Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07058-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07058-01
Accionante: Walter Estacio Rivas
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Compatibilidad entre
pensión y salario devengado por docente oficial.
Decisión: Revocar para amparar los derechos fundamentales invocados
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación presentada por el señor Walter Estacio Rivas contra la sentencia
proferida el 19 de enero de 2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela
por falta de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Walter Estacio Rivas nació el 29 de octubre de 1961 y se desempeñó
como docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales.
3. La Secretaría de Educación municipal de Cali, mediante Resolución
4143.010.21.0.06167 del 25 de noviembre de 2020, reconoció pensión de jubilación
al señor Walter Estacio Rivas, conforme a lo prescrito en las leyes 100 de 1993,
797 de 2003, 812 de 2003 y Decreto 1272 de 2018.
4. Con posterioridad, esto es, el 29 de octubre de 2021, el señor Estacio Rivas
adquirió su estatus pensional al cumplir 60 años y contar con más de 20 años de
servicio. Al día siguiente, se retiró del mismo.
5. El señor Estacio Rivas, a través de apoderado judicial y en el ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad parcial de la
Resolución 4143.010.21.0.06167 del 25 de noviembre de 2020 y a título de
restablecimiento del derecho que se le contabilizara el tiempo ejecutado mediante
contratos de prestación de servicios. Adicionalmente, pidió que su situación
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Accionante: Walter Estacio Rivas
pensional fuera recalculada con base en el 75% de los salarios y primas percibidos
durante el año previo a la consolidación del estatus de jubilado.
6. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali, mediante sentencia del
14 de mayo de 2024,declaró la nulidad parcial del acto administrativo cuestionado
y condenó a las entidades demandadas a reliquidar la pensión de vejez del señor
Estacio Rivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.
Además, indicó que los factores salariales serían aquellos sobre los que se hubieran
efectuado aportes, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y el fallo de
unificación del 25 de abril de 2019.
7. Inconforme con la decisión anterior, la parte accionante interpuso recurso de
apelación, al considerar que omitió incluir los tiempos de servicios cotizados ante
Colpensiones y que no se estableció la fecha en que se consolidó el estatus de
pensionado, circunstancia que incide en la determinación de los factores salariales
que deben ser aplicados.
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la sentencia del 9 de
mayo de 2025, resolvió:
«PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero, segundo y tercero de la
sentencia nro. 086 del 14 de mayo de 2024 proferida por el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Cali, los cuales quedarán así:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la resolución nro.
4143.010.21.0.06167 del 25 de noviembre de 2020 mediante la cual se
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de
conformidad con la Ley 71 de 1988 en favor del señor Walter Estacio
Rivas.
SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FOMAG
reconocer y pagar al señor WALTER ESTACIO RIVAS, identificado con
cedula de ciudadanía nro. 16.479.363, pensión de jubilación por aportes
a partir del 29 de octubre de 2021 (estatus pensional) con base en el 75%
de lo devengado en el año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta
los factores sobre los cuales se efectuó aportes en ese periodo, siempre
que sean los enlistados en la Ley 62 de 1985.
La pensión es incompatible con el salario del docente conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
El valor de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al
salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a quince (15) veces
dicho salario, salvo lo previsto en la Ley (Decreto 2709 de 1994): en el
acto de reconocimiento se establecerá los aportes, bonos o cuotas partes
a cargo de la actora, el ISS, o entidad de previsión que deba concurrir al
pago de la pensión.
TERCERO: AUTORIZAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FOMAG
para descontar de la liquidación de la presente condena, los valores
pagados en atención al reconocimiento pensional realizado mediante el
acto administrativo demandado.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo de primera instancia.
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TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia».
(Sic en toda la cita)
2.2. Fundamento jurídico
9. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial, debido a que negó la posibilidad de
compatibilizar el salario como docente y la pensión reconocida bajo el régimen de
la Ley 71 de 1988, en concordancia con la Ley 91 de 1989, pese a que el accionante
está protegido por la excepción al artículo 128 de la Constitución Política,
contemplada en el artículo 19 literal g) de la Ley 4 de 1992, el artículo 5° del Decreto
224 de 1972 y el artículo 70 del Decreto 2277 de 1979, tal y como lo establece la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
10. Además, consideró que se desconoció la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, en particular, frente a las reglas de unificación referentes a la
liquidación de la pensión de jubilación de los servidores públicos y sus subreglas.
