República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01436-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01436-01 (1484-2022)
Demandante: María Stella Amaya Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente
antes de la Ley 812 de 2003. Subtema 2: aplicación de la Ley
71 de 1988.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la
sentencia del 6 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora María Stella Amaya Rodríguez solicitó la declaración de nulidad del acto
administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación en los términos de las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989. Indicó que
la calidad de docente le da derecho al reconocimiento y pago de la referida
prestación, en la medida que prestó sus servicios como docente con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. La presente decisión revocará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, por
cuanto la demandante acreditó su vinculación con anterioridad al 27 de junio de
2003, sin que la solución de continuidad implicara la pérdida del régimen de
transición. Asimismo, dado que demostró cotizaciones en los sectores público y
privado y cumplió los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988, procede el
reconocimiento de la prestación con fundamento en dicha normativa.
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01436-01 (1484-2022)
Demandante: María Stella Amaya Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag
2. Antecedentes
2.1. Demanda
1. La señora María Stella Amaya Rodríguez, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda en contra de
la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, radicada mediante apoderada judicial el 4 de octubre de 20191.
2.1.1. Pretensiones
2. La demandante solicitó lo siguiente:
(a) Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 000831 del 17 de junio de 2019,
por medio de la cual la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento de Cundinamarca le negó
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
(b) Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación por aportes a su favor, en una cuantía equivalente
al 75% de los salarios y primas recibidos durante el año anterior a la adquisición del
estatus de pensionada; sin lugar a exigirle el retiro definitivo del servicio para su
pago, con fundamento en la compatibilidad del salario percibido por la docencia
oficial y la pensión.
(c) Que se le ordene a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 192 del CPACA.
(d) Que las sumas reconocidas se ajusten de acuerdo con el IPC; y se otorguen los
intereses de mora por los valores adeudados.
(e) Que se condene en costas a la referida entidad.
2.1.2. Hechos
3. La señora María Stella Amaya Rodríguez hizo referencia a los siguientes hechos:
(a) Nació el 20 de abril de 1959.
(b) Indicó que prestó sus servicios como docente al servicio del Departamento de
1 Acta de reparto, visible en: Samai, índice 9, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «ED_CUADERNO1_05ACTAREPARTO(.pdf) NroActua 9».
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Demandante: María Stella Amaya Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag
Cundinamarca, afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
entre el 16 de febrero de 1981 y el 7 de junio de 2018, con algunas interrupciones.
(c) Realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) —hoy
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)— entre el 1 de mayo de
1996 y el 28 de febrero de 2006.
(d) Mediante escrito radicado el 31 de octubre de 20182, solicitó a la Secretaría de
Educación de Cundinamarca el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación,
en una cuantía equivalente al 75 % del promedio de los salarios y las primas
recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada. Lo
anterior, porque consideró que dicha prestación debe reconocerse según lo
establecido en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, y de forma compatible con
el salario docente.
(e) La referida entidad, con fundamento en las facultades legales atribuidas a las
entidades territoriales en materia de prestaciones sociales a cargo de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante Fomag), y mediante Resolución núm. 000831 del 17 de
junio de 2019, negó la solicitud aduciendo que la peticionaria no cumplía con los
requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. La señora María Stella Amaya Rodríguez citó como normas vulneradas, las
siguientes: Constitución Política, artículos 1, 2, 3, 4, 6, 25, 29, 53 y 58; Ley 91 de
1989; leyes 33 y 62 de 1985; Ley 100 de 1993, artículo 279; Ley 812 de 2003; Acto
Legislativo 01 de 2005; y los decretos 2285 de 1955, 24 de 1972, 1042 y 1045 de
1978 y 2277 de 1979.
5. El concepto de violación se fundamentó, en primer lugar, en la violación directa
de la Constitución y la ley, al desconocer el acto administrativo demandado el
régimen pensional aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en el marco de las leyes 33 y 62 de 1985.
6.Argumentó que, al contar con vinculación docente con anterioridad de la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, es decir, el 27 de junio de 2003, de conformidad
con la misma norma y el Acto Legislativo 01 de 2005, tiene derecho a pensionarse
en los términos del régimen anterior a la Ley 100 de 1993.
2 Fecha de la petición se puede constatar del contenido de la Resolución 000831 del 17 de junio de 2019: Samai,
índice 9, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_03ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 9», imagen 1.
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Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag
7. De otro lado, alegó la violación directa de la Ley 60 de 1993, particularmente de
su artículo 6.º, el cual dispone que el régimen prestacional de los docentes
nacionales o nacionalizados incorporados a plantas departamentales o distritales
será el reconocido por la Ley 91 de 1989, respetando las situaciones jurídicas
consolidadas. Según el escrito, el acto acusado desconoce esta previsión al negar
el reconocimiento del derecho pensional bajo el régimen correspondiente,
configurándose una omisión legal que quebranta el principio de legalidad.
8. Asimismo, hizo alusión a la compatibilidad entre la pensión y el salario prevista
en los decretos 224 de 1972 y 2277 de 1979, y en la Ley 60 de 1993. Argumentó
que la negativa administrativa desconoce que el ejercicio de la docencia no es
incompatible con el goce de la pensión de jubilación, siempre que se cumplan los
requisitos legales, y que el régimen especial del magisterio permite dicha
concurrencia. En consecuencia, afirmó que la decisión impugnada desconoce
normas especiales que prevén expresamente esta compatibilidad.
9. Apoyó su argumentación en jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado,
según la cual el régimen pensional aplicable a los docentes depende de la fecha de
ingreso al servicio oficial. En este sentido, resaltó que los docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 mantienen el régimen anterior y no
quedan sometidos al nuevo sistema pensional. Igualmente, adujo que el tiempo en
el que laboró bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios es
computable y debe tenerse en cuenta en la sumatoria para el reconocimiento de la
pensión.
2.1.4. Contestación de la demanda
10. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda, al sostener que los actos
de reconocimiento pensional deben sujetarse a la Ley 91 de 1989, que estableció
el régimen aplicable a los docentes. Indicó que los vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 conservan el régimen territorial, mientras quienes ingresaron
desde el 1 de enero de 1990 se rigen por las normas nacionales. Añadió que la Ley
812 de 2003 y sus decretos reglamentarios (2341 y 3752 de 2003) fijaron el ingreso
base de cotización y los factores salariales computables, como la asignación básica,
los gastos de representación y las primas que constituyen salario.
11. Indicó que, conforme a las leyes 6 de 1945, 33 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989,
así como a los decretos 1160 de 1989 y 3752 de 2003, los docentes deben acreditar
la edad y el tiempo de servicio para acceder a la pensión ordinaria de jubilación, la
cual equivale al 75 % del promedio de los factores salariales del último año. En
cuanto a la pensión por aportes, señaló que esta procede para quienes acrediten
veinte años o más de cotización continua o discontinua al ISS y a entidades
públicas, siendo para los afiliados al Fomag la única modalidad que permite
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acumular tiempos con el Instituto de Seguros Sociales.
