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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01799-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01799-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Doce (12) de julio de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo, de la sentencia del Doce (12) de julio de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará así: «SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer el derecho al disfrute de la pensión de jubilación de la señora MARIA ERNESTINA GALVIS DE MIRANDA desde el 25 de abril de 2017, fecha de adquisición del derecho pensional, sin condicionar el goce de la prestación al retiro definitivo del servicio docente, pagando las mesadas causadas desde esa fecha y hasta el retiro definitivo del servicio, periodo durante el cual, la prestación será compatible con el salario devengado por la actora y se liquidará con base en el promedio de lo devengado durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional. A partir del retiro definitivo del servicio, la demandante tendrá derecho al disfrute exclusivo de la pensión, la cual deberá ser reliquidada con fundamento en el promedio de lo devengado durante el último año de servicios, en caso de no haberse efectuado previamente su inclusión en nómina en debida forma. Las sumas reconocidas serán actualizadas, de conformidad con la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia y aplicando los ajustes de ley.» TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Una vez en firme esta sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 17 Número Interno: 5197-2023 Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-01799-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 05001-23-33-000-2019-01799-01 (5197-2023)1
Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión de jubilación docente – compatibilidad
entre pensión de jubilación y salario.
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del Doce (12) de julio de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida
por la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia2, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3.

1.1 Pretensiones.

1. La señora María Ernestina Galvis de Miranda, por conducto de apoderado
judicial, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, con el propósito de obtener, la
declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 201750007375 del Doce (12)
de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017) y 201850046460 del Veintiséis (26)

1
Expediente hibrido:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201901799011100103
2
Sala conformada por los Magistrados Martha Nury Velasquez Bedoya, Rafael Darío Restrepo Quijano y Gonzalo
Javier Zambrano Velandia.
3
Expediente digital – Samai – índice 7 – ED_C01_01 DEMANDA-CON PODER Y ANEXOS (.pdf) NroActua 7.

2

Número Interno: 5197-2023
Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - Fomag.

de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), mediante las cuales, se reconoció una
pensión de jubilación, condicionada al retiro del servicio y se negó el pago de
la prestación desde la adquisición del estatus pensional, así como, la nulidad
parcial del acto administrativo, que dispuso su pago a partir de la aceptación
de la renuncia y omitió incluir determinados factores salariales en su
liquidación.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se ordene a la entidad
demandada: (i) reliquidar la pensión de jubilación, incluyendo como factores
salariales la prima de servicios, la prima de navidad y la bonificación docente;
(ii) reconocer y pagar la pensión en concurrencia con el salario, sin exigir el
retiro del servicio; (iii) pagar las mesadas pensionales causadas desde el
veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), fecha en la que afirma
haber adquirido el estatus pensional, hasta el diecisiete (17) de noviembre de
dos mil diecisiete (2017), junto con los ajustes legales e indexación
correspondientes.

3. Finalmente, solicitó que se condene en costas a la entidad demandada.

1.2 Hechos

4. La demandante indicó que, nació el Nueve (9) de noviembre de Mil
Novecientos Cincuenta (1950), por lo que, cumplió cincuenta y cinco (55) años
de edad, el Nueve (9) de noviembre de Dos Mil Cinco (2005).

5. Asimismo, manifestó que, prestó sus servicios al sector oficial en distintos
periodos, inicialmente entre el Veintisiete (27) de febrero de Mil Novecientos
Setenta y Cinco (1975) y el Veinticuatro (24) de enero de Mil Novecientos
Setenta y Siete (1977), y posteriormente, desde el Veintinueve (29) de marzo
de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), como docente al servicio del
municipio de Medellín, alcanzando un tiempo total de servicios de veinte (20)
años, el Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017).

6. Señaló que, en el mes de junio de Dos Mil Diecisiete (2017), radicó solicitud
ante la entidad competente para el reconocimiento y pago de la pensión de

3

Número Interno: 5197-2023
Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - Fomag.

jubilación, al considerar que, cumplía con los requisitos legales de edad y
tiempo de servicios.

