República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 88001-23-33-000-2020-00095-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 88001-23-33-000-2020-00095-01 (3200-2022)
Demandante: Néstor Alberto Medina Whitaker
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Suspensión de mesadas
pensionales. Subtema 2. Incompatibilidad de la pensión y el salario percibido en un
cargo distinto al de docente.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 10 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Néstor Alberto Medina Whitaker solicitó la nulidad del acto administrativo a
través del cual la secretaria de educación del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina le negó el reconocimiento y pago indexado de
las mesadas pensionales no pagadas a partir del mes de julio de 2018 hasta el 31 de
diciembre de 2019. Manifestó que en calidad de docente tiene derecho al pago de las
mesadas pensionales causadas durante el tiempo en el que se le concedió una
comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción en la Alcaldía
Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas.
El Tribunal negó las súplicas de la demanda, al considerar que como las funciones
ejercidas por el accionante en el cargo de secretario de desarrollo social y comunitario,
nivel directivo, mientras se le confirió una comisión, no eran las establecidas para un
docente ni directivo docente, no tiene derecho a recibir las mesadas pensionales que
1
Radicación: 88001-23-33-000-2020-00095-01 (3200-2022)
Demandante: Néstor Alberto Medina Whitaker
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
estuvieron suspendidas, en tanto ese salario y la pensión de jubilación no son
compatibles.
Esta Subsección confirmará la decisión, toda vez que no existe compatibilidad entre el
salario y la pensión de jubilación recibida por el demandante, conforme con lo previsto
en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de
1992, por cuanto se separó de la función docente durante el periodo en el que le fue
concedida la comisión no remunerada para ejercer un cargo de libre nombramiento y
remoción.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 12 de enero de 20211, el señor Néstor Alberto Medina
Whitaker, por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en
adelante Fomag) y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del Oficio «1000 (suyo
CGD- 20-210)» del 4 de agosto de 2020 por medio del cual la Secretaría de Educación
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, le negó
el reconocimiento y pago de las mesadas dejadas de recibir durante el periodo en el
que estuvo en comisión.
3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar a favor del accionante, de manera indexada, las mesadas
pensionales no pagadas del mes de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2019.
4. Solicitó que las sumas que se ordenen deberán ajustarse de acuerdo con el
IPC, con fundamento en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso–Administrativo (en adelante CPACA). También, que se dé
cumplimiento al fallo según los artículos 192 y 195 CPACA; y se condene al pago de
costas y agencias en derecho.
1
Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 126.
2 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, págs. 13 a 38.
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Radicación: 88001-23-33-000-2020-00095-01 (3200-2022)
Demandante: Néstor Alberto Medina Whitaker
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. El señor Néstor Alberto Medina Whitaker nació el 29 de octubre de 1954 y presta
sus servicios en calidad de docente a la Secretaría de Educación del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina desde el 12 de febrero de
1974.
7. El accionante fue nombrado docente en propiedad, a través del Decreto 036 de
18 de febrero de 1993, expedido por el alcalde del municipio de Providencia y Santa
Catalina. Tomó posesión del cargo el 1 de marzo de 1993, y ha prestado servicios
desde entonces a la Institución Educativa Junín, como profesor de matemáticas y
física.
8. Mediante la Resolución 733 del 24 de febrero de 2010, el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la Secretaría
de Educación, reconoció a favor del demandante una pensión de jubilación. Esta
prestación fue reajustada por orden judicial, mediante la Resolución 770 del 3 de
marzo de 2017, expedida por la misma entidad.
9. A través del Decreto 122 del 27 de junio de 2018, el alcalde del municipio de
Providencia y Santa Catalina, Islas, nombró al accionante en el cargo de secretario de
desarrollo social y comunitario (libre nombramiento y remoción).
10. El 9 de julio de 2018, el accionante solicitó una licencia laboral no remunerada,
concedida por medio de la Resolución 5664 del 9 de julio de 2018, proferida por la
gobernadora encargada.
11. El 10 de julio de 2018, el demandante se posesionó como secretario de
desarrollo social y comunitario del municipio.
12. El 17 de diciembre de 2019 el accionante presentó renuncia al cargo, la cual le
fue aceptada a partir del 31 de diciembre de 2019, por medio del Decreto 220 de la
misma fecha.
13. El 1 de enero de 2020 el señor Néstor Alberto Medina Whitaker renunció a la
licencia que se le había concedido y solicitó el reintegro al cargo docente. También
pidió el reintegro a la nómina de pensionados.
14. A través del Decreto 26 del 2 de enero de 2020, el gobernador ordenó el
reintegro del demandante.
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Radicación: 88001-23-33-000-2020-00095-01 (3200-2022)
Demandante: Néstor Alberto Medina Whitaker
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
15. La última mesada pensional que recibió el accionante en el año 2018 fue la del
mes de junio. Por tal razón solicitó al Fomag el pago de todas las mesadas que dejó
de percibir desde el mes de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.
