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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-01024-02

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-01024-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: bonificación por compensación —Decreto 610 de 1998—. Subtema 1:
bonificación de gestión judicial —Decreto 4040 de 2004—. Subtema 2: prescripción
extintiva.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, el 30 de mayo de 2025,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La accionante, en calidad de magistrada de Tribunal Administrativo, solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales a efectos de igualar el 80% de lo
devengado por un magistrado de alta corte, conforme al Decreto 610 de 1998.

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que
la peticionaria tenía derecho a la diferencia entre lo percibido a título de bonificación
de gestión judicial y bonificación por compensación, por resultar la segunda más
favorable y la aplicable en virtud de la declaratoria de nulidad de la norma —Decreto
4040 de 2004— que creó el primer emolumento. No obstante, por configuración del
fenómeno de la prescripción, solo reconoció lo causado del 29 de noviembre de 2008
en adelante.

La Subsección confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia. Aunque la
peticionaria tenía derecho a la diferencia reclamada, durante la vigencia simultánea de
los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, operó respecto de ella el fenómeno de la

1

Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

prescripción, con excepción de los aportes a seguridad social en pensión, que se
reconocerán por su carácter irrenunciable e imprescriptible.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Judith Romero Ibarra, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 7 de noviembre de 20181, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de acuerdo con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan 2:

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó la nulidad del Oficio 4103 del 12 de diciembre de 2011 de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, así como el acto ficto configurado respecto del
recurso de apelación interpuesto contra el anterior acto administrativo, mediante los
cuales se negó el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación,
incluyendo la prima especial de servicios, a efectos de igualar el 80 % de lo que
devenga, por todo concepto, un magistrado de alta corte, de conformidad con el
Decreto 610 de 1998.

3. A título de restablecimiento del derecho, pretendió, con fundamento en el
Decreto 610 de 1998, el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación,
incluyendo la prima especial de servicios, en un porcentaje equivalente al 80 % de lo
que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes, para los años 2001 y
siguientes.

4. Pidió que se condene a la accionada a la reliquidación y pago de todas las
prestaciones sociales que le fueron pagadas a la demandante, con la inclusión de la
diferencia existente entre las sumas pagadas y las que debió recibir según lo previsto
en el Decreto 610 de 1998; que las sumas respectivas se reconozcan de manera
indexada y con los respectivos intereses moratorios; y que se condene en costas a la
demandada.

2.1.2. Hechos

5. La demandante señaló que prestó sus servicios a la Rama Judicial, vinculada
al cargo de magistrada del Tribunal Administrativo de Sucre, del 1 de agosto de 1995

1 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 1, documento
«08001233300020180102400_8001233300020180102400_ActaReparto_0711201895710am_1892b853a1d44a3
28b8dbb5e796c9350.pdf(.pdf) NroActua 1».
2 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 8, documento «6Incorporaexped_ExpedienteDigitalpdf(.pdf) NroActua

8».

2

Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

al 13 de enero de 2004. También, del Tribunal Administrativo del Atlántico, del 14 de
enero de 2004 «a la fecha».

6. Manifestó que durante la vinculación la entidad le reconoció la bonificación de
gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, teniendo en cuenta el 70 % del valor total
devengado anualmente por un magistrado de alta corte. Aclaró que, «por amparo
constitucional de tutela, le vienen pagando temporalmente el 80 % de lo que
devengaban los magistrados».

7. La norma en mención fue declarada nula por la Sala de Conjueces del Consejo
de Estado, en la sentencia del 14 de diciembre de 20113. Por lo tanto, la entidad debe
pagar la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 que iguale el 80 %
de lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte.

8. Indicó que solicitó a la administración el pago de las diferencias por concepto
de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, a fin de
igualar una suma equivalente al 80 % de los ingresos que por todo concepto perciben
los magistrados de altas cortes; desde el 2001 en adelante. Precisó que dicha solicitud
fue negada a través de los actos acusados.

9. Adicionalmente, señaló como producto de haber optado por el reconocimiento
y pago de la bonificación de gestión judicial de que trata el Decreto 4040 de 2004,
desistió de una demanda que había presentado ante la Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo y percibió un retroactivo correspondiente del anterior emolumento por
los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, valores que estima deberán descontarse del
pago que se realice en el caso de que prosperen las pretensiones de la demanda.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• Constitución Política, artículos 2, 6, 25, 53 y 209.
• Ley 4 de 1992, artículo 2, literal a.
• Decreto 610 de 1998.
• Ley 10 de 1987.
• Ley 63 de 1988.

11. En síntesis, a partir de algunas consideraciones que realizó sobre la bonificación
por compensación del Decreto 610 de 1998 y la bonificación por gestión judicial del
Decreto 4040 de 2004, consideró que la aplicación de la segunda en lugar de la
primera, significó el desconocimiento de derechos adquiridos e irrenunciables, al
permitir que los magistrados de tribunal recibieran un emolumento para alcanzar el 70

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.

3

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Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

% de lo percibido, por todo concepto, por los magistrados de las altas cortes, aunque
el Decreto 610 reconoció dicha acreencia, pero teniendo en cuenta un porcentaje
mayor, el 80 %, que resulta más favorable.

12. En orden de ideas, afirmó que «no resulta justo ni equitativo que hoy en día
muchos magistrados de tribunal perciban, por el mismo trabajo y responsabilidad, el
80 % de lo que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes,
mientras que otros muchos perciban solamente el 70% o menos de los referidos
ingresos».

2.2. Contestación de la demanda

13. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda por las
siguientes razones4:

14. Indicó en cuanto a la pretensión de reliquidación de las prestaciones sociales
(que a su juicio se formuló), con la inclusión de la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, que dicha acreencia no tiene carácter salarial, según lo indica
la anterior normatividad, lo que significa que no debe tenerse en cuenta para
liquidación y pago de las primas de servicios, navidad y vacaciones, el auxilio de
cesantía, la bonificación por servicios prestados, etc.

15. En cuanto a la pretensión de reliquidación de las prestaciones sociales, con la
inclusión de la bonificación por gestión judicial, que afirmó ahora se denomina
bonificación por compensación, argumentó que el legislador creó ese emolumento sin
carácter salarial, pues únicamente indicó que constituye factor salarial como parte del
ingreso base de cotización para pensión.

