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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00041-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00041-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: María Inés Moreno Verdugo
Litisconsorte: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)2

Tema: pensión de vejez. Subtema 1. Lesividad. Subtema 2. Competencia para el
reconocimiento pensional en el marco del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 de ese año. Subtema 3. Compatibilidad de la pensión y la prestación del
servicio docente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 10 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

Colpensiones solicitó la nulidad del acto administrativo a través del cual le reconoció a
la demandada una pensión de vejez, al considerar que no era la entidad competente
para ello, toda vez que para la fecha en la que adquirió el estatus pensional se
encontraba afiliada al Fomag; además que con posterioridad al reconocimiento
continuó efectuando cotizaciones, razón por la cual devengó doble asignación del
erario.

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento que no se
desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado puesto que la demandada

1 Expediente híbrido.
2 La entidad fue vinculada en calidad de litisconsorte necesario a través del auto del 4 de abril de 2019, mediante

el cual se admitió la demanda, visto a folios 35 a 37, del expediente físico. El Fomag, fue notificado personalmente
vía electrónica, a los correos electrónicos notjudicial@fiduprevisora.com.co y
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co, como se ve a folio 38 del expediente físico; pero no se pronunció
en el trámite de primera instancia.

1

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

cumplió con los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990 para ser beneficiaria
de la pensión de vejez que se le reconoció. Sostuvo que el hecho de que la accionada
hubiese continuado laborando como docente al servicio de la Secretaría de Educación
de Bogotá D.C., luego de percibir la pensión de vejez, tampoco desacreditaba la
legalidad del acto demandado.

Esta Subsección confirma la decisión, al considerar que la entidad competente del
reconocimiento de la prestación en mención es el ISS, como entidad responsable del
régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990. Esto, sumado al hecho de que todas las
cotizaciones las efectuó la accionada en dicho fondo. Asimismo, se definió que la
pensión es compatible con la prestación del servicio docente.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 17 de enero de 20193, la Administradora Colombiana
de Pensiones (en adelante Colpensiones), por conducto de apoderada, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
en contra de la señora María Inés Moreno Verdugo, según las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan4.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 9792 del
26 de febrero de 2009, por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales (en
adelante ISS) —hoy Colpensiones—, reconoció una pensión de vejez a favor de la
señora María Inés Moreno Verdugo, a partir del 13 de octubre de 2007, con
fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 del mismo año.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la accionada la
devolución de las sumas pagadas por concepto del reconocimiento de la pensión de
vejez reconocida a su favor, desde la fecha de la inclusión en nómina de pensionados
del acto acusado hasta que se declare su nulidad; y que la suma correspondiente se
reconozca de manera indexada con el pago de intereses.

2.1.2. Hechos

4. La Sala los sintetiza así:

3 Folio 6, expediente físico.
4 Folios 6 a 30, expediente físico.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

5. La señora María Inés Moreno Verdugo nació el 13 de octubre de 1952. El 15 de
enero de 2009 solicitó al ISS el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, luego
de acreditar como última cotización el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de
marzo de 2004.

6. A través de la Resolución 09792 del 26 de febrero de 2009, el ISS reconoció a
la demandante la pensión solicitada, a partir del 13 de octubre de 2007 —fecha en la
que consolidó el estatus pensional—, en cuantía equivalente a $771.899, bajo el
régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 del mismo año. Dicha
prestación se ingresó en la nómina del periodo de marzo de 2009, que se pagó en abril
de 2009.

7. La accionante laboró al servicio de la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá, afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en
adelante Fomag), efectuando cotizaciones del 19 de enero de 2004 al 31 de enero de
2018.

8. El 7 de junio de 2018 la demandante solicitó a Colpensiones la reliquidación de
la pensión de vejez de la que es acreedora.

9. Mediante auto de pruebas APSUB 3102 del 27 de septiembre de 2018, la
entidad demandada le solicitó a la accionante el consentimiento para revocar la
Resolución 09792 del 26 de febrero de 2009, bajo el argumento que se encontraba
afectada por la causal 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, esto es, «cuando sea
manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley».

10. Transcurrido el término de 30 días sin que la interesada hubiese dado su
consentimiento, se expidió la Resolución SUB 278835 del 24 de octubre de 2018 en la
que se remitió el asunto a la Dirección de Procesos Judiciales de la entidad para
adelantar el presente medio de control.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Constitución Política.
• Ley 4 de 1992, artículo 19.
• Ley 100 de 1993.