16. Mediante el Oficio «1000 (suyo CGD- 20-210)» del 4 de agosto de 2020, la
Secretaría de Educación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, le negó el reconocimiento y pago de las mesadas dejadas de recibir
durante el periodo en el que estuvo en comisión. En dicho acto administrativo no se
dio la oportunidad de ejercer recursos en su contra.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Constitución Política, artículos 1, 2, 13, 23, 29, 53, 58, 83, 84, 90, 95 (numeral
1), 123, 124, 125, 128, 228, 230, 287 y 298.
• Ley 91 de 1989, artículo 3.
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 115 de 1993, artículo 153.
• Ley 489 de 1998, artículos 1 a 6, 38 y 39.
• Ley 715 de 2001, artículo 7.
• Ley 734 de 2002, artículos 33 (numeral 9) y 35 (numeral 19).
• Ley 1437 de 2011, artículo 3.
• Ley 1454 de 2011, artículos 3 (numeral 2) 26 y 27.
• Decreto 410 de 1971, artículo 1234.
• Decreto 2277 de 1979, artículos 3, 10, 31, 36 (literal f).
• Decreto 1222 de 1986, artículo 6.
• Decreto 1272 de 2018.
17. La parte accionante sostuvo que el acto administrativo acusado se expidió con
infracción de las normas en que se debía fundarse, comoquiera que el demandante se
encuentra dentro de las excepciones del artículo 19 de la Ley 4 de 1992 que el
legislador previó a la prohibición de percibir dos asignaciones del tesoro público, que
establece el artículo 128 de la Constitución Política.
18. Adujo que el accionante en calidad de docente tiene derecho a la compatibilidad
de la pensión de jubilación y salario, toda vez que se encuentra afiliado al Fomag, la
pensión que percibe está a cargo de la Nación y el salario que devengó como
secretario de desarrollo del municipio de Providencia —cargo de libre nombramiento y
remoción— procedió del erario de esa entidad territorial.
19. Expuso que aun cuando el artículo 77 del Decreto 1848 de 1969 previó la
incompatibilidad entre la pensión y toda asignación proveniente de entidades de
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derecho público, lo cierto es que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, como
disposición superior, autorizó la compatibilidad de las pensiones que paga el Fomag
con otras pensiones o cualquier clase de remuneración.
20. Señala que el demandante tiene el derecho adquirido a la compatibilidad entre
la pensión de jubilación reconocida por el Fomag y el salario que percibió mientras
ejerció un cargo de libre nombramiento y remoción, dada la excepción establecida en
el inciso primero del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el parágrafo
1 transitorio del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, y el inciso primero del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, aplicable al caso dada la vinculación al servicio
docente antes del 26 de junio de 2003.
21. Manifestó que el acto acusado fue expedido por la secretaria de educación del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin contar
con la aprobación de la Fiduprevisora, según lo establece el trámite que para el efecto
prevé el artículo 2.4.4.2.3.2.2 del Decreto 1272. Alegó que la funcionaria se extralimitó
en el ejercicio de sus funciones.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio expuso las siguientes consideraciones3.
22. Indicó que, aunque el accionante en calidad de docente podía ser comisionado
para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, según el Decreto 2277
de 1979, no podía recibir la asignación salarial proveniente de este y a su vez, las
mesadas pensionales, pues incurriría en la prohibición del artículo 128 de la
Constitución Política.
23. Explicó que la excepción que beneficia al demandante es su condición de
docente activo y no se extiende a otro tipo de cargos que pueda desempeñar, como
uno de libre nombramiento y remoción.
2.2.2. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y solicitó que se negaran4.
24. Sostuvo que el accionante no manifiesta de manera clara los cargos de
ilegalidad contra el acto acusado pues, aunque indica que existen excepciones a la
regla general prevista en el artículo 128 de la Constitución Política, no explica ni logra
3
Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 07ContestacionFiduprevisora.
4
Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo
11ContestacionDepartamentoArchipielago, págs. 2 a 12.
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establecer la compatibilidad respecto de la doble asignación del erario que le asiste
supuestamente.
25. Afirmó que la comisión de servicios temporal de que trata el Decreto 2277 de
1979 para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción es para aquellos docentes
que se encuentren en servicio activo. Asimismo, de acuerdo con el artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, la excepción para percibir la asignación básica y la pensión de jubilación
es para maestros oficiales que están vinculados, desempeñándose como profesores
en la educación preescolar, básica (primaria, secundaria) o media, y que no hubiesen
cumplido la edad de retiro forzoso. Por ende, el docente activo que disfruta de una
pensión de jubilación puede ser comisionado para desempeñar un cargo de libre
nombramiento y remoción, pero no podrá recibir simultáneamente la asignación
salarial del cargo en que esté comisionado y las mesadas pensionales, comoquiera
que la excepción que lo beneficia es la condición de docente activo.
2.3. Sentencia de primera instancia
26. El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina profirió sentencia el 10 de febrero de 2022, a través de
la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. La
providencia se fundó en los siguientes argumentos5:
27. Indicó que según se probó, el accionante se vinculó al servicio de la docencia
oficial en el año 1974 y su relación laboral estaba vigente para el momento en el que
el Fomag le reconoció una pensión de jubilación, a partir del 30 de octubre de 2009.
