República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00573-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema 1: prima especial de servicios, artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Subtema 2.1:
reconocimiento de la prima especial de servicios, incidencia de las cesantías.
Subtema 2.2: prescripción.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, el 31 de octubre de 2022, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Ariel Salazar Ramírez, quien se desempeñó como magistrado de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, presentó demanda contra la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el
propósito de obtener la nulidad del acto administrativo que le negó el reconocimiento
de la prima especial de servicios teniendo en cuenta todos los ingresos laborales
anuales de carácter permanente devengados por los congresistas. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 31 de octubre de 2022,
accedió a las pretensiones. Esta Subsección confirmará la sentencia de primera
instancia, por cuanto está demostrado que a la parte actora le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de
las acreencias laborales reclamadas, modificará lo relativo a la prescripción y
adicionará la decisión respecto a los aportes de ley para seguridad social en
pensiones.
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Ariel Salazar Ramírez, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el 4 de abril de 20191, con las siguientes:
2.1.1. Pretensiones
(a) Declarar la nulidad de la Resolución núm. 5159 del 17 de julio de 2018,
proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la
cual le negó a la parte actora la prima especial de servicios teniendo en cuenta
todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente devengados por
los congresistas.
(b) A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la
Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional
de Administración Judicial, a reconocer y pagar al señor Ariel Salazar Ramírez,
en calidad de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la diferencia salarial
que resulte por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta
todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas, desde el 27 de febrero de 2012.
(c) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial, a reconocer y
pagar las diferencias salariales y prestacionales que resulten en favor del
demandante, como consecuencia de las sumas antes mencionadas, y a
«reajustar el valor a pagar mensualmente y en adelante».
(d) Que se ordene a la entidad demandada a actualizar las sumas
adeudadas de acuerdo con el IPC, en la forma señalada en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(en adelante CPACA); y a pagar los intereses moratorios a que haya lugar.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda2, así:
3. El señor Ariel Salazar Ramírez prestó sus servicios como magistrado de la
1 Samai, índice 4, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_02 ACTA DE
REPARTO(.pdf) NroActua 4».
2 Samai, índice 4, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA
• Demanda - Poder y Anexos Reservado (.pdf) NroActua 4».
2
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia desde el 27 de febrero de
2012 hasta la fecha [de presentación de la demanda].
4. Indicó que el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 creó para los magistrados de
altas cortes, la prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos
laborales, iguale a los percibidos por los miembros del Congreso, sin que en ningún
caso los supere.
5. Asimismo, destacó que el Decreto 10 de 1993 —reglamentario de la prima
especial de servicios— dispuso en sus artículos 1 y 2 que dicha prestación
corresponde a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios con derecho
a ella, entendiéndose que esos «ingresos laborales totales anuales» son de carácter
permanente.
6. En virtud de las normas citadas, sostuvo que los magistrados de alta corte
tienen derecho a la prima especial de servicios, la cual debe liquidarse tomando
como base todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente percibidos
por los congresistas, sin excluir ningún factor. Adujo que la ley ordenó considerar
«los ingresos totales anuales». Por tanto, debe tenerse en cuenta el «sueldo básico,
gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima
de servicios, prima de navidad y auxilio de cesantías».
7. Con fundamento en lo anterior, el 7 de mayo de 20183, el demandante solicitó
ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales que resulten por concepto de la prima especial de
servicios, teniendo en cuenta los ingresos laborales anuales de carácter
permanente percibidos por los congresistas.
8. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó su reclamación
mediante la Resolución núm. 5159 del 17 de julio de 2018.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
9. En la demanda se invocaron las siguientes normas:
De la Constitución Política, los artículos 53, y 58.
Ley 4 de 1992, artículos 2 y 15.
Decreto 10 de 1993.
10. En el concepto de violación sostuvo que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial vulneró las garantías constitucionales relacionadas a la
3
Como se puede advertir de la Resolución núm. 5159 del 17 de julio de 2018. Samai, índice 4, expediente
digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento ED_C01_01 DEMANDA - Demanda - Poder y Anexos
Reservado (.pdf) NroActua 4».
3
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
protección de los trabajadores, y el régimen salarial fijado por la Ley 4 de 1992 y el
Decreto 10 de 1993, al desconocer que la prima especial de servicios, sumada a los
demás ingresos laborales permanentes, debe igualar estrictamente la totalidad de
los ingresos laborales anuales percibidos por los congresistas.
11. Afirmó que, desde la expedición de la Ley 4 de 1992 y del Decreto 10 de
1993, el reconocimiento de la prima especial de servicios se ha efectuado
únicamente con base en las remuneraciones mensuales y en los factores anuales.
Sin embargo, advirtió que en esa liquidación no se han incluido las cesantías, pese
a que este concepto hace parte los ingresos totales anuales de carácter permanente
que devengan los congresistas.
12. Expresó que la anterior interpretación transgrede los preceptos de la Ley 4
de 1992, en cuanto establecen que debe existir igualdad entre los ingresos laborales
totales anuales de carácter permanente de los miembros del Congreso y los
magistrados de las altas cortes. Destacó, además, que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo ha venido resolviendo de manera favorable este tipo de
pretensiones.
