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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01159-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01159-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de 16 de marzo de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. En su lugar, 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Alberto Castaño Botero contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en la parte considerativa. 3.Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01159-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

25 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01159-01
Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01159-01
Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Tema: Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento del
derecho – compatibilidad entre la pensión y salario docente

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 16 de marzo de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que resolvió:

«Primero. Negar la solicitud de desvinculación de Colpensiones y la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Jaime Alberto Castaño
Botero, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de febrero de 2026, Jaime Alberto Castaño Botero, mediante apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad,
de acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica, el desconocimiento del
precedente vertical y el principio de favorabilidad. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

«1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
A, en sentencia dictada el 24 de julio de 2025 dentro del proceso identificado con cédula
de ciudadanía No. 05501-23-33-000-2019-00892-01, transgredió los derechos
fundamentales DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, SEGURIDAD
JURÍDICA, DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE VERTICAL, PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD del señor JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO, por considerar que
las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y la línea jurisprudencial
fijada por el propio órgano de cierre.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE ESTADO –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con fundamento en la normatividad aplicable al
caso concreto atendiendo el precedente vigente y consolidado por la Sala Especializada.»

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01159-01
Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero

Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Circunstancias que dieron origen al medio de control

El señor Jaime Alberto Castaño Botero es docente vinculado al servicio educativo
oficial, desde el 16 de febrero de 2004, en calidad de docente del municipio de
Medellín en provisionalidad.

El 16 de mayo de 2018, el señor Castaño Botero radicó derecho de petición ante la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG, mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez,
bajo el régimen de la Ley 33 de 1985.

Mediante Resolución nro. 201950005198 del 24 de enero de 2019, el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG reconoció pensión de vejez a favor
del señor Jaime Alberto Castaño Botero, conforme al régimen de la Ley 100 de 1993
y se condicionó su pago al retiro efectivo del servicio.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Jaime Alberto Castaño Botero presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación - Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, con el fin de que se declarara la
nulidad parcial de la Resolución nro. 201950005198 del 24 de enero de 2019 y, en
consecuencia, se le ordenara a la demandada a: «(i) reconocer y pagar la pensión de
jubilación equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas en el año anterior al 9 de
octubre de 2015, fecha en la que adquirió el status pensional, sin que se le exija el retiro
definitivo del servicio; (ii) indexar las sumas objeto de condena; (iii) reconocer los intereses
moratorios sobre estas; y (iv) condenar en costas y agencias en derecho a la parte
demandada.»

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 3 de mayo de 2023,
negó las pretensiones de la demanda al concluir que el régimen pensional aplicable
al señor Castaño Botero no era el previsto para los docentes vinculados antes del 27
de junio de 2003, sino el establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, dado
que su ingreso al servicio docente ocurrió el 16 de febrero de 2004, es decir, después
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003; por ello, descartó la aplicación de la
excepción prevista en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 sobre
compatibilidad entre salario y pensión, pues esta solo cobija a quienes se vincularon
antes de dicha fecha y no fue reproducida por la normativa posterior, de modo que la
pensión solo puede reconocerse una vez el actor se retire del servicio, razón por la
cual no había lugar a acceder a las pretensiones.

El señor Castaño Botero interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al
considerar que acumuló más de 20 años de servicio en el sector público, por lo que,
conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, debía aplicarse el régimen de las Leyes
33 y 62 de 1985. Además, cumplía los requisitos de edad y tiempo de servicio para
acceder a la pensión de jubilación prevista en dicha normativa y que la docencia oficial
está exceptuada de la prohibición de percibir simultáneamente salario y pensión,
según el Decreto 224 de 1972, razón por la cual solicitó revocar la sentencia y
reconocer las pretensiones.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01159-01
Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de 24 de
julio de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, pues estimó que en efecto
las normas aplicables para efectos pensionales a favor del actor son las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, además, no tiene derecho a percibir simultáneamente pensión y
salario como docente, porque se vinculó al servicio educativo en 2004, es decir,
después de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que quedó sujeto al
régimen general de pensiones, que no contempla dicha compatibilidad. En
consecuencia, no le aplica ninguna excepción legal, ya que las normas especiales
fueron limitadas y los docentes vinculados con posterioridad quedaron regidos por el
sistema general, en el que prevalece la regla de incompatibilidad entre pensión y
salario.

