Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00589-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00589-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00589-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00589-01 (4059-2023)
Demandante: María Libia Aristizábal Ríos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión jubilación por aportes a docentes. Aplica Ley 71 de 1988
porque la vinculación al servicio educativo fue anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Decisión: Revocar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 27 de enero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Quinta de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Hechos y pretensiones de la demanda
2. Se pretende la nulidad de la Resolución 6134-6 de 13 de julio de 2018, por
medio de la cual la Secretaría de Educación de Caldas, negó el reconocimiento y
pago de una pensión jubilación por aportes. A título de restablecimiento del derecho
solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación equivalente al 75% de los
salarios y las primas devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición
del estatus, con los respectivos reajustes de ley; el pago de intereses moratorios; el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA;
y se condene en costas a la parte demandada.
3. La señora María Libia Aristizábal Ríos manifestó que nació el 16 de octubre
de 1960, por tanto, cumplió 55 años el 16 de octubre de 2015; que realizó aportes al
Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, con un total de 766.14
semanas cotizadas; y que fue vinculada a la docencia oficial en el año 2007 hasta
por lo menos la fecha de presentación de la demanda.
4. Precisó que cumple los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión jubilación por aportes de conformidad con la Ley 812 de 2003 y la Ley 71
de 1988, toda vez que fue vinculada a la docencia oficial, acredita más de 1000
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
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Demandante: María Libia Aristizábal Ríos
semanas de cotización, tiene más de 55 años de edad y realizó aportes con
anterioridad al 23 de junio de 2003.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación
5. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 7° de la Ley 71
de 1988; artículo 15, numerales 1° y 2°, de la Ley 91 de 1989; artículo 6° de la Ley
60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993;
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de 2003.
6. En resumen, citando las disposiciones y jurisprudencia que regulan la pensión
de jubilación por aportes, expone que la entidad demandada desconoce el contenido
de las normas transitorias; adujo que se encontraba vinculada con anterioridad al 23
de junio de 2003, y que realizó aportes al antiguo ISS, por lo que cumple con los
presupuestos exigidos en la Ley 812 de 2003, a saber, 1000 semanas de cotización
y 55 años de edad, sin atender al retiro definitivo del cargo para gozar de dicha
prestación, en compatibilidad con el salario.
1.3. Contestación de la demanda
1. El Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio no contestó la demanda.
2. A su turno, Colpensiones2 contestó la demanda y se opuso a la prosperidad
de las pretensiones. Sostuvo que no es la entidad competente para reconocer y
pagar la prestación reclamada, pues dicha obligación correspondería a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Propuso las excepciones de inepta demanda por falta de agotamiento de
la vía gubernativa y falta de legitimación en la causa por pasiva. Además, alegó la
ausencia del derecho reclamado, la improcedencia de incluir todos los factores
salariales devengados y de liquidar la pensión con base en el último año de servicios,
así como la prescripción de eventuales diferencias, la improcedencia de intereses
moratorios y la buena fe de la entidad.
1.4. Sentencia de primera instancia3
3. El Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia de 27 de enero de 2023,
negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante.
4. Como sustento de lo anterior, precisó que, dado que la vinculación de la
demandante al servicio público educativo oficial ocurrió el 18 de julio de 2005, esto
es, después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen aplicable
es el de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, que exige 57 años
de edad y 1300 semanas de cotización, con retiro del servicio.
2 Visible en las páginas 75 a la 94 del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI. Se destaca que la demanda fue
presentada el 20 de noviembre de 2018, y admitida el 28 de octubre de 2019.
3
24SentenciaPrimeraInstancia.pdf
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5. Resaltó que la actora no cumplía los requisitos del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, pues al 1º de abril de 1994 tenía 33 años de edad y 367 semanas
cotizadas, lo que la excluía de tal beneficio. Asimismo, el Tribunal descartó la
aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que los aportes hechos al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no son acumulables con los
realizados al ISS, y que, en consecuencia, no procede el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes.
1.5. Recurso de apelación4
6. La parte actora manifestó su inconformidad con la sentencia de primera
instancia, considerando que el a quo no valoró adecuadamente su historia laboral ni
el marco normativo aplicable, pues, no se tuvo en cuenta que laboró por más de 20
años, sumando tiempos en el sector privado y público, y que cumplió 55 años de
edad, por lo que tiene derecho a la pensión por aportes.
