Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2021-00166-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001 23 33 000 2021 00166 01 (3471-2023)
Demandante: Alirio Escobar Grajales
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión jubilación docentes. Si aplica Ley 71 de 1988 porque la
vinculación al servicio educativo fue con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Decisión: Confirmar y adicionar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 9 de diciembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
1. Se pretende la nulidad del acto ficto o presunto configurado el 30
de octubre de 2021, como consecuencia de la falta de respuesta frente a la petición
radicada el 30 de julio de 2021, mediante la cual el señor Alirio Escobar Grajales
solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación. A título de restablecimiento del
derecho solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación equivalente al 75% de
los salarios, y las primas devengados en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial
conformidad con las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, con los respectivos reajustes
de ley; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte
demandada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
2. Se afirma que el actor nació el 16 de abril de 1961, por lo que en la actualidad
tiene más de 60 años; y que se desempeñó como docente al servicio de entidades
territoriales del departamento del Quindío, de la siguiente manera:
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
Radicado: 63001 23 33 000 2021 00166 01 (3471-2023)
Demandante: Alirio Escobar Grajales
• Desde el 1.º de febrero de 1994 hasta el 30 de noviembre de 1996, mediante
decretos expedidos por el departamento del Quindío, laborando en programas de
educación de adultos en instituciones del municipio de Armenia.
• Entre 1997 y 2003, mediante contratos de prestación de servicios como
docente en instituciones del municipio de Armenia y del municipio de La Tebaida.
• Desde el 4 de febrero de 2004 hasta el 17 de julio de 2006, mediante
resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación Departamental del
Quindío, vinculado en provisionalidad.
• Desde el 18 de julio de 2006, mediante Decreto 0766 del 14 de julio de 2006,
nombrado en propiedad al servicio de la Secretaría de Educación Departamental
del Quindío, hasta por lo menos la fecha de presentación de la demanda.
3. Señaló que reunía los requisitos para acceder a la pensión de jubilación
docente conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y demás normas
concordantes, motivo por el cual presentó reclamación administrativa ante el
Ministerio de Educación Nacional, la cual no fue resuelta dentro del término legal,
configurándose así el acto ficto negativo.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
4. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 7° de la Ley 71
de 1988; artículo 15, numerales 1° y 2°, de la Ley 91 de 1989; artículo 6° de la Ley
60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993;
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de 2003.
5. En síntesis, sostuvo que se encontraba vinculado a la docencia oficial con
anterioridad al 26 de junio de 2003 y que acredita más de veinte (20) años de
servicios y aportes al sistema pensional, por lo que considera que cumple los
presupuestos exigidos para acceder a la pensión ordinaria de jubilación docente,
conforme a las disposiciones contenidas en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, en
concordancia con el régimen previsto para el personal docente en la Ley 91 de 1989,
al haber cumplido 55 años de edad y más de 1000 semanas de cotización, sin que
resulte exigible el retiro definitivo del servicio y en compatibilidad con el salario
derivado del ejercicio de la docencia oficial.
1.4. Contestación de la demanda2
6. El Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda al sostener que el actor
no tiene derecho al reconocimiento de la pensión solicitada, por cuanto su
vinculación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se produjo
con posterioridad al 27 de junio de 2003, esto es, durante la vigencia del artículo 81
de la Ley 812 de 2003.
7. Indicó que, en consecuencia, el régimen aplicable es el previsto en la Ley 100
de 1993 y en la Ley 797 de 2003, el cual exige el cumplimiento de 57 años de edad
2 Visible en los archivos CONTESTACION .pdf del expediente digital. Se destaca que la demanda fue presentada
11 de noviembre de 2021, y admitida el 12 de enero de 2022.
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Demandante: Alirio Escobar Grajales
y 1.300 semanas de cotización para acceder a la pensión de vejez.
Afirmó que el actor no reúne tales requisitos al momento de la presentación de la
demanda, por lo que no existe obligación alguna a cargo de la entidad demandada.