16. Advirtió que «acceder a la reliquidación de las prestaciones devengadas por la
accionante, con la inclusión o incidencia de la prima especial y la bonificación por
gestión judicial, con carácter salarial, implicaría que mensualmente se le pague al
servidor una remuneración que excede el techo establecido por los Decretos 610 de
1998 y 1102 de 2012, toda vez que sobrepasaría el ochenta por ciento (80 %) de lo
que por todo concepto recibe anualmente como remuneración un magistrado de alta
corte, pues al incrementar el valor pagado por concepto de prestaciones, se aumenta
la remuneración anual, trayendo como consecuencia que el pago correspondiente a la
bonificación por compensación que se viene efectuando, haya sido superior al
autorizado por el legislador».

17. Seguidamente, formuló como excepciones, las siguientes:

4 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 10, documento «9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
contestacion_JUDITH(.pdf) NroActua 10».

4

Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

18. En primer lugar, la falta de integración de litis consorcio necesario. Señaló que la
potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos
radica en el Gobierno Nacional, de allí la necesidad de vincular como litisconsorte
necesario a la Nación – Presidencia de la República, a la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública.

19. En segundo lugar, en relación con la prescripción, manifestó que esta figura
operó respecto de los derechos laborales que no fueron reclamados oportunamente,
motivo por el cual se debe tener en cuenta que la demandante radicó la petición ante
la entidad demandada en diciembre de 2011, por lo que las acreencias causadas
desde el año 2008 hacia atrás se encuentran prescritas.

20. En tercer lugar, en cuanto a la ausencia de causa petendi, indicó que los efectos
de las sentencias de nulidad del Consejo de Estado que dieron origen a un sin número
de demandas relacionadas5, rigen hacia el futuro (ex – nunc), con el objeto de generar
certeza y seguridad jurídica, toda vez que la sentencia con efecto erga omnes solo
tiene consecuencias posteriores, y no con efectos retroactivos al no ser de carácter
particular.

2.3. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 30 de mayo de
2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas,
en los siguientes términos6:

PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del Oficio No. 4103 de 12 de diciembre de 2011,
suscrito por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Barranquilla, así
como el acto ficto configurado respecto del recurso de apelación interpuesto contra el
anterior acto administrativo, a través de los cuales se denegó a la actora el
reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales causadas teniendo en
cuenta el 80 % de la totalidad de los ingresos percibidos por todo concepto por los
Magistrados de las Altas Cortes, en atención a las consideraciones precedentes.

SEGUNDO: DECLÁRESE probada la excepción de prescripción de las diferencias
salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 29 de noviembre de 2008, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por
conducto de su Director, a reconocer y pagar a la demandante JUDITH INMACULADA
ROMERO IBARRA, retroactivamente la diferencia -si la hubiese- entre lo percibido y lo
que debió devengar por concepto de la bonificación por compensación consagrada en
el Decreto 610 de 1998, teniendo en cuenta el 80 % de la totalidad de los ingresos

5 No precisó que fallo ni demandas.
6 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 27, documento «26Sentencia_Sentencia_201801024JudithRomer(.pdf)

NroActua 27».

5

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Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

percibidos por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes, desde el 29 de
noviembre de 2008 y en lo sucesivo, mientras desempeña el cargo de Magistrada del
Tribunal Administrativo. La entidad demandada, deberá descontar los pagos realizados
por concepto de retroactivo correspondiente a la bonificación de gestión judicial por los
años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Las sumas que resulten deberse a favor de la demandante, serán actualizadas utilizando
la fórmula expuesta en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: ORDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, realizar los descuentos de ley para seguridad social
a la parte demandante, respecto de las diferencias no cotizadas.

QUINTO: No condenar en costas.

22. Estableció que a la demandante, magistrada de Tribunal desde el 1 de julio de
2003, le es aplicable el Decreto 610 de 1998 y se le debe cancelar, a título de
bonificación por compensación, la suma correspondiente a fin de que alcance el
equivalente al 80 % de lo que por todo concepto recibe un magistrado de alta corte, en
razón a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas
laborales. Además, porque el Decreto 4040 de 2004, en virtud del cual se pagó la
bonificación de gestión judicial, que contemplaba un porcentaje menor, fue declarado
nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011.

23. En ese sentido, adquirió el derecho laboral irrenunciable a tener una
remuneración mensual equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devengan los
magistrados de las altas cortes.

24. Ahora bien, en razón a que los derechos laborales adquiridos a partir de la
expedición del Decreto 610 de 1998 son de naturaleza cierta e indiscutible, determinó
que correspondía reconocer a la accionante la bonificación por compensación en la
cuantía dispuesta en los decretos 610 y 1239 de 1998, esto es, el 80 %, teniendo en
cuenta la totalidad de los ingresos percibidos, por todo concepto, por los magistrados
de las altas cortes.

25. Empero, precisó que al momento de cumplirse el fallo se debían considerar los
pagos realizados por la entidad demandada a título de retroactivo por la bonificación
de gestión judicial, correspondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

26. Señaló que operó el fenómeno jurídico de la prescripción de los derechos
causados antes del 29 de noviembre de 2008, toda vez que la reclamación
administrativa se presentó el 29 de noviembre de 2011, esto es, luego de transcurridos
más de tres años desde que el derecho se hizo exigible. A su vez, estableció que las
sumas de dinero que resulten en favor de la demandante serán reajustadas a valor
presente en los términos del artículo 178 del CPACA.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
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Administración Judicial

2.4. Recurso de apelación

27. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Bajo los siguientes
argumentos7:

28. Sostuvo, en primer lugar, que el acto administrativo acusado estuvo debidamente
motivado y se ajustó al ordenamiento jurídico, pues la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial liquidó todas las acreencias laborales de la demandante
conforme a las normas vigentes. Precisó que la bonificación judicial reconocida no
tenía carácter salarial y solo era computable como factor de seguridad social, en los
términos en que el Gobierno Nacional la creó.