7. Manifestó que, mediante Resolución No. 201750007375 del Doce (12) de
septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), se le reconoció la pensión de
jubilación, fijando como fecha de adquisición del estatus pensional, el
Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), pero condicionando su
pago, al retiro efectivo del servicio e inobservando la inclusión de la prima de
servicios, la prima de navidad y la bonificación docente, como factores
salariales para su liquidación.

8. Indicó que, fue retirada del servicio el Diecisiete (17) de noviembre de Dos
Mil Diecisiete (2017), mediante acto administrativo expedido por la misma
autoridad territorial.

9. Señaló que, con posterioridad, solicitó el reconocimiento de la
compatibilidad entre la pensión y el salario, pretensión que fue negada
mediante Resolución No. 201850046460 del Veintiséis (26) de junio de Dos
Mil Dieciocho (2018).

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

10. La parte demandante invocó como normas vulneradas, entre otras, las
Leyes 91 de 1989, 4ª de 1992, 60 de 1993, 100 de 1993 y 344 de 1996, así
como, diversos decretos que regulan el régimen prestacional del magisterio,
en particular, aquellos relativos a los factores salariales para la liquidación
pensional y a la compatibilidad entre pensión y salario en el sector docente.

11. Como concepto de violación, sostuvo que, la entidad demandada incurrió
en ilegalidad por falta de aplicación de normas superiores, al excluir de la
liquidación pensional, factores salariales como la prima de servicios, la prima
de navidad y la bonificación docente, pese a que, constituyen remuneración
habitual derivada de la relación laboral y, por tanto, deben integrar la base de
liquidación de la prestación.

4

Número Interno: 5197-2023
Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - Fomag.

12. Señaló que, la administración condicionó el pago de la pensión al retiro del
servicio sin sustento normativo, desconociendo el régimen especial aplicable
a los docentes, el cual, permite la compatibilidad entre pensión y salario,
conforme a disposiciones legales vigentes y reiterada jurisprudencia.

13. Indicó que, dicha actuación implicó una interpretación errónea del
ordenamiento jurídico, al desconocer las excepciones legales, a la prohibición
de recibir doble asignación del tesoro público, particularmente en el caso de
los educadores oficiales.

14. Finalmente, afirmó que, los actos demandados vulneran derechos
constitucionales como la igualdad y el trabajo, al imponer restricciones no
previstas en la ley y dar un trato diferenciado injustificado frente a otros
docentes en iguales condiciones, por lo que, deben ser anulados y
restablecido el derecho en los términos solicitados.

2. Contestación de la demanda4.

15. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y
solicitó su rechazo, al considerar que, los hechos expuestos por la parte actora,
no le constan en su mayoría y deben ser probados dentro del proceso,
conforme a las reglas de la carga de la prueba, aceptando únicamente aquellos
respaldados en la documental allegada.

16. Sostuvo que, los actos administrativos demandados, se encuentran
amparados por la presunción de legalidad, y que, no se acreditó su expedición
irregular o con desconocimiento del ordenamiento jurídico, por lo que, no hay
lugar a declarar su nulidad ni a acceder a las pretensiones de la demanda.

17. Indicó que, no es procedente reconocer la inclusión de factores salariales
como la prima de servicios, la prima de navidad y la bonificación docente en la
liquidación pensional, por cuanto, solo deben tenerse en cuenta aquellos sobre

4
Expediente digital – Samai – índice 7 – ED_C01_05 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - CON PODER Y
ANEXOS(.pdf) NroActua 7.

5

Número Interno: 5197-2023
Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - Fomag.

los cuales se realizaron aportes al sistema, conforme a la normativa vigente y
a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

18. Señaló que, tampoco resulta posible el reconocimiento de la pensión en
concurrencia con el salario, al estimar que, la demandante debía acreditar el
retiro del servicio para efectos del pago de la prestación, en atención a la
prohibición constitucional de percibir doble asignación del tesoro público, la
cual —a su juicio—, no admite excepciones en el caso concreto.

