Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-02258-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-02258-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-02258-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado 25000-23-42-000-2013-02258-02 (0432-20171)
Demandante Ángela María Betancur Giraldo
Demandada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Bonificación por compensación (Decreto 610 de
1998).
Decisión Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra
la sentencia del veintinueve (29) de septiembre de dos mil catorce (2014), proferida por
la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda2.
Pretensiones.
1. La señora Ángela María Betancur Giraldo, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), solicitando que se declare la anulación de los
siguientes actos administrativos:
i) Oficio DESAJ12-JR-3443 de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil doce
(2012), expedido por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de
1
Expediente híbrido.
2
Folios 55 a 40 del expediente físico
2
Interno: 0432-2017
Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Bogotá – Cundinamarca, con el cual resuelve la petición elevada el treinta (30) de
marzo de dos mil doce (2012).
ii) Resolución No.10438 del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), en la
cual se dispuso no reponer el acto administrativo del veinticinco (25) de mayo de
esa anualidad.
iii) Resolución No. 4704 del ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012) expedida
por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, por medio de la cual se resolvió
el recurso de apelación interpuesto, decidiendo confirmar en todas y cada una de
sus partes la decisión contenida en el oficio DESAJ12-JR-3443 del 25 de mayo de
2012.
iv) Nulidad del acto presunto originado por la falta de contestación de la petición
elevada el diecisiete (17) de agosto de dos mil doce (2012)
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó3 que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar al demandante el 60% para el año 1999, el 70% para el
año 2000 y ochenta por ciento (80%) del año 2001 en adelante, por concepto de la
diferencia entre los ingresos que devengan los magistrados de alta cortes, -con la inclusión
de la prima especial de servicios devengadas por éstos-, adeudados por el periodo en cual se
desempeñó como Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Bogotá, debidamente indexada, que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y, se condene en costas a la entidad
demandada.
Hechos
3. La señora Ángela María Betancur Giraldo, señaló que, se desempeñó en el cargo de
Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, desde el cinco (5) de
octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989) hasta el treinta (30) de noviembre de
dos mil seis (2006).
3 «[...]OCTAVA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho se condene a LA
NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, a reliquidar la asignación mensual y demás ingresos laborales y prestacionales devengados por la Doctora ANGELA
MARÍA BETANCUR GIRALDO, como Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, incluyendo para estos efectos
la bonificación por compensación establecida en los decretos 610 y 1239 de 1998, que sumada a la prima especial de servicios y los
demás ingresos laborales percibidos, equivalgan al sesenta por ciento (60%) para el año 1999, al setenta por ciento (70%) para el
año 2000 y al ochenta por ciento (80%) del año 2001 en adelante de los ingresos totales laborales anuales que por todo concepto
perciben los Magistrados de las Altas Cortes, efectuando la liquidación de la prima especial de servicios devengada por los
Magistrados de las Altas Cortes conforme la petición anterior.»
3
Interno: 0432-2017
Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
4. Expuso que, se acogió a lo dispuesto en el Decreto 4040 de 2004, por lo que su ingreso
mensual y prestaciones sociales, les fueron pagadas con el 70% de los ingresos de lo
que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes.
5. Añadió que, ante la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 y los múltiples
fallos de la jurisdicción contenciosa, referente a los factores que componen los ingresos
de los magistrados de altas cortes, acudió ante la entidad de demandada, solicitando
mediante petición del treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), las diferencias
salariales y prestacionales que estimaba adeudadas, por concepto de bonificación por
compensación para completar el 80% que debió devengar, con la inclusión de la prima
especial de servicios que aquellos devengan.
6. indicó que su solicitud fue resuelta de manera desfavorable, a través del oficio
DESAJ12-JR-3443 del veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012), acto
administrativo contra el cual interpuso recurso de reposición y apelación, en escrito del
diecisiete (17) de agosto de dos mil doce (2012).
7. En atención a lo solicitado, mediante la Resolución No. 10438 del trece (13) de
septiembre de dos mil doce (2012), la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca, resolvió el recurso de reposición y concedió el de
apelación.
8. Que el Director Ejecutivo de Administración Judicial, a través de la Resolución No.
4704 del ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012), desató el recurso de apelación,
confirmando en su totalidad la decisión contenida en el oficio DESAJ12-JR-3443 del
veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012).
Normas violadas y concepto de violación.