13. Advirtió que el acto administrativo demandado vulneró los principios de
«respeto a los derechos adquiridos», «derecho del trabajador a no ser
desmejorado», «principio de favorabilidad», «derecho a la igualdad» y «sustracción
al cumplimiento de una decisión judicial».
2.2. Contestación de la demanda
14. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó escrito de
contestación4 en el cual explicó el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y el contenido del
Decreto 10 de 1993, al indicar que la prima especial de servicios tiene por objeto
equiparar los ingresos de los magistrados de las altas cortes con los ingresos
permanentes de los congresistas.
15. Sostuvo que la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley
4.ª de 1992 [regulada por el Decreto 10 de 1993] debe entenderse como la
diferencia entre (a) los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
percibidos por los miembros del Congreso (incluida la prima de navidad) y los
ingresos anuales de estos altos funcionarios con derecho a esa prima, y (b) que la
prima se pagará mensualmente y no tiene naturaleza salarial.
16. No obstante, señaló que la jurisprudencia de unificación de 18 de mayo de
2016 precisó que, para calcular la prima especial del artículo 15 de la Ley 4.ª de
1992, deben tenerse en cuenta las cesantías causadas por los congresistas, lo cual
repercute en la bonificación por compensación. Por ello, adujo que de ser
4Samai, índice 4, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_C01_14
CONTESTACION DEMANDA - Incluye poder y anexos(.pdf) NroActua 4».
4
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
procedente la reliquidación del factor, debe incorporar las cesantías de los
congresistas.
17. De otro lado, expuso que el pronunciamiento de unificación sobre
prescripción del 18 de mayo de 2016 se refirió específicamente a la bonificación por
compensación (y a la discusión asociada a la nulidad del Decreto 4040 de 2004),
por lo que sus consideraciones no serían trasladables, sin más, a la reliquidación
de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, dado que se trata de
derechos con origen normativo distinto. Con todo, sostuvo que, para reclamaciones
relacionadas con la reliquidación de la prima especial con inclusión de las cesantías
de los congresistas, opera la regla general de prescripción trienal de los derechos
laborales.
18. Finalmente, propuso la excepción de prescripción, con fundamento en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, según el cual las prestaciones prescriben en
3 años contados desde la exigibilidad de la obligación, y el reclamo escrito
interrumpe la prescripción por un lapso igual. En aplicación de esa regla, afirmó que
como el demandante se desempeñó como magistrado en propiedad entre el 27 de
febrero de 2012 y el 27 de febrero de 2020, y la petición se presentó el 7 de mayo
de 2018, estarían prescritas las sumas causadas con anterioridad al 7 de mayo de
2015.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia dictada el 31 de octubre de 2022, resolvió5:
PRIMERO: DECLARAR NO probada la excepción de prescripción, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 5159 del 17 de julio de 2018
por medio de los cuales se negó el pago de las diferencias adeudadas al señor ARIEL
SALAZAR RAMÍREZ por concepto de prima especial de servicios (Art. 15 Ley 4ª de
1992), conforme con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR
en favor del señor ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, las diferencias entre lo recibido por
concepto de prima especial de servicios (Art. 15 Ley 4ª de 1992) y lo dejado de percibir,
luego de incluir la totalidad de los ingresos laborales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas desde el 27 de febrero de 2012 hasta el 27 de febrero
de 2020. Debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos,
conforme con lo expuesto en la parte motiva.
5 Samai, índice 4, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento ED_C01_26 FALLO(.pdf)
NroActua 4».
5
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
CUARTO: La Nación – Rama Judicial dará cumplimiento al presente fallo en el término
estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del C.P.A.C.A.
QUINTO Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este proveído.
20. El Tribunal examinó el caso del señor Ariel Salazar Ramírez, quien acreditó
haber ejercido funciones como magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre el
27 de febrero de 2012 y el 27 de febrero de 2020. En consecuencia, concluyó que,
de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, era beneficiario de la prima
especial de servicios y que su liquidación debía efectuarse con inclusión de los
factores salariales aplicables.
21. Advirtió que la entidad demandada negó el reajuste mediante la Resolución
5159 del 17 de julio de 2018, al sostener que no contaba con disponibilidad
presupuestal y que acceder a lo pedido excedía su competencia y podía generar
detrimento fiscal. El tribunal desestimó esos argumentos al indicar que la prima
debía liquidarse de manera correcta y que la administración debía adelantar las
gestiones necesarias para su pago, sin trasladar esa carga al demandante. Por ello,
declaró la nulidad de la Resolución 5159 y ordenó reconocer y pagar solo la
diferencia dejada de percibir [no la totalidad de la prima], por no haberse incluido
todos los factores salariales correspondientes.
22. Respecto de la prescripción, aplicó las reglas del Decreto 3135 de 1968 y del
Decreto 1848 de 1969 y reiteró la distinción jurisprudencial entre cesantías
anualizadas (no prescriben en los términos señalados) y cesantías definitivas (sí
pueden prescribir si la mora es atribuible al trabajador). En el caso, al tratarse de
cesantías definitivas y haberse presentado petición el 14 de julio de 2016 y demanda
el 9 de abril de 2019, cuando el actor aún estaba vinculado, concluyó que no
prosperaba la excepción de prescripción.
