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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-40-000-2019-00159-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-40-000-2019-00159-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente con
posterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2. Compatibilidad de la pensión y la
prestación del servicio docente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 20 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Cuarta,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Nubia Rodríguez Calderón solicitó la nulidad del acto administrativo ficto a
través del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento
y pago de esta según el régimen previsto en la Ley 91 de 1989, toda vez que se vinculó
al sector público antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que
como la accionante se vinculó al servicio de la docencia oficial en el año 2005, es decir,
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le era aplicable el
régimen de prima media previsto en la Ley 100 de 1993. Definió que, al haber
acreditado los requisitos exigidos por dicha normativa, tenía derecho a que la entidad
accionada le reconociera una pensión a su favor.

1 Inicialmente la demanda se presentó, además, en contra del Departamento de Caquetá, Secretaría de Educación

Departamental; sin embargo, mediante auto del 26 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de Caquetá lo
desvinculó del proceso al declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Ver: Samai,
índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
10ResuelveExcepcionesPrevias.

1

Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Esta Subsección confirmará parcialmente la decisión anterior. En tal sentido, se define
que el régimen pensional que le es aplicable a la accionante es el de prima media
previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, comoquiera que se vinculó en calidad
de docente oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Y se
ordenará el reconocimiento pensional a partir del 13 de julio de 2020, toda vez que el
salario es compatible con la prestación del servicio docente.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 18 de marzo de 20192, la señora Nubia Rodríguez
Calderón, por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan3.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto que se configuró ante la no respuesta de la entidad accionada a la petición
presentada el 13 de septiembre de 2018, por medio del cual le negó el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación a la señora Nubia Rodríguez Calderón.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la accionante, equivalente al
75 % de todos los salarios y primas percibidas antes de la adquisición del estatus
pensional, esto es, el 13 de julio de 2018.

4. Solicitó que se condene al pago de las mesadas dejadas de pagar desde la
fecha de consolidación del estatus pensional hasta la inclusión en nómina, sumas que
deberán ajustarse de acuerdo con el IPC; y de los intereses de mora por los valores
adeudados. También, que se dé cumplimiento al fallo según los artículos 192 y 195
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso–Administrativo (en
adelante CPACA); y se condene en costas a la parte vencida como lo señala el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011.

2 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, pág. 1.
3 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, págs. 93 a 115.

2

Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. La señora Nubia Rodríguez Calderón nació el 13 de julio de 1963. Prestó
servicios al Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Medio
Ambiente —Inderena— del 16 de julio de 1982 al 31 de julio de 1995, habiendo
realizado cotizaciones a pensión al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

7. A partir del 15 de abril de 2005, la demandante fue nombrada para prestar
servicios en calidad de docente oficial; cargo que desempeñaba al momento de la
presentación de la demanda, según lo señaló.

8. El 13 de septiembre de 2018 presentó solicitud ante la entidad accionada con
el fin de que se le reconociera una pensión de jubilación bajo el régimen previsto en la
Ley 91 de 1989, por cuanto se vinculó al servicio público con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003. No obstante, la entidad no dio respuesta alguna.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Ley 33 de 1985, artículo 1, inciso 2.
• Ley 91 de 1989, artículo 15, numerales 1 y 2.
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 115 de 1993, artículo 115.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.

9. Sostuvo que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados y aquellos nombrados
desde el 1 de enero de 1990 tenían derecho, mientras cumplieran con los requisitos,
a una pensión de jubilación equivalente al 75 % del salario mensual promedio del
último año y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional.

10. Adujo que posteriormente se expidió la Ley 812 de 2003, que en el artículo 81
dispuso que a los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma les
es aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, y la Ley 71 de
1988. En cambio, aquellos educadores que ingresen por primera vez al magisterio
oficial a partir del 27 de junio de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003. Tal criterio fue ratificado por el Acto Legislativo 01 de
2005.

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Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

11. Señaló que la señora Nubia Rodríguez Calderón se vinculó al servicio público
antes del «23 de junio de 2003», por lo tanto, tiene derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación bajo el régimen establecido en la Ley 91 de 1989.

12. Afirmó que el acto administrativo acusado vulneró las normas en que debía
fundarse. A su vez, manifestó que con la expresión «vinculados», prevista en la Ley
812 de 2003, se quiso proteger la situación de los docentes que tuvieran tiempo de
servicio anterior a su entrada en vigor, aun cuando este no fuera como empleado
público docente.