Luego, el 9 de julio de 2018 solicitó a la gobernadora departamental de San Andrés,
comisión no remunerada para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, la
cual le fue otorgada mediante la Resolución 5664 de la misma fecha, con sustento en
el artículo 66 del Decreto Ley 2277 de 1979, para desempeñarse como secretario de
desarrollo social y comunitario, nivel directivo, código 020.
28. Señaló que el 10 de julio de 2018 el demandante se posesionó en el referido
cargo al servicio de la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina, y el 18 de
julio de 2018, el secretario de educación departamental le solicitó al Fomag la
suspensión del pago de las mesadas pensionales. A tal petición se accedió el 30 de
julio del mismo año.
29. Adujo que al accionante se le aceptó la renuncia al cargo de secretario el 31 de
diciembre de 2019 y el 1 de enero de 2020 le pidió a las entidades encargadas su
reintegro al servicio como docente, así como a la nómina de pensionados. En
consecuencia, a través del Decreto 026 del 20 de enero de 2020, el gobernador
departamental terminó la comisión no remunerada y lo reintegró al cargo de maestro.
5 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 26Sentencia010E20200009500.
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Más adelante, el 6 de julio de 2020, le solicitó a la Secretaría de Educación
Departamental el pago de las mesadas pensionales suspendidas a partir del mes de
julio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019. No obstante, la entidad le negó lo
pretendido mediante el Oficio 1000 (suyo CGD — 20-210) del 4 de agosto de 2020,
que se acusa.
30. Destacó que la incompatibilidad entre la asignación mensual percibida por el
cargo desempeñado en la alcaldía de Providencia y la mesada pensional surge dada
la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política de recibir más de una
asignación del tesoro público; mientras que la compatibilidad nace por la autoridad
delegada por el constituyente al legislador para establecer las excepciones.
31. Explicó que dentro de las excepciones está el ejercicio de la docencia, el cual
no es incompatible con el goce de la pensión de jubilación, conforme lo prevé el artículo
19 de la Ley 4 de 1992, el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el
artículo 6 de la Ley 60 de 1993. Por consiguiente, los docentes oficiales a los que se
les reconozca una pensión de jubilación pueden seguir activos laboralmente como
maestros y recibir de manera simultánea el sueldo y las mesadas pensionales.
32. Subrayó que el artículo 66 del Decreto 2277 de 1979 dispuso que un docente
escalafonado en servicio activo puede ser comisionado para ejercer, entre otros,
cargos de libre nombramiento y remoción, sin perder su escalafón y pudiendo regresar
al cargo de profesor cuando renuncie o sea separado de dichas funciones. Además,
se establece que mientras el docente esté comisionado, su salario y prestaciones
sociales serán las asignadas al respectivo cargo.
33. Adujo que, en el presente asunto, al demandante en calidad de docente oficial
se le concedió una comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y
remoción en una alcaldía, pero durante el tiempo en el que se mantuvo la comisión
sus mesadas pensionales fueron suspendidas y luego negadas. No obstante, él
asegura que tiene derecho al pago de tales mesadas, en tanto la pensión y el salario
son compatibles.
34. Destacó que las funciones que ejerció el accionante en el cargo comisionado
no fueron las previstas para docente ni directivo docente, sino administrativas o de otro
tipo; de manera que no tiene derecho a recibir las mesadas pensionales suspendidas
por el periodo en el que laboró para la alcaldía. Así, al no desempeñarse como
docente, no se encontraba dentro de las excepciones para poder recibir doble
asignación del tesoro.
35. Por otro lado, en lo referente a la violación directa de la ley por la competencia
para expedir el acto acusado, el Tribunal sostuvo que el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales a cargo del Fomag tiene un procedimiento propio, reglado en el
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artículo 2.4.4.2.3.2.2. del Decreto 1272 de 2018, según el cual la entidad certificada en
educación es la competente para proferir el correspondiente acto administrativo
definitivo que reconoce o niega la prestación económica, previa revisión del proyecto
de acto, por parte de la sociedad fiduciaria.
36. Precisó que, en el asunto particular, no se evidenció que el proyecto de acto por
medio del cual se negó al accionante el reconocimiento y pago de las mesadas no
pagadas se haya subido a la plataforma correspondiente para que la Fiduprevisora
S.A. lo sometiera a revisión y con posterioridad manifestara si estaba de acuerdo o no
con la decisión del ente certificado. No obstante, dicha circunstancia no obedece a una
falta de competencia, como lo plantea el demandante sino a una posible expedición
irregular del acto acusado, que no tiene la incidencia suficiente para dejarlo sin efectos.
2.4. Recurso de apelación
37. La parte accionante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos6:
38. Afirmó que el Tribunal aplicó el numeral 1 y el literal a) del numeral 2 del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, normas que no se extienden a la situación del demandante
por cuanto su régimen pensional es el previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que se
vinculó al servicio docente el 12 de febrero de 1974. Además, desconoció el artículo
279 de la Ley 100 de 1993, en tanto negó las súplicas de la demanda.