2. Argumentos de la acción de tutela

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente desarrollado por el Consejo de Estado, según el
cual el personal docente oficial está exceptuado de la prohibición legal de percibir dos
asignaciones provenientes del erario y, bajo este planteamiento, ha concedido el
reconocimiento de la pensión de jubilación sin condicionar su disfrute al retiro del
servicio.

Citó en concreto la sentencia de 25 de septiembre de 2020, proferida por la Sección
Segunda, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01; además, trajo a colación
apartes del concepto 712 de 8 de agosto de 1995, proferido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil, sobre la compatibilidad para los docentes de percibir pensión y salario.

Por otra parte, alegó la configuración de un defecto sustantivo, pues en la
providencia acusada se concluyó que no existe compatibilidad entre salario y pensión
para el actor sin examinar de manera completa la normativa que regula
específicamente la situación del personal docente. Aseguró que la autoridad judicial
accionada centró el análisis exclusivamente en la fecha de vinculación del
demandante y en su sujeción al régimen de prima media, pero omitió confrontar esa
conclusión con disposiciones legales que históricamente han regulado la posibilidad
de percibir simultáneamente asignación salarial y pensional en el sector educativo
oficial.

Precisó que, la excepción que permite a los docentes recibir simultáneamente salario
y pensión se mantiene vigente porque, aunque el Decreto 1278 de 2002 intentó
introducir reglas de incompatibilidad, la Corte Constitucional declaró inexequible su
artículo 45 y aclaró que el artículo 63 literal b) no modificaba el régimen prestacional
propio del magisterio, el cual sigue regulado por la Ley 4ª de 1992; además, los
decretos salariales anuales reiteran la prohibición general de acumular asignaciones
del Tesoro Público, pero preservan expresamente las excepciones del artículo 19 de
esa ley, cuyo literal g) consagra la compatibilidad entre salario y pensión para los
docentes, de modo que esta prerrogativa continúa plenamente aplicable y en armonía
con la normativa y jurisprudencia posteriores.

3. Trámite previo

El 18 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al accionante y a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en calidad de demandado; además,
ordenó vincular al Tribunal Administrativo de Antioquia, al Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Registraduría

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Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero

Nacional del Estado Civil, a la Administradora Colombiana de Pensiones y al municipio
de Medellín, en calidad de terceros con interés.

4. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, pidió que se desestimaran
las pretensiones de la acción de tutela, porque no incurrió en los defectos deprecados
por la parte actora.

Indicó que, mientras la Subsección B sostiene que incluso los docentes vinculados
después de la Ley 812 de 2003 pueden disfrutar la pensión sin retirarse del cargo, la
Subsección A afirma lo contrario, pues considera que quienes ingresaron tras esa ley
están sometidos al régimen general de la Ley 100 de 1993 (salvo la edad pensional)
y, por tanto, no tienen derecho a la compatibilidad entre salario y pensión.

En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, aseguró que no se
configuraba, porque la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene posiciones
divergentes sobre la compatibilidad entre salario y pensión de los docentes vinculados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad al 27 de
junio de 2003, por lo que las sentencias que se citan como desconocidas no pueden
considerarse vinculantes.

Aseguró que tampoco se configuró el defecto sustantivo alegado, pues la decisión
tuvo un análisis detallado del régimen pensional docente y del trámite legislativo, del
cual dedujo que el legislador quiso eliminar todas las prerrogativas distintas de la edad
para acceder a la pensión; esta interpretación, además de estar razonablemente
fundada, responde a principios como la solidaridad y a fines legítimos como la
sostenibilidad del sistema y el relevo generacional en el servicio público.

5. Terceros con interés

El Tribunal Administrativo de Antioquia pidió que se negaran las pretensiones de
la acción de tutela, porque no ha transgredido ningún derecho fundamental y las
decisiones proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho respetaron las normas aplicables al caso, con una valoración probatoria
adecuada y acorde con los lineamientos jurisprudenciales desarrollados por el
Consejo de Estado sobre la materia.