29. En segundo lugar, desarrolló un recuento normativo de la evolución de la referida
bonificación, en el que destacó su creación mediante el Decreto 610 de 1998 —con su
sistema escalonado de nivelación al 60 %, 70 % y 80 % de lo devengado por los
magistrados de alta corte—, su derogatoria por el Decreto 2668 de 1998, la expedición
del Decreto 664 de 1999 y la posterior declaratoria de nulidad del Decreto 2668 por el
Consejo de Estado, en sentencia del 25 de septiembre de 2001, que restableció la
vigencia del Decreto 610 de 1998.

30. Señaló que, en ese contexto y con el propósito de dar solución a los conflictos
generados, el Gobierno expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la bonificación por
gestión judicial — para alcanzar el 70 % de lo devengado por los magistrados de alta
corte—, a la que podían acogerse quienes desistieran de los procesos en curso o
celebraran contratos de transacción. Reseñó que la sentencia del 14 de diciembre de
2011, dictada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, declaró la nulidad de
ese decreto por contrariar el principio de progresividad, el derecho a la igualdad y la
prohibición de transigir sobre derechos laborales ciertos e indiscutibles, y que, a partir
de la ejecutoria de ese fallo, la norma aplicable sería el Decreto 610 de 1998.

31. Afirmó que los efectos de la sentencia de nulidad operan hacia el futuro, de modo
que no cabe reconocimiento retroactivo de diferencias salariales, y en que la Dirección
Ejecutiva, como organismo administrativo, carece de facultad para inaplicar los
decretos expedidos por el Gobierno Nacional.

32. Sin embargo, manifestó que aun cuando existiera la obligación de reconocer
retroactivamente las diferencias originadas en la declaratoria de nulidad del Decreto
4040 de 2004, su pago estaría condicionado a la disponibilidad presupuestal, toda vez
que la Dirección Ejecutiva había elevado la solicitud de recursos al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público sin haber obtenido respuesta a la fecha de presentación
del recurso.

7 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 31, documento «31_MemorialWeb_Recurso-Apelacion80_DraJ(.pdf)

NroActua 31».

7

Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

33. En tercer lugar, la entidad demandada sostuvo que no era procedente ordenar la
revocatoria de los actos administrativos acusados ni reconocer la bonificación como
factor salarial, por cuanto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en su
condición de organismo técnico y administrativo, está sujeta al estricto cumplimiento
de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional y carece de facultad para
interpretarlos o inaplicarlos.

34. En cuarto lugar, de manera subsidiaria, solicitó que se declarara la prescripción
trienal de los derechos laborales reclamados, por no haber sido exigidos
oportunamente, con apoyo en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969, y en la jurisprudencia del Consejo de Estado que unificó el
régimen de prescripción trienal para los servidores del sector público, incluidos los de
la rama jurisdiccional.

35. Finalmente, efectuó algunas consideraciones sobre la prima especial de
servicios, a partir de las cuales indicó que para su liquidación rigen los artículos 15 y
16 de la Ley 4 de 1992 y el artículo 2 del Decreto 10 de 1993, conforme a los cuales
solo se computan los ingresos de carácter permanente, con exclusión de prestaciones
sociales como el auxilio de cesantías. Sostuvo que incluir las cesantías de los
congresistas en el cálculo equivaldría a equiparar indebidamente las prestaciones de
estos con las de los magistrados de alta corte, en contravía del artículo 16 de la Ley 4
de 1992.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

36. Mediante auto del 2 de febrero de 20268, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada. Además, se ordenó notificar personalmente al
procurador delegado ante esta corporación de acuerdo con el artículo 198 del CPACA,
y a las partes de conformidad con el artículo 205 ibidem, modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021. Los sujetos procesales guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Cuestión previa

38. Revisado el recurso de apelación, la Sala advierte que contiene consideraciones

8 Samai, expediente digital, índice 4, documento «6Autoqueadmite_29262025AutoAdmiteRe(.pdf) NroActua 4».

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

ajenas al objeto del litigio y a lo decidido por el juez de primera instancia, respecto de
las cuales no procede pronunciamiento alguno.

39. En primer lugar, el recurrente dedicó una parte significativa de su escrito a
argumentar que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 carece de carácter salarial y solo constituye factor de liquidación para efectos
pensionales. Sin embargo, el Tribunal no adoptó decisión alguna sobre ese punto, en
la medida en que la demanda tampoco lo abordó, toda vez que solo se centró en el
reconocimiento de la diferencia correspondiente entre la bonificación por
compensación y la bonificación por gestión judicial.

40. En segundo lugar, el apoderado de la entidad demandada extendió su
argumentación a la cuestión de si las cesantías de los congresistas deben o no
incluirse en el cálculo de la prima especial de servicios de los magistrados de alta corte,
con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992 y en el artículo 2 del
Decreto 10 de 1993. Tampoco ese debate guarda relación con la controversia
sometida a decisión, la cual versa exclusivamente sobre las diferencias en la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998.

41. En tercer lugar, el recurrente cuestionó la procedencia de reconocer la bonificación
por compensación como factor salarial para efectos de la reliquidación de prestaciones
sociales. Ese cargo tampoco corresponde a lo resuelto por el a quo, pues el Tribunal
se limitó a ordenar el pago de la diferencia entre lo percibido por la demandante a título
de bonificación por gestión judicial y lo que debió devengar por concepto de
bonificación por compensación en los términos del Decreto 610 de 1998, sin ordenar
reliquidación de prestaciones sociales con fundamento en dicha diferencia ni
reconocer la bonificación como factor salarial para ningún otro efecto.

42. Por las razones expuestas, y de conformidad con el principio de congruencia que
rige la actividad del juez de segunda instancia en los términos del artículo 328 del
Código General del Proceso, la Sala limitará su análisis a los cargos pertinentes que
el recurso formula de manera directa frente a lo decidido por el a quo, a saber: la
legalidad de los actos administrativos acusados; la improcedencia del reconocimiento
retroactivo de las diferencias salariales por la bonificación por compensación —por
cuanto, a juicio del recurrente, los efectos de la sentencia de nulidad del Decreto 4040
de 2004 operan hacia el futuro—; la prescripción trienal de los derechos laborales
reclamados; y la alegada imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado por el
Tribunal por ausencia de disponibilidad presupuestal.