12. Adujo que, en virtud del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y del parágrafo
transitorio 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005, los docentes vinculados con
anterioridad a dicha norma conservan el régimen prestacional previo, mientras que
los ingresaron después se rigen por el de prima media establecido en las leyes 100
de 1993 y 797 de 2003.
13. De otro lado hizo alusión a la solución de continuidad en el caso de la
demandante, al indicar que fue vinculada de manera provisional por la secretaría de
educación en varias ocasiones, mediante períodos sucesivos. Sin embargo, advirtió
que entre la terminación de algunos nombramientos y el inicio de otros existieron
intervalos superiores a 15 días, lo cual permitiría concluir que no hubo continuidad
en la relación laboral. En consecuencia, tales lapsos darían lugar a una nueva
vinculación, que debía regirse por las disposiciones legales vigentes al momento en
que se formalizó.
14. Finalmente, planteó la excepción de «inexistencia de la obligación o cobro de lo
no debido», al considerar que la entidad no ha vulnerado los derechos laborales de
la actora ni ha desconocido las normas aplicables, pues los requisitos legales para
acceder a la pensión de jubilación no se encuentran cumplidos. Asimismo, propuso
que se declare la «legalidad del acto administrativo expedido», pues el controvertido
fue expedido por la autoridad competente, resolvió la solicitud de la demandante de
acuerdo con la ley y se notificó correctamente3.
2.2. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
en sentencia del 6 de octubre de 20214, negó las pretensiones de la demanda.
16. La referida autoridad judicial analizó el régimen pensional aplicable a la
situación de la demandante. Precisó que prestó sus servicios en instituciones
educativas del sector público en interinidad y mediante órdenes de prestación de
servicios «por un periodo de 2 años, 4 meses y 17 días que cursaron
interrumpidamente entre los años 1982 y 1983, y luego entre el 11 de febrero de
2002 y el 31 de diciembre de 2003», por lo que para la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, se encontraba prestando sus servicios en el sector público docente.
Sin embargo, precisó que entre el último vínculo como contratista y el nombramiento
en provisionalidad con el Fomag, ocurrido el 24 de marzo de 2004, transcurrieron 3
3 Samai, índice 9, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_14CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 9».
4 Samai, índice 9, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_24FALLO(.pdf) NroActua 9».
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meses y 23 días, lo que implicó el rompimiento del vínculo, y a la aplicación del
nuevo régimen pensional de la Ley 812 de 2003.
17. Por lo tanto, el Tribunal consideró que la peticionaria quedó sujeta al régimen
general previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Asimismo, examinó la
jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de docentes, particularmente la
sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, según la cual los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003 podían estar cobijados por la Ley 33 de
1985, mientras que quienes se vincularan durante su vigencia debían someterse al
régimen general. También analizó la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 para
acumular tiempos públicos y privados, conforme a lo señalado por la Sección
Segunda en providencia de 25 de marzo de 2021, pero precisó que ello solo procede
si se acredita la condición de beneficiario del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
18. Ahora bien, al verificar los requisitos del régimen de transición, la Sala constató
que al 1º. de abril de 1994 la demandante tenía 34 años, 11 meses y 11 días de
edad y menos de 15 años de servicios, por lo que no cumplía las condiciones para
acceder al régimen de transición de la Ley 100. Tampoco acreditó 20 años continuos
de servicios como docente en el sector público antes de la Ley 812 de 2003, ni
alcanzó las 1300 semanas exigidas por el régimen general, pues sumando los
tiempos públicos y privados —incluidas interinidades y órdenes de prestación de
servicios— solo completó 20 años, 5 meses y 9 días.
19. En consecuencia, al no reunir los requisitos de los regímenes analizados, el juez
de primera instancia concluyó que el acto administrativo demandado conservaba la
presunción de legalidad, por lo que negó las pretensiones. No condenó en costas.
2.3. Recurso de apelación
20. La señora María Stella Amaya Rodríguez, por medio de su apoderada judicial,
presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia5. En su
escrito, planteó los siguientes argumentos:
21. Sostuvo que el Tribunal interpretó de manera errónea el artículo 81 de la Ley
812 de 2003, pues el criterio determinante para establecer el régimen pensional es
la fecha de primera vinculación al servicio docente oficial. En tal sentido, afirmó que
quienes ingresaron antes del 27 de junio de 2003 conservan el régimen anterior
previsto en la Ley 91 de 1989, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
5 Samai, índice 9, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO1_26RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua 9».
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22. Argumentó que el tiempo laborado bajo contratos de prestación de servicios
debe ser computado para efectos pensionales, en aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades. Citó la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016, según la cual la labor docente
contratista comporta subordinación y permanencia, lo que impide desconocer
dichos períodos para el reconocimiento pensional. Asimismo, destacó precedentes
posteriores que ordenan contabilizar estos tiempos para garantizar el derecho a la
seguridad social.
23. De otra parte, controvirtió la tesis del juez de primera instancia relativa a la
«solución de continuidad» como factor que implicaría la pérdida del régimen
especial. Con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado, sostuvo que no es
admisible desconocer los tiempos laborados con anterioridad a la Ley 812 de 2003,
aun cuando exista interrupción en el servicio, si para la fecha de entrada en vigor
de dicha ley el docente ya había consolidado un tiempo significativo de servicios.
En consecuencia, consideró que debía aplicarse la Ley 91 de 1989 y no el régimen
general.
24. Finalmente, alegó que el fallo aplicó indebidamente la Ley 71 de 1988 [respecto
al cómputo de tiempos privados y en entidades oficiales] y el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, desconociendo que los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio están exceptuados del Sistema General,
conforme al artículo 279 de la mencionada Ley 100 y la jurisprudencia constitucional
y de unificación del Consejo de Estado.
25. Insistió en lo relativo a la compatibilidad entre salario y pensión en el régimen
especial docente, por lo que solicitó aplicar los principios de favorabilidad, in dubio
pro operario y protección al trabajo docente.
2.4. Trámite procesal en segunda instancia
26. Esta corporación dictó auto el 26 de mayo de 20226 en el que admitió el recurso
de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes7, de acuerdo
con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar
por estado a estas y al Ministerio Público, quienes guardaron silencio.
6 Samai, índice 3, expediente digital, actuación «Auto que admite recurso de apelación», documento
«AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc) NroActua 3».
7 Se deja constancia, pese a que se prescindió el termino para la presentación de alegatos de conclusión de
segunda instancia, la parte demandada presentó dicho escrito. Ver en Samai, índice 6, expediente digital.
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el primer inciso del artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:
29. ¿La demandante, en su condición de docente oficial, es beneficiaria del régimen
de transición previsto en la Ley 812 de 2003, por haber prestado sus servicios antes
de su entrada en vigor y, en consecuencia, le es aplicable el régimen pensional
anterior a la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de su pensión de jubilación?
En caso afirmativo, ¿la peticionaria, en condición de docente oficial, tiene derecho
a que su situación pensional se decida con fundamento en la Ley 71 de 1988,
teniendo en cuenta que realizó aportes al Sistema de Seguridad Social con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003? De ser así, ¿acreditó los
requisitos establecidos en la Ley 71 de 1988 para pensionarse?
30. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (a) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fomag;
(b) el régimen pensional de los docentes oficiales, de acuerdo con la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; (c) la compatibilidad de la
pensión y la prestación del servicio docente; (d) del reconocimiento pensional a la
luz de la Ley 71 de 1988 para los docentes; (e) y sobre el cómputo de la labor
docente en virtud de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento
pensional.
31. A partir de estas consideraciones se destacarán los hechos probados más
relevantes y en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los problemas
jurídicos propuestos.
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3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio
32. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100
de 1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
33. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 19898, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
34. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema particular de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó
una de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
35. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el
personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes
que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
36. Sin embargo, la Ley 812 de 20039 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen
de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una
particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos
géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo
transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados
y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para
el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».
8 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
9 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial
No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
9
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37. Lo anterior, denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de
vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo
régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional (Ley 33 de 1985 o
Ley 71 de 1988); mientras que a quienes se vinculan con posterioridad, les es
aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—.
3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201910
38. A propósito de este régimen pensional, especial atención debe prestarse a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal
docente oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
39. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho
a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio
educativo. Tales regímenes son:
(a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional, establecido en la Ley
33 de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de
Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los
únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son
aquellos sobre los que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó lo siguiente:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
40. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
10 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
10
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01436-01 (1484-2022)
Demandante: María Stella Amaya Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados,
y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —
fecha de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003—, se regula por las siguientes
reglas, de conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
Edad: 55 años para hombres y mujeres.
Tiempo de servicio: 20 años.
Tasa de reemplazo: 75%.
IBL que comprende: (i) el periodo del último año de servicio docente; y (ii) los
factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley
62 de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y
feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
41. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de
los factores que se deben tener en cuenta en la definición del IBL, cabe aclarar que,
además de los antes mencionados, también se deben tener en cuenta otros de
naturaleza salarial creados por normas posteriores y respecto de los cuales se
hubiesen efectuado los aportes a seguridad sociales pertinentes. Por ejemplo, la
bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354 de 201811, entre otros.
(b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. El ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se
realizaron las respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la
providencia se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
42. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son los siguientes:
11 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
11
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Demandante: María Stella Amaya Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag
Edad: 57 años para hombres y mujeres.
Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Tasa de remplazo: 65%-85%12, con la precisión de que a partir del año 2005 «[e]l
valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base
de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del artículo
34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.
IBL que comprende: (i) el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; y (ii)
los factores salariales dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 que son la
asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica
(cuando sea factor de salario), las primas de antigüedad, ascensional de
capacitación cuando sean factor de salario, la remuneración por trabajo dominical
o festivo, la bonificación por servicios prestados y remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
43. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado, sobre la existencia de normas
especiales que reconozcan que un factor salarial hace parte del ingreso base de
cotización.
44. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de
2003. Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido
destacadas en la jurisprudencia de esta Sección13, de la siguiente manera:
(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior
a la Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(b) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 mantienen su régimen pensional incluso si tienen
interrupciones en el servicio, aspecto que cobra especial relevancia en casos
de vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios.
12 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
13 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-
01 (0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
12
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(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad (carrera docente, provisional
o por contrato de prestación de servicios).
45. Este criterio diferenciador establecido en la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, en garantía de la sostenibilidad
financiera del sistema, sin que se afecten derechos adquiridos.
3.3.3. De la compatibilidad entre la pensión y el salario
46. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades14, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que
para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración».
47. Este carácter compatible reconocido por la Ley 100 de 1993, en otros momentos
ha sido otorgado por las siguientes disposiciones:
(a) El Decreto 224 de 197215 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la
docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(b) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197916 que señaló que el goce de la
pensión no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma
que se advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia
mediante sentencia del 20 febrero de 1981.
14 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad.
15001 23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-
2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino
Cortés. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 22 de junio de 2023, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-
01 (0391-2022).
15 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
16 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
13
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(c) La Ley 60 de 199317 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia18, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes
incluía este beneficio.
(d) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto
2709 de 1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la
pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará
efectiva una vez se retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones
previstas en la ley».
(e) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de
la Ley 4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación
del tesoro público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la
presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados»,
respecto de la cual tratándose del régimen pensional docente, esta
Subsección ha considerado que no hace alusión a los docentes pensionados
para el momento en que entró en vigor la norma, sino a las disposiciones que
para la misma fecha beneficiaban a los docentes pensionados. Sobre el
particular, en providencia del 8 de agosto de 201919 se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:
“Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya
estaban pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a
los docentes pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la
prohibición, no de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes
pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible
que el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue
las existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales
docentes pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se
siguieran beneficiando de la normatividad que les permitía percibir
simultáneamente pensión y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión
17 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
18 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8
de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14
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gracia, siempre y cuando cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años
siguientes a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en
examen, como lo establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley
100 del mismo año y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es
el artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada”.
El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la Sala de consulta y servicio civil
de esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de
22 de noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10),
C.P. Luis Rafael Vergara Quintero».
(f) También debe considerar el artículo 1920 de la Ley 344 de 199621, al dejar
a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
«disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el
salario percibido con ocasión del ejercicio docente»22.
(g) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad
entre el salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4523
del Decreto 1278 de 200224, declarado inexequible por la Corte Constitucional
(sentencia C-1157 de 200325), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una
20 Ley 334 de 1996, artículo 19. «Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de
1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por
dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes
universitarios podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente
después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
21 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
23 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores
públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
24 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
25 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
15
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materia para la que no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta
Subsección en providencia del 20 de noviembre de 202426 indicó:
Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública27.
Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.
48. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad28 o posterioridad29 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes
prestan sus servicios como maestros oficiales, esto es, en razón a la actividad
docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen
específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.
49. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y el salario está
limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble
asignación del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
27 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de
junio de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
En esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
29 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-
01 (3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre
salario y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio al régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto,
de acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como
maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional
determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen
específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.».
16
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función docente oficial.
50. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen exceptuado del magisterio.
3.3.4. Del reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los
docentes
51. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han
prestado servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida
laboral, y han acumulado aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta
situación genera un interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes
estaban exceptuados del régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, y tienen su propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión en
punto a si podían acceder a los beneficios de la pensión por aportes establecida en
la Ley 71 de 1988.
52. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación
de la Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente,
especialmente cuando no alcanzan a reunir el tiempo de servicio requerido
exclusivamente en el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al
sumar sus aportes en diferentes sectores.
53. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión
por aportes, con los siguientes requisitos, según lo dispuesto en su artículo 7:
Para mujeres: 55 años.
Para hombres: 60 años.
20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de previsión
social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).
Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.