11. La parte demandante afirmó que el acto administrativo acusado es nulo,
comoquiera que el ISS lo profirió sin tener competencia para ello. Manifestó que la
accionada realizó cotizaciones al Fomag del 19 de enero de 2004 al 31 de enero de
2018, durante el tiempo de servicio prestado a la Secretaría de Educación del Distrito
de Bogotá. En tal sentido, como consolidó su derecho pensional el 13 de octubre de
2007, fecha en la que se encontraba afiliada al Fomag, es la Fiduprevisora S.A. la
entidad encargada del reconocimiento de su pensión.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

12. Sostuvo que también existía incompatibilidad respecto de la pensión de vejez
reconocida y la asignación mensual pagada por la secretaría de educación. Esto
significa que la señora María Inés Moreno Verdugo recibió doble asignación del erario,
lo que contraviene el artículo 128 de la Constitución Política.

2.2. Contestación de la demanda

13. La parte accionada se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda y
solicitó que se nieguen5.

14. Alegó que la señora María Inés Moreno Verdugo cumplió con los requisitos para
acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez que le fue otorgada, como
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Indicó que adquirió el
estatus pensional el 13 de octubre de 2007, y que acreditó 55 años de edad y 1.648
semanas de cotización al ISS; «computándose solo tiempos privados».

15. Señaló que el ISS reconoció la pensión sin tener en cuenta que la demandada
estaba afiliada al Fomag como docente y que ella, quien no es abogada, no tenía
conocimiento de que por estar laborando para la Secretaría de Educación del Distrito
de Bogotá no podía percibir la pensión de vejez. Así, no puede endilgársele a la
accionada un error de la administración que vulneraría sus derechos a la vida digna y
al mínimo vital.

16. Indicó que en el presente asunto se debe respetar el principio de la buena fe,
toda vez que la demandada se le reconoció la pensión de vejez sin que hubiese tenido
que recurrir a medios ilegales, fraudulentos o engañosos.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
profirió sentencia el 10 de noviembre de 2021, a través de la cual negó las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. La providencia se fundó en los
siguientes argumentos6:

18. Manifestó que conforme se probó, la señora María Inés Moreno Verdugo
cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, en tanto para la fecha en la que entró a regir —1 de abril de 1994—, contaba
con 41 años de edad, teniendo en cuenta que nació el 13 de octubre de 1952.

19. Añadió que el ISS le reconoció a la accionada la pensión de vejez por medio del
acto acusado, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto

5 Folios 74 a 84, expediente físico.
6 Folios 174 a 195, expediente físico.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

758 del mismo año, a partir del 13 de octubre de 2007; fecha en la que consolidó el
estatus pensional al cumplir 55 años. Además, tuvo en cuenta 1.683 semanas
cotizadas de manera particular, en entidades privadas y una entidad pública.

20. Sostuvo que no comparte los argumentos de la demanda, toda vez que la
accionada cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 12 del Decreto 758 de
1990, para ser acreedora de la pensión de vejez que se le reconoció. Esto, comoquiera
que tenía 1.683 semanas cotizadas ante «Colpensiones» y los 55 años de edad
requeridos. Por ende, la entidad estaba facultada para reconocer y pagar una pensión
de vejez a favor de la señora Moreno Verdugo y, en consecuencia, el acto acusado
goza de legalidad.

21. Afirmó que, en cuanto al tema de la compatibilidad alegada, el Consejo de
Estado en su jurisprudencia7 ha reiterado que los docentes pueden devengar
simultáneamente pensión de jubilación, pensión gracia y salario; sin embargo, ello solo
aplica a quienes se vincularon con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, esto es, el 26 de junio de 2003, y no a los incorporados con posterioridad.

22. Indicó que la demandada prestó sus servicios como docente en la Secretaría
de Educación del Distrito de Bogotá desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 31 de
enero de 2018, es decir que su vinculación como docente oficial ocurrió luego de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la cual no le estaba permitido percibir
la pensión de vejez que le reconoció Colpensiones y a su vez el salario como empleada
pública.

23. Adujo que lo anterior no logra desvirtuar la presunción de legalidad del acto
acusado, puesto que el reconocimiento pensional surgió en cumplimiento de los
requisitos legales establecidos para el efecto.

24. Sostuvo que en el expediente no obra prueba que permita demostrar que la
demandada actuó de mala fe para obtener el pago de la pensión, y pese a que no
avisó a Colpensiones que continuó laborando como docente, pudo haber ocurrido que
por su calidad asumió que tenía derecho al pago de la pensión y a prestar sus servicios
a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.

25. Decidió, conforme lo anterior, no acceder a la pretensión de la devolución de las
sumas pagadas por concepto de las mesadas pensionales reconocidas con el acto
demandado.

7 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de marzo de 2019, exp. 25000-23-

42-000-20133-05659-01 (1154-2018), M.P. César Palomino Cortés.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

2.4. Recurso de apelación

26. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos8:

27. Alegó que para la fecha en la que la accionada se vinculó al servicio docente —
1 de septiembre de 2004—había entrado en vigor la Ley 812 de 2003, por lo que no le
estaba permitido recibir doble asignación del erario. De modo que se vulneró el artículo
128 de la Constitución Política, en consideración a que su situación particular no
estaba dentro de las exclusiones previstas en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992.

