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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00780-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00780-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida el Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, que ordenó la inaplicación por inconstitucional de la expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia proferida el Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, en el sentido de declarar la prescripción de los periodos causados con anterioridad al Cinco (5) de febrero de Dos Mil Doce (2012), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. TERCERO. MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal cuarto (4) de la sentencia proferida el Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, el cual quedará así: «CUARTO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, proceda: a). Pagar la prima especial de servicios equivalente al 30% del valor del salario de la demandante desde el Cinco (5) de febrero de Dos Mil Doce (2012), en atención a la prescripción trienal y mientras ocupe el cargo de Juez de la República u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), fecha en la cual, en virtud del Decreto 272 de 2021 se inició a pagar la prima especial como una adición al salario; b). Reliquidar las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, a partir del Cinco (5) de febrero de Dos Mil Doce (2012) hasta la entrada en vigencia del Decreto 272 del 2021. Es de señalar que las diferencias a pagar deben atender a los periodos estrictamente señalados, sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el porcentaje máximo fijado por […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00780-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00780-02 (2857-2019)1
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el extremo pasivo de la litis, contra
la sentencia del Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, en el sentido de conceder
parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

1. La señora Juliana Salazar Londoño, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar:

«1.- Que se declare la nulidad de la Resolución nro. DESAJMZR 15-264 del 25 de
febrero del año 2015, expedida por el Director Ejecutivo Seccional de
Administración Judicial en la ciudad de Manizales, notificada el día 3 de Marzo de
2015.

1
Expediente híbrido
2 Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 8-36

2

Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

2.- Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 3867 del 20 de Mayo del año
2016, expedida por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial en la ciudad
de Bogotá D.C., notificada el día 14 de Junio de 2016.

3.- Que como consecuencia de la anteriores declaraciones se ordene a la NACIÓN
–RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL–
, desde el 26 de Agosto de 2011, hasta la fecha de presentación de esta demanda,
y en lo sucesivo, liquidar en debida forma a la doctora JULIANA SALAZAR
LONDOÑO, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la ley
4ª de 1992, contabilizándola como factor salarial, equivalente al 30% del ingreso
básico mensual, la cual debe adicionarse al salario básico y no deducirse, para
que la liquidación de sus prestaciones se haga con el 100% de su remuneración
mensual y no con el 70%, como ha ocurrido hasta ahora.

4.- Que se ordene a la NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL–, reconocer y pagar a la doctora JULIANA
SALAZAR LONDOÑO, a partir del día 26 de Agosto de 2011, hasta la fecha de
presentación de esta demanda, y en lo sucesivo, las diferencias salariales y
prestacionales (primas de vacaciones, navidad, de servicios, extralegales,
bonificación por servicios, cesantías e intereses a esta, etc.), existentes entre las
sumas que le fueron canceladas y las que legalmente le corresponden,
contabilizando como factor salarial la prima especial consagrada en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992.

5º.- Que los dineros que se paguen a la doctora JULIANA SALAZAR LONDOÑO
sean debidamente indexados.

6º.- Que se cancele a la doctora JULIANA SALAZAR LONDOÑO, o a quien o
quienes sus derechos representaren, los intereses que se generen desde el
momento de su causación hasta que se haga efectivo el pago de las sumas
ordenadas cancelar.

7º.- Para el cumplimiento de la sentencia se ordenará dar estricta aplicación a los
artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

8º.- Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas y agencias en
derecho que se lleguen a causar.»

2. Los hechos en que, se fundan las pretensiones son los siguientes:

3. La señora Juliana Salazar Londoño, labora al servicio de la Rama Judicial en el
departamento de Caldas, de forma ininterrumpida y desde el Veintiséis (26) de agosto de
Dos Mil Once (2011), ocupa el cargo de juez del Circuito de Manizales – Caldas.

4. La Dirección de Administración Judicial Seccional, ha liquidado la prima de
navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, cesantías, bonificación por servicios
prestados, seguridad social y demás prestaciones laborales y emolumentos, con el 70%
de su remuneración básica y no con el 100% de esta, tras una errada interpretación de
los decretos que reglamentaron la prima especial de servicios equivalente al 30% de la
asignación básica, la cual, fue descontada y no adicionada al salario.

3

Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

5. El Seis (6) de febrero de Dos Mil Quince (2015), solicitó a la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Manizales, el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales (primas de vacaciones, navidad, de servicios, extralegales,
bonificación por servicios, cesantes e intereses a esta, etc), existentes entre las sumas
que le fueron canceladas y las que legalmente le corresponden, contabilizando como
factor salarial la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
correspondiente al período comprendido entre el Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil
Once (2011) y hasta cuando desempeñe el cargo que le confiere dicho derecho.

6. Por medio de la Resolución DESAJMZR15-264 de febrero Veinticinco (25) de Dos
Mil Quince (2015), la accionada resolvió no acceder a lo antes pedido, por lo que,
interpuso recurso de apelación.

7. A través de la Resolución No. 3867 del Veinte (20) de mayo de Dos Mil Dieciséis
(2016), la directora ejecutiva de administración judicial de Bogotá D.C., resolvió el recurso
de apelación, en el sentido de confirmar en todas sus partes la Resolución No.
DESAJMZR15-264 de febrero del Veinticinco (25) de Dos Mil Quince (2015).