54. Con respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que
reglamentó esta ley, establece en sus artículos 630 y 8 que la pensión se liquida
con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
30 La referida norma fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997. Sin embargo, esta Sección,
mediante sentencia del 15 de mayo de 2014 declaró su nulidad parcial, puntualmente «en la parte que derogó
el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994». // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección
Segunda, sentencia del 15 de mayo de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2011-00620-00(2427-11), M.P.
Gerardo Arenas Monsalve.
17
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año de servicios. Ello, con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de
198531 y demás normas especiales que creen emolumentos con carácter de factor
salarial, y que en consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.
55. Ahora bien, en relación con la liquidación de la pensión, debe tenerse en cuenta
que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que
los factores que se debían tener en cuenta para tal efecto son «[la] asignación
básica, [los] gastos de representación; [las] primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; [los] dominicales y feriados; [las] horas extras; [la]
bonificación por servicios prestados; y [el] trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». La norma citada también previó
que, «[e]n todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para
calcular los aportes» (se destaca).
56.En ese sentido, para la definición del IBL, en atención a lo previsto en la referida
norma, se han desarrollado dos interpretaciones en relación con los factores que se
deben incluir en la liquidación de la pensión, como se explica a continuación:
(a) Una que concluye que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado
taxativo de los factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando sobre
ellos se hayan realizado aportes a seguridad social. Esto motivado en los
antecedentes de la señalada disposición, que apuntaban a la necesidad de precisar
los conceptos que debían servir de base para la liquidación de la pensión.
(b) Otra que estima que ese listado no es excluyente, en tanto se admite la inclusión
de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido reconocidos
normativamente como factores salariales por la autoridad competente, y servido de
base para las cotizaciones a seguridad social; lo que atiende al contenido integral
del artículo 1 de la Ley 62, que en su primera parte relacionó los principales factores
a tener en cuenta, y, en la segunda, dejó a salvo la posibilidad de incluir los que
hayan servido de base para calcular los aportes a seguridad social.
57. Así, la Sala aplicará la segunda postura, en la medida en que, bajo el principio
de favorabilidad, integra las distintas partes de la norma, y permite un margen de
protección reforzado para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando
factores adicionales a los señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como
base de cotización por normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del
sistema, toda vez que debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se
efectúen los aportes correspondientes.
58. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01
31 En aplicación del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
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de 2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones», y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de
agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado, en la que frente a la reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de
1985, por aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que32:
La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
59. Ahora bien, retomando la discusión existente sobre la pensión por aportes, esta
Subsección, mediante sentencia del 30 de enero de 202533, expuso cinco razones
fundamentales por las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes, a saber:
(a) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía la
aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional».
(b) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de
todos los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la remisión que
hace la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos pensionales de los docentes,
al régimen del sector público nacional.
(c) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normatividad que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que no
pueden ser desconocidos a ningún servidor público.
Dicho de otro modo, excluir a los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988
supondría suprimir uno de estos derechos esenciales, al impedirles completar el
requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de aportes en sectores
público y privado.
(d) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su vida
laboral la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios pensionales.
(e) Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por
sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales que trabajan
en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, rad. 52001-
23-33-000-2012-00143-01, M.P. Cesar Palomino Cortés.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
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determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado normativo que establece una
excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda gobernar otra
norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se
expidieron con posterioridad».
60. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, de pensionarse exclusivamente con tiempo
público bajo la Ley 33 de 1985. Por el contrario, constituye una opción adicional y
favorable para aquellos docentes que han acumulado tiempos tanto en el sector
público como en el privado. Esta interpretación se alinea con el principio de
favorabilidad en materia laboral, pues amplía las posibilidades de acceso a la
pensión sin eliminar las ya existentes.
61. En conclusión, en la sentencia antes mencionada se precisó que la Ley 71 de
1988 es aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como
parte del «régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» al que
remite la Ley 91 de 1989. La Ley 71 de 1988 establece una modalidad pensional
que requiere 55 años para mujeres y 60 para hombres y 20 años de aportes, los
cuales pueden ser acumulados entre el sector público y privado. En cualquier caso,
la pensión se liquidará con el 75% del promedio del salario que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios.
62. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de
2025 se pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas
en ella no pueden entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71
de 1988 a quienes iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio
de 2003. Esto se debe a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del
régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial,
cuando la normativa anterior resulta más favorable.
63. Lo antedicho supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado
artículo 36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena
de lo Contencioso-Administrativo de esta Corporación34, la aplicación de normas
anteriores (v.gr. la Ley 71) en cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de
reemplazo, pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía
a partir de los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.
52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
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3.3.5. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional
64. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y,
por consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse
para efectos pensionales.
65. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles
oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se
centra en la naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de
vinculación.
66. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y
subordinada a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido,
en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201635 la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisó lo siguiente:
[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento
subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual
que los docentes – empleados públicos (i) se someten permanentemente a las
directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que
carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte
de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada
laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía
de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes-contratistas merecen
una protección especial por parte del Estado.
67. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a
través de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en
que únicamente se solicite para efectos del cómputo de los periodos
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
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laborados bajo la forma contractual36»37 (se destaca). Lo anterior, en virtud de
los principios como el de la primacía de la realidad sobre las formas, el de
favorabilidad y el pro homine, cuya aplicación permite que los tiempos laborados en
ejercicio de la función docente mediante contratos de prestación de servicios
puedan ser computados para efectos pensionales.
68. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno
o que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley.
69. Al respecto, cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752
de 2003, a las entidades territoriales o las entidades de previsión social a las que
se hubieren realizado los aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las
prestaciones sociales de los docentes que se hubieren causado con anterioridad a
su afiliación al Fomag. Por esta razón, tales autoridades serán responsables de la
omisión en el pago de los aportes en los lapsos laborados por contratos de
prestación de servicios y en esa medida deberán adelantar las actuaciones
pertinentes para obtener su respectivo pago.
70. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno
o que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al Fomag. Por
esta razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los
aportes en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa
medida deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo
pago.
71.En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (a) la existencia de un interés moratorio a cargo
36 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la
acumulación de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo
esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y
empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del
tiempo de servicios en cada una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con
radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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de los empleados que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100
de 1993—; (b) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores
del gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa
causa; (c) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—
artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993—; y (d) la facultad de las cajas de previsión
obligadas al pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a
ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el
pensionado hubiere servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985.
72. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985,
independientemente de que posteriormente haya tenido interrupciones en el
servicio o se haya vinculado bajo otras modalidades.
73. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (a) la
Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (b) de acuerdo
con la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199438, la diferenciación de los docentes
vinculados como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios
no puede significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.
74. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.
3.4. Hechos probados
75. Con el objeto de resolver los interrogantes planteados, en el caso concreto se
encuentran acreditados los siguientes hechos:
(a) La señora María Stella Amaya Rodríguez nació el 20 de abril de 195939. A la
38 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,
directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento
hecho por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente
podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la
planta de personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
39 Cédula de ciudadanía de la señora María Stella Amaya Rodríguez, visible en: Samai, índice 9, expediente
digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUAD1CD1FOLIO15A_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 9», imagen 17.