28. Resaltó que la demandada adquirió su estatus pensional el «26 de febrero de
2009», de manera que como para entonces se encontraba afiliada al Fomag,
correspondía a dicho fondo el reconocimiento de una pensión a su favor.

29. Sostuvo que estaba en desacuerdo con la decisión de no ordenar devolver las
sumas pagadas de buena fe a la accionante, toda vez que la señora María Inés Moreno
Verdugo tenía el deber de informar a Colpensiones que había comenzado a recibir un
salario, «pues para nadie es un secreto que una vez gozando de la jubilación no se
puede emplear en un cargo público». Además, la ignorancia de la ley no resulta ser
una excusa válida.

30. Señaló que la Corte Constitucional en las sentencias T-624 de 2006 y T-1117
de 2003, en asuntos en los que se recibieron dineros que no correspondía devengar,
adujo que el silencio que acompaña la actuación del particular puede poner en duda
la presunción de buena fe, por lo que en esos casos ordenó la devolución de las sumas
percibidas de manera simultánea.

31. Enfatizó que el pago de una prestación originada sin el cumplimiento de los
requisitos legales atenta contra el principio de estabilidad financiera del Sistema
General de Pensiones, establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto
continuar con el reconocimiento no permite disponer de un flujo permanente de
recursos que permita el mantenimiento y funcionamiento adecuado del sistema.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

32. Mediante auto del 14 de julio de 2022 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia9.

8 Folios 209 a 213, expediente físico.
9 Samai, índice 03, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc).

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

2.6. Ministerio Público

33. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio
y no rindió concepto10.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

34. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

35. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

36. ¿Colpensiones es la entidad competente para reconocer una pensión de vejez
a la accionante con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990?

37. ¿La pensión de vejez reconocida por Colpensiones, a través del acto
administrativo acusado, era compatible con el salario que percibió la accionada en
calidad de docente oficial con posterioridad al reconocimiento pensional?

38. En caso negativo, ¿la demandada debe devolver a Colpensiones las sumas
percibidas por concepto de las mesadas pensionales que le fueron pagadas?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993 – Reiteración jurisprudencial

39. La Ley 100 de 1993 estableció el Sistema General de Pensiones con cobertura
para la totalidad de los habitantes del territorio nacional, con el propósito de garantizar
la protección frente a las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.
Dicho sistema buscó amparar a dos grandes grupos de personas que se encontraban
cobijadas por regímenes pensionales anteriores, los cuales quedarían derogados con
la entrada en vigor del nuevo ordenamiento pensional.

10 Samai, índice 06, expediente digital, archivo
ENVIODENOTIFICACION_ACUSERECI_23592022ACUSERECI(.pdf).

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

40. El primer grupo estaba conformado por quienes tenían derechos adquiridos,
garantías o beneficios consolidados bajo la normativa anterior, así como por aquellos
que, a la fecha de entrada en vigor de la ley, hubiesen satisfecho los requisitos para
acceder a una pensión o que ya se encontraran pensionados de jubilación, vejez,
invalidez, sustitución o sobrevivencia, tanto en los sectores público, oficial y semioficial,
en todos los órdenes del régimen de prima media, como en el sector privado en
general.

41. El segundo grupo comprendía a quienes se encontraban próximos a consolidar
el derecho pensional conforme a los presupuestos normativos anteriores. Para este
grupo, la Ley 100 de 1993 confirió una vigencia ultractiva a determinados elementos
del régimen pensional al que se encontraban afiliados, con el fin de que, al momento
de reunir los requisitos exigidos, pudieran acceder a la pensión en los términos del
artículo 36 de la referida ley. La norma prevé lo siguiente:

Artículo 36. Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez,
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta
fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos
años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores
públicos.

42. La Corte Constitucional, en sentencia C-540 de 200811, estudió la vigencia del
artículo en cita. Precisó que la normativa pensional anterior rige de manera ultractiva
y continúa produciendo efectos jurídicos en el ordenamiento. Ello obedece a que, en
atención a la multiplicidad de regímenes pensionales preexistentes a la reforma
introducida por la Ley 100 de 1993 y con el propósito de proteger la expectativa

11 Corte Constitucional, sentencia C-540 del 28 de mayo de 2008, exp. D-6930, M.P. Humberto Sierra Porto.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
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legítima de adquirir el derecho pensional en las condiciones particulares de cada
régimen, la misma ley previó, en su artículo 36, un régimen de transición.

43. En este orden de ideas, el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993
fue instituido para proteger las expectativas legítimas de los trabajadores afiliados al
régimen de prima media con prestación definida que, a la fecha de entrada en vigor
del sistema, se encontraban próximos a pensionarse. Son beneficiarios de dicho
régimen quienes a esa data contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres, con cuarenta (40) o más años si son hombres, o con quince (15) o más
años de servicios cotizados, bastando el cumplimiento de cualquiera de estos
requisitos para acceder a la protección transicional.