7. Alegó que, al haberse desempeñado como docente mediante órdenes de
prestación de servicios y en provisionalidad antes del 26 de junio de 2003, debía
reconocérsele la transitoriedad prevista en la Ley 91 de 1989 y, por ende, la
aplicación de regímenes anteriores más favorables.
8. Señaló que el Tribunal desconoció la primacía de la realidad al desestimar por
extemporáneas las certificaciones y autorizaciones de servicios correspondientes a
los años 2000 a 2003, con las cuales se demuestra que la docente prestó servicios
al sector educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En
apoyo de esta postura, citó jurisprudencia del Consejo de Estado que admite
contabilizar tiempos no reconocidos inicialmente en vía administrativa, con el fin de
garantizar la protección efectiva de los derechos pensionales bajo el principio de
favorabilidad y el acceso material a la justicia.
9. Finalmente, la apelante expuso que al momento de la interposición del recurso
ya contaba con más de 62 años de edad y con más de 20 años de servicio, por lo
que resultaba desproporcionado exigirle un nuevo proceso judicial para acreditar el
cumplimiento pleno de los requisitos.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
10. Mediante auto de 16 de abril de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante. No hubo intervenciones en esta instancia.
11. De otro lado, el 04 de septiembre de 2025, se dictó auto de pruebas de oficio
requiriendo a la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, para que
allegara los actos administrativos y de posesión, mediante los cuales se haya
designado a la actora como docente desde el año 2000 hasta su desvinculación; al
igual que certificados de tiempos de servicios que dieran cuenta de los extremos
temporales. Documentales que fueron aportadas en cumplimiento de la orden judicial
en comento.
4
26ConstanciaRdoRecursoDemandante.pdf
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12. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
13. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5. Así, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante, para este caso, por la
demandante.
2.2 Problema jurídico
14. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Libia
Aristizábal Ríos, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido
en la Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como privado, o,
por el contrario, no reúne los requisitos legales exigidos para acceder a dicho
beneficio pensional.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Del derecho pensional de los docentes
15. La Ley 812 de 20037 en torno al sector de educación nacional, definió el
régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon
antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad
a esta. Se destaca:
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El
régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
(…)”
16. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación; la cual
5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
7 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario
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fue modificada por la Ley 62 de 1985, en la que enlistan los factores a tener en cuenta
para efectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
17. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos,
y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no
alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley
71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una
pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector
público como en el privado:
“ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del
orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto
de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan
sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es
mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas.”
18. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación
por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben
cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho
análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019
(SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 8,
dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a
los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez
se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la
fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
19. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen
valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
20. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para
efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de
su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la
8 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)
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Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les
será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de
2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de
19899 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a
partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será
de 57 años para hombres y mujeres.
21. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las
normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su
fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente
al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los
tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación
de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de
continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.
22. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a
ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no
alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene
acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado,
aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy,
Colpensiones.
23. Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que
imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que
los antecedentes legislativos10 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite
al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó
que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio 11. A lo que
se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero
de 2023,12 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente,
teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019,
tantas veces mencionada13, precisando a su vez que los factores de liquidación
corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran
efectuado cotizaciones.
24. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala
estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985,
9
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
10
Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989.
11 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación;
recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales
a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite.
12
C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)
13
Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por ende tampoco
están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los educadores vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003.
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los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial,
como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes
(Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no
siendo posible extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere
cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como
consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente,
que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se
abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que
avalaba dicha liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si
estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.
25. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente:
25.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el
régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el
contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2°
establece que los educadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero
de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público nacional.
25.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el
contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.
25.3 Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse con
base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el último
año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere cotizado,
y que figuren enlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las previsiones de la
sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también los establecidos en
disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter salarial, como por
ejemplo los Decretos 63314 y 634 de 200715, la bonificación mensual de docentes y
directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto
2354 de 2018).
25.4 Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley
812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación
definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la
edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a tener en cuenta para liquidar
serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.