23. Como restablecimiento del derecho, ordenó la reliquidación y pago de las
diferencias de la prima especial de servicios desde el 27 de febrero de 2012 hasta
el 27 de febrero de 2020, con actualización según la fórmula jurisprudencial y
conforme a los artículos 192 y 195 del CPACA. Finalmente, negó costas por no
evidenciar temeridad o mala fe.
2.4. Recurso de apelación
24. La entidad demandada presentó recurso de apelación6, en el que indicó que
la prima especial está prevista para igualar —sin superar— los ingresos totales de
los congresistas, carece de carácter salarial y se regula en el Decreto 10 de 1993.
Con apoyo en la sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016, aceptó que las
6 Samai, índice 4, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_28 RECURSO
APELACION(.pdf) NroActua 4».
6
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
cesantías de congresistas deben considerarse ingresos laborales permanentes
para liquidar la prima especial y que ello repercute en la bonificación por
compensación.
25. En lo que respecta al sustento concreto de la alzada, enfatizó la aplicación
de la prescripción trienal. Afirmó que las sentencias de unificación de 18 de mayo
de 2016 y del 2 de septiembre de 2019 abordaron la prescripción en un contexto
distinto (coexistencia normativa de bonificación por compensación y bonificación por
gestión judicial, y la nulidad del Decreto 4040 de 2004), de modo que esos
razonamientos no deberían extenderse a la reliquidación de la prima especial del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 ni a su incidencia en la bonificación por
compensación
26. En consecuencia, planteó que en este tipo de asuntos rige la regla general
de prescripción trienal desde la exigibilidad del derecho (vinculación), y reprochó
que el Tribunal no la hubiera declarado.
27. Teniendo en cuenta que el actor reclamó mediante petición del 7 de mayo de
2018, sostuvo que se encuentran prescritas las sumas causadas antes del 7 de
mayo de 2015. De manera subsidiaria, pidió aplicar la prescripción trienal desde el
14 de julio de 2013, por haberse radicado la petición el 14 de julio de 2016.
28. Finalmente, expuso que, por razones presupuestales, la entidad solo empezó
a pagar en nómina desde agosto de 2019 la diferencia de la prima, conforme a la
Circular núm. deajc19-68. Asimismo, manifestó ánimo conciliatorio para acordar el
pago únicamente de los periodos no afectados por la prescripción7.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
29. Mediante auto del 11 de agosto de 20238, los magistrados César Palomino
7 La Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación sin
convocar audiencia de conciliación. Sin embargo, dicho aspecto fue abordado a través de auto de 5 de mayo
de 2025, en el que se destacó la existencia de solicitud para celebrar audiencia de conciliación. Sobre este
particular se resolvió lo siguiente:
«En este caso, se advierte que el recurso de apelación, en el cual la entidad demandada manifestó su ánimo
conciliatorio, fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca con copia al correo electrónico del
apoderado judicial de la parte demandante (…). Por tanto, el señor Ariel Salazar Ramírez sí tiene conocimiento
de la intención conciliatoria expresada por la entidad, por lo que la falta de pronunciamiento por su parte permite
inferir razonablemente que no tiene interés en conciliar.
De igual manera, la entidad demandada no interpuso recurso de reposición contra el auto que concedió la
apelación, por lo que tampoco cuestionó la providencia judicial que omitió considerar la posibilidad de convocar
a audiencia de conciliación posterior al fallo. No obstante, es importante destacar que lo anterior no es óbice
para que las partes, en cualquier estado del proceso, manifiesten de común acuerdo su voluntad de conciliar,
con el fin de dar por terminado el litigio mediante este mecanismo alternativo de solución de conflictos.
A partir de lo expuesto, este despacho considera que no resulta necesario devolver el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, procederá a estudiar la admisión del recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada.» Ver samai, índice 34.
8
Samai, índice 5, expediente digital.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Cortes y Juan Enrique Bedoya Escobar, de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declararon su impedimento para tramitar el presente asunto.
30. El 26 de octubre de 20239 se declaró fundado el anterior impedimento, e
igualmente los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, manifestaron su impedimento y realizaron el sorteo del asunto a los
conjueces.
31. A través de decisión del 7 de marzo de 202510, el conjuez ponente remitió el
proceso de la referencia al despacho que hoy preside la doctora Elizabeth Becerra
Cornejo, con fundamento en el inciso tercero del artículo 11611 del CPACA.
32. En este escenario, se estima pertinente precisar que las Subsecciones A y B
de la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundado el
impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en
asuntos relacionados con el reconocimiento de acreencias como la que aquí se
estudia.
33. La mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto
de 2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los
integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en
el presente asunto, por tres razones, a saber12:
(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones
generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el
supuesto descrito en la causal;
(ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la
configuración de la causal;
(iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en
el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los
intereses de quien manifiesta el impedimento.
34. A partir de las anteriores razones, se estima que las manifestaciones de
impedimento que en su momento se efectuaron y aceptaron, como no hacían
alusión a situaciones actuales y concretas de la cuales se derivara un interés cierto
que afectara la imparcialidad de los funcionarios judiciales, a la luz del criterio
imperante, dejaron de constituir una excepción al deber de estos de decidir de fondo
los asuntos sometidos a su conocimiento para impartir justicia.
9 Samai, índice 9, expediente digital.
10 Samai, índice 28, expediente digital.
11 «Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración
de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les
predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774-2024,
5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y
4079-2023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año.
