República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-01684-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998.
Subtema 1: incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas, en la
liquidación de la bonificación por compensación. Subtema 2: bonificación de gestión
judicial —Decreto 4040 de 2004—. Subtema 3: prescripción.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes del proceso contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, el 29 de noviembre de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante, en calidad de exmagistrado auxiliar de la Sala Administrativa del
Consejo Superior del Judicatura y exdirector de la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico de esa misma Sala, solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial
prevista en el Decreto 610 de 1998, a efectos de igualar el 80 % de lo devengado por
un magistrado de alta corte, teniendo en cuenta que los ingresos totales anuales de
los magistrados de las altas cortes deben coincidir con los ingresos totales anuales de
los congresistas, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto ordenó
el reajuste de la bonificación por compensación, incluyendo en la base de la liquidación
las diferencias adeudadas por concepto de la prima especial de servicios, teniendo en
cuenta los ingresos laborales totales anuales percibidos por los congresistas, desde el
30 de enero de 2009 hasta el 31 de octubre de 2009 (por prescripción).
1
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La Subsección confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia. En tal
sentido se declarará probada la excepción de prescripción trienal respecto a las
sumas causadas antes del 3 de diciembre de 2004. A su vez, se adicionará, en
cuanto a ordenar la reliquidación del pago de aportes a pensión por las diferencias
dejadas de pagar por la bonificación por compensación. Asimismo, en lo relativo a
aclarar que lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar ordenada
no se haya sufragado por la entidad previamente, y que lo reconocido no podrá
exceder los topes fijados por el Gobierno nacional.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Carlos Ariel Useda Gómez, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 4 de diciembre de 20121, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con las siguientes pretensiones2:
2. Pidió que se declare la nulidad de la Resolución 2823 del 17 de mayo de 2012,
mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le negó el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación de que trata el Decreto
610 de 1998.
3. A título de restablecimiento del derecho, la parte accionante solicitó que, con
fundamento en el Decreto 610 de 1998, se ordene reconocer la bonificación judicial a
efectos de igualar el 80 % de lo devengado por un magistrado de alta corte, teniendo
en cuenta que los ingresos totales anuales de los magistrados de las altas cortes
deben coincidir con los ingresos totales anuales de los congresistas, de acuerdo con
el artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Ello, en su condición de magistrado auxiliar de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entre el 25 de mayo de 2004
y el 18 de diciembre de 2007, y de director de la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, desde el
19 de diciembre de 2007 hasta el 31 de octubre de 2009.
4. Pidió que se condene a la accionada a la reliquidación y pago de todas las
prestaciones sociales que le fueron reconocidas al demandante, con la inclusión de la
diferencia existente entre las sumas pagadas y las que debió recibir según lo previsto
en el Decreto 610 de 1998; que las sumas reconocidas se ordenen de manera
indexada y con los respectivos intereses moratorios; y que se condene en costas.
1 Samai, índice 0005, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 5_03demanda, pp. 16
2 Samai, índice 0005, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 5_03demanda, pp. 16.
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. El señor Carlos Ariel Useda Gómez prestó sus servicios a la Rama Judicial,
vinculado al cargo de magistrado auxiliar de la Sala Administrativa del Consejo
Superior del Judicatura, entre el 25 de mayo de 2004 y el 18 de diciembre de 2007.
Posteriormente, como director de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de esa
misma Sala, a partir del 19 de diciembre de 2007 y el 31 de octubre de 2009.
7. Según el demandante, como su vinculación se dio en vigencia del Decreto 4040
de 2004, que reconocía una bonificación por gestión judicial con carácter permanente
que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales igualaba el 70 % de lo
que por todo concepto devengaran los magistrados de alta corte, tenía derecho al
reconocimiento de tal emolumento prestacional. Sin embargo, como la norma en
mención fue declarada nula por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, en la
sentencia del 14 de diciembre de 20113, el Decreto 610 de 1998 volvió a ser aplicable
y, por tanto, la entidad debía pagar la bonificación por compensación que iguale el 80
% de lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte, según lo establece el
último decreto en mención.
8. El accionante solicitó a la administración el pago de las diferencias por concepto
de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente
al 80 % de los ingresos que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes;
entre el 25 de mayo de 2004 y el 18 de diciembre de 2007 y del 19 de diciembre de
2007 al 31 de octubre de 2009. Lo anterior, teniendo en cuenta para su liquidación el
reconocimiento y pago de todos los ingresos laborales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas (artículo 15 de la Ley 4 de 1992). Sin
embargo, esta petición fue negada a través de la Resolución 2823 del 17 de mayo de
2012.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
9. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• Constitución Política.
• Ley 4 de 1992
• Decreto 610 de 1998.
• Decreto 4040 de 2004.
10. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con la bonificación por compensación y la
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
bonificación por gestión judicial, para concluir que en su caso la entidad accionada se
apartó del ordenamiento jurídico e hizo una interpretación errónea sobre la posición
del Consejo de Estado, que ha definido que los magistrados auxiliares de las altas
cortes, entre otros, tienen derecho a que se les reconozcan y paguen las diferencias
salariales que resulten de la aplicación del Decreto 610 de 1998.
11. Con todo, afirmó que es acreedor del pago del 80 % de los ingresos mensuales
recibidos por los magistrados de alta corte, que deben ser iguales a los de los
congresistas, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
2.2. Contestación de la demanda
12. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de ausencia de la causa petendi, cobro de lo no debido, prescripción trienal y
excepción innominada4.
13. Señaló que en sentencia del 14 de diciembre de 2011 el Consejo de Estado
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004; sin embargo, los efectos de dicho fallo
rigen hacia el futuro o ex – nunc, toda vez que se profirió en el marco de una acción
de nulidad, cuya garantía es el interés general y no de carácter particular. Con todo, el
mencionado decreto tuvo efectos por el tiempo que estuvo vigente –hasta el 2011–.
14. Indicó que para tener derecho a la bonificación por compensación es
indispensable que los funcionarios de la Rama Judicial que, con anterioridad a la
publicación del Decreto 4040 de 2004, se encontraran desempeñando los empleos
taxativamente descritos en el inciso 2.° del artículo 1.° del decreto en mención, hayan
optado por acogerse al régimen de bonificación por gestión judicial antes del 31 de
diciembre de 2004, para lo cual con sus peticiones deben aportar la copia del contrato
de transacción y/o la copia del memorial en el que se conste el desistimiento ante la
respectiva autoridad judicial, en caso de tener reclamaciones en despachos judiciales.
