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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01250-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
3 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01250-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente con
posterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2. Las vinculaciones a instituciones de
educación superior no pueden considerarse tiempos de servicio a la docencia oficial,
para efectos de aplicación de la Ley 812 de 2003. Subtema 3. Condena en costas.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 17 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Jaime Oswaldo Vela Vargas solicitó la nulidad del acto administrativo ficto a
través del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento de una pensión de
jubilación. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento
y pago de esta según el régimen previsto en la Ley 91 de 1989, toda vez que se vinculó
al servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. El Tribunal
negó las súplicas de la demanda, al considerar que como el accionante se vinculó al
servicio de la docencia oficial en el año 2010, es decir, con posterioridad al 27 de junio
de 2003 (fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003), le era aplicable el régimen
de prima media previsto en la Ley 100 de 1993; de modo que le correspondía solicitar
la pensión en esos términos a la administración.

Esta Subsección confirmará la decisión anterior, comoquiera que el demandante no es
beneficiario de la pensión de jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988, en tanto se
vinculó al servicio oficial docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

de 2003. No obstante, si bien le es aplicable el régimen de prima media de las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, lo cierto es que, luego de verificados los requisitos exigidos
para el efecto, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el accionante
no acredita las 1.300 semanas de cotización requeridas.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 2 de julio de 20201, el señor Jaime Oswaldo Vela
Vargas, por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto que se configuró ante la no respuesta de la entidad accionada a la petición
presentada el 30 de octubre de 2019, por medio del cual le negó el reconocimiento y
pago de una pensión al señor Jaime Oswaldo Vela Vargas.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor del accionante, equivalente al
75% de todos los salarios y primas percibidas antes de la adquisición del estatus
pensional, esto es, el 29 de diciembre de 2017.

4. Solicitó que se condene al pago de las mesadas dejadas de cancelar desde la
fecha de consolidación del estatus pensional hasta la inclusión en nómina, sumas que
deberán ajustarse de acuerdo con el IPC; y de los intereses de mora por los valores
adeudados. También, que se dé cumplimiento al fallo según los artículos 192 y 195
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso–Administrativo (en
adelante CPACA); y se condene en costas a la parte vencida como lo señala el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

1 Acta de reparto de la fecha, vista en Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35,

expediente digital, archivo 22_ED_7600123330002020(.zip), documento 03 ACTA DE REPARTO.
2 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo

22_ED_7600123330002020(.zip), documento 01 DEMANDA JAIME OSWALDO VELA.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

6. El señor Jaime Oswaldo Vela Vargas nació el 29 de diciembre de 1961 y realizó
aportes al ISS entre el «1 de enero de 1980 y el 30 de diciembre de 2012». A partir del
6 de julio de 2010, fue nombrado para prestar servicios en calidad de docente oficial;
cargo que desempeñaba al momento de la presentación de la demanda, según lo
señaló.

7. El 30 de octubre de 2019 presentó solicitud ante la entidad accionada con el fin
de que se le reconociera una pensión de jubilación, bajo el régimen previsto en la Ley
91 de 1989, por cuanto se vinculó al servicio con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003. No obstante, la entidad no dio respuesta alguna.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Ley 33 de 1985, artículo 1, inciso 2.
• Ley 91 de 1989, artículo 15, numerales 1 y 2.
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 115 de 1993, artículo 115.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.

8. Adujo que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados y aquellos nombrados
desde el 1 de enero de 1990 tenían derecho, mientras cumplieran con los requisitos,
a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional.

9. Indicó que posteriormente se expidió la Ley 812 de 2003, que en el artículo 81
dispuso que a los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma les
es aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, y la Ley 71 de
1988. En cambio, aquellos educadores que ingresen por primera vez al magisterio
oficial a partir del 27 de junio de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.

10. Afirmó que el señor Jaime Oswaldo Vela Vargas se vinculó al servicio antes del
«23 de junio de 2003», por lo tanto, tiene derecho al reconocimiento de una pensión
de jubilación bajo el régimen establecido en la Ley 91 de 1989.

11. Sostuvo que el acto administrativo acusado vulneró las normas en que debía
fundarse. A su vez, manifestó que con la expresión «vinculados», prevista en la Ley
812 de 2003, se quiso proteger la situación de los docentes que tuvieran tiempo de

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

servicio anterior a su entrada en vigor, aun cuando este no fuera como empleado
público docente.

2.2. Contestación de la demanda

12. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio expuso las siguientes consideraciones3.

13. Afirmó que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de su aplicación al
personal docente afiliado al Fomag, que está cobijado por el régimen pensional
previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por lo tanto, tampoco son beneficiarios
del régimen previsto en el artículo 36 de la Ley 100.

14. Indicó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de su
entrada en vigor —27 de junio de 2003—, a los docentes oficiales les era aplicable el
régimen pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
a excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres. Asimismo, previó que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, aplicaría el
régimen prestacional de la Ley 91 de 1989.