3.3. Problemas jurídicos

43. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

9

Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

44. ¿Es procedente el reconocimiento y pago de las diferencias por concepto de la
bonificación por compensación causadas con anterioridad a la sentencia del 14 de
diciembre de 20119, pese a que la parte demandada alegó que la nulidad del Decreto
4040 de 2004 no produce efectos frente a situaciones jurídicas individuales
consolidadas y que los pagos efectuados se realizaron conforme a lo dispuesto en
dicho decreto mientras estuvo vigente?

45.¿La ausencia de apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público impide acceder al reconocimiento pretendido en el presente asunto?

46. ¿Se configuró la prescripción de los derechos reclamados por la accionante?

47. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:
bonificación por compensación, bonificación de gestión judicial y prescripción.

48. A partir de lo anterior se destacarán los hechos probados más relevantes y en el
acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos
formulados.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial

3.4.1. Bonificación por compensación

49. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados10 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201311, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30 % de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se

9 Que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
10 Y autoridades equivalentes.
11 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-

681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 de
1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.

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requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la
decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles
jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual
de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de
"nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46
% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía
una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema
escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60 % de lo
percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80 %. Con
ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se
había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas.
Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley
4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había
afirmado en la Ley 332/96.

50. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 12, que creó la
bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.

51. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199813 dictado por el presidente de la República.

52. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:

12 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
13 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.

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a) Carácter permanente;

b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;

c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;

d) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;

e) se paga mensualmente;

f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;

g) inicialmente correspondía al 60 % de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70 % (2000);

h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80 % (2001), de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte;

i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80 % de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.

53. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201614, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60 %, 70 % y 80 % “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-

25-000-2010-00246-02(0845-15).

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(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».

54. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».

55. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».

56. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80 % a partir del año 2001»15.

57. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201916, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».

58. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación17. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-

42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-

23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.
17 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,

663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).

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664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).

59. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.

3.4.1.1. Bonificación de gestión judicial

60. El Decreto 4040 de 200418, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión judicial;
determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que el valor
correspondía a un porcentaje del 70 % del valor integrado por la asignación básica y
los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.

61. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.

62. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Igualmente, tenían derecho a ella quienes ingresaron, con
posterioridad a la publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación,
en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio
Público ante los magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.

63. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento y
pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».

18 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

14

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Administración Judicial

64. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201119 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80 %, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.

65. La Sala de Conjueces precisó que para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en
el 80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70 %, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

66. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.

67. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201220, según el cual a partir del 27 de enero de
2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 21
equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales
iguale el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de
las altas cortes, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base
de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».

68. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo

Orjuela Góngora.
20 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
21 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,

Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.

15

Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
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mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1.° del
presente decreto».

3.4.1.2. Sobre la prescripción

69. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos laborales
en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 202022, en la cual se identificaron los
elementos de la citada figura, así: «i) […] se predica de manera general respecto
aquellos de contenido patrimonial, con excepción de aquellos en los que el legislador
ha establecido que de acuerdo con su naturaleza no pueden extinguirse, verbigracia,
el derecho a la pensión, dado que solo son objeto de ella, las mesadas pensionales no
reclamadas oportunamente; ii) la inactividad prolongada del titular, denota que no tiene
interés en el servicio o la prestación debida, salvo que sea forzada por encontrarse
imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso del tiempo, que de manera concreta será
el plazo legal dentro del cual se debe exigir el cumplimiento de la obligación, so pena
de que se extinga».

70. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en razón
de la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el
demandado o la declaratoria de oficio por el juez».

71. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director del
proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido
a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está,
de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción
extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»23.

72. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula la
prescripción al indicar que:

Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, exp. 08001-23-33-000-2013-00666-01

(0833-2016).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023, exp.

080012333000201200200-02 (2459-2014).

16

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73. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:

Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado
oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

74. Sobre este aspecto, en el fallo del 18 de mayo de 201624, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que para
los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el Decreto
4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad del
derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse de
exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del
fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012», cuando
quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201125, que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004.

75. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201926, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por compensación
para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004», por ello,
consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen vigente respecto de
la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era
plenamente exigible».

76. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló
el Decreto 2668 de 199827 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede
decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y, por lo tanto,
los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la
oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que por regla
general operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la persona
demuestre que reclamó antes de esta última fecha.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02, actor: Jorge

Luis Quiroz Alemán y otros.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo

Orjuela Góngora.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del 25 de septiembre

de 2001.

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Administración Judicial

77. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 2 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:

no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre de
2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante dicho
periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al salir de la
vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios podían efectuar
reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara la prescripción; por
fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3 de diciembre de
2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en
la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-,
con la excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción por haber presentado
reclamación durante el tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de
2001 al 2 de diciembre de 2004.

78. En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:

a) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
b) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era exigible
dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004;
c) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.

79. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa por el término de tres años. Esta interrupción solo es
efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en el mismo
plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (art. 164 del CPACA).

3.5. Hechos probados relevantes

80. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

81. La señora Judith Romero Ibarra se desempeñó como magistrada del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección Primera, Despacho 1, desde el 1 de julio de 2003,
hasta, por lo menos, el 7 de marzo de 202528, según la certificación expedida en la

28 Fecha de expedición del certificado que da cuenta de los cargos y tiempos de servicio de la accionante en la

entidad.

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Administración Judicial

última data, por la jefe de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla29.

82. La referida certificación da cuenta de que los pagos efectuados a la demandante
entre 2003 y 2025, entre ellos, la bonificación por compensación o la bonificación de
gestión judicial, los cuales se sintetizan de la siguiente manera: (a) del 2003 al 2004
percibió la bonificación por compensación; (b) del 2005 al 2008 percibió la bonificación
por gestión judicial, a excepción de septiembre, noviembre y diciembre de 2008,
puesto que recibió la bonificación por compensación; (c) del 2009 a 2025 percibió la
bonificación por compensación.