2.2. Contestación de la demanda

13. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio expuso las siguientes consideraciones4.

14. Indicó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, ratificado por el Acto Legislativo
01 de 2005, estableció que a partir del 27 de junio de 2003 a los docentes oficiales les
era aplicable el régimen pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, a excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería
de 57 años para hombres y mujeres. Asimismo, previó que para el caso de los
docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, aplicaría el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989.

15. Aseveró que en el caso concreto no resulta viable el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación a favor de la accionante, toda vez que se vinculó al servicio
de la docencia oficial con posterioridad al 27 de junio de 2003, esto es, a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003. Por tal razón el régimen pensional que le resulta aplicable
es el de prima media, previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

2.3. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Cuarta, profirió sentencia el 20 de
septiembre de 2023, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y condenó en costas. La providencia se fundó en los siguientes argumentos5:

17. Indicó que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición
con el fin de garantizar a las personas con expectativas legítimas de pensionarse,
hacerlo con las condiciones de edad, tiempo y tasa de reemplazo de la legislación
anterior. Para ello debía acreditarse 35 años o más si es mujer, o 40 años o más si es

4 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
03ContestacionFomag.
5 Samai, gestión otros despachos, radicación 18001234000020190015900, índice 43, expediente digital, archivo

8_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf).

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Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

hombre, o 15 años de servicios cotizados al momento de la entrada en vigor de la ley.
No obstante, el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia de todos los regímenes
de transición hasta el 31 de julio de 2010.

18. Subrayó que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo de
2005, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, a partir de la entrada
en vigor de la referida ley, a los docentes oficiales se les aplicaría el régimen pensional
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, excepto el requisito de edad que,
para la pensión de vejez, sería de 57 años para hombres y mujeres. No obstante, a los
docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, les aplicaría el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989.

19. Manifestó que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ-014-CE-
S2-2019 del 25 de abril de 20196, fijó las siguientes dos reglas jurisprudenciales:

(i) Para los docentes oficiales que se vincularon antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, se debe aplicar el régimen de la pensión ordinaria de jubilación
de la Ley 33 de 1985. Los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

(ii) Para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, se aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.

20. Descendiendo al caso concreto, el Tribunal adujo que según se probó en el
expediente, la accionante se vinculó al servicio de la docencia oficial a partir del 15 de
abril de 2005, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
Por ende, le es aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, según el cual para consolidar el derecho pensional debería acreditar 57 años
y 1.300 semanas de cotización.

21. Afirmó que la demandante nació el 13 de julio de 1963, de manera que cumplió
57 años el 13 de julio de 2020 y para el 13 de septiembre de 2018, fecha en la que
efectuó la reclamación administrativa, tenía 55 años. En consecuencia, la entidad
accionada, en virtud de la anterior petición, no podía reconocer el derecho pensional
reclamado.

6 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).

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Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

22. Sin embargo, sostuvo que, en lo referente al requisito de las semanas de
cotización, al momento de la solicitud pensional la accionante acreditaba un total de
26 años, 4 meses y 15 días de servicio público oficial —13 años y 15 días, vinculada
al Inderena, y 13 años y 4 meses con la Secretaría de Educación del Departamento
de Caquetá—; encontrándose activa en la prestación de servicio docente al 19 de
febrero de 2019, conforme con una certificación laboral allegada al plenario.

23. Concluyó que la demandante adquirió el estatus pensional el 13 de julio de
2020, es decir, con posterioridad a la reclamación administrativa. Por consiguiente,
tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión para el momento en el que se
expidió la sentencia.

24. En ese orden de ideas, definió que la entidad accionada debía reconocer y
pagar a favor de la accionante una pensión de «jubilación» a partir del 13 de julio de
2020, teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores al
reconocimiento pensional, efectiva a partir del retiro del servicio, con el monto que
correspondiera de acuerdo con el número adicional de semanas cotizadas a las
mínimas requeridas. Aclaró que en todo caso no podría superar el 80 % de la
asignación básica mensual y demás factores expresamente previstos en el Decreto
1158 de 1994, devengados en el periodo antes señalado y sobre los que se hubiesen
realizado cotizaciones.

25. Declaró la nulidad del acto acusado y decidió condenar en costas a la
demandada por resultar vencida en primera instancia, de conformidad con los artículos
188 del CPACA y 365 del CGP.