39. Aseguró que el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 no es una norma que incluya la
totalidad de las excepciones que el legislador puede incluir respecto del inciso primero
del artículo 128 de la Constitución Política, según lo señaló la Corte Constitucional en
la sentencia C-133 de 1993. A modo de ejemplo, citó la Ley 269 de 1996, que establece
la existencia del régimen excepcional de quienes trabajan en los servicios de salud y
el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, declarado constitucional en
la sentencia C-461 de 1995.
40. Sostuvo que, de acuerdo con la última norma en mención, la compatibilidad
entre asignaciones provenientes del tesoro público se da siempre que se cumplan las
siguientes condiciones: 1) el docente o directivo docente debe estar afiliado al Fomag;
y 2) todas las prestaciones que perciba con cargo a ese fondo son compatibles con
cualquier pensión o remuneración, sin que importe la entidad de la cual provenga.
41. Indicó que si bien la pensión de jubilación que recibe el accionante es pagada
con cargo al Fomag, los salarios que recibió como secretario de desarrollo del
municipio de Providencia procedieron del erario de la referida entidad territorial, la cual
goza de autonomía para la gestión de sus recursos, conforme lo dispone el numeral 3
6 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 28RecursoApelacionDmte.
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del artículo 287 de la Constitución Política, en consonancia con los artículos 1 y 2 de
la Ley 136 de 1994. Por ende, la excepción de compatibilidad que aplica al caso es la
del inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
42. Señaló que la sentencia de primera instancia se fundamentó en el artículo 19
de la Ley 4 de 1992, el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el
artículo 6 de la Ley 60 de 1993, a las cuales les atribuye la compatibilidad solo del
salario docente y la pensión de jubilación. Sin embargo, la Ley 60 de 1993 estuvo
vigente desde el 12 de agosto de 1993 hasta el 20 de diciembre de 2001, porque al
día siguiente se comenzó a aplicar la Ley 715 de 2001.
43. Manifestó que el artículo 5 del Decreto Ley 224 de 1972 establecía la
compatibilidad entre asignaciones provenientes del tesoro público para los educadores
oficiales si el salario y las prestaciones se derivaban del «ejercicio de la docencia»; sin
embargo, tal elemento normativo desapareció por la derogatoria que hizo el inciso
cuarto del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, sustituido luego por el inciso segundo del
artículo 279 de la Ley 100 de 1993. Esta normativa dispone la compatibilidad con
pensiones o cualquier clase de remuneración que proceda del tesoro público, sin
importar la denominación y sin excluir los salarios o prestaciones que se reciban por
el ejercicio de un cargo administrativo diferente a la docencia.
44. Sostuvo que la sentencia de primera instancia fijó «una regla implícita de
inclusión en las prohibiciones legales derivadas de la percepción de sueldos y
prestaciones sociales por el ejercicio de un cargo administrativo cuyas funciones no
son docentes o directivos docentes. Al mismo tiempo establece una regla implícita de
exclusión de compatibilidad legal de aquellos emolumentos percibidos por el ejercicio
de un cargo no docente». Esto evidencia que aplicó el artículo 279 de la Ley 100, como
si no se hubiese retirado del ordenamiento jurídico el elemento normativo «ejercicio de
la docencia» que contenía el artículo 5 del Decreto 224 de 1972.
45. Alega que el acto acusado vulnera por inaplicación, el inciso décimo del artículo
48 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso primero del artículo 58 y
el artículo 53 ibidem, según los cuales en materia pensional se respetarán los derechos
adquiridos. Adujo que el derecho que reclama el demandante es un derecho adquirido,
conforme al artículo 5 del Decreto 1919 de 2002, comoquiera que cumplió con los
requisitos para acceder al pago compatible de varias asignaciones provenientes del
tesoro público, en los términos del inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100.
46. Resaltó que el Tribunal al negarse a aplicar las normas constitucionales y
legales que regulan en tema de análisis, vulneró los principios de buena fe y seguridad
jurídica.
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
47. Mediante auto del 11 de agosto de 20227, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia.
2.6. Ministerio Público
48. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto8.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
49. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
50. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:
51. ¿Es compatible la pensión de jubilación reconocida por el Fomag al demandante
con el salario que percibió en virtud de su nombramiento como secretario de desarrollo
social y comunitario en el municipio de Providencia y Santa Catalina?
52. En caso afirmativo, ¿el accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de
las mesadas pensionales que dejó de percibir por el periodo comprendido desde el
mes de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019?
53. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará la compatibilidad
de la pensión y la prestación del servicio docente.
7
Samai, índice 04, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc).
8 Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
10
Radicación: 88001-23-33-000-2020-00095-01 (3200-2022)
Demandante: Néstor Alberto Medina Whitaker
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
54. A partir de lo anterior se destacarán los hechos probados más relevantes y en
el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos
propuestos.
