únicamente pueden
reconocerse las mesadas causadas a partir del 21 de abril de 2018, por lo que se
encuentran prescritas aquellas causadas con anterioridad a dicha fecha.
54. En relación con la inconformidad planteada frente a la condena en costas,
advierte la Sala que la sentencia de primera instancia se abstuvo expresamente de
imponerlas, así entonces, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno sobre este
aspecto.
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2.7. Conclusión
55. Por lo anterior, se confirmará la sentencia en cuanto accedió a las
pretensiones ordenando reconocer la pensión por aportes a la actora, y se adicionará
en cuanto a ordenar los descuentos para pensión sobre la bonificación mensual.
2.8. De la condena en costas en esta instancia
56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida-; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada -parte
vencida-, por cuanto no prospera el recurso de apelación interpuesto por aquella.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia de 27 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el siguiente sentido:
“TERCERO: (…)
Así mismo, en el evento que no se hubieren realizado descuentos para
pensión sobre la bonificación mensual, la demandada en virtud de sus
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competencias y por tratarse de aportes imprescriptibles, deberá realizar las
gestiones interadministrativas necesarias para obtener el pago de los aportes
de ley.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones
expuestas.
CUARTO. Condenar en costas en esta instancia a la parte vencida -demandada-,
por las razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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