44. Finalmente, es pertinente señalar que mediante el Acto Legislativo 01 de 2005
se extendió la aplicación del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, o, de
manera excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2014, en aquellos casos en que los
beneficiarios acreditaran 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de
servicios al momento de la entrada en vigor de dicho acto legislativo.

3.3.2. Requisitos para acceder a la pensión del Decreto 758 de 1990

45. El régimen pensional aplicable a los afiliados al Instituto de Seguros Sociales
con anterioridad a la Ley 100 de 1993 se encontraba regulado por el Decreto 758 de
1990, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 049 del mismo año, «emanado del
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios». En su capítulo I, denominado
«campo de aplicación», dicho estatuto determinó quiénes serían sus beneficiarios,
distinguiendo tres categorías de afiliados.

46. En primer lugar, la afiliación de carácter forzoso u obligatorio recaía sobre los
trabajadores nacionales o extranjeros vinculados a empleadores particulares mediante
contrato de trabajo o de aprendizaje, los funcionarios de seguridad social del Instituto
de Seguros Sociales, y los pensionados por jubilación cuyas pensiones fueran a ser
compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto o asumidas en su totalidad
por este. En segundo lugar, la afiliación de carácter facultativo cobijaba a los
trabajadores independientes, a los sacerdotes diocesanos y miembros de
comunidades religiosas, y a los servidores de entidades oficiales del orden estatal que
al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como empleadoras ante el ISS. Por
último, el régimen establecía la posibilidad de extender su cobertura a otros sectores
de la población respecto de quienes se ampliara el campo de aplicación de los seguros
sociales obligatorios.

47. En lo que respecta a los requisitos para acceder a la pensión de vejez, el artículo
12 del Decreto 758 de 1990 dispuso que tendrían derecho a dicha prestación quienes
acreditaran, de manera concurrente, las siguientes condiciones: contar con 60 o más
años de edad si se trataba de un varón, o con 55 o más años si se trataba de una
mujer, y acreditar un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los

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Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o en su defecto,
un total de 1.000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

48. De lo expuesto se tiene que el acceso a la prestación económica por vejez bajo
el referido régimen exigía la acreditación concurrente de la edad mínima establecida
según el sexo del afiliado, y de un número determinado de semanas cotizadas, siendo
la cuantía de la pensión directamente proporcional al número de semanas acreditadas.

3.3.3. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

49. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades12, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(1) El Decreto 224 de 197213 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(2) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197914 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
(3) La Ley 60 de 199315 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia16, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
(4) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2 del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de

12 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, exp. 15001

23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, exp. 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023, M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-
42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, exp. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-
33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
13 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
14 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
15 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.».
16 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(5) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que
no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en
vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban
a los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto
de 201917 se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
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Demandado: María Inés Moreno Verdugo

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero».

(6) El artículo 1918 de la Ley 344 de 199619, al dejar a salvo lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se
desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente»20.

(7) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4521 del Decreto
1278 de 200222, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 200323), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la
que no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
providencia del 20 de noviembre de 202424 indicó:

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública25.

18 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
19 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
21 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,

el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
22 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
23 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20

de noviembre de 2024, exp. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
25 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
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Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

50. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad26 o posterioridad27 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

51. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.

52. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.

3.3.4. Improcedencia de la devolución de las sumas pagadas de buena fe

53. La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la declaratoria de
nulidad conlleva una consecuencia restitutoria, por la cual, las partes tienen derecho a
«ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o
contrato nulo», como lo señala el artículo 1746 del Código Civil, por ello, el acto ilegal
es retirado del ordenamiento jurídico y las situaciones particulares deberían
retrotraerse28.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En esta
providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes vinculados
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
27 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y
pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de
la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia

del 5 de mayo de 2020, exp. 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver fallo del 13 de
agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, exp. 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG) REV.

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Demandado: María Inés Moreno Verdugo

54. Sin embargo, debe hacerse una interpretación armónica con el artículo 164
numeral 1º literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo el cual prevé que cuando la demanda «[s]e dirija contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas […] no habrá lugar
a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

55. Al respecto, la Corte Constitucional consideró que la facultad de la
administración de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que
reconocen prestaciones periódicas, no vulnera los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los
administrados29. En efecto, la Corte explicó que «la administración no recuperará las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe»30, así:

Cabe precisar, que la misma disposición ampara el principio de la buena fe cuando
señala que “no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe”, con lo cual, el cargo de inconstitucionalidad no está llamado a prosperar ya
que sería un contrasentido alegar vulneración del artículo 83 Superior cuando el mismo
legislador expresamente acuerda plenos efectos jurídicos al mencionado principio
constitucional.