8. Propuso como excepciones: i) la legalidad de los actos administrativos
demandados; ii) la inexistencia de la obligación con fundamento en la ley; y iii) la
excepción genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia3
9. El Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia de 9 de diciembre de
2022, accedió a las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas
a la parte demandada.
10. Para sustentar su decisión, desarrolló el marco normativo aplicable al régimen
pensional de los docentes y señaló que, conforme a la Ley 91 de 1989, estos pueden
acceder a la pensión de jubilación bajo las disposiciones aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas las previstas en las Leyes 33 de 1985 y 71
de 1988.
11. A partir de lo anterior, el Tribunal concluyó que el demandante acreditaba el
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación por
aportes prevista en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988. Para tal efecto, consideró que
los tiempos laborados como docente mediante contratos u órdenes de prestación de
servicios también debían ser tenidos en cuenta para efectos pensionales, lo que
permitía predicar la aplicación del régimen de transición docente.
12. Agregó que, con fundamento en las certificaciones expedidas por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el reporte de semanas cotizadas
a Colpensiones, el actor acreditaba 308,57 semanas cotizadas al sistema general de
pensiones, así como 73,71 semanas como docente vinculado mediante contratos de
prestación de servicios, otras 137,14 semanas como docente provisional y 778,42
semanas como docente vinculado en propiedad al FOMAG, lo que arroja un total de
1.297,84 semanas cotizadas, equivalentes a 24 años, 11 meses y 7 días de
servicios.
13. En consecuencia, concluyó que al haber estado vinculado al servicio docente
oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no le resultaba
aplicable el régimen general de la Ley 100 de 1993, sino el previsto en la Ley 71 de
1988, razón por la cual declaró la nulidad del acto demandado y ordenó el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.
14. Finalmente, dispuso que la prestación debía liquidarse en cuantía equivalente
al 75% del salario base de liquidación, integrado por los factores salariales enlistados
en las Leyes 33 y 62 de 1985 sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones
durante el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus pensional,
ocurrido el 16 de abril de 2021. Asimismo, precisó que la pensión reconocida
resultaba compatible con el salario devengado como docente.
3
Archivo 23SentenciaPrimeraInstancia.pdf del expediente digital
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1.6. Recurso de apelación
15. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, al considerar que el Tribunal aplicó de manera indebida el régimen
previsto en la Ley 71 de 1988 para reconocer la pensión de jubilación por aportes
reclamada.
16. Sostuvo que el análisis realizado por el a quo partió de una interpretación
aislada del artículo 7 de dicha normativa y desconoció las disposiciones que regulan
el régimen pensional aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003. En ese sentido, indicó que, cuando un docente se retira del
FOMAG y posteriormente reingresa al servicio, deben aplicarse las normas vigentes
al momento de su nuevo ingreso y no aquellas que regían cuando efectuó sus
primeras cotizaciones.
17. Asimismo, señaló que el demandante realizó aportes tanto al sector público
como al privado, por lo que debía analizarse su situación conforme a las reglas del
régimen general de pensiones. Bajo esa perspectiva, afirmó que al 1.º de abril de
1994 el actor debía cumplir los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 y que no
acreditaba las condiciones necesarias para beneficiarse del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de dicha normativa, el cual, además, no podía
extenderse más allá del 31 de julio de 2010, salvo para quienes contaran con al
menos 750 semanas cotizadas, supuesto que no se encontraba demostrado en el
proceso.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
18. Mediante auto de 20 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.
19. En esta oportunidad la parte actora solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, por cuanto considera que le asiste el derecho a la pensión por aportes.
20. Por su parte el Ministerio Público, conceptuó que debía confirmarse la
sentencia de primera instancia, al estimar que el apelante confundió el régimen de
transición general previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el régimen de
transición especial aplicable al magisterio. Señaló que, conforme al artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 y al parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, los
docentes vinculados al servicio educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigencia de dicha ley conservan el régimen prestacional anterior, razón por la cual al
señor Alirio Escobar Grajales —quien acreditó vinculación docente desde 1994— es
beneficiario de las disposiciones vigentes antes de esa reforma, entre ellas la Ley 71
de 1988 sobre pensión por aportes, que permite acumular cotizaciones efectuadas
en el sector público y en el Instituto de Seguros Sociales.