Aseguró que dentro del proceso cuestionado se evidenció que el actor no podía
acogerse al régimen pensional de la Ley 33 de 1985 porque ingresó al servicio docente
después de la Ley 812 de 2003, y además la autoridad judicial valoró de manera
completa y razonada las pruebas, por lo que no se configura ningún defecto fáctico o
sustantivo ni una actuación arbitraria que habilite la tutela contra la providencia.

El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela de la referencia porque no se cumple con el requisito general de
subsidiariedad, pues las pretensiones están orientadas a constituir una instancia
adicional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el asunto
sometido a consideración comporta una discusión meramente económica.

Precisó que las decisiones cuestionadas están amparadas por la cosa juzgada y que,
conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, la función judicial (como
garantía esencial de los derechos fundamentales) exige que los jueces actúen con
plena autonomía e independencia; por ello, aunque la tutela contra sentencias es

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excepcional y solo procede frente a verdaderas vías de hecho que impliquen una
transgresión grave del ordenamiento, en este caso no se acreditó ningún defecto,
pues la providencia atacada se encuentra debidamente motivada y ajustada a
derecho.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones pidió que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva teniendo en cuenta que dentro
de la acción de tutela se están cuestionando providencias judiciales respecto de las
cuales no tiene injerencia; además, no ha vulnerado derechos fundamentales de la
parte actora, ni tiene peticiones o trámites pendientes de resolver a favor del actor.

Adujo que el entrar a analizar de fondo el asunto y acceder a las pretensiones invade
la órbita del juez ordinario y excede las competencias del juez constitucional, toda vez
que no se acreditó la vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de un
perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno.

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó la desvinculación del trámite
constitucional, pues no ha vulnerado ningún derecho fundamental del actor y la acción
de tutela se promovió para cuestionar providencias judiciales, lo cual lo excluye de
cualquier grado de responsabilidad o injerencia de esa entidad.

Relató que el actor laboró en la entidad desde el 2 de septiembre de 1981 hasta el 31
de marzo de 2003, conforme consta en la certificación expedida por los Delegados
Departamentales de Antioquia. Insistió en la falta de legitimación en la causa por
pasiva, al no existir relación entre los hechos alegados y las funciones constitucionales
y legales asignadas a la Registraduría.

6. Sentencia de primera instancia

El 16 de marzo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia de tutela de primera instancia, en la que negó la solicitud de
desvinculación propuesta por Colpensiones y la Registraduría Nacional del Estado
Civil y negó las pretensiones del recurso de amparo, por las siguientes razones:

Señaló que la Sección Segunda del Consejo de Estado no tiene una línea pacífica
sobre la compatibilidad entre salario y pensión docente, por lo que los
pronunciamientos que el actor aduce como desconocidos podrían ser pertinentes en
la medida en que la Subsección B ha sido enfática en aceptar la compatibilidad del
salario y la pensión de los docentes, pero no puede desconocer que, frente al mismo
tema, existen múltiples pronunciamientos en sentido contrario, lo cual, más allá de
evidenciar un desconocimiento del precedente judicial, deja ver que no hay posición
unificada.

Indicó que la autoridad judicial demandada realizó un análisis normativo y probatorio
completo y concluyó razonablemente que el actor, vinculado después de 2003, no era
beneficiario de regímenes especiales anteriores y debía someterse al régimen
general, en el cual no existe compatibilidad entre salario y pensión; por ello, la decisión
cuestionada no configuró ningún defecto fáctico o sustantivo, sino que reflejó una
interpretación válida del juez natural, de modo que la tutela no podía operar como una
tercera instancia.