Tampoco se trata de que la administración revoque de manera intempestiva e inconsulta
su propio acto, sino que, según la disposición acusada, debe acudir a la jurisdicción
correspondiente a demandarlo, con lo cual, el legislador garantiza además el debido
proceso y por lo tanto el derecho de defensa de las personas en cuyo favor se ha
expedido el respectivo acto administrativo de reconocimiento de una prestación
periódica.

56. Así pues, el artículo 83 de la Carta Política prevé la presunción de buena fe,
relacionada con una conducta leal y honesta, caracterizada por la «confianza, rectitud,
decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las
diversas actuaciones de las autoridades, la cual se presume»31, así32:

Respecto del principio de buena fe, éste ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públicas
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las
actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”33. En este
contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia
jurídica, y se refiere a la ‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada.’34”35.

29 Corte Constitucional, sentencia C-1049 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
30 Ídem.
31 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
32 Corte Constitucional, sentencia C-504 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
33 Ver Sentencia T-475 de 1992.
34 Ibídem.
35 Ver sentencia C-1194 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

57. En consecuencia, en los casos donde se reconozcan prestaciones periódicas, no
se podrán recuperar los pagos realizados a quienes hayan actuado de buena fe, en
consonancia con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, tal como lo
establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.4. Hechos probados relevantes

58. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

59. La señora María Inés Moreno Verdugo nació el 13 de octubre de 1952, según
la copia del registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía36.

60. El 15 de enero de 2009 le solicitó al ISS el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez37.

61. Mediante la Resolución 9792 del 26 de febrero de 2009, el ISS reconoció una
pensión de vejez a favor de la demandada, a partir del 13 de octubre de 2007, con una
tasa de remplazo equivalente al 90 %, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Esto, por cuanto es
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
y acreditó 1.683 semanas de cotización y 55 años de edad38. Tales semanas de
cotización se precisa, se prestaron al sector privado y público. Resaltó que en el
periodo comprendido del 1 de agosto de 1996 al 30 de septiembre de 2001, laboró
para una «suprimida secretaría de tránsito»39.

62. El 7 de junio de 2018, la señora Moreno Verdugo solicitó a Colpensiones la
reliquidación de la pensión de vejez reconocida a su favor, teniendo en cuenta los
tiempos de servicio prestados a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C,
del 19 de enero de 2004 al 31 de enero de 201840.

63. A través del auto de pruebas APSUB 3102 del 27 de septiembre de 2018,
Colpensiones requirió a la peticionaria para que, en el término de un mes, allegara la
autorización para revocar la Resolución 9792 del 26 de febrero de 2009. En su criterio,
se configuró la causal del numeral 1 del artículo 93 del CPACA, para que procediera
la revocatoria directa, por ser contraria a la ley, en tanto la entidad competente para el

36 Folio 172 CD, expediente físico, archivo Anexo Respuesta Of 072CAOJ, pág. 54, folio 73 Cd, expediente físico,

archivo GEN-DDI-AF-2018_6596721-20180613062046 y folio 87, expediente físico.
37 Según se lee en la copia de la Resolución 9792 del 26 de febrero de 2009 que obra a folio 172 CD, expediente

físico, archivo GEN-COM-CO-2018_13265470-20181019020313, pág. 17.
38 Folio 73 CD, expediente físico, archivo GEN-REQ-IN-2018_13265470-20181124011558.
39 Según se lee en el auto de pruebas APSUB 3102 del 27 de septiembre de 2018, visto a folio 172 CD, expediente

físico, archivos GCE-AUT-AP-2018_6596721-20180927054814, págs. 1 a 2 y GEN-COM-CO-2018_13265470-
20181019020313, págs. 6 a 7.
40 Folio 73 CD, expediente físico, archivos GRP-FSP-AF-2018_6596721-20180613062046; GCE-AUT-AP-

2018_6596721-20180927054814, págs. 1, 3 y GEN-COM-CO-2018_13265470-20181019020313, págs. 6, 8.

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reconocimiento de la pensión de vejez era el Fomag, de acuerdo con el artículo 10 del
Decreto 2709 de 199441.

64. Por medio de la Resolución SUB 278835 del 24 de octubre de 2018, la
subdirectora de determinación de Colpensiones remitió el caso a la Dirección de
Procesos Judiciales de la entidad, «con el fin de adelantar acción de lesividad en contra
de la Resolución 9792 del 26 de febrero de 2009»42. Esto, por cuanto la demandante
no autorizó la revocatoria del acto en mención43.

65. Mediante la Resolución 2573 del 8 de abril de 2008, la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá D.C., en representación del Fomag, negó el reconocimiento y pago
de una pensión de vejez a la demandante bajo el argumento que no cumplía con el
requisito de la edad exigido por el régimen de prima media, establecido en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, que le es aplicable, toda vez que, al 13 de febrero de
2008, fecha de la radicación de la solicitud pensional, contaba con 55 años, 4 meses
y 1 día de edad44.