3.3. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente
55. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 señala expresamente que para los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las prestaciones
«serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración». Este carácter
compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido otorgado por las
siguientes disposiciones:
(1) El Decreto 224 de 19729 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia no
sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(2) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197910 que señaló que el goce de la pensión no
sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se advierte, fue
declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 20 de
febrero de 1981.
(3) La Ley 60 de 199311 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia12, esta compatibilidad
al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía este beneficio.
(4) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley 4
de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro público,
consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual tratándose del
régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que no hace alusión a
los docentes pensionados para el momento en que entró en vigor la norma, sino a las
disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a los docentes pensionados.
Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de 201913 se reiteró:
Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:
9 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
10 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
11 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
12
Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-
2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
11
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Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.
Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.
El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.
(5) El artículo 19 14 de la Ley 344 de 199615, al dejar a salvo lo dispuesto en las leyes
91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se desprende la
14 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor
público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
15
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio
docente»16.
(6) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4517 del Decreto 1278
de 200218, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-1157 de
200319), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que no fue
habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en providencia del 20 de
noviembre de 202420 indicó:
Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública21.
Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.
56. La anterior conclusión ha sido reiterada por esta Subsección22, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
17 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,
el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
18
Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
19 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de noviembre de 2024, exp. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
21 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio
de 2023, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
22 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, exp. 15001
23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, exp. 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023, M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-
42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, exp. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-
33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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vinculados con anterioridad23 o posterioridad24 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón de la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado.
57. Es importante precisar que, según lo estudiado antes, la compatibilidad entre la
pensión y la remuneración está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta
precisión resulta fundamental pues delimita el alcance de la excepción a la prohibición
general de recibir doble asignación del tesoro público, circunscribiéndola
específicamente al ejercicio de la función docente oficial.
3.4. Hechos probados relevantes
58. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
59. El señor Néstor Alberto Medina Whitaker nació el 29 de octubre de 1954, según
la copia de la cédula de ciudadanía25.
60. A través del Decreto 036 del 18 de febrero de 1993, el accionante licenciado en
matemáticas, grado 10 en el escalafón, fue nombrado en propiedad para desempeñar
el cargo de docente de secundaria26. Se posesionó el 1 de marzo del mismo año27.
61. Mediante la Resolución 733 del 24 de febrero de 2010, la Secretaría de
Educación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, reconoció una pensión de jubilación al demandante a partir del 30 de
octubre de 2009, con ocasión del tiempo laborado como docente al servicio de la
entidad entre el 1 de febrero de 1974 y el 14 de diciembre de 200928.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En esta
providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes vinculados
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
24 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y
pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de
la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
25 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 80.
26
Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, págs. 81 a 82.
27
Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 83.
28 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, págs. 84 a 85.
14
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62. Por medio de la Resolución 037 del 4 de septiembre de 2012, la Secretaría de
Educación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina ascendió al accionante, en condición de educador, al grado 14 del escalafón
nacional docente29.
63. La pensión de jubilación reconocida al demandante fue reliquidada por medio
de la Resolución 770 del 3 de marzo de 2017, en cumplimiento de una orden judicial30.
64. A través del Decreto 122 del 27 de junio de 2018, el alcalde municipal de
Providencia Islas nombró al accionante en el cargo de secretario de desarrollo social
y comunitario, nivel directivo, código 020, grado 01, de la entidad territorial31.
65. En memorial radicado el 12 de junio de 2018, el demandante solicitó a la
gobernadora del departamento de San Andrés Islas una comisión no remunerada para
desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción a partir del 18 de junio de
201832.
66. Mediante el Oficio 17513 del 6 de julio de 2018, la gobernadora del
Departamento informó al peticionario que, para poder acceder a la comisión
pretendida, debía solicitar dejar de recibir el pago de las mesadas pensionales
mientras ejercía el cargo de libre nombramiento y remoción, con el fin de no incurrir en
la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política33.
67. De nuevo, en oficio con fecha del 9 de julio de 2018, en calidad de «docente
activo, pensionado», el accionante le solicitó a la gobernación del departamento de
San Andrés Islas una comisión no remunerada para ocupar un cargo de libre
nombramiento y remoción, de acuerdo con el Decreto Ley 2277 de 1979. Además,
señaló que hacía la solicitud «con la condición de suspender las mesadas pensionales
correspondientes a la pensión de jubilación» durante el periodo de la comisión34.
68. Por medio de la Resolución 5664 del 9 de julio de 2018, expedida por la
gobernadora y el secretario de educación del Departamento Archipiélago de San
Andrés Islas, se concedió una comisión no remunerada al demandante para ocupar
un cargo de libre nombramiento y remoción, a partir de la posesión y por el tiempo que
durara en el ejercicio de este, con fundamento en el artículo 66 del Decreto 2277 de
197935.
29 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 115.
30 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, págs. 87 a 91.
31 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 92.
32 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo
11ContestacionDepartamentoArchipielago, pág. 96.
33 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo
11ContestacionDepartamentoArchipielago, págs. 105 a 107.
34
Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 93.
35 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, págs. 94 a 95.