2.1. Caso concreto
26. Da cuenta el material probatorio que la actora, el 20 de abril de 2018 a través
de apoderada solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, la cual fue resuelta
desfavorablemente a través de la Resolución 6134-6 de 13 de julio de 2018,
14
Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en
los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial.
15
Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en
los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto-ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de
carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial.
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sustentada en que ingresó al magisterio en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo
tanto, se le debía aplicar el régimen previsto en la Ley 100 de 1993.
27. Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación
de la demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues
bien, la Sala desde ya anuncia que la sentencia será revocada, en tanto existe
prueba en el plenario de que la señora Aristizábal Ríos prestó servicios como
docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que permite
la aplicación de la Ley 91 de 1989, que remite al régimen anterior en materia
pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988.
28. Véase que está demostrado que aquella nació el 16 de octubre de 196016, y
laboró en el sector público como docente desde el 11 de mayo de 2000, en los
siguientes periodos:
Desde - Tiempo Tipo de Aportes Entidad Total tiempo
hasta17 vinculación pensionales empleadora de servicios
11/05/2000 45 días (1
– mes y 15
25/06/2000 días)
17/07/2000 158 días
– (5 meses y
24/12/2000 8 días)
26/02/2001 43 días (1
– mes y 13
08/04/2001 días)
16/04/2001 62 días (2 Contrato de Colpensiones Departamento 5.512 días
– meses y 2 prestación de de Caldas equivalentes
17/06/2001 días) servicios a 15 años, 3
16/07/2001 144 días meses y 22
– (4 meses y días
09/12/2001 24 días)
22/02/2002 33 días (1
– mes y 3
24/03/2002 días)
1°/04/2002 90 días (3
– meses)
30/06/2002
22/07/2002 137 días
– (4 meses y
08/12/2002 17 días)
16
De conformidad con la cedula de ciudadanía que reposa en el expediente digital
17
Los periodos de prestación de servicios relacionados en este cuadro se tomaron de manera continua a partir del certificado
expedido el 29 de octubre de 2025 por el profesional universitario de la Jefatura Administrativa y Financiera - Hojas de Vida de
la Secretaría de Educación Departamental de Caldas, allegado en respuesta al requerimiento de mejor proveer. En dicho
certificado se precisó que la señora María Libia Aristizábal Ríos prestó servicios docentes por OPS y/o reconocimientos en el
INEM Baldomero Sanín Cano de Manizales, desde mayo de 2000 hasta diciembre de 2002, y se relacionaron, entre otras, las
Resoluciones 1452, 1804, 2152, 2584, 2968, 3214 y 3588 de 2000; 689, 993, 1370, 1786, 2034, 2314, 2692, 2947 y 3242 de
2001; y 762, 1304, 1447, 1769, 2300, 2739, 3182, 3495, 3788 y 3904 de 2002, así como las Autorizaciones 738, 836 y 638.
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Demandante: María Libia Aristizábal Ríos
23/05/2003 207 días Provisionalidad No figura Municipio de
– (6 meses y Manizales
19/12/2003 27 días)
18/07/2005 4.593 días Propiedad Fomag Departamento
– (12 años, de Caldas
20/04/2018 9 meses y
3 días)
29. Seguidamente, observa la Sala que en el reporte de semanas cotizadas
emitido por Colpensiones el 2 de enero de 2018 que reposa en el expediente, la
actora registra 766,14 semanas de cotización con ocasión de labores realizadas en
el sector privado, entre el 19 de agosto de 1987 y el 30 de junio de 2003 de manera
discontinua. Sin embargo, para efectos de la pensión que se reclama, la Sala solo
computará las cotizaciones que no coinciden con los tiempos de servicio docente
oficial previamente acreditados, esto es, las reportadas entre el 19 de agosto de 1987
y el 10 de mayo de 2000; el 26 de junio y el 16 de julio de 2000; el 25 y el 31 de
diciembre de 2000; el 1.º de enero y el 25 de febrero de 2001; el 9 y el 15 de abril de
2001; el 18 de junio y el 15 de julio de 2001; el 10 y el 31 de diciembre de 2001; el
1.º de enero y el 21 de febrero de 2002; el 25 y el 31 de marzo de 2002; el 1.º y el
21 de julio de 2002; y el 9 de diciembre de 2002 y el 22 de mayo de 2003, para un
total de 659,00 semanas cotizadas, equivalentes a 4.613 días, esto es, 12 años, 9
meses y 23 días. Lo anterior, teniendo en cuenta que por los periodos restantes
existe simultaneidad, no siendo posible computar dos veces la misma labor.18
30. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 1°19 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones
vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después
quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto
para hombres como para mujeres.