83. El 29 de noviembre de 2011, la accionante solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial el reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación por
compensación, a efectos de igualar el 80 % de lo que devengue por todo concepto
salarial un magistrado de alta corte, de conformidad con el Decreto 610 de 199830.

84. A través del oficio 4103 del 12 de diciembre de 2011, la entidad demandada negó
lo solicitado. Indicó que la voluntad de la demandante en su calidad de magistrada fue
desistir de la demanda y acogerse a lo establecido en el Decreto 4040 del 3 de
diciembre de 2004, razón por la cual se le reconoció la bonificación de gestión judicial,
que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales igualara el 70% de
todo lo devengado por los magistrados de altas cortes31.

85. En contra de la decisión anterior, se interpuso recurso de apelación32, respecto del
cual no se advierte que la entidad se haya pronunciado expresamente.

3.6. Caso concreto

86. En el asunto bajo análisis, la accionante solicitó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación, con el fin de que su remuneración se equipare al 80
% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes.

87. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó el
reconocimiento y pago retroactivo de la «diferencia —si la hubiese— entre lo percibido
y lo que debió devengar por concepto de la bonificación por compensación consagrada
en el Decreto 610 de 1998, teniendo en cuenta el 80 % de la totalidad de los ingresos
percibidos por todo concepto por los magistrados de las altas cortes, desde el 29 de

29 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 17, documento «16Contestacion_RespuestaARequerimie(.pdf)
NroActua 17».
30 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 25, documento «24Contestacion_ParteDemandadaRespon(.pdf)

NroActua 25», fol. 7 al 9.
31 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 25, documento «24Contestacion_ParteDemandadaRespon(.pdf)

NroActua 25», fol. 5 al 6.
32 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 25, documento «24Contestacion_ParteDemandadaRespon(.pdf)

NroActua 25», fol. 15 al 17.

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Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
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noviembre de 2008 y en lo sucesivo, mientras desempeña el cargo de magistrada del
Tribunal Administrativo».

88. Inconforme con esta decisión, la demandada interpuso recurso de apelación
con fundamento (a) en que la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 no
conlleva para la entidad la obligación de modificar las situaciones particulares
consolidadas durante su vigencia, al considerar que los efectos de la sentencia que
declaró la nulidad del mencionado decreto son hacia futuro; (b) no contaba con la
apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
cubrir el reconocimiento de las acreencias laborales; y (c) solicitó que se declarara el
fenómeno de la prescripción.

89. Con el propósito de resolver el recurso de apelación, se destaca que en el proceso
se acreditó que la señora Judith Romero Ibarra se desempeña como magistrada del
Tribunal Administrativo del Atlántico desde el 1 de julio de 2003 y el 31 de diciembre
de 2004, y del 1 de enero de 2005 hasta 7 de marzo de 2025 [fecha de la última
certificación de servicios expedida]; el 29 de noviembre de 2011 presentó la
reclamación administrativa, para obtener el reconocimiento de la anterior acreencia en
el porcentaje en los términos del Decreto 610 de 1998; petición que fue negada por la
entidad en los actos demandados, previamente referenciados.

90. En este orden de ideas, en primera medida la Subsección precisa que la
demandante, quien ejerció el cargo de magistrada de Tribunal —Tribunal
Administrativo de Atlántico— es beneficiaria de la bonificación por compensación,
acorde con el Decreto 610 de 1998. Asimismo, se destaca que percibió la bonificación
de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004 (hecho que no es discutido por las partes),
y que la entidad considera que no procede el pago de la diferencia del 10 %. Esto, al
estimar que la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 no implica el
desconocimiento de situaciones jurídicas consolidadas, pues durante su vigencia los
pagos realizados se fundaron en la normativa vigente.

91. En cuanto a la bonificación por compensación se destaca que debe atender lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998, el cual indica que «sumada a la prima especial
de servicios» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.

3.6.1. Efectos de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004

92. Frente al primer planteamiento expuesto en el recurso de apelación, la Sala debe
reiterar que por regla general la sentencia que declara la nulidad de un acto
administrativo tiene efectos ex tunc, es decir, desde su expedición. En este sentido, la
jurisprudencia de esta corporación ha considerado que la declaratoria de nulidad
conlleva una consecuencia restitutoria, por la cual, las partes tienen derecho «para ser

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restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato
nulo», como lo señala el artículo 1746 del Código Civil, por ello, el acto ilegal es retirado
del ordenamiento jurídico y las situaciones particulares deberían retrotraerse33.

93. Sobre el particular, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones de la
providencia del 13 de agosto de 202134 de esta corporación:

44. Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de
carácter general, demandado a través del medio de control previsto en el artículo 137
del Código [de] Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), el artículo 189 ibidem no señala ningún efecto en el tiempo que deba dársele
a esa decisión; tema que ha sido abordado por la jurisprudencia de esta Corporación, a
partir de las diferencias que existen entre declaración de nulidad y de inexequibilidad35.

45. Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una consecuencia restitutoria,
como lo señala el artículo 1746 del Código Civil:

La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las
partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese
existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa
ilícita.

46. Esta consecuencia resarcitoria implica, en materia contenciosa administrativa, que
los efectos de los fallos que declaran la nulidad sean hacía el pasado, esto es ex tunc36,
ya que no basta que el acto ilegal sea retirado del ordenamiento jurídico a partir de la
decisión judicial, sino que es necesario que las situaciones particulares que surgieron en
su vigencia queden como estaban ab initio, ya que no de otra manera podrían restituirse
las cosas a su estado anterior.

47. Sin embargo, estos efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones jurídicas
particulares que no están consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron en virtud del
acto declarado nulo, pero que aún no se han definido, porque se encuentran
cuestionadas en sede administrativa o judicial.

48. No ocurre lo mismo respecto de las situaciones consolidadas que ya no son
susceptibles de ser discutidas en vía administrativa y/o judicial, por cuanto los fallos

33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia

del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver
fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) REV.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia

del 13 de agosto de 2021, rad. núm. 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG) REV, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
35 De interés resulta el auto de 10 de mayo de 1974, en el que la Sección Primera de esta Corporación explica que,

la primera figura, «parte del supuesto de que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual todo debe
ser retrotraído al estado anterior a su vigencia» y, la segunda, «no desconoce la realidad de la vigencia anterior de
la norma inexequible», lo que conlleva a que no se desconozcan las situaciones jurídicas constituidas.
36 «desde el origen» o «desde siempre».