21. La entidad demandada, guardó silencio.
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22. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso
y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
23. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4. Así, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso5, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el
caso de la referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada,
el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2 Problema jurídico
24. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Alirio Escobar
Grajales, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido en la
Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como privado, o, por el
contrario, no reúne los requisitos legales exigidos para acceder a dicho beneficio
pensional.
2.3 Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1 Del derecho pensional de los docentes
25. La Ley 812 de 20036 en torno al sector de educación nacional, definió el
régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon
antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad
a esta. Se destaca:
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales
del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años
para hombres y mujeres. (…)”
26. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación; la cual
fue modificada por la Ley 62 de 1985, en la que enlistan los factores a tener en cuenta
para efectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
5 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.»
6 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario
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capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
27. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos,
y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no
alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley
71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una
pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector
público como en el privado:
“ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas.”
28. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación
por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben
cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho
análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019
(SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 7,
dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a
los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez
se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la
fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
29. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen
valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
30. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para
efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de
su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les
será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de
2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de
7 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)
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19898 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales
que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
31. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las
normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su
fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente
al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los
tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación
de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de
continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.
32. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a
ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no
alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene
acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado,
aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy,
Colpensiones.
33. Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que
imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que
los antecedentes legislativos9 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite
al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó
que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio 10. A lo que
se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero
de 2023,11 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente,
teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019,
tantas veces mencionada12, y precisó a su vez que los factores de liquidación
corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran
efectuado cotizaciones.
34. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala
estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985,
los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial,
como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes
(Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no
siendo posible extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere
cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como
8 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
9 Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989.
10 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la
repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal
de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite.
11 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)
12 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por
ende tampoco están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los
educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.
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consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del
servicio docente, que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad,
y desconocería lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
con la cual se abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de
2010, que avalaba dicha liquidación con todos los emolumentos percibidos, al
margen de si estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.
35. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente:
35.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el
régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el
contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de1989, que en el numeral 2° inciso 2°
establece que los educadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de
enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público
nacional.
35.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el
contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.
35.3 Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse
con base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el
último año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere
cotizado, y que figuren enlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las
previsiones de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también
los establecidos en disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter
salarial, como por ejemplo los Decretos 63313 y 634 de 200714, la bonificación
mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la
bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018).
35.4 Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación
definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la
edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a tener en cuenta para liquidar
serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.
2.4 Caso concreto
36. Da cuenta el material probatorio que el actor, el 30 de julio de 2021 a través
de apoderado solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, no obstante, en el
presente caso se configuró el acto ficto negativo, en la medida en que la
administración guardó silencio frente a la solicitud.
37. Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación
del demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues
13 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio
del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para
el sector educativo oficial.
14 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio
del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto-ley 1278 de 2002 y se dictan
otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial.
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Demandante: Alirio Escobar Grajales
bien, para la Sala, contrario a lo sostenido en el recurso por la
entidad, en el plenario está demostrado que el señor Alirio Escobar Grajales prestó
servicios como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
lo que permite la aplicación de la Ley 91 de 1989, que remite al régimen anterior en
materia pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.