2.4. Recurso de apelación

26. La parte accionante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos7:

27. Alegó que según se probó en el expediente, la demandante prestó sus servicios
por más de 20 años en entidades públicas. Así, al haberse vinculado antes del año
2003 al sector público y ostentar la calidad de docente, su derecho pensional no debía
estudiarse de acuerdo con el régimen de prima media —Ley 100 de 1993—, sino de
conformidad con las normas anteriores a la expedición de la Ley 812 de 2003, esto es,
la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.

28. Realizó un recuento normativo del régimen pensional de los empleados oficiales
y los docentes. Indicó que la Ley 6 de 1945 estableció el derecho a la pensión vitalicia
de jubilación con 50 años de edad y 20 de servicio. Dicho régimen fue modificado por
el Decreto 3135 de 1968, que aumentó la edad de jubilación a 55 años para los

7 Samai, gestión otros despachos, radicación 18001234000020190015900, índice 46, expediente digital, archivo

RECURSOAPELACION(.pdf).

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hombres, mantuvo los 20 de servicio y fijó la pensión en el 75 % del promedio salarial
del último año. Posteriormente, la Ley 33 de 1985 unificó el requisito de edad en 55
años para todos los empleados oficiales, con las mismas condiciones de tiempo de
servicio y monto, y estableció un régimen de transición para quienes, a la fecha de su
promulgación, contaran 15 o más años de servicios.

29. Explicó que, con la expedición de la Ley 91 de 1989, se creó el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y se definieron tres categorías de personal
docente: nacional, nacionalizado y territorial, instituyéndose regímenes diferenciados
según la fecha de vinculación. De acuerdo con el artículo 15 de esa ley, los docentes
nacionales y nacionalizados vinculados a partir del 1 de enero de 1990 quedarían
regidos por las normas aplicables a los empleados públicos del orden nacional, en
tanto que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
mantendrían el régimen prestacional que venían disfrutando en cada entidad territorial.

30. Destacó que la Ley 100 de 1993, al crear el Sistema General de Pensiones,
exceptuó expresamente de su aplicación a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, quienes continuaron rigiéndose por el régimen
prestacional anterior. Dicha excepción fue reiterada por el artículo 6 de la Ley 60 de
1993, según el cual el régimen prestacional de los docentes nacionales o
nacionalizados sería el reconocido por la Ley 91 de 1989.

31. Señaló que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 consolidó esta distinción al
establecer que los docentes vinculados con anterioridad a su entrada en vigor —el 27
de junio de 2003— estarían cobijados por el régimen pensional vigente para ese
momento, mientras que quienes se vincularan con posterioridad quedarían sujetos al
régimen de prima media de la Ley 100 de 1993, con la salvedad de que la edad de
pensión de vejez sería de 57 años para hombres y mujeres.

32. Resaltó, en consonancia con la sentencia de unificación SU-189 de 2012 de la
Corte Constitucional, que cuando el docente ha prestado servicios en diferentes
entidades, resulta procedente la acumulación de tiempos de servicio para efectos
pensionales, con fundamento en el artículo 72 del Decreto 1848 de 1969,
reglamentario del Decreto 3135 de 1968. En tales casos, el monto de la pensión se
distribuye proporcionalmente entre las entidades empleadoras a través del mecanismo
de cuotas partes pensionales, siendo la última entidad empleadora la responsable del
reconocimiento de la prestación, con derecho a repetir contra las demás.

33. Concluyó que, como la señora Nubia Rodríguez Calderón laboró por más de 20
años en entidades públicas y su vinculación al servicio es anterior a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, la entidad accionada —en su calidad de nominadora— debía
proceder al reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el régimen que le resultaba
aplicable, con la acumulación de los tiempos de servicio correspondientes.

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Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
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Sociales del Magisterio

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

34. Mediante auto del 9 de agosto de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia8.

2.6. Ministerio Público

35. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto9.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

36. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

37. De acuerdo con los antecedentes, la Sala procede a resolver los siguientes
problemas jurídicos:

38. ¿La demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le
reconozca y pague una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985 o
la Ley 71 de 1988, toda vez que se vinculó al servicio público con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003?

39. En caso negativo ¿la pensión reconocida por el Tribunal a favor del accionante,
con fundamento en la Ley 100 de 1993, es compatible con el salario que percibe en
su condición de docente?

40. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen pensional de los
maestros oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019; y (3) la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente.

8 Samai, índice 05, expediente digital, archivo 6Auto que admite_09732024ADMITEAPELAC(.pdf).
9 Samai, índice 08, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

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Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

41. A partir de las anteriores consideraciones (4) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (5) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el problema jurídico propuesto.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

42. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

43. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198910, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

44. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

45. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

46. Sin embargo, la Ley 812 de 200311 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros.
Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público

10 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
11 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.

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Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado
en el artículo 81 de esta».

47. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201912

48. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

49. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:

50. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de

12 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).

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Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

51. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1.° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75 %.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (a) el periodo del último año de
servicio docente y (b) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

52. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)13.

53. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

13 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

54. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65 % - 85 %14, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80 %) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (a) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (b) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

55. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

56. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección15, tales como:

(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido previa a su
vigencia.

14 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
15 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
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Sociales del Magisterio

(b) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

57. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.3.3. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

58. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades16, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(1) El Decreto 224 de 197217 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia no
sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.

(2) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197918 que señaló que el goce de la pensión no
sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se advierte, fue
declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 20
febrero de 1981.

16 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, exp. 15001

23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, exp. 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023, M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-
42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, exp. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-
33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
17 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
18 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».

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(3) La Ley 60 de 199319 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia20, esta compatibilidad
al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía este beneficio.

(4) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2.° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(5) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley 4
de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro público,
consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual tratándose del
régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que no hace alusión a
los docentes pensionados para el momento en que entró en vigor la norma, sino a las
disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a los docentes pensionados.
Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de 201921 se reiteró:

Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.

19 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
20 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.

(6) El artículo 1922 de la Ley 344 de 199623, al dejar a salvo lo dispuesto en las leyes
91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se desprende la
compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio
docente»24.
(7) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4525 del Decreto 1278
de 200226, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-1157 de
200327), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que no fue
habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en providencia del 20 de
noviembre de 202428 indicó:

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución

22 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
23 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
25 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,

el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
26 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
27 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20

de noviembre de 2024, exp. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.

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Sociales del Magisterio

Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública29.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

59. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad30 o posterioridad31 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

60. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.

61. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.

29 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En esta
providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes vinculados
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
31 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y
pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de
la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».

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Radicación: 18001-23-40-000-2019-00159-01 (0973-2024)
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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.4. Hechos probados relevantes

62. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

63. La señora Nubia Rodríguez Calderón nació el 13 de julio de 1963, según copia
de la cédula de ciudadanía32.

64. La demandante laboró al servicio del Instituto Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena— desde el 16 de julio de 1982 al 31
de julio de 199533 —para un total de 13 años y 17 días—, en el cargo de secretario
5140 – 06, adscrita a la oficina de personal en la regional de Caquetá, conforme a la
constancia emitida el 10 de febrero de 2003 por la coordinadora del Grupo de Talento
Humano del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial34.

65. La accionante cotizó al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), hoy
Colpensiones, durante 25,86 semanas, por los servicios prestados en los sectores
público y privado. Al respecto, se observan aportes efectuados por el Inderena del 1
de enero de 1995 al 31 de julio de 1995, y en calidad de trabajador independiente del
1 de mayo de 2003 al 30 de junio de 2003. Esto, de acuerdo con el reporte de semanas
cotizadas en pensiones de dicha entidad, actualizado a 8 de agosto de 2018, que obra
en el expediente35.

66. De acuerdo con la certificación electrónica de tiempos laborados —Cetil—, la
demandante laboró en el Inderena del 16 de julio de 1982 al 31 de julio de 1995; con
cotizaciones realizadas al ISS, por el periodo comprendido del 1 de abril de 1994 al 31
de julio de 199536.

67. El 13 de abril de 2005, a través de la Resolución 790, la accionante fue
nombrada en periodo de prueba, en el cargo de docente al servicio del Departamento
de Caquetá; habiéndose posesionado el día 15 del mismo mes y año, según el acta
que reposa en el plenario37. El mencionado cargo lo desempeñaba al 19 de febrero de
2019, fecha de expedición de la constancia emitida por la coordinadora de Archivo,

32 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, pág. 28.
33 En el expediente obra la Resolución 1575 del 28 de julio de 1995, a través de la cual el Inderena retiró del servicio

a la accionante por supresión del cargo. Vista en Samai, índice 02, expediente digital, archivo
4ED_18001234000020190015(.zip), documento 02CuadernoPrincipal, págs. 57 a 58.
34 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, pág. 59.
35 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, págs. 51 a 52.
36 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, págs. 43 a 50.
37 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, pág. 65.