1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran:

9. La Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228, Ley 4ª de 1992:
artículo 2º; parágrafo del artículo 12, y artículo 14. Código Sustantivo del Trabajo: artículo
127, Decreto 1042 de 1978: artículo 42, Decreto 717 de 1978: artículo 12, Ley 1437 de
2011 (CPACA): artículos 10, 102, 137, 148, 189 y 269, Ley 270 de 1996: artículo 152,
numeral 7º.

10. En el concepto de violación, sostiene que, la Rama Judicial, al considerar que el
treinta por ciento (30%) del salario básico constituye la prima especial sin carácter salarial
y al liquidar las prestaciones sobre el setenta por ciento (70%) restante, redujo
indebidamente la remuneración de la demandante.

11. En ese sentido se desconoció el carácter adicional de la prima prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que vulnera los principios de igualdad, favorabilidad y
progresividad laboral, infringe la garantía estatutaria de intangibilidad de la remuneración

4

Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

judicial; apartándose injustificadamente del precedente consolidado del Consejo de
Estado.

1.3. Contestación de la demanda3

12. La entidad demandada actuando por medio de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues, considera que, los actos
demandados se ajustan a la normativa vigente y gozan de presunción de legalidad.

13. Afirmó que, la sentencia de simple nulidad del Consejo de Estado tiene efectos
generales y hacia el futuro, por lo que, no permite reconocer pagos retroactivos ni
derechos particulares, y, la administración no puede inaplicar normas vigentes, en razón
a que, el control de legalidad corresponde exclusivamente a los jueces.

14. Sostuvo que, la prima especial del 30% no tiene carácter salarial, tal como, lo
establecen la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios, disposición que además fue
declarada exequible por la Corte Constitucional. Por ello, no puede incluirse para la
liquidación de prestaciones sociales.

15. Formuló las excepciones de «ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho
reclamado y cobro de lo debido» bajo el entendido de no existir ningún sustento normativo
que consagre que la prima especial reclamada tenga carácter salarial y que con base en
la misma puedan liquidarse prestaciones sociales, de conformidad con lo establecido en
la Ley 4ª de 1992. De igual forma, propuso la excepción de «cosa juzgada constitucional»,
comoquiera que, la citada prima según la Ley 4ª de 1992, es sin carácter salarial,
situación que fue revisada por la Corte Constitucional declarando dicho artículo (art. 14)
exequible, por ende, constituye cosa juzgada constitucional.

1.4. La sentencia de primera instancia4.

16. El Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, por medio de la
sentencia adiada Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, con condena en costas de la siguiente
manera:

3 Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 136-142.
4 Expediente hibrido, Samai, gestión otros despachos, índice 002

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Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

«PRIMERO. Inaplicar por inconstitucionales y sólo para este caso concreto, los
preceptos legales que señalan que la prima de servicios del 30% regulada por el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial, atendiendo lo señalado en
la parte considerativa.

SEGUNDO. Declárese como NO PROBADAS las excepciones ausencia de causa
petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido, propuestas
por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO. Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta
sentencia, de la Resolución DESAJMZR15-264 de 25 de febrero de 2015 y
Resolución nº 3867 de mayo de 2016.

CUARTO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA
a LA NACION – RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL, proceda a reliquidar, incluyendo el 30%
correspondiente a la prima de servicio como factor salarial, a favor de la demandante
JULIANA SALAZAR LONDOÑO, y pagarle o reintegrarle la diferencia salarial que
resulte de lo pagado por concepto de salarios y demás emolumentos de carácter
salarial, por el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 2011 y el 24 de
octubre de 2016, y en adelante mientras ocupe el cargo de Juez de la Republica o
de otro, que resulte beneficiado con la prima especial de servicios regulada por el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, debiendo tener en cuenta como base la totalidad de
la remuneración básica mensual de cada año y los demás factores salariales, sin
deducir el porcentaje correspondiente del 30% por concepto de la prima especial de
servicios, y ordenar que en adelante sea tenida la prima de servicios como factor
salarial para todos los efectos, sin deducir o descontar su porcentaje del 100% de la
remuneración básica mensual de cada año y de los demás factores saláriales de la
demandante, Valor que será actualizado conforme quedo expuesto en la parte motiva
de ésta providencia.

QUINTO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia
deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

SEXTO. CONDENAR a la demandada y a favor de la demandante al pago COSTAS;
i). GASTOS PROCESALES por valor SIETE MIL CIEN PESOS ($7.100.oo) y de ii).
AGENCIAS EN DERECHO por un monto equivalente al 10% del valor total de la
cuantía de esta demanda, es decir SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UNO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVOS,
($6´331.962.3), conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda.

SEPTIMO: NEGAR el reconocimiento y pago de PERJUICIOS presuntamente
causados a la demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

(…).»

17. Como sustento de su decisión, el Tribunal indicó que, la demandante se
desempeña como juez desde el Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Once (2011), cuya
vinculación continuaba vigente a la fecha de presentación de la demanda -Veinticuatro
(24) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016)-, por lo que, se encuentra cobijada bajo
amparo del régimen previsto para los servidores públicos en calidad de Juez de la
República de Colombia, y que excluyeron el pago de la prima regulada por el artículo 14

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Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

de la Ley 4ª de 1992, en un porcentaje del 30%, la cual, tampoco le fue reconocida como
factor salarial.

18. Advirtió que, durante ese tiempo el salario de la actora fue liquidado
incorrectamente, toda vez que, la administración descontó el 30% correspondiente a la
prima especial de servicios y solo tomó el 70% como base salarial, lo que afectó de forma
reiterada la liquidación de sus prestaciones sociales.

