República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01178-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
Demandante: Jorge Augusto Ríos Sastoque
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente después de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Subtema 2: requisitos para acceder a la
pensión de vejez prevista en la Ley 100 de 1993.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 28 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El demandante, en calidad de docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, al considerar que acreditaba los
requisitos de edad y tiempo de servicio oficial exigidos para acceder a dicha prestación.
Sostuvo que, aunque su vinculación al servicio docente ocurrió con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, los tiempos laborados con anterioridad en
otras entidades públicas debían permitirle acceder al régimen pensional anterior, por
lo que solicitó la aplicación de las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, en concordancia con
la Ley 91 de 1989.
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que el actor se vinculó
al servicio docente oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
razón por la cual concluyó que no era beneficiario del régimen pensional previsto en la
Ley 33 de 1985, ni del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por lo que su situación debía regirse por el régimen general de pensiones.
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
Demandante: Jorge Augusto Ríos Sastoque
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
La Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada, por cuanto el demandante no
es destinatario del régimen pensional previsto para los docentes vinculados al servicio
público educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, ni reúne
los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Asimismo, aun al analizar su situación conforme al régimen
general de pensiones, se concluye que, si bien acredita la edad exigida, no demuestra
el número mínimo de semanas de cotización requerido para acceder a la pensión de
vejez.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Jorge Augusto Ríos Sastoque, por conducto de apoderada, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la – Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan1:
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declare la nulidad del acto ficto configurado el 25 de octubre de
2019, respecto de la reclamación administrativa presentada el 25 de julio de 2019.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, equivalente al 75 %
de los salarios y primas percibidos, a partir del 7 de abril de 2017, fecha en la que
adquirió el estatus pensional.
4. Asimismo, solicitó que se ordene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Valle del Cauca y a la
Secretaría de Educación Departamental: (a) dar cumplimiento al fallo que se dicte
dentro del presente proceso, de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA;
(b) reconocer y pagar los ajustes de valor a que haya lugar por la pérdida del poder
adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas; y (c) reconocer y pagar los intereses
moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se
efectúe el pago de los valores adeudados.
5. Igualmente, solicitó que se ordene a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio su inclusión en la
nómina de pensionados, así como el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a
que haya lugar por la pérdida del poder adquisitivo de cada una de las mesadas
1 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 19, documento «12_ED_EXPEDIENTEDIGITALIZ(.pdf) NroActua 19»,
folios 4 al 22.
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Demandante: Jorge Augusto Ríos Sastoque
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
pensionales, por tratarse de sumas de tracto sucesivo, y de los demás emolumentos,
de conformidad con el artículo 192 del CPACA.
6. Finalmente, pidió que se condene en costas a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del
Valle del Cauca y a la Secretaría de Educación Departamental, conforme al artículo
188 del CPACA.
2.1.2. Hechos
7. Señaló que nació el 7 de abril de 1962 y que, para la fecha de presentación de
la demanda, tenía 55 años de edad.
8. Indicó que estuvo vinculado como empleado público entre el 1 de enero de 1991
y el 1 de enero de 1996. Posteriormente, se desempeñó como docente desde el 23 de
agosto de 2005 y, para la fecha de presentación de la demanda, continuaba ejerciendo
dicho cargo, por lo que completaba más de 20 años de servicio oficial.
9. Refirió que, al cumplir los 55 años de edad y acreditar 20 años de servicio oficial,
solicitó el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación ante la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, para que le fuera reconocida a partir del 7 de abril de 2017, fecha en la que
consolidó su estatus pensional.
10. Sostuvo que, mediante el acto administrativo demandado, la entidad dio
respuesta a su solicitud y expresó que no le asistía el derecho al reconocimiento de la
pensión, con fundamento en lo previsto en la Ley 812 de 2003.
11. Finalmente, manifestó que, al sumar el tiempo laborado como docente oficial
con el prestado en el sector público, acreditaba los requisitos previstos en la Ley 812
de 2003 para acceder a la pensión de jubilación a los 55 años de edad.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
12. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• Ley 33 de 1985.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 60 de 1993.
• Ley 100 de 1993.
• Ley 115 de 1993.
• Ley 812 de 2003.
• Decreto 3752 de 2003.
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13. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante propuso los siguientes
argumentos:
14. Sostuvo que la Ley 6 de 1945 fue la primera disposición que reconoció a los
empleados públicos el derecho a la pensión ordinaria de jubilación al cumplir 50 años
de edad y 20 de servicio. Agregó que, posteriormente, la Ley 33 de 1985 fijó como
regla general la edad de 55 años y mantuvo una excepción para quienes, al 29 de
enero de 1985, acreditaban más de 15 años de servicio.