8
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
35. Esta Subsección dictó auto el 5 de mayo de 202513, en el que admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y prescindió del periodo
para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
36. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto
en el inciso primero del artículo 150 del CPACA.
3.2. Cuestión previa
37. Previo a la delimitación de los problemas jurídicos que orientarán el estudio
del asunto, la Sala considera necesario puntualizar que el apoderado de la parte
actora presentó escrito el 5 de marzo de 2024, antes de la admisión del recurso de
apelación [5 de mayo de 2025] el cual denomina «solicitud de confirmación de
sentencia».
38. Tal y como se desprende de la referencia de dicho memorial, aquel solicita
que se confirme la sentencia de primera instancia. Su argumentación se centra en:
(a) la imprescriptibilidad de los derechos reclamados —en especial, de las cesantías
y sus efectos— por su naturaleza y por la periodicidad durante la relación laboral,
señalando que el actor se desvinculó definitivamente el 27 de febrero de 2020; y (b)
que en su sentir, se presentó una renuncia a la prescripción por parte de la entidad
demandada, alegando que del contenido de la Resolución 5159 del 17 de julio de
2018 y otras actuaciones, constituyeron reconocimiento de la obligación por parte
de la entidad (aunque se haya aducido falta de disponibilidad presupuestal), lo que
reiniciaría el cómputo prescriptivo.
39. Sobre esta circunstancia, conviene recordar que la oportunidad procesal para
reforzar o reiterar los argumentos en sede de segunda instancia es la presentación
de los alegatos de conclusión. Esta actuación procede cuando, una vez admitido el
recurso de apelación, la parte solicita pruebas, se decretan y estas son practicadas.
En ese escenario, se autoriza a las partes para presentar alegatos dentro del
término de 10 días, contrario a lo anterior, esto es, si no son solicitadas o practicada
las probanzas, no habrá traslado para alegar.
40. Ahora bien, se advierte que, en el asunto de la referencia, la parte actora no
13
Samai, índice 34.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
presentó solicitud probatoria dentro del término de ejecutoria de la providencia que
admitió el recurso de apelación, en los términos del inciso cuarto del artículo 212
del CPACA. En consecuencia, no se habilitó la concesión del término para presentar
alegatos de conclusión en sede de segunda instancia, con el fin de exponer
argumentos relacionados con la presente controversia.
41. En todo caso, se precisa que los alegatos de conclusión en segunda instancia
no constituyen una etapa para introducir nuevos planteamientos jurídicos o fácticos
que alteren el marco de competencia del ad quem, el cual se encuentra delimitado
por los reparos concretos formulados en el recurso de apelación por la parte que lo
interpone.
3.3. Problemas jurídicos
42. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación, que habilita al
juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los
reparos concretos presentados por el apelante14, la Sala precisa que los
argumentos de la alzada respecto a las diferencias derivadas del debido
reconocimiento de la prima especial de servicios, se circunscriben a la prescripción
trienal sobre este concepto.
43. En este orden de ideas, la Sala evidencia que la parte recurrente no
controvierte los fundamentos de la decisión de primera instancia en lo relativo al
derecho a las diferencias salariales ocasionadas por la prima especial de servicios
del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, en el entendido que se centró en la aplicación
de la prescripción trienal sobre esta acreencia.
44. Aclarado lo anterior, la Sala procede a resolver el siguiente problema jurídico:
45. ¿Era procedente aplicar la prescripción de carácter trienal respecto de la
diferencia salarial de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992 en el presente caso?
46. Para resolver el anterior interrogante se realizarán algunas consideraciones
alrededor de la acreencia reclamada.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial de la prima especial de
servicios
47. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, previó en el artículo 15 la creación de una prima para los
magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia,
de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la
14
CGP, artículos 320 «Fines de la apelación» y 328 «Competencia del superior».
10
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el
Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil, que sumada a los
demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad por los miembros
del Congreso, sin que en ningún caso los supere.
48. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de
1992, expidió el Decreto 10 de 199315, por medio del cual reguló la prima especial
de servicio establecida en su artículo 15. En cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa precedente dicho decreto estableció:
Artículo 1º.- La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4a.
de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales
recibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que
tienen derecho a ella.
Artículo 2º.- Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad.
Artículo 3º.- Ninguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4a.
de 1992 podrá tener una remuneración anual total superior a la de un miembro del
Congreso.
(…).
Artículo 6º.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, surte
efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1993 y deroga las disposiciones que le
sean contrarias en especial el Decreto 873 de 1992.
49. De lo anterior, se advierte que los magistrados de las altas cortes tienen
derecho a la prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos
laborales, debe igualar a los percibidos en su totalidad por los miembros del
Congreso de la República, sin que en ningún evento lo superen; por ello se debe
tener en cuenta los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
congresistas.
50. Así, los artículos 15 de la Ley 4 de 1992, 1 y 2 del Decreto 10 de 1993,
establecen que la base salarial de los magistrados de altas cortes debe equipararse
a la de los miembros del Congreso, entendiéndose que los ingresos laborales
totales anuales percibidos por estos últimos son los de carácter permanente.