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69. El 10 de julio de 2018, el señor Néstor Alberto Medina Whitaker se posesionó
en el cargo de secretario de desarrollo social y comunitario de la alcaldía municipal de
Providencia y Santa Catalina Islas36.
70. Mediante Oficio 1800 del 18 de julio de 2018, el secretario de educación
departamental solicitó al Fomag suspender el pago de la mesada pensional del
accionante a partir del 10 de julio de 2018, fecha en que se posesionó en un cargo de
libre nombramiento y remoción37.
71. A través de Oficio 20180941168171 del 30 de julio de 2018, la Fiduprevisora
S.A. comunicó a la Secretaría de Educación Municipal de San Andrés Islas que en
atención al requerimiento anterior, se procedió al registro de la novedad «cargo libre
nombramiento y remoción», en la base de datos del Fomag, según la Resolución 5664
de 2018, la cual dejó al docente Néstor Alberto Medina Whitaker en estado inactivo; a
su vez, informó que se notificaría el caso a la nómina de pensionados de la fiduciaria
para que se efectuara la referida suspensión38.
72. En escrito con fecha del 17 de diciembre de 2019, el accionante presentó su
renuncia a las funciones como secretario de desarrollo social y comunitario 39. Esta fue
aceptada por el alcalde municipal, a través del Decreto 220 de 2019, con efectos a
partir del 31 de diciembre de 201940.
73. En memorial fechado el 1 de enero de 2020, el demandante le solicitó a la
Secretaría de Educación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Santa
Catalina y Providencia, su reintegro a la planta de docentes para ocupar el cargo que
desempeñaba en la Institución Educativa Junín en el municipio de Providencia, a partir
de esa misma fecha41.
74. El mismo día, pidió a la Fiduprevisora S.A. su reintegro a la nómina de
pensionados a partir del 1 de enero de 2020, toda vez que la comisión solicitada había
finalizado42.
75. Mediante el Decreto 026 del 2 de enero de 2020, el gobernador del
departamento terminó la comisión concedida al accionante a partir del 2 de enero de
36 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 96.
37 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo
11ContestacionDepartamentoArchipielago, pág. 117.
38 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo
11ContestacionDepartamentoArchipielago, pág. 125.
39 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 97.
40
Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 98.
41
Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 99.
42 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 100.
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2020 y lo reintegró desde ese momento al cargo docente en la Institución Educativa
Junín43.
76. Por medio del Oficio 1000 (suyo CGD – 20-210) No. Radicado SAA2020EE3298
del 4 de agosto de 2020, la Secretaría de Educación del Departamento Archipiélago
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en respuesta a la petición del accionante
radicada el 4 de agosto de 2020, negó el pago de las mesadas pensionales que le
fueron suspendidas durante el periodo en el que estuvo de comisión, bajo el argumento
que no podía percibir simultáneamente la asignación salarial del cargo de libre
nombramiento y remoción desempeñado, y la pensión de jubilación, puesto que la
excepción que le aplicaba para percibir esta última prestación era la de su condición
de docente activo, la cual no se extendía al cargo en mención44. La decisión se notificó
el 10 de agosto de 202045.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
77. La parte demandante, en síntesis, solicita que se ordene el pago de las
mesadas pensionales que dejó de percibir durante el periodo en el que le fue
concedida una comisión no remunerada en condición de docente, para desempeñar
un cargo de libre nombramiento y remoción –secretario de desarrollo social y
comunitario de la alcaldía municipal de Providencia Islas–, esto es, desde el mes de
julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019. Asegura que tiene derecho al pago
reclamado toda vez que la pensión de jubilación de la que es beneficiario es compatible
con el salario que percibía en el ente territorial, por cuanto su situación se encuentra
exceptuada de la prohibición de doble asignación del tesoro público, en tanto le es
aplicable el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
78. El Tribunal en la sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que al accionante no le aplicaba la excepción de
compatibilidad de la pensión de jubilación y el salario, comoquiera que esta se deriva
del ejercicio de la docencia; requisito que no cumplió, puesto que en el cargo de libre
nombramiento y remoción que ejerció mientras se le concedió la comisión no
desarrollaba funciones de docente o directivo docente.
79. Por lo tanto, corresponde a la Sala definir si es compatible la pensión de
jubilación reconocida por el Fomag al demandante con el salario que percibió en virtud
de su nombramiento como secretario de desarrollo social y comunitario en el municipio
de Providencia y Santa Catalina.
43
Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, págs. 101 a 102.
44
Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, págs. 108 a 111.
45 Samai, índice 02, expediente digital, ED_DEMANDA_20200009500(.zip), archivo 02Demanda, pág. 107.
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80. Ahora bien, se advierte que la pretensión del accionante es que se le paguen
las mesadas pensionales que le fueron suspendidas del mes de julio de 2018 al 31 de
diciembre de 2019, periodo en el que le fue concedida una comisión no remunerada
para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción.