15. Indicó que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 ratificó que los docentes
nacionales y quienes se vincularan a partir del 1 de enero de 1990 se regirían, en
materia de prestaciones económicas y sociales, por las normas aplicables a los
servidores públicos del orden nacional, así como por las que se expidieran en el futuro,
lo que, a su juicio, unificó el régimen prestacional de dichos docentes con el de los
demás empleados públicos.
16. Señaló que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 diferenció dos regímenes: uno
para los docentes vinculados antes de su entrada en vigor, a quienes les resulta
aplicable el régimen prestacional anterior, y otro para quienes ingresaron con
posterioridad, quienes quedaron sometidos al Régimen de Prima Media previsto en las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Con fundamento en ello, afirmó que a los docentes
vinculados antes del 27 de junio de 2003 les continúan siendo aplicables la Ley 91 de
1989, la Ley 33 de 1985 y las demás normas vigentes con anterioridad a dicha ley.
17. Refirió que esa interpretación ha sido respaldada por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 22 de noviembre de 2007, así
como por el Decreto 3752 de 2003, cuyos artículos 1 y 2 establecen la afiliación
obligatoria de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y determinan la entidad responsable del reconocimiento de las prestaciones sociales,
según el momento de su causación. A partir de ello, sostuvo que la falta de afiliación
no puede trasladar consecuencias desfavorables al trabajador ni constituir fundamento
para negar la pensión.
18. Manifestó que la Administración realizó una interpretación equivocada del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, al considerar que únicamente tenían derecho
quienes permanecían vinculados al momento de entrar en vigencia dicha disposición.
En su criterio, la expresión «vinculados» comprende a quienes acreditaron una
vinculación al servicio docente oficial con anterioridad a esa fecha, aun cuando
hubieran existido interrupciones en la relación laboral, pues lo relevante es el tiempo
de servicio previamente prestado.
19. Expuso que esa interpretación resulta acorde con la jurisprudencia del Consejo
de Estado en materia de pensión gracia, según la cual la pérdida de continuidad en la
vinculación no impide acumular tiempos de servicio cuando el legislador únicamente
4
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exige haber estado vinculado antes de una determinada fecha. Por ello, consideró que
ese mismo criterio debe aplicarse para interpretar el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
20. Adujo que la entrada en vigor del Decreto 1278 de 2002 no modificó el régimen
pensional de los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, pues dicho estatuto
regula aspectos relacionados con el escalafón docente y no las reglas para el
reconocimiento de la pensión de jubilación. En ese sentido, sostuvo que el régimen de
transición previsto por la Ley 812 de 2003 protege a quienes acreditaban tiempo de
servicio oficial antes de su entrada en vigor, independientemente del estatuto docente
aplicable.
21. Agregó que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 16 de
marzo de 2017, reiteró que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003 conservan el régimen pensional previsto en la Ley 91 de 1989 y, en
materia de pensión de jubilación, les resultan aplicables la Ley 33 de 1985 y los
decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
22. Finalmente, sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado también ha
reconocido que el tiempo de servicio docente puede acreditarse mediante distintos
medios probatorios y que las vinculaciones temporales constituyen una forma válida
de acreditar el tiempo exigido para el reconocimiento de derechos pensionales. Con
fundamento en lo anterior, solicitó la nulidad del acto que negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación y, su lugar, pretendió el reconocimiento de dicha prestación,
conforme al régimen anterior previsto para los docentes vinculados antes de la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, en específico, el previsto en la Ley 33 de 1985 y en
los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
2.2. Contestación de la demanda
23. La entidad accionada se opuso a todas y cada una de las pretensiones al
considerar que carecen de fundamentos de derecho. Asimismo, propuso las siguientes
excepciones2:
24. «Inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido». Sostuvo que la entidad
no ha vulnerado los derechos laborales de la parte demandante, sino que, por el
contrario, estos se encuentran debidamente garantizados. En ese sentido, indicó que
no existió error en el análisis de las normas atinentes al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, pues el demandante no tiene derecho a dicha prestación en
razón de la fecha de su vinculación y de la pérdida de continuidad en la relación laboral
con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
2 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 10, documento
«5_ALLEGAMEMORIAL_CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 10».
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25. Además, solicitó que, si durante el trámite del proceso se acreditaban hechos
constitutivos de una excepción, esta se declarara de oficio al momento de proferir
sentencia, de conformidad con el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.
2.3. Sentencia de primera instancia
26. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 28 de marzo
de 2025, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas a
la parte demandante y fijó agencias en derecho en el 3 % de lo solicitado3. Lo anterior,
bajo las siguientes consideraciones:
27. Señaló que el señor Jorge Augusto Ríos Sastoque nació el 7 de abril de 1962.
Indicó que el demandante, mediante reclamación administrativa, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, al
considerar que cumplía los requisitos de 55 años de edad y 20 de cotización al sector
público.