15. Adujo que el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 previó que tienen derecho a
una pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más si es varón, o
55 años o más si es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de
cotizaciones en el ISS y en una o varias de las entidades de previsión social del sector
público. Dicha pensión debe liquidarse con el 75% del salario que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios, según el artículo 6 ibidem.

16. Manifestó que los docentes, según las leyes 91 de 1989 y 60 de 1993, tienen la
posibilidad de percibir dos erogaciones con cargo al tesoro público, de manera que la
pensión de jubilación, la pensión gracia y el salario son compatibles.

17. Aseveró que en el caso concreto no resulta viable el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación por aportes a favor del accionante, toda vez que se vinculó
al servicio de la docencia oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003. Por tal razón el régimen pensional que le resulta aplicable es el de prima
media, previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

18. Solicitó que no se condene en costas a la entidad, toda vez que no se desvirtuó
la presunción de buena fe con la que ha actuado dentro del trámite procesal,

3 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 15, expediente digital, archivo
9_CONTESTACIONDEDEMANDA_ILOVEPDF_MERGED15(.pdf).

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Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

considerando que según lo ha estudiado el Consejo de Estado, el criterio de valoración
de dicha condena no es objetivo4.

2.3. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 17 de mayo
de 2023, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas.
La providencia se fundó en los siguientes argumentos5:

20. Subrayó que el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019 definió que a los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fomag, les aplica el régimen pensional de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos
en este, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

21. Indicó que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición
con el fin de garantizar a las personas con expectativas legítimas de pensionarse,
hacerlo con las condiciones de edad, tiempo y tasa de reemplazo de la legislación
anterior. Para ello debía acreditarse 35 años o más si es mujer, o 40 años o más si es
hombre, o 15 años de servicios cotizados al momento de la entrada en vigor de la ley.
No obstante, el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia de todos los regímenes
de transición hasta el 31 de julio de 2010.

22. Descendiendo al caso concreto, el Tribunal adujo que el accionante demostró
965,29 semanas cotizadas a Colpensiones, incluidos tiempos privados y públicos.
Además, probó que a través de la Resolución 709 del 6 de julio de 2010, el
departamento del Valle del Cauca lo nombró en periodo de prueba en el cargo de
docente, y con posterioridad, mediante la Resolución 1388 del 9 de junio de 2011, en
propiedad, habiéndose posesionado el 13 de junio de 2011.

23. Sostuvo que la certificación aportada, expedida por el Instituto de Educación
Técnica Profesional en el año 1992, no acredita que el demandante se haya vinculado
al servicio público educativo oficial antes de la expedición de la Ley 812 de 2003. Ello
toda vez que la ley hace referencia a la educación básica primaria y secundaria; no
obstante, dicho instituto es de educación técnica, conforme lo determinó el Decreto
1093 de 1979, que lo creó.

24. Aclaró que, si bien el accionante se vinculó al sistema de pensiones en 1981, lo
relevante para definir su derecho pensional en aplicación de las leyes 33 de 1985 o 71
de 1988 es su afiliación al Fomag, la cual ocurrió en el año 2010 cuando ingresó al
servicio público educativo oficial. Por ende, como se vinculó con posterioridad a la

4 No se referenció providencia alguna.
5 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 29, expediente digital, archivo
18_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf).

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Sociales del Magisterio

entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 su régimen pensional es el establecido en la
Ley 100 de 1993, excepto la edad que corresponde a los 57 años.

25. Precisó que para el 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigor de la Ley 100),
el demandante prestaba sus servicios al ingenio Riopaila S.A., tenía 32 años y había
cotizado 197 semanas al régimen de prima media, razón por la cual no es beneficiario
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por lo anterior, sostuvo
que concernía a la parte accionante solicitar a la administración el reconocimiento de
la pensión una vez acreditara los requisitos exigidos en la referida ley.

26. Decidió condenar en costas al demandante por resultar vencido en primera
instancia, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

2.4. Recurso de apelación

27. La parte accionante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos6:

28. Alegó que según se probó en el expediente, el peticionario prestó sus servicios
como docente en el Instituto de Educación Técnica Nacional el 18 de noviembre de
1992. Además, ostentó un vínculo laboral como servidor público de la Universidad del
Valle y el departamento del Valle del Cauca por más de 10 años.

29. Aseguró que las funciones que ha desempeñado en calidad de docente «al
servicio del magisterio no han cambiado, sino que simplemente ha variado su
denominación bajo la modalidad de contratación, formalizando la misma en atención
a los parámetros rigurosos que con el paso del tiempo impuso la ley y la jurisprudencia
para este tipo de relaciones».

30. Subrayó que el demandante ha prestado sus servicios con anterioridad al «23
de junio de 2003» y desde ese entonces se entiende como vinculado para efectos del
cumplimiento del artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Al respecto, mencionó que la
expresión «vinculados» que se encuentra en esa ley pretende proteger a los docentes
que tuvieron tiempo de servicio anterior, como es su caso.

31. Añadió que según la sentencia del 16 de marzo de 2017 dictada por esta
corporación, al personal docente vinculado a partir de la vigencia de la Ley 812 de
2003 le es aplicable el régimen pensional de prima media de las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003. Por su parte, a los vinculados con anterioridad a tal disposición se les
aplica la normativa anterior.