51. El anterior razonamiento es coherente con la postura adoptada por la Sala
de Conjueces de esta corporación, en sentencia del 4 de mayo de 200916, que en
15
«Por el cual se regula la prima especial de servicios».
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 4 de mayo de 2009, exp. 25000-23-
25-000-2004-05209-02(0552-07), M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
un caso donde se discutía lo relativo a la nivelación salarial de los magistrados de
las altas cortes en relación con los congresistas, precisó lo siguiente:
Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales
totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en
ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si
dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación
social.
En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las
prestaciones sociales
[…]
Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los
Magistrados de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”,
que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad
por los miembros del Congreso.
Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de
servicios, regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la
Ley 4ª de 1992 equiparó los derechos salariales de los Magistrados de Alta Corte con
los Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando
entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los Magistrados deben ser
iguales a los ingresos laborales totales anuales de los Congresistas, por cuanto la Ley
los ubicó en una misma situación de hecho, siendo necesario aclarar en este punto, lo
siguiente:
[…]
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto
de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los
magistrados de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen
entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales. (Negrillas
y subrayado por la Sala)
52. De otro lado, en sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de
Conjueces de esta corporación17, se determinó que para la liquidación de la prima
especial de servicios y de la bonificación por compensación, debe considerarse el
auxilio de las cesantías, así:
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se
trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y
que se causa por cada día de trabajo del empleado.
17 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso .
250002325000201000246-02, (0845)
12
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser
tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de
los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen
derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los
congresistas.
[…]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a
lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003,
habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la
misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al
momento de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación
a favor de los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
Habiendo señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de
manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es
evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de
la Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal
naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados
en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las
Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que
tienen derecho estos últimos.
53. Por lo anterior, se concluye que el auxilio de cesantías debe tenerse en
cuenta al momento de efectuar la liquidación de la prima especial de servicios de
los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
3.5. Hechos probados
54. La Subsección tendrá por acreditados los siguientes hechos:
55. Se allegó constancia del 23 de noviembre de 202118 expedida por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, donde hace constar que el señor
Ariel Salazar Ramírez ejerció los cargos de magistrado de alta corporación en los
siguientes periodos:
Cargo Despacho Fecha inicial Fecha final
Magistrado tribunal o Tribunal Superior Sala 016 Civil 13/11/1991 31/12/2003
consejo seccional de Bogotá
Magistrado tribunal o Tribunal Superior Sala 016 Civil 01/01/2004 27/02/2012
consejo seccional de Bogotá
Magistrado de alta Corte Suprema de Justicia, Sala 27/02/2012 27/02/2020
18Samai, índice 4, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_C01_14
CONTESTACION DEMANDA - Incluye poder y anexos(.pdf) NroActua 4», imagen 13.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
corporación 00 de Casación Civil
Tabla 1. Relación de tiempos de servicios como magistrado de tribunal y Corte Suprema de Justicia
56. Asimismo, se allegó certificación núm. DEAJCER19-112 del 15 de marzo de
201919 expedida por la directora administrativa de la División de Tesorería de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la que se contempla la asignación
mensual y las primas percibidas por el señor Ariel Salazar Ramírez, desde marzo
de 2012 a febrero de 2019.
57. Obran certificación del 13 de mayo de 201520 emitida por la jefe de la Sección
de Prestaciones Sociales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
las que relacionan los pagos a cesantías para los años 2012 a 2014.
58. Se aportó al proceso certificación del 3 de abril de 201921 suscrita por el jefe
de la Sección de Pagaduría del Senado de la República, que registra los salarios de
un senador correspondientes a los años 2012 a 2019.
59. En escrito radicado el «14 de julio de 2016 en el Centro de documentación
de esta entidad, registro EXTDEAJ18-9007 del 7 de mayo de 2018»22, la parte
actora solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la reliquidación
de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, teniendo en
cuenta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas, frente al periodo en que prestó sus servicios como
magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
60. Mediante la Resolución núm. 5159 del 17 de julio de 201823, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial negó la solicitud presentada por el peticionario.
3.6. Análisis del caso concreto
61. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada, como se indicó de manera
precedente.
19 Samai, índice 4, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01
DEMANDA - Demanda - Poder y Anexos Reservado (.pdf) NroActua 4», imagen 55.
20 Samai, índice 4, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01
DEMANDA - Demanda - Poder y Anexos Reservado (.pdf) NroActua 4», imagen 61.
21
Samai, índice 4, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01
DEMANDA - Demanda - Poder y Anexos Reservado (.pdf) NroActua 4», imagen 81.
22 Como se puede advertir de la Resolución núm. 5159 del 17 de julio de 2018. Samai, índice 4, expediente
digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento ED_C01_01 DEMANDA - Demanda - Poder y Anexos
Reservado (.pdf) NroActua 4».
23 Samai, índice 4, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01
DEMANDA - Demanda - Poder y Anexos Reservado (.pdf) NroActua 4», imagen 95.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3.6.1. Del derecho al pago de la prima especial de servicios
62. La Sala recuerda que el Tribunal, en sede de primera instancia, accedió a las
pretensiones de la demanda relacionada con la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y ordenó a pagar la diferencia existente entre lo
percibido y lo que debió devengar por concepto de dicha prima durante el periodo
comprendido del 27 de febrero de 2012 al 27 de febrero de 2020, y la suma que
corresponda luego de incluir la totalidad de los factores salariales devengados por
los congresistas en dicho periodo y que no le fueron tenidos en cuenta, debiéndose
descontar lo pagado efectivamente.