28. Manifestó que, de acuerdo con el certificado de historia laboral del 18 de marzo
de 2018, expedido por la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca,
el accionante estuvo vinculado a la docencia oficial desde el 23 de agosto de 2005
hasta el 31 de marzo de 2018, para un total de 13 años, 6 meses y 24 días.
29. Señaló que, en la audiencia inicial, decretó como prueba de oficio solicitar a
Colpensiones la historia laboral del accionante. Asimismo, requirió al municipio de
Roldanillo, Valle del Cauca, para que informara si efectuó cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social con ocasión de la vinculación laboral del demandante.
30. Indicó que, conforme a la certificación obrante en el archivo 49 de la plataforma
Samai, el accionante laboró para el municipio de Roldanillo en el cargo de secretario
entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de diciembre de 1997, período respecto del cual la
entidad efectuó cotizaciones a Colpensiones.
31. Agregó que, según el reporte contenido en el archivo 50 de la plataforma Samai,
el demandante cotizó ante Colpensiones 419,57 semanas en los sectores público y
privado, durante el período comprendido entre el 4 de noviembre de 1987 y el 31 de
enero de 2004, equivalentes a 8 años y 1 mes.
32. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el demandante se vinculó a la
docencia oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, razón
por la cual consideró que el régimen pensional aplicable no era el previsto para los
docentes vinculados con anterioridad a dicha normativa, sino el contemplado en la Ley
100 de 1993.
3 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 67, documento «68Sentencia_SO6520200117800Pensi(.pdf) NroActua
67».
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33. En cuanto al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, manifestó que, al 1 de abril de 1994, el demandante se encontraba vinculado a
un empleador del sector privado, tenía 32 años de edad y no acreditaba 15 años o más
de servicios cotizados, por lo que concluyó que no reunía los requisitos para acceder
a la pensión conforme a la Ley 33 de 1985 o a la Ley 71 de 1988.
34. En consecuencia, concluyó que no había lugar a acceder a las pretensiones de
la demanda.
35. Finalmente, de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, condenó en costas a la parte demandante, por resultar vencida
en el proceso. Asimismo, fijó como agencias en derecho en primera instancia el 3 %
del valor de las pretensiones, con fundamento en el numeral 4 del artículo 366 del
C.G.P. y el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura.
2.4. Recurso de apelación
36. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita4. Fundamentó su inconformidad en las siguientes razones:
37. Expuso que, al momento de presentar la demanda, existía una línea
jurisprudencial desarrollada por distintos juzgados administrativos según la cual los
docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
podían acceder a la pensión de jubilación por aportes, mediante la aplicación de las
leyes 71 de 1988 y 33 de 1985, siempre que acreditaran la edad y el tiempo de
cotización exigidos, para lo cual era posible acumular los aportes efectuados tanto al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como a Colpensiones.
38. Indicó que esa postura reconocía el derecho pensional con un monto
equivalente al 75 % del salario base de liquidación, conforme al artículo 8 del Decreto
2709 de 1994, y permitía consolidar el tiempo de cotización mediante la acumulación
de aportes realizados en el sector público y en el privado.
39. Como sustento de esa afirmación, citó las sentencias proferidas el 29 de
noviembre y el 6 de diciembre de 2024 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito de Montería, dentro de los procesos promovidos por Álvaro Augusto Baza
Barrera y Yadith del Carmen Saleme Negrete, respectivamente, en las cuales se
reconoció la pensión de jubilación por aportes a docentes vinculados con posterioridad
a la Ley 812 de 2003, al considerar procedente la acumulación de cotizaciones a
Colpensiones y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
4 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 70, documento «69_MemorialWeb_Recurso-202001178JORGEA(.pdf)
NroActua 70».
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40. Igualmente, invocó la sentencia del 28 de julio de 2023 del Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, proferida dentro del proceso promovido por
Arnul Bueno Valencia, en la que se aplicó el régimen previsto en el artículo 1 de la Ley
33 de 1985, al verificarse el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de
servicio, y se concluyó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
era la entidad competente para reconocer y pagar la prestación, sin perjuicio de la
repetición frente a las demás entidades aportantes.
41. A partir de esos precedentes sostuvo que la demanda fue presentada en un
contexto de divergencia jurisprudencial sobre el régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, circunstancia que justificaba plenamente las pretensiones
formuladas, pues no existía una posición unificada del Consejo de Estado acerca de
la incidencia de la fecha de vinculación en la determinación del régimen pensional.
42. Manifestó que, con posterioridad a la presentación de la demanda, el Consejo
de Estado unificó su jurisprudencia y estableció que únicamente los docentes
vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 pueden acceder al
régimen previsto en las leyes 71 de 1988 y 33 de 1985, mientras que quienes
ingresaron con posterioridad deben pensionarse conforme al régimen general de la
Ley 100 de 1993.