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7. Impugnación

El accionante impugnó el fallo de primera instancia, solicitó que se revocara la decisión
de primera instancia y se accediera a las pretensiones del recurso de amparo, con los
siguientes argumentos:

Aseguró que no hubo un debido análisis del defecto sustantivo, pues el a quo se limitó
a afirmar que no existe una postura unificada en la Sección Segunda sobre la
compatibilidad entre salario y pensión docente, sin demostrar que la sentencia
cuestionada aplicó correctamente el régimen jurídico; además, se reprocha que el fallo
de tutela no examinó si la autoridad judicial omitió realizar un análisis sistemático de
las normas especiales que regulan la compatibilidad pensional de los educadores
oficiales, pese a que esa fue precisamente la irregularidad alegada.

Insistió en la configuración de los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente jurisprudencial y trajo a colación nuevamente las normas que regulan el
reconocimiento de las pensiones de los docentes oficiales y los criterios
jurisprudenciales en los que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha previsto
que resulta compatible para el personal docente devengar la pensión y el salario de
forma paralela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)

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mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si resulta procedente revocar, confirmar o
modificar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de
tutela que interpuso el señor Jaime Alberto Castaño Botero.

La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia para declarar
improcedente la acción de tutela, porque no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, ya que las pretensiones están orientadas a constituir una instancia
adicional del medio de control donde se profirió la decisión cuestionada.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Ibidem.

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(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

Jaime Alberto Castaño Botero interpuso la presente acción de tutela con el propósito
de que se dejara sin efecto la sentencia de 24 de julio de 2025, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A confirmó la decisión de primera
instancia que negó sus pretensiones de devengar la pensión de vejez y el salario como
docente oficial de manera paralela.

Lo anterior, porque considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, al no aplicar la
excepción prevista en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 sobre
compatibilidad entre salario y pensión prevista para los docentes oficiales como él.

Al respecto debe indicarse que el señor Castaño Botero promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que solicitó la nulidad parcial de la
Resolución nro. 201950005198 del 24 de enero de 2019, mediante la cual el FOMAG
le reconoció la pensión de vejez y condicionó su pago al retiro efectivo del servicio,
pues consideraba que era beneficiario de la Ley 33 de 1985, por lo que resultaba
aplicable la excepción del literal g)6 del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia
que, en sentencia de 3 de mayo de 2023, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el régimen pensional aplicable al actor era la Ley 100 de 1993, porque
se vinculó a la docencia el 16 de febrero de 2004, es decir, después de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 20037, por lo tanto no le era aplicable la excepción sobre
compatibilidad entre salario y pensión que es aplicable solo a quienes se vincularon
con antelación a esa norma, por ello solo puede entrar a devengar la pensión hasta
que se retire efectivamente del servicio.

6
ARTÍCULO 19. «Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que
provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las
siguientes asignaciones:
(…)
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.»
7
Entró en vigencia el 27 de junio de 2003.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01159-01
Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero

Contra la anterior decisión el señor Castaño Botero interpuso recurso de apelación,
en el que argumentó que trabajó en diferentes entidades del sector público durante
más de 20 años, razón por la cual era beneficiario de las Leyes 33 y 62 de 1985,
teniendo en cuenta la previsión del artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Aseguró que
cumplía los requisitos de edad y tiempo de servicio para el reconocimiento de la
pensión de vejez prevista para la docencia oficial, la cual conforme con el Decreto 224
de 1972, avala la compatibilidad entre salario y pensión.

Por su parte, en el escrito de tutela, el actor manifestó que la autoridad judicial
demandada incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, al
apartarse de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado (en especial la sentencia
del 25 de septiembre de 2020 y el concepto 712 de 1995) que reconoce una excepción
a favor de los docentes oficiales para percibir simultáneamente salario y pensión sin
necesidad de retiro del servicio; y, en un defecto sustantivo, ya que la providencia
cuestionada concluyó la incompatibilidad entre salario y pensión sin analizar
integralmente el régimen especial del magisterio, pues se limitó a la fecha de
vinculación y al régimen de prima media e ignoró normas vigentes que permiten dicha
compatibilidad, como la Ley 4ª de 1992 (artículo 19 literal g), cuya vigencia, según el
actor, se mantiene pese al intento de restricción del Decreto 1278 de 2002, dado que
su artículo 45 fue declarado inexequible y el artículo 63 no modificó el régimen
prestacional docente, por lo que se mantiene la excepción que autoriza la percepción
concurrente de asignación salarial y pensional.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada en el
marco del proceso ordinario ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en la providencia de 24 de julio de 2025, como se pasa
a exponer:

«29. Sobre este particular, conviene reiterar que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005, y la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril
de 2019, el régimen pensional aplicable a los docentes vinculados al servicio oficial
depende de la fecha de su vinculación inicial.