6 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 48, expediente digital, archivo
31_MemorialWeb_Recurso(.pdf).

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Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

32. Reiteró que el señor Jaime Oswaldo Vela Vargas ha prestado sus servicios a la
docencia oficial desde antes del 26 de junio de 2003, a través de contratos de
prestación de servicios, por tal motivo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo
de Estado7, dicho tiempo es válido para efectos pensionales. En tal sentido, solicitó
que se tenga por cierta la relación laboral que se deduce a partir de las pruebas
allegadas al expediente, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formas.

33. Solicitó que se reconozca una pensión de jubilación a favor del demandante con
fundamento en la Ley 71 de 1988, comoquiera que «su vinculación al servicio data del
18 de noviembre de 1992 en el departamento del Valle del Cauca y el inicio en el
magisterio desde el 3 de diciembre de 2010».

34. Pidió que se revoque la condena en costas, toda vez que la demanda se
presentó de buena fe, con fundamentos de hecho y de derecho. Además, dicha
condena no opera de manera objetiva, sino que está sujeta a la valoración que haga
el juez sobre la conducta de la parte vencida, según lo ha definido esta corporación8.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

35. Mediante auto del 24 de agosto de 20249, corregido en providencia del 19 de
diciembre de 202510, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte
demandante y se prescindió del traslado para alegar de conclusión, en aplicación de
la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda instancia.

36. En escrito presentado el 5 de marzo de 2025, la parte demandante solicitó que
se acceda al reconocimiento de la pensión que le sea más favorable al señor Jaime
Oswaldo Vela Vargas, en virtud del principio pro homine. Esto, teniendo en cuenta,
además, que según la jurisprudencia del Consejo de Estado11, en el caso de los
docentes el salario es compatible con la pensión12.

2.6. Ministerio Público

37. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto13.

7 No se referenció sentencia alguna.
8 No se referenció providencia alguna.
9 Samai, índice 05, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
10 Samai, índice 14, expediente digital, archivo 11Autoquedispon_31082024AutoCorrigeA(.pdf).
11 Citó, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, exp.

25000-23-42-000-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
12 Samai, índice 11, expediente digital, archivo 8_MemorialWeb_PeticiOn-202001250JAIMEO(.pdf).
13 Samai, índice 08, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
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Sociales del Magisterio

3. Consideraciones

3.1. Competencia

38. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

39. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

40. ¿El demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le
reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes, con fundamento en la Ley
71 de 1988, teniendo en cuenta que se vinculó por primera vez al servicio del Instituto
de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003?

41. En caso negativo, ¿el accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de vejez en aplicación de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

42. ¿El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca debía analizar la conducta de la
parte vencida en juicio para disponer sobre la condena en costas?

43. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen pensional de los
maestros oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019; (3) el reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los
docentes; (4) la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente; y (5)
la condena en costas.

44. A partir de las anteriores consideraciones (6) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (7) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos propuestos.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

45. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

46. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198914, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

47. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

48. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

49. Sin embargo, la Ley 812 de 200315 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros.
Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta».

14 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
15 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

50. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201916

51. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

52. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:

53. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

16 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).

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Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

54. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1.° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (a) el periodo del último año de
servicio docente y (b) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

55. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)17.

56. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

17 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

57. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%18, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (a) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (b) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

58. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

59. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección19, tales como:

(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(b) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra

18 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
19 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

60. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.3.3. Del reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los
docentes

61. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral,
acumulando aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión en punto a si podían acceder a
los beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.

62. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de
la Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente —Ley
33 de 1985 —, especialmente cuando no alcanzan el tiempo de servicio requerido
exclusivamente en el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar
sus aportes en diferentes sectores.

63. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión
por aportes, con los siguientes requisitos según su artículo 7:

• Para mujeres: 55 años.
• Para hombres: 60 años.
• 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de
previsión social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).
• Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.

64. Con respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que

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reglamentó esta ley, establece en sus artículos 620 y 8 que la pensión se liquida con el
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios. Ello, con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 198521 y demás
normas especiales que creen emolumentos con carácter de factor salarial, y que, en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

65. Ahora bien, en relación con la liquidación de la pensión, debe tenerse en cuenta
que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que
los factores que se debían tener en cuenta para tal efecto son «[la] asignación básica,
[los] gastos de representación; [las] primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; [los] dominicales y feriados; [las] horas extras; [la] bonificación por
servicios prestados; y [el] trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en
día de descanso obligatorio». La norma citada también previó que, «[e]n todo caso, las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre
los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

66.En ese sentido, para la definición del IBL, en atención a lo previsto en la referida
norma, se han desarrollado dos interpretaciones en relación con los factores que se
deben incluir en la liquidación de la pensión, como se explica a continuación:

(1) Una que concluye que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado
taxativo de los factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando
sobre ellos se hayan realizado aportes a seguridad social. Esto motivado en
los antecedentes de la señalada disposición, que apuntaban a la necesidad
de precisar los conceptos que debían servir de base para la liquidación de
la pensión.
(2) Otra que estima que ese listado no es excluyente, en tanto se admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido
reconocidos normativamente como factores salariales por la autoridad
competente, y servido de base para las cotizaciones a seguridad social; lo
que atiende al contenido integral del artículo 1 de la Ley 62, que en su
primera parte relacionó los principales factores a tener en cuenta, y, en la
segunda, dejó a salvo la posibilidad de incluir los que hayan servido de base
para calcular los aportes a seguridad social.