43. Señaló que dicha modificación jurisprudencial no debe traducirse en la
obligación de promover un nuevo proceso judicial para reclamar el reconocimiento de
la pensión bajo el régimen que finalmente resulte aplicable, pues ello desconoce los
principios de seguridad jurídica, economía procesal, tutela judicial efectiva y acceso
material a la administración de justicia.
44. En ese sentido, sostuvo que corresponde al juez resolver integralmente la
controversia pensional, verificando si el demandante cumple los requisitos previstos
en el ordenamiento jurídico vigente, aun cuando el régimen aplicable resulte diferente
del inicialmente invocado en la demanda, evitando así un desgaste innecesario para
las partes y la administración de justicia.
45. Alegó que exigir la presentación de una nueva demanda constituye una carga
procesal desproporcionada, que prolonga injustificadamente el reconocimiento de un
derecho de naturaleza fundamental como la seguridad social, desconoce el principio
de prevalencia del derecho sustancial y afecta la tutela judicial efectiva.
46. En apoyo de esa tesis invocó las sentencias C-037 de 1996 y T-171 de 2009 de
la Corte Constitucional, así como la sentencia del 25 de julio de 2019, proferida por el
Consejo de Estado dentro del proceso con radicación 81001-23-33-000-2013-00165-
01 (0700-16), para sostener que el acceso a la administración de justicia exige que el
juez adopte la interpretación más favorable para la protección efectiva de los derechos
fundamentales, conforme a los principios pro homine y pro persona.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
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47. Asimismo, sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha venido
consolidando el criterio según el cual el juez puede examinar la situación pensional del
docente a la luz de los distintos regímenes aplicables, con el propósito de garantizar
la efectividad del derecho sustancial y evitar decisiones meramente formales que
desconozcan el derecho a la seguridad social.
48. De otra parte, afirmó que existe una línea jurisprudencial consolidada respecto
de la compatibilidad entre la percepción simultánea del salario y la pensión de
jubilación por parte de los docentes oficiales, con independencia del régimen pensional
bajo el cual se reconozca la prestación.
49. En respaldo de esa afirmación citó múltiples providencias proferidas por el
Consejo de Estado durante el año 2024, en las cuales se concluyó que la excepción
prevista en el artículo 19, literal g), de la Ley 4 de 1992, así como en el artículo 5 del
Decreto 224 de 1972, permite a los docentes oficiales percibir simultáneamente la
pensión y el salario, sin necesidad de retirarse previamente del servicio.
50. Finalmente, pidió que se aplique el precedente vertical y horizontal invocado en
el recurso y, en consecuencia, se reconozca la compatibilidad entre la pensión de
jubilación y el salario docente, con independencia del régimen pensional que resulte
procedente, sin supeditar el disfrute de la prestación al retiro definitivo del servicio.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
51. Mediante auto del 12 de septiembre de 2025, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el señor Jorge Augusto Ríos Sastoque. Asimismo, se ordenó notificar
personalmente al procurador delegado ante esta corporación, de conformidad con el
artículo 198 del CPACA, y a las partes en los términos del artículo 205 ibidem,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 20215.
2.6. Ministerio Público
52. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto6.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
53. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
5 Samai, expediente digital, índice 4, documento «4Autoqueadmite_15482025R(.pdf) NroActua 4».
6
Samai, expediente digital, índice 7, documento «Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf) NroActua 7».
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3.2. Problemas jurídicos
54. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir si:
55. ¿El demandante es destinatario de la regla jurisprudencial fijada en la sentencia
de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, en relación con el
régimen pensional aplicable a los docentes vinculados al servicio público educativo
oficial?
56. En caso afirmativo, a luz de los criterios establecidos en la anterior decisión, ¿el
demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le reconozca
y pague una pensión de jubilación en aplicación de las leyes 33 de 1985 o 71 de 1988?
57. De no ser así, ¿el demandante es beneficiario del régimen de transición previsto
en la Ley 812 de 2003, y con ello, de la aplicación del régimen anterior a la Ley 100 de
1993?
58. Finalmente, de no resultar aplicables los regímenes anteriores a la Ley 100 de
1993, ¿el demandante reúne los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación, conforme a esta norma?
59. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; y (2) el régimen pensional de los maestros
oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019.
60. A partir de las anteriores consideraciones (3) se destacarán los hechos probados
más relevantes, y (4) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los
problemas jurídicos propuestos.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
61. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
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62. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 19897, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
63. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
64. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
65. Sin embargo, la Ley 812 de 20038 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el Régimen de
Prima Media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros.
Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado
en el artículo 81 de esta».
66. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (leyes 33 de 1985 o 71 de 1988). El
segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el Régimen de
Prima Media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.
7 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
8 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
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3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 20199
67. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
68. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:
69. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
70. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de reemplazo: 75 %.
9 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).
12
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
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✓ Ingreso base de liquidación que comprende (a) el periodo del último año de
servicio docente y (b) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
71. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)10.
72. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
73. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65 % - 85 %11, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80 %) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
10 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
11
Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
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✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (a) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (b) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
74. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.
75. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección12, tales como:
(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido previa a su
vigencia.
(b) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
76. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
12 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, exp. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
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3.4. Hechos probados relevantes
77. De acuerdo con el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía 13, el
señor Jorge Augusto Ríos Sastoque nació el 7 de abril de 1962. A la fecha en que
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de
1985, mediante reclamación administrativa del 25 de julio de 201914, tenía 57 años.
78. Conforme con la certificación del 8 de febrero de 201815, expedida por la
Secretaría de Desarrollo Institucional de Roldanillo, el accionante prestó sus servicios
como secretario de servicios administrativos desde el 1 de enero de 1995 hasta el 13
de enero de 1998, lo que equivale a 3 años y 14 días, que corresponden [1.109] 1.119
días, que son 158,42 semanas.
79. En virtud de la certificación del 13 de agosto de 201816, expedida por la
liquidadora de la empresa de servicios públicos de aseo de Cali Emsirva E.S.P. en
liquidación, el demandante prestó sus servicios como: (a) coordinador de
mantenimiento del 26 de mayo de 1998 al 30 de septiembre de 1999. (b) profesional
del 1 de octubre de 1999 al 31 de diciembre de 2000. Sumando los anteriores periodos,
se tiene que el demandante trabajó en la señalada empresa 2 años, 7 meses y 6 días,
que corresponden a 946 días, que son 135,14 semanas.
80. Conforme con el acta de posesión del 23 de agosto de 200517, el accionante se
presentó en el despacho de la Gobernación del Valle del Cauca con el fin de tomar
posesión en el cargo de docente de la institución educativa Argemiro (sic), nombrado
mediante la Resolución 1053 del 19 de agosto de 2005.
81. De conformidad con el acta de posesión del 24 de agosto de 2006 18, el
accionante se presentó en el despacho de la Gobernación del Valle del Cauca con el
fin de tomar posesión en el cargo de docente de la institución educativa Argemiro
Escobar Cardona, nombrado mediante la Resolución 2095 del 16 de agosto de 2006.
82. Según la certificación del 29 de septiembre de 201819, expedida por la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca, el demandante labora como docente de
aula grado 2BE en la institución educativa Argemiro Escobar Cardona desde el 23 de
agosto de 2005 hasta la fecha.
83. En virtud del formato único para la expedición de certificado de historia laboral
del 18 de marzo de 201920, el demandante prestó sus servicios a la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca, como docente, desde el 23 de agosto de 2005, sin que
13 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «65000431778», folios 53 y 83.
14 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «65000431778», folios 56 al 60.
15 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «65000431778», folio 78.
16 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «65000431778», folio 79.
17 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «65000431778», folio 69.
18 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «65000431778», folio 75.
19 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «65000431778», folio 102.
20
Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «65000431778», folios 61 al 64.
15
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
Demandante: Jorge Augusto Ríos Sastoque
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
se reporte, a la fecha de la certificación, retiro del servicio, por lo que de esta se infiere
que el actor seguía vinculado al Magisterio. El documento, reporta para la fecha en
que fue proferido, que el peticionario había prestado el servicio docente 13 años, 6
meses y 24 días, que equivalen a 4.949 días, que son 707 semanas.
84. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones21, actualizado a
18 de octubre de 2024, el demandante tiene un total de 419,57 semanas cotizadas en
Colpensiones, desde el 4 de noviembre de 1987 al 31 de enero de 2004. Se evidencia
que varios de los aportes efectuados corresponden a las vinculaciones antes
señaladas con el municipio de Roldanillo y la empresa de servicios públicos de aseo
de Cali Emsirva E.S.P. Por lo tanto, con el fin de no computar dos veces el tiempo de
servicio, no se tendrán en cuenta las cotizaciones efectuadas a ISS y/o Colpensiones
durante la relación del accionante con los anteriores empleadores, que equivalen
271,28 semanas.
85. En consecuencia, pueden tenerse en cuenta las 148.29 semanas de cotización
restantes, que corresponden a las siguientes:
Nombre o razón Desde Hasta Semanas cotizadas
social
INGENIESA S.A. 04-11-1987 01-02-1988 12.86
Ingenio Río Paila 05-01-1988 03-07-1988 21.86
S.A.
Jaramillo F E Hijos 11-11-1988 13-01-1989 9.14
Automercantil del Pa 02-02-1990 30-10-1990 38.71
Antioqueña de INVS 03-09-1992 04-12-1992 13.29
Operarios y Emp. 11-10-1993 15-02-1994 18.29
Temp.