15. Sostuvo que la prima especial, creada a través del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, y desarrollada en el artículo 2.° del Decreto 10 de 1993, efectivamente se
encuentra dirigida a equiparar los ingresos de los magistrados de alta corte con los
ingresos totales percibidos en forma permanente por los congresistas, sin que dicha
equiparación implique la modificación de las prestaciones sociales y los demás
conceptos laborales que tenían los magistrados de alta corte antes de la expedición
de la referida Ley 4 de 1992, razón por la que en dicha normativa se expresó de
manera clara que el componente de la prima especial estaba limitado únicamente a
los ingresos permanentes, de los cuales no hacen parte las prestaciones sociales,
entre ellas, las cesantías.
4 Samai, índice 0005, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 5_20contestaciondemanda.
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
16. De tal suerte que la demandada mal podría efectuar equivalencias entre el valor
que se liquida por concepto de cesantías a los congresistas y el valor que se reconoce
por el mismo concepto a los magistrados de alta corte, ordenando el pago de la
diferencia del valor de las cesantías por concepto de la prima especial de servicios,
como se entiende que lo pretende la parte demandante, cuando lo cierto es que la
referida prima no tiene carácter salarial, lo que significa que dicho concepto no hace
parte de las prestaciones sociales.
17. En ese orden, si se procede a incluir las cesantías en el cálculo de la prima
especial, el resultado final sería que de una manera indirecta se equiparía el valor de
las cesantías de los congresistas con el de los magistrados de alta corte, a pesar de
la prohibición señalada el artículo 15 la Ley 4 de 1992, cuando menciona que la prima
especial de servicios no es factor salarial para las prestaciones sociales.
18. Destacó que, en todo caso, se ha configurado la prescripción trienal con
anterioridad al 29 de enero de 2009, comoquiera que la reclamación administrativa se
presentó el «30 enero de 2012».
2.3. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 29 de noviembre de 2019, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Así, ordenó lo siguiente5:
PRIMERO. Estese a lo resuelto en la sentencia de Unificación -SUJ-016-CE-S2-
2019, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado -
Sección Segunda - Sala Plena de Conjueces - el dos (2) de septiembre de 2019.
Conjuez ponente: Carmen Anaya de Castellanos, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. Declarar probada la excepción de prescripción trienal respecto a las
sumas causadas antes del 30 de enero de 2009 y sólo se reconocerá el pago por
concepto de Bonificaron por Compensación de servicios a que tiene derecho el
demandante a partir del 31 de enero de 2009 y hasta el 31 de octubre de 2009,
fecha en que laboró en el cargo de Director de la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
TERCERO. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº
2823 de 16 de mayo de 2012, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por medio del cual no se accedió al pago y reconocimiento de los derechos
laborales reclamados por el demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO. Condenase a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reconocer, reliquidar y
pagar al doctor Carlos Ariel Useda Gómez, la bonificación por compensación,
incluida la Prima Especial creada por el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y, de otra
5 Samai, índice 0005, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 5_47fallo.
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
parte, como las cesantías de los Congresistas forman parte de la Prima Especial de
los referidos Magistrados de Altas Cortes, este rubro debe sumarse a la liquidación
de la referida bonificación por compensación, teniendo en cuenta para la liquidación
de ésta, en el equivalente al 80% - incluidos todos los ingresos laborales totales
anuales de carácter permanente devengados por los Congresistas, que son:
asignación básica, gastos de representación, prima de servicios, prima de navidad
y auxilio de cesantías, sumas que deben ser liquidadas desde el 31 de enero de
2009 y hasta el 31 de octubre de 2009, toda vez que las sumas causadas con
anterioridad al 30 de enero de 2009, se encuentran prescritas de conformidad con
la sentencia de unificación proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el 2 de septiembre de 2019, rad. 41001-23-33-
000-2016-00041-02 (2204-2018) - Sentencia de Unificación - SUJ-016-CE-S2- 2019.
CP. Carmen Anaya de Castellanos julio de 2009, con los correspondientes reajustes,
de lo cual se descontará lo que ya se hubiese cancelado al actor por concepto de
Bonificación por Compensación. Precisando la Sala, que el 80% de la bonificación
por compensación para los magistrados de tribunal de distrito judicial y/o
procuradores judiciales ll y cargos homologados, es un límite que no puede ser
superado con el reconocimiento de la prima especial de servicios, incluido el auxilio
de cesantías, esto es, que la reliquidación de la bonificación procede respecto de los
citados funcionarios, siempre que en la respectiva anualidad, sus ingresos anuales
percibidos no hayan alcanzado el tope del 80% de lo que por todo concepto devenga
un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los congresistas.
QUINTO. Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 187 del C.P.A.C.A., tomando como base la variación porcentual de los
índices de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
SEXTO. Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se
estructuran los supuestos de hecho y de derecho de que tratan los artículos 192 y 195
del mismo Código.
SÉPTIMO. Ordénase a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del
término previsto en los artículos 192 y 195 del C,.P.A.C.A., tomando en cuenta la
sentencia de la Corte Constitucional, C - 188 de 1999.
20. Indicó que según se probó en el expediente, el accionante estuvo vinculado por
varios años a la Rama Judicial, ocupando como último cargo el de director de la Unidad
de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, desde el 19 de diciembre de 2007 hasta el 31 de octubre de 2009.
21. Por lo anterior, consideró que es beneficiario de la bonificación por compensación
de que trata el Decreto 610 de 1998, con una remuneración mínima mensual que en
ningún caso podía ser inferior al 80 % de lo que por todo concepto devengue un
magistrado de alta corte.
22. Señaló que, conforme a la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019
dictada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, operó
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
el fenómeno jurídico de la prescripción de los derechos causados antes del 30 de enero
de 2009 y, por tanto, se reconocería al accionante el pago de las diferencias salariales
adeudadas por concepto de bonificación a partir del 31 de enero de 2009 hasta el 31
de octubre de 2009, tiempo en el que prestaba sus servicios como director de la Unidad
de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura.
23. Lo anterior, incluyendo las primas de servicio, vacaciones y navidad, bonificación
por servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de dicho emolumento los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, a
saber: sueldo básico, gastos de representación, primas de localización y vivienda, de
salud, de servicios y de navidad, cesantías, esto es, el equivalente al 10 % de los
salarios, con los respectivos reajustes legales anuales y debidamente indexados mes
a mes.