19. Analizó el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y concluyó que, la prima especial de
servicios sí tiene carácter salarial, por tratarse de una retribución habitual y permanente,
criterio respaldado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Señaló que, excluirla del
salario desconoce los principios de progresividad y favorabilidad laboral, por lo que la
prima debe sumarse al 100% del salario básico para efectos salariales y prestacionales.

1.5. Del recurso de apelación5.

20. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, en el cual, sustenta la carencia de competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados de la Rama Judicial, toda vez que, dicha potestad radica
única y exclusivamente en el Gobierno nacional.

21. Señala que, para los jueces debe tenerse en cuenta el Decreto 1251 de 2009, en
cumplimiento del cual, no se puede superar el porcentaje descrito respecto a los
magistrados de Tribunal Seccional, además, por medio de la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, sala de conjueces, dentro del expediente con radicado 2017-2015,
proferida el Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018), se indicó que, la prima
especial de servicios no constituye factor salarial para liquidar las cesantías, sino
exclusivamente cuando se trate de pensión por vejez, invalidez total o parcial, en los
términos del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

22. Indica que, la administración judicial ha venido liquidando las prestaciones de los
jueces con el 70% del salario, pues, en aplicación de los decretos anuales el 30% del
salario de los jueces es la prima especial de servicios regulada en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992, sin carácter salarial, lo que ha conllevado a la presentación de múltiples
demandas, en las que se reclaman el pago del 30% adicional al salario (prima de servicios

5 Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 251-255

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Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

artículo 14) y la reliquidación de prestaciones con el 100% del salario.

23. Resalta que, no cuenta con presupuesto para incluir la prima especial de servicio
como un mayor valor al salario, además, porque superaría el tope de la remuneración
que por todo concepto perciben los jueces de la república, según lo previsto por el
Decreto 1251 de 2009.

24. Afirma que, ha venido aplicando correctamente el contenido del marco normativo
que regula la prima especial de servicios, razón por la que, en sede administrativa no
accedió a lo solicitado, pues, si así lo hubiere hecho, estaría desacatando el
ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que
una decisión en ese sentido conlleva.

25. Alega que, el Consejo de Estado en sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos
Mil Catorce (2014), proferida dentro del expediente con radicado
11001032500020070008700, decretó la nulidad de algunos artículos de los decretos de
salario de los años 1993 a 2007 y no anuló los posteriores, estos son, de los años 2008
y subsiguientes, motivo por el cual, concluye que, están vigentes y mantienen su
presunción de legalidad, por lo que, no le es posible efectuar reconcomiendo alguno, en
la medida que ha realizado la liquidación de la prima especial de servicios en debida
forma.

26. Aduce que, no es procedente acceder a las pretensiones por el tiempo laborado,
en razón a que, se configuró el fenómeno extintivo de la prescripción trienal.

1.5. Trámite de segunda instancia

27. Por medio del auto adiado Veinticinco (25) de octubre de dos mil Diecinueve
(2019), se declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en consecuencia, se les separó del conocimiento del
presente asunto6.

28. A través de auto del tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020), por medio de
conjuez, se admitió el recurso de apelación7 y por auto del Veinte (20) de enero de Dos
Mil Veintiuno (2021), prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en su

6 Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 281-264
7 Expediente híbrido, Samai, índice 019, folio 293

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Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

lugar, ordenó correr traslado para alegatos de conclusión y concepto de fondo si a bien
lo tenía el ministerio público8.

29. Por auto del seis (6) de febrero de dos mil veintiséis (2026), este despacho avocó
el conocimiento del proceso9.

30. Las partes no presentaron escritos de alegatos de conclusión y el Ministerio Público,
no emitió concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia

31. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿La liquidación y pago de la prima especial de servicios, contenida en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, efectuado a favor de la actora, se encuentra
ajustada al marco normativo y jurisprudencial que la regula?

ii) ¿Los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional posterior al 2007,
se encuentran vigentes y, por ello, no le es posible a la accionada efectuar
reconocimiento y pago alguno por concepto de prima especial de servicios
como adicional a la asignación básica reconocida a la actora?

iii) ¿La prima especial de servicios, contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
constituye factor salarial para el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales?

iv) ¿La falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
para interpretar las leyes e inaplicarlas, se instituye como fundamento para

8 Expediente híbrido, Samai, índice 019, folio 305
9 Expediente híbrido, Samai, índice 031

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Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

negar las pretensiones de la demanda?

v) ¿Las limitaciones presupuestales por parte de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), pueden condicionar el
reconocimiento del derecho reclamado, o el cumplimiento de la condena?

vi) ¿El reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, en los términos
ordenados por el Tribunal, supera el tope previsto en el Decreto 1251 de 2009?

vii) ¿Se configuró el fenómeno jurídico procesal de la prescripción de los derechos
reclamados por la señora Juliana Salazar Londoño?

33. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios y ii) caso
concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios

34. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios, como un
incremento salarial del 30 %, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial, solo para el pago de aportes pensionales.

35. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

36. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.

37. En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

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Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

11

Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

2.2.3. Del fenómeno de la prescripción de derechos laborales e imprescriptibilidad
de los aportes a la seguridad social.

38. Sobre el tema en mención, la Sala ha precisado10 y reiterado11:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de
origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento
en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede
interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el
trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»

En la sentencia del 2 de septiembre de 200912, el Consejo de Estado
determinó que en materia de la prima especial de servicio de que trata el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera
retroactiva desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y
en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta
la fecha de exigibilidad del derecho.

Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el
derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior13
como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario,
igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del
sistema de seguridad social en pensiones.

En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de
la seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.»

39. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente
desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de
1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026), expediente No. 25000-23-42-000-2018-01701-
02 (1114-2022.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
13
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

12

Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por
tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la
seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del
tiempo no convalida su incumplimiento.

40. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.

2.3. Caso concreto.

41. De cara a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento frente al marco
normativo que, rige la materia, la Sala encuentra acreditado que la señora Juliana Salazar
Londoño, durante el tiempo que ha permanecido vinculada a la Rama Judicial, ha
desempeñado los cargos de juez municipal y del circuito en los siguientes periodos14:

Cargo Despacho Fecha de inicio Fecha final
Juez municipal Juzgado 003 civil 13/11/2009 19/11/2009
municipal
Manizales
Juez circuito Juzgado 005 civil 26/08/2011 07/07/2013
del circuito de
Manizales
Juez circuito Juzgado 001 civil 08/07/2013 14/01/2016
del circuito La
Dorada
Juez municipal Juzgado 008 15/01/2016 09/05/2016
municipal
Manizales
Juez circuito Juzgado 004 10/05/2016 Activa a la fecha de
circuito Manizales presentación de la
demanda

42. No obstante, las pretensiones en la demanda se limitaron a reclamar la prima especial
de servicio, contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, a partir del Veintiséis (26) de

14
Expediente híbrido, Samai, índice 019, folio 67

13

Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
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agosto de Dos Mil Once (2011), con vinculación activa en dicho cargo a la fecha de
presentación de la demanda, en el que, se ha desempeñado como juez de la República.

43. Asimismo, obra certificado salarial expedido el Veinticuatro (24) de octubre de Dos
Mil Diecinueve (2019), por el área de Talento Humano de la Dirección de Administración
Judicial Seccional Caldas, correspondiente al periodo comprendido entre el Primero (1)
de enero de Dos Mil Once (2011), al Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciséis
(2016), en la cual, hizo constar entre otros, los conceptos de sueldo básico y prima
especial de servicios, percibidos mensualmente y los que intervienen en los
prestacionales así15:

Año Conceptos
2011 Sueldo básico $4.192.627
Prima especial de servicios $1.257.788
2012 Sueldo básico $4.402.258
Prima especial de servicios $1.320.678
2013 Sueldo básico $4.553.396
Prima especial de servicios $1.366.109
2014 Sueldo básico $4.687.575
Prima especial de servicios $1.406.273
2015 Sueldo básico $4.687.575
Prima especial de servicios $1.406.273
2016 Sueldo básico $4.108.878
Prima especial de servicios $1.232.664

«Además de la base salarial que corresponda según el caso, los factores que
intervienen en los conceptos prestacionales son: prima de servicios, Prima de
vacaciones, Prima de Navidad, Bonificación por servicios prestados y Cesantías, son
los siguientes:

»

15
Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 67-76

14

Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
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44. Está acreditado que, la señora Juliana Salazar Londoño, a través de apoderado, el
Cinco (5) de febrero de Dos Mil Quince (2015), solicitó a la Dirección de Administración
Judicial Seccional Caldas16:

«Que se reconozca y pague a la doctora JULIANA SALAZAR LONDOÑO a
partir del día 26 de agosto de 2011 hasta la fecha, y en adelante, las diferencias
salariales y prestacionales (primas de vacaciones, navidad, de servicios,
extralegales, bonificación por servicios, cesantías e intereses a esta, etc),
existentes entre las sumas que le fueron canceladas y las que legalmente le
corresponden, contabilizando como factor salarial la prima especial consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Estos pagos que se harán debidamente indexados.

Igualmente, que se efectúen los aportes correspondientes para el sistema
integral en seguridad social por el período ya mencionado.»

45. La accionada por medio de la Resolución No. DESAJMZR15-264 del Veinticinco (25)
de febrero de Dos Mil Quince (2015), negó la reliquidación solicitada y el pago de la prima
especial de servicios como valor adicional a la remuneración básica17.

46. Contra la anterior decisión, el Cinco (5) de marzo de Dos Mil Quince (2015), interpuso
recurso de apelación18, el cual, fue resuelto por medio de la Resolución No. 3867 del
Veinte (20) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016)19, en el sentido de confirmar la decisión
recurrida.

47. En este punto, la Sala recuerda que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el
Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, Sala de Conjueces, definió el alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y
precisó que, la prima especial de servicios constituye un incremento de la asignación
básica de los servidores beneficiarios y no una porción de esta.

48. En esa oportunidad, la Corporación estableció como regla que: «La prima especial
de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación».

16
Expediente híbrido, Samai, índice 019, folio 60-63
17
Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 38-40
18
Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 64-66
19
Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 42-59

15

Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
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49. Así mismo, la referida sentencia reiteró que la indebida aplicación de los decretos
salariales condujo a que, durante varios años, la administración tratara el treinta por
ciento (30 %) correspondiente a la prima especial, como si hiciera parte de la asignación
básica, cuando en realidad debía reconocerse como un valor adicional a esta. Sobre el
particular, la Sala Plena de Conjueces señaló expresamente que «en cumplimiento del
mandato legal contenido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se debe adicionar la prima
especial allí ordenada y no sustraerla del salario básico y/o asignación básica para darle
esa denominación. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en un 100 %».
Este entendimiento constituye hoy el precedente obligatorio para resolver controversias
como la que ocupa la atención de la Sala.