31. Sobre este aspecto, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-
014-CE-S2-19 de 25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989, que remite a las disposiciones de la Ley 33 de 1985 y, en
ciertos supuestos, también a la Ley 71 de 1988. Esta última resulta aplicable cuando
el interesado acredita tiempos de servicio en el sector público y en el privado, pues
permite la acumulación de aportes.
18 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU – 446-22 - Referencia: Expediente T-8.664.475 – M.P: José Fernando
Reyes Cuartas, señaló: “El segundo supuesto se da cuando para un mismo período de tiempo el trabajador realizó dos
cotizaciones por dos fuentes diferentes. En este evento se aumenta el monto de la cotización, pero no el tiempo que representa,
por lo que el “cálculo para efectos de establecer el cumplimiento del requisito de semanas de cotización se debe hacer por el
tiempo efectivamente laborado, sin sumar los aportes simultáneos”
19
"Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado
o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".
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32. En ese orden debe destacarse que, contrario a lo señalado por el a quo y la
entidad demandada en el acto acusado, a la actora no le son aplicables las
disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y su acceso al régimen
pensional de la Ley 71 de 1988 no está condicionado al cumplimiento de los
requisitos de la transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
33. De otro lado, se tiene que, conforme a la condición más beneficiosa, lo
relevante para determinar el régimen aplicable no es la permanencia continua en el
cargo al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, ni el tipo de vinculación
que da lugar a la labor docente sino la fecha de la primera vinculación como docente
oficial. En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Segunda ha sostenido que la
existencia de interrupciones en la prestación del servicio no desvirtúa la posibilidad
de aplicar el régimen especial vigente antes de 2003, en tanto la finalidad de la norma
es proteger las expectativas legítimas de quienes ya habían ingresado al magisterio.
34. Importante destacar que, para efectos del reconocimiento pensional que se
reclama no tiene incidencia alguna el hecho de que la labor docente se haya
ejecutado en virtud de contratos de prestación de servicios, pues, tal como lo ha
dispuesto esta Corporación en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de
agosto de 2016, la actividad educativa desarrollada mediante dichos contratos no
difiere a la adelantada en virtud de una designación legal y reglamentaria, e incluso
en materia de docentes en esa oportunidad se señaló que es viable presumir la
existencia de un vínculo laboral, y tener en cuenta dicho tiempo servido, entre otros,
para efectos pensionales.
35. Así mismo, aun cuando en este asunto no hay lugar a establecer la existencia
de una verdadera relación laboral respecto al tiempo prestado como docente en
establecimientos oficiales mediante contrato de prestación de servicios, en tanto no
hace parte de la controversia, nada impide valorar dichos períodos para efectos de
la prestación que se reclama, máxime que el tipo de vinculación20 no le resta valor al
hecho probado de que se ejecutó la actividad docente oficial, aspecto este que no
fue cuestionado en el curso del proceso.
36. En torno a los aportes correspondientes al periodo comprendido entre el 23
de mayo y el 19 de diciembre de 2003, durante el cual la actora se desempeñó como
docente en provisionalidad al servicio del Municipio de Manizales, debe precisarse
que el hecho de que en el expediente no figure la entidad a la cual fueron efectuadas
las cotizaciones no impide valorar dicho lapso para efectos pensionales, en tanto se
encuentra acreditada la prestación efectiva del servicio docente oficial.
37. Lo anterior, por cuanto esta Subsección21 ha señalado, en asuntos de similar
naturaleza, que la ausencia de prueba sobre la realización efectiva de los aportes no
imposibilita el reconocimiento pensional, ni permite trasladar al afiliado las
20
Se itera, mediante contrato de prestación de servicios
21
Ver sentencia de 21 de agosto de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00635-01 (6197-2024), C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez. En esa providencia se precisó que la ausencia de prueba sobre la efectiva contribución al sistema de seguridad
social no impide computar los tiempos de labor oficial educativa para efectos pensionales, pues ese no fue el criterio fijado en
la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019.