9. La parte demandante invocó como normas infringidas las siguientes: De la Constitución
Nacional los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 53 y 250; de la Ley 4a de 1992, los artículos 2 (literal
a), 14 y 15; los decretos 610 de 1998 y 1239 de 1998; el artículo 27 del Código Civil; el
artículo 5 de la Ley 153 de 1887; el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010 y, el artículo 4 de
la Ley 169 de 1986.
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Interno: 0432-2017
Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
10. Afirma la parte actora que, la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004, definió
los efectos de la anulación, negó la eficacia jurídica de los desistimientos, conciliaciones
o transacciones que se celebraron en desarrollo del artículo 2 del referido decreto.
11. Que como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad, los decretos 610 y
1239 de 1998 recobraron su vigencia, por lo que solicita su aplicación.
12. Considera que, los actos administrativos demandados, vulneran los derechos
mínimos de los trabajadores, pues, al aplicar el Decreto 4040 de 2004, se quebrantó el
derecho a la igualdad entre los servidores públicos que tienen el mismo régimen laboral
y que, además, para el cálculo de lo que por todo concepto devenga un magistrado de
alta corte, debe incorporar la prima especial de servicios, prevista para éstos, en el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, como quiera que esta equivale a las cesantías de los
congresistas y que corresponde a un ingreso permanente.
Contestación de la demanda4.
13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se opuso a la totalidad de las
pretensiones de la demanda, al estimarlas carentes de fundamento jurídico. Efectuó un
recuento de las normas que regulan la bonificación por compensación y añadió que, con
la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, produjo efectos hacia el futuro, con
el fin de generar seguridad jurídica en el sistema normativo, sin que sea posible producir
efectos retroactivos, al no ser de carácter particular.
14. Por ello, considera que la entidad demandada ha realizado los pagos de conformidad
con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que a la
demandante no le asiste el derecho al pago retroactivo del 80% de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados de Altas Cortes.
15. En cuanto a la prima especial de servicios señaló que, si bien se ha hecho un
reconocimiento, en virtud de fallos de la jurisdicción contenciosa, estos solo producen
efectos inter-partes. Finalmente, propuso como excepciones: prescripción y la
innominada.
4
Folios 112 a 118 del expediente físico.
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Interno: 0432-2017
Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Sentencia de primera instancia5.
16. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de sentencia del veintinueve (29) de septiembre de dos mil
catorce (2014), accedió a las pretensiones de la demanda e impuso condena en costas,
en los siguientes términos:
« PRIMERO.- Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, en la sentencia de 14 de diciembre de
2011, que anuló el Decreto N° 4040 de 3 de diciembre de 2004.
SEGUNDO.- Declarar no probadas las excepciones, propuestas por la Entidad Demandada .-
TERCERO. - Declarar la nulidad de los OFICIOS DESA J12 3443 DEL 25 DE MAYO DE 2012,
DESAJ 12 - JR-3443 DEL 25 DE MAYO DE 2012DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
CUNDINAMARCA, acusado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO.- Declarar la nulidad de los RESOLUCION 10438, DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
CUARTO.-(sic) Declarar la nulidad de los RESOLUCION 4704 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA
TERCERO.-(sic) Condénese a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, a reconocer y pagar al demandante ANGELA MARIA BETANCOURTH GIRALDO,
con C.C. No. 32524006 de Medellín, el derecho adquirido a recibir el equivalente al ochenta por
ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario un Magistrado de Alta
Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por
servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en
cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación,
prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías,
durante los períodos comprendidos entre el dia 1 de enero de 2001 y hasta el 30 de noviembre de
2006, con los correspondientes reajustes, mientras permanezca como titular del derecho consagrado
en el decreto 610 de 1998, tomando en cuenta la fecha en que se comenzó a pagar el 80% indicado,
de conformidad con las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia.
En consecuencia, condénese a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA a reconocer y pagar a demandante ANGELA MARIA BETANCOURTH GIRALDO, el
equivalente al diez por ciento (10%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario
mensual un Magistrado de una Alta Corte, durante el período indicado, con los correspondientes
reajustes de conformidad con las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia y ordinal anterior.
[…]
NOVENO.- No se condena en costas»
17. Explicó que, estaba demostrado que la señora Ángela María Betancur Giraldo se
desempeñó como Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, entre
el cinco (5) de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989) y el treinta (30) de
noviembre de dos mil seis (2006), razón por la cual reclamó el derecho a la bonificación
por compensación, que le fue negado por la entidad demandada, en los actos
administrativos cuya nulidad pretende.