Petrecol Ltda 17-02-1994 30-04-1994 10.43
Emp. De Trans. 01-12-2002 31-12-2002 2.57
Villan
Empresa de 01-01-2003 30-04-2003 17.14
Transporte
Su Aliada 01-12-2003 31-12-2003 3.86
Cooperativa
Su Aliada 01-01-2004 31-01-2004 0.14
Cooperativa
Total 148.29
86. En términos de semanas, de acuerdo con lo probado en el proceso, al sumar la
totalidad de las semanas hasta aquí computadas, se advierten 1.148, 8522.
21 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento
«36_760012333000202001178003MemorialWeb20241025144735».
22 Las 707 semanas corresponden al certificado de historia laboral del 18 de marzo de 2019, expedido por la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca; las 135,14 semanas corresponden al certificado del 13 de agosto de
2018, expedido por la liquidadora de la empresa de servicios públicos de aseo de Cali Emsirva E.S.P.; las 158,42
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
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87. De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de salarios
del 23 de junio de 201923, el demandante percibió valores por concepto de factores
salariales para los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
88. Mediante reclamación administrativa presentada el 25 de julio de 201924, el
demandante solicitó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, al considerar que reunía los requisitos de 55
años de edad y 20 de servicio oficial, los cuales, a su juicio, consolidó a partir del 7 de
abril de 2017, fecha en la que adquirió el estatus pensional. Frente a dicha solicitud, la
administración guardó silencio.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De los efectos de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 del 25 de abril
de 2019
89. La parte demandante sostuvo que, para la fecha en que promovió el presente
medio de control, existían diversos pronunciamientos de juzgados administrativos que
admitían el reconocimiento de la pensión de jubilación a docentes oficiales vinculados
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, mediante la aplicación
de las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988. Según esa postura, era posible acumular los
aportes efectuados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a
Colpensiones para acreditar el tiempo exigido y acceder a la prestación en las
condiciones previstas por dichas normas.
90. Precisó, sin embargo, que con posterioridad a la presentación de la demanda el
Consejo de Estado unificó su jurisprudencia y definió que el régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales depende de la fecha de su vinculación inicial al
servicio público educativo. En consecuencia, reconoció que el criterio que sustentó la
demanda dejó de corresponder a la interpretación actualmente vigente.
91. En ese sentido, el primer aspecto que corresponde dilucidar consiste en
establecer si el demandante es destinatario de las reglas establecidas en la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2 del 25 de abril de 2019, pues de esa respuesta depende
la determinación del régimen pensional aplicable y, en consecuencia, la procedencia
del estudio de las demás pretensiones formuladas en la demanda.
semanas corresponden a la certificación del 8 de febrero de 2018, expedida por la Secretaría de Desarrollo
Institucional de Roldanillo; y las 148,29 semanas corresponden al reporte de semanas cotizadas en pensiones,
actualizado a 18 de octubre de 2024.
23 Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «65000431778», folios 71 al 72 y 74.
24
Samai, Tribunal, visualizar expediente, documento «65000431778», folios 55 al 60.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
Demandante: Jorge Augusto Ríos Sastoque
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
92. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha explicado que el precedente
judicial está constituido por las decisiones adoptadas con anterioridad para resolver
casos con supuestos fácticos y problemas jurídicos semejantes, cuyas reglas de
decisión deben ser observadas por las autoridades administrativas y judiciales al
resolver asuntos posteriores, en garantía de los principios de igualdad, seguridad
jurídica y confianza legítima.
93. Bajo ese entendimiento, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 del 25 de abril de 2019,
precisó que el criterio determinante para establecer el régimen pensional de los
docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
es la fecha de la vinculación inicial al servicio docente oficial. A partir de dicha regla
distinguió dos grupos claramente diferenciados: de una parte, los docentes vinculados
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, a quienes continúa siendo aplicable
el régimen anterior previsto en las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989; y, de otra, quienes
ingresaron al servicio docente a partir del 27 de junio de 2003, respecto de los cuales
los ampara el Régimen de Prima Media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con la particularidad de la edad pensional, de 57 años para hombres y mujeres.
94. Asimismo, la providencia de unificación precisó que las reglas allí fijadas tienen
aplicación obligatoria en todos los procesos administrativos y judiciales que se
encontraran pendientes de decisión, con excepción de aquellos respecto de los cuales
hubiera operado la cosa juzgada. En consecuencia, el hecho de que una demanda se
hubiese presentado con fundamento en una interpretación jurisprudencial anterior no
impide que el juez deba resolver el litigio conforme al precedente vigente al momento
de proferir la decisión.
95. En ese contexto, la Sala advierte que los pronunciamientos invocados por el
apelante, proferidos por distintos juzgados administrativos, constituyen criterios
interpretativos que pudieron reflejar la existencia de posiciones divergentes antes de
la unificación jurisprudencial. No obstante, tales decisiones no tienen la virtualidad de
desplazar el precedente fijado por el Consejo de Estado, en su condición de órgano
de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en esta materia, cuyas
reglas de decisión resultan obligatorias para las autoridades judiciales al resolver
casos con identidad fáctica y jurídica.