50. Bajo ese contexto, es claro que, la prima especial de servicios debe ser un adicional
al 100% del salario básico y/o asignación básica, y no una parte de este; asimismo, ha
quedado sentado que aquella «prima especial de servicios», sólo es factor salarial para
el pago de aportes pensionales y, en consecuencia, no sirve de base para la liquidación
de prestaciones sociales. No obstante, las prestaciones sociales deben ser liquidadas
teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle o restarle el 30% de la
prima especial de servicios.

51. A su vez, se reitera que son beneficiarios de la prima especial de servicios, los
funcionarios de la Rama Judicial vinculados como jueces o magistrados, como ocurre en
el presente caso.

52. En ese orden, se observa del análisis del certificado de pagos obrante en el plenario,
expedido el Veinticuatro (24) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), por el área de
Talento Humano de la Dirección de Administración Judicial Seccional Caldas, que a la
actora le han pagado mensualmente los factores denominados: sueldo básico y prima
especial de servicios; sin embargo, al sumar estos dos factores, arroja como resultado la
totalidad de la asignación básica que el Gobierno nacional estableció para aquellos
servidores de la Rama Judicial que optaron o son regidos por el Decreto 57 de 1993; a
manera de ejemplo se trae a colación algunas de las anualidades reportadas en la citada
prueba, así:

Vigencia Sueldo Prima Total Remuneración Decreto fijó
mensual especial sueldo + Gobierno remuneración
prima nacional mensual

16

Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

especial acogidos
2011 $4.192.627 $1.257.788 $5.450.415 $5.450.415 Decreto 1039
de 2011
2012 $4.402.258 $1.320.678 $5.722.936 $5.722.936 Decreto 874
de 2012
2013 $4.553.396 $1.366.109 5.920.078 $5.919.505 Decreto 1024
de 2013

53. En consecuencia, le resultan aplicable a la actora, las reglas establecidas en la
sentencia proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado el Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02
(22042018).

54. No obstante, nótese que, la entidad demandada a través de la Resolución No. 3867
del Veinte (20) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la accionante en contra de la Resolución No. DESAJMZR15-264 del
Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Quince (2015), en el sentido de negar el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales originadas con la
inclusión de la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
correspondiente al período comprendido entre el Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil
Once (2011), y hasta cuando desempeñe el cargo que le confiere dicho derecho, al
considerar:
«De tal manera que no es posible, como pretende el apoderado, que la Administración
Judicial pueda disponer con fundamento en los aludidos fallos el reconocimiento y
pago a favor de su poderdante, de las diferencias por concepto de salarios,
prestaciones sociales y Prima especial equivalente al 30% de la asignación básica
mensual, por los tiempos de servicio en los que ha desempeñado el cargo de Juez de
la República en Despachos adscritos a la Seccional de Administración Judicial de
Manizales – Caldas, desde el 13 de noviembre de 2009 hasta la fecha explícitamente
indicados en la hoja 3 de este acto administrativo, y particularmente por el fallo del 29
de abril de 2014, el cual quedó ejecutoriado el 22 de julio de 2014, por cuanto el
propósito de éste pronunciamiento fue decretar la nulidad de algunos artículos de los
decretos de salarios de los años 1993 a 2007, más no el reconocimiento de derecho
alguno a favor de persona determinada.

Se concluye entonces de lo plasmado en precedencia, que la Seccional de
Administración Judicial le ha cancelado a la funcionaria judicial, en su condición de
Juez de la República de los Despachos adscritos a esa sede, del 13 de noviembre de
2009 hasta la fecha, expresamente señalados en la hoja 3 de este acto administrativo,
la remuneración y las prestaciones sociales de acuerdo a la normatividad vigente en
cada anualidad, normas que si bien es cierto del año 1993 al 2007 fueron declaradas
nulas en los apartes concernientes a la Prima especial mensual del 30%, en fallo de
Nulidad simple, del año 2008 a la fecha siguen vigentes y no han sido objeto de
decisión alguna de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Por todos los razonamientos antes expuestos esta Dirección considera inviable
modificar la decisión objeto de impugnación, pues hacerlo le implicaría a la
Administración Judicial tener que desacatar el ordenamiento legal vigente, modificando

17

Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
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un régimen salarial claramente definido y establecido en la Ley, con las repercusiones
penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva, razón
suficiente para confirmar en todas sus partes el acto impugnado, el cual se entiende
reforzado con los argumentos plasmados en esta resolución.»

55. Los anteriores argumentos, no son de recibo, pues, con ellos se desconoce que la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, corresponde a
un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como
un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.

56. Así, es claro el derecho que tiene la parte actora a percibir la prima especial de
servicios no como una disminución de su asignación básica, sino como, un valor adicional
a este, por lo tanto, no le asiste razón a la accionada al negar dicho derecho, por medio
de los actos administrativos objetos de control de legalidad, lo que hace procedente la
declaratoria de nulidad decretada por el A quo, en tanto y por cuanto, acogen una
interpretación errada del marco normativo que regula dicha prestación.

57. Para la Sala, tampoco es de recibo el argumento de la entidad demandada, según el
cual, la sentencia del (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), únicamente declaró la
nulidad de algunos artículos de los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007, sin
reconocer derechos individuales ni afectar los decretos posteriores, por lo que estos, a
partir de 2008, continúan vigentes y la prima especial se ha liquidado conforme a la
normativa aplicable.