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de nulidad no las pueden afectar, porque sus efectos son ex nunc37.

49. Respecto de lo anterior, la Sala Especial de Decisión No. 4, en sentencia de 4 de
diciembre de 2018, puntualizó

En esas condiciones, se considera que la unificación más adecuada, de cara a lo
expuesto, es indicar que ambas tesis son complementarias, como lo ha esbozado la
Sección Cuarta desde la siguiente consideración: "El fallo de nulidad de un acto de
carácter general no afecta situaciones consolidadas, esto quiere decir, que sus
efectos ex nunc, pero sí afecta las no consolidadas, lo que significa que en este caso
sus efectos son ex tunc, por ello la sentencia de nulidad en relación con estos últimos
actos produce efectos retroactivos".

El alcance de dicho predicado jurisprudencial no es otro que los efectos de un fallo
de nulidad del acto general son ex nunc, respecto de las situaciones jurídicas
consolidadas debido a su connotación de certeza, firmeza y de imposibilidad de ser
discutidas. En contraste, las situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas
que se debaten ante las autoridades administrativas o ante la autoridad jurisdiccional,
que son sub júdice y, por ende, pasibles de ser judicializadas, debatidas, analizadas
y decididas, el efecto de la nulidad es inmediato, lo que quiere decir que para el
momento en que se define la situación particular debe tenerse en cuenta que el juez
ya no puede aplicar la norma o el acto administrativo anulado dada su inexistencia
derivada de la declaratoria de nulidad con efectos ab initio.

94. Por esto, la Sala debe advertir que la nulidad de actos administrativos de carácter
general tiene efectos retroactivos desde su expedición. Sin embargo, la jurisprudencia
precisa que las situaciones jurídicas consolidadas debían mantenerse por seguridad
jurídica y solo podían afectarse aquellas no definidas, entendidas como las que no se
habían consolidado o estaban en controversia administrativa o judicial, como ocurre
en el caso de autos frente a las acreencias reclamadas por la señora Judith Romero
Ibarra, en consideración al debate que se ha desarrollado durante su relación laboral
sobre la forma de liquidar y pagar la bonificación por compensación y su incidencia en
otras prestaciones.

95. Por ello, respecto de la situación de la peticionaria, la declaratoria de nulidad del
Decreto 4040 de 2004 en el que la demandada justifica la forma de cancelar sus
acreencias laborales, sí tiene efectos en cuanto al debate existente; constituye una
razón válida y significativa para ilustrar el desconocimiento de las normas superiores
y reclamar el restablecimiento respectivo dentro de los límites establecidos por el
ordenamiento jurídico, por ejemplo, la configuración de la prescripción.

96. En ese orden de ideas, en primer lugar, se concluye que la sentencia que declaró
la nulidad del Decreto 4040 de 2004 expedido por el Gobierno nacional produjo efectos
ex tunc, lo que habilita la revisión de aquellas situaciones jurídicas que no se
encontraban consolidadas, como ocurre en el caso de la parte demandante.
37 «en adelante» o «desde ahora».

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3.6.2. De la procedencia del restablecimiento del derecho a favor de la
demandante, ante la imposibilidad presupuestal manifestada por la Rama
Judicial

97. En el recurso de apelación, la Rama Judicial sostuvo que no había lugar a
conceder el restablecimiento del derecho porque era presupuestalmente inviable
acceder a lo pretendido por la accionante, toda vez que no contaba con la apropiación
respectiva por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir el
reconocimiento de las acreencias laborales en los términos señalados por el juez de
primera instancia y que a la fecha «no se ha recibido respuesta a la solicitud de
recursos elevada por la Dirección ejecutiva de Administración Judicial».

98. Frente a lo anterior, la Sala precisa que la jurisprudencia constitucional ha indicado
que «la situación económica del empleador, sea este público o privado, [así como] los
argumentos económicos, presupuestales o financieros, no justifican el incumplimiento
del deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los
trabajadores»38, ni que se omita el deber de adoptar las medidas preventivas
necesarias para evitar el cese en los pagos salariales, en la medida en que este tipo
de conductas desconocen los derechos fundamentales de los trabajadores y sus
familias39.

99. Aunado a lo expuesto, el Decreto 610 de 1998 previó, de manera clara, la
obligación de que se efectúe el reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación, y posteriormente, a través de Decreto 1102 de 2012.

100.En este orden de ideas, la Sala no encuentra de recibo los argumentos planteados
por la Rama Judicial en el recurso de apelación, pues, como se indicó, las limitaciones
presupuestales no constituyen una causal válida para que la entidad justifique que no
puede asumir el restablecimiento del derecho. Además, si la entidad accionada
considera que no tiene el presupuesto suficiente para asumir el pago de sus
acreencias laborales, debe adelantar las gestiones pertinentes para recaudar los
recursos necesarios para cumplir las obligaciones que le fueron impuestas en la ley.

101.Así las cosas, la «imposibilidad» de asumir el restablecimiento del derecho en el
caso concreto por falta de presupuesto, además de vulnerar el derecho establecido en
los decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012, supone la afectación en el pago de los
aportes que, por mandato legal, se deben realizar al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, por su carácter irrenunciable e imprescriptible.

102. En consecuencia, la Sala desestima el reparo bajo análisis, y concluye que la

38 Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: SU-995 de 1999, T-015 de 1995,

T-146 de 1996, T-220 de 1998.
39 Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998 y SU-484 de 2008.

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respuesta al segundo problema jurídico es negativa.

3.6.3. De la prescripción del derecho

103.La entidad apelante sostuvo que operó la prescripción de las sumas causadas. En
consecuencia, corresponde a la Sala determinar si efectivamente se configuró la
prescripción del derecho de la señora Judith Romero Ibarra al reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación, habida cuenta de que en la sentencia de primera
instancia se declaró la prescripción trienal, a partir de la radicación de la petición —29
de noviembre de 2011—, con lo cual reconoció las diferencias desde el 29 de
noviembre de 2008.