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Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Registro y Control de la Secretaría de Educación Departamental de Caquetá38. Así, se
tiene acreditado que ha ejercido la labor docente por un lapso de 13 años, 10 meses
y 5 días.

68. El 13 de septiembre de 2018, la accionante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación39. No obstante, no se dio
respuesta alguna a la petición.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

3.5.1. Resolución del primer problema jurídico propuesto

69. La parte demandante, en el recurso de apelación, afirmó que como la señora
Nubia Rodríguez Calderón se vinculó al servicio público antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, es beneficiaria del régimen pensional contenido en la Ley 33
de 1985 o la Ley 71 de 1988.

70. El Tribunal Administrativo de Caquetá en la sentencia de primera instancia negó
el reconocimiento y pago de las pensiones previstas en las leyes 33 de 1985 y 71 de
1988, al considerar que como la demandante se vinculó al servicio público educativo
oficial por primera vez en el año 2005, es decir, en vigencia de la Ley 812 de 2003, su
régimen pensional es el previsto en la Ley 100 de 1993. En consecuencia, ordenó a la
accionada el reconocimiento y pago de una pensión a su favor de conformidad con el
régimen de prima media.

71. Por lo anterior, el problema jurídico propuesto se formuló alrededor de si la
accionante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le reconozca y
pague la pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de
1988, toda vez que se vinculó al servicio público con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003.

72. Al respecto, se señala que el análisis de caso se dirigirá solo a resolver el cargo
del recurso de apelación, dada la competencia del juez de segunda instancia, de
conformidad con el artículo 328 del CGP.

73. En este orden de ideas, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la
demandante, se resalta que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en las leyes 33 de 1985 y 71 de

38 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, pág. 41.
• La información coincide con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido por la
Secretaría de Educación del Departamento de Caquetá el 15 de agosto de 2018, visto en Samai, índice 02,
expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento 02CuadernoPrincipal, págs. 60 a 62.
39 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, págs. 31 a 35.

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1988; esta última, en el escenario en que se hubiesen efectuado cotizaciones al sector
privado y público. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe
aplicar el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad, que será de 57 años para hombres y mujeres.

74. Así, en el caso particular, se logró probar que la señora Nubia Rodríguez
Calderón se vinculó por primera vez al servicio docente el 15 de abril de 2005, esto es,
después de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003). Ello, de
acuerdo con el certificado emitido por la coordinadora de Archivo, Registro y Control
de la Secretaría de Educación Departamental de Caquetá40, aportado al expediente
por la parte demandante y sobre el que no existe controversia alguna, en tanto no fue
tachado de falso.

75. En tal sentido, aun cuando se acredita que la accionante laboró al servicio del
Inderena por el periodo comprendido del 16 de julio de 1982 al 31 de julio de 1995,
conforme con la constancia expedida por la coordinadora del Grupo de Talento
Humano del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 41, lo cierto es que
según se señaló en el acápite de hechos probados de esta sentencia, este
corresponde a tiempos de servicio prestados al sector público, durante el cual la
accionante ejerció un cargo distinto al de docente oficial.

76. En este orden de ideas, a juicio de la Sala, el razonamiento de la recurrente
parte de una interpretación incorrecta del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en la
medida en que estima que la protección otorgada a los docentes oficiales que se
vincularon con anterioridad a la entrada en vigor de esta, consistente en que su
situación pensional se defina con normas anteriores a la Ley 100 de 1993, también
cobija a los docentes que laboraron en el sector público antes de la Ley 812,
independientemente del momento en que se vincularon al servicio de la educación
oficial.