11. Por último, señaló que, aunque la autoridad judicial accionada citó la sentencia
proferida el 9 de marzo de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con radicado 18001-23-40-000-2018-00064-01, según la cual
los docentes que pretendan acceder a la pensión de jubilación por aportes deben
cumplir requisitos del régimen de transición, dicha postura cambió recientemente
con la sentencia proferida el 30 de enero de 2024, con radicado 66001-23-33-000-
2020-00492-01.
2.3. Pretensiones
12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, conculcados por
el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
2. Que como consecuencia de la anterior decisión se profiera una orden judicial
con destino al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca donde se modifique la
sentencia de segunda instancia, bajo los parámetros de justicia que establezca la
Corte Constitucional como garante de los derechos fundamentales de las
personas. Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su rol de Juez
Constitucional.
3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocar el numeral
primero de la sentencia de segunda instancia, para no privar de la compatibilidad
entre el salario y la pensión al accionante Walter Estacio Rivas». (Sic en toda la
cita)
2.4. Intervenciones
13. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto
del 12 de noviembre de 2025, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y delJuzgado Veintiuno Administrativo
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del Circuito de Cali como accionados y a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como terceros
interesados en el resultado del proceso.
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca reiteró su posición, en el
sentido de afirmar que el actor no tenía derecho a la compatibilidad entre pensión y
salario, pues su vinculación al servicio docente ocurrió con posterioridad a la
entrada en vigor del Decreto 1278 de 2002, que impide devengar doble asignación
del tesoro público.
15. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali se limitó a remitir
enlace del expediente digital.
16. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la acción de tutela no se
dirigía en su contra.
17. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
18. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 19 de enero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante únicamente
pretendía reabrir un debate ya concluido. Adicionalmente, sostuvo que la decisión
judicial cuestionada no es arbitraria ni infundada.
2.6. Impugnación
19. La parte accionante impugnó la decisión judicial referida al considerar que no
pretendía reabrir el debate, sino cuestionar el error en el que incurrió el tribunal
accionado al estimar improcedente la compatibilidad entre la pensión y el salario
devengado como docente oficial; desconocer la regla fijada en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018 con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-
01; y sostener que la sentencia de 30 de enero de 2024 con radicado 66001-23-33-
000-2020-00492-01 no constituía precedente con fuerza vinculante y obligatoria por
no tratarse de una sentencia de unificación.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
20. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas
concordantes.
1 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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3.2. Cuestión previa
21. Aunque la parte accionante alegó la configuración de un defecto fáctico, no
precisó cuáles pruebas habrían sido indebidamente valoradas por la autoridad
judicial accionada ni explicó su incidencia en el sentido de la decisión. En
consecuencia, esta Subsección se abstendrá de analizar dicho defecto, en caso de
superarse los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
3.3. Problema jurídico
22. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del
precedente judicial, al proferir la sentencia del 9 de mayo de 2025 al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-
33-021-2022-00049-01. Previamente, deberá verificarse el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, especialmente el de relevancia constitucional que no fue acreditado en
primera instancia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
23. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada
para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer
valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
25. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
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que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.5.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.5.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.5.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.5.1.3. Se observa igualmente que la interposición2 del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la providencia cuestionada3.
3.5.1.4. Contrario a lo sostenido en primera instancia, esta Sala considera que el
asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental derivada de la
supuesta configuración de los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial, causales que se
encuentran debidamente justificadas y que no comportan la habilitación de una
tercera instancia del proceso ordinario, sino el juicio de vulneración de derechos
fundamentales en la expedición de las providencias judiciales censuradas.
26. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
27. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la
normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad
2 10 de noviembre de 2025.
3 11 de mayo de 2025.
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jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia
con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la
interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria
a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema
jurídico»4.
28. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia
de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó,
cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o
infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta
inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación
o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no
se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
4Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador»5.
29. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la
normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
3.6. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial.
30. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho
defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional
en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una
interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso.
Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe
señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen
mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y,
en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción
de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados»6.
3.7. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
31. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18967, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
5 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
6 Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente:
Alberto Rojas Ríos.