66. A través de la Resolución 5834 del 26 de septiembre de 2008, se confirmó el
anterior acto administrativo, al resolverse el recurso de reposición interpuesto en su
contra45.

67. Conforme al certificado de información laboral y el formato único para la
expedición de certificado de historia laboral, emitidos el 21 de febrero y el 9 de abril de
2018 por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C., respectivamente, la
señora María Inés Moreno Verdugo prestó sus servicios para la entidad así: (1) en
interinidad del 1 de septiembre de 2003 al 12 de diciembre de 2003; (2) como afiliada
al Fomag, en provisionalidad, a partir del 19 de enero de 2004; luego, en periodo de
prueba, desde el 15 de julio de 2005 hasta el 31 de enero del 201846.

3.5. Caso concreto

68. En el asunto bajo estudio, la inconformidad de la parte accionada con la
sentencia de primera instancia radica en que, a su juicio, el ISS carecía de
competencia para expedir la Resolución 9792 del 26 de febrero de 2009 mediante la
cual reconoció una pensión de vejez a favor de la señora María Inés Moreno Verdugo,
al considerar que para la fecha en la que adquirió el estatus pensional se encontraba
afiliada al Fomag.

41 Folio 73 CD, expediente físico, archivos GCE-AUT-AP-2018_6596721-20180927054814, págs. 1 a 8 y GEN-

COM-CO-2018_13265470-20181019020313, págs. 6 a 13.
42 Folio 73 CD, expediente físico, archivo GRF-AAT-RP-2018_13424180_9-20181024053027.
43 Folio 73 CD, expediente físico, archivo SAC-COM-AF-2018_13142497-20181017013804.
44 Folio 172 CD, expediente físico, archivo Anexo Respuesta Of 072CAOJ, págs. 9 a 11.
45 Folio 172 CD, expediente físico, archivo Anexo Respuesta Of 072CAOJ, págs. 1 a 3.
46 Folio 73 CD, expediente físico, archivo GEN-CSA-F1-2018_6596721-899999061-20180613062046 y folio 172

CD, expediente físico, archivo Anexo Respuesta Of 072CAOJ, págs. 116 a 117.

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69. También, sostiene que se contravino el artículo 128 de la Constitución Política,
toda vez que la accionada pese a estar percibiendo la pensión de vejez, devengó una
asignación mensual como docente afiliada al Fomag. Por ende, solicita que la
demandada le devuelva las sumas que recibió por concepto de la referida prestación
social.

70. Por su parte, el Tribunal en la sentencia de primera instancia negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el acto administrativo gozaba de
legalidad, toda vez que la accionada como beneficiaria del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 acreditó los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990 para ser
acreedora de la pensión de vejez que le fue reconocida. Afirmó que, si bien dicha
prestación era incompatible con el salario que percibió como docente al servicio de la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C., ello no afectaba la legalidad del acto
acusado, sumado a que no se había desvirtuado la buena fe de la demandada en el
reconocimiento pensional, razón por la cual no accedería a la dicha pretensión.

3.5.1. Competencia de Colpensiones en el reconocimiento de la pensión de vejez
de la accionada

71. En el presente asunto se observa que el ISS a través de la Resolución 9792 del
26 de febrero de 2009 reconoció a favor de la señora María Inés Moreno Verdugo una
pensión de vejez, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de ese año.

72. Respecto a lo anterior, se tiene que la demandada al momento de entrar en
vigor la Ley 100 de 1993 –1 de abril de 1994– acreditaba 41 años de edad, por cuanto
nació el 13 de octubre de 1952; por ende, era beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la referida ley. Hecho sobre el que no existe debate alguno.

73. En tal sentido, y comoquiera que se encontraba afiliada al ISS, tenía la
expectativa de que se le reconociera una pensión de vejez de acuerdo con el régimen
del Seguro Social Obligatorio. Para ello, necesitaría acreditar los requisitos previstos
en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, esto es, tener 55 años de edad por ser mujer
y 1.000 semanas de cotización.

74. Tales exigencias las satisfizo, según se evidenció en el plenario, el 13 de
octubre de 2007, momento en el que cumplió 55 años de edad, y en el cual probó que
tenía 1.683 semanas cotizadas al ISS. En tal sentido, dicha entidad procedió al
reconocimiento de la prestación social, a partir de esa fecha.

75. Ahora bien, según lo prevé el mismo Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de la misma anualidad, la entidad competente para reconocer y pagar la
pensión de vejez es el Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, teniendo en cuenta

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
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que conforme a lo establecido en tal normativa, el ISS es el responsable de la pensión
de vejez en los términos dispuestos en esta47.