77. Al respecto, se estima que la propuesta interpretativa de la parte actora es
incorrecta, toda vez que el momento de la vinculación al servicio educativo oficial es
crucial para establecer las condiciones en que los docentes deben pensionarse. Tan
es así que, como se ilustró en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia,
cuando dicha vinculación es posterior al 27 de junio de 2003 se aplican las leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, a efectos de determinar los requisitos para adquirir el derecho
(con excepción de la edad, que será de 57 años) y los parámetros para reconocerlo;

40 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, pág. 41.
• La información coincide con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido por la
Secretaría de Educación del Departamento de Caquetá el 15 de agosto de 2018, visto en Samai, índice 02,
expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento 02CuadernoPrincipal, págs. 60 a 62.
41 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 4ED_18001234000020190015(.zip), documento
02CuadernoPrincipal, pág. 59.

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mientras que para los docentes que ingresaron al servicio educativo con antelación,
se garantiza que puedan pensionarse con el mismo régimen de los servidores públicos
del orden nacional, lo que habilita la aplicación directa e integral de normas anteriores
a la Ley 100, como las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

78. Añádase a lo expuesto que, de la lectura detenida del artículo 81 de la Ley 812
de 2003, no se advierte que la sola existencia de una vinculación al sector público,
distinto a la docencia oficial, con antelación a su entrada en vigor constituya el criterio
relevante para establecer si la situación pensional de un docente oficial está o no
llamada a definirse con fundamento en la Ley 100 de 1993.

79. Esto obedece a que el criterio diferenciador se construyó bajo una sola
situación: la vinculación docente antes o después del 27 de junio de 2003. Con esta
precisión se buscó, por un lado, avanzar en el objetivo de unificar los distintos
regímenes pensionales, indicando que a los docentes oficiales que se vinculen
después de la Ley 812 de 2003 se les aplicaría el régimen de prima media (con
excepción de la edad) y, por otro, garantizar la expectativa legítima de aquellos que
prestaron sus servicios en ejercicio de la actividad docente oficial antes del cambio
normativo, quienes esperaban pensionarse con normas anteriores a la Ley 100 de
1993.

80. Inclusive, aceptar la tesis de la parte demandante, consistente en que la
vinculación al sector público con antelación a la Ley 812 de 2003 le permite definir su
situación pensional sin tener en cuenta la Ley 100 de 1993, desconoce que el trato
preferente que se conservó con el artículo 81 de aquella solo se otorgó a un sector de
la población: los docentes «vinculados al servicio público educativo oficial», y no a la
totalidad de ellos, sino únicamente a quienes tuvieron dicho vínculo con anterioridad a
la entrada en vigencia de la norma antes señalada, comoquiera que los demás son
destinatarios de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 en los términos descritos.

81. Advertido lo anterior y teniendo claro que contrario a lo afirmado por la parte
recurrente, lo relevante para definir el régimen pensional aplicable al personal docente
es la fecha de la vinculación en tal calidad, y no la de aquella en la que se hubiese
vinculado al servicio público, se indica que como la señora Nubia Rodríguez Calderón
prestó sus servicios a la docencia oficial a partir del 15 de abril de 2005, es beneficiaria
del régimen pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos señalados para este, excepto el de la edad que concierne a
57 años.

82. En consecuencia, dado que la accionante no acreditó que se hubiese vinculado
en calidad de docente oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se estima que es beneficiario de la pensión
de vejez prevista en la Ley 100 de 1993 como lo determinó el Tribunal en primera
instancia.

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83. Así las cosas, se estudiará a continuación el segundo problema jurídico
propuesto.

3.5.2. Compatibilidad de la pensión y de la prestación del servicio docente en el
presente asunto

84. Se advierte que el Tribunal en primera instancia al ordenar al reconocimiento y
pago de la pensión de vejez a favor de la accionante, definió que la prestación se haría
efectiva a partir del retiro del servicio. Tema que merece una consideración especial
de la Sala dado el criterio que se mantiene sobre el particular, en asuntos de
reconocimiento de las pensiones de los docentes, indistintamente del régimen
pensional aplicable.

85. En tal sentido, se resolverá si la pensión reconocida a favor del accionante, con
fundamento en la Ley 100 de 1993, es compatible con el salario que percibe en su
condición de docente.

86. Ahora bien, según se expuso en el marco normativo y jurisprudencial de esta
sentencia, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 establece que las prestaciones de los
afiliados al Fomag serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Además, a partir del análisis del literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de
1992, se puede concluir que los docentes oficiales gozan de la prerrogativa de la
compatibilidad entre el salario y la pensión.

87. En ese orden de ideas, se estima que los docentes oficiales están exceptuados
de la prohibición de devengar doble asignación del erario, sin que ello implique la
vulneración del artículo 128 de la Constitución Política.