19. Finalmente, propuso como excepciones, las de presunción de legalidad del
acto administrativo, prescripción, cobro de lo no debido, falta de integración
del litisconsorcio necesario por pasiva5, sostenibilidad financiera, buena fe y la
excepción genérica, solicitando que se nieguen las pretensiones y se absuelva
a la entidad de toda condena.

3. Sentencia de primera instancia 6.

20. La Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia del Doce (12) de julio de Dos Mil Veintitrés (2023), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, dispuso:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No.
201750007375 del 12 de septiembre de 2017, y la nulidad total de la Resolución
No. 201850046460 del 26 de junio de 2018, expedidas por la NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, mediante las cuales se condicionó el disfrute
de la pensión de la demandante al retiro definitivo del servicio, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento
del derecho, SE CONDENA a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN -
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a
reconocer el derecho al disfrute de la pensión de jubilación de la señora MARIA
ERNESTINA GALVIS DE MIRANDA desde el 25 de abril de 2017, fecha de
adquisición del derecho pensional, sin condicionar el goce de la prestación al
retiro definitivo del servicio docente, pagando las mesadas causadas desde esa
fecha hasta la actualidad. Las sumas reconocidas serán actualizadas, de

5
Mediante auto del Veintidós (22) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021), el Tribunal Administrativo de Antioquia, resolvió
las excepciones previas interpuestas por la parte demandante, negando la excepción de falta de integración del
litisconsorcio necesario.
6
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 43.

6

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Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda
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Sociales del Magisterio - Fomag.

conformidad con la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia y
aplicando los ajustes de ley.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.
[...]»

21. El Tribunal consideró que, la demandante, al haberse vinculado al servicio
docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se
encontraba cobijada por el régimen previsto en la Ley 91 de 1989, lo que
habilita la compatibilidad entre el disfrute de la pensión de jubilación y el salario
derivado de la actividad docente, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 224 de 1972 y el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

22. En ese sentido, precisó que, la entidad demandada desconoció el marco
normativo aplicable, al supeditar el pago de la pensión, al retiro definitivo del
servicio, por cuanto, dicha exigencia no resulta procedente para los docentes
vinculados antes del veintiséis (26) de junio de Dos Mil Tres (2003), quienes
pueden percibir simultáneamente ambas asignaciones.

23. Finalmente, en relación con la reliquidación pensional, concluyó que, no
era procedente incluir como factores salariales la prima de servicios, la prima
de navidad y la bonificación docente, en tanto, conforme a la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado, únicamente pueden tenerse en cuenta
aquellos factores taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985 sobre los
cuales se hubieren realizado aportes; asimismo, determinó que no había lugar
a declarar la prescripción de mesadas y que no procedía la condena en costas.

4. El recurso de apelación7.

24. La apoderada de la parte demandada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia del Doce (12) de julio de Dos Mil Veintitrés (2023), en
cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar
que, el Tribunal efectuó una interpretación errónea del régimen jurídico
aplicable a la demandante.

7
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 45.

7

Número Interno: 5197-2023
Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - Fomag.

25. Sostuvo que, el A quo desconoció las disposiciones constitucionales y
legales, que prohíben la doble asignación del tesoro público, en particular el
artículo 128 de la Constitución Política, al reconocer la compatibilidad entre la
pensión de jubilación y el salario devengado por la actora como docente.

26. Indicó que, tratándose de una docente con vinculación territorial financiada
con recursos propios del municipio de Medellín, le resulta aplicable lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 71 de 1988, conforme al cual, el pago de
la pensión se encuentra condicionado al retiro definitivo del servicio, sin que
exista norma que autorice la concurrencia entre ambas asignaciones en el
caso concreto.