7
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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32. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.
33. Respecto del precedente vertical8, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
34. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso9.
35. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la
igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación10.
36. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.8. Análisis de los presuntos defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial en el caso
concreto
37. Teniendo en cuenta que los argumentos formulados para sustentar los
presuntos defectos sustantivo, violación directa de la Constitución Política y el
desconocimiento del precedente judicial se encuentran intrínsecamente
relacionados, esta Subsección procederá a abordarlos de manera conjunta, a fin
de efectuar un análisis integral y sistemático del problema jurídico planteado.
38. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial, debido a que negó la posibilidad de
compatibilizar el salario como docente y la pensión reconocida bajo el régimen de
la Ley 71 de 1988, en concordancia con la Ley 91 de 1989, pese a que el accionante
está protegido por la excepción al artículo 128 de la Constitución Política,
contemplada en el artículo 19 literal g) de la Ley 4 de 1992, el artículo 5° del Decreto
8
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
9
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
10
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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224 de 1972 y el artículo 70 del Decreto 2277 de 1979, tal y como lo establece la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
39. En relación con la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario de
docentes oficiales, la autoridad judicial accionada consideró lo siguiente:
«53. La Constitución de 1991, artículo 128, incorporó la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público y prohibió el
desempeño dos cargos públicos simultáneamente. El artículo 19 de la Ley
4 de 1992 desarrolló esta prohibición, pero exceptuó a:
“Exceptúense las siguientes asignaciones: (…) g) Las que a la fecha de
entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales
docentes pensionados”.
54. El Consejo de Estado11 precisó que dicha excepción “es aplicable tanto
a los docentes pensionados como a los que posteriormente adquieran la
calidad de pensionados”:
“Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo
19 de la Ley 4 de 1992 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la
pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente
su condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios
consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5
del Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería
incompatible con el goce de la pensión de jubilación’. (Se destaca en
negrilla).
55. El artículo 5 del Decreto 224 de 1972 señaló:
“El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y
físicamente apto para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso
del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad”.
56. El beneficio de percibir pensión de jubilación y salario estuvo vigente
hasta la expedición del Decreto 1278 de 2002:
“A este punto se arriba en la medida en que precisamente, la condición
especial de los educadores estatales, implicaba que éstos podían percibir
dos asignaciones del tesoro público como eran específicamente el salario
y la pensión ordinaria de jubilación, tal como lo contemplaba el artículo 19,
literal g) de la Ley 4.ª de 1992. Lo expuesto al menos para los docentes
vinculados antes del 19 de junio de 2002 cuando entró en vigencia el
Decreto 1278 de 200210, debido a que con posterioridad a esa fecha se
consolidó para aquellos servidores la prohibición del artículo 128
Superior”».
40. Con fundamento en lo anterior, concluyó lo siguiente:
«75. El demandante no tiene derecho a la compatibilidad entre pensión y
salario, porque su vinculación a la docencia oficial (02 de octubre de 2002)
se dio en vigencia del Decreto 1278 de 2002 (19 de junio de 2002), por lo
que para el disfrute de la prestación si era obligatorio exigir el retiro del
servicio».
11 Sentencia del 16 de julio de 2020, Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Radicación
número: 05001-23-33-000-2015-00674-01(2297 19).
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07058-01
Accionante: Walter Estacio Rivas
41. De la transcripción se tiene que la autoridad judicial destacó la existencia de la
prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política, relativa a la
doble asignación proveniente del tesoro público, pero no desconoció que se
establecieron excepciones. Sin embargo, restringió el alcance temporal de dichas
excepciones al considerar que perdieron vigencia con la entrada en vigor del
Decreto 1278 de 2002, lo cual ocurrió el 19 de junio de esa anualidad.
42. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal accionado concluyó que el señor
Estacio Rivas no tenía derecho a percibir salario y pensión simultáneamente, en
la medida en que su vinculación a la docencia oficial ocurrió el 2 de octubre de
2002, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1278 de
2002, normativa que, en su artículo 45, establecía un régimen de
incompatibilidades para los educadores oficiales, así:
«Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la
Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de
cargos en el sector educativo estatal es incompatible con: a) El desempeño de
cualquier otro cargo o servicio público retribuido; b) El goce de la pensión de
jubilación, vejez, gracia o similares».