76. Sobre el particular, si bien el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no
señaló cual entidad era la responsable del reconocimiento de las pensiones de las
personas que se encontraban en dicho régimen, es razonable que la entidad que lo
aplique sea la misma que reconozca la pensión. Así, si se trata del régimen pensional
del Seguro Social, la pensión de vejez, según lo ha estudiado esta corporación en su
jurisprudencia48, debe ser reconocida por el ISS.

77. La anterior, máxime cuando el caso concreto, se tiene que la pensión se
reconoció con cotizaciones efectuadas en su totalidad al ISS, sin que resulte viable
imponer a otra entidad la obligación de reconocer la pensión de vejez prevista en el
Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta que los aportes reposan en su totalidad en
el ISS. Lo cual hace viable, además, la financiación de la prestación por parte de dicha
entidad.

78. A su vez, se señala que de conformidad con el artículo 52 de la Ley 100 de 1993
el ISS era la entidad administradora del régimen solidario de prima media con
prestación definida. No obstante, el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 creó la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), como «Administradora del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de carácter público del orden
nacional» y ordenó al Gobierno «[…] la liquidación […] del Instituto de Seguros
Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere […]».

79. Así, el Gobierno nacional a través del Decreto 2011 de 201249 reglamentó la
entrada en operación de Colpensiones, en los siguientes términos:

Artículo 1°. Inicio de Operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente
decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones
como administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Artículo 2°. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los
Afiliados y Pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales
(ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tienen en el mismo régimen,
sin que ello implique una selección o traslado de régimen del Sistema General de
Pensiones.

47 «Artículo 41. Asunción por parte del ISS de las pensiones de jubilación y de invalidez a cargo de los patronos. El

Instituto será responsable de las prestaciones de que trata el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte a partir de la
afiliación, en los términos contemplados en el presente Reglamento.
Cuando un patrono no afilie a un trabajador deberá otorgarle las prestaciones que le hubiere cubierto el ISS en el
caso de que lo hubiere afiliado».
48 Ver sobre el particular: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de

2010, exp. 76001-23-31-000-2006-03676-01 (0834-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
49 «Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones

– Colpensiones, y se dictan otras disposiciones».

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

[…]

Para estos efectos, el traslado de la información de cada uno de los afiliados y
pensionados del Instituto de Seguros Sociales (ISS), y afiliados de la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones - Caprecom, se hará observando la debida reserva y
confidencialidad, y no requerirá de autorización alguna del afiliado o pensionado,
teniendo en cuenta que su transferencia opera como consecuencia de lo establecido en
el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007.

Artículo 3°. Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones como
administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberá:

1. Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo
aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o la
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, no se hubieren resuelto a la
entrada en vigencia del presente decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo
5° del mismo.

2. Pagar la nómina de pensionados que tenía a cargo el Instituto de Seguros Sociales
(ISS), como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

[…].

80. Conforme con la anterior normativa, las funciones que en principio le
correspondían al ISS, incluidas las de reconocimiento de los derechos pensionales de
sus afiliados, fueron reasignadas a Colpensiones a partir del 28 de septiembre de
201250.

81. Así las cosas, teniendo claro que la señora María Inés Moreno Verdugo cumplió
con los requisitos exigidos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por
el Decreto 758 de ese mismo año, para ser acreedora de una pensión de vejez, en
calidad de beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se estima que
la entidad competente del reconocimiento de dicha prestación es el ISS, como entidad
responsable del régimen previsto en dicho acuerdo. Esto, sumado al hecho de que
todas las cotizaciones, que fueron tenidas en cuenta para el otorgamiento de la
pensión, las efectuó la accionada en dicho fondo.

82. Por consiguiente, como Colpensiones asumió las funciones del ISS a partir del
28 de septiembre de 2012, dada su extinción, entre estas, el pago de la nómina de
pensionados a cargo de esta última, se considera que tiene la competencia para
asumir el pago de la pensión de vejez reconocida a la accionada.

50 Ver sobre el tema: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 4 de febrero de 2020, exp.

11001-03-06-000-2019-00196-00 (C), M.P. Óscar Darío Amaya Navas.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

83. Ahora bien, no desconoce la Sala que dentro del trámite administrativo que se
adelantó para solicitar la revocatoria del acto que reconoció la pensión, la entidad
demandante argumentó que el Fomag era el competente para reconocer la pensión
en aplicación del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, teniendo en cuenta que para
la época en que se adquirió el estatus pensional la señora Moreno Verdugo se
encontraba vinculada al mencionado fondo.

84. Sobre el particular se destaca que la referida norma reglamentó la Ley 71 de
1988 que estableció la pensión de jubilación por aportes, y estableció que dicha
prestación se reconocería y pagaría por la entidad de previsión a la que se efectuaron
los aportes, siempre y cuando el tiempo aportado, continuo o discontinuo, hubiese sido
mínimo de seis años. En caso contrario, la pensión por aportes sería reconocida por
la entidad a la que se efectuó el mayor número de aportes.