63. En el recurso de apelación, la Rama Judicial controvirtió la decisión de no
aplicar la prescripción trienal. Sostuvo que se encuentran prescritas las sumas
causadas antes del 7 de mayo de 2015 —bajo el entendido de que la petición fue
presentada el 7 de mayo de 2018— y, de manera subsidiaria, solicitó que la
prescripción se compute desde el 14 de julio de 2013, si se considera que el escrito
fue radicado el 14 de julio de 2016.
3.6.2. De la prescripción del derecho a la prima especial de servicios
64. Como se indicó anteriormente, la parte demandada alegó que en la sentencia
de primera instancia no se aplicó el término de prescripción respecto a la prima
especial de servicios. Sobre este particular la demandada explicó que conforme al
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
las prestaciones y derechos laborales de los empleados públicos prescriben en tres
años desde que el derecho se hace exigible.
65. En este orden, se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria consideró respecto a la prescripción trienal lo
siguiente:
Con relación a la excepción de prescripción de los derechos laborales consagrada en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el artículo 102 del Decreto Nacional
1848 de 1969 el término se computa a partir del momento en que se haya hecho exigible la
obligación. Situación que no contradice lo expuesto por el Consejo de Estado cuando
resolvió unificar el tratamiento de la prescripción para eventos como el que aquí se analizan
“La ausencia de norma expresa que regule esta figura respecto de otros derechos laborales,
no incluidos en el Decreto citado, no implica la imprescriptibilidad de los mismos, de ahí que
por analogía se aplica el artículo 151 del C.P.T., a menos que existan cánones que regulen
este tópico en puntos específicos[”]. Posteriormente el Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo unificó su postura frente a la prescripción en el reclamo de las cesantías, así:
[…]
Concretamente, frente a la prescripción de las cesantías definitivas, el Consejo de Estado
realizó el computo de la siguiente manera: “(…)como desde el 10 de diciembre de 2007
finalizó el vínculo laboral, es decir que desde esa fecha se hace exigible la obligación de
pago de las cesantías definitivas, se tiene que la prescripción de 3 años se cumple el 10 de
diciembre de 2010; de manera que al haberse presentado la petición de pago de este auxilio
el 26 de agosto de 2008 el término de prescripción se interrumpió por un lapso igual, que
15
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Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
vence el 26 de agosto de 2011. Y como quiera que la demanda se instauró el 4 de febrero
de 2013, es evidente que operó el fenómeno de la prescripción respecto de la reclamación
de las cesantías definitivas, e igual suerte corren las restantes prestaciones cuya solicitud
está contenida en el mismo escrito de 26 de agosto de 2008”.
Así las cosas, en principio se evidencia que el señor Ariel Salazar Ramírez trabajó para la
entidad demandada hasta el 27 de febrero de 2020, por lo que se trata de la liquidación de
unas cesantías definitivas. Ahora bien, como el derecho de petición fue presentado el 14 de
julio de 2016 (fls. 19) y la demanda fue radicada el 09 de abril de 2019 (fl.59) se infiere que
actuó dentro de la oportunidad que le concede la ley, pues en dicha época estaba vinculado
como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En este orden de ideas NO hay lugar a
declarar la excepción de prescripción propuesta.
66. Conforme con lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
circunscribió su análisis en la prescripción de las cesantías definitivas. En ese
contexto, a la luz del precedente aplicable sobre la prescripción de este auxilio,
concluyó que la parte actora presentó la petición el 14 de julio de 2016, cuando aún
se encontraba vinculado a la entidad; por ello, estimó que, en el caso bajo estudio,
no prosperaba la excepción de prescripción.
67. Sin embargo, del examen del acápite correspondiente, la Sala recuerda que
la controversia objeto de estudio versa sobre la correcta liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, de manera que, sumada a
los demás ingresos laborales —incluidas las cesantías—, iguale los ingresos
laborales totales percibidos por los miembros del Congreso.
68. Así, el Tribunal, en la sentencia de primera instancia, reconoció las
diferencias derivadas de la correcta liquidación de la prima especial de servicios, la
cual exige considerar la totalidad de los ingresos laborales anuales de carácter
permanente devengados por un congresista, incluidas las cesantías. En ese
sentido, la controversia se centró en la forma de liquidación de dicha prima y en la
incidencia de las cesantías como componente de los ingresos totales del
congresista, mas no en la reliquidación de las cesantías del alto funcionario. Por
ello, resulta equivocada la interpretación del a quo al aplicar los lineamientos
jurisprudenciales sobre la prescripción propios del régimen anualizado de cesantías.
69. En consecuencia, la Sala abordará el estudio de la prescripción bajo el
régimen aplicable respecto de las diferencias salariales ocasionadas con la
reliquidación de la prima especial de servicios.
70. En primer lugar, se destaca que el artículo 41 del Decreto 3135 de 196824,
modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 196925, establece que las
acciones que emanan de los derechos previstos en esa normativa prescriben «en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible», y
24
Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
25
Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
16
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Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
que la prescripción se interrumpe, por un lapso igual, con el simple reclamo escrito
del empleado o trabajador ante la autoridad competente del reconocimiento del
derecho.