27. Señaló que, la excepción prevista en el literal g) del artículo 19 de la Ley
4ª de 1992, no resulta aplicable, en tanto —a su juicio— dicha prerrogativa
solo cobija a los docentes pensionados con anterioridad a la entrada en
vigencia de dicha ley, lo que no ocurre en el presente asunto.

28. Asimismo, afirmó que, acceder a las pretensiones de la demanda vulnera
los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad del sistema pensional,
al permitir el reconocimiento de prestaciones sin sujeción a las reglas de
cotización y equilibrio del sistema; por lo que, solicitó revocar la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

5. Trámite de segunda instancia

29. Con auto del treinta (16) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el
consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada y en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa
de alegaciones y ordenó que, una vez ejecutoriada la providencia, el
expediente regresara al despacho para proferir la decisión correspondiente.

6. Concepto del Ministerio Público.

8
Índice 00012 expediente digital – Samai.

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Número Interno: 5197-2023
Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - Fomag.

30. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto, de conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, el Juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala determinar: (i) si la señora María Ernestina Galvis de
Miranda, en su condición de docente vinculada con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, tiene derecho a disfrutar la pensión de
jubilación en concurrencia con el salario derivado de la actividad docente, sin
que sea exigible el retiro del servicio, como lo concluyó el Tribunal, o si, por el
contrario, el pago de la prestación debía supeditarse al retiro definitivo del
servicio, en los términos del artículo 8 de la Ley 71 de 1988 y de la prohibición
contenida en el artículo 128 de la Constitución Política, como lo sostiene la
entidad demandada.

33. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1 Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

34. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional

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Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda
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de Prestaciones Sociales del Magisterio, ha sido históricamente exceptuado
del Sistema General de Pensiones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 279
de la Ley 100 de 1993, el cual, excluyó expresamente a dicho grupo
poblacional, de la aplicación del sistema general.

35. Esta exclusión, encuentra fundamento en la existencia de un régimen
especial, previamente establecido por la Ley 91 de 1989, mediante la cual, se
creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el
propósito de administrar y financiar las prestaciones sociales de los docentes
oficiales.

36. En desarrollo de lo anterior, dicha normativa, diseñó un esquema particular
de financiación y reconocimiento prestacional, diferenciando el régimen
aplicable a los docentes según su vinculación, así como, las reglas para el
reconocimiento de sus derechos pensionales.

37. Posteriormente, la Ley 812 de 2003, introdujo una modificación sustancial
al establecer que, los docentes vinculados con posterioridad a su entrada en
vigencia, se regirían por el régimen de prima media previsto en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con la particularidad, de una edad pensional unificada
de cincuenta y siete (57) años.

38.En concordancia con lo anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005, reafirmó la
coexistencia de dos regímenes pensionales para los docentes oficiales, cuya
aplicación depende de la fecha de vinculación al servicio educativo; de
acuerdo con ello, se tiene que: (i) los docentes vinculados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se rigen por el régimen
prestacional anterior, esto es, el previsto para los servidores públicos del orden
nacional, en particular las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989; y (ii) aquellos
vinculados con posterioridad, se someten al régimen de prima media del
Sistema General de Pensiones.

2.3.2 Compatibilidad entre pensión de jubilación y salario en el régimen
del magisterio.

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39. En lo que respecta a la compatibilidad, entre la pensión de jubilación y el
salario derivado del ejercicio de la docencia oficial, el ordenamiento jurídico ha
consagrado una excepción a la prohibición general de doble asignación del
tesoro público, prevista en el artículo 128 de la Constitución Política.

40. En efecto, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, dispuso que, las
prestaciones reconocidas a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración».

41. Asimismo, dicha compatibilidad encuentra sustento en disposiciones
anteriores, como el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 y el literal g) del artículo
19 de la Ley 4ª de 1992, normas que, han sido interpretadas por la
jurisprudencia de esta Corporación, como una garantía que permite a los
docentes, percibir simultáneamente la pensión de jubilación y el salario.

42. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Judicatura ha reiterado que, el
disfrute de la pensión de jubilación de los docentes oficiales, no puede
condicionarse al retiro del servicio, en tanto, la compatibilidad entre ambas
asignaciones, constituye una característica propia del régimen especial del
magisterio.

43. En consecuencia, no resulta jurídicamente procedente, supeditar el
reconocimiento o pago de la pensión de jubilación al retiro definitivo del servicio
docente, cuando se trata de educadores cobijados por dicho régimen especial.

2.4 Hechos probados.

44. Procede la Sala, a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento, frente al marco normativo que regula la materia. En ese sentido,
de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente y con los hechos
constatados en el proceso, se destacan los siguientes:

45. Obra Resolución No. 201750007375 del Doce (12) de septiembre de Dos

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Mil Diecisiete (2017)9, mediante la cual, se reconoció la pensión de jubilación
a la señora María Ernestina Galvis de Miranda, fijando como fecha de
adquisición del estatus pensional, el Veinticinco (25) de abril de Dos Mil
Diecisiete (2017), y condicionando el disfrute de la prestación a la acreditación
del retiro definitivo del servicio.

46. Obra Resolución No. 201850046460 del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil
Dieciocho (2018)10, mediante la cual, la entidad demandada negó el pago de
la pensión de jubilación, desde la causación del estatus pensional, al reiterar
la exigencia del retiro definitivo del servicio, para efectos del disfrute de la
prestación.

2.5. Caso concreto

47. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el
análisis del caso concreto, a partir de las reglas previamente fijadas en torno
al régimen pensional docente y, en particular, sobre la compatibilidad entre la
pensión de jubilación y el salario derivado del ejercicio de la docencia oficial.

48. Como punto de partida, debe reiterarse que, conforme al marco normativo
y jurisprudencial expuesto, los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, se encuentran cobijados por el
régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989, en concordancia con las Leyes
33 de 1985 y 62 de 1985, lo que, además, comporta la aplicación de las reglas
propias de dicho sistema, entre ellas, la posibilidad de compatibilizar la pensión
de jubilación con el salario.

49. En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en
señalar que, la compatibilidad entre pensión y salario en el régimen docente,
constituye una excepción expresa, a la prohibición general, contenida en el
artículo 128 de la Constitución Política, en tanto, como lo ha indicado esta
Judicatura, «…el reconocimiento de la pensión de jubilación se debe efectuar sin necesidad
de demostrar el retiro definitivo del servicio, teniendo en cuenta que: i) el régimen especial

9
Expediente digital – Samai – índice 7 – ED_C01_01 DEMANDA-CON PODER Y ANEXOS (.pdf) NroActua 7. – folio
22 a 26.
10
Expediente digital – Samai – índice 7 – ED_C01_01 DEMANDA-CON PODER Y ANEXOS (.pdf) NroActua 7. –
folio 27 a 30.

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docente lo permite; y ii) el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 no restringe tal compatibilidad, antes
bien, mantiene los beneficios otorgados a los docentes pensionados. ».11

50. Precisado lo anterior, corresponde verificar, si la señora María Ernestina
Galvis de Miranda, se encuentra dentro del supuesto fáctico y jurídico que
habilita la aplicación de dicha regla. De acuerdo con el material probatorio
obrante en el expediente, se encuentra acreditado que, la demandante se
vinculó al servicio docente el Veintinueve (29) de marzo de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003 [Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003)].

51. En consecuencia, para la Sala no existe duda, en cuanto a que, su
situación pensional se rige por el régimen especial anterior, esto es, el previsto
en la Ley 91 de 1989, lo que implica que, le resultan aplicables las
disposiciones que, permiten la compatibilidad entre la pensión de jubilación y
el salario derivado de la actividad docente, sin que ello implique que la
compatibilidad entre pensión y salario sea una prerrogativa exclusiva de dicho
grupo de docentes.