24. Aclaró que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992
debe ser computada dentro de la totalidad de los ingresos de los magistrados de alta
corte, de manera que no constituye un ítem adicional al 80 % de la bonificación por
compensación, sino que es el porcentaje de una suma que ya incluye la prima especial
de servicios.
25. Sostuvo que si bien se probó la calidad de magistrado auxiliar del demandante y,
en consecuencia, que sería beneficiario de la prima especial del artículo 15 de la Ley
4 de 1992, lo cierto es que se debía declarar la prescripción extintiva de las sumas
causadas antes del 27 de septiembre de 2009.
26. Finalmente, sostuvo que en un fallo de tutela del 7 de octubre de 2019 dictado
por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en un caso
similar al de la referencia, se revocó una sentencia laboral, bajo el argumento de que
se había desconocido el precedente judicial en lo relacionado con la homologación
salarial y prestacional entre magistrado auxiliar y director de unidad de DEAJ, con lo
cual, de paso, se incurría en un defecto sustantivo, en atención a que se violaba de
manera directa la Constitución.
2.4. Recursos de apelación
27. Las partes del proceso apelaron la sentencia de primera instancia. Bajo los
siguientes argumentos6:
2.4.1. Parte demandante
28. Por un lado, el demandante sostuvo que la sentencia de unificación proferida el
2 de septiembre de 2019 por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
6 Samai, índice 0005, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 5_50contestaciondemanda.
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Estado zanjó la discusión frente a la prescripción del derecho a la bonificación por
compensación. Fue así que dispuso que la regla general es la prescripción del periodo
anterior al 3 de diciembre de 2004; sin embargo, la misma no operaría de probarse el
sometimiento del accionante al contrato de transacción y aportarse el oficio en el que
conste que se acogió al Decreto 4040 de 2004.
29. Manifestó que como celebró contrato de transacción y se acogió a lo dispuesto
en el Decreto 4040 de 2004, se debe tener por interrumpida la prescripción desde el
25 de mayo de 2004. En efecto, la parte aportó junto con el recurso de alzada las
documentales con las que pretende dar cuenta de ello.
30. Así, pues, solicitó el pago de la diferencia entre los valores que le fueron
reconocidos del 25 de mayo de 2004 al 18 de diciembre de 2007, y desde el 19 de
diciembre de 2007 hasta el 31 de octubre de 2009, mientras ocupó los cargos de
magistrado auxiliar de la Sala Administrativa del Consejo Superior del Judicatura y
director de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de esa misma sala,
respectivamente; igualando sus ingresos al 80 % desde el 2001 en adelante, de lo que
reciben por todo concepto los magistrados de altas cortes, quienes a su vez deben
devengar lo mismo que los congresistas, incluidas las cesantías; derecho que,
aseguró, no tiene ningún tipo de prescripción.
31. Añadió que la prescripción tampoco se puede fundamentar en lo dispuesto en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, porque dicha normativa solo es aplicable a las
prestaciones sociales de que trata ese mismo decreto.
2.4.2. Parte demandada
32. Por su parte, la entidad demandada realizó un recuento normativo y
jurisprudencial acerca de la bonificación por compensación de que tratan los decretos
610 de 1998 y 1102 de 2012, y también sobre la bonificación de gestión judicial del
Decreto 4040 de 2004, para concluir que, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1102
de 2012 «por el cual se modifica la bonificación por compensación para los
Magistrados de Tribunal y otros funcionarios», se reconoció por nómina la bonificación
por compensación en el 80 % a todos los beneficiarios a partir del 27 de enero de
2012, por lo que solicitó se revise la inexistencia de la obligación respecto de la parte
demandante, toda vez que su ingreso a la Rama Judicial se produjo «después del 26
de enero de 2012», fecha para la cual ya se reconocía por nómina el 80 % de la
bonificación en cuestión.
33. Sostuvo que para efectos de contabilizar la prescripción de la bonificación por
compensación se deben tener en cuenta dos momentos: (a) el periodo comprendido
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, anterior a la expedición del
Decreto 4040 de 2004, tiempo en el cual el interesado debía presentar la reclamación
administrativa con anterioridad al 3 de diciembre de 2003 a efectos de que no le
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
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prescriba dicha periodo, de conformidad con la sentencia de unificación del 2 de
septiembre de 2019; (b) el periodo comprendido del 3 de diciembre de 2004 al 26 de
enero de 2012, durante el cual estuvieron vigentes paralelamente el Decreto 4040 de
2004 y el Decreto 610 de 1998, el solicitante debía acreditar que presentó la solicitud
ante la administración con anterioridad al 27 de enero de 2015, en atención a lo
dispuesto en sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016.
34. Manifestó que no es posible entender que la pretensión de reajuste de la
bonificación por compensación incluye per se la incidencia de la prima especial de
servicios reliquidada teniendo en cuenta lo percibido por los congresistas por concepto
de cesantías. Lo anterior, comoquiera que las dos reclamaciones tienen orígenes
distintos. Por una parte, la bonificación liquidada en el 80 % de los ingresos anuales
de los magistrados de las altas cortes, se produjo dada la coexistencia de los decretos
610 de 1998 y 4040 de 2004, y la posterior declaratoria de nulidad de la última
normativa; mientras que la prima especial existe desde que se expidió la Ley 4 de 1992
(artículo 15) y el Decreto 10 de 1993, sin que frente a ello haya existido discusión o
dualidad jurídica.
35. Alegó que la sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por esta corporación
no precisó que la regla fijada para el cómputo de la prescripción de los derechos que
se originaban del reconocimiento de la bonificación por compensación en el 80 % de
los ingresos laborales anuales de los magistrados de las altas cortes, se aplicara a las
reclamaciones sobre el reajuste de esa bonificación incluida la incidencia de la
reliquidación de la prima especial de servicios (artículo 15 de la Ley 4 de 1992) con las
cesantías de los congresistas.
36. Afirmó que en los asuntos relacionados con la incidencia de la prima especial en
la liquidación de la bonificación por compensación debe aplicarse la regla general de
prescripción trienal; de manera que el interesado cuenta con tres años para reclamar
el derecho a partir del momento en el que se hace exigible, esto es, desde la
vinculación del servidor judicial.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
37. Mediante auto del 7 de julio de 20257 se admitieron los recursos de apelación
presentados por las partes demandante y demandada.