81. Sobre el particular, según se expuso en el acápite 3.3. de esta sentencia, se
destaca que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que cita como desconocido el
recurrente, establece que las prestaciones de los afiliados al Fomag serán compatibles
con pensiones o cualquier clase de remuneración. Y, en tal sentido, a partir del análisis
del literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, se concluye que los docentes oficiales
gozan de la prerrogativa de la compatibilidad entre el salario y la pensión. Dichas
normas, según lo ha estudiado la jurisprudencia de esta Subsección, tienen una
interpretación en conjunto y no aislada como lo pretende la parte demandante.
82. Así, se estima que los docentes oficiales están exceptuados de la prohibición
de devengar doble asignación del erario, sin que ello implique la vulneración del
artículo 128 de la Constitución Política. De este modo, es el ejercicio de la docencia el
que limita la compatibilidad entre la pensión y la remuneración, por lo que la excepción
a la prohibición de percibir doble asignación se sujeta solo al ejercicio de la función
docente oficial.
83. Aclarado esto, se tiene que el periodo de las mesadas reclamadas suspendidas
al demandante fue aquel durante el cual se le concedió, en calidad de docente, una
comisión no remunerada para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción, esto
es, desde el mes de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, mientras se
desempeñó como secretario de desarrollo social y comunitario de la alcaldía municipal
de Providencia y Santa Catalina.
84. Al respecto, se señala que consultada por la Sala46 la página web de la entidad
territorial en mención, reposa en esta el Manual de Funciones y Competencias
Laborales del 4 de abril de 201647, vigente desde entonces, en el que se destacan
como funciones del cargo de secretario de desarrollo social y comunitario, las
siguientes:
46 Artículo 216 del CPACA: Utilización de medios electrónicos para efectos probatorios. Será admisible la utilización
de medios electrónicos para efectos probatorios, de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulan la
materia y en concordancia con las disposiciones de este Código y las del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 177 del CGP. Prueba de las normas jurídicas. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional
y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte.
[…]
Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin
embargo, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública
correspondiente.
[…].
47 Enlaces: https://www.providencia-sanandres.gov.co/manual-de-funciones-y-competencias-laborales-
2016/manual-de-funciones-y-competencias-laborales-2016 y
https://providenciasanandres.micolombiadigital.gov.co/sites/providenciasanandres/content/files/000916/45761_ma
nual-de-funciones-y-requisitos-2016-este.pdf, págs. 24 a 25.
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Radicación: 88001-23-33-000-2020-00095-01 (3200-2022)
Demandante: Néstor Alberto Medina Whitaker
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
1.Vigilar la prestación de los servicios de educación, salud, saneamiento básico
ambiental que estén a cargo de las entidades municipales, nacionales o comunitarias
para que se desarrollen de forma tal que cumplan las expectativas y necesidades de la
comunidad.
2. Establecer las necesidades de construcción y velar por la oportuna dotación y
mantenimiento de los centros de atención social y cultural a la población local, tales como
instituciones, centros educativos, bibliotecas, museos, ludotecas, casas de cultura,
centros artísticos, entre otros para satisfacer las necesidades de la comunidad.
3. Adelantar campañas de nutrición y complementación alimentaria para niños, ancianos
en coordinación con el ICBF para mejorar las condiciones de vida de esta población.
4. Colaborar en la formulación de políticas, detectar las necesidades y prestar la
asistencia técnica agropecuaria y pesquera en la jurisdicción del municipio de acuerdo
con los lineamientos determinados por el Gobierno Nacional que propendan al fomento
y la explotación adecuada de los recursos de la región.
5. Presentar al alcalde proyectos de decreto y acuerdo en las materias de su
competencia y someter a su consideración los planes, programas y proyectos
respectivos.
6. Adelantar programas de saneamiento ambiental y defensa de la ecología para el
manejo adecuado y la conservación de los recursos naturales.
7. Organizar y manejar la biblioteca municipal para fomentar la lectura, consulta e
investigación en la población.
8. Tomar medidas para la protección del patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y
artístico del municipio en coordinación con otras entidades o dependencias del sector
para promover su conservación y mantenimiento.
9. Diseñar y ejecutar planes y programas para el fomento de la microempresa y el turismo
10. Ejecutar las políticas, planes, programas y acciones de salud pública, el plan de
atención básica municipal, el aseguramiento de la calidad y vigilancia, salud ocupacional,
promoción y prevención para garantizar la prestación del servicio de salud y la cobertura
de la comunidad.
11. Elaborar el diagnóstico de salud de la comunidad para establecer los factores
determinantes y propender por el mejoramiento de las condiciones.
12. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la
población, generadas por los factores de riesgo para garantizar el cumplimiento de las
normas de orden sanitario.
13. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo para lograr los objetivos
misionales del municipio.
14. Cumplir el Manual de procesos y procedimientos y contribuir a su mejoramiento
dentro de las políticas de MECI y calidad administrativa.
15. Cumplir con las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo para lograr los objetivos
misionales del municipio.