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fecha en la que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación —31
de octubre de 2018—, tenía 59 años.
(b) Entre el 01 de mayo de 1996 y el 28 de febrero de 2006, realizó aportes al ISS
(hoy Colpensiones) y completó 259,00 semanas de cotización, así40:
Nombre o razón social Desde Hasta Semanas
AMPARO DE NIÑOS 01/05/1996 31/05/1996 3,14
AMPARO DE NIÑOS 01/06/1996 31/01/1997 34,29
AMPARO DE NIÑOS 01/02/1997 31/12/1997 47,14
AMPARO DE NIÑOS 01/01/1998 31/12/1998 51,43
AMPARO DE NIÑOS 01/01/1999 31/12/1999 51,43
AMPARO DE NIÑOS 01/01/2000 29/02/2000 8,57
AMPARO DE NIÑOS 01/03/2000 30/04/2000 8,57
AMPARO DE NIÑOS 01/05/2000 30/06/2000 8,57
AMPARO DE NIÑOS 01/07/2000 31/07/2000 4,29
AMPARO DE NIÑOS 01/08/2000 31/08/2000 4,00
INSTITUTO DE RELIGIO 01/12/2000 31/12/2000 4,29
FUNDACION ROTARIA
01/04/2001 30/04/2001 1,71
DE
FUNDACION ROTARIA
01/05/2001 30/06/2001 8,57
DE
FUNDACION ROTARIA
01/08/2001 30/11/2001 17,14
DE
CAJA COLOMBIANA DE
01/01/2004 31/01/2004 3,71
S
CAJA COLOMBIANA DE
01/02/2004 29/02/2004 0.14
S
FUNDACION SEMILLAS
01/02/2006 28/02/2006 2.00
D
Total 259,00
Tabla 1. Semanas cotizadas ante Colpensiones
(c) También estuvo vinculada como docente al servicio de la Secretaría de
Educación de Cundinamarca, en los siguientes periodos41:
Nombrami Tiempo en
Resolución Desde Hasta42 Tiempo
ento semanas43
Resolución 781 del 19 de 1 año, 9
24 de marzo de 15 de enero
Docente marzo de 2004 meses, 23 93.1
2004 de 2006
(22) días
Docente Resolución 2271 del 2 de 9 de marzo de 15 de enero 0 años, 10 43.6
40 Reporte de semanas cotizadas en pensiones, visible en: Samai, índice 9, expediente digital, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_CUADERNO1_03ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 9», imagen
25.
41 Formato único para expedición de certificado de historia laboral, emitido por la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, visible en: Samai, índice 9, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
« ED_CUAD1CD1FOLIO15A_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 9», imagen 13 y siguientes.
42 La Sala precisa que esta fecha corresponde a aquella en la que se emitió el formato único para expedición
del certificado de la historia laboral, y que se toma para efectos de verificar las semanas cotizadas en el FOMAG
para ese momento.
43 Los tiempos de servicios del Fomag fueron validados acorde con el aplicativo de tiempos de Link CE del
Consejo de Estado.
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01436-01 (1484-2022)
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marzo de 2006 2006 de 2007 meses, 7 días
Resolución 1529 del 28 0 año, 0
12 de marzo de 8 de abril de
Docente de febrero de 2007 meses, 28 3.6
2007 2007
(27) días
Resolución 2524 del 2 de 9 de abril de 9 de mayo de 0 año, 1 mes,
Docente 4
abril de 2007 2007 2007 1 día
Resolución 10064 del 22 29 de 2 años, 7
11 de julio de
Docente de noviembre de 2007 noviembre de meses y 13 134.5
2010
2007 días
Resolución 5139 del 9 de 7 años, 9
10 de agosto 7 de junio de
Docente agosto de 2010 meses y 29 402
de 2010 2018
días
TOTAL 680,8
Tabla 2. Tiempo servicio docente 2004-2018
(d) Frente a la vinculación del servicio docente con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, se debe precisar lo siguiente:
Acorde con el Decreto 03606 de 8 de noviembre de 198244, la Secretaría de
Educación de Cundinamarca nombró interinamente a la señora María Stella
Amaya Rodríguez, como maestra de escuela urbana, por el termino de 54 días,
contados a partir del 8 de octubre de 1982.
Por Decreto 1069 del 15 de marzo de 198345 nuevamente se nombró como
maestra interinamente a la señora María Stella Amaya Rodríguez por el término
de 44 días, contados a partir del 4 de marzo de 1983.
Asimismo, se allegó certificación núm. 2018067073 del 29 de mayo de 201846, a
través de la cual el director de Personal e Instituciones Educativas (e) de la
Secretaría de Educación de Cundinamarca, hizo constar que la señora María
Stella Amaya Rodríguez prestó sus servicio en interinidad como docente (1) por
Decreto 1926 del 8 de junio de 1981, por el término de 56 días; (2) Resolución
01681 del 27 de junio de 1984, por el término de 33 días; (3) A través del Decreto
3328 del 6 de diciembre de 1984, por 56 días; y (4) mediante Decreto 1300 del
29 de mayo de 1985, por el término de 44 días.
• Lo anterior, para efectos ilustrativos se registra en el siguiente cuadro:
44 Reporte de semanas cotizadas en pensiones, visible en: Samai, índice 9, expediente digital, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_CUADERNO1_03ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 9», imagen
4.
45 Reporte de semanas cotizadas en pensiones, visible en: Samai, índice 9, expediente digital, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_CUADERNO1_03ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 9», imagen
7.
46 Reporte de semanas cotizadas en pensiones, visible en: Samai, índice 9, expediente digital, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_CUADERNO1_03ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 9», imagen
10.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01436-01 (1484-2022)
Demandante: María Stella Amaya Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag
Acto administrativo Tiempo certificado47
Decreto 1926 del 8 de junio de 1981 56 días
Decreto 03606 de 8 de noviembre de 1982 54 días
Decreto 1069 de 15 de marzo de 1983 44 días
Resolución 01681 del 27 de junio de 1984 33 días
Decreto 3328 del 6 de diciembre de 1984 56 días
Decreto 1300 del 29 de mayo de 1985 44 días
Total días 287 días
Semanas 41
Tabla 3. Tiempo servicio docente 1981-1985
(e) Aunado a lo expuesto, se allegó certificación núm. 2018029660 del 7 de marzo
de 201848, emitida por el director de personal e instituciones educativas de la
Secretaría de Educación de Cundinamarca, en la que da cuenta que la señora María
Stella Amaya Rodríguez, prestó sus servicios domo docente de la aludida secretaría
mediante órdenes de prestación de servicios:
(1) A través de orden de prestación de servicios núm. 534 del 11 de febrero de
2002 hasta el 10 de mayo de 2002, esto es, 90 días; (2) por orden de prestación
de servicios núm. 1923 del 14 de mayo de 2002 al 14 de junio de 2002, que
certifican como 32 días; (3) orden de prestación de servicios núm. 2353 «sin
fecha», en la que se indica que se desarrolló por un término de 146 días; (4) la
orden de prestación de servicios núm. 5 de 13 de enero de 2003, por el término
de 166 días; y (5) la orden de prestación de servicios núm. 4050 de 14 de julio
de 2003, por un término de 166 días. A continuación se muestra lo relacionado:
Orden de prestación de servicios Tiempo certificado
núm. 534 del 11 de febrero de 2002 90 días
núm. 1923 del 14 de mayo de 2002 32 días
núm. 2353 «sin fecha» 146 días
núm. 5 de 13 de enero de 2003 166 días
núm. 4050 de 14 de julio de 2003 166 días
Total días 600 días
Semanas 85.71
Tabla 4. Tiempo orden de prestación de servicios
(f) Tal y como da cuenta el contenido del acto demandado, mediante escrito
radicado el 31 de octubre de 201849, la demandante solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión.