38. A través de auto del 16 de diciembre de 20258 se decretaron e incorporaron como
prueba de oficio, el contrato de transacción suscrito el 15 de diciembre de 2004 y el
oficio mediante el cual el señor Carlos Ariel Useda Gómez manifestó acogerse al
régimen de bonificación de gestión judicial. En consecuencia, se ordenó correr traslado
7 Samai, índice 00048, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 48_98autoqueadmite.
8 Samai, índice 00056, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 56_104autoquedevretapruebas.
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de la documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, por el
término de 3 días.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
39. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
40. De acuerdo con los recursos de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:
41. ¿La prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992
debe incluirse en el cálculo de la bonificación por compensación, teniendo en cuenta
para la liquidación de aquella las cesantías devengadas por los congresistas?
42. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por las partes, ¿se configuró la
prescripción del derecho del demandante al reajuste de la bonificación por
compensación?
43. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:
bonificación por compensación, bonificación de gestión judicial y prescripción.
44. A partir de lo anterior se destacarán los hechos probados más relevantes y en el
acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos
formulados.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Bonificación por compensación
45. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados9 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
9 Y autoridades equivalentes.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
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percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201310, en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30 % de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la
decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles
jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual
de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de
"nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46
% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía
una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema
escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60 % de lo
percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80 %. Con
ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se
había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas.
Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley
4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había
afirmado en la Ley 332/96.
46. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 11, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
10 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-
681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 de
1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
11
Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
11
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factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.
47. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199812 dictado por el presidente de la República.
48. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:
a) Carácter permanente;
b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;
d) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;
e) se paga mensualmente;
f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
g) inicialmente correspondía al 60 % de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70 % (2000);
h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80 % (2001), de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80 % de lo que por todo concepto devenguen
12 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
12
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anualmente los magistrados de alta corte.
49. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201613, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60 %, 70 % y 80 % “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».
50. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».
51. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».
52. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80 % a partir del año 2001»14.
53. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201915, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-
25-000-2010-00246-02(0845-15).
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-
42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-
23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.
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concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».
54. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación16. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).
55. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.
3.3.1.1. Bonificación de gestión judicial
56. El Decreto 4040 de 200417, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión judicial;
determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que el valor
correspondía a un porcentaje del 70 % del valor integrado por la asignación básica y
los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.
57. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.
58. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Igualmente, tenían derecho a ella quienes ingresaron, con
posterioridad a la publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación,
16 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
17 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
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en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio
Público ante los magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.
59. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento y
pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
60. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201118 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80 %, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.
61. La Sala de Conjueces precisó que para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en
el 80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70 %, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
62. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
63. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201219, según el cual a partir del 27 de enero de
2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 20
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
19 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
20 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
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equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales
iguale el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de
las altas cortes, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base
de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».
64. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1.° del
presente decreto».
3.3.1.2. Sobre la prescripción
65. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos laborales
en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 202021, en la cual se identificaron los
elementos de la citada figura, así: «i) […] se predica de manera general respecto
aquellos de contenido patrimonial, con excepción de aquellos en los que el legislador
ha establecido que de acuerdo con su naturaleza no pueden extinguirse, verbigracia,
el derecho a la pensión, dado que solo son objeto de ella, las mesadas pensionales no
reclamadas oportunamente; ii) la inactividad prolongada del titular, denota que no tiene
interés en el servicio o la prestación debida, salvo que sea forzada por encontrarse
imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso del tiempo, que de manera concreta será
el plazo legal dentro del cual se debe exigir el cumplimiento de la obligación, so pena
de que se extinga».
66. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en razón
de la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el
demandado o la declaratoria de oficio por el juez».
67. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director del
proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido
a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está,
de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción
extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»22.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, exp. 08001-23-33-000-2013-00666-01
(0833-2016).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023, exp.
080012333000201200200-02 (2459-2014).
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68. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula la
prescripción al indicar que:
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.
69. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado
oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
70. Sobre este aspecto, en el fallo del 18 de mayo de 201623, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que para
los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el Decreto
4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad del
derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse de
exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del
fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012», cuando
quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201124, que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004.
71. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201925, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por compensación
para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004», por ello,
consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen vigente respecto de
la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era
plenamente exigible».
72. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló
el Decreto 2668 de 199826 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02, actor: Jorge
Luis Quiroz Alemán y otros.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del 25 de septiembre
de 2001.
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decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y, por lo tanto,
los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la
oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que por regla
general operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la persona
demuestre que reclamó antes de esta última fecha.
73. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 2 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:
no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre de
2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante dicho
periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al salir de la
vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios podían efectuar
reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara la prescripción; por
fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3 de diciembre de
2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en
la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-,
con la excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción por haber presentado
reclamación durante el tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de
2001 al 2 de diciembre de 2004.
74. En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:
a) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
b) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era exigible
dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004;
c) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.
75. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa por el término de tres años. Esta interrupción solo es
efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en el mismo
plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (art. 164 del CPACA).
3.3.1.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial de la prima especial de
servicios
76. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 15 la creación de una prima para los magistrados del
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Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el
Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del
Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil, que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere.
77. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 10 de 199327, por medio del cual reguló la prima especial de servicio
establecida en el artículo 15 de la referida normativa. En cumplimiento de lo dispuesto
en la normativa precedente dicho decreto estableció:
Artículo 1º.- La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4a. de
1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por
los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a
ella.
Artículo 2º.- Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad.
Artículo 3º.- Ninguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4a. de
1992 podrá tener una remuneración anual total superior a la de un miembro del
Congreso.
(…).
Artículo 6º.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, surte efectos
fiscales a partir del 1o. de enero de 1993 y deroga las disposiciones que le sean
contrarias en especial el Decreto 873 de 1992.
78. De lo anterior, se advierte que los magistrados de las altas cortes tienen derecho
a la prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos laborales, debe
igualar a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso de la República,
sin que en ningún evento lo superen; por ello se debe tener en cuenta los ingresos
laborales totales anuales percibidos por los congresistas.
79. Así, los artículos 15 de la Ley 4 de 1992, 1 y 2 del Decreto 10 de 1993, establecen
que la base salarial de los magistrados de altas cortes debe equipararse a la de los
miembros del Congreso, entendiéndose que los ingresos laborales totales anuales
percibidos por estos últimos son los de carácter permanente.
27 «Por el cual se regula la prima especial de servicios».