38. Véase que el material probatorio evidencia que el señor Escobar Grajales
nació el 16 de abril de 1961, y laboró en el sector público como docente en los
siguientes periodos:
Desde - hasta Tipo de Entidad Aportes Tiempo
vinculación contratante o pensionales
empleadora
1°/02/1994 – Nombramiento Departamento No figura 270 días (9
30/11/1994 provisional del Quindío meses)
1°/02/1995 – Nombramiento Departamento No figura 270 días (9
30/11/1995 provisional del Quindío meses)
1°/02/1996 – Nombramiento Departamento No figura 270 días (9
30/11/1996 provisional del Quindío meses)
24/02/1997 – Nombramiento Alcaldía de No figura 22 días
17/03/1997 provisional Armenia
18/03/1997 – Contrato de Departamento No figura 93 días (3
26/06/1997 prestación de del Quindío meses y 13
servicios días)
21/07/1997 – Contrato de Departamento No figura 130 días (4
30/11/1997 prestación de del Quindío meses y 10
servicios días)
1°/03/1999 – Nombramiento Alcaldía de No figura 270 días (9
30/11/1999 provisional Armenia meses)
04/02/2004 – Nombramiento Departamento Fomag 84 días (2
28/04/2004 provisional del Quindío meses y 24
días)
29/04/2004 – Nombramiento Departamento Fomag 431 días (1
11/07/2005 provisional del Quindío año, 2 meses
y 11 días)
13/07/2005 – Nombramiento Departamento Fomag 364 días (1
17/07/2006 provisional del Quindío año y 4 días)
18/07/2006 – Nombramiento en Departamento Fomag 5449 días (14
18/06/2021 propiedad del Quindío años y 11
meses)
Total, tiempo de servicio 7.653 días
equivalentes
a 21 años, 3
meses y 3
días
39. Seguidamente observa la Sala que en el reporte de semanas cotizadas
emitido por Colpensiones el 03 de junio de 2021 que reposa en el expediente, el
actor registra 308,57 semanas de cotización con ocasión de labores realizadas en
el sector privado, entre el 06 de febrero de 1985 y el 22 de noviembre de 1994 de
manera discontinua. Sin embargo, la Sala solo computará para efectos de la pensión
que se reclama, las cotizaciones efectuadas desde i) el 06 de febrero de 1985 hasta
el 30 de noviembre de 1993, todo esto para un total de 286,01 semanas cotizadas,
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equivalentes a 5 años, 6 meses y 22 días. Lo anterior, teniendo en
cuenta que por los periodos restantes existe simultaneidad con la actividad
educativa desarrollada en virtud del nombramiento provisional referenciado en
cuadro anterior, no siendo posible computar dos veces la misma labor.
40. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 1°15 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones
vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después
quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto
para hombres como para mujeres.
41. Sobre este aspecto, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-
014-CE-S2-19 de 25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989, que remite a las disposiciones de la Ley 33 de 1985 y, en
ciertos supuestos, también a la Ley 71 de 1988. Esta última resulta aplicable cuando
el interesado acredita tiempos de servicio en el sector público y en el privado, pues
permite la acumulación de aportes.
42. En ese orden debe destacarse que, contrario a lo señalado por la entidad
demandada en el recurso, al actor no le son aplicables las disposiciones de las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, y su acceso al régimen pensional de la Ley 71 de 1988
no está condicionado al cumplimiento de los requisitos de la transición que establece
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
43. De otro lado, se tiene que, conforme a la condición más beneficiosa, lo
relevante para determinar el régimen aplicable no es la permanencia continua en el
cargo al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, ni el tipo de vinculación
que da lugar a la labor docente sino la fecha de la primera vinculación como docente
oficial. En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Segunda ha sostenido que la
existencia de interrupciones en la prestación del servicio no desvirtúa la posibilidad
de aplicar el régimen especial vigente antes de 2003, en tanto la finalidad de la norma
es proteger las expectativas legítimas de quienes ya habían ingresado al
magisterio.
44. Así entonces, dado que no está en discusión la actividad como docente oficial
prestada por el aquí demandante, se tiene que hay lugar a valorar el tiempo servido
como docente a través de órdenes de prestación de servicio relacionados en el
cuadro del numeral 39, por lo que acertó el tribunal al dar aplicación a la Ley 71 de
1988, estando probados además los requisitos de edad (60 años acreditados el 16
de abril de 2021) y tiempo de servicios tanto en el sector privado (entre los años 1985
a 1993 de manera discontinua) como en el público (entre los años 1994 a 2021
15 "Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado
o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".
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discontinuos)16, de manera que tiene derecho el señor Escobar
Grajales al reconocimiento de la pensión por aportes, habiendo alcanzado el estatus
el 16 de abril de 2021-cuando acreditó 60 años de edad- momento para el cual ya
había cumplido los 20 años de aportes, como bien lo dispuso el a quo.