30. Así, quienes ingresaron al servicio docente antes del 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se rigen por el régimen contenido en la Ley 33 de
1985; en tanto que aquellos cuya vinculación ocurrió con posterioridad se encuentran
cobijados por el régimen general de prima media consagrado en la Ley 100 de 1993.

31. A su vez, el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 señala que los docentes oficiales tendrán
derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio del
último año de servicio, siempre que acrediten (i) haber cumplido 55 años y (ii) 20 años de
servicios, «continuos o discontinuos».

32. En el presente asunto, se encuentra acreditado que el señor Jaime Alberto Castaño
Botero nació el 9 de octubre de 1960, y según consta en los certificados de historia laboral
que obran en el expediente2, su primera vinculación al servicio educativo oficial ocurrió el
16 de febrero de 2004, fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27
de junio de 2003).

33. Así mismo, está demostrado que el actor prestó servicios como empleado público en
la Delegación Departamental de Antioquia de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
en los siguientes periodos:

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Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero

34. No obstante, la sola circunstancia de haber trabajado como empleado público no le
permite ser beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985.

35. Conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, para que resulten aplicables las
disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993, el interesado debe haber estado vinculado
como docente oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, requisito que no se cumple
en el caso del señor Castaño Botero.

36. En ese orden de ideas, se comparte la decisión del Tribunal, en tanto el acto acusado
se ajustó a derecho al reconocer la pensión de jubilación con base en el régimen general
de prima media.

37. Aclarado que el régimen pensional aplicable al señor Castaño Botero es el previsto en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, corresponde a la Sala determinar si tiene derecho
a percibir de manera simultánea la pensión de vejez y el salario derivado de su vinculación
como docente oficial.

38. Como se reseñó anteriormente, el demandante ingresó al servicio educativo oficial con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues su primera vinculación
ocurrió en 2004, cuando fue nombrado en provisionalidad como docente del municipio de
Medellín.

39. Por lo tanto, no le asiste la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992, ni es beneficiario de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el
salario prevista en el artículo 5° del Decreto 224 de 1972, pues es beneficiario del régimen
general de pensiones.

40. Al respecto, se aclara que el reconocimiento de su pensión de vejez debe regirse por
el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, norma que no consagra la excepción
de compatibilidad salarial y pensional para los docentes.

41. Al analizar el trámite legislativo que derivó en la expedición de la Ley 812 de 2003, se
advierte que en la ponencia para el segundo debate del proyecto de ley 169 de Cámara y
167 de Senado se consignó lo siguiente: «se unificará el sistema en cuanto a las entidades
administradoras y a las condiciones y beneficios, de tal forma que los regímenes
especiales como los de Ecopetrol, el Magisterio, la Fuerza Pública, el Congreso, las Altas
Cortes y las convenciones colectivas, se ajusten al sistema general y no sigan generando
déficit e inequidades injustificables entre los colombianos.

42. Luego, es evidente que con la entrada en vigor de la Ley 812 se pretendió incluir a los
docentes en el régimen general de la Ley 100, de 1993, que no admite la referida
compatibilidad.

43. Esto se ve reforzado por el mismo artículo 81 de la Ley 812 de 2003, cuando señaló
que «Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres», es decir, lo único que se
exceptúa del régimen general es la edad, por lo demás siguen las reglas del régimen
general, y por el Acto Legislativo 01 de 2005, en el que se señaló que desde su expedición
el único régimen excepcional es el que cobija a la fuerza pública.