96. En ese orden de ideas, como el criterio interpretativo desarrollado en el referido
fallo de unificación sí le es aplicable al demandante, corresponde establecer si es
posible reconocer en su favor la pensión de conformidad con las leyes 33 de 1985 o
71 de 1988.
3.5.2. Del eventual reconocimiento de la pensión de jubilación en aplicación de
las leyes 33 de 1985 o 71 de 1988
97. Definido que el criterio para establecer el régimen pensional aplicable al
18
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
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demandante es la fecha de su vinculación inicial al servicio docente oficial,
corresponde determinar si, en su condición de docente, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en las Leyes 33 de 1985 o 71 de
1988.
98. Como quedó expuesto en el marco normativo de esta providencia, la Sentencia
de Unificación SUJ-014-CE-S2 del 25 de abril de 2019 precisó que el régimen previsto
en la Ley 33 de 1985, aplicable por virtud del artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
únicamente beneficia a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales cuya
vinculación inicial al servicio público educativo oficial haya ocurrido antes de la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, la sola acreditación de tiempos de
servicio en otras entidades públicas no resulta suficiente para acceder a dicho régimen,
pues el elemento definitorio es la fecha de ingreso a la carrera docente oficial.
99. En el presente asunto se encuentra acreditado que el señor Jorge Augusto Ríos
Sastoque prestó servicios como secretario del municipio de Roldanillo entre los años
1995 y 1998 y posteriormente laboró en la empresa de servicios públicos Emsirva
E.S.P.; sin embargo, tales vinculaciones corresponden a empleos distintos al ejercicio
de la docencia oficial.
100. Por el contrario, las pruebas obrantes en el expediente demuestran que su
primera vinculación como docente oficial se produjo el 23 de agosto de 2005, fecha en
la cual tomó posesión del cargo en la Institución Educativa Argemiro Escobar Cardona,
en virtud del nombramiento efectuado mediante Resolución 1053 del 19 de agosto de
2005. Desde entonces ha permanecido vinculado al servicio educativo oficial.
101. En esas condiciones, la Sala concluye que el demandante no reúne el
presupuesto exigido por la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2 del 25 de abril de
2019 para ser beneficiario del régimen pensional anterior conservado por la Ley 91 de
1989, toda vez que su ingreso al servicio docente ocurrió con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003.
102. En consecuencia, no hay lugar a reconocer la pensión de jubilación con
fundamento en las Leyes 33 de 1985 o 71 de 1988, razón por la cual corresponde
analizar si el demandante puede acceder al régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993.
3.5.3. Del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
103. Descartada la aplicación del régimen anterior previsto para los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003, corresponde establecer si el señor Jorge
Augusto Ríos Sastoque reúne los requisitos para ser beneficiario del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Jorge Augusto Ríos Sastoque
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
104. De conformidad con dicha disposición, conservan el régimen anterior quienes,
al 1 de abril de 1994, hubieran cumplido 35 años de edad, si eran mujeres, 40 años de
edad, si eran hombres, o acreditaran 15 años o más de servicios cotizados.
105. En el caso concreto, se encuentra demostrado que el demandante nació el 7 de
abril de 1962; por tanto, para el 1 de abril de 1994 tenía 31 años de edad, circunstancia
que evidencia que no cumplía el requisito etario previsto para los hombres. Igualmente,
del reporte de semanas cotizadas y de las certificaciones laborales obrantes en el
expediente no se desprende que para esa fecha acreditara 15 años de servicios o
cotizaciones. Por el contrario, sus cotizaciones comenzaron el 4 de noviembre de
1987, por lo que para el 1 de abril de 1994 registraba un tiempo considerablemente
inferior al exigido por la ley.
106. Así las cosas, el demandante no consolidó ninguno de los presupuestos
establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario del régimen
de transición, razón por la cual tampoco resulta procedente la aplicación de los
regímenes pensionales anteriores.
107. En consecuencia, la Sala procederá a verificar si el accionante reúne los
requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme al régimen general previsto en
la Ley 100 de 1993.
3.5.4. De los requisitos para acceder a la pensión de vejez prevista en la Ley 100
de 1993
108. Finalmente, corresponde determinar si el señor Jorge Augusto Ríos Sastoque
reúne los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez
conforme al régimen general previsto en la Ley 100 de 1993, análisis que resulta
procedente en atención a lo solicitado en el recurso de apelación, en el que se pidió
verificar si el demandante cumple los presupuestos legales para acceder a la
prestación bajo el régimen que efectivamente gobierna su situación jurídica.
109. Como se expuso en el marco normativo de esta providencia, los docentes cuya
vinculación inicial al servicio público educativo oficial ocurrió con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 se encuentran sometidos al Régimen de Prima
Media con Prestación Definida previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. En
consecuencia, para el reconocimiento de la pensión de vejez deben acreditar los
requisitos previstos en dicho régimen, con la particularidad de que la edad exigida para
los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
corresponde a 57 años, tanto para hombres como para mujeres.