71. Sobre el particular, es preciso señalar que en la sentencia SUJ-016-CE-S2-
2019 del 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala de Conjueces de esta
corporación, en la que se discutió el derecho al reconocimiento de la prima especial
de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se definió que para la contabilización
de la prescripción del referido derecho «se tendrá en cuenta en cada caso la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de
1998 (sic) y 1848 de 1969».
72. Partiendo de esta premisa, la Sala advierte que no existe razón jurídica que
justifique un cómputo distinto del término de prescripción respecto de la prima
especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y, por
consiguiente, que respecto de esta prestación se apliquen los criterios generales
para determinar la manera en que opera la mencionada excepción, sin que se
evidencie, adicionalmente, una situación excepcional como la que tuvo lugar
respecto a la bonificación por compensación y la dualidad normativa (vigencia
simultánea de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004) que la rodeó, que justifique
predicar un tratamiento diferenciado en la materia.
73. Lo anterior, bajo los siguientes argumentos26:
[…] sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las discusiones
dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de la
prescripción, por no tenerse claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que, en
principio, este se causó con la vigencia de la norma que lo creó y, en adelante, con
las liquidaciones a cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos que
anualmente expidió el Gobierno para reglamentarla. No obstante, los
correspondientes decretos expedidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados
nulos -parcialmente-, mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz,
porque, a juicio de la Corporación, «interpretaron erróneamente (...) la Ley» y
consagraron una liquidación en detrimento de los derechos laborales de los
servidores públicos beneficiarios, de esta.
Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de
1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente,
esto es, el Decreto 57 de 1993.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de
septiembre de 2019.
17
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Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de 1993- se actualiza
anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo
decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su
vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden
público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y,
anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad
con su contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para
objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación.
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los
interesados podían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras
palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.
74. Si bien las anteriores consideraciones se efectuaron a propósito del debido
reconocimiento de la prima especial de servicio del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
las mismas resultan aplicable a la presente controversia —prima especial de
servicios del artículo 15 de la misma ley—, porque en ambos escenarios se está
discutiendo sobre el alcance de la acreencia reclamada, a propósito de las
prestaciones que deben considerarse para su adecuada liquidación.
75. En ese orden de ideas, la Sala considera que la exigibilidad del derecho
surgió desde la reglamentación de la prima especial de servicios de que trata el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, lo que tuvo lugar a través del Decreto 10 de 1993.
En consecuencia, el término de prescripción del derecho a dicho emolumento se
interrumpe con la presentación de la reclamación administrativa, frente a las
diferencias reclamadas.
76. En el mismo sentido, se pronunció esta Sala en providencia del 19 de febrero
de 2026, radicado 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020), M.P. Elizabeth
Becerra Cornejo.
77. Descendiendo al caso particular, respecto a la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, se acreditó que el señor Ariel Salazar Ramírez se
desempeñó como magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia a partir del 27 de febrero de 2012 al 27 de febrero de 2020.
78. En cuanto a la fecha en que el señor Ariel Salazar Ramírez presentó la
petición ante la administración, la Sala advierte que el Tribunal, en la sentencia de
primera instancia, consideró que fue radicada el 14 de julio de 2016. Sin embargo,
en el recurso de apelación la entidad demandada sostiene que el escrito se presentó
el 7 de mayo de 2018.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
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79. Considera la Sala que la imprecisión advertida respecto de la fecha en que
el demandante radicó la petición en vía administrativa obedece a lo consignado en
el acto administrativo demandado —Resolución núm. 5159 de 17 de julio de 2018—
, ya que, sobre este particular, en sus consideraciones indicó lo siguiente:
Que el doctor ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía (…) en su condición de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
y en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en nuestro ordenamiento legal
vigente, mediante escrito radicado el 14 de julio de 2016 en el Centro de
Documentación de esta Entidad, registro EXTDEAJ18-9007 del 7 de mayo de
2018, le solicita expresamente a la Administración Judicial. (Negrillas de la Sala).
80. Ahora bien, para absolver la discrepancia entre las fechas de radicación, la
Sala considera lo siguiente:
(a) Fue aportado al proceso escrito a través del cual el demandante solicitó ante
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento y pago
de las diferencias por concepto de prima de servicios. El documento, en el
encabezado, contiene como fecha «7 de mayo de 2018», y un registro de
correspondencia poco legible: «20[…] MAY – 7».
(b) Como se indicó de manera precedente, la Resolución núm. 5159 de 17 de
julio de 2018, consignó como fecha de radicación el «14 de julio de 2016» y
el registro «EXDEAJ18-9007 del 7 de mayo de 2018».
(c) Si bien en el acápite de hechos de la demanda no se precisó la fecha de
radicación de la petición, en el ordinal primero de las pretensiones se indicó
lo siguiente:
Se declare la nulidad de la Resolución No. 5159 de 17 de julio de 2018 dictada
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la cual se negó la
petición presentada el 7 de mayo de 2018 por el doctor Ariel Salazar Ramírez,
en la cual se reclamó el reconocimiento, liquidación y pago de “las diferencias de
valor adeudadas por concepto de prima especial de servicios. (Destaca la Sala).