67. Así, la Sala aplicará la segunda postura, en la medida en que, bajo el principio de
favorabilidad, integra las distintas partes de la norma, y permite un margen de
protección reforzado para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando
factores adicionales a los señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como

20 La referida norma fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997. Sin embargo, esta Sección, mediante

sentencia del 15 de mayo de 2014 declaró su nulidad parcial, puntualmente «en la parte que derogó el artículo 6
del Decreto 2709 de 1994». // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 15 de mayo de 2014, exp. 11001-03-25-000-2011-00620-00(2427-11), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
21 En aplicación del artículo 11 de la Ley 71 de 1988.

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base de cotización por normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del
sistema, toda vez que debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se efectúen
los aportes correspondientes.

68. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones»,
y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de agosto de 2018
de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, en la que
frente a la reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de 1985, por aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que22:

«La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».

69. Ahora bien, retomando la discusión existente sobre la pensión por aportes, esta
Subsección recientemente, mediante sentencia del 30 de enero de 2025 23, expuso
cinco razones fundamentales por las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los
docentes, a saber:

(1) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía
la aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional».
(2) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de
todos los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la remisión
que hace la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos pensionales de los
docentes, al régimen del sector público nacional.
(3) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normativa que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que no
pueden ser desconocidos a ningún servidor público.
Dicho de otro modo, excluir a los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988
supondría suprimir uno de estos derechos esenciales, al impedirles completar
el requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de aportes en
sectores público y privado.
(4) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su vida
laboral la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios
pensionales.
(5) Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, exp. 52001-23-

33-000-2012-00143-01, M.P. Cesar Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la
Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un
régimen especial de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado normativo que
establece una excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda
gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91
de 1989 se expidieron con posterioridad».

70. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, de pensionarse exclusivamente con tiempo público
bajo la Ley 33 de 1985. Por el contrario, constituye una opción adicional y favorable
para aquellos docentes que han acumulado tiempos tanto en el sector público como
en el privado. Esta interpretación se alinea con el principio de favorabilidad en materia
laboral, pues amplía las posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya
existentes.

71. En conclusión, en la sentencia antes mencionada se precisó que la Ley 71 de 1988
es aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» al que remite la
Ley 91 de 1989. La Ley 71 de 1988 establece una modalidad pensional que requiere
55 años para mujeres y 60 para hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser
acumulados entre el sector público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará
con el 75% del promedio del salario que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios.

72. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de 2025
se pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con anterioridad
a la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en ella no pueden
entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de 1988 a quienes
iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de 2003. Esto se debe
a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del régimen de transición de
que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial, cuando la normativa anterior
resulta más favorable.

73. Lo antedicho supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado
artículo 36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de
lo Contencioso-Administrativo de esta corporación24, la aplicación de normas
anteriores (v.gr. la Ley 71) en cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de
los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, exp. 52001-23-

33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.

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3.3.4. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

74. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades25, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(1) El Decreto 224 de 197226 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia no
sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.

(2) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197927 que señaló que el goce de la pensión no
sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se advierte, fue
declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 20
febrero de 1981.

(3) La Ley 60 de 199328 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia29, esta compatibilidad
al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía este beneficio.

(4) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2.° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(5) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley 4
de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro público,
consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual tratándose del
régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que no hace alusión a
25 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, exp. 15001

23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, exp. 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023, M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-
42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, exp. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-
33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
26 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
27 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
28 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
29 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

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los docentes pensionados para el momento en que entró en vigor la norma, sino a las
disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a los docentes pensionados.
Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de 201930 se reiteró:

Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

(6) El artículo 1931 de la Ley 344 de 199632, al dejar a salvo lo dispuesto en las leyes
91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se desprende la
compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio
docente»33.
(7) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4534 del Decreto 1278
de 200235, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-1157 de
200336), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que no fue
habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en providencia del 20 de
noviembre de 202437 indicó:
Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública38.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

75. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea

31 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
32 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
34 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,

el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
35 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
36 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20

de noviembre de 2024, exp. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
38 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

vinculados con anterioridad39 o posterioridad40 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

76. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.

77. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.

3.3.5. De la condena en costas

78. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»41. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»42.

79. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En esta
providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes vinculados
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
40 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y
pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de
la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
42 Ibidem.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
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Sociales del Magisterio

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

3.3.5.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas

80. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 43 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»44.

81. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso45, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»46.

82. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes47. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o mala
fe de las partes. Al respecto, esta Subsección48 ha precisado lo siguiente:

43 https://dle.rae.es/disponer.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
48 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición

de la Ley 2080 de 2021: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; y (iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.

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[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas
del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)49.

3.3.5.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas

83. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

84. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».

85. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo50 para su imposición (adoptado
desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo

49 Ibidem.
50 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández

Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. […]».
Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
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365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual se
impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento51.

86. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»52.

3.3.5.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado

87. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente 53),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.

3.4. Hechos probados relevantes

88. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

51 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección
Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y iii) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de

diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
53 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024)
Demandante: Jaime Oswaldo Vela Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

89. El señor Jaime Oswaldo Vela Vargas nació el 29 de diciembre de 1961, según
copia del registro civil de nacimiento54, por lo tanto, para el 30 de octubre de 201955,
fecha de la reclamación pensional ante la entidad accionada, contaba con 57 años.

90. El demandante cotizó al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), hoy
Colpensiones, durante 965,29 semanas, por los servicios prestados en los sectores
público y privado, en periodos comprendidos entre el 9 de julio de 1980 y el 31 de
mayo de 2015, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones de dicha
entidad, actualizado a 3 de febrero de 2019, que obra en el expediente56.

91. El 6 de julio de 2010, a través de la Resolución 709, el accionante fue nombrado
en periodo de prueba, en el cargo de docente al servicio del Departamento de Valle
del Cauca, para prestar servicios en el IE Nuestra Señora de Chiquinquirá del
municipio de Roldanillo. Posteriormente, mediante la Resolución 1388 del 9 de junio
de 2011, fue nombrado en propiedad en el mismo cargo e institución educativa;
habiéndose posesionado el 13 de junio de 2011, según el acta 627 que reposa en el
plenario57.

92. El peticionario, al momento de la solicitud pensional, acreditó que prestó sus
servicios como docente a la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del
Cauca, a partir del 5 de agosto de 2010 (como fecha de posesión) y hasta el 23 de
septiembre de 201958, esto es, durante 9 años, 1 mes y 19 días, que equivalen a
469,86 semanas, conforme al formato único para la expedición de certificado de
historia laboral expedido por el Fomag en esa última fecha59.

93. Al respecto, se advierten superposición de tiempos entre lo reportado por
Colpensiones como cotizado al ISS del 5 de agosto de 2010 al 31 de mayo de 2015
(periodos interrumpidos que equivalen a 187,09 semanas60), y lo certificado por el
Fomag, pues se tiene que el demandante ha laborado como docente afiliado al fondo
de manera continua desde el 5 de agosto de 2010 y hasta el 23 de septiembre de
2019.

54 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo
22_ED_7600123330002020(.zip), documento 02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, pág. 11.
55 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo

22_ED_7600123330002020(.zip), documento 02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, págs. 4 a 8.
56 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo

22_ED_7600123330002020(.zip), documento 02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, págs. 30 a 41.
57 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo

22_ED_7600123330002020(.zip), documento 02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, págs. 21 a 25.
58 Fecha en la que se emitió el certificado, teniendo en cuenta que para entonces, según se indicó, el accionante

se encontraba vinculado al servicio docente.
59 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo

22_ED_7600123330002020(.zip), documento 02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, págs. 13 a 15.
60 Total que se obtiene dada la sumatoria efectuada del reporte de semanas cotizadas por el demandante entre el

5 de agosto de 2010 y el 31 de mayo de 2015, según el certificado emitido por Colpensiones actualizado al 3 de
febrero de 2019, que obra en Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente
digital, archivo 22_ED_7600123330002020(.zip), documento 02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, págs. 32 a 33.

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94. Así, se hace necesario descontar el periodo de 187,09 semanas, del tiempo
cotizado al ISS —965,29 semanas—; de manera que se tendrá como total del
reporte de Colpensiones, 778,2 semanas, que equivalen a 15 años, 1 mes y 17 días.

95. Conforme la certificación suscrita por la pagadora del Instituto de Educación
Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, el 18 de noviembre de 1992, que obra en el
expediente, el accionante prestaba sus servicios como profesor a la institución para
esa fecha61.

96. El 30 de octubre de 2019 el demandante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación62. No obstante, no se dio
respuesta alguna a la petición.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

3.5.1. El régimen aplicable a la situación pensional del demandante

97. La parte demandante, en el recurso de apelación, afirmó que el señor Jaime
Oswaldo Vela Vargas se vinculó al servicio de la docencia oficial antes de la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, en tanto prestó sus servicios al servicio del Instituto de
Educación Técnica Profesional el 18 de noviembre de 1992. Por consiguiente, es
beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988 y tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, al acreditar más de 55 años y 20
de servicios en los sectores privado y público.

98. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de primera
instancia negó el reconocimiento y pago de las pensiones previstas en las leyes 33 de
1985 y 71 de 1988, al considerar que como el demandante se vinculó al servicio público
educativo oficial por primera vez en el año 2010, es decir, en vigencia de la Ley 812
2003, su régimen pensional es el previsto en la Ley 100 de 1993. Al respecto, precisó
que la vinculación del demandante en el año 1992 al Instituto de Educación Técnica
Profesional de Roldanillo, Valle, no podía tenerse en cuenta, por cuanto no se trata de
un plantel de educación básica primaria ni secundaria, conforme lo exige la ley.