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80. El anterior razonamiento es coherente con la postura adoptada por la Sala de
Conjueces de esta corporación, en sentencia del 4 de mayo de 200928, que en un caso
donde se discutía lo relativo a la nivelación salarial de los magistrados de las altas
cortes en relación con los congresistas, precisó lo siguiente:
Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales
totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en
ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha
partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación social.
En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las prestaciones
sociales
[…]
Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los Magistrados
de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”, que sumada a los
demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad por los miembros del
Congreso.
Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de servicios,
regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, fue
el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la Ley 4ª de 1992
equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte con los Congresistas,
cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando entonces, que los ingresos
laborales totales anuales de los Magistrados deben ser iguales a los ingresos laborales
totales anuales de los Congresistas, por cuanto la Ley los ubicó en una misma situación
de hecho, siendo necesario aclarar en este punto, lo siguiente:
[…]
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto de
ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los magistrados
de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen entre sí, iguales
remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales. (Negrillas y subrayado por la
Sala)
81. De otro lado, en sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de
Conjueces de esta corporación29, se determinó que para la liquidación de la prima
especial de servicios y de la bonificación por compensación, debe considerarse el
auxilio de las cesantías, así:
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 4 de mayo de 2009, exp. 25000-23-25-
000-2004-05209-02(0552-07), M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
29Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso .
250002325000201000246-02, (0845)
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por cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho
a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.
[…]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo
decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría
que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de
cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar
el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los
servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado
que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio
del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia
el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito
de disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son
acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas
Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos.
82. Por lo anterior, se concluye que el auxilio de cesantías debe tenerse en cuenta
al momento de efectuar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
3.4. Hechos probados relevantes
83. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
84. El señor Carlos Ariel Useda Gómez desempeñó el cargo de magistrado auxiliar
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a partir del 25 de mayo
de 2004 al 18 de diciembre de 2007. Luego, ocupó el cargo de director de la Unidad
de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, desde el 19 de diciembre de 2007 hasta el 31 de octubre de 200930.
85. El 30 de enero de 2012, el accionante solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial el reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación por
compensación, a efectos de igualar el 80 % de lo que devengue por todo concepto
30 Samai, índice 0005, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 5_2anexos, pp. 20.
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salarial un magistrado de alta corte, de conformidad con el Decreto 610 de 1998, por
los periodos laborados en los cargos de magistrado auxiliar de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura y director de la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, desde el
25 de mayo de 2004 hasta el 18 de diciembre de 2007 y del 19 de diciembre de 2007
al 31 de octubre de 2009, respectivamente.
86. También pidió que los ingresos totales anuales de los magistrados de las altas
cortes en la liquidación de la bonificación coincidieran con los ingresos totales anuales
de los congresistas, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4 del 18 de mayo de
199231.
87. A través de la Resolución 2823 del 17 de mayo de 2012, la entidad demandada
negó lo solicitado. Indicó que la administración le pagó al demandante, en su
oportunidad, el 70 % de la remuneración percibida por los magistrados de altas cortes
como bonificación por gestión judicial, dada la obligatoriedad que había en su caso de
pagarle la misma en los términos del Decreto 4040 de 2004.
88. Además, sostuvo que no era dable reliquidar la bonificación tomando las
cesantías de los congresistas como un ingreso permanente, pues sería contrario a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley 4 de 1992, máxime que el legislador permitió
expresamente el cálculo de la prima especial de servicios adicional a los ingresos
permanentes, la inclusión de la prima de navidad; situación que no ocurrió con el auxilio
de cesantías y otras prestaciones sociales, entonces, si su intención hubiera sido otra
así lo habría expresado. Añadió que el artículo 15 ibidem establece que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial, lo que quiere decir que no es factor
para la liquidación de las cesantías, so pretexto de considerar estas para el cálculo de
la mencionada prima32.
89. Obra el contrato de transacción suscrito el 15 de diciembre de 2004 y el oficio
mediante el cual el señor Carlos Ariel Useda Gómez manifestó acogerse al régimen
de bonificación de gestión judicial33.
3.5. Caso concreto
90. En el asunto bajo análisis, el accionante solicitó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación que iguale el 80 % de lo devengado por los
magistrados de alta corte, incluyendo para su cálculo la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta las cesantías y demás ingresos
anuales percibidos por los congresistas, debido a que lo devengado por estos incide
en la liquidación de la bonificación reclamada en favor de los magistrados auxiliares.
31 Samai, índice 0005, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 5_2anexos, pp. 9 a 12.
32 Samai, índice 0005, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 5_2anexos, pp. 14 a 19.
33 Samai, índice 0005, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 5_51anexos.
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Esto, del 25 de mayo de 2004 al 18 de diciembre de 2007 y desde el 19 de diciembre
de 2007 hasta el 31 de octubre de 2009.
91. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento
de la bonificación por compensación equivalente al 80 % de lo devengado por todo
concepto por los magistrados de las altas cortes incluyendo la prima de servicios —
art. 15 Ley 4 de 1992—[…] teniendo en cuenta las diferencias adeudadas por concepto
de prima especial de servicios, teniendo en cuenta que en el cálculo de la prima
especial de servicios del art. 15, debe considerarse todos los ingresos de los
congresistas, incluidas las cesantías. Ello, desde el 31 de enero de 2009 hasta el 31
de octubre de 2009, tiempo en el que el demandante se desempeñaba como director
de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.
3.5.1. La incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4
de 1992, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas, en la
liquidación de la bonificación por compensación
92. La parte demandada en el recurso de alzada sostuvo que a partir de la pretensión
de reconocimiento del ajuste de la bonificación por compensación sobre el 80 % de los
ingresos anuales de los magistrados de altas cortes, no puede entenderse la inclusión
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992,
teniendo en cuenta en la liquidación de esta las cesantías devengadas por los
congresistas.
93. En primer lugar, la Sala precisa que el accionante, es beneficiario de la
bonificación por compensación, acorde con el Decreto 610 de 1998, al haber ejercido
los cargos de magistrado auxiliar de la Sala Administrativa del Consejo Superior del
Judicatura, entre el 25 de mayo de 2004 y el 18 de diciembre de 2007, y como director
de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de esa misma Sala, desde el 19 de
diciembre de 2007 hasta el 31 de octubre de 2009.