58. Lo anterior, por cuanto esta Sala20 ha precisado que, «a partir de dicha situación, se
dio una interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, por
cuanto consideraron que el 30 % del salario correspondía a la prima y el 70 % restante a
la asignación básica. […] En consecuencia, el hecho que la Rama Judicial considerara
que actuó conforme a derecho al proceder en cumplimiento de los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional, lo cierto es que, actuó bajo una interpretación
errónea, contraria a las normas superiores que pretenden desarrollar aquellos, que debe
ser corregida para garantizar los principios […], particularmente, en escenarios en los que
está demostrado que se fraccionó la remuneración mensual, al haberse pagado el 30 %
de esta a título de prima especial, y liquidado las prestaciones sociales sobre el 70 %
restante».

20
C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026), radicado 05001-23-33-000-
2016-01025-02 (5320-2024).

18

Número Interno: 2857-2019
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59. En ese mismo sentido, tampoco resulta atendible el argumento de la entidad
demandada según el cual, los decretos salariales expedidos a partir del año 2008, se
mantuvieron vigentes y permitían continuar liquidando la prima especial bajo ese mismo
esquema, toda vez que, posteriormente, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de
esta corporación, mediante sentencia del Nueve (09) de abril de Dos Mil Veinticuatro
(2024)21, declaró la nulidad de las disposiciones contenidas, entre otros, en los artículos
6º del Decreto 658 de 2008, 8º de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de
2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 9 del decreto 657 de 2008, 4 de los
Decretos 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de 2013, 204 de
2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017 y del 338 de 2018, por reproducir la
misma regulación que fraccionaba la remuneración mensual.

60. Establecido lo anterior, continúa la Sala con la resolución de los siguientes aspectos
del recurso de apelación.

2.3.1. Carácter salarial

61. El tribunal consideró que, la prima especial de servicios debía reconocerse como
factor salarial para efectos de la reliquidación de salarios y prestaciones sociales;
argumento frente al cual, se opone el apelante, porque aduce que, dicha prima no es
base para liquidar prestaciones sociales.

62. Al respecto, reitera la Sala que, la prima especial de servicios del 30% prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye un emolumento adicional al salario básico
mensual, que solo tiene carácter salarial para efectos pensionales. Así, lo definió
expresamente la Ley 332 de 1996, al disponer que esta prestación solo integra el ingreso
base de liquidación para la pensión de jubilación, lo que excluye cualquier incidencia en
otras prestaciones sociales.

63. Tesis que, se torna pacífica en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado22, por medio de la cual, se ha indicado que la prima especial de
servicios, únicamente puede considerarse como factor salarial para efectos pensionales,

21
Sentencia del nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024), radicado 11001-03-25-000-2019-00609-00.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera sentencia del Doce (12) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), expediente radicado 17001-23-33-000-2016-
00650-02 (0898-2020)

19

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de manera que, su reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer el marco legal
y exceder la voluntad del legislador.

64. Lo anterior, se acompasa con lo definido por la Corte Constitucional34 al declarar
la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial» que previó el legislador en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, situación a la que quedó sujeta la prima especial de
servicios señalada en dicha norma. Al respecto la Corte precisó que «[e]l considerar que
los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho
al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

65. Así las cosas, encuentra la Sala que, le asiste razón al apelante, toda vez que, tanto
la norma que la creó, esto es, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como los decretos que
anualmente ha expedido el Gobierno nacional y que han fijado el régimen salarial de los
servidores de la Rama Judicial que se acogieron a las disposiciones del Decreto 57 de
1993, entre ellos los decretos 1024 de 2013 y 194 de 2014; así como, la jurisprudencia
de las Altas Cortes en mención han sido enfáticas en precisar el carácter no salarial de
la prima especial de servicios, lo cual, conlleva a que, no pueda servir de base en la
liquidación de prestaciones sociales y solo tenga este carácter para efectos pensionales;
no obstante, tales prestaciones sociales deben ser liquidadas teniendo en cuenta el 100%
de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la prima especial de servicios.

66. Bajo este criterio, la Sala revocará el ordinal primero de la sentencia de primera
instancia, en la medida en que, el tribunal ordenó la inaplicación por inconstitucional de
la expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, toda
vez que, se excede el ámbito de la institución de la “excepción de inconstitucionalidad”,
al relevarse -el Tribunal- de la aplicación de una norma que ya fue objeto de control de
constitucionalidad y en virtud del cual, fue declarada exequible por la Alta Corte.

67. Por lo anterior, también se modificará la orden dada por el Tribunal en el ordinal cuarto
de la sentencia objeto del recurso de apelación.

2.3.2. De la falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

68. El otro punto de censura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial frente a

20

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la decisión de primera instancia, radica en la falta de competencia para interpretar las
leyes e inaplicarlas, lo cual, corresponde al juez de lo contencioso administrativo.

69. La Sala señala que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, justamente condensó la
correcta interpretación y aplicación de la prima especial de servicios, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; por lo tanto, corresponde a la Rama Judicial en su
calidad de empleador, atender a cabalidad las reglas fijadas en dicha providencia, sin que
sea jurídicamente factible que, la ausencia de competencia alegada, tenga como efecto
enervar las pretensiones de la demanda, cuando está debidamente decantado el
derecho que le corresponde a la demandante en su calidad de juez de la República, razón
suficiente para no avalar el argumento de apelación.