99. Por ende, el primer problema jurídico propuesto se formuló alrededor de si el
demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le reconozca
y pague una pensión de jubilación prevista en la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta
que se vinculó al servicio del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

61 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo
22_ED_7600123330002020(.zip), documento 02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, pág. 28.
62 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo

22_ED_7600123330002020(.zip), documento 02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, págs. 4 a 8.

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100. Ahora bien, revisado el expediente, se logró probar que el señor Jaime Oswaldo
Vela Vargas se vinculó por primera vez al servicio docente oficial, el 5 de agosto de
2010, es decir, después de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de
2003). Esto, conforme al formato único expedido el 23 de septiembre de 2019 emitido
por la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca63, allegado por
la parte demandante y sobre el que no existe controversia alguna, por cuanto no fue
tachado de falso.

101. Sobre el particular, pese a que se observa que el accionante prestó servicios
como profesor al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo el 18 de
noviembre de 1992, según el certificado suscrito por la pagadora de la institución,
obrante en el expediente64, lo cierto es que dicha vinculación no corresponde a la
prestación del servicio público educativo oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 81
de la Ley 812 de 2003.

102. Lo anterior, toda vez que el Instituto de Educación Técnica Profesional de
Roldanillo, Valle del Cauca, es una institución de educación superior65 que cuenta
desde sus inicios con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente (art. 2 Decreto 1027 de 198966), razón por la cual ha gozado de un
régimen especial de organización y funcionamiento, que hoy está previsto en el artículo
69 de la Constitución Política67 y en la Ley 30 de 199268. Así las cosas, no se encuentra
sujeto al régimen del magisterio establecido para la educación preescolar, básica y
media.

103. En tal sentido, la vinculación del accionante a tal instituto no se considera un
ingreso a la docencia oficial, comoquiera que la naturaleza del plantel se distingue del
régimen dispuesto para los docentes del magisterio, establecido en la Ley 812 de
2003.

104. Sobre el tema se pronunció esta corporación en sentencia dictada el 12 de junio
de 2025, en la que se indicó que el tiempo servido a un ente universitario no puede
considerarse como un ingreso a la docencia oficial, en tanto el régimen que le rige

63 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo
22_ED_7600123330002020(.zip), documento 02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, págs. 13 a 15.
64 Samai, gestión otros despachos, 76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo

22_ED_7600123330002020(.zip), documento 02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, pág. 28.
65 El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo fue creado mediante el Decreto 1093 de 1979, como

puede consultarse en la página web oficial de la institución, link: https://www.redttu.edu.co/es/portfolio-
items/intep/#:~:text=Mediante%20el%20Decreto%201093%20del,educaci%C3%B3n%20superior%20del%20orde
n%20departamental.
66 «Por el cual se aprueba el Acuerdo 001 del 19 de diciembre de 1988, expedido por el Consejo Superior del

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, sobre adopción del Estatuto General de esa Institución».
67 «Artículo 29. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por

sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
[…]».
68 «Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior».

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difiere del establecido en la Ley 812 de 2003 para los docentes del magisterio. Lo
anterior, en los siguientes términos69:

25. Frente al argumento del apelante sobre la vinculación del actor como docente
ocasional de cátedra en la Universidad Nacional de Colombia entre 1992 y 1995, es
preciso señalar que dicha actividad no constituye una vinculación al servicio educativo
oficial conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

26. La Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de ente universitario
autónomo, cuenta con un régimen especial de organización y funcionamiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política y en la Ley 30 de
1992. En virtud de esta autonomía, no se encuentra sujeta al régimen del magisterio
establecido para la educación preescolar, básica y media; por lo tanto, la vinculación
del actor a esta institución no se considera un ingreso a la docencia oficial, pues su
naturaleza difiere sustancialmente del régimen previsto para los docentes del
magisterio en la Ley 812 de 2003.

105. En este orden de ideas, se señala que contrario a lo alegado por la parte
recurrente, quien afirma que es suficiente acreditar la prestación de servicios con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 para ser beneficiario de la
pensión de jubilación bajo el régimen de la Ley 91 de 1989, que el legislador en la Ley
812 de manera expresa estableció que la vinculación, para efectos de aplicar el
régimen prestacional vigente antes de la entrada en vigor de esta normativa, debe ser
al servicio público educativo oficial, circunstancia que no se logró probar en el presente
caso.

106. A juicio de la Sala, el razonamiento del demandante parte de una interpretación
incorrecta del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en la medida en que estima que la
protección otorgada a los docentes oficiales que se vincularon con anterioridad a la
entrada en vigor de esta, consistente en que su situación pensional se defina con
normas anteriores a la Ley 100 de 1993, también cobija a los docentes que realizaron
aportes al Sistema de Seguridad Social antes de la Ley 812, independientemente del
momento en que se vincularon al servicio público educativo oficial.