94. En este punto, se destaca que, conforme se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, la bonificación por compensación debe atender lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998, el cual indica que «sumada a la prima especial
de servicios» debe igualar el 80 % de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado,
Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
95. También, se reitera que, en sentencia del 18 de mayo de 201634, la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda consideró que para calcular la diferencia entre lo
devengado por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-
02, actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
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debían tener en cuenta las cesantías con el fin de determinar el valor de la prima
especial de servicios a la que tienen derecho los magistrados de alta corte.
96. En dicha sentencia se definió que en la reliquidación de la bonificación por
compensación debe incluirse la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4
de 1992, liquidada esta sobre «todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los Congresistas», lo que como quedó visto incluye el
auxilio de las cesantías. Así pues, la discusión sobre la liquidación de la prima especial
de los magistrados de alta corte, que pretende plantear la entidad recurrente, se
resolvió en la providencia de conjueces de 2016.
97. En este orden de ideas, se reitera que el derecho discutido en el proceso está
regulado en el Decreto 610 de 1998. Por consiguiente, la liquidación debe realizarse
hasta alcanzar el tope del 80 % de lo que devenguen los magistrados de altas cortes,
lo que a su vez conlleva a la obligación correlativa de la entidad accionada de hacer el
cálculo correcto de lo que deben percibir estos, ejercicio en el que debe incluirse la
prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, en cuya liquidación
deben tenerse en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas, por las razones
anteriormente expuestas.
98. Lo anterior no significa que los magistrados de tribunal, auxiliares y demás
titulares de la bonificación por compensación, sean beneficiarios de la prima especial
de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, prevista entre otros, para los
magistrados de altas cortes; sin embargo, la correcta determinación de esta sí incide
en el cálculo de la bonificación, porque es a partir de lo devengado por los magistrados
de altas cortes, que se precisa el monto de la acreencia de que trata el Decreto 610
de 1998; razonamiento que se evidencia en el fallo controvertido.
99. Así las cosas, los argumentos expuestos por la parte demandada no son
suficientes para desvirtuar la decisión de primera instancia.
3.5.2. Prescripción del derecho
100. Al respecto, se tiene que el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. En tal sentido, ordenó el reajuste de la bonificación por compensación
teniendo en cuenta el 80 % de los ingresos totales anuales de los magistrados de las
altas cortes incluyendo todos los ingresos laborales devengados por los congresistas,
de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992; así como las respectivas
diferencias entre lo efectivamente pagado y lo que se debía pagar. Todo, a partir del
31 de enero de 2009 hasta el 31 de octubre de 2009, toda vez que declaró probada la
excepción de prescripción trienal.
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101. Así, la Sala procederá a definir si en el presente asunto se configuró la
prescripción del derecho del demandante al reajuste de la bonificación por
compensación en los términos señalados.
102. En primer lugar, resulta importante precisar que en la sentencia del 18 de mayo
de 201635 dictada por esta corporación, que invoca la entidad accionada, en la que se
determinó que en la reliquidación de la bonificación por compensación debe tenerse
en cuenta la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, liquidada
sobre todos los ingresos totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas, incluidas las cesantías, se fijó un criterio sobre el conteo de la
prescripción.
103. Al respecto, se definió que el derecho a la bonificación por compensación debe
ser exigible, pero que para los destinatarios «existía la disyuntiva» entre el Decreto
610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a
la exigibilidad del derecho». En este contexto, la providencia señaló que «solo puede
hablarse de exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de
ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de
2012», cuando quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201136, que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
104. Sobre el particular, la Sala considera que al haberse definido la manera como
operaría la prescripción de la bonificación por compensación teniendo en cuenta la
prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, dada la coexistencia
de dos regímenes salariales diferentes (Decreto 610 de 1998 y Decreto 4040 de 2004),
se estableció un criterio claro que se entiende cobija la incidencia del artículo 15 en
mención. Ello, toda vez que contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, no puede
tratarse dicha norma, en el caso de los beneficiarios de la bonificación por
compensación, como un derecho autónomo e independiente de tal emolumento; en la
medida en que incide en la liquidación de este.
105. En efecto, reconocer que los beneficiarios de la bonificación por compensación
tienen derecho a que esta equivalga a una cifra que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales iguale el 80 %, no el 70 % como lo señalaba
el Decreto 4040 de 2004, de los ingresos que por todo concepto perciben los
magistrados de las altas cortes, supone a su vez que deba efectuarse una debida
liquidación de las prestaciones de estos, por ejemplo, la prima especial del artículo 15
de la Ley 4 de 1992; de manera tal que (a) la debida delimitación del referido porcentaje
y (b) la base sobre la que se aplica, constituyen elementos de la misma acreencia, que
no pueden fraccionarse al momento de establecer cómo debió reconocerse.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02, actor: Jorge
Luis Quiroz Alemán y otros.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
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106. Por tal motivo, si la jurisprudencia de esta corporación, debido a la dualidad
normativa derivaba de la vigencia simultánea de los decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004, consideró que el derecho a reclamar la diferencia del 10 % se hizo exigible con
la ejecutoria de la sentencia que anuló la segunda de las normas, el reconocimiento
de aquella (la aludida diferencia) no puede separarse de la correcta delimitación de la
base sobre la que se aplica el porcentaje del 80 %, so pena de fraccionar los elementos
que componen la acreencia reclamada, lo cual no es de recibo.
107. Cuestión diferente tendría lugar, cuando a propósito de la bonificación por
compensación, la controversia se desarrolló al margen de la aplicación de los decretos
610 de 1998 y 4040 de 2004; es decir, cuando resulta ajena a la dualidad normativa
que permitió un entendimiento particular del fenómeno de la prescripción, evento en el
cual no existen circunstancias especiales para considerar que el derecho reclamado
se hizo exigible desde el instante en que su titular reunió las condiciones legalmente
previstas para disfrutar de él.
108. En este orden de ideas, corresponde en el caso concreto hacer el análisis de la
prescripción alegada por las partes demandante y demandada, de acuerdo con las
reglas que sobre el tema se han establecido para el reconocimiento de la bonificación
por compensación, en escenarios como el analizado en esta oportunidad, frente a la
aplicación simultánea de los referidos decretos.
109. Ahora bien, como se explicó en las consideraciones expuestas en el numeral
3.3.1.2. de esta sentencia, en relación con la prescripción de la bonificación por
compensación deben tenerse en cuenta tres escenarios: el primero, durante el cual
estuvo vigente el Decreto 610 de 1998, antes de que entrara en vigor el Decreto 4040
del 3 de diciembre de 2004; el segundo, cuando las anteriores normas rigieron
simultáneamente; y el tercero, con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 4040 de 2004, lo que tuvo lugar el 28 de enero de 2012, instante a
partir del cual se retornó al monto del 80 % de la referida bonificación, como lo
señalaba el Decreto 610 de 1998 y lo reiteró el Decreto 1102 de 2012.