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consecuencias derivadas de eventuales omisiones en la afiliación o cotización. En
tales eventos, corresponde al FOMAG adelantar las gestiones administrativas
necesarias para obtener o recaudar los aportes causados con ocasión del servicio
prestado, sin que ello afecte el reconocimiento ni el pago oportuno de la mesada
pensional.
38. Así entonces, está acreditado que la actora acumuló 20 años de servicios
tanto en el sector privado (entre los años 1987 y 2003 de manera discontinua) y
público (entre los años 2000 a 2018 discontinuos), y cumpliendo con la edad de 55
años el 16 de octubre de 2015, por lo que tiene derecho a que le sea reconocida la
pensión jubilación por aportes, adquiriendo el estatus pensional con la edad,
momento para el cual ya había acreditado 20 años de servicio -el 6 de marzo de
2010-.
39. En cuanto a la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política, esta
Subsección reitera que tal disposición no impide la compatibilidad entre la asignación
docente y la pensión de jubilación por aportes, pues, atendiendo a la fecha de
vinculación al servicio educativo oficial de la actora, esta se encuentra cobijada por
la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y por
consiguiente es beneficiaria de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el
salario en los términos del artículo 5.° del Decreto 224 de 1972.
40. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 27 de enero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la
demanda. En su lugar, se declarará la nulidad de la Resolución 6134-6 de 13 de
julio de 2018, y se ordenará al Fomag reconocer y pagar a la demandante una
pensión jubilación por aportes con base en la Ley 71 de 1988, en cuantía equivalente
al 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales se realizaron o
debieron realizarse los aportes durante el año anterior a la consolidación del estatus
pensional, esto es, entre el 16 de octubre de 2014 y el 15 de octubre de 2015.
41. Para efectos de la respectiva liquidación, se recuerda que esta debe sujetarse
exclusivamente a los factores enlistados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 y los
que mediante normas posteriores se les ha dado el carácter de factor salarial para
el sector docente, como se explicó en el punto del marco normativo y jurisprudencia.
42. En el presente asunto se observa que, conforme al certificado salarial allegado
al expediente, durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional la
demandante percibió asignación básica, bonificación mensual docente,
asignación adicional coordinador, horas extras, prima de navidad, prima de
servicios y prima de vacaciones docentes.
43. En ese orden, la liquidación deberá efectuarse con base en la asignación
básica, la bonificación mensual docente y horas extras, excluyendo las primas antes
mencionadas por no encontrarse enlistadas en las disposiciones que regulan los
factores de liquidación pensional del sector docente.
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44. En el evento que no se hubieren realizado descuentos para pensión sobre la
bonificación mensual, la demandada en virtud de sus competencias y por tratarse de
aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas
necesarias para obtener el pago de los aportes de ley.
45. En cuanto a la entidad llamada a reconocer la prestación, la Sala precisa que,
tratándose de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, el
artículo 10 del Decreto 2709 de 1994 asigna la competencia a la entidad de previsión
a la que se encontraba afiliado el interesado al momento de cumplir los requisitos y,
en su defecto, a aquella ante la cual se hubiere efectuado el mayor tiempo de
aportes.
46. En este caso, el reconocimiento y pago de la prestación corresponde al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues la demandante consolidó el
estatus pensional mientras se desempeñaba como docente oficial y se encontraba
vinculada al régimen prestacional del Magisterio. Por ello, aun cuando Colpensiones
recibió cotizaciones efectuadas con ocasión de servicios prestados en el sector
privado, tal circunstancia no le otorga injerencia en el reconocimiento de la pensión
ni la convierte en destinataria de condena alguna en este proceso, dado que su
intervención se limita, de ser el caso, a los trámites interadministrativos de
financiación o cobro de cuotas partes que adelante la entidad obligada al pago.
47. En torno al fenómeno jurídico de la prescripción, se tiene que no hay lugar a
declarar probada dicha excepción, en tanto, siendo exigible el derecho a partir del
16 de octubre de 2015, se observa que se presentó reclamación administrativa el 20
de abril de 2018, y la demanda se radicó el 20 de noviembre de la misma anualidad,
esto es, dentro del término de 3 años al que hacen referencia los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969.