52. Bajo ese entendimiento, la Sala advierte que, la entidad demandada,
mediante la Resolución No. 201750007375 del Doce (12) de septiembre de
Dos Mil Diecisiete (2017), si bien reconoció la pensión de jubilación a la actora,
condicionó su disfrute al retiro definitivo del servicio, exigencia que fue
reiterada en la Resolución No. 201850046460 del Veintiséis (26) de junio de
Dos Mil Dieciocho (2018), mediante la cual, se negó el pago de la prestación
desde la causación del estatus pensional.

53. Tal condicionamiento, a juicio de la Sala, desconoce abiertamente el
régimen jurídico aplicable, pues, introduce una restricción, que no se
encuentra prevista en las normas que gobiernan la materia, para los docentes;
en efecto, como se expuso en el acápite normativo, la compatibilidad entre
pensión y salario en el régimen del magisterio, no solo tiene respaldo legal
expreso —artículo 279 de la Ley 100 de 1993—, sino que, ha sido

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del catorce
(14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), C.P. César Palomino Cortés, Rad. 05001-23-33-000-2016-02542-01
(3475-2023).

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Demandante: María Ernestina Galvis de Miranda
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reiteradamente reconocida por la jurisprudencia, en el sentido que, no resulta
jurídicamente factible, supeditar el disfrute de la prestación al retiro del
servicio.

54. En el mismo sentido, esta Subsección, en un asunto con supuestos fácticos
y jurídicos análogos, precisó que12:

«[…] Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en
asuntos con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros
oficiales pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que
incurran en ninguna incompatibilidad.

De suerte que, el personal docente está exceptuado de la prohibición de doble
asignación del tesoro público, consagrada en el artículo 128 de la Constitución
Política, en atención a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
situación que ha permanecido en el tiempo desde la promulgación del Decreto
224 de 1972, inclusive; en ese orden, aquellos pueden seguir ejerciendo la
docencia y percibir, además, su mesada pensional. […]»

55. Ahora bien, frente a los argumentos de la entidad demandada en el recurso
de apelación, la Sala advierte que, los mismos no tienen vocación de
prosperidad; en primer lugar, en relación con la invocación del artículo 128 de
la Constitución Política, debe señalarse que, dicha disposición consagra una
prohibición general de doble asignación del tesoro público, pero admite
excepciones expresamente previstas en la ley, como ocurre en el caso del
régimen especial docente, por lo que, su aplicación no puede hacerse de
manera aislada, desconociendo el marco normativo particular, que regula la
situación de los educadores oficiales.

56. En segundo lugar, en cuanto a la aplicación del artículo 8 de la Ley 71 de
1988, la Sala considera que, la interpretación propuesta por la entidad
demandada no resulta acertada, en tanto, dicha disposición regula la
efectividad de la pensión de jubilación por aportes, y no puede aplicarse de
manera prevalente para desvirtuar un régimen especial como el del magisterio,
que contempla reglas propias en materia de reconocimiento y disfrute de la
prestación.

12
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024) sentencia del 20 de noviembre de 2024. MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera. Ver también, Radicado: 05001-23-33-000-2019-01755-01 (1985-2024) sentencia del 30 de
enero de 2025. MP Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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57. En efecto, la citada norma prevé que, el retiro del servicio será exigible
únicamente cuando «este requisito sea necesario para gozar de la pensión», lo que
implica que, el propio legislador reconoció la existencia de excepciones a dicha
exigencia; en ese sentido, tratándose del régimen especial docente, dicha
condición no resulta necesaria, en la medida en que, el ordenamiento jurídico
ha previsto expresamente la compatibilidad entre pensión y salario, razón por
la cual, no es procedente exigir el retiro como requisito para el disfrute de la
prestación.

58. Así las cosas, no es jurídicamente admisible trasladar de manera
automática una exigencia prevista en un régimen general o diferente, a un
régimen especial que cuenta con disposiciones expresas que regulan de
manera distinta la materia.