110. En el asunto objeto de estudio se encuentra acreditado que el demandante
nació el 7 de abril de 1962, de manera que cumplió 57 años de edad el mismo día y
mes del año 2019. Por consiguiente, satisface el requisito etario previsto para acceder
a la pensión de vejez. No obstante, ello no resulta suficiente para consolidar el derecho
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
Demandante: Jorge Augusto Ríos Sastoque
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
reclamado, pues la prestación exige igualmente acreditar el número mínimo de
semanas de cotización establecido por el legislador.
111. En relación con este último requisito, de acuerdo con el análisis de tiempos de
servicio y semanas cotizadas efectuado en el acápite de hecho probados de esta
providencia, solo se advierten 1.148,85, esto es, un número inferior a las 1.300 exige
el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, por lo que de lo probado en el proceso, tampoco
es procedente acceder a lo pretendido al amparo de la anterior normatividad.
112. En consecuencia, como no se acreditó el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación docente, por sustracción de materia carece de objeto profundizar
en la solicitud atinente a la compatibilidad entre dicha prestación y el salario.
113. En ese orden de ideas, al no ser destinatario del régimen previsto en las leyes
33 de 1985 y 71 de 1988, no reunir los presupuestos para ser beneficiario del régimen
de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no acreditar los
requisitos exigidos por el Régimen General de Pensiones, la Sala confirmará la
sentencia apelada en cuanto negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en esta providencia.
114. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que respecto de la vinculación laboral del
actor la documentación más actualizada aportada al trámite de la referencia
corresponde al año 2019 y que no evidencia retiro del servicio docente, por lo que es
posible que durante el transcurso de proceso el peticionario haya continuado laborado
y, por ende, incrementado el número de semanas necesario para pensionarse.
115. En virtud de la anterior situación, se exhortará al Fomag a fin de que analice
nuevamente la situación pensional del demandante, con el propósito de que verifique,
a partir de información actualizada, si a este le asiste o no el derecho a la pensión de
conformidad con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y en caso afirmativo la
reconozca, como lo ha dispuesto esta Subsección en casos similares25.
3.6. Conclusión
116. En aplicación de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 del 25 de abril de
2019, la Sala concluye que el señor Jorge Augusto Ríos Sastoque, por haberse
vinculado al servicio público educativo oficial el 23 de agosto de 2005, esto es, con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no reúne los presupuestos
para acceder al régimen pensional previsto en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988. En
consecuencia, su situación pensional debe resolverse conforme al régimen general
previsto en la Ley 100 de 1993.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2026, Rad. 76001-23-33-
000-2020-01250-01 (3108-2024). M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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117. Asimismo, la Sala encuentra que el demandante tampoco es beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto al
1.º de abril de 1994 no acreditaba 40 años de edad ni 15 años de servicios o
cotizaciones.
118. Finalmente, al verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 100
de 1993, se advierte que, si bien el actor satisface el requisito de la edad, no acredita
el número mínimo de semanas de cotización exigido por el artículo 33 de dicha ley,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual tampoco resulta
procedente el reconocimiento de la pensión de vejez.
119. No obstante, se exhortará a la entidad accionada para que verifique la situación
pensional del demandante y en caso de que se acredite que cumplió con los requisitos
exigidos para el reconocimiento de una pensión de vejez, particularmente las 1.300
semanas de cotización, proceda al reconocimiento de dicha prestación, con
fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
120. En ese orden de ideas, la sentencia proferida el 28 de marzo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, acertadamente negó las pretensiones de
la demanda, por lo que se confirmará, aunque se adicionará lo atinente al referido
exhorto, como una medida de protección en favor del actor.
3.7. Costas
121. Al respecto, la presente providencia acoge el criterio de interpretación
mayoritario26 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse que la parte
vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Bajo ese entendido, la Subsección
considera que no hay lugar a imponer condena en costas, en atención a que no se
advierte que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas.
26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014).
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01178-01 (1548-2025)
Demandante: Jorge Augusto Ríos Sastoque
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
122. Por esta razón, también se revocará la condena en costas que impuso el Tribunal
en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado, y no se impondrá
condena por dicho concepto en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca el 28 de marzo de 2025, que negó las pretensiones de la demanda,
salvo la condena en costas que se revoca, de conformidad con lo expuesto en esta
providencia.
Segundo. Exhortar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, para que verifique, a partir de información
actualizada, la situación pensional del señor Jorge Augusto Ríos Sastoque y en caso
de que se acredite que cumplió con los requisitos exigidos para el reconocimiento de
una pensión de vejez, particularmente las 1.300 semanas de cotización, proceda al
reconocimiento de dicha prestación, con fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003.
Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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