107. Se afirma que la propuesta interpretativa de la parte accionante es incorrecta,
toda vez que el momento de la vinculación al servicio educativo oficial es crucial para
establecer las condiciones en que los docentes deben pensionarse. Tan es así que,
como se ilustró en el marco teórico de esta providencia, cuando dicha vinculación es
posterior al 27 de junio de 2003, se aplican las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
efectos de determinar los requisitos para adquirir el derecho (con excepción de la edad,
que será de 57 años) y los parámetros para reconocerlo; mientras que para los
docentes que ingresaron al servicio educativo con antelación, se garantiza que puedan
pensionarse con el mismo régimen de los servidores públicos del orden nacional, lo

69 Sobre el tema, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de

junio de 2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01046-01 (3958-2022), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.

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que habilita la aplicación directa e integral de normas anteriores a la Ley 100, como
las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

108. Añádase a lo expuesto que, de la lectura detenida del artículo 81 de la Ley 812
de 2003, no se advierte que la sola existencia de aportes al Sistema de Seguridad
Social con antelación a su entrada en vigor constituya el criterio relevante para
establecer si la situación pensional de un docente oficial está o no llamada a definirse
con fundamento en la Ley 100 de 1993.

109. Esto obedece a que el criterio diferenciador se construyó bajo una sola
situación: la vinculación docente antes o después del 27 de junio de 2003. Con esta
precisión se buscó, por un lado, avanzar en el objetivo de unificar los distintos
regímenes pensionales, indicando que a los docentes oficiales que se vinculen
después de la Ley 812 de 2003 se les aplicaría el régimen de prima media (con
excepción de la edad) y, por otro, garantizar la expectativa legítima de aquellos que
prestaron sus servicios antes del cambio normativo, quienes esperaban pensionarse
con normas anteriores a la Ley 100 de 1993.

110. Inclusive, aceptar la tesis de la parte demandante, consistente en que los
aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social con antelación a la Ley 812 de
2003 le permiten definir su situación pensional sin tener en cuenta la Ley 100 de 1993,
desconoce que el trato preferente que se conservó con el artículo 81 de aquella solo
se otorgó a un sector de la población: los docentes «vinculados al servicio público
educativo oficial», y no a la totalidad de ellos, sino únicamente a quienes tuvieron dicho
vínculo antes de la entrada en vigor de la norma antes señalada, comoquiera que los
demás son destinatarios de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 en los términos
descritos.

111. Así las cosas, resulta claro que como el accionante se vinculó al servicio
docente oficial desde el 5 de agosto de 2010, esto es, con posterioridad al 27 de junio
de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no es acreedor de una
pensión de jubilación bajo el régimen de la Ley 71 de 1988; sino, de la pensión
establecida en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

112. Ahora bien, se aclara que el reconocimiento de una pensión bajo el régimen de
las leyes 33 de 1985 o 71 de 1988 también procede para las personas que sean
beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), es decir,
para quienes «al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35)
o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados». No obstante, el señor
Jaime Oswaldo Vela Vargas tampoco es beneficiario de dicha transición, puesto que

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para el 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993), tenía 32
años de edad y 2 años, 3 meses y 7 día (116,71 semanas) de servicio70.

113. Advertido lo anterior y teniendo en cuenta la fecha en la que el accionante se
vinculó al servicio público educativo oficial, se destaca que le es aplicable el régimen
de prima media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
señalados en este, con excepción de la edad que para el caso de los docentes es de
57 años para hombres y mujeres.

3.5.2. El análisis de la situación del demandante en aplicación de las leyes 100
de 1993 y 797 de 2003

114. De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que, si bien no fue posible el
reconocimiento pensional a favor del accionante en los términos solicitados, lo cierto
es que el juez debe examinar si es acreedor de una pensión, realizando el estudio de
los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley
797 de 2003.

115. Lo anterior, en la medida en que se encuentra en discusión una situación
jurídica relacionada con el derecho fundamental a la seguridad social, que es
irrenunciable, de aplicación inmediata y de tutela efectiva por parte de la administración
de justicia. Esto no significa que de esta manera se quebranten los principios de justicia
rogada o de congruencia, puesto que, en todo caso, el trámite administrativo y judicial
estuvo circunscrito a los derechos pensionales del accionante.

116. Así, se procede a revisar si al momento de la reclamación de la pensión ante la
administración el demandante acreditó los requisitos exigidos para el reconocimiento
pensional de acuerdo con el régimen de prima media, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley
797 de 2003, que dispone: (a) 57 años de edad (de conformidad con el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003); y (b) haber cotizado un mínimo de 1.000 semanas en cualquier
tiempo, que a partir del 1 de enero del año 2005 se incrementarán en 50, y a partir del
1 de enero de 2006 se incrementarán en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas
en el año 2015.