88. Así, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación no está supeditado al
retiro del servicio, inclusive, para los vinculados con posterioridad al 27 de junio de
200342, toda vez que la referida compatibilidad, se estableció a favor de quienes
prestan sus servicios como maestros oficiales, es decir, en razón a la actividad
docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. En tal sentido,
no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen
específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

42 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). En
esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión de la
que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de
2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el desarrollo
normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón
a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o
límite establecido por el legislador».

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89. Por lo expuesto, contrario a lo resuelto por el Tribunal, para la Sala, la pensión
reconocida a la accionante debe pagarse a partir de la consolidación del estatus
pensional, al ser esta compatible con la prestación del servicio docente.

90. Así, teniendo en cuenta que en la sentencia de primera instancia se definió que
la señora Nubia Rodríguez Calderón adquirió del derecho pensional el 13 de julio de
2020, sin que este aspecto haya sido controvertido en el recurso de apelación, se
estima que la pensión de vejez debe reconocerse desde ese momento, a menos de
que se configure la prescripción de alguna de las mesadas causadas.

91. Al respecto, se destaca que la adquisición del estatus pensional —13 de julio
de 2020— tuvo lugar con posterioridad a la petición de reconocimiento —13 de
septiembre de 2018— y la presentación de la demanda de la referencia –18 de marzo
de 2019—, por lo que no hay lugar a considerar el fenómeno prescriptivo de mesada
alguna.

92. En este orden de ideas, no se comparte la decisión de primera instancia sobre
el particular, la cual se modificará, en orden a que no se le puede exigir a la
demandante el retiro del servicio docente para disfrutar de la pensión de vejez que le
fue reconocida.

93. A su vez, se adicionará para establecer que las sumas que resulten deberán ser
actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida para el efecto, según la cual el
valor presente (R) se determinará de multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo
que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la
adquisición del estatus pensional de la demandante). La fórmula que debe aplicar es
la siguiente:

R = Rh. índice final__
índice inicial

94. Esta precisión, sobre la compatibilidad del salario y la pensión, se efectúa en el
marco del recurso de apelación, en la medida en que insistió acceder a las
pretensiones de la demanda, que hicieron referencia al disfrute de la pensión desde el
cumplimiento de los requisitos.

3.6. Conclusión de la decisión

95. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como la señora Nubia Rodríguez Calderón se vinculó en calidad de
docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen

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pensional que le es aplicable es el de prima media previsto en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003.

96. Por otra parte, comoquiera que la pensión de vejez reconocida a la accionante
es compatible con la prestación del servicio docente, se modificará el numeral segundo
de la sentencia impugnada, en cuanto a ordenar que la prestación es efectiva a partir
de la fecha de consolidación del estatus pensional, esto es, el 13 de julio de 2020; y
adicionará para efectos de ordenar la respectiva actualización de la condena.

97. Así las cosas, se confirmará parcialmente el fallo de primera instancia.

3.7. Costas

98. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 43 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

99. Bajo el anterior razonamiento, se considera necesario revocar la condena en
costas impuesta a la parte accionada en el numeral sexto de la sentencia de primera
instancia. Asimismo, no es pertinente imponer dicha condena por la actuación en
segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

43 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2023
por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Cuarta, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Modificar y adicionar el numeral segundo de la sentencia impugnada, el cual
quedará así:

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO FOMAG- Caquetá, reconocer y pagar una pensión de jubilación a
favor de la señora Nubia Rodríguez Calderón, a partir del 13 de julio de 2020, con
efectividad desde esa misma fecha, teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en
los 10 años anteriores al reconocimiento pensional, con el monto que corresponda de
acuerdo al número adicional de semanas cotizadas a las mínimas requeridas, pero que
en toda caso, no podrá superar el 80% de la asignación básica mensual y demás factores
expresamente regulados por el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo de
tiempo previamente señalado y sobre los cuales haya realizado la respectiva cotización.

Las sumas que resulten deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida
para el efecto, según la cual el valor presente (R) se determinará de multiplicar el valor
histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de la adquisición del estatus pensional de la demandante). La
fórmula que debe aplicar es la siguiente:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Tercero. Revocar el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia.

Cuarto. Sin condena en costas en las dos instancias.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Demandante: Nubia Rodríguez Calderón
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Sociales del Magisterio

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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