2.3.3. De las limitaciones presupuestales

70. Frente al argumento por medio del cual, sustenta la accionada no tener disponibilidad
presupuestal para asumir las obligaciones reclamadas por la demandante, lo que, a su
sentir, le impide dar cumplimiento a la sentencia objeto de análisis, precisa la Sala que,
tal reparo tampoco tiene vocación de prosperidad; por cuanto y en tanto que, la tesis
jurisprudencial de esta Sección es pacífica en indicar que, la falta de recursos no justifica
el desconocimiento de derechos salariales y prestacionales que integran el derecho
fundamental al trabajo y al mínimo vital, los cuales conllevan inmerso la obligación de
realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y que deben ser garantizados
por el Estado respetivamente.

71. De tiempo atrás, la Corte Constitucional también, ha sostenido que la situación
económica del empleador no constituye justificación válida para incumplir el deber legal
y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo prestado por sus
trabajadores23. En igual sentido, ha reiterado que el desorden administrativo, las falencias
presupuestales o las dificultades económicas no exoneran al empleador público del
cumplimiento de sus obligaciones laborales24.

72. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no puede conllevar a la

23
Cfr: sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998
24
Cfr. Sentencia T-716/00

21

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negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad demandada tiene el deber de
gestionar los recursos necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley25.

73. Bajo esta línea, nótese que, en sentencia reciente, la Sala sostuvo 26:

«En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo previsto en
el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede invocar la
sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los derechos
fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, esta
situación no es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales
y prestacionales por parte de las entidades públicas, de tal manera que carece de sustento
legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le corresponde a la
administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar de las dificultades
financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida
presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los
fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan
de prelación constitucional».

74. Siendo así las cosas, la Sala colige en grado de certeza que, la alegada imposibilidad
económica y presupuestal de la entidad no constituye una razón válida para justificar la
negativa del derecho reconocido al demandante, pues, se reitera las limitaciones
financieras no exoneran a la administración del cumplimiento de sus obligaciones
laborales y prestacionales. Por lo tanto, el cargo de la apelación no tiene vocación de
prosperidad.

2.3.4. Del tope previsto en el Decreto 1251 de 2009

75. La entidad demandada sostuvo que, el reconocimiento de la prima especial de
servicios implicaba superar los topes de remuneración previstos en el Decreto 1251 de
2009.

76. Al respecto, debe indicarse que, la jurisprudencia de esta Corporación27 ha sido
enfática al precisar que, el pago de las diferencias salariales y prestacionales que surjan
con ocasión a la debida aplicación de la prima especial de servicios como un incremento
a la asignación básica con carácter no salarial, debe realizarse garantizando por la
entidad nominadora que no sean superados los topes salariales establecidos por el
Gobierno nacional; así las cosas, se adicionará el ordinal tercero de la sentencia recurrida

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado 25000-23-42-000-2013-05452-
02 (6500-20191).
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección b, Consejero ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia del tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026), referencia: nulidad y restablecimiento del derecho,
radicación: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023), demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez, demandado: Nación. Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
27
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), radicado
17001233300020210006102 (2642-2025).

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Número Interno: 2857-2019
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Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

con el fin de hacer tal precisión y con ello garantizar que se respeten tales límites
salariales. Además, se indicará que, el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos.

2.3.5. De la prescripción

77. La parte demandada alegó que, las eventuales reclamaciones se encuentran
afectadas por la prescripción trienal, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968.

78. Al respecto, lo primero que indica la Sala es que, la prescripción es un fenómeno
jurídico procesal en virtud del cual, a pesar de ser titular de un derecho, se pierde por
inactividad para reclamarlo dentro del término legal, debiéndose verificar en estos casos
que la reclamación y/o demanda se haya interpuesto dentro de los términos legales.

79. En estos asuntos, el legislador estableció un plazo para reclamar los derechos
laborales, so pena que se configurara dicho fenómeno, esto es, el término trienal
consagrado en el artículo 4128 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

80. En casos como el que nos ocupa, la contabilización del término de la prescripción,
fue definido expresamente por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda en la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, en la que se precisó:

«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de
1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente,
esto es, el Decreto 57 de 1993.

Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 –acogidos al Decreto 57 de 1993-, se
actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un
nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su
vigencia.

Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus
beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de
su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su

28
Dec. 3135 de 1968. Art. 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.

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Número Interno: 2857-2019
Demandante: Juliana Salazar Londoño
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contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante
la autoridad administrativa encargada de su aplicación.

Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de 1992, es decir, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993[43]. En consecuencia, desde el 7 de enero de
1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado
en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que
surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.»

81. En ese orden de ideas, fue clara la sentencia en cita en establecer que, desde la
entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 y a su vez del Decreto 57 de 1993, los interesados
podrían reclamar los derechos que por prima especial de servicios consideraban les
resultaba aplicable a cada caso.

82. La Sala resalta que, en estos eventos, el término prescriptivo debe contarse
retroactivamente desde la fecha en que se presentó la reclamación administrativa,
conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y según lo
establecido en la quinta regla de la sentencia de la Sala Plena de Conjueces de esta
Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo en cuenta que en ella se aclaró la manera
en que debe aplicarse la figura de la prescripción, siendo un precedente vinculante y
vigente para el momento en que se resuelve la litis.

83. Conforme lo probado, la actora el Cinco (5) de febrero de Dos Mil Quince (2015),
radicó ante la Dirección de Administración Judicial Seccional Caldas, reclamación
administrativa; por tanto, el fenómeno de la prescripción tiene lugar sobre las diferencias
causadas con anterioridad al Cinco (5) de febrero de Dos Mil Doce (2012).