45. Respecto a la forma de liquidación de la prestación, se recuerda que esta
debe sujetarse exclusivamente a los factores enlistados en el artículo 1º de la Ley
62 de 1985 y los que mediante normas posteriores se les ha dado el carácter de
factor salarial para el sector docente, como se explicó en el punto del marco
normativo y jurisprudencia.
46. En el presente asunto se observa que, conforme al certificado salarial allegado
al expediente, durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional la
demandante percibió asignación básica, bonificación mensual docente, prima
de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones docentes.
47. En ese orden, la liquidación deberá efectuarse con base en la asignación
básica y la bonificación mensual docente, excluyendo las primas antes mencionadas
por no encontrarse enlistadas en las disposiciones que regulan los factores de
liquidación pensional del sector docente. Por consiguiente, no se advierte desacierto
alguno en el criterio adoptado por el tribunal en este aspecto.
48. En el evento que no se hubieren realizado descuentos para pensión sobre la
bonificación mensual, la demandada en virtud de sus competencias y por tratarse de
aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas
necesarias para obtener el pago de los aportes de ley.
49. Ahora bien, resulta necesario precisar que el Tribunal de primera instancia, no
ordenó que se realizaran las gestiones interadministrativas necesarias para el cobro
de los aportes. En consecuencia, la Sala estima necesario adicionar la sentencia a
fin de ordenar a la demandada que proceda a realizar las gestiones administrativas
necesarias para el cobro de aportes pensionales durante el periodo comprendido
entre 1° de febrero de 1994 al 11 de noviembre de 1999, los cuales no figuran
probados, y que obedecen a la labor docente oficial ejecutada
mediante nombramientos provisionales y contratos de prestación de servicio. Tal
aspecto no afecta al apelante único -entidad-, sino que por el contrario garantiza la
sostenibilidad del sistema pensional.
50. Y de igual forma, en aplicación de lo previsto en el artículo 5, numeral 5, de la
Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se dispondrá que el
FOMAG realice las gestiones administrativas pertinentes para realizar el cobro de las
cuotas partes que correspondan por todos los aportes que Colpensiones ha recibido
a nombre del accionante. Dicho trámite tiene como finalidad garantizar la
financiación de la pensión de jubilación por aportes y no afectará en ningún caso el
pago de la mesada correspondiente.
2.7. Conclusión
16
Anualidad esta última para la cual aún seguía activa en el servicio docente
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51. Por lo anterior, se confirmará la sentencia en cuanto accedió a las
pretensiones ordenando reconocer la pensión por aportes al actor, y se adicionará
en cuanto a ordenar a la entidad que realice las gestiones administrativas necesarias
para el cobro de aportes pensionales.
2.8. De la condena en costas en esta instancia
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida-; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada -parte
vencida-, por cuanto no prospera el recurso de apelación interpuesto por aquella.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia de 09 de diciembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, en el siguiente sentido:
“Octavo: Ordenar a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que proceda a realizar las gestiones
administrativas necesarias para obtener el pago de los aportes de ley durante
el periodo comprendido entre 1° de febrero de 1994 al 11 de noviembre
de 1999, los cuales no figuran probados, y que obedecen a la labor docente
oficial ejecutada mediante contrato de prestación de servicio.
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Así mismo, en el evento que no se hubieren realizado descuentos para
pensión sobre la bonificación mensual, la demandada en virtud de sus
competencias y por tratarse de aportes imprescriptibles, y por tratarse de
aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas
necesarias para obtener el pago de los aportes de ley.
Y de igual forma, en aplicación de lo previsto en el artículo 5, numeral 5, de la
Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se dispondrá
que el FOMAG realice las gestiones administrativas pertinentes para
realizar el cobro de las cuotas partes que correspondan por todos los aportes
que Colpensiones ha recibido a nombre del accionante. Dicho trámite tiene
como finalidad garantizar la financiación de la pensión de jubilación por
aportes y no afectará en ningún caso el pago de la mesada correspondiente.”
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones
expuestas.
CUARTO. Condenar en costas en esta instancia a la parte vencida -demandada-,
por las razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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