104. De acuerdo con las consideraciones expuestas en el numeral 3.4 de esta
sentencia, en cuanto a la bonificación por compensación deben tenerse en cuenta tres
escenarios: el primero, durante el que estuvo vigente el Decreto 610 de 1998, antes
de que entrara en vigor el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004; el segundo,
cuando las anteriores normas rigieron simultáneamente; y el tercero, con posterioridad
a la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004, lo que tuvo lugar el
27 de enero de 2012, instante a partir del cual se retornó al monto del 80 % de la
referida bonificación, como lo señalaba el Decreto 610 de 1998 y lo reiteró el Decreto
1102 de 2012.

105.La anterior distinción es relevante, entre otras razones, porque respecto de lo
causado en la época en la que estuvieron vigentes simultáneamente los decretos 610
de 1998 y 4040 de 2004, es decir, del 3 de diciembre de 2004 al 27 de enero de 2012,
la prescripción no operó, pues no había claridad de la exigibilidad del derecho, a
diferencia de lo que ocurre en los otros 2 escenarios.

106. Al aplicar las anteriores consideraciones al caso concreto, se tiene que la señora
Judith Romero Ibarra prestó sus servicios como magistrada del Tribunal Administrativo
del Atlántico desde el 1 de julio de 2003 hasta el 7 de marzo de 2025 [fecha de la
última certificación] y que el 29 de noviembre de 2011 presentó la reclamación para
obtener el pago el reajuste de la bonificación por compensación, a efectos de igualar
el 80 % de lo que devengue por todo concepto salarial un magistrado de alta corte, de
conformidad con el Decreto 610 de 199840.

107.Esto quiere decir que se reclama el debido reconocimiento de la bonificación antes,
durante y después de la dualidad normativa de los decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004, que, se reitera, tuvo lugar del 3 de diciembre de 2004 al 27 de enero de 2012.

40Samai, Tribunal, expediente digital, índice 25, documento «24Contestacion_ParteDemandadaRespon(.pdf)
NroActua 25», fol. 7 al 9.

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A. Diferencias reclamadas del 1 de julio de 2003 al 2 de diciembre de 2004

108.En cuanto a lo causado desde el 1 de julio de 2003, primer día en el que la
accionante se desempeñó como magistrada de Tribunal, hasta el 2 de diciembre de
2004, día anterior a que entrara en vigor el Decreto 4040 de 2004, se destacan dos
circunstancias:

• La primera, que la pretensión del debido reconocimiento de la bonificación se
sustentó en las diferencias que se presentaron entre los decretos 610 de 1998
y 4040 de 2004, las cuales eventualmente podrían presentarse desde el 1.° de
enero de 2004, debido a que la segunda de las normas, en su artículo 2.°,
parágrafo 2.°41, indicó que tiene efectos fiscales desde el 1.° de enero de 2004.

• En virtud de lo anterior, no se evidencia alguna circunstancia a partir de la cual
puede considerarse que le asiste derecho a la peticionaria a solicitar algún
reajuste respecto de la bonificación por compensación desde el 1.° de julio de
2003 (día en el que comenzó a desempeñarse como magistrada) al 31 de
diciembre del mismo año (antes de los efectos fiscales del Decreto 4040 de
2004), periodo en que solo surtió efectos el Decreto 610 de 1998, y respecto
del cual no se advierte, de lo discutido en el proceso, algún motivo concreto de
inconformidad frente a lo reconocido y pagado por dicho emolumento.

109.Hecha la anterior precisión, se tiene que la diferencia reclamada en la liquidación
de la bonificación por compensación, producto de los efectos de los decretos 610 de
1998 y 4040 de 2004, tendría lugar desde el 1.° de enero de 2004. Ahora bien, frente
a lo causado de la anterior fecha al 2 de diciembre de 2004 (antes de que entrara en
vigor el Decreto 4040), de acuerdo con las pautas interpretativas en materia de
prescripción, expuestas líneas atrás, la prescripción trienal operó de manera normal,
por lo que para evitar su configuración la parte accionante debió presentar la
reclamación correspondiente a más tardar el 2 de diciembre de 2007, empero la radicó
con posterioridad, el 29 de noviembre de 2011, lo que quiere decir que prescribieron
las diferencias reclamadas del 1 de enero al 2 de diciembre de 2004.

110.Respecto del lapso anterior —del 1.° de julio al 31 de diciembre de 2003—, como
se expuso, no se advierte de lo discutido en el proceso ningún motivo concreto de
inconformidad frente a lo reconocido y pagado por dicho emolumento, por lo que no
hay lugar a pronunciamiento adicional.

41 Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2004 y es

incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente Decreto se
viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo.
Para efectos de la liquidación y pago de la Bonificación de Gestión Judicial para el año 2004 y hasta cuando se
haga efectiva la opción, se restará lo percibido por concepto de Bonificación por Compensación.
En el lapso transcurrido entre el 1º de enero de 2004, y el momento en que se haga efectiva la opción libre y
expresa de acogerse al régimen de Bonificación de Gestión Judicial, no se causarán intereses ni indexación. (Se
destaca).

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B. Diferencias reclamadas del 3 de diciembre de 2004 al 27 de enero de 2012

111.En cuanto a las diferencias causadas desde la entrada en vigor del Decreto 4040
de 2004 (3 de diciembre de 2004) hasta la ejecutoria del fallo que lo anuló (27 de enero
de 2012), la exigibilidad de las acreencias tuvo lugar desde el 28 de enero de 2012,
por lo que la reclamación correspondiente debía presentarse, a más tardar, dentro de
los 3 años siguientes para evitar el fenómeno de la prescripción, lo que en efecto
ocurrió. Ello, comoquiera que la petición se radicó el 29 de noviembre de 2011 y el
plazo para hacerlo fenecía el 28 de enero de 2015.