5
Folios 159 a 168 ibidem.
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Interno: 0432-2017
Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
18. El A-quo expuso que, el Consejo de Estado mediante la sentencia del año 2011 anuló
el Decreto 4040 de 2004, por contener una medida regresiva respecto del Decreto 610
de 1998, que vulneraba el artículo 53 de la Constitución Política y demás normas del
bloque de constitucionalidad, con lo cual se afectaban derechos irrenunciables, y que
generó una desigualdad entre los empleados del mismo nivel, entre ellos, la demandante.
19. En ese sentido, señaló que, el precedente horizontal de ese Tribunal, confirmado por
el Consejo de Estado, apuntaba a la inaplicación de un Decreto abiertamente
inconstitucional desde su creación, pues desmejoraba las condiciones de los
trabajadores, al disminuir la base salarial del 80 al 70%. Por lo tanto, indicó que, entre el
1 de enero de 2001 y la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, éste no podía producir efecto alguno.
20. En suma, concluyó que la demandante tenía derecho al reconocimiento a la
bonificación por compensación, teniendo en cuenta el 80% de todos los ingresos
laborales de carácter permanente devengados por los congresistas, a partir del 1 de
enero de 2001.
Recurso de apelación6.
21. La apoderada de Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando como primer aspecto
que, en el presente asunto, ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales
sobre los cuales reclama el reconocimiento la demandante, causados entre el 1 de enero
de 2001 al 20 de agosto de 2003, como quiera que, aquella solo reclamó su derecho ante
la Dirección Seccional de Administración Judicial, el 5 de agosto de 2011.
22. En el segundo punto de la apelación, reprochó que, la prima especial contenida en el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desarrollada en el artículo 2 del Decreto 10 de 1993, está
dirigida a equiparar los ingresos de los Magistrados de Altas Cortes, con los ingresos
totales percibidos de forma permanente por los congresistas, sin que ello implique la
modificación de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales que tenían
aquellos, antes de la expedición de la citada Ley 4 de 1992, de allí que ésta, en su artículo
6
Visible del folio 155 al 159 del expediente físico.
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Interno: 0432-2017
Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
16 y el Decreto 10 de 1993, expresaran que el componente de la prima especial estaba
limitado únicamente a los ingresos permanente y, no hacen parte de las prestaciones
sociales, entre ellas, las cesantías.
23. Por lo anterior, indica que la prima especial (art. 15 L. 4 de 1992) no tiene carácter
salarial y, por ende, no puede ser incluida como un componente de la remuneración del
Magistrado de Alta Corte.
Conciliación judicial7
24. En audiencia llevada a cabo el veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017), la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, aprobó
la conciliación sobre la fórmula propuesta por la Nación – Rama Judicial, en cuanto al pago
de la bonificación por compensación. La demandante manifestó su aceptación a la
conciliación en los términos propuestos por el comité de conciliación de la entidad
demandada, sin embargo, ante la falta de ánimo conciliatorio sobre la condena referente
a la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, se concedió
el recurso de apelación frente a este aspecto.
Trámite en segunda instancia
25. Mediante auto del nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021)8, el conjuez
ponente de la Sección Segunda, doctor Héctor Díaz Moreno, admitió el recurso de
apelación. Posteriormente, el despacho sustanciador avocó el conocimiento del proceso,
mediante auto del dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)9.
CONSIDERACIONES
Competencia
26. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
7
Folios 201 a 204 del expediente físico.
8
Expediente digital – índice 00017 Samai.
9
Índice 00081 de Samai.
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Interno: 0432-2017
Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Asunto preliminar- Conciliación Judicial – Objeto de la apelación
27. La Sala aclara que, para ese momento, se encontraba vigente la Ley 1437 de 201110
según la cual, una vez emitida la decisión de primera instancia, si alguna de las partes
formulaba recurso de apelación de forma oportuna, se convocaba obligatoriamente a
audiencia de conciliación, antes de resolver el fondo del recurso. En esta etapa, las partes
podían proponer acuerdos transaccionales respecto de lreconocido y, verificada su
legalidad por parte del juez, se aprobaba mediante auto (o acta).
28. Huelga resaltar que, el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada,
extinguiendo la controversia de manera definitiva y, por ende, no es susceptible de
modificación en instancias posteriores (salvo declaratoria de nulidad), impidiendo al
superior alterar su contenido.