110. La anterior distinción es relevante, entre otras razones, porque respecto de lo
causado en la época en la que estuvieron vigentes simultáneamente los decretos 610
de 1998 y 4040 de 2004, es decir, del 3 de diciembre de 2004 al 27 de enero de 2012,
la prescripción no operó, pues no había claridad de la exigibilidad del derecho, a
diferencia de lo que ocurre en los otros 2 escenarios.
111. Al aplicar las consideraciones expuestas al caso concreto, se tiene que el señor
Carlos Ariel Useda Gómez desempeñó el cargo de magistrado auxiliar de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a partir del 25 de mayo de 2004
al 18 de diciembre de 2007. Luego, ocupó el cargo de director de la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, desde el 19 de diciembre de 2007 hasta el 31 de octubre de 2009.
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Asimismo, se resalta que el 30 de enero de 2012, el accionante solicitó a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento y pago del reajuste de la
bonificación por compensación, a efectos de igualar el 80 % de lo que devengue por
todo concepto salarial un magistrado de alta corte, por los periodos laborados en los
referidos empleos.
112. Esto quiere decir que se reclama el debido reconocimiento de la bonificación antes
y durante la dualidad normativa de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, que, se
reitera, tuvo lugar del 3 de diciembre de 2004 al 27 de enero de 2012.
A. Diferencias reclamadas del 25 de mayo al 2 de diciembre de 2004
113.En cuanto a lo causado desde el 25 de mayo de 2004, primer día en el que la
accionante se desempeñó como magistrado auxiliar del Consejo Superior de la
Judicatura, hasta el 2 de diciembre de 2004, día anterior a que entrara en vigor el
Decreto 4040 de 2004, se destaca lo siguiente:
114.La pretensión del debido reconocimiento de la bonificación se sustentó en las
diferencias que se presentaron entre los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, las
cuales eventualmente podrían presentarse desde el 1.° de enero de 2004, debido a
que la segunda de las normas, en su artículo 2.°, parágrafo 2.°37, indicó que tiene
efectos fiscales desde el 1.° de enero de 2004.
115.Por lo tanto, la diferencia reclamada en la liquidación de la bonificación por
compensación, producto de los efectos de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004,
tendría lugar desde el 1.° de enero de 2004.
116.Ahora bien, frente a lo causado del 25 de mayo de 2004 (día en el que empezó a
desempeñar el cargo de magistrado auxiliar) al 2 de diciembre de 2004 (antes de que
entrara en vigor el Decreto 4040), de acuerdo con las pautas interpretativas en materia
de prescripción, expuestas líneas atrás, la prescripción trienal operó de manera
normal, por lo que para evitar su configuración la parte accionante debió presentar la
reclamación correspondiente a más tardar el 2 de diciembre de 2007, empero la radicó
con posterioridad, el 30 de enero de 2012, lo que quiere decir que prescribieron las
diferencias reclamadas del 25 de mayo al 2 de diciembre de 2004.
37 Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2004 y es
incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente Decreto se
viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo.
Para efectos de la liquidación y pago de la Bonificación de Gestión Judicial para el año 2004 y hasta cuando se
haga efectiva la opción, se restará lo percibido por concepto de Bonificación por Compensación.
En el lapso transcurrido entre el 1º de enero de 2004, y el momento en que se haga efectiva la opción libre y
expresa de acogerse al régimen de Bonificación de Gestión Judicial, no se causarán intereses ni indexación. (Se
destaca).
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Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
117. Ahora bien, en sede de segunda instancia el demandante sostuvo que, mediante
contrato de transacción del 15 de diciembre 2004 pasó del régimen del Decreto 610
de 1998 —bonificación por compensación— al del Decreto 4040 de 2004 —
bonificación de gestión judicial—, constituyéndose así una actuación administrativa
suficiente para suspender la prescripción.
118. No obstante, la Sala considera que, a pesar de que obra en el expediente dicho
contrato, su sola suscripción no constituye una actuación administrativa orientada a
reclamar el reconocimiento de la bonificación por compensación por períodos
anteriores a la vigencia del Decreto 4040 de 2004. En efecto, el artículo 2 de esa
normativa previó dos hipótesis para acceder a la bonificación por gestión judicial: «a).
Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por
Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la
posibilidad de iniciar nuevamente acciones [...]» y «b). Los que no han efectuado tales
reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver litigios futuros
relacionados con la Bonificación por Compensación».
119. A partir de esa regulación, la Sala advierte que el supuesto invocado por la parte
demandante corresponde al literal b), esto es, al de quienes no formularon
reclamaciones previas y suscribieron contratos de transacción para evitar litigios
futuros. Por ello, el hecho de la celebración del negocio jurídico no puede entenderse
como una actuación administrativa dirigida al reconocimiento de la bonificación por
compensación, sino como una manifestación de sometimiento al régimen del Decreto
4040 de 2004, prevista justamente para funcionarios que no habían efectuado tales
reclamaciones.
120. Lo anterior, por cuanto quien se acoge al régimen previsto en el Decreto 4040 de
2004 no está formulando reclamación alguna con fundamento en el Decreto 610 de
1998, sino, por el contrario, renunciando a los derechos que de este pudieran
derivarse. Por ello, no resulta jurídicamente admisible entender que la suscripción del
correspondiente contrato de transacción comporte una solicitud dirigida a obtener de
la administración el pago de las diferencias entre ambos regímenes, ni que, en
consecuencia, configure una reclamación administrativa idónea para interrumpir la
prescripción respecto de tales diferencias38.
121. Sobre el particular, se destaca que la declaratoria de nulidad del citado Decreto
4040, tuvo como sustento que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad, se insistió allí que constitucionalmente está prohibido
renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e indiscutibles.
38 Al respecto, se tiene que en similar sentido se pronunció esta Sala de Subsección en auto del 19 de marzo de
2026 dictado dentro del expediente con número de radicado 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020).
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Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
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122.En ese orden de ideas, no se advierte frente a las diferencias causadas del 25
de mayo al 2 de diciembre de 2004 alguna petición que hubiere interrumpido el
fenómeno de la prescripción, por lo que esta se configuró.