(g) La Secretaría de Educación de Cundinamarca, con fundamento en las facultades
legales atribuidas a las entidades territoriales en materia de prestaciones sociales a
47 El tiempo consignado en la certificación se registró en días.
48 Reporte de semanas cotizadas en pensiones, visible en: Samai, índice 9, expediente digital, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_03ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 9», imagen
11.
49 Fecha de la petición se puede constatar del contenido de la Resolución 000831 del 17 de junio de 2019:
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«ED_CUADERNO1_03ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 9», imagen 1.
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Demandante: María Stella Amaya Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
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cargo del Fomag, expidió la Resolución núm. 000831 del 17 de junio de 201950, por
medio de la cual negó la prestación requerida por la señora María Stella Amaya
Rodríguez. La referida entidad consideró que a la demandante no le aplicaba el
régimen dispuesto en la Ley 812 de 2003, por cuanto su vinculación al servicio
docente se dio con posterioridad a su entrada en vigor, es decir, a partir del 24 de
marzo de 2010. Por esa razón, precisó que le aplicaba el régimen de prima media
de la Ley 100 de 1993 que exige 1.300 semanas y a la fecha de su retiro contaba
con 946 semanas.
3.5. Análisis del caso concreto
76. La parte demandante sostuvo que la señora María Stella Amaya Rodríguez se
vinculó al servicio de la docencia oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003; por consiguiente, es beneficiaria del régimen pensional y tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, al acreditar más de 55 años de
edad y 20 de servicios públicos.
77. Allegó pruebas en las que consta que cotizó ante Colpensiones, prestó sus
servicios como docente; así como tiempos en los que laboró a través de órdenes de
prestación de servicios, los que afirma son válidos para efectos del cómputo del
tiempo para el reconocimiento pensional.
78. Al respecto, se advierte que en la sentencia de primera instancia se negó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada por la accionante, al
considerar que no acreditó su vinculación al servicio de la docencia oficial antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Ello, porque se estimó que perdió la
continuidad en el servicio, ya que entre la fecha en que prestó sus últimos servicios
mediante órdenes de prestación y el 24 de marzo de 2004 (en que fue nombrada
en provisionalidad) transcurrieron 3 meses y 23 días. Por tal razón, se concluyó que
no era beneficiaria del régimen de transición previsto en la citada ley. En
consecuencia, su situación pensional debía regirse por las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, sin que cumpliera el requisito de semanas exigido por esta última
normativa ya que contaba con 20 años, 5 meses y 9 días.
79. Ahora bien, antes de abordar el estudio del caso, dado que en el presente asunto
se aducen tiempos prestados mediante órdenes de prestación de servicios con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se considera necesario
realizar algunas precisiones sobre el particular.
50 Samai, índice 9, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
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3.5.1. Respecto de los tiempos prestados a través de órdenes de prestación
de servicios
80. Conforme se estudió en el acápite de marco normativo de esta providencia, se
destaca que los docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios
no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual que los docentes-
empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así que, como
lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 201651, carecen de autonomía en el desarrollo
de su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de las
autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral que
está sometida a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una
protección especial por parte del Estado.
81. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en
el curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación,
(a) cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral
encubierta o (b) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los
periodos laborados bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que,
como lo ha definido la jurisprudencia52:
(…) es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia
de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se
reglamenta el Decreto 3135»53 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la
pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por
la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo
de servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6
de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020.
Radicado número 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
53 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y
pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el
tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad
exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los
requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no
estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el
reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos
de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades
y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del
tiempo de servicios en cada una de aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado
al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se
refiere el artículo 3o. del citado decreto la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho
oponiéndose sin fundamente legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución
definitiva de reconocimiento de la pensión. El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la
entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión».
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servicios la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas
oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a
prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.
82. Así, la Sala estima que el periodo laborado por la accionante a través de órdenes
de prestación de servicios, antes señalado, resulta válido para contabilizar el tiempo
de servicios con efectos pensionales, en virtud de los principios de primacía de la
realidad sobre las formalidades e igualdad.
3.5.2. Del régimen aplicable a la situación pensional de la demandante
83. De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, la inconformidad de la
parte demandante frente a la sentencia de primera instancia —que negó las
pretensiones de la demanda— radica en la interpretación que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca realizó de las normas que regulan el régimen
pensional de los docentes. A juicio de la apelante, ostentó la condición de docente
oficial vinculada antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, sin que la
solución de continuidad limite dicho vínculo.
84. Sostiene, además, que a la luz del régimen anterior cumple los requisitos para el
reconocimiento pensional. En ese contexto, el problema jurídico consiste en
determinar: (a) cuál es el régimen pensional aplicable a la demandante, teniendo en
cuenta la alegada interrupción en el servicio docente; y (b) si satisface los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión.
85. De la revisión de los documentos que obran en el expediente, la Sala observa
que la demandante tuvo varias vinculaciones mediante órdenes de prestación de
servicios y de nombramientos como docente, al servicio del departamento de
Cundinamarca. Estos ocurrieron con anterioridad y posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, a saber: (a) entre el 8 de junio de 1981 y el 29 de mayo
de 1985; y (b) entre el 11 de febrero de 2002 y el 27 de diciembre de 2003 [esto
partiendo del hecho que la última vinculación a través de orden prestación de
servicios fue la 4050 del 14 de julio de 2003, que comprende, según certificación,
166 días].
86. Frente a lo anterior, la Sala considera pertinente resaltar que la interrupción o
suspensión del servicio oficial docente no determina el régimen pensional aplicable
a una situación jurídica en particular. Lo anterior, por cuanto la jurisprudencia de
esta corporación ha permitido el reconocimiento de la pensión de jubilación del
personal docente, teniendo en cuenta la totalidad de los periodos laborados, aun
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cuando hubiese discontinuidad entre ellos54.
87. En este orden de ideas, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la
accionante, es preciso reiterar que los docentes vinculados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 gozan del régimen pensional previsto en la
Ley 33 de 1985, o el establecido en la Ley 71 de 1988 cuando acumulen aportes
por servicios prestados en los sectores oficial y privado, en la medida en que la Ley
91 de 1989 no restringió su aplicación. Contrario a ello, a los docentes afiliados al
Fomag y vinculados con posterioridad a dicha fecha se les debe aplicar el régimen
de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad
que será de 57 años para hombres y mujeres.