59. En tercer lugar, frente al argumento según el cual, la excepción prevista en
el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, solo cobija a los docentes
pensionados con anterioridad a su vigencia, la Sala reitera que, la
jurisprudencia de esta Corporación, ha descartado tal interpretación restrictiva,
al precisar que, esa disposición debe entenderse en armonía con las normas
anteriores que consagran la compatibilidad, de modo que, su alcance no se
circunscribe exclusivamente, a situaciones consolidadas antes de su
expedición.

60. En consecuencia, la Sala concluye que, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, acertó al declarar la nulidad parcial de la Resolución No.
201750007375 del Doce (12) de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017) y la
nulidad total de la Resolución No. 201850046460 del Veintiséis (26) de junio
de Dos Mil Dieciocho (2018), al evidenciar que, la entidad demandada,
condicionó indebidamente el disfrute de la pensión al retiro del servicio,
desconociendo el régimen especial aplicable a la demandante.

61. Ahora bien, la Sala observa que, existe una inconsistencia, entre los
hechos expuestos en la demanda y la orden de restablecimiento del derecho,
adoptada en primera instancia, en tanto se indicó que, la demandante fue

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retirada del servicio en el mes de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), y las
pretensiones se limitaran al reconocimiento de mesadas causadas hasta esa
fecha; sin embargo, el Tribunal dispuso el pago de la pensión « hasta la
actualidad».

62. No obstante, aun cuando dicho aspecto, no fue objeto del recurso de
apelación, la Sala, considera procedente, efectuar un ajuste en la orden
impartida, en aras de acompasarla con los supuestos fácticos del proceso y el
ordenamiento jurídico aplicable; sin que ello, comporte una afectación al
apelante único, en tanto no agrava su situación.

63. En consecuencia, la Sala precisará que, el reconocimiento y pago de las
mesadas pensionales, deberá efectuarse, desde la fecha de adquisición del
estatus pensional y hasta el retiro definitivo del servicio, periodo durante el
cual, la prestación será compatible con el salario devengado por la actora, y
se liquidará, con base en el promedio de lo devengado, durante el año anterior
a la consolidación del estatus pensional.

64. A partir del retiro del servicio, la demandante tendrá derecho al disfrute
exclusivo de la pensión, la cual, deberá ser reliquidada con fundamento en el
promedio de lo devengado, durante el último año de servicios, en caso de no
haberse efectuado previamente su inclusión en nómina en debida forma.

65. Por lo anterior, la Sala confirmará parcialmente, la sentencia de primera
instancia, en lo que fue objeto de apelación, con la modificación introducida en
esta providencia, en relación con el alcance temporal, del reconocimiento
pensional.

2.6 Condena en costas

66. Revisado la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Doce (12) de julio de
Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo, de la sentencia del Doce (12) de
julio de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala Sexta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará así:

«SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento
del derecho, SE CONDENA a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN -
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a
reconocer el derecho al disfrute de la pensión de jubilación de la señora MARIA
ERNESTINA GALVIS DE MIRANDA desde el 25 de abril de 2017, fecha de
adquisición del derecho pensional, sin condicionar el goce de la prestación al
retiro definitivo del servicio docente, pagando las mesadas causadas desde esa
fecha y hasta el retiro definitivo del servicio, periodo durante el cual, la
prestación será compatible con el salario devengado por la actora y se liquidará
con base en el promedio de lo devengado durante el año anterior a la
consolidación del estatus pensional.

A partir del retiro definitivo del servicio, la demandante tendrá derecho al
disfrute exclusivo de la pensión, la cual deberá ser reliquidada con fundamento
en el promedio de lo devengado durante el último año de servicios, en caso de
no haberse efectuado previamente su inclusión en nómina en debida forma.
Las sumas reconocidas serán actualizadas, de conformidad con la fórmula
expuesta en la parte motiva de esta providencia y aplicando los ajustes de ley.»

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Una vez en firme esta sentencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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