29. Precisado lo anterior, se tiene que, en el sub examine, la conciliación fue aprobada
por el tribunal de primera instancia respecto de la bonificación por compensación, pero
quedando sin acuerdo lo relativo a la inclusión de la prima especial de servicios como
factor a tener en cuenta dentro de lo que por todo concepto devengan los Magistrados
de Altas Cortes, en los siguientes términos:
«[…] la apoderada de la parte demandada manifestó que en sesión de la fecha, el comité autorizo
(sic) proponer formula conciliatoria parcial, frente a la bonificación por compensación se reconocerá
el 100% desde el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2006 y más lo
correspondiente al valor del 70% de la indexación sobre dicho valor, en cuanto a la pretensión
encaminada a conseguir el pago de la prima especial a que se hace alusión el artículo 15 de la Ley
4 de 1992 se determinó que no era procedente proponer formula conciliatoria por cuanto ha operada
la prescripción trienal de los mismos.
[...]
Observando el Tribunal que le asiste ánimo conciliatorio a las partes sobre el pago de la Bonificación
por compensación en los términos indicados en el acta de conciliación del Comité de la Nación -
Rama Judicial, se aprueba al no observarse violación de los derechos ciertos e indiscutibles
relacionados y reconocidos en la sentencia consagrados en el Decreto 610 de1998.
10
Artículo 192. - <INCISO 4> Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el
recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre
la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará
desierto el recurso.
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Interno: 0432-2017
Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Por otra parte, como no hay ánimo conciliatorio sobre la condena referente a la prima especial de
servicios respeto de la reconocida a los Magistrados de Altas Cortes, consagrada en el artículo 15
de la Ley 4 de 1992, se concederá el recurso de apelación en el efecto suspensivo sobre ello. De
igual manera, el Tribunal precisa que sobre el tema conciliado, versa sobre el reconocimiento y pago
de la ponificacion por compensacion sin la inclusión de la determinada prima, por lo que la sentencia
queda ejecutoriada en este aspecto, y por tanto, sobre la parte no conciliada se concede el recurso
de apelación en el efecto suspensivo para ante el Honorable Consejo de Estado, para lo cual se
enviará el expediente por secretaria.».
30. La demandante manifestó su aceptación a la conciliación en los términos propuestos
por el comité de conciliación de la entidad demandada, sin embargo, ante la falta de
ánimo conciliatorio sobre la condena referente a la prima especial de servicios, prevista
en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, la Sala de Conjueces concedió la alzada ante esta
Corporación. En mérito de lo anterior, el Tribunal resolvió:
«PRIMERO- se declara aprobada la conciliación sobre la fórmula propuesta por la Nación - Rama
Judicial referente al pago de la bonificación por compensación conforme a lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO- Por Secretaría se ordena que se expida a costa de la parte demandante copia de la
acta de la audiencia inicial, del acta de la audiencia de conciliación y de la presente audiencia de
conciliación.
TERCERO- Concédase el recurso de apelación en efecto suspensivo, respecto de la parte no
conciliada referente a la prima especial conforme a lo expuesto en la parte motiva»
31. Así las cosas, se tiene que, en el presente asunto, no existe discusión respecto del
objeto de la apelación, que refiere únicamente a la base de liquidación de la bonificación
por compensación y no, a las diferencias porcentuales entre esta y la bonificación de
gestión judicial, asunto que, como se advirtió, fue conciliado en primera instancia y sobre
el cual operó el instituto de cosa juzgada.
32. La anterior precisión, se encuentra conforme con la línea pacífica de esta Corporación
que, en un caso análogo al presente, sostuvo11:
« [...]
42. Ahora bien, de acuerdo con el recurso de apelación el demandante ha propuesto dos discusiones
a saber: la primera relativa al reconocimiento de ese 10% de diferencia entre la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998 y la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de
2004 que fue declarado nulo, mientras que la segunda se refiere a una desigualdad entre los
ingresos totales anuales percibidos por los magistrados de altas cortes y los devengados por
congresistas de la República, que sirven de referencia para el cálculo de la prestación discutida.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
Radicado No. 68001-23-33-000-2013-01047-02 (0680-2020)
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Interno: 0432-2017
Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
43. En tal sentido, por un lado se discutió la diferencia porcentual entre las mencionadas bonificaciones
y por el otro, el monto económico de la bonificación por compensación que, según el apelante, se
ha calculado a partir de una base de liquidación incorrecta.