88. Tal y como se indicó de manera precedente, de las pruebas aportadas al
proceso dan cuenta de que la señora María Stella Amaya Rodríguez ingresó al
servicio docente mediante sendos nombramientos y órdenes de prestación de
servicios, en varios periodos entre los años 1981 a 1985; y 2002 a 2003; luego,
ingresó nuevamente al servicio docente, en nombramiento en provisionalidad, del
2004 al 2018. En esa medida, queda desvirtuada la afirmación de la sentencia de
primera instancia, relacionada con la fecha de ingreso al servicio y la consecuente
aplicación del régimen de prima media.
89. Conforme a lo expuesto, cabe destacar, como lo ha hecho esta corporación55,
que en vigencia de la Constitución de 1991 el alcance de los derechos laborales se
define a partir de principios superiores —favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formas y pro homine, entre otros—.
Esto significa, que la aplicación e interpretación de las normas debe garantizar los
derechos laborales mínimos. En ese sentido, se ha concluido que, en observancia
de tales valores superiores, el tipo de vinculación no puede impedir el acceso a los
derechos mínimos irrenunciables previstos en la ley. Por esta razón, esta
corporación ha indicado que, en virtud de los referidos principios, y en consideración
de la labor docente como tal, los tiempos laborados mediante contratos de
prestación de servicios pueden ser computados para efectos pensionales.
90. Así las cosas, en el presente asunto se encuentra demostrada la vinculación de
María Stella Amaya Rodríguez al servicio docente con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, dado que la suspensión en continuidad de la prestación
no conlleva a la pérdida del régimen de transición. En consecuencia, le es aplicable
la Ley 91 de 1989 y, por ende, la Ley 71 de 1988 como lo anunció la parte
demandante en el recurso de apelación y la relación de tiempos de servicios
valorados por la Sala. Por lo anterior, la respuesta a los dos primeros problemas
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de septiembre de 2020, rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01 (3514-2019).
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 29
de mayo de 2024, rad. núm. 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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jurídicos es positiva.
3.5.3. Del análisis de la situación pensional de la demandante en aplicación de
la Ley 71 de 1988
91. Frente a lo anterior, cabe destacar que, conforme los argumentos del recurso
de apelación, y de lo probado, se pretende la aplicación de la Ley 71 de 1988 para
el reconocimiento de su pensión.
92. Teniendo en cuenta lo expuesto, y la historia laboral aportada al expediente, la
Sala precisa que la señora María Stella Amaya Rodríguez ingresó al servicio
docente de la Secretaría de Educación de Cundinamarca el 8 de junio de 1981, es
decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
93. En ese orden de ideas, debido a la vinculación docente de la demandante antes
de la Ley 812 de 2003, su situación pensional debe analizarse con las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, motivo por el cual es pertinente para el caso de
autos la aplicación de la Ley 71 de 1988, debido a que la accionante, como se
expuso antes, efectuó cotizaciones en los sectores público y privado.
94. Por lo anterior, estima la Sala pertinente analizar la situación de la peticionaria
de conformidad con la referida norma, que exige para pensionarse 55 años de edad
para las mujeres, [para el caso bajo estudio ocurrió el 20 de abril de 2014] y 20 de
aportes; respecto de estos últimos se evidencia que los acreditó el 14 de diciembre
de 2016, como se ilustra a continuación:
Total semanas cotizadas
Entidad de
Fechas Tiempo
previsión
ISS —hoy Periodo comprendido entre 1 de mayo de 1996 –
259 semanas
Colpensiones— 28 de febrero de 2006
------------ 8 de junio de 1981 al 29 de mayo de 1985 41 semanas
Órdenes de prestación de servicios suscritas entre
85.71 semanas
Fomag 11 de febrero de 2002 – 14 de julio de 2003
24 de marzo de 2004 - 7 de junio de 2018 680.8 semanas
TOTAL 1.066.51 semanas
Tabla 5. Tiempo total semanas cotizadas
Consolidación del estatus pensional
Entidad de
Fechas Tiempo
previsión
Periodo comprendido entre 1 de mayo de 1996 –
ISS —hoy
28 de febrero de 2006 – descontando los tiempos 259 semanas
Colpensiones —
de superposición con el Fomag
----------- 8 de junio de 1981 al 29 de mayo de 1985 41 semanas
Órdenes de prestación de servicios suscritas entre
Fomag 85.71 semanas
11 de febrero de 2002 – 14 de julio de 2003
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24 de marzo de 2004 – 14 de diciembre de 201656 654.28 semanas
1.040 semanas (equivalente a
TOTAL
20 años)
Tabla 6. Tiempo cálculo estatus
95. Por lo tanto, la demandante adquirió el estatus pensional el 14 de diciembre
de 2016, fecha en que completó los 20 años exigidos por la Ley 71 de 1988, puesto
que para ese momento tenía 57 años de edad.
96. En conclusión, la respuesta al último problema jurídico es positiva, en el sentido
de que a la señora María Stella Amaya Rodríguez le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de conformidad con la Ley 71 de
1988, a partir de la fecha en la que adquirió el estatus pensional, esto es, desde el
14 de diciembre de 2016, fecha en la que cumplió el requisito de las semanas, sin
que deba acreditar el retiro del servicio como se expondrá más adelante.
97. La Sala considera necesario aclarar que como la accionante para el momento
en el que solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, el 31 de octubre de
2018, tenía 59 años, y completó las semanas de cotización el 14 de diciembre de
2016. Por tal razón se considera que el acto administrativo demandado que le negó
el reconocimiento y pago de la pensión está incurso en causal de nulidad.
98. De otro lado, la Sala consultó el Registro Único de Afiliados al Sistema de la
Protección Social, con el fin de indagar sobre la situación pensional actual de la
demandante. De acuerdo con el resultado de dicha búsqueda, la señora María Stella
Amaya Rodríguez no recibe pensión alguna del Fomag57.
99. Por consiguiente, se revocará la decisión apelada que negó las pretensiones de
la demanda, y en su lugar, declarará la nulidad del acto administrativo contenido en
la Resolución núm. 00831 del 17 de junio de 2019, por medio de la cual, el Fomag
a través de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca negó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor de la accionante. A su
vez, se declarará que la señora María Stella Amaya Rodríguez tiene derecho a una
pensión de vejez en los términos de la Ley 71 de 1988.
100. En consecuencia, ordenará a la entidad demandada reconocer y pagar a la
señora María Stella Amaya Rodríguez la pensión de jubilación con el 75% del
promedio de los factores salariales que hayan servido de base para calcular los
56 Teniendo en cuenta que: (a) desde el 8 de junio de 1981 al 27 de diciembre 2003, contaba con 385, 71 días;
(b) por lo anterior, para lograr las 1040 semanas (20 años) le faltaban 654.28 semanas; (c) dado que la
peticionaria prestó sus servicios desde el 24 de marzo de 2004 al 14 de diciembre de 2016 hay 12 años, 8
meses y 20 días, 654.28 semanas.