117. Ahora bien, en el caso particular, se tiene en cuanto a cada uno de los
presupuestos antes referidos, lo siguiente:

70 Total obtenido de la sumatoria de los tiempos de servicios prestados por el demandante antes del 1 de abril de

1994, los cuales corresponden a las cotizaciones efectuadas al ISS, hoy Colpensiones, a partir del 9 de julio de
1980, de manera interrumpida. Esto, conforme al reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones,
relacionado en el acápite de hechos probados de la presente sentencia, visto en Samai, gestión otros despachos,
76001233300020200125000, índice 35, expediente digital, archivo 22_ED_7600123330002020(.zip), documento
02 Jaime oswaldo vela ANEXOS, pág. 30.

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(a) Edad: el señor Jaime Oswaldo Vela Vargas nació el 29 de diciembre de 1961, por
lo que cumplió 57 años el 29 de diciembre de 2018.

(b) Semanas cotizadas: en la medida en que el accionante cumplió la edad exigida
para efectos del reconocimiento pensional en el año 2018, deberá verificarse si
demuestra haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas, comoquiera que es el número
de cotizaciones exigidas a partir del año 2015.

118. Sobre el punto, en el expediente se evidencia que el demandante acreditó un
total de 1.248,06 semanas de servicio a la fecha en que presentó la reclamación
administrativa de su derecho pensional en tanto se tienen en cuenta 778,2 semanas
cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y 469,86 semanas vinculado a la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca, afiliado al Fomag, de acuerdo con el acápite de hechos
probados relevantes de esta providencia.

119. Así las cosas, para la fecha en que el demandante presentó la solicitud
pensional no acreditó los requisitos previstos en el régimen de prima media para
efectos del reconocimiento pensional, pues si bien tenía 57 años, solo demostró
1.248,06 semanas. Por tal razón, no se desvirtuó la legalidad del acto administrativo
ficto acusado y, en consecuencia, se confirmará sobre el particular la sentencia
impugnada que negó las pretensiones de la demanda71.

120. Al respecto, resulta necesario aclarar que aun cuando no existe ningún medio
de prueba que permita establecer que el señor Jaime Oswaldo Vela Vargas continuó
cotizando, la Sala no desconoce que en el evento en que se continuaran realizando
aportes al Fomag, el demandante tendría derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de vejez de conformidad con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, una vez
cumplidas las 1.300 semanas de cotización.

121. En atención a lo anterior, se exhortará a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que verifique
la situación pensional del señor Jaime Oswaldo Vela Vargas y en caso de que se
acredite que cumplió con los requisitos exigidos por las leyes en mención, proceda al
reconocimiento de una pensión de vejez a su favor.

3.5.3. De la condena en costas en primera instancia

122. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió
condenar en costas a la parte accionante por resultar vencida en el trámite de primera
instancia, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

71 En los mismos términos se ha pronunciado recientemente esta Subsección, en asuntos con supuestos de hecho

similares al estudiado en esta providencia. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2025, exp. 15001-23-33-000-2019-00508-01 (3771-2024),
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; sentencia del 20 de febrero de 2025, exp. 25-000-23-42-000-2021-00464-01
(2643-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

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123. Inconforme con la decisión, el demandante solicitó que se revocara la condena
en costas, al considerar que para el efecto debió valorarse la conducta de la parte
vencida.

124. En este orden de ideas, la Sala advierte que el Tribunal aplicó un criterio objetivo
en la imposición de la condena en costas, en la medida en que la decretó contra la
parte vencida en juicio, dada la negativa de las pretensiones de la demanda.

125. Sobre el particular, se recuerda que según se explicó en el marco normativo y
jurisprudencial de la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria el criterio subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima que,
para decretar la referida condena en primera instancia, el Tribunal debió analizar la
conducta de la parte vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria o de
mala fe.

126. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte demandante haya obrado de
mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que el accionante
actuó sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el curso del
proceso.

127. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a condenar
en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará el numeral segundo de
la parte resolutiva del fallo apelado y no se condenará en costas en primera instancia.

3.6. Conclusión de la decisión

128. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que el señor Jaime Oswaldo Vela Vargas no es beneficiario de la pensión de
jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, comoquiera que se vinculó al
servicio oficial docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
Por ello, le resulta aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003; sin embargo, luego de verificados los requisitos exigidos para el efecto, de
acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el accionante no acredita las
1.300 semanas de cotización requeridas.

129. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda; salvo la condena en costas que se revocará, en atención
a que no se advierte que la parte accionante haya incurrido en acciones temerarias o
de mala fe.

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130. No obstante, se exhortará a la entidad accionada para que verifique la situación
pensional del demandante y en caso de que se acredite que cumplió con los requisitos
exigidos para el reconocimiento de una pensión de vejez, particularmente las 1.300
semanas de cotización, procesa al reconocimiento de dicha prestación, con
fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

3.7. Costas

131. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 17 de mayo de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas a la parte accionante, que se
revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Exhortar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, para que verifique la situación pensional del
señor Jaime Oswaldo Vela Vargas y en caso de que se acredite que cumplió con los
requisitos exigidos para el reconocimiento de una pensión de vejez, particularmente
las 1.300 semanas de cotización, proceda al reconocimiento de dicha prestación, con
fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Tercero. Sin condena en costas en las dos instancias.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

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Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

33

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