43. Sin embargo, la autoridad judicial accionada ignora que la Corte Constitucional
a través de sentencia C-1157 de 2003 declaró inexequible el artículo 45 del Decreto
1278 de 2002, al indicar que el legislador en el marco de sus potestades había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 superior en favor
de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el Ejecutivo. En ese
sentido, la Corte resaltó que la finalidad de la Ley 4ª de 1992 fue precisamente
eliminar la incompatibilidad entre salario y pensión para estos servidores,
atendiendo a la especial naturaleza de la función docente y a la necesidad de
equilibrar sus condiciones remunerativas12.
44. A partir de este marco normativo y jurisprudencial, la Sección Segunda del
Consejo de Estado, a través de sus Subsecciones A y B, ha desarrollado distintas
interpretaciones sobre la materia. La Subsección A13 ha señalado que la excepción
a la prohibición de doble asignación es aplicable a los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, quienes
se encuentran amparados por el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y
por el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, sin que sea exigible el retiro del servicio.
45. Por su parte, la Subsección B14 ha adoptado una postura más amplia, al
sostener que la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario docente
12
Sentencia de 22 de junio de 2023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
13 Sentencias de 12 de febrero de 2026, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo, rad. 3394-2025; y C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves, rad. 0792-2023; sentencia de 30 de octubre de 2025, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo, rad.
0908-2025; y sentencia de 23 de octubre de 2025, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, rad. 3359-2024. Entre
otras.
14
Sentencia de 18 de abril de 2024. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, rad. 25000-23-42-000-2020-00549-
01 (3118-2022); sentencia de 19 de enero de 2026, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, rad. 76001-23-33-000-
2020-01250-01 (3108-2024); sentencia de 5 de febrero de 2026, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, rad. 0474-
2023 y sentencia de 16 de octubre de 2025, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, rad. 1504-2025.
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Accionante: Walter Estacio Rivas
se predica de todos los docentes oficiales, incluso de aquellos vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003, en la medida en que dicha excepción no
depende del régimen pensional aplicable, sino de la naturaleza de la actividad
docente.
46. En ese contexto, resulta evidente que ninguna de las líneas jurisprudenciales
vigentes en la Sección Segunda del Consejo de Estado respalda la tesis adoptada
por el Tribunal accionado, según la cual los docentes oficiales vinculados con
posterioridad al 19 de junio de 2002 carecen del derecho a compatibilizar la
pensión de jubilación con el salario.
47. Asílas cosas, esta Subsección concluye que se configuran los siguientes
defectos: (i) sustantivo, por la inaplicación del artículo 19, literal g), de la Ley 4ª de
1992 y del artículo 5 del Decreto 224 de 1972; (ii) violación directa de la
Constitución Política, por indebida interpretación del artículo 128; (iii)
desconocimiento del precedente judicial, al ignorar el carácter vinculante de la
Sentencia C-1157 de 2003; y apartarse de manera injustificada del precedente del
Consejo de Estado sobre la materia.
48. Por lo anterior, esta Subsección se abstendrá de efectuar pronunciamiento de
fondo en relación con los demás argumentos formulados por el señor Walter
Estacio Rivas.
49. En consecuencia, se i) revocará la sentencia proferida el 19 de enero de 2026
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
se declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y,
en su lugar, ii) se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso, la
igualdad, la seguridad social del señor Walter Estacio Rivas, iii) se dejará sin efectos
la sentencia proferida el 9 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76001-33-33-021-2022-00049-01 y iv) se ordenará a la autoridad
judicial accionada que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de
la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, de conformidad con lo
aquí expuesto.
50. No obstante, lo anterior no implica la concesión automática de las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que
constituye un llamado a la autoridad judicial a fin de que se pronuncie sobre las
tesis existentes sobre la compatibilidad entre la pensión y el salario devengado por
el docente oficial.
51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Walter Estacio Rivas
I. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de enero de 2026 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y, en
su lugar:
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad
y la seguridad social del señor Walter Estacio Rivas.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 9 de mayo de 2025 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-021-2022-00049-
01.
CUARTO: ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el término de 20
días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, profiera una
decisión de reemplazo, de conformidad con lo aquí expuesto.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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