84. En tal razón, el cómputo de la prescripción realizada en la sentencia de primer grado,
no está acorde con las previsiones normativas aplicables, motivo por el cual, se declarará
probada dicha excepción sobre los derechos laborales reclamados y que corresponden
al período causado con anterioridad al Cinco (5) de febrero de Dos Mil Doce (2012).

85. Si bien la excepción de prescripción trienal tiene vocación de prosperidad, también
es cierto que, las pruebas documentales existentes en el expediente acreditan el servicio
prestado por la señora Juliana Salazar Londoño en calidad de juez, desde el Veintiséis
(26) de agosto de Dos Mil Once (2011), con vinculación activa en dicho cargo a la fecha
de presentación de la demanda, por lo tanto, los aportes a pensión se deben realizar por
todo el tiempo del servicio prestado y reclamado en las pretensiones de la demanda.

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86. Lo anterior, por cuanto si bien, operó la prescripción en los términos señalados se
debe considerar la vigencia de la Ley 332 de 1996, pues, dicha norma señala la prima
especial de servicios constituye factor salarial para efectos de los aportes al sistema
pensional, respecto de los cuales, no opera la prescripción en la misma forma de las
acreencias laborales periódicas.

87. En consecuencia, se resalta que la base de liquidación estará conformada por el cien
por ciento (100%) de la asignación básica más el treinta por ciento (30%) correspondiente
a la prima especial de servicios desde el Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Once
(2011).

88. Lo anterior, porque el pago de aportes pensionales está ligado al derecho pensional,
el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene decantado esta
Subsección29.

89. El reajuste salarial y prestacional aquí ordenado, junto con la reliquidación de los
aportes pensionales se deberá llevar a cabo, hasta cuando la entidad llamada a juicio, de
aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, si para aquel momento la
demandante continuaba prestando el servicio a la entidad, en cargos que le
hicieran acreedora de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación.

2.6. Condena en costas.
90. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

29
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

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91. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

92. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

93. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo, elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma30.

94. Dicha ponderación, se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias, que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas
del procedimiento, y de verificar que, en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

95. Revisada la conducta de la parte demandada, sobre quien el A quo impuso condena
en costas, la Sala, revocará dicha decisión, toda vez que, no se evidenció que actuase
con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, por lo tanto, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, luego entonces, no era procedente imponer condena en
costas en primera instancia, razón por la cual, se revocará el ordinal sexto.

96. Por otra parte, la Sala en esta oportunidad, a la luz de las normas antes anotadas, y
especialmente el ordinal 1 del artículo 365 del CGP, tampoco impondrá condena en
costas en esta instancia, en razón a que, el recurso de apelación tuvo parcialmente
vocación de prosperidad.

2.7. Conclusión.

97. La demandante en su calidad de juez, durante el tiempo reclamado le asiste el
derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992. En todo caso, la Sala revocará la orden de inaplicar por

30
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre
de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014)

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inconstitucional la expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, adicionará la declaratoria de la prescripción trienal, modificará y adicionará el
ordinal cuarto (4), revocará la condena en costas de primera instancia y confirmará en lo
demás la sentencia objeto del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida el Veinticinco (25) de
febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de
Conjueces, que ordenó la inaplicación por inconstitucional de la expresión «sin carácter
salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia proferida el Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil
Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, en el
sentido de declarar la prescripción de los periodos causados con anterioridad al Cinco
(5) de febrero de Dos Mil Doce (2012), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta decisión.

TERCERO. MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal cuarto (4) de la sentencia proferida el
Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo
de Caldas – Sala de Conjueces, el cual quedará así:

«CUARTO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA
NACIÓN-RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
proceda: a). Pagar la prima especial de servicios equivalente al 30% del valor del salario
de la demandante desde el Cinco (5) de febrero de Dos Mil Doce (2012), en atención a la
prescripción trienal y mientras ocupe el cargo de Juez de la República u otro de los
mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, hasta el Treinta y Uno (31) de
diciembre de Dos Mil Veinte (2020), fecha en la cual, en virtud del Decreto 272 de 2021 se
inició a pagar la prima especial como una adición al salario; b). Reliquidar las prestaciones
sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30%
de la citada prima especial de servicios, a partir del Cinco (5) de febrero de Dos Mil Doce
(2012) hasta la entrada en vigencia del Decreto 272 del 2021. Es de señalar que las
diferencias a pagar deben atender a los periodos estrictamente señalados, sin que en
ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el porcentaje máximo fijado por
el Gobierno nacional para el cargo de juez de la República. El cumplimiento de la presente
sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a
la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos. c) liquidar y trasladar al
fondo de pensiones correspondiente los aportes al Sistema General de Seguridad Social

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en pensiones que resulten procedentes, a partir Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Once
(2011), y hasta el momento de la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, si el
demandante siguiere vinculado en su calidad de magistrado de tribunal, teniendo en cuenta
que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996, el ingreso base de cotización
será el cien por ciento (100%) de la asignación básica mensual más el treinta por ciento
(30%) correspondiente a la prima especial de servicios, en los términos previstos en dicha
normativa, siempre que tales cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente.»

CUARTO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el Veinticinco (25) de febrero
de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de
Conjueces, por medio de la cual, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

QUINTO. REVOCAR la condena en costas impuestas en primera instancia, por las
razones expuestas en la parte motiva.

SEXTO. Sin condena en costas en esta instancia.

SÉPTIMO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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