B. Diferencias reclamadas del 3 de diciembre de 2004 al 31 de octubre de
2009
123.En cuanto a las diferencias causadas desde la entrada en vigor del Decreto 4040
de 2004 (3 de diciembre de 2004) hasta el 31 de octubre de 2009, último día en que
desempeñó el cargo de director de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que le permitió reclamar la
bonificación por compensación, de acuerdo con las pautas interpretativas expuestas
líneas atrás, la exigibilidad de las acreencias tuvo lugar desde el 28 de enero de 2012,
por lo que la reclamación correspondiente debía presentarse, a más tardar, dentro de
los 3 años siguientes para evitar el fenómeno de la prescripción, lo que en efecto
ocurrió. Ello, comoquiera que la petición se radicó el 30 de enero de 2012 y el plazo
para hacerlo fenecía el 28 de enero de 2015.
124. En este orden de ideas, se estima que, contrario a lo definido por el Tribunal en
la sentencia impugnada, no se configuró la prescripción trienal del derecho al pago de
las diferencias reclamadas a título de la bonificación por compensación, entre el 3 de
diciembre de 2004 y el 30 de enero de 2009.
125. Por consiguiente, al prosperar el cargo de la apelación sustentado por la parte
accionante, contra la sentencia de primera instancia, hay lugar a confirmarla
parcialmente, con las precisiones que se realizarán más adelante, respecto de los
aportes a seguridad social correspondientes a la prestación reconocida y algunos
aspectos a tener en cuenta para evitar pagos dobles o por encima de los límites
previstos por el ordenamiento jurídico.
126. Por último, es preciso indicar que, como el demandante trabajó hasta el 31 de
otubre de 2009, en el cargo de director de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no tiene asidero el
dicho de la entidad demandada en el recurso de alzada, consistente en que se le
reconoció por nómina la bonificación por compensación en el 80 % a partir del 27 de
enero de 2012.
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3.6. Consideraciones adicionales
127. Al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable39 e imprescriptible40, se
adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide y pague a favor del señor
Carlos Ariel Useda Gómez –en calidad de magistrado auxiliar y de director de la Unidad
de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura– desde el 25
de mayo de 2004 hasta el 31 de octubre de 2009 –fecha esta última hasta la que prestó
sus servicios en el último cargo en mención–, los aportes hechos al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, por las diferencias dejadas de pagar por la
bonificación por compensación durante el periodo en que pudieron surtir efectos
fiscales los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, en cuanto a la situación del
demandante.
128. También se adicionará la decisión apelada, en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre y
cuando la suma a pagar por concepto de la reliquidación ordenada no se haya
sufragado por la entidad accionada previamente. Por lo que concierne a esta hacer la
verificación correspondiente. Asimismo, en cuanto a que lo reconocido por el Tribunal
no podrá exceder los topes fijados por el Gobierno nacional.
3.7. Conclusión de la decisión
129. Se confirmará parcialmente la sentencia apelada, toda vez que se modificarán
los ordinales segundo y cuarto. De un lado, se declarará la excepción de prescripción
respecto de las diferencias reclamadas por concepto de bonificación por
compensación, causadas del 25 de mayo al 2 de diciembre de 2004. De otro, se
declarará que solo se reconocerá el pago de las diferencias por concepto de
bonificaron por compensación de servicios a partir del 3 de diciembre de 2004 hasta
el 31 de octubre de 2009, último día en que el demandante laboró en el cargo de
director de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
130. A su vez, se adicionará el ordinal cuarto, en cuanto a ordenar a la accionada a
efectuar el pago de aportes a pensión a favor del accionante por las diferencias
dejadas de pagar por la bonificación por compensación, los cuales no se ven afectados
por el fenómeno de la prescripción. Asimismo, en lo relativo a aclarar que lo reconocido
será procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la reliquidación
39 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».
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ordenada no se haya sufragado por la entidad accionada previamente, y que lo
reconocido por el Tribunal no podrá exceder los topes fijados por el Gobierno nacional.
3.8. Costas
131. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 41 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2019 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. Modificar el ordinal segundo y adicionar el ordinar cuarto de la sentencia
impugnada, el cual quedará así:
SEGUNDO. Declarar la excepción de prescripción respecto de las diferencias
reclamadas por concepto de bonificación por compensación, causadas del del 25 de
mayo al 2 de diciembre de 2004.
Declarar que sólo se reconocerá el pago del ajuste de las diferencias por concepto
de bonificaron por compensación de servicios a que tiene derecho el demandante a
partir del 3 de diciembre de 2004 y hasta el 31 de octubre de 2009, periodo en el
que laboró en los cargos de magistrado auxiliar y director de la Unidad de Desarrollo
41 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
CUARTO: Condenase a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reconocer, reliquidar y
pagar al doctor Carlos Ariel Useda Gómez, los ajustes por la diferencia de la
bonificación por compensación, incluida la Prima Especial creada por el artículo 15
de la Ley 4ª de 1992 y, de otra parte, como las cesantías de los Congresistas forman
parte de la Prima Especial de los referidos Magistrados de Altas Cortes, este rubro
debe sumarse a la liquidación de la referida bonificación por compensación, teniendo
en cuenta para la liquidación de ésta, en el equivalente al 80% - incluidos todos los
ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
Congresistas, que son: asignación básica, gastos de representación, prima de
servicios, prima de navidad y auxilio de cesantías, sumas que deben ser liquidadas
desde el 3 de diciembre de 2004 y hasta el 31 de octubre de 2009, con los
correspondientes reajustes, de lo cual se descontará lo que ya se hubiese cancelado
al actor por concepto de Bonificación por Compensación. Precisando la Sala, que el
80 % de la bonificación por compensación para los magistrados de tribunal de distrito
judicial y/o procuradores judiciales ll y cargos homologados, es un límite que no
puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de servicios, incluido
el auxilio de cesantías, esto es, que la reliquidación de la bonificación procede
respecto de los citados funcionarios, siempre que en la respectiva anualidad, sus
ingresos anuales percibidos no hayan alcanzado el tope del 80 % de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los
congresistas.
La entidad deberá reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones en favor de la demandante con ocasión de las diferencias surgidas
a causa del reajuste ordenado a título de bonificación por compensación, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial
fijado por el Gobierno nacional.
Lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la
reliquidación ordenada no se haya sufragado por la entidad accionada previamente. Por
lo que concierne a esta hacer la verificación correspondiente.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01684-02 (0469-2022)
Demandante: Carlos Ariel Useda Gómez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente
enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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