81. Por los hechos expuestos, la Sala concluye que la petición fue radicada el 7
de mayo de 2018. Lo anterior, porque, aunque no resulta clara la anualidad
consignada en el sello de radicación, el día y mes coinciden con los indicados por
el peticionario en su escrito. Además, tal fecha es concordante con la certificación
expedida por el Centro de Documentación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en la que también se registra el 7 de mayo de 2018. En el
mismo sentido, el apoderado de la parte actora afirmó en las pretensiones de la
demanda que la petición fue presentada en esa fecha.
82. Por consiguiente, a partir de las manifestaciones efectuadas por los
apoderados en la demanda, en las excepciones y en sus contestaciones, y de lo
señalado en los documentos antes enunciados, se tiene que el 7 de mayo de 2018
se presentó la petición que dio origen a los actos acusados.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
83. Precisado lo anterior, revisado el proceso de la referencia, se concluye que
la reclamación administrativa frente al reconocimiento del reajuste salarial, fue
presentada el 7 de mayo de 2018, por lo que debe declararse probada la
prescripción de los valores a que la parte demandante tiene derecho, causados con
anterioridad al 7 de mayo de 2015. En tal sentido, se modificará el fallo
controvertido.
3.7. Consideraciones adicionales
84. La Sala advierte, por un lado, que en atención al reconocimiento de la
diferencia salarial y prestacional resulta procedente efectuar los aportes de ley para
seguridad social en pensiones; por otro, que las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones son irrenunciables27 e imprescriptibles28. Por esta
razón, se considera pertinente precisar que la entidad demandada deberá realizar
los respectivos aportes a seguridad social en pensiones, derivados de la nivelación,
en el periodo comprendido en el que el peticionario ha desempeñado y desempeñe
los cargos que le permitan devengar dicho ajuste salarial y prestacional, desde
luego, en el evento que las cotizaciones respectivas no se hayan efectuado.
85. En este orden de ideas, puesto que el Tribunal no dispuso que se realizaran
los aportes al Sistema General de Seguridad Social, tal decisión se adicionará,
conforme se explicó antes, en el sentido de ordenar a la entidad demandada
efectuar el pago de las cotizaciones al referido sistema en favor del accionante,
correspondientes al reconocimiento a las diferencias que la debida liquidación de la
prima especial de servicios (artículo 15 de la Ley 4 de 1992).
86. Igualmente, se estima pertinente adicionar la advertencia consistente en que
lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia será procedente siempre que
no se haya cancelado por la entidad previamente, por lo que corresponde a esta
hacer la verificación correspondiente.
87. Asimismo, se precisará que en ningún caso las sumas de dinero que se
reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional.
27
Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los
principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la
prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica
del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una
sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales».
20
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3.8. Conclusión
88. La Sala concluye que el señor Ariel Salazar Ramírez tiene derecho a la
diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto la prima
especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, concerniente al periodo en
que prestó sus servicios como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, asunto
que fue decidido en primera instancia y que no fue controvertido por la entidad
demandada a través del recurso de apelación. En consecuencia, confirmará
parcialmente la sentencia de primera instancia.
89. Sin embargo, se revocará lo relativo a la decisión de no declarar el fenómeno
prescriptivo, por encontrarse probado respecto de las diferencias causadas con
anterioridad al 7 de mayo de 2015, lo que a su vez impone precisar los términos en
que se ordenó el restablecimiento del derecho.
90. Asimismo, se adicionará el fallo impugnado para advertir que lo reconocido
con ocasión del proceso de la referencia será procedente siempre que no se haya
cancelado por la entidad previamente, por lo que corresponde a esta hacer la
verificación correspondiente; que en ningún caso las sumas de dinero que se
reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional; y que
se debe efectuar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, en atención a su naturaleza irrenunciable e imprescriptible respecto a la
mencionada prima, por todo el tiempo en que se generó la aludida diferencia, desde
luego, siempre y cuando no se hubieren cancelado.
4. Costas
91. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario29 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
29
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó
que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 31 de
octubre de 2022, salvo el ordinal primero, que se revoca y se reemplaza por el
siguiente:
Primero: Decretar la prescripción trienal sobre las acreencias laborales causadas
antes del 7 de mayo de 2015, en aplicación del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968
y el Decreto 1848 de 1969.
Segundo. Modificar el ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo impugnado, en
los siguientes términos:
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR
en favor del señor ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, las diferencias entre lo recibido por
concepto de prima especial de servicios (Art. 15 Ley 4ª de 1992) y lo dejado de percibir,
luego de incluir la totalidad de los ingresos laborales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 27 de febrero
de 2020. Debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos,
conforme con lo expuesto en la parte motiva.
La entidad deberá reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones en favor del demandante con ocasión de las
diferencias surgidas a causa de la debida liquidación de la prima especial de servicios
(artículo 15 de la Ley 4 de 1992), desde el 27 de febrero de 2012 hasta el 27 de febrero
de 2020, en caso de no haberlos pagado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial
fijado por el Gobierno nacional.
Lo reconocido con ocasión del proceso en referencia será procedente siempre y
cuando las sumas a pagar no se hayan cancelado por la entidad previamente, por lo
que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.
Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto: En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00573-02 (2662-2023)
Demandante: Ariel Salazar Ramírez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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