112.Vale la pena aclarar que si bien la referida reclamación se presentó (el 29 de
noviembre de 2011) antes de que se declarara la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y,
por consiguiente, que existiera claridad sobre la prevalencia de la bonificación por
compensación (el 27 de enero de 2012), debe considerarse que la referida solicitud
tuvo la virtualidad de interrumpir el fenómeno de la prescripción por el término de 3
años —en virtud de la aplicación de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102
del Decreto 1848 de 1969—, que deben contarse desde el 28 de enero de 2012 frente
a lo causado durante la vigencia del Decreto 4040, en la medida que solo desde ese
día puede predicarse con certeza la exigibilidad de las diferencias reclamadas.

113.Lo anterior, por cuanto en materia laboral una actuación del trabajador
inequívocamente dirigida a reclamar su derecho no puede perjudicarlo por el solo
hecho de haberla adelantado antes de que en sede judicial se resolviera lo atinente a
la dualidad normativa. Así, aunque la reclamación del 29 de noviembre de 2011 fue
radicada antes de que se aclarara la exigibilidad del derecho —que solo se consolidó
el 28 de enero de 2012, después de la ejecutoria del fallo que anuló el Decreto 4040
de 2004—, debe reconocérsele su efecto de interrupción a partir de esa última fecha,
que es el momento desde el cual el término prescriptivo comenzó a correr.

114.Lo expuesto quiere decir, que frente a las diferencias causadas durante la vigencia
simultánea de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, en el caso concreto el
fenómeno de la prescripción se interrumpió desde el 28 de enero de 2012 (día
siguiente a la firmeza del fallo que anuló el Decreto 4040 de 2004) al 28 de enero de
2015, lapso durante el cual, para que no se reanudara la prescripción trienal, la
peticionaria debió acudir a la jurisdicción, lo que no ocurrió, comoquiera que presentó
la demanda el 7 de noviembre de 2018, tal y como da cuenta el acta de reparto
(archivo 01. ExpedienteDigital, imagen 63).

115. En consecuencia, por las anteriores circunstancias, frente a las diferencias
reclamadas, causadas durante la dualidad normativa, si bien la petición del 29 de
noviembre de 2011 interrumpió la prescripción en los términos expuestos, esta se
reanudó y configuró, debido al tiempo en que tardó la peticionaria en acudir a la
jurisdicción.

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C. Diferencias reclamadas a partir del 28 de enero de 2012

116. Finalmente, en cuanto a lo causado con posterioridad a la ejecutoria del fallo que
anuló el Decreto 4040 de 2004, no se evidencian diferencias derivadas de la
bonificación por compensación, habida cuenta que la reclamación y la demanda de la
referencia se edificaron bajo el supuesto de los efectos de la anterior normatividad,
que permitió el pago del mencionado emolumento con una disminución del 10 % de lo
percibido por un magistrado de alta Corte, situación que en principio se superó con la
referida declaratoria de nulidad y la expedición del Decreto 1102 de 2012, que reiteró
los términos del reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610
de 1998.

D. Conclusión

117.Por consiguiente, es claro que se configuró la prescripción extintiva del derecho
respecto de las diferencias de la bonificación por compensación, contrario a lo
dispuesto por el Tribunal en la sentencia de primera instancia, que no tuvo en cuenta
las circunstancias descritas.

118.En este orden de ideas, se modificará la sentencia, en el sentido de advertir que
en el presente asunto operó el fenómeno prescriptivo. Así, se resuelve el tercero de
los problemas jurídicos.

119.Ahora, cuestión distinta ocurre con los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, pues estos tienen carácter irrenunciable e imprescriptible; por tal razón, la
Sala efectuará un pronunciamiento específico sobre el particular, como pasará a
exponerse.

3.6.4. Consideraciones adicionales

120.Finalmente, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable e imprescriptible,
se adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide y pague los aportes
hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor de la
demandante por las diferencias dejadas de pagar por la bonificación por compensación
desde el 1.° de enero de 2004 (fecha de inicio de los efectos fiscales del Decreto 4040
de 2004) hasta el 27 de enero de 2012 (ejecutoria del fallo que anuló la anterior norma),
los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por las
diferencias dejadas de pagar por la bonificación por compensación durante el periodo
en que surtieron efectos fiscales los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004.

121. Se precisa que el reconocimiento de los aportes será procedente siempre y cuando
las sumas a pagar, que fueron reconocidas en esta providencia, no se hayan
cancelado por la entidad previamente, por lo que corresponde a esta hacer la
verificación correspondiente.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

3.7. Conclusión de la decisión

122. Frente al problema jurídico, se concluye que la señora Judith Romero Ibarra, en
su calidad de magistrada de tribunal, tenía derecho al reconocimiento de la diferencia
derivada de la aplicación del Decreto 610 de 1998 y no del Decreto 4040 de 2004, por
ser este último menos favorable y haber sido anulado con efectos ex tunc, lo que
habilita la revisión de situaciones no consolidadas como la suya. No obstante, lo cierto
es que se probó la configuración de la prescripción extintiva de los derechos
solicitados, salvo los atinentes a los aportes a seguridad social en pensión, dado su
carácter imprescriptible e irrenunciable. Por ende, se declarará probada la excepción.

123.En conclusión, se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, en lo
que concierne a la declaratoria de nulidad de los actos acusados. En tal sentido, se
modificarán los ordinales segundo y tercero del fallo impugnado, en lo referente al
restablecimiento del derecho. Así, se declarará la prescripción del derecho; y se
accederá al reconocimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones.

3.8. Costas

124. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 42 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

42 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 30 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia.

Segundo. Revocar el ordinal segundo de la sentencia anterior, en su lugar se declara
probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos reclamados, salvo en
lo atinente a los aportes en seguridad social en pensión, por las razones expuestas en
esta decisión.

Tercero. Modificar el numeral tercero de la sentencia impugnada, el cual quedará así:

La entidad deberá reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones en favor de la demandante con ocasión de las diferencias surgidas
a causa del reajuste ordenado a título de bonificación por compensación, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Lo reconocido con ocasión del proceso en referencia, será procedente siempre y cuando
las sumas a pagar, que fueron reconocidas en esta providencia, no se hayan cancelado
por la entidad previamente, por lo que corresponde a esta hacer la verificación
correspondiente.

Cuarto. Sin condena en costas en las dos instancias.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025)
Demandante: Judith Romero Ibarra
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

conservación y posterior consulta, a través del siguiente
enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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