57 La Sala consultó el Sistema Integral de Información de la Protección Social y el Registro Único de Afiliados
respecto de la demandante María Stella Amaya Rodríguez, donde se constató que para corte del 20 de febrero
de 2026 «No se han reportado pensiones para esta persona».
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aportes conforme la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994, y
los reconocidos normativamente, por la autoridad competente, como salariales en
normas especiales, que hayan sido devengados y sobre los cuales se hayan
realizado las respectivas cotizaciones a seguridad social, en el año anterior al 14 de
diciembre de 2016, fecha en la que adquirió el estatus pensional, en compatibilidad
con el salario percibido en el servicio docente.
101. Lo anterior, sin perjuicio de que, al momento en que la accionante se retire del
servicio docente, su pensión deba ajustarse con base en el ingreso base de
liquidación y las semanas cotizadas a la mencionada fecha de retiro, lo que
eventualmente podría implicar un incremento en la prestación, aspecto que deberá
ser constatado por la entidad. Lo anterior, debido a que, si bien en el acto
administrativo demandado —Resolución núm. 003831 del 17 de junio de 2019—
hizo alusión a que la demandante se encontraba retirada del servicio, con
fundamento en la hoja de revisión de estudio del 25 de mayo de 2019 de
Fiduprevisora. Sin embargo, en dicho documento no se precisa, de manera
concreta, la fecha de ese retiro, en los siguientes términos: «luego de verificar los
tiempos laborados por el docente, evidencia que a la fecha de retiro definitivo del
servicio no alcanza a cumplir con el requisito de tiempo (1.300 semanas) para
adquirir la pensión de vejez Ley 100; a la fecha de retiro cuenta con 946 semanas
cotizadas…».
102. Al margen de lo anterior, la Sala precisa que, en caso de que no se hubiesen
efectuado aportes a seguridad social, en los lapsos laborados por la accionante
mediante contratos de prestación de servicios —comprendidos entre el 11 de
febrero de 2002 y el 14 de julio de 2003—, el Fomag podrá adelantar las actuaciones
pertinentes para lograr su cobro. Para ello, el monto deberá ser calculado teniendo
en cuenta los honorarios pactados en los contratos celebrados, en los términos
expuestos en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201658, como quiera
que los maestros oficiales se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente,
que prevé remuneraciones distintas de acuerdo con el grado ocupado, tal y como lo
establece el Decreto 2277 de 197959.
3.5.4. De la compatibilidad entre la pensión y el salario
103. En relación con el derecho a la compatibilidad entre el salario devengado por el
servicio docente y la pensión, la Sala reitera, por un lado, que el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993 establece que las prestaciones de los afiliados al Fomag serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Por otro, que a partir
del análisis del literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, se puede concluir que
los docentes oficiales gozan de la prerrogativa de la compatibilidad entre el salario
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm.0088-15, CESUJ2, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
59 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
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Demandante: María Stella Amaya Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag
y la pensión.
104. En ese sentido, los docentes oficiales están exceptuados de la prohibición de
devengar doble asignación del erario. Por esta razón, el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez no está supeditada al retiro del servicio, inclusive, para los
vinculados con posterioridad al 27 de junio de 200360. Esto, por cuanto la referida
compatibilidad se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como
maestros oficiales, es decir, en razón a la actividad docente y no con ocasión de un
régimen prestacional determinado. Por esta razón, no es dable limitar esta
excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.
105. Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior, la Sala resalta que la
demandante tiene derecho a disfrutar de la pensión de jubilación en compatibilidad
con el salario. Por este motivo, en la parte resolutiva de la sentencia, se dispondrá
que la prestación tendrá efectividad a partir de la fecha de adquisición del estatus
pensional, para que pueda percibir la pensión en compatibilidad con el salario
percibido en el servicio docente.
106. Como se ordenará el pago de las mesadas desde la adquisición del estatus
pensional, se torna imperativo traer a valor presente las sumas de dinero que
debieron pagarse, por lo que resulta aplicable el último inciso del artículo 187 del
CPACA, según el cual «[l]as condenas al pago o devolución de una cantidad líquida
de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor».
107. En consecuencia, la entidad demandada hará la actualización sobre las sumas
adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del
CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
108. La Sala también dispondrá que el Fomag podrá adelantar las actuaciones
necesarias y pertinentes para recaudar los aportes correspondientes en virtud de la
60 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-
01 (3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre
salario y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio al régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto,
de acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como
maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional
determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen
específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.».
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pensión que se reconoce en la presente sentencia.
3.6. Prescripción
109. Finalmente, la Sala advierte que, como entre la adquisición del estatus
pensional —14 de diciembre de 2016— y la petición de reconocimiento —31 de
octubre de 2018— no transcurrieron más de 3 años, el término de prescripción se
interrumpió por un plazo igual (art. 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado por
el Decreto 1848 de 1969), dentro del cual, incluso se presentó la demanda —4 de
octubre de 2019—. Por ende, no operó el fenómeno prescriptivo de mesada alguna.
3.7. Conclusión
110. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como la señora María Stella Amaya Rodríguez se vinculó con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que
le es aplicable es el previsto en la Ley 71 de 1988. Así, al haberse probado que
tiene más de 55 años de edad y 20 de cotizaciones en los sectores público y privado,
se estima que tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
por aportes a partir de la adquisición del estatus pensional.
111. Por ende, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, y en su lugar, se ordenará el reconocimiento y pago
de una pensión de vejez, de conformidad con el régimen aplicable.
3.8. Costas
112. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario61 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de
61 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio se
imponga dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero. Revocar la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el 6 de octubre
de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.
Segundo. En su lugar, declarar la nulidad de la Resolución núm. 000831 del 17 de
junio de 2019.
Tercero. Ordenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio que, a título de restablecimiento del
derecho, reconozca y pague a la demandante María Stella Amaya Rodríguez la
pensión de jubilación con el 75 % del promedio de los factores salariales dispuestos
Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994, y en normas posteriores,
que hayan sido devengados por la demandante y que hayan servido de base para
las cotizaciones a seguridad social en el año anterior al 14 de diciembre de 2016,
fecha de adquisición del estatus pensional, sin que deba acreditar el retiro del
servicio educativo docente.
La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial.
Cuarto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio podrá recaudar las cotizaciones en favor de la
demandante en el tiempo en que estuvo contratada a través de órdenes de
prestación de servicios y que no fueron efectuados. De igual forma, la demandante,
en caso de no haberlo hecho, deberá realizar los aportes a su cargo durante su
vinculación a través de contratos de prestación de servicios. Por su parte, el Fomag
podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos
de pensiones en los que la accionante realizó cotizaciones.
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Demandante: María Stella Amaya Rodríguez
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Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag
Quinto. No condenar en costas en segunda instancia.
Sexto: Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.
Séptimo: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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