44. En consecuencia, al no existir una previsión legal que autorice la compatibilidad
pensional en el régimen aplicable al demandante (Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003) con
el salario, la regla general de incompatibilidad prevalece. En ese sentido, acertó el Tribunal

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al determinar que el actor no tiene derecho a percibir simultáneamente la mencionada
prestación y el salario como maestro oficial.»

A partir de lo anterior, la Sala advierte que el actor plantea la misma controversia
jurídica discutida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al insistir
en que el régimen aplicable es la Ley 33 de 1985 y, en esa medida, se le debe aplicar
la excepción prevista en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, sobre
compatibilidad para percibir pensión y salario. De ahí que considere que puede recibir
de manera paralela las dos prestaciones y no condicionarse el pago de la pensión al
retiro del servicio.

En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de tutela se
argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos fundamentales al incurrir
en defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, lo cierto es que el actor
pretende utilizar este mecanismo constitucional para reiterar los mismos
planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Dichos argumentos fueron analizados por el juez natural, quien no solo los desestimó,
sino que además expuso de manera detallada las razones jurídicas y técnicas que
sustentan su decisión. En particular, precisó que, en atención a que el régimen
aplicable a los docentes depende de la fecha de vinculación y que el actor se vinculó
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, las disposiciones
aplicables para el reconocimiento pensional eran las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003. La autoridad judicial, además, explicó que no podía aplicarse la excepción del
literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, puesto que las normas especiales fueron
limitadas y los docentes vinculados con posterioridad quedaron regidos por el sistema
general, en el que prevalece la regla de incompatibilidad entre pensión y salario.

En relación con el desconocimiento del precedente jurisprudencial, como lo refirió el a
quo, la Sección Segunda de la Corporación no tiene una posición pacífica sobre la
aplicación de la excepción del literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, para los
docentes vinculados con posterioridad a la Ley 812 de 2003. Divergencia que ha sido
reconocida por la propia Sección Segunda, así:

«A partir de este marco normativo y jurisprudencial, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a través de sus Subsecciones A y B, ha desarrollado distintas interpretaciones
sobre la materia. La Subsección A8 ha señalado que la excepción a la prohibición de doble
asignación es aplicable a los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, quienes se encuentran amparados por el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y por el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, sin que sea
exigible el retiro del servicio.

Por su parte, la Subsección B9 ha adoptado una postura más amplia, al sostener que la
compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario docente se predica de todos los
docentes oficiales, incluso de aquellos vinculados con posterioridad a la Ley 812 de 2003,
en la medida en que dicha excepción no depende del régimen pensional aplicable, sino de
la naturaleza de la actividad docente.»10

8
Sentencias de 12 de febrero de 2026, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo, rad. 3394-2025; y C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves,
rad. 0792-2023; sentencia de 30 de octubre de 2025, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo, rad. 0908-2025; y sentencia de 23 de
octubre de 2025, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, rad. 3359-2024. Entre otras.
9
Sentencia de 18 de abril de 2024. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022);
sentencia de 19 de enero de 2026, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, rad. 76001-23-33-000-2020-01250-01 (3108-2024); sentencia
de 5 de febrero de 2026, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, rad. 0474-2023 y sentencia de 16 de octubre de 2025, C.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera, rad. 1504-2025.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 23 de abril de 2026,
exp. 11001-03-15-000-2025-07058-01, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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Por lo anterior, no puede sostenerse la existencia de un desconocimiento del
precedente judicial, en la medida en que, como quedó evidenciado, el precedente
invocado como desconocido fue dictado por una Subsección distinta a la accionada
de la misma Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que constituye un
precedente horizontal que no resulta de obligatoria observancia para la autoridad
judicial demandada.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto el actor reiteró los argumentos que expuso en
el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y lo que realmente se
evidencia es su inconformidad con las conclusiones a las que llegó el juez natural.

En consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia que negó las pretensiones
de la acción de tutela y, en su lugar, se declarará improcedente el recurso de amparo
que promovió el señor Jaime Alberto Castaño Botero contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, al no cumplir el requisito general de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia de 16 de marzo de 2026, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. En su lugar,
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Alberto
Castaño Botero contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por
las razones expuestas en la parte considerativa.
3.Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse en la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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