85. Aclarado lo anterior, se tiene en primer lugar, que la prestación reconocida a
favor de la accionada no fue la pensión de jubilación por aportes dispuesta en la Ley
71 de 1988, sino la pensión de vejez establecida en el Decreto 758 de 1990.
Adicionalmente, se destaca que, si bien no desconoce la Sala que, para la fecha del
estatus pensional, esto es, el 13 de octubre de 2007, la demandada se encontraba
afiliada al Fomag, lo cierto es que como se vinculó al servicio docente en
provisionalidad, a partir del 19 de enero de 2004, no habían transcurrido los seis años
que establece la norma –artículo 10 del Decreto 2709 de 1994– como mínimo de
afiliación para que se tenga por hecho que le correspondía al Fomag el reconocimiento
y pago de la pensión de la señora Moreno Verdugo.

86. En tal sentido y si se llegase a considerar la aplicación del Decreto 2709 de
1994, lo cierto es que como era el ISS la entidad en la cual la demandada tenía el
mayor número de aportes, continuaría siendo esta la entidad de previsión competente
del reconocimiento y pago pensional.

87. Con todo, vale la pena destacar que en el asunto de la referencia se discute la
legalidad del acto que reconoció la pensión, por la presunta falta de competencia,
motivo por el cual el análisis se circunscribe a la situación de hecho y derecho existente
para el instante en el que se dictó la decisión acusada, más no frente a situaciones
posteriores como la procedencia y aspectos a considerar frente una eventual
reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta que la demandada continúo efectuando
cotizaciones al Fomag.

88. En tal sentido, se destaca que lo aquí decidido no difiere de la posibilidad de
que la situación pensional de la demandada pueda ser revisada con ocasión a las
cotizaciones efectuadas en calidad de docente.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

89. En consecuencia, al no lograrse desvirtuar la presunción de legalidad del acto
acusado contenido en la Resolución 9792 del 26 de febrero del 2009, se confirmará la
sentencia impugnada que negó las pretensiones de la demanda.

3.5.2. Compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

90. En este punto, corresponde a la Sala definir, a continuación, si la pensión de
vejez reconocida por Colpensiones a través del acto administrativo acusado era
compatible con el salario que percibió la accionada en calidad de docente oficial con
posterioridad al reconocimiento pensional.

91. Según se expuso en el marco normativo y jurisprudencial de esta sentencia, el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 establece que las prestaciones de los afiliados al
Fomag serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Además,
a partir del análisis del literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, se puede concluir
que los docentes oficiales gozan de la prerrogativa de la compatibilidad entre el salario
y la pensión.

92. En ese orden de ideas, se estima que los docentes oficiales están exceptuados
de la prohibición de devengar doble asignación del erario, sin que ello implique la
vulneración del artículo 128 de la Constitución Política.

93. Así, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación no está supeditado al
retiro del servicio, inclusive, para los vinculados con posterioridad al 27 de junio de
200351, toda vez que la referida compatibilidad, se estableció a favor de quienes
prestan sus servicios como maestros oficiales, es decir, en razón a la actividad docente
y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. En tal sentido, no es dable
limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico,
puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

94. Por lo expuesto, la Sala desestima el alegato de la parte recurrente respecto a
que como la demandada se vinculó con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 no le era permitido percibir la pensión de vejez y recibir el salario en
calidad de docente oficial.

95. En consecuencia, el cargo de reproche contra la sentencia apelada no está
llamado a prosperar y en ese mismo sentido, deviene innecesario que la Sala se

51 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

18 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En
esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión de la
que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de
2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el desarrollo
normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón
a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o
límite establecido por el legislador».

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

pronuncie sobre la pretensión de devolución de las sumas reconocidas por concepto
del reconocimiento pensional. Ello, en tanto, como se explicó previamente, el acto
acusado goza de legalidad.

3.6. Conclusión de la decisión

96. En el caso particular, no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto
acusado, comoquiera que el ISS era la entidad competente del reconocimiento y pago
de la pensión de vejez que reconoció a la demandada a través de la Resolución 9792
de 2009. Ello, puesto que como la accionada estaba cobijada por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 tenía derecho al reconocimiento de dicha prestación
con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo
año, cuya entidad administradora era el ISS.

97. A su vez, por razón a que Colpensiones asumió la nómina de las pensiones
reconocidas por el ISS, dada su extinción, es la responsable del pago de las mesadas
pensionales reconocidas a favor de la accionada.

3.7. Costas

98. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 52 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

52 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00041-01 (2359-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: María Inés Moreno Verdugo

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Reconocer personería al abogado Marcos Tercero Narváez Vergara,
identificado con la cédula de ciudadanía 92.557.653, portador de la tarjeta profesional
135.629 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de
Colpensiones, en los términos del poder que le fue sustituido que obra a índice 20 de
Samai.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Aclara voto

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

23

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