44. Así, lo conciliado por las partes en el trámite de la primera instancia obedece a la mencionada
diferencia porcentual entre una y otra bonificación, pero no ocurre lo mismo frente a la discusión
sobre la diferencia salarial entre magistrados de altas cortes y congresistas de la República que,
según afirma el demandante afecta negativamente el monto de la prestación, ya no el tope
porcentual.»
33. Dilucidado entonces el objeto de la apelación, la Sala en el momento oportuno,
formulará el problema jurídico que ocupa el análisis de esta sentencia.
Problema jurídico
34. En el presente asunto, el problema jurídico se encuentra delimitado a los aspectos no
conciliados en la audiencia que para dicho efecto se llevó a cabo en la primera instancia.
35. Así las cosas, corresponde a la Sala establecer si, la prima especial contenida en el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, debe ser incluida o no, como ingreso laboral que por todo
concepto perciben los Magistrados de Altas Cortes, y los emolumentos sobre la cual debe
ser calculada, para efectos de la liquidación de la bonificación por compensación, prevista
en el Decreto 610 de 1998.
36. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial, ii) Hechos probados; iii) Caso concreto y
iv) Condena en costas.
Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por compensación
37. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de 199812, a través del cual se creó la
bonificación por compensación a favor de los magistrados de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el
Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo de Estado; a
los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior
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Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
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Interno: 0432-2017
Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante
Tribunal de Distrito13.
38. La norma estableció que la citada bonificación se debía pagar de forma permanente
y mensualmente a partir del 1° de enero de 1999, y tendría carácter salarial solo para
efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
magistrados de las Altas Cortes. Adicionalmente, se estableció que aquella, sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales, debía
corresponder, para el año 1999, al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales
que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se
precisó que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año 2000
correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos sería del
ochenta por ciento (80%).
39. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por medio del Decreto 2668 de 1998,
generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos que regularon la
bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y otros funcionarios,
entre ellos, los Decretos 664 de 13 de abril de 1999, 2738 de 27 de diciembre de 2000,
1476 de 19 de julio de 2001, 2726 de 17 de diciembre de 2001, 663 de 10 de abril de
2002, 3570 de 11 de diciembre de 2003, último de los cuales fue derogado por el Decreto
4040 de 2004.
40. El mencionado Decreto 2668 de 1998 fue anulado mediante sentencia proferida por
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre
de 200114, con efectos ex tunc; por consiguiente, el Decreto 610 de 1998 recobró su
vigencia y las normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y son
inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se expidieron con posterioridad
respecto de la bonificación por compensación.
41. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, a través del cual creó
la bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación. Dicho emolumento, sumado a la
13
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios Generales
de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
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Expediente 395-99.
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asignación básica y demás ingresos laborales no podía superar el setenta por ciento
(70%) de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes y era
incompatible con la bonificación por compensación.
42. Además, previó que los citados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de
gestión judicial siempre y cuando manifestaran dicha intención antes del 31 de diciembre
de 2004, y cumplieran con alguna de las siguientes situaciones:
«a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por Compensación y
desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente
acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil;
b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
43. Más adelante, el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el 14 de
diciembre de 2011, expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el 27
de enero de 2012. En esa providencia la Sala de conjueces precisó que, para una misma
categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y
requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la
asignación mensual en el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes,
mientras que el Decreto 4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó
un trato diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
44. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 trasgredió los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre derechos
ciertos e indiscutibles.
45. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que estuvo
aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las cuales
otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó diversas acciones
judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así como, dificultades a
la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales que en virtud del Decreto
610 de 1998 surgían para sus beneficiarios.
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Demandante: Ángela María Betancur Giraldo
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46. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
del 18 de mayo de 201615 concluyó que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales
diferentes no era posible dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de
1968 en materia de prescripción; precisando que la exigibilidad del derecho otorgado por
el Decreto 610 de 1998 surgió a partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del referido
fallo-.
47. Luego, la misma corporación, también a través de decisión proferida por la Sala de
Conjueces, esta vez de fecha 2 de septiembre de 201916, precisó otra regla de
prescripción, esta vez para los casos de las reclamaciones de la bonificación por
compensación pero causadas entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de
2004, indicando que durante este tiempo no hubo dualidad de normas; por tanto, aquí si
operó el fenómeno de la prescripción conforme las disposiciones de los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969; salvo que la persona logre demostrar en el expediente, con
pruebas documentales, que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la
prescripción conforme a la ley.
48. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el Gobierno
nacional expidió el Decreto 1102 de 201217, a través del cual, regló la bonificación por
compensación, en los términos señalados en su artículo 118.
El auxilio de cesantías como factor de liquidación en la prima especial de los Magistrados
de Alta Corte
49. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la pluricitada
sentencia del 18 de mayo de 2016 precisó que, no se estableció diferenciación alguna
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-
2016-00041-02 (2204-2018), C.P. Carmen Anava De Castellanos.
17
«Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios»
18
ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con carácter permanente
los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados
Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales
de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial,
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de
manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor
que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior
de la Judicatura. La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso
base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos
de la Ley 797 de 2003.
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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
entre el salario y las prestaciones sociales, en las normas que regulan la prima especial
de servicios, sino que se aludió a los ingresos laborales en su totalidad. La providencia
señaló:
«[…]Teniendo en cuenta que la ley determina como finalidad de la prima especial de servicios la
equiparación de los ingresos percibidos por los Magistrados de las Altas Cortes a aquellos que
devengan los miembros del Congreso de la República, mal podría señalarse que un decreto que
cumple la función de reglamentar dicha Ley podía establecer cosa distinta. De hecho, el Decreto
10 de 1993 no lo hizo. Todo lo contrario, tal cuerpo normativo desarrolló de manera precisa los
términos en los que debía darse la equiparación en el ingreso de los más altos funcionarios de
varias ramas del poder público al señalar que había de efectuarse sobre la totalidad de los ingresos
laborales anuales recibidos por unos y otros.
Es claro, entonces, que en ninguna de las normas que contienen el régimen de la prima especial
de servicios se hizo la distinción entre salario y prestaciones sociales. Se habló, en cambio, de
ingresos laborales totales.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el Estado debe
realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo
que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar el
valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos.»
50. Asimismo, hizo referencia a lo decidido en sentencia proferida el 4 de mayo de 200919
en la que se precisó que, las cesantías reconocidas a los miembros del Congreso de la
República comportan ingresos laborales anuales permanentes, por tanto, dicho valor
debe ser computado en la liquidación de la prima especial de que trata el artículo 15 de
la Ley 4ª de 1992.
51. En la referida providencia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, señaló que, al referirse a los ingresos laborales totales anuales, dicha
expresión abarca todo aquello que en el año percibe en ejercicio de la relación laboral el
congresista como tal, sin perjuicio de que tal emolumento constituya o no factor salarial
o por el contrario, obedece a una prestación social y añadió que:
«Fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la Ley 4ª de 1992
equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte con los Congresistas, cosa
que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando entonces, que los ingresos laborales
totales anuales de los Magistrados deben ser iguales a los ingresos laborales totales anuales de
los Congresistas.»
52. Así las cosas, aunque los magistrados de Alta Corte y los congresistas puedan recibir
diferentes tipos de prestaciones, el monto total anual de ingresos laborales permanentes
que perciben ambos grupos debe ser equivalente.
19
Consejo de Estado Sección Segunda. Sala de Conjueces. Radicación 25000-2325-000-2004-05209-02. Consejero ponente Luis
Fernando Velandia Rodríguez
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53. Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado, se procede a decidir el presente caso.
Hechos probados
54. De las pruebas allegadas al plenario, se tiene por acreditado que:
55. La demandante presentó petición el treinta (30) de marzo de (2012), ante la Dirección
Ejecutiva Sección de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, solicitando la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998.20
56. A través del Oficio DESAJ12-JR-3443 de veinticinco (25) de mayo de dos mil doce
(2012), el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá- Cundinamarca,
resuelve desfavorablemente la petición21.
57. La señora Ángela María Betancur Giraldo, el diecisiete (17) de agosto de dos mil doce
(2012), actuando por conducto de apoderada judicial, presentó recurso de reposición y
apelación contra la anterior determinación22.
58. Con la Resolución No. 10438 de trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012)23,
la Directora Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Bogotá - Cundinamarca,
resuelve el recurso de reposición y se concedió el de apelación.
59. Mediante la Resolución No. 4704 de ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012)24,
expedida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, se resuelvió el recurso de
apelación, confirmando en su totalidad el oficio DESAJ12-JR-3443 de veinticinco (25) de
mayo de dos mil doce (2012).
60. Según certificación expedida por la Secretaria del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, la señora Ángela María Betancur Giraldo se desempeñó como
Magistrada en esa dependencia judicial25.