85. Revisado lo anterior, resulta claro que en el lapso del 10 de julio de 2018 y el 31
de diciembre de 2019, en el que el señor Néstor Alberto Medina Whitaker ostentó el
cargo de secretario de desarrollo social y comunitario, no ejecutó funciones propias
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Radicación: 88001-23-33-000-2020-00095-01 (3200-2022)
Demandante: Néstor Alberto Medina Whitaker
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
del ejercicio de la docencia oficial. Ello, en tanto sus funciones en el desempeño de tal
cargo versaban acerca del desarrollo económico y social del municipio, definiendo
políticas públicas que promovieran una mejor calidad de vida de la población, en
material social y de salud.
86. En punto, se destaca que de acuerdo con el Decreto 2277 de 197948, por
profesión docente se entiende el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no
oficiales. Y, conforme con el artículo 32 ibidem, tienen carácter docente los directores,
coordinadores o prefectos, el rector del plantel de enseñanza básica secundaria o
media; asimismo, el jefe o director de núcleo educativo y el supervisor o inspector de
educación, o los cargos que tengan funciones equivalentes.
87. Por su parte, la Ley 115 de 1994 en su artículo 104 define al docente como «el
orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales,
éticas y morales de la familia y la sociedad». A su turno, el Decreto 1278 de 2002 en
el artículo 5 denomina docentes a quienes «desarrollan labores académicas directa y
personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje».
88. Así las cosas, se estima que la comisión no remunerada que le fue concedida
al accionante, con fundamento en el artículo 66 del Decreto 2277 de 197949, para
ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción, al separarlo temporalmente del
servicio activo docente, como lo prevé esa misma norma, lo excluyó de la excepción
de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario, durante el periodo en el
que desempeñó el empleo para el que le fue concedida la referida comisión. Esto, en
tanto, se reitera que la excepción a la prohibición de doble asignación del tesoro
público prevista en el artículo 128 de la Constitución Política, en aplicación de los
artículos 279 de la Ley 100 de 1993 y el literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992,
se limita al ejercicio de la docencia oficial. Función que no ejecutó durante el
desempeño del cargo de libre nombramiento y remoción.
89. En consecuencia, como en el presente asunto se probó que el demandante no
se encontraba en servicio activo en calidad de docente mientras desempeñó el cargo
48 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
49 Artículo 66. Comisiones. El educador escalafonado en servicio activo, puede ser comisionado en forma temporal
para desempeñar por encargo otro empleo docente, para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción, para
adelantar estudios o participar en congresos, seminarios u otras actividades de carácter profesional o sindical. En
tal situación el educador no pierde su clasificación en el escalafón y tiene derecho a regresar al cargo docente, tan
pronto renuncie o sea separado del desempeño de dichas funciones.
Si el comisionado fuere removido por una de las causales de mala conducta contempladas en el artículo 46 de este
Decreto, se le aplicará el procedimiento disciplinario establecido en el Capítulo V.
El salario y las prestaciones sociales del docente comisionado serán los asignados al respectivo cargo.
El tiempo que dure la comisión será tomado en cuenta para efectos de ascenso en el escalafón.
Si la designación para un cargo de libre nombramiento y remoción no se produce por comisión, sino en forma pura
y simple, el educador se considerará retirado del servicio activo en la docencia (negrilla fuera del texto).
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Providencia y Santa Catalina
de secretario de desarrollo social y comunitario de la alcaldía municipal de Providencia
y Santa Catalina, dada la comisión no remunerada que le fue concedida para el efecto,
se considera que la pensión de jubilación de la que es acreedor no es compatible con
la asignación mensual que devengó durante el periodo en el que laboró al servicio del
ente territorial.
90. Por consiguiente, el demandante no tiene derecho al pago de las mesadas
pensionales que le fueron suspendidas por el periodo comprendido desde el mes de
julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.
91. Por último, el recurrente alega que la negativa del pago de las mesadas vulnera
su derecho adquirido a una pensión. Al respecto, se aclara que en el presente asunto
no se discute el reconocimiento del derecho pensional, el cual se observa que en
efecto adquirió el demandante; sino el pago de unas mesadas que se suspendieron.
No obstante, al haberse evidenciado que hay incompatibilidad entre la pensión y el
salario que recibió el accionante cuando desempeñó un cargo de libre nombramiento
y remoción, no se puede predicar el reconocimiento de un derecho que contraviene
una prohibición de carácter constitucional y legal.
3.6. Conclusión de la decisión
92. Se concluye que en el presente asunto no existe compatibilidad entre el salario
y la pensión de jubilación recibida por el señor Néstor Alberto Medina Whitaker, según
lo previsto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, por cuanto se separó de la función docente durante el periodo en el
que le fue concedida la comisión no remunerada para ejercer un cargo de libre
nombramiento y remoción. En consecuencia, no tiene derecho al pago de las mesadas
pensionales que le fueron suspendidas del mes de julio de 2018 al 31 de diciembre de
2019.
3.7. Costas
93. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 50 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
50 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
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Radicación: 88001-23-33-000-2020-00095-01 (3200-2022)
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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 10 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 88001-23-33-000-2020-00095-01 (3200-2022)
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Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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