48. Ahora bien, la circunstancia de que el educador hubiese sido nombrado bajo
el régimen del Decreto 1278 de 2002 no altera la situación, pues esta normativa no
es la que define el momento de efectividad de la prestación. La jurisprudencia ha
dejado claro que la determinación del régimen pensional de los docentes no depende
de cuál estatuto de profesionalización estuviera vigente al momento del
nombramiento, ni de si se trataba de un maestro nacional, nacionalizado o territorial.
49. En realidad, lo que marca la diferencia para establecer el régimen aplicable
es la verificación de que el primer nombramiento en el sector educativo se haya
realizado antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Solo bajo esa condición
es posible determinar que la normatividad previa sigue siendo la que gobierna su
situación pensional, sin que resulte procedente trasladar las reglas de estatutos
posteriores para definir el derecho en cuestión.
50. Por otra parte, en aplicación de lo previsto en el artículo 5, numeral 5, de la
Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se dispondrá que el
FOMAG realice las gestiones administrativas pertinentes para realizar el cobro de
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las cuotas partes que correspondan por todos los aportes que Colpensiones ha
recibido a nombre del accionante. Dicho trámite tiene como finalidad garantizar la
financiación de la pensión de jubilación por aportes y no afectará en ningún caso el
pago de la mesada correspondiente.
51. De igual forma, deberá realizar las gestiones administrativas necesarias para
el cobro de los aportes pensionales al municipio de Manizales, respecto de los
aportes que debieron efectuarse durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo
y el 19 de diciembre de 2003, en el cual la actora se desempeñó como docente en
provisionalidad.
52. Las sumas de dinero que resulten de la condena anterior se ajustarán al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
53. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
54. Finalmente, respecto a la pretensión de pago de intereses moratorios que se
causen a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la Sala no advierte la necesidad
de impartir orden en tal sentido, en tanto dichos intereses se causan por disposición
de la ley, tal como se dispone en el artículo 192 del CPACA.
2.7. Conclusión
55. Se revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que negó las
pretensiones de la demandante, por cuanto se logró acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para obtener la pensión por aportes contemplada en la Ley 71 de
1988, dado que la vinculación al servicio docente ocurrió con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
2.8. De la condena en costas en ambas instancias
56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
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57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida-; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad -parte vencida-, en ambas
instancias, por cuanto la sentencia de primera instancia será revocada en su
totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.
59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 27 de enero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, por medio de la cual negó las pretensiones.
SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR la nulidad de la Resolución 6134-6 de 13 de
julio de 2018.
TERCERO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que reconozca y pague una pensión de
jubilación por aportes a favor de la señora María Libia Aristizábal Ríos, con base en
la Ley 71 de 1988, equivalente al 75 % del promedio mensual de los factores
salariales devengados y sobre los cuales se hicieron los aportes entre el 16 de
octubre de 2014 y el 15 de octubre de 2015, incluidos los previstos en normas
posteriores con carácter salarial para efectos pensionales (asignación básica,
bonificación mensual y horas extras), efectiva a partir del 16 de octubre de 2015 sin
que se encuentre condicionada a la demostración del retiro definitivo del servicio.
Dicha prestación deberá ajustarse anualmente en los términos que prevé la ley.
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bonificación mensual, la demandada en virtud de sus competencias y por tratarse de
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aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas para
obtener el pago de los aportes de ley.
CUARTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) actualizar las sumas adeudadas, según lo
establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, conforme se dispuso en la
parte considerativa.
QUINTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en
este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
SEXTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que adelante las actuaciones administrativas
necesarias para realizar el cobro de las cuotas partes que correspondan por todos
los aportes pensionales que Colpensiones ha recibido a nombre de la señora María
Libia Aristizábal Ríos, gestión que no comprometerá el pago de la mesada
pensional.
De igual forma, deberá realizar las gestiones administrativas necesarias para el
cobro de los aportes pensionales al municipio de Manizales, respecto de los aportes
que debieron efectuarse durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo y el 19
de diciembre de 2003, en el cual la actora se desempeñó como docente en
provisionalidad.
SEPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO. Condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida -entidad
demandada-, por las razones expuestas en la motivación.
NOVENO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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