20
Folio 3 a 10 del expediente físico.
21
Notificado personalmente el 13 de agosto de 2012. Documentación visible de folios 11 a 15 del expediente físico.
22
Folio 16 a 19 del expediente físico.
23
Notificada personalmente el 26 de septiembre de 2012. Documentos visibles a folios 20 a 22 del expediente físico.
24
Folio 23 a 27. Notificada el 30 de noviembre de 2012 de manera personal a la demandante.
25
Folio 31 del expediente físico.
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61. Certificación sobre los valores cancelados a la demandante por concepto de la
Bonificación por Gestión Judicial, expedida el veintiocho de febrero de 2006, por el Jefe
de Sección Pagaduría de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca26.
62. Constancia de los pagos efectuados a la señora Betancur Giraldo de los años 1999
a 2006, expedidas por la entidad demandada.
Caso concreto
63. En el sub exámine, la entidad demandada cuestiona si la prima especial de servicios
contenida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, constituye factor salarial para el cómputo
del 80% de lo que por todo concepto, recibe un Magistrado de Alta Corte.
64. La Sala recuerda que, se han generado controversias respecto al tope de lo
devengado por los magistrados de Altas Cortes, teniendo en cuenta que éstos ostentan
un régimen salarial especial, según el cual, sus ingresos totales anuales deben concordar
con los ingresos totales anuales permanentes de los Congresistas de la República, en
atención a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, que dispone:
«ARTÍCULO 15. <Aparte tachado INEXEQUIBLE>27 Los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el
Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima
especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a
los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere.
El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes
de la Fuerza Pública.»
65. Por su parte, los artículos 1 y 2 del Decreto 10 de 1993, reglamentó la prima especial
de servicios, de la siguiente manera:
«ARTICULO 1o. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992,
será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los
miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella.
ARTICULO 2o. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente Decreto, se
entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los Miembros del Congreso son
los de carácter permanente, incluyendo la prima de Navidad.» (negrillas del despacho)
26
Folio 34 ibidem.
27
Aparte tachado 'sin carácter salarial' declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-681-03 de 6 de
agosto de 2003, Conjuez Ponente Dra. Ligia Galvis Ortiz.
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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
66. En ese orden de ideas, los Magistrados de las Altas Cortes tienen derecho a una
prima especial de servicios que, sumada a sus demás ingresos laborales, debe ser
equivalente al total de los ingresos percibidos por los miembros del Congreso de la
República, sin que en ningún caso los supere. Por tanto, resulta necesario considerar los
ingresos laborales anuales totales que reciben los congresistas.
67. Así las cosas, la referida prima especial, tiene incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación, en tanto el Decreto 610 de 1998 previó que, esta
bonificación sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales
actuales, debía igualar inicialmente al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto percibían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado,
Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura y que incrementó
posteriormente al 70% (para el año 2000) y el 80% (a partir de 2001).
68. Por lo anterior, la Sala concluye que, la prima especial de servicios incide
directamente en el cálculo de la bonificación por compensación, según lo establece el
Decreto 610 de 1998, que la incluye explícitamente como uno de los elementos base para
alcanzar los ingresos totales de los magistrados de altas cortes. Esta disposición busca
corregir desigualdades salariales en la Rama Judicial, sumando la bonificación a la prima
especial y demás ingresos laborales actuales. Por lo tanto, los argumentos de la entidad
demandada no tienen visos de prosperidad.
69. Finalmente, adicionará la decisión de primera instancia, en el sentido de precisar que,
el cumplimiento de la orden judicial estará condicionado a que la entidad demandada -
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- no haya realizado otro
pago a la parte demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos y, en ningún
evento, el pago de la bonificación por compensación puede superar los topes legales.
Condena en costas.
70. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
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Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del veintinueve (29) de septiembre
de dos mil catorce (2014) proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió a las pretensiones de la demanda
formuladas por la señora Ángela María Betancur Giraldo, conforme a lo expuesto en el
presente proveído.
SEGUNDO: ADICIONAR un ordinal a la sentencia del veintinueve (29) de septiembre de
dos mil catorce (2014), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, el cual quedará así:
«DÉCIMO: El cumplimiento de la orden judicial, estará condicionado a que la entidad
demandada -Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- no haya
realizado otro pago a la parte demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos y,
en ningún evento, el pago de la bonificación por compensación